sábado, 26 de diciembre de 2009

AL EX SECRETARIO DE HACIENDA DE LA DICTADURA JUAN ALEMAN LE LLEGÓ EL TURNO

Por Tomás Eliaschev

la Justicia lo procesó por su accionar en lo años oscuros del terrorismo de Estado. El juez federal Sergio Torres tomó la decisión en el marco de la megacausa de la ESMA, donde se lo investiga por “encubrimiento agravado por su condición de funcionario” a partir de un reportaje realizado por Veintitrés. De ese modo, quien fuera el número dos del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, se convirtió en el primer civil en ser procesado por los crímenes de la dictadura militar.
Sin abogados, Alemann se había presentado el pasado jueves 10 ante el despacho de Torres, en el piso cuarto de los tribunales de Comodoro Py. El economista se negó a declarar y, cumplidos los plazos de rigor, el magistrado decidió su procesamiento. De todos modos, Alemann, que está a punto de cumplir 80 años, no esperará el juicio en la cárcel: el delito que se le imputa tiene penas que lo eximen de la prisión preventiva.
El derrotero judicial del ex funcionario de facto comenzó con un reportaje que le hizo el periodista Walter Goobar, y que publicó esta revista en 2005. Allí Alemann justificó la apropiación de bebés: “Hubo 200 y pico de casos de mujeres que tuvieron hijos en cautiverio y que después las liquidaron. De esos, unos 200 los entregaron a los jueces y quedaron menos de 30 que los distribuyeron entre familias de militares. Eran chicos que sobraban porque hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero”. También afirmó que “la ESMA fue el único lugar donde se torturaba por placer”, y que “en otros lados sólo se torturaba para sacar información y luego los mataban. Lo de todas las guerras”.
A la semana siguiente, Alemann intentó desmentir sus dichos sin éxito: esta revista publicó un CD con la grabación completa de la entrevista. En esa misma edición se reveló además la acusación de los sobrevivientes Víctor Basterra y Carlos Lorkipanidse, quienes aseguran que el ex funcionario visitó la ESMA en octubre de 1979. De acuerdo al testimonio, Alemann habría estado en la sala de tormentos para conocer de cerca al prisionero Orlando Antonio Ruiz, quien permanecía encapuchado y engrillado acusado de haber participado en un fallido atentado contra el economista, junto a su esposa Silvia Beatriz Dameri, próxima a dar a luz. Alemann se habría hecho acompañar por el jefe de operaciones Adolfo Donda Tigel y el jefe de inteligencia Horacio Lorenzón, el teniente Fernando Peyón y dos efectivos de la Prefectura.
Durante los más de dos años que permaneció en cautiverio, Lorkipanidse trabajó en el laboratorio, lo que le daba alguna libertad para caminar por las instalaciones. En una oportunidad pudo ver a Alemann, al que describió como un hombre alto, impecablemente trajeado y con zapatos oscuros. Los Ruiz Dameri continúan desaparecidos. Sus tres hijos fueron localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Laura, la más pequeña y nacida en 1980, es la nieta recuperada número noventa. Tres décadas después, Alemann deberá explicar por qué lo vieron en una sala de la torturas. Fuente: Revista Veintitres--
Gatillo fácil


Declararon a los crímenes de La Tablada de lesa humanidad. La Justicia determinó que los militantes apresados tras el intento de copamiento fueron vejados y ejecutados. Para la viuda de Burgos, uno de los muertos, “el fallo demuestra que reprimieron como en la dictadura”. Por Carlos Romero
La “masacre” de La Tablada sucedió hace casi 21 años, pero la investigación para esclarecer lo ocurrido ese día interminable en el Regimiento de Infantería Mecanizada Nº III recién ahora comienza a perfilarse. La clave está en el fallo que el juez federal Germán Andrés Castelli acaba de dictar en la causa 5110, donde dispuso que los 13 activistas capturados tras la recuperación de los cuarteles fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, al ser sometidos a vejaciones y, en 9 casos, directamente fusilados. “Lo que se investigan son casos de ejecuciones sumarias y torturas”, determinó el magistrado en su dictamen.
El intento de copamiento de La Tablada fue llevado adelante por un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), organización que entre sus principales figuras tenía al fallecido Enrique Gorriarán Merlo, que también había sido parte de la conducción del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El saldo de la acción, que reprimieron militares y policías por orden del ex presidente Raúl Alfonsín, fue de 28 civiles muertos y otros 3 desaparecidos, junto a 11 caídos en las filas de las fuerzas de seguridad, comandadas por el general (R) Alfredo Manuel Arrillaga.
En su momento, el grueso de la sociedad repudió lo hecho por el MTP, en tanto que sus militantes sostuvieron –y sostienen– que tomaron la decisión de avanzar sobre la unidad militar justamente para evitar un nuevo golpe de Estado.
Tras un período de “oscurantismo” pericial, la investigación reveló la larga lista de violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados. Para Martha Fernández Burgos, abogada querellante y viuda de Juan Manuel “Quito” Burgos –uno de los muertos en La Tablada– el dictamen confirma “que, tanto dentro como fuera de los cuarteles, reprimieron como en la época de la dictadura”.
La resolución de Castelli, que fijó la imprescriptibilidad de estos delitos, también dispuso que se llame a prestar declaración indagatoria a Arrillaga –que cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa por “La Noche de las Corbatas”, de junio de 1977, donde varios abogados fueron “desaparecidos” en Mar del Plata– y al mayor (R) Jorge Eduardo Varando, señalado como el último en tomar contacto con los activistas Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, dos nombres clave para la Justicia. En los antecedentes de su escrito, Castelli recoge el informe elaborado en abril de 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se sostuvo que Ruiz y Díaz “fueron capturados con vida y posteriormente ejecutados, luego de encontrarse bajo custodia y el control exclusivo de los agentes militares que recuperaron el cuartel”.
La CIDH concluyó que “9 atacantes que sobrevivieron y fueron capturados por los militares (...), fueron ejecutados extrajudicialmente” y que “los 13 sobrevivientes (...), como otros cómplices aprehendidos fuera del cuartel, fueron torturados por agentes del Estado”.
Al cierre de esta edición, Varando permanecía prófugo y el juez había dispuesto las actuaciones necesarias para que declare. Si bien el mayor ya lo había hecho en una etapa previa, Fernández Burgos especifica que el motivo fue “abuso de arma”, un delito menor.
Por mucho tiempo, incluso después de que se conociera el informe de la CIDH, la versión oficial sobre el destino de Ruiz y Díaz fue que ambos habían logrado fugarse. Así fue hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional logró identificar, vía estudios de ADN, restos óseos pertenecientes a los dos militantes. No fue fácil. Sus cuerpos habían llegado a la morgue totalmente carbonizados.
Como primera reacción, la defensa de Arrillaga apeló la decisión del juez, que ahora deberá elevar la causa a la Cámara Federal de San Martín, la misma que, en la causa Nº 1722 y basándose en la Ley de Protección de la Democracia, condenó a prisión a todos los miembros del MTP que participaron del intento de copamiento.
Fernández Burgos, que tiene sus reparos sobre el futuro de la causa, recuerda que el cadáver de su esposo fue reconocido el 16 de diciembre de 1997, a ocho años del episodio. En esa tarea, además del Cuerpo Médico Forense, que realizó los exámenes de ADN, también participó el prestigioso Equipo de Antropología Forense, que llevó adelante la exhumación.
Fue un proceso largo y duro. Y cuando la abogada obtuvo el certificado de defunción de su esposo, además de que no consignaba estado civil ni profesión, como fecha de deceso figuraba el día en que se realizó la exhumación y no la fecha en que “Quito” Burgos perdió la vida. Justamente, un interminable y caluroso 23 de enero de 1989

viernes, 25 de diciembre de 2009

EL LUNES 28 REGRESAN A SANTIAGO DEL ESTERO LOS RESTOS DE CARLOS SANTUCHO



Luego de haber sido identificados los restos de Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho"líder revolucionario" , por el equipo de antropólogos forenses, estos serán trasladados a su ciudad natal. Quien llevará los restos de Carlos será su hermana Blanca Santucho que esta empeñada en encontrar los cuerpos de los otros miembros de su familia que todavía están desaparecidos.
LA DRAMÁTICA HISTORIA DEL INMUEBLE DE FLORESTA
El epicentro del Plan Cóndor
Por Susana Viau
El inmueble de Venancio Flores 3519/21 no puede escapar de una maldición: ser un infierno para extranjeros. Los trabajadores bolivianos indocumentados descubiertos ayer en la primera planta del edificio sólo conocen su propia pesadilla e ignoran que por allí pasaron decenas de latinoamericanos para ser torturados hasta la muerte o devueltos a las dictaduras que asolaban sus países de origen. El aislamiento a que es sometida la mano de obra esclava les impidió saber lo que casi todos saben en esas cuadras del barrio de Floresta: que allí funcionaba Automotores Orletti, el cuartel general del Plan Cóndor.
El centro operacional de la contrainsurgencia sudamericana se instaló ahí, frente a las vías del Sarmiento, pero por poco tiempo. Comenzó a funcionar, aseguran las gargantas profundas, el 1º de junio de 1976 y debió ser evacuado pocos meses más tarde, el 29 de octubre. Los militantes argentinos José Antonio Morales y su mujer Graciela habían logrado fugarse y en México, donde se exiliaron, realizaron una minuciosa descripción de su lugar de cautiverio. Aquel testimonio llegaría a principios de 1977 a manos de Enrique Rodríguez Larreta, un periodista montevideano que había sido secuestrado en Buenos Aires mientras procuraba localizar a su hijo desaparecido. Lo reencontró en Orletti, donde también habían sido trasladados los dirigentes Gerardo Gatti y León Duarte, así como buena parte de la dirección y cuadros medios del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), organización uruguaya de extracción anarquista. Los exiliados eran en ese local inhóspito inmensa mayoría. Sin embargo, los administradores de Orletti podían jactarse de haber cazado un puñado de argentinos con apellidos significativos en el universo guerrillero: Marcelo Gelman y su compañera Claudia Iruretagoyena, hijo y nuera del poeta Juan Gelman, y Carlos Santucho, Manuela Santucho y Cristina Navajas, hermanos y cuñada de Mario Roberto Santucho.
Rodríguez Larreta aseguró después que jamás podría olvidar de qué manera salvaje había sido martirizada la familia del máximo dirigente del PRT-ERP. Relató que en presencia del resto de los secuestrados, Carlos Santucho fue sometido a una sesión de “submarino” que sólo acabó cuando advirtieron que ya no respiraba. Y recordó más aún: que ese mismo día 19 hicieron leer a Manuela Santucho, en voz alta, para todos los secuestrados, un recorte de periódico que consignaba la muerte del jefe del ERP. La extraordinaria memoria del periodista permitió reconstruir el otro lado, el lado oscuro de la historia: la bestialidad, la ignorancia y la locura de Aníbal Gordon, Eduardo Rufo, César Enciso, Raúl Guglielminetti, desocupados tras la disolución de la Triple A y reconvertidos a la concertación contrainsurgente. O el accionar del uruguayo OCOA (Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas), encarnado en los oficiales José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira.
Orletti, no obstante, no perseguía un fin único. Al anticomunismo furioso de sus administradores había que agregarle una enorme dosis de codicia. Buscaban los millones de dólares que, suponían, había obtenido el grupo uruguayo a consecuencia de una de sus operaciones. “¿Dónde están los dólares?”, era la pregunta obsesiva que le hacían a un moribundo dirigente del PVP: dos millones pedían por la vida de Gatti y quinientos mil por la de Duarte. No les entregaron ni un centavo. Eso sí, el sindicato del crimen rioplatense se quedó con los automóviles, las ropas, las casas de sus víctimas. Ni siquiera los niños quedaron fuera de lo que consideraron botín de guerra.






fuente: Página 12

miércoles, 23 de diciembre de 2009

MEDINA ENFRENTARIA UN JUICIO

El Juez Federal Miguel Antonio Medina, fue convocado el 22 de diciembre pasado, por la Comisión de Disciplina y Acusación del Concejo de la Magistraturas. Sucede que el magistrado intervino en las etapas de investigación de los casos por el secuestro y desaparición del gobernador salteño Miguel Ragone y en la Masacre de Palomitas, donde fueron fusilados 12 presos políticos. En el caso Ragone, Medina fue acosado formalmente por Fernando Pequeño, nieto de la victima, por haber demorado la causa y por no haberse exudado en la misma por las amistades que mantuvo y mantiene con imputados. Uno de ellos Soraire fue defendido por el Juez en la causa de “los arbolitos” que también esta relacionada a “Ragone”. En “Palomitas” el desempeño del magistrado fue deplorable. Fue él quien permitió que los imputados eligieran el “código viejo” para ser juzgados. Dejando a este juicio sin la posibilidad de la instancia publica y oral.
Estos hechos demuestran a las claras la parcialidad del Juez Medina favoreciendo a los imputados cada vez que tiene la oportunidad.



Desde H.I.J.O.S. Salta decimos, Vamos todavía! Ni un solo represor por las calles argentinas, ni impunidad para los Jueces cómplices!!!

martes, 22 de diciembre de 2009

Novena jornada del juicio de Melitón Bustos

Cuarto intermedio hasta el 3 de Febrero de 2010.



Los represores Arias y Zírpolo pasarán la Navidad sin sus respectivas condenas. Un año más gazando de impunidad y seguramenta se pasaran la vida sin decir donde tiraron los huesos de Aldo Melitón Bustos. Que por cierto tampoco la justicia hará mucho por encontrar. Pasa el tiempo y la fosa común del cementero de La Santa Cruz sigue sin ser abierta por los antropólogos forenses, porque no hay juez que libre la orden. Y de nuevo la escusa será que habrá que esperar que pase la epoca de lluvias. Pero si en Salta hace tiempo que no llueve justicia!!!!


A pesar de todo comañeros no dejo de perder las esperanzas de que el 2010 nos encuentre más unidos y firmes para seguir dando batalla!!!!!!!!!!


POR LOS 30.000 COMPAÑEROS, PADRES, HIJOS, HERMANOS, DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!!


JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES!!


Secuestro y desaparición de Melitón Bustos
Por Elena Corvalán


El fiscal acusó de falso testimonio
a tres policías desmemoriados

El fiscal federal Eduardo Villalba pidió hoy, 22 de diciembre, que se investigue por falso testimonio a tres policías retirados que se mostraron desmemoriados y remisos

domingo, 20 de diciembre de 2009

Citaron al juez federal de Salta Miguel Medina


La Comisión de Disciplina y Acusacion es presidido por Diana Conti, lo integran Santiago Montana como vicepresidente y como vocales, Luis Maria Bunge Campos, Luis Marìa Cabral, Mariano Candiotti, Nicolás Fernandez, Carlos Kunkel, Héctor Masquelet y Ernesto Sanz.

El juez federal de Salta Miguel Antonio Medina fue citado para el martes 22 de diciembre por su accionar en la causa que investiga el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone.

La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunió este jueves y decidió citar, por la causal general de mal desempeñó, al juez federal de Salta Miguel Antonio Medina para el próximo martes 22 de diciembre a las 12. El juez Medina fue denunciado ante el Consejo por su actuación en la causa por el secuestro del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, que tuvo lugar el 11 de marzo de 1976. El denunciante fue el nieto del político (que permanece desaparecido), Fernando Pequeño Ragone, quien sostuvo que las acciones en la causa por el secuestro de su abuelo se paralizaron desde que el expediente pasó a manos del juez Medina.
La citación por el artículo 20 fue propuesta por el consejero-académico Mariano Candioti y fue avalada por todos los presentes en la reunión de comisi�n. El consejero-juez Luis Cabral, presidente electo del cuerpo, anunció que acompañaba el pedido de Candioti.
Medina fue juez de instrucción en Metan, designado por la dictadura militar. Luego actuó como apoderado del Partido Justicialista de Salta, como socio del abogado Raimundo Sosa, denunciado ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y como apoderado del gobernador Juan Carlos Romero.
Fuente: Diario Judici

Posdata:Asistiran a la audiencia que es pública Armando Jaime, ex funcionario de la gobernación Miguel Ragone, Crisanto Ripodas de la Comisión de DH de Cafayate, Mario Paz de la Comisión de DH de Metan, Antonio Fernández y Pablo LLonto de la Comisión Campo de Mayo y de organismos de derchos humanos de Capital Federal e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.

Jurará en su nuevo cargo el lunes
Snopek asumirá en el Tribunal Oral Federal
La jueza jujeña pidió su traslado a la jurisdicción salteña.

El próximo lunes, a las 11, asumirá como nueva integrante del Tribunal Oral Federal de Salta la jueza Marta Liliana Snopek. El acto de juramento se realizará en la sala de audiencias de Deán Funes 140, donde la magistrada jujeña se desempeña actualmente, como camarista subrogante, para el juicio por la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos.
La ceremonia de asunción será presidida por el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Luis Villada, quien ante las vacantes producidas en el Tribunal Oral salteño luego de la remoción de José Solá Torino y la jubilación de su par Rogelio Saravia Toledo también se desempeña allí en condición de subrogante.
La jueza Snopek, camarista del Tribunal Oral Federal de Jujuy, solicitó su traslado a la jurisdicción salteña y su pedido fue aceptado por decreto nacional 1887, se informó oficialmente ayer.El decreto, firmado el 2 de diciembre último, consigna que, en el marco del Reglamento de Traslado de Jueces, se consideró conveniente dar curso favorable al pedido presentado por la jueza Snopek “para lograr una más eficaz prestación del servicio de justicia" en Salta.
Terna para un juzgado.
Los doctores Julio Leonardo Bavio, Edgardo Santiago López Herrera, María Dolores Pistone y Adolfo Aráoz Figueroa son los integrantes de la terna de candidatos para ocupar la titularidad del Juzgado Federal Nº 1 de Salta. Así lo dispuso el pasado jueves, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en su última sesión plenaria de 2009, que fue encabezada por el presidente saliente del cuerpo, el camarista Luis María Bunge Campos. El Poder Ejecutivo Nacional tiene que elegir a uno de los candidatos propuestos.
Fuente: El Tribuno

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL “OLVIDO”

En la última sesión del día martes 15 de diciembre el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades aprobó un proyecto que solicitaba a la Justicia Federal que continúe el Juicio oral y público hasta esclarecer la detención ilegal, desaparición y asesinato de Aldo M. Bustos y sancionar de acuerdo a derecho a los responsables. Al mismo tiempo que emitió un repudio a las declaraciones de ex gobernador de facto Ulloa y su ex secretario de Gobierno Folloni. El proyecto aprobado con la abstención de un consejero, el Prof. Eduardo Raspí, debía seguir hacia el Consejo Superior para que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA se pronuncie al respecto. Nos llamó la atención que el proyecto aprobado, no tuvo emisión de resolución y tampoco llegó al Consejo Superior.
El viernes supimos la causa, el Prof. Eduardo Raspi había solicitado su reconsideración en los siguientes términos:
Salta, 16 de diciembre de 2009
Sra. Decana de la
Facultad de Humanidades
Esp. Flor de María RIONDA
S / D
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle se suspenda la emisión de la resolución de lo aprobado en sesión del día 15/12/09, relacionada al Proyecto de Declaración por el Juicio oral y público seguido por el caso del escribano Aldo Meliton Bustos.
Dicho pedido lo elevo teniendo en cuenta lo expresado en el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos No.19.549 que señala: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.”
En el presente caso, y dado que el tema fue presentado sobretablas y no pudo ser discutido en profundidad en Comisión, entiendo que existen motivaciones que tienen que ver con algunos términos del anteproyecto que deberían ser revisados nuevamente por el Consejo Directivo en la sesión extraordinaria del día 22/12/09.
Saludo a usted, atentamente-
Con este pedido, la Decana de la Facultad de Humanidades produjo el siguiente Orden del Día para una reunión extraordinaria convocada para el día lunes 21
ORDEN DEL DÍA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
LUNES 21/12/09 - HS. 10.00

Informes Generales:

- Resolución H.No.576/09.

Asuntos Entrados:

1.- Expte.No. 4931/09. Decana de la Facultad eleva propuesta de Jurado que entenderá en el llamado a concurso regular para cubrir un cargo de Profesor Adjunto Semiexclusiva en “Estado, Poder y Medios en Argentina y Latinoamérica” con extensión a “Teorías del Desarrollo Capitalista”.

2.- Expte.No. 5027/09. Decana de la Facultad eleva propuesta de Jurado que entenderá en el llamado a concurso regular para cubrir un cargo de hasta Asociado Simple en “Historia Argentina III”.

3.- Notas No.5329, 5321, 5318, 5350, 5345 y 5342. Inscripciones por materia fuera de término para cursar materias

4.- Prof. Eduardo Raspi solicita se suspenda la emisión de la resolución de lo aprobado en sesión del día 15/12/09, relacionada al Proyecto de Declaración por el Juicio oral y público seguido por el caso del escribano Aldo Meliton Bustos.

5.- Docentes de la Facultad elevan propuesta de creación del Centro de Investigación en Psicología y Educación

6.- Expte.No. 5223/08. Escuela de Ciencias de la Educación solicita prórroga de designación de la Lic. María José Acevedo.

7.- Exptes. No.5141 y 5142/09. Prof. Rosana Flores solicita reducción de dedicación en el cargo de JTP y licencia sin goce de haberes en el cargo de Auxiliar Docente de 1º Categoría Simple.

8.- Nota No.5374. IEIH solicita autorización para la realización de las II Jornadas Internacionales de Enseñanza d ela Historia y las XI Jornadas de Investigaicón y Docnecia de la Escuela de Historia.

9.- Exptes.No.4787 y 4788/09. Becas de Investigación de la Facultad de Humanidades de las carreras de Historia y Filosofía. Impugnaciones presentadas por Hugo Flores (Historia) y Nicanor Quispe (Filosofía).

10.- Solicitud de ayuda económica para la impresión de la Revista No.8 de la Escuela de Historia.
Cabría preguntarse ¿qué términos de la declaración aprobada por el Consejo Directivo considera el Prof. Eduardo Raspi se debería revisar?. Lamentablemente, el debate del Consejo constituido en comisión para el tratamiento del tema, no quedo registrado en las actas y sólo podemos dar cuenta de las conversaciones personales y las pocas líneas registradas al momento de la votación. Por lo cual debemos suponer que el párrafo en cuestión es:
Que frente al manto de impunidad, de “olvido” y desmemoria que pretenden difundir los funcionarios del terrorismo de estado, entre ellos, el ex gobernador de facto Roberto Augusto Ulloa y su ex secretario de gobierno Jorge Folloni, para obstruir el accionar de la justicia, toda la comunidad universitaria debe persistir en su denuncia sobre la complicidad que implica esta actitud y reclamar la continuidad del juicio hasta el castigo de los responsables del secuestro, desaparición y asesinato del docente y escribano Aldo Meliton Bustos,
Y el artículo 2° que resuelve:
Artículo 2°: Declara su repudio a las manifestaciones vertidas públicamente por el ex gobernador de facto Roberto Augusto Ulloa y su ex secretario de gobierno Jorge Folloni;
No obstante, deberemos esperar el nuevo debate para escuchar los fundamentos que suspendieron la resolución de la Facultad de Humanidades y postergo el debate en el Consejo Superior, que el día jueves pasado concretó su última sesión del año.
No tenemos interés alguno de juzgar o valorar la petición del docente, pues consideramos que es un profesor que ha transitado su carrera en forma honesta y laboriosa, y que son las posibilidades que produce la democracia y el estado de derecho, posibilidades que no tuvo oportunidad de reclamar ALDO MELITON BUSTOS, cuando lo arrancaron de su domiciilio, la madrugada del 2 de febrero de 1978.
Aldo Meliton Bustos, necesita JUSTICIA, la sociedad argentina necesita JUSTICIA.
Como historiador y hombre comprometido con los Derechos Humanos, pues mi tarea profesional está orientada por ese fin, es que decidí guardar esta instancia en la MEMORIA HISTÓRICA para dar cuenta de cómo las sociedades, sus intelectuales, sus dirigentes, en forma consciente o inconsciente pueden construir el OLVIDO.
LIC. RUBEN EMILIO CORREA

POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

jueves, 17 de diciembre de 2009

DECLARACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES


El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades en sesión ordinaria de este día martes, 15 de diciembre aprobó con algunas modificaciones e incorporaciones y la abstención de un solo docente el siguiente proyecto de Declaración:


Visto:
El proyecto presentado por los consejeros directivos estudiantiles, docentes y egresados mediante el cual solicitan que la Facultad de Humanidades se exprese en relación a la continuidad del primer juicio oral y público por el secuestro, desaparición y asesinato del docente y escribano Aldo Meliton Bustos y;
Considerando:
Que en la ciudad de Salta se sustancia por primera vez un juicio oral y público por los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por el aparto represivo del terrorismo de estado;
Que las organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos, desaparecidos y presos políticos han desarrollado una incansable tarea por esclarecer e identificar a quienes fueron responsables directos e indirectos de los crímenes perpetrados por el terrorismo estatal y paraestatal desde mediados de la década de los setentas, y en particular durante la última dictadura militar,
Que frente al manto de impunidad, de “olvido” y desmemoria que pretenden difundir los funcionarios del terrorismo de estado, entre ellos, el ex gobernador de facto Roberto Augusto Ulloa y su ex secretario de gobierno Jorge Folloni, para obstruir el accionar de la justicia, toda la comunidad universitaria debe persistir en su denuncia sobre la complicidad que implica esta actitud y reclamar la continuidad del juicio hasta el castigo de los responsables del secuestro, desaparición y asesinato del docente y escribano Aldo Meliton Bustos,

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

(en su sesión ordinaria del día Martes 15 de Diciembre)
Resuelve:
Artículo 1°: Declara su posición exigiendo a la justicia prosiga sin interrupción el juicio por el secuestro, desaparición y asesinato del docente y escribano Aldo Melitón Bustos;
Artículo 2°: Declara su repudio a las manifestaciones vertidas públicamente por el ex gobernador de facto Roberto Augusto Ulloa y su ex secretario de gobierno Jorge Folloni;
Artículo 3°: Solicitar al Consejo Superior emita su declaración en relación al juicio por el secuestro, desaparición y asesinato del docente y escribano Aldo Melitón Bustos;
Artículo 4°: Comuníquese a Rectorado, Decanos, Consejo Superior, Consejos Directivos, Sedes Regionales; Centros de Estudiantes, ADIUNSa, APUNSa, Red de Derechos Humanos, y organizaciones de derechos humanos;
Artículo 3°: De forma.-

OCTAVA JORNADA EN EL JUICIO POR MELITÓN BUSTOS






por Elena Corvalán. foto Miguel Vrgas


La hermana del escribano Bustos

acusó al coronel Carlos Arias

La hermana del Aldo Melitón Bustos sostuvo hoy, 16 de diciembre, que el coronel retirado Carlos Alberto Arias fue uno de los secuestrados del escribano desaparecido el 2 de febrero de 1978, en Tartagal.
Elsa Edith Bustos fue la primera en declarar en la octava jornada del juicio oral y público que en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta se sigue contra los coroneles retirados Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo, acusados de privación ilegítima de la libertad y homicidio. También declararon el coronel retirado Horacio Ballester y la abogada Mirta Mántaras. El primero se refirió a la doctrina de seguridad nacional y la segunda, sostuvo que durante la última dictadura militar hubo una asociación ilícita que cometió violaciones a los derechos humanos.
Elsa Bustos contó que su hermano recibió amenazas de muerte. Incluso destacó que ella misma recibió una llamada dirigida a su hermano: “Estés donde estés, te vamos a encontrar.”, le mandaban decir.
La testigo afirmó que las amenazas provocaron temor en su familia, y que Aldo Bustos se exilió en Bolivia. Respecto del secuestro, cometido en la madrugada del 2 de febrero, recordó que se enteró de este hecho por su sobrino Raúl Federico, hijo del escribano, y que otro hermano suyo, Heraldo Bustos, viajó a Tartagal. Añadió que luego Heraldo le contó que el Ejército se había llevado a Aldo Bustos, y que le dio también el nombre de Arias como uno de los integrantes del grupo de tres hombres que lo secuestraron.
“Todavía estamos con esto, para pedir justicia”, respondió la mujer cuando el fiscal Eduardo Villalba le preguntó si su familia había podido superar lo sucedido con Aldo Melitón Bustos.
La jornada tuvo otros dos declaraciones destacadas, de testigos ofrecidos por su conocimiento de los reglamentos militares y de las normas que se usaron para poner en marcha el aparato represivo estatal que funcionó durante la última dictadura militar.
El coronel retirado Horacio Ballester, presidente del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), se refirió a la doctrina de seguridad nacional aplicada por el gobierno militar iniciado en 1976.
Recordó que esta doctrina fue puesta en vigencia, luego de la segunda guerra mundial, por Estados Unidos. En ese marco se realizaron distintas actividades y se crearon ámbitos de lucha contra el comunismo internacional. Esta doctrina establecía que había una hipótesis de guerra Oriente- Occidente y el enemigo era interno. En el marco de esta doctrina se creó la Escuela de las Américas que funcionaba en Panamá y ahora tiene su sede en Florida, en el estado de Georgia.
Más tarde, en la década del 60, las fuerzas armadas argentinas incorporaron la doctrina francesa de contrainsurgencia.
Ballester señaló que en el marco de esta doctrina se instrumentó también el Plan Cóndor, de colaboración entre las fuerzas armadas de la región para la lucha antisubversiva.
Asimismo, afirmó que el gobierno militar forzó la interpretación de los decretos presidenciales 270, 2771, 2772 y 2773, que ordenaban el aniquilamiento de la acción subversiva. Recordó que para la lucha antisubversiva el país fue dividido en zonas y áreas. Y sobre la Comunidad Informativa, dijo que efectivamente existían y que cumplían un rol “fundamental” en la lucha antisubversiva.
Como testigo de conocimiento, el coronel retirado fue consultado sobre el radiograma y la nota objeto en las que el propio Regimiento de Monte 28 confirma que detuvo a Bustos el 2 de febrero y lo puso a disposición del Destacamento 143 de Inteligencia con asiento en Salta. Dijo que no les encontraba objeciones y explicó que en realidad no siempre se guardaban todas las formas en las comunicaciones por escrito.
Mántaras se refirió a los decretos presidenciales a los que recurren los militares acusados de violaciones a los derechos humanos para decir que en realidad estaban cumpliendo órdenes del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.
La abogada sostuvo que el objetivo de los decretos 2770, 71, 72 y 73 se había cumplido al desarticular a la guerrilla y que en realidad quienes detentaron el poder desde el golpe de Estado de 1976 conformaron una asociación ilícita para cometer delitos.

El Dodge andaba



El coronel Sergio Ricardo Ríos Ereñú, hijo de quien fuera jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal, Héctor Ríos Ereñú, confirmó que el Ejército le había entregado a su padre un automóvil Dodge 1500 amarillo. Contó que los hijos del jefe andaban en este vehículo y que cuando su padre lo entregó, en diciembre de 1977, estaba funcionando.
Sergio Ríos Ereñú confirmó de esta manera parte del relato del principal testigo de este proceso, Raúl Bustos, que fue testigo del secuestro de su padre y afirma que el escribano fue llevado en un Dodge 1500 amarillo que pertenecía al Regimiento de Monte 28. Bustos hijo dijo que conocía este auto porque Sergio Ríos Ereñú, con el cual eran compañeros en el 4º año en el Colegio San Francisco, lo usaba habitualmente.
Asimismo, el coronel desmintió parte del testimonio del quien en 1977 y 1978 era jefe de Logística del Regimiento 28, Eduardo Gentiluomo, que aseguró que en diciembre de 1977 el Dodge no estaba en condiciones de ser utilizado.


Cruces entre el fiscal y el
presidente del Tribunal


La tendencia del presidente del Tribunal, Roberto Frías, a descalificar ciertas preguntas y presionar a los testigos de la acusación motivó ayer un cruce verbal con el fiscal Eduardo Villalba, quien le endilgó estar alterando el equilibrio de las partes.
El fiscal estaba interrogando a la testigo Elsa Bustos, hermana del escribano Aldo Melitón Bustos. Le preguntó si las amenazas de muerte generaron temor en su familia. Frías lo interrumpió diciéndole que la pregunta no era pertinente.
“Yo considero que sí es pertinente”, retrucó rápidamente el fiscal. “Usted está alterando el equilibrio de las partes”, le reprochó al juez, y siguió con su interrogatorio.
Frías optó por permitir las preguntas y ya no interrumpió al fiscal.



La Facultad de Humanidades reclama
que el juicio siga sin interrupciones


El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) aprobó el martes último, 15 de diciembre, una declaración por la que se exige a la Justicia Federal que el juicio oral y público contra los coroneles retirados acusados por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos “prosiga sin interrupción”.
El Consejo también repudió las declaraciones del ex gobernador de facto de Salta, Roberto Augusto Ulloa, y de quien fuera su secretario de Gobierno, el ex legislador nacional por el Partido Renovador de Salta (PRS) Jorge Folloni. Ambos ex funcionarios negaron haber tenido conocimiento del secuestro de Bustos.
Asimismo, el Consejo de Humanidades pidió al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta que emita una declaración en relación a este juicio. La declaración del Consejo Directivo se originó en un proyecto presentado por consejeros directivos estudiantiles, docentes y egresados.
Para tomar esta decisión el Consejo Directivo de Humanidades tuvo en cuenta que este es el primer “juicio oral y público por los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por el aparato represivo del terrorismo de Estado” que se sustancia en Salta. También consideró que las organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos, desaparecidos y presos políticos “han desarrollado una incansable tarea por esclarecer e identificar a quienes fueron responsables directos e indirectos” de estos crímenes, y la actitud de quienes fueron funcionarios de la dictadura, como Ulloa y Folloni, que pretenden difundir un “manto de impunidad, de olvido y desmemoria” para “obstruir el accionar de la justicia”.
Por otra parte, el Ateneo Doctor Arturo Illia de la UCR salteña exigió la ruptura del acuerdo que este partido mantiene con Propuesta Salteña, una escisión del PRS.
“El Partido Radical no puede compartir un espacio político con el partido del vicegobernador Andrés Zottos y presidente del Partido Militar Renovador de Salta, tampoco, sostener acuerdo alguno con su reciente desmembramiento el Partido Propuesta Salteña”, afirmó el Ateneo en un comunicado difundido el martes 15, que lleva, entre otras firmas, la de su presidente, Rubén Correa.
El Ateneo aseguró que el juicio por el secuestro y desaparición de Aldo Bustos ya “dejó en descubierto una verdad a gritos, que ambos partidos tienen el mismo origen y ambos están embarcados en la misma operación de mantener la impunidad y el ‘olvido’ sobre los hechos aberrantes”, por lo que el radicalismo “debe abandonar cualquier ‘acuerdo’ con estas fracciones del terrorismo de estado y debe volcarse a la construcción de un partido que reivindique su historia en la lucha por la libertad y la dignidad humana”.

miércoles, 16 de diciembre de 2009

JUSTICIA YA!!! PARA ALDO MELITON BUSTOS!!!


Séptima Jornada del
Juicio por Meliton Bustos.
por: Elena Corvalán
foto: Miguel Vargas


Ex gendarme confirmó que en el Regimiento de Tartagal funcionaba una red informativa.

El ex oficial de Gendarmería Nacional Pedro Darío Juarez confirmó hoy, 15 de diciembre, que durante la última dictadura militar funcionaba en el Regimiento de Infantería de Monte 28 de
Tartagal una “comunidad informativa” en la que las fuerzas armadas se intercambiaban datos sobre la lucha antisubversiva.
Juarez declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta en el marco del juicio que se sigue contra los coroneles retirados Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo, acusados por el secuestro y homicidio del escribano Aldo Melitón Bustos, cometido el 2 de febrero de 1978, en la norteña ciudad de Tartagal. Declararon seis testigos durante la jornada. Varios recordaron que durante la dictadura había temor, aún entre los uniformados, y la gente prefería no hablar de algunos temas.
Juárez contó que en 1977, cuando ya había sido enviado a que se hiciera cargo de la sede de Gendarmería en Tartagal, “hubo una invitación u orden del Ejército” para que se designara a un representante de Gendarmería para que concurriera a las reuniones de la denominada
Comunidad Informativa, organizada como parte de las acciones antisubversivas.
El testigo, que integró esta Comunidad en representación de Gendarmería, recordó que hubo unas cuatro reuniones, una por mes. Las dos primeras se hicieron en el Regimiento, la tercera fue en Gendarmería y la cuarta, en la sede de la Policía de la provincia. Al final, se hacían asados.
Por el Ejército, concurría el entonces teniente primero Arnaldo Luis Bruno, el mismo que ha sido sindicado como oficial de inteligencia del Regimiento de Monte 28 y quien amenazó de muerte de Bustos. Juárez detalló que Bruno era quien coordinaba y dirigía estas reuniones en las que “se intercambiaban datos sobre la realidad”.
Igual que otros testigos civiles, como el abogado Román Salim, y militares, como el ex interventor de Tartagal, Rodolfo Zlototerer, el ex gendarme subrayó que durante la dictadura había miedo y que la gente trataba de hablar de ciertas cuestiones. Sin embargo, el ex gendarme indicó que supo del secuestro de Bustos enseguida, y que recibió comentarios de otras personas sobre este hecho.
Juárez sostuvo que fue informado del secuestro a las 7 de la mañana del mismo 2 de febrero de 1978. El jefe policial lo llamó para informarle del hecho. Detalló que inmediatamente hizo averiguaciones y envió un radio a sus superiores, cumpliendo con una orden de que diera parte de “cualquier cosa que se saliera de lo normal”.
Falsos testimonios
Las afirmaciones de Juárez contradicen la posición de los militares, que aseguran haberse enterado del secuestro recién cuando se los convocó para esta causa, y niegan también la existencia de la Comunidad Informativa. Hoy mismo, Zlototerer, que fue interventor de Tartagal entre mayo de 1976 hasta junio de 1979, negó saber de la existencia de esta Comunidad.
A juzgar por sus dichos, Zlototerer pasó por la dictadura sin saber lo que pasaba. “Jamás me enteré que hubiera detenidos políticos”. “Tampoco, nunca me enteré” que hubiera asesinatos por motivos políticos, respondió ante las consultas de la querella. Dijo que era amigo de Zírpolo, pero éste jamás le hizo un comentario sobre el secuestro de Bustos, un hecho público y que llamó la atención, como le hizo notar el presidente del tribunal, Roberto Frías.
Daba cuenta de un desconocimiento tal que el juez Jorge Luis Villada terminó por preguntarle: “¿Oyó hablar de la lucha antisubversiva?”. Al final, el fiscal pidió que se le acusara por falso testimonio.
Otro que negó la existencia de la Comunidad Informativa fue el coronel retirado Ernesto Alejandro Repossi, que antes de declarar reconoció, ante preguntas del presidente del tribunal, que a su entender Zírpolo y Arias “no son responsables” de los crímenes de lesa humanidad que se les atribuye. Ante su falta de memoria y desconocimiento, el abogado David Leiva, de la querella, pidió que se lo acuse por falso testimonio.
El primer testigo de la jornada fue Román Salim, amigo y ex compañero de trabajo de Bustos. Confirmó que el escribano había recibido amenazas de muerte de Bruno y que eso lo motivó exiliarse en Bolivia, de donde regresó luego, por necesidades económicas, el desarraigo y porque el capitán Yader Buller le habría asegurado que no había nada contra él.
Ex soldados ratificaron que Arias los maltrataba.
Dos ex conscriptos que durante la dictadura cumplieron el servicio militar en el Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, afirmaron que el coronel retirado Carlos Alberto Arias, maltrataba física y moralmente a los soldados, y que era xenófobo.
El actual secretario de la Cámara en lo Criminal de Orán, Edgardo Laurenci, que hizo la conscripción entre 1977 y 1979, recordó que Arias era de la Compañía Reemplazos y estaba a cargo de la instrucción a los soldados.
El testigo dijo que Arias no cambió mucho desde entonces, es de pelo claro, tez blanca, ojos claros y físico “tirando a atlético”. En la época, en todo el Regimiento “no había otro oficial con las características de Arias”. “Tenía un carácter muy malo para el soldado. De maltratos tanto físico como moral”, golpeaba a los soldados y los llamaba “bolivianos” y sostenía que los habitantes del norte argentino no debían estar en la Argentina sino en Bolivia.
En el sur, cuando los movilizaron por el conflicto con Chile, a un conscripto “le aplicó un tormento” con una caña de la zona y le quebró el antebrazo.
Mientras recordaba el maltrato que Arias le infligió a él mismo, que en Bariloche lo trompeó reiteradamente, Laurenci tuvo que soportar otro maltrato: el del presidente del Tribunal Oral,
Roberto Frías, quien lo interrogó asegurando que Arias “reprendía” cuando había una razón. “Creo que no”, respondió el testigo, para enojo del juez.
Conocido por sus ataques de ira, Frías lo conminó a responder por sí o por no, y respondió con una orden, “Mire doctor, cállese la boca”, cuando Laurenci le pidió respeto. El magistrado añadió que estaba buscando la verdad, que “hasta ahora no aparece”, y le corrió vista al fiscal Eduardo Villalba para que opinara sobre un posible falso testimonio. El fiscal dijo que no lo consideraba así y el juez optó por calmarse.
Laurenci dijo que quien era segundo jefe del Regimiento, Luis Angel Gaspar Zírpolo, conocía de los maltratos que aplicaba Arias.
Sobre el final de la audiencia el testimonio de Laurenci fue reforzado por otro testigo, el ex soldado Miguel Angel Díaz. “Era una persona muy mala, muy rigurosa”, recordó sobre Arias.
Añadió que el entonces teniente castigaba a todos los soldados con desgaste físico hasta límites insoportables. En la instrucción lo había comparado con una bestia. Cuando el defensor oficial ad hoc, Federico Petrina, que asiste a Arias, le sugirió que esos castigos eran parte de la instrucción militar, el testigo respondió respondió terminante: “A veces se excedía mucho”.

lunes, 14 de diciembre de 2009

Meliton Bustos. Testimonios, Día 5


LA SOCIEDAD YA LOS CONDENO!!!
EXIGIMOS QUE LOS CONDENE TAMBIEN LA JUSTICIA!!!!

LOS ORGANISMOS DE DDHH DE SALTA DENUNCIAN PUBLICAMENTE QUE LA JUSTICIA FEDERAL DE SALTA INTENTA POSTERGAR PARA FEBRERO DEl AÑO PROXIMO LOS ALEGATOS Y LAS SENTENCIAS.
JUICIO Y CASTIGO YA!!!!!!!!!!!

sexa jornada del juicio por Melión Bustos



Por Elena Corvalán

Confirmaron que el escribano Bustos
fue perseguido por su ideología


Aunque desmemoriados, el ex gobernador de facto, y ex gobernador constitucional, Roberto Augusto Ulloa, y ex funcionarios de su primera gestión, terminaron por confirmar hoy que el escribano Aldo Melitón Bustos fue perseguido debido a su militancia política. Primero se lo cesanteó de la docencia y luego se le denegó la titularidad del Registro Notarial Nº 32. Dos meses y medio después, fue secuestrado y desaparecido.
Ulloa integró el grupo de cinco testigos que declararon hoy, 14 de diciembre, en el juicio oral y público que se sigue contra los coroneles retirados Luis Angel Gaspar Zírpolo y Carlos Alberto Arias, acusados por privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio, en perjuicio de Bustos. Otros dos testimonios se incorporaron por lectura.
La jornada estuvo dedicada a revisar la persecución que sufrió el escribano, que finalmente fue secuestrado en la madrugada del 2 de febrero de 1978.
El primero en declarar fue Ulloa. Dijo que no conoció a Bustos y que no recordaba que él hubiera cesanteado de su cargo de profesor de historia de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado, de Tartagal, una decisión que se tomó mediante el decreto provincial 2904, del 24 de agosto de 1977. “No tenía conocimiento, son episodios que han ocurrido hace 32 años y no estoy en condiciones de recordar”, se excusó el ex integrante de la Marina.
Tampoco pudo recordar los motivos de esta cesantía. Viendo el decreto, cuya firma reconoció, reseñó que se invocó la ley 21260 y el decreto 18/76. “No recuerdo. Sé que había un cuestionamiento de la SIDE que determinó que no se le diera el Registro”, contestó.
Aseguró que las disposiciones vigentes durante la última dictadura militar exigían que para cualquier nombramiento se tuvieran en cuenta los informes de la SIDE sobre los antecedentes ideológicos.
Ulloa insistió en que sus actos como gobernador de facto estuvieron guiados por las disposiciones del gobierno constitucional de Isabel Perón. Mencionó en varias oportunidades el decreto 2770, firmado en 1975 por Italo Luder, por un alejamiento temporario de Isabel Martínez de Perón.
El secretario general de la Gobernación en 1978, Sergio Roberto Alvarado, sostuvo que el pedido de información al Ejército se hacía habitualmente, para cumplir con las disposiciones vigentes en la época.
Quien fuera secretario privado de Ulloa durante su gobierno de facto, Carlos Enrique Gómez, lo desmintió más tarde: recordó que recibió la nota del Colegio de Escribanos de Salta requiriendo que se investigue la desaparición de Bustos. Dijo que esta nota estaba dirigida al gobernador.
Al final se incorporaron por lectura los testimonios de Roque Rafael Zambrano y d Andrés Figueroa Sola.
Zambrano el escribano al que se entregó la titularidad del registro notarial 32 poco después de que se le denegara esta posibilidad a Bustos.
Con sus preguntas la querella había llamado la atención sobre el hecho de que el registro se entregó rápidamente a otro escribano, a pesar de que Bustos había interpuesto dos acciones: un recurso de reconsideración ante el gobierno provincial y un contencioso administrativo con medida de no innovar ante la Corte de Justicia. Este último recurso no estaba resuelto cuando ya se designó al otro escribano.
Figueroa Sola era secretario del Colegio de Escribanos en 1978 y como tal fue quien concurrió a Tartagal a entregar el registro 32 a Zambrano.

Toda la culpa al Ejército



Los ex funcionarios atribuyeron al Ejército toda la responsabilidad por la represión en Salta durante la dictadura. Aseguraron que era el Ejército el que comandaba a todas las fuerzas, incluidas la Policía de la provincia, y que esa fuerza condicionaba las decisiones del gobierno.
El 14 de noviembre de 1977 el gobierno de Ulloa le denegó la titularidad del registro notarial 32 a Bustos. Esta decisión se tomó mediante el decreto provincial 3498, en el cual se hizo constar que se debía a sus “antecedentes ideológicos”. En la audiencia Ulloa dijo que se basó en un informe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Como el abogado David Leiva, de la querella, le hizo notar que antes había dicho que era un informe de inteligencia del Ejército, el marino recordó que el decreto 2770 establecía que el Ejército asumía el control funcional de las demás fuerzas y que era el que coordinaba todo lo referido a inteligencia.
Dijo que en Salta el encargado de esta coordinación era el máximo responsable del Ejército en la provincia, que coordinaba las tareas de inteligencia con la SIDE. “El nexo nuestro con la SIDE era a través del Ejército”, sostuvo.
Recordó asimismo que el decreto presidencial 2771 establecía que las policías pasaban a depender operativamente del Ejército en la lucha contra la subversión. Por eso se nombraba a un jefe militar, y “la provincia no intervenía en eso”.
Ulloa insistió en que el gobierno a su cargo nunca contó con más datos sobre los “antecedentes ideológicos” de Bustos que estas palabras, y, ante preguntas del juez Jorge Luis Villada, llegó a afirmar que bastaba un escueto informe del Ejército, como este, para que el gobierno provincial suspendiera un trámite sin siquiera pedir más detalles.
Cuando se le recordó que Folloni contestó una nota sobre Bustos diciendo que se había ordenado a la Policía que hiciera averiguaciones sobre el secuestro de Bustos, Ulloa argumentó que se debía a que era un pedido de averiguación de paradero.
Ulloa opinó que lo de “antecedentes ideológicos” significaba “aspectos ideológicos vinculados a la subversión”. En cuanto a la desaparición de Bustos, insistió en que no se enteró cuando ocurrió el hecho. “Pero evidentemente todos los desaparecidos han sido negativos”, añadió. Tuvieron que pedirle que se explicara: “(Las desapariciones) no se ajustaban a derecho”, completó. Luego reiteró que ni siquiera por los diarios se enteró del secuestro del escribano. Y aseguró que no recibió a ningún pariente suyo.
El marino también sostuvo que existía una comunidad informativa, “que controlaba el Ejército” y la integraban el servicio de inteligencia del Ejército y el delegado de la SIDE.








Piden que se investigue a
Folloni por falso testimonio

El ex secretario de Gobierno de la gestión de facto de Roberto Ulloa, el ex comandante de Gendarmería y ex legislador nacional Jorge Oscart Folloni confirmó las afirmaciones del Ulloa. Se mostró tan desmemoriado que motivó un pedido del abogado David Leiva, de la querella, pidiera que se lo investigue por falso testimonio.
El 27 de febrero de 1978, Folloni respondió a una nota en la que el Colegio de Escribanos de Salta pedía que se investigara la desaparición de Bustos. Folloni aseguró en esa contestación que ni bien se enteró del hecho, por las publicaciones periodísticas, había ordenado a la Policía que averiguara sobre el caso, y que hasta ese día no tenía novedades. En la instrucción había dicho que se enteró del secuestro de manera posterior a 1983.
Hoy, cuando le exhibieron copia de la nota respondió el 27 de febrero de 1978, tuvo que reconocer que se había enterado mucho antes, aunque insistió en que lo no recordaba. Como había hecho poco antes quien fuera su superior, Roberto Ulloa, Folloni afirmó que la Policía de la provincia no dependía operativamente del gobierno provincial, sino de la Guarnición Ejército Salta. Respecto del verbo ordenar usado en la nota sobre Bustos, dijo que era solo una expresión “que usé en ese momento, tal vez impropia”.
Y sostuvo también que el gobierno provincial no participaba de la comunidad informativa que sí integraban inteligencia del Ejército y la SIDE.

PROCESARON AL GENERAL ARRIAGA POR EJECUCIONES EN LA TABLADA

Gentileza Lucho Soria
EL PAISLA CAUSA POR LA RECUPERACION DE LA TABLADA
Procesado por fusilar
El juez Germán Castelli procesó al general retirado Alfredo Arrillaga. Le imputó “homicidio agravado por alevosía” por las torturas y ejecuciones cometidas en el operativo a su cargo.

La Justicia dio por probado que en la recuperación de La Tablada hubo al menos nueve ejecuciones.
La Justicia procesó ayer al general retirado Alfredo

domingo, 13 de diciembre de 2009

A 33 AÑOS DE LA MASACRE DE MARGARITA BELÉN

Los compañeros caidos:

Patricio Blas TIERNO - 24 años - Buenos Aires - La Plata - Juventud Univ. Peronista - Estudiante de abogacía. Nestor Carlos SALA - 32 Años - Buenos Aires - Quilmes - Partido Auténtico - Estudiante de Arquitectura (La Plata). Carlos ZAMUDIO - 28 Años - Chaco - Resistencia - Juventud Peronista - Estudiante de Ciencias Económicas (UNNE). Luis Angel BARCO - 26 Años - Chaco - Sáenz Peña - Juventud Univ. Peronista - Estudiante UTN - Empleado de Ferrocarriles. Roberto H. YEDRO - 28 Años - Corrientes - Juventud Peronista - Abogado.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Quinta Jornada del Juicio por Meliton Bustos

En esta jornada, todos los testigos fueron personas civiles, que se habían relacionado con el Escribano Aldo Melitón Bustos.
por Elia Fernández Alonso
De estos testimonios se desprende que Bustos sufrió múltiples allanamientos en su domicilio de Tartagal y amenazas de muerte.

Juan de la Cruz Cabot, quien fue director del colegio secundario comercial Aguada de Tartagal, relató dos episodios. En primer lugar tomó conocimiento de las amenazas anónimas que recibía Bustos, por que el mismo, había recibido una nota anonima

Quinta jornada del juicio por Melitón Bustos

Foto Miguel Vargas

Testigos confirmaron que Bustos recibía
amenazas de miembros del Ejército

Por Elena Corvalán

Cuatro testigos declararon en la quinta jornada del primer juicio que se sustancia en la provincia de Salta por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Los cuatro confirmaron que el escribano Aldo Melitón Bustos, secuestrado y desaparecido el 2 de febrero de 1978, había recibido amenazas de miembros del Ejército y su domicilio había sido allanado reiteradas veces, por miembros de la Policía de la provincia, de la Federal y el Ejército.

Uno de los testigos fue un primo hermano del escribano desaparecido, el docente Enrique Horacio Palacios, con quien compartía un ideario político, según recordó el testigo.

Palacios contó que el 20 de junio de 1977 Bustos le refirió que recibía amenazas y su casa era allanada por miembros de la Policía provincial, la Policía Federal y del Regimiento de Infantería de Monte 28. Recordó asimismo que el entonces teniente coronel Arnaldo Bruno amenazaba a su primo.

Palacios reseñó también que Bustos lo tranquilizó posteriormente diciéndole que había hablado con el jefe del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú. Sin embargo, refirió que él pensaba entonces que su primo “estaba marcado desde un principio y (los allanamientos) fueron los pasos previos” para intimidarlo. Y responsabilizó por el asesinato de Bustos al ex gobernador de facto de Salta Alvaro Ulloa.

El docente y escritor Juan de la Cruz Cabot, que era director de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado, donde Bustos era profesor, contó que recibió una carta, dirigida al escribano, que contenía una amenaza y que cuando la entregó al destinatario este le dijo que había llegado una igual en su casa y que, por otras comunicaciones del Regimiento de Monte 28, sabía que eran del Ejército.

Cabot indicó que el escribano era muy conocido en la sociedad tartagalense y que su secuestro constituyó “un hecho público, la gente suponía que lo había llevado el Ejército”.

Cabot fue quien debió informar a Bustos de su cesantía como docente, dispuesta por el gobierno de Ulloa en el marco de un decreto que ordenaba la baja de los docentes considerados subversivos.

El abogado y periodista Marcelo O’Connor, amigo de Bustos, recordó que el escribano se fue a Bolivia cuando sobrevino el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Tiempo después, cuando él mismo se preparaba a emigrar de Salta, se encontró con él en esta ciudad, lo que le sorprendió.

Dijo que Bustos le contó que iba a instalarse en Tartagal, algo que él le desaconsejó. En cambio, lo invitó a ir a Santa Fe, pero el escribano insistió en que tenía derecho a vivir donde deseara y a trabajar. “Recuerdo que le dije, Bustos, esto no es prudente. Nos despedimos y no lo ví más”, sostuvo.

O`Connor añadió que se enteró de la desaparición de Bustos por una nota en el diario El Litoral.



Un hecho notorio

El último testigo, el abogado y secretario de Gobierno de Tartagal, Roberto Avellaneda Alfonsín, aportó más datos sobre las amenazas que recibía Bustos.

En 1978 tenía 23 años y tenía una vista normal (que perdió hace cinco años en un accidente de tránsito). En el segundo semestre de 1977 fue preceptor del 4º año del Colegio San Francisco, que cursaban Raúl Bustos, el hijo del escribano desaparecido, y uno de los hijos de Ríos Ereñú. Recordó que los hijos del militar solían manejarse en dos o tres automóviles, uno de ellos “un Dodge o un Opel”, y uno de ellos amarillo. El dato es interesante porque Raúl Bustos asegura que los hombres que secuestraron a su padre se movilizaban en un Dodge 1500 amarillo que usaba habitualmente uno de los hijos del jefe del Regimiento. “La característica que tenían (estos autos) es que no tenían chapa patente”, recordó el testigo.

Avellaneda Alfonsín desmintió a los militares que declararon en la cuarta jornada, quienes afirmaron no haberse enterado del secuestro de Bustos. El testigo recordó que el escribano “motivó dos o tres noticias importantes en el 77”: una amenaza que recibió en el hotel Espinillo, “le habían dicho que se fuera si no quería que lo mataran”; cuando el gobierno de Ulloa le negó la titularidad del registro notarial 32 de Tartagal, “se decía que era por cuestiones ideológicas”, y cuando se produjo su desaparición, ya en febrero de 1978. “Se decía que se lo habían llevado de noche. Había una tensión, se comentaba que qué había hecho, en las casas nos decían que nos cuidáramos que tuviéramos en cuenta lo que le había pasado al escribano Bustos”, memoró. “El caso de Bustos fue una conmoción”, añadió más tarde.

El abogado recordó también, ante preguntas de la querella, que conoció a un integrante del Regimiento de Monte que era veterinario, el “Negro” Correa. Contó que cierta vez, en el boliche Maracatú, el centro de la diversión en la época, al que también concurrían miembros del Ejército, Correa dijo que el tema de Bustos “era un tema policial”.

Avellaneda Alfonsín declaró en la primera etapa de la investigación del secuestro de Bustos. Luego de que declarara, el 21 de noviembre de 2006, recibió en su estudio una carta anónima en la que le contaban como había ocurrido el homicidio de Bustos.

La carta fue leída ayer en la audiencia: sostiene que el escribano en la misma madrugada del 2 de febrero el escribano fue llevado por el actual coronel retirado Carlos Alberto Arias, que está siendo juzgado en este proceso, al escuadrón de Gendarmería de Embarcación. Que allí era golpeado cada hora hasta que lo llevaron al río Bermejo y no lo regresaron. De vuelta del río los gendarmes demoraron a Arias, que logró la libertad tras la intervención del jefe del Regimiento de Monte 28. La carta sostiene que Gendarmería “no tenía nada que ver” con el crimen de Bustos.



Improcedente

La audiencia se inició bastante tarde hoy, 10 de diciembre, debido a que el abogado Pablo Tobío, defensor del coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo, que está siendo juzgado como autor mediato de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Bustos, recusó al fiscal Eduardo Villalba, porque es yerno del teniente coronel Guiñazú, que en 1978 era jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en Salta.

Tobío pidió también que se anule todo el debate llevado a cabo hasta hoy. El fiscal se opuso a la recusación, “por considerarla manifiestamente extemporánea, improcedente” y un acto más para demorar el juicio.

Villalba recordó que en la instrucción de este proceso él mismo informó que es pariente de Guiñazú, y que el propio Tobío (como defensor entonces del militar retirado Arnaldo Bruno) fue notificado de esta situación. Además, Guiñazú no está siendo investigado en esta causa y hace once años que falleció.

La querella, representada por los abogados Tania Kiriaco y David Leiva, adhirió al pedido de rechazo del fiscal. Tras una corta deliberación el tribunal, integrado por los jueces Roberto Frías, Jorge Luis Villada y Liliana Snopek (con la presencia permanente del cuarto juez, Renato Rabbi Baldi Cabanillas), rechazó el planteo de Tobío y le impuso las costas.

El Juicio. Día 2.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

tercera jornada por el juicio del escribano aldo melitó bustos

Foto Miguel Vargas

Los testigos que declararon hoy en el juicio done se investiga el secuestro y desaparicion del Escribano Aldo Melitón Bustos, fueron hombres relacionados con las fuerzas militares. todos ellos aludieron falta de memoria por el tiempo transcurrido, al igual que dicen no haber conocido al Escribano Bustos, a pesar de que viviera en la época en Tartagal. El grado de negación de los hechos llevó al presidente del tribunal el Dr. Frias a perder la paciencia en varias oportunidades.

El fiscal Villalba le pregunto a Ex Jefe de Logística del RIM 28, que sucedió el 2 de Febrero que parecía no haber nadie ese día en el Regimiento. Exsasperadó al no lograr de los testigo ningún relato que de cuente de quien se encontraba de servicio ese fatídico día en el cuartel.
los testigas fueron:

Relacionados con el RIM 28

Gentiluomo
Roque
Trogliedo
Freijoo
Petricic
Elicabe
Martella

De la SIDE

Aragon
Monteros
Confirman que los documentos en los que el Ejército
reconoce la detención de Bustos guardan las formas

Por Elena Corbalán

El general retirado Luis Santiago Martella, que en 1978 era jefe de la V Brigada de Infantería de Tucumán, sostuvo hoy, 9 de diciembre, que los documentos en los que el propio Ejército reconoce que el escribano Aldo Melitón Bustos fue detenido el 2 de febrero de 1978 guardan las formas establecidas para estas comunicaciones.
Martella fue el primero de una decena de testigos que declararon hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, ante el que se sustancia el primer juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos cometidas en la norteña provincia de Salta durante la última dictadura militar.
Seis militares retirados que cumplieron funciones en el Regimiento de Monte 28 de Tartagal, Martella, Héctor Fernando Petricic, Eduardo Horacio Gentiluomo, Juan Salvador Roqué, Carlos Alberto Feijoó y Ricardo Ernesto Elizabe; el escribano Carlos Alberto Trogliero Torres; el escritor y periodista Leoncio Rioja, y dos ex agentes de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Américo Aragón y Roberto Monteros, declararon en la cuarta jornada del proceso.
Los militares mostraron una memoria selectiva, dos de ellos, los coroneles retirados Petricic y Roqué, llegaron a afirmar que perdieron la memoria a raíz de distintas enfermedades. Roqué añadió una sordera, también selectiva. Además, la mayoría fue coincidente en afirmar que el día del secuestro no estaban en el Regimiento. Ante la insistencia del fiscal Eduardo Villalba, que llamó la atención sobre el hecho de que, a juzgar por sus declaraciones, parecía que el Regimiento hubiera quedado abandonado en esa fecha, el coronel retirado Gentiluomo ratificó que había quedado al frente el coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo, que está siendo juzgado por el secuestro y el homicidio de Bustos, junto al también coronel retirado Carlos Alberto Arias.
Martella insistió, igual que los otros testigos militares, en que nada supo del secuestro de Bustos, pero opinó que el radiograma que el segundo comandante de la V Brigada, Antonio Llamas, envío el 15 de febrero al Regimiento targalense “está redactado de acuerdo al reglamento de la época”.
En ese radiograma la V Brigada pedía que se informara si Bustos había sido detenido en el Regimiento de Monte de Tartagal. El 16 de febrero de 1978 el jefe de esta dependencia, Roberto Felipe Domínguez, respondió esa requisitoria mediante una “nota objeto”: confirmó que el escribano había sido detenido a las 3 de la mañana del 2 de febrero de 1978, y puesto a disposición del Destacamento de Inteligencia 143, con asiento en Salta capital.
Domínguez, que está imputado en relación a este hecho en un proceso que sigue en instrucción, ya declaró que brindó esta respuesta basándose en información proporcionada por el segundo jefe del Regimiento de Monte 28, Zírpolo, que estuvo a cargo de la dependencia en el momento en que fue secuestrado Bustos, dado que Domínguez fue puesto en funciones recién el 15 de febrero de 1978.
Martella destacó que la nota de respuesta no tiene los sellos que se preveían en el reglamento, de la unidad, de quien lo confeccionó y del jefe de la unidad, pero señaló que llevaba la firma de Domínguez. Todos los militares que declararon fueron interrogados sobre la forma del radiograma y la contestación, pruebas claves en el proceso. Las respuestas dejaron en claro que había una forma establecida para estas comunicaciones, pero que podía ser obviada en algunos casos.
Triogliero Torres fue convocado para hablar del radiograma y la contestación, porque la certificación de estos documentos, realizada en 2003, lleva su firma, pero no hizo mayores aportes porque solo se cuenta con copias. Rioja, quien entregó estos documentos al abogado querellante David Leiva, dijo que los recibió de dos militantes peronistas, de los cuales solo recordaba el apellido de uno: Prado.

División estratégica

Martella aclaró también que en la división estratégica que hacía el Ejército durante la dictadura la parte norte del país correspondía a la subzona 32, que a su vez estaba dividida en cuatro áreas: la 321, que correspondía a la provincia de Tucumán; la 322, a Salta; la 323, Jujuy, y la 324, Santiago del Estero.
Estas áreas estaban a cargo del oficial más antiguo del Ejército, que reportaba al comandante de la V Brigada con asiento en Tucumán. Respecto del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, dijo que dependía en lo administrativo de la V Brigada y “para la lucha antisubversiva”, del área 322.
Martella sostuvo que, en ausencia del jefe del Regimiento, el segundo jefe, Zírpolo, estaba a cargo de esta dependencia, y estaba también al frente de la plana mayor, un órgano asesor de la jefatura que era integrado por los oficiales de mayor jerarquía de cada unidad.
También Gentiluomo, que en febrero de 1978 era jefe de Logística en el Regimiento de Monte 28 y por lo tanto integraba su plana mayor, dijo que nada supo del secuestro y desaparición del escribano Bustos y que estaba de licencia cuando se produjo este hecho. Añadió ahora que el automóvil Dodge 1500 amarillo, en el que –según el testimonio del hijo de Bustos, Raúl Bustos- se movilizaban los secuestradores, y que pertenecía al Ejército, había sido entregado por el jefe saliente del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú, en enero de 1978, y que no estaba en condiciones para ser utilizado.
El coronel dio un dato interesante para la querella: el teniente primero Arnaldo Bruno se desempeñaba como oficial de inteligencia y como tal llegó a integrar la plana mayor y estaba bajo las órdenes directas del jefe de Operaciones del Regimiento, el coronel retirado Roqué. Bruno ha sido investigado en relación al secuestro de Bustos, pero se le dictó una falta de mérito.
Roqué negó que Bruno estuviera bajo su dependencia pero aceptó que pudo haber integrado la plana mayor ampliada.

Inteligencia limitada

Feijoó, Elizabe, Aragón y Monteros declararon sobre las actividades de inteligencia que realizaban el Ejército y la SIDE durante la dictadura militar.
Feijoó, que en 1978 era capitán, dijo que dependía del Destacamento de Inteligencia 143 con asiento en la ciudad capital de Salta, pero estaba con el “grupo adelantado Jujuy”, que realizaba inteligencia en relación al conflicto con Chile y no sobre ciudadanos comunes.
Elizaba era capitán en febrero de 1978 y cumplía funciones en el Destacamento de Inteligencia 143. También aseguró que solo hizo inteligencia sobre el conflicto con Chile y que en 1978 no se hizo inteligencia contrasubversiva. Incluso negó conocer el reglamento RC 91, “Operaciones contra elementos subversivos” aprobado por el estado mayor conjunto en 1977; negó que el Destacamento pudiera detener u ordenar la detención de personas y que pudiera interrogarlas.
Aragón y Monteros, ambos ex militares, integraron la SIDE en Salta. A pesar de que su trabajo consistía en estar informados, aseguraron que no se enteraron del secuestro y desaparición de Bustos (publicado en los diarios de la época), y que tampoco supieron nunca nada sobre desaparecidos o personas dinamitadas, una de los medios que utilizó el terrorismo de estado para eliminar oponentes. Y tampoco supieron donde funcionaban los centros de detención clandestinos ni los lugares donde eran enterrados las víctimas fatales de la dictadura.
El primero dijo que reunía información confidencial pero no referida a los oponentes al régimen militar. Monteros, que entró a la SIDE el 1 de mayo de 1978 y se quedó hasta 1984, contó que su trabajo consistía en “explotación de la prensa” porque se dedicaba a leer los diarios, boletines oficiales y partes de prensa para hacer informes a su superior, el teniente coronel Guiñazú. Detalló que hacía un seguimiento de la parte gremial y estudiantil; llegó a aseverar que tomaba información que era pública y que, tras su intervención, pasaba a ser “más confidencial”.
Sus afirmaciones provocaron la reacción del juez Jorge Luis Villada: “¿Y el jefe se dedicaba a leer esos partes todos los días? ¿Un teniente coronel?, ¿el jefe de inteligencia?”, interrogó incrédulo. El testigo le respondió con un sí.


Desmemoriados, sordos,
desinformados, mentirosos

El coronel retirado Héctor Fernando Petricic, que desde febrero de 1978 cumplió funciones de ayudante de quien era el jefe del Regimiento de Monte 28, Roberto Felipe Domínguez, inició la lista de los desmemoriados en la cuarta jornada del juicio contra los coroneles retirados Luis Angel Gaspar Zírpolo y Carlos Alberto Arias.
“Tengo mucha carencia de memoria”, dijo ante la insistencia de la querella, representada por los abogados David Leiva y Tania Kiriaco. Luego contó que sufre de una afección cerebral provocada por unas “esporas” que se dan en la selva tucumana y que le generaron pérdida de memoria respecto de lo que ocurrió antes de 2000.
Petricic dijo que estuvo en el Operativo Independencia, en Tucumán, hasta que en febrero de 1978 fue convocado como ayudante de Domínguez. Luego de demostrar mala memoria para algunas cuestiones y buena para otras, reconoció, ante preguntas del fiscal Eduardo Villalba, que es amigo de Arnaldo Bruno, que en 1978 era teniente primero y había amenazado al escribano Aldo Melitón Bustos, y fue investigado en relación a su secuestro y desaparición. “Cuando yo estaba internado en el Hospital Militar (a raíz de su afección cerebral) Bruno me daba de comer y yo no me voy a olvidar de eso”, afirmó.
Tanta memoria selectiva parece que generó en el fiscal la idea de que Petricic estaba mintiendo, porque terminó por pedir que se remitan copias al fiscal penal de turno para que se investigue a Petricic por falso testimonio.
La mala memoria de Petricic fue superada por el coronel retirado Juan Salvador Roqué, que fue jefe de Operaciones del Regimiento de Monte 28: después de insistir respondiendo “no escucho” a cada comentario del presidente del tribunal, Roberto Frías, y del secretario, José Luis Casares, el militar dijo que sufrió un accidente cerebro vascular que le hizo olvidar “algunas cosas”, además de ser sordo y haber olvidado los audífonos.
Estaba a punto de librarse de prestar testimonio, pero ante la insistencia de la querella debió declarar. Curiosamente, cuando el abogado David Leiva conjeturó que, dado que en la instrucción había declarado sin inconvenientes, “evidentemente hay una actitud de no colaborar”, Roqué respondió rápidamente negando tal actitud y provocando hilaridad.
Igual que sus pares, dijo que el 2 de febrero no estaba en Tartagal, sino en Tucumán; que no conocía a Bustos y que nunca supo que hubiera dinamitados en Tartagal.

lunes, 7 de diciembre de 2009

SEGUNDA JORNADA DEL JUICIO POR MELITÓN BUSTOS

Foto Miguel Vargas

Por Elena Corbalan
El hijo de Melitón Bustos ratificó que Arias
fue uno de los secuestradores de su padre
Raúl Federico Bustos ratificó hoy que el coronel retirado Carlos Alberto Arias fue uno de los secuestradores de su padre, el escribano Aldo Melitón Bustos, que permanece desaparecido desde el 2 de febrero de 1978.

Raúl Bustos, que a los 16 años presenció el secuestro de su padre, declaró hoy en la tercera audiencia del juicio oral y público que en el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta se sigue contra Arias y el también coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo, acusados por privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Melitón Bustos.

“Está sentado acá a mi derecha”, aseguró Raúl Bustos cuando se le preguntó si reconocía y podía señalar a Arias. El testigo ratificó que el acusado fue quien le apuntó con un arma cuando, junto a otro hombre al que no reconoció, se llevó a su padre, en la madrugada del 2 de febrero de 1978, en Tartagal. “La noche del 2 de febrero de 1978 sonó el timbre. Bajé a atender, pregunté quién es: ‘Gendarmería’, dijeron y mi padre dijo que abriera. Abrí y una persona me encañona, me toma de los pelos, hace que me arrodille. Viene mi papá, lo encañonan, lo ponen contra la pared opuesta a donde estaba yo, le hacen levantar las manos, le ponen para atrás las manos y lo atan. Lo encapuchan pero antes dice: ‘Son del Ejército, son del Ejército’, y se lo llevaron en calzoncillos y camiseta malla”, narró el único testigo de la jornada.

Detalló que pudo ver bien a Arias porque se encontró con él al abrir la puerta, y estaba a cara descubierta. Lo describió como un hombre alto, rubio, de bigotes a quien vio por primera vez esa madrugada. Los dos hombres que entraron a la casa estaban de civil, otro esperaba en un automóvil Dodge 1500 amarillo, al que también alcanzó a ver y reconoció como uno de los vehículos que usaban habitualmente los hijos del que hasta hacía poco era jefe del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, Héctor Ríos Ereñú.

Raúl Bustos relató que vió que el automóvil dobló por la calle 20 de Febrero, junto a la concubina de su padre, Eva Carrillo, subieron al Torino rural de la familia y siguieron al Dodge a corta distancia, vieron que a la altura de la entrada del Regimiento de Monte 28 aminoró la marcha pero luego siguió de largo, hasta que en el camino entre Mosconi y Cornejo los secuestradores doblaron en u y volvieron hacia los perseguidores. Entonces Raúl Bustos y su madrastra regresaron a Tartagal, Carrillo quedó en la Comisaría y Raúl regresó a la casa, desde donde llamó a su tío, Heraldo Bustos, que residía en Salta capital.

Ese mismo día, 2 de febrero, Raúl Bustos fue buscado por la Policía para que declarara sobre el suceso de la madrugada. En esa primera declaración el muchacho nada dijo sobre la pertenencia de los secuestradores al Ejército; según explicó, lo calló por temor. Sin embargo, el 6 de febrero, en un habeas corpus presentado en la Justicia Federal, los familiares del escribano ya aclararon que el hijo estaba en condiciones de identificar a uno de los secuestradores.

Notoriamente emocionado durante toda su declaración, Raúl Bustos contó que volvió a ver a Arias horas después del secuestro, la misma mañana del 2 de febrero, cuando acompañó a su tío Heraldo al Regimiento de Monte 28. Allí vio al hombre que lo había encañonado y lo reconoció inmediatamente, a pesar de que había cambiado levemente su fisonomía: ya no llevaba bigotes. Sin embargo, ese día tampoco conoció la identidad del secuestrador, la que recién supo días después, cuando lo vio en la terminal de ómnibus de Tartagal y su tío le dijo que era el entonces teniente Arias. Raúl Bustos no volvió a cruzarse con el militar sino hasta la iniciación de esta investigación judicial; en 2007, mientras esperaba en los tribunales la presencia de varios militares convocados a declarar, lo vio caminar hacia el Juzgado Federal Nº 2 y lo reconoció inmediatamente.

Sus propias palabras y las preguntas de las partes llevaron a Raúl Bustos a hacer una revisión de su propia actuación durante y luego del secuestro de su padre. “Esa es la parte más difícil de esta historia”, respondió compungido cuando el fiscal Eduardo Villalba le preguntó si había pensado acerca del hecho de que él había abierto la puerta para dejar entrar a los secuestradores.

El testigo memoró que su padre vivía amenazado, le dejaban notas en el parabrisas de su automóvil, recibía llamadas advirtiéndole que lo iban a matar y hasta había sido amenazado en persona por el entonces teniente primero Arnaldo Luis Bruno. Por eso la familia había pensado formas de protección: se había levantado otra puerta en la entrada de la casa; dormían con la ropa lista con el fin de huir por los techos si se presentaba el Ejército, incluso habían acumulado palos y piedras, con la idea de repeler a posibles atacantes.

Raúl Bustos dijo que esa preocupación extrema se terminó cuando su padre fue a hablar con el jefe del Regimiento, Ríos Ereñú, quien le habría dado garantías de seguridad. La tranquilidad lo había llevado a autorizar que Raúl viajara a Bolivia, país al que iba a partir el 2 de febrero.

Cruces

Raúl Bustos tuvo que explicar largamente los motivos por los que no mencionó al Ejército en su primera declaración ante la Policía luego del secuestro de su padre, el mismo 2 de febrero de 1978.

“Aldo Melitón Bustos no estaba criando un hijo bobo. Si yo entro en ese momento a la Comisaría y digo que los que se llevaron a mi padre eran del Ejército y los puedo reconocer, en este momento no estoy sentado aquí, soy el desaparecido 30.001”, afirmó.

Recordó que fue solo a declarar. “Me buscaron y fui. Me metí de nuevo en la boca del lobo”, ejemplificó.

A pesar de estas afirmaciones, y del contexto histórico en el que ocurrieron estos hechos, el presidente del Tribunal, Roberto Frías, insistió más tarde en inquirir nuevamente sobre los motivos por los que no acusó al Ejército en su primera declaración. Como el testigo no era terminante en su respuesta, no decía claramente que había sentido temor, el juez terminó por concluir que “no había por qué desconfiar” de la Policía, dado que se trataba de una fuerza distinta a la del Ejército. También le preguntó por qué no fue a la Gendarmería.

Las afirmaciones del presidente del Tribunal provocaron la reacción del abogado de la querella, David Leiva, que se opuso al interrogatorio recordando que ya se sabe, y es cosa juzgada, en el juicio a las Juntas Militares, que durante la dictadura militar iniciada en 1976 las policías y la Gendarmería dependían del Ejército. La oposición sacó de quicio al juez, dijo que este tribunal está buscando la verdad y que en ese afán no se siente presionado por ninguna decisión judicial anterior. “Acá estamos para no perder el tiempo”, añadió, y quiso terminar la discusión con un “basta” que no impidió que el querellante ratificara su oposición.

En la misma línea el juez insistió en preguntar al testigo por qué no había pedido ayuda a gritos ante el secuestro de su padre. Raúl Bustos se encontró de esta manera tratando de justificar que un adolescente de 16 años hubiera decidido perseguir a los secuestradores en lugar de alertar a los vecinos (algo que no se hacía en la época por el terror implantado por la dictadura). “Yo reaccioné así, señor, no tengo explicación para darle”, respondió.

Luego, por preguntas de la querella, contó que la casa de su padre había sido allanada “en varias ocasiones” por miembros de la Policía Federal y la Policía de la provincia, una explicación para su afirmación acerca de que había entrado “a la boca del lobo” cuando fue a denunciar el secuestro de su padre.

La audiencia continuará el miércoles, con más testimonios.


Obediencia debida

Durante su paso por el Ejército el coronel (RE) Carlos Alberto Arias “no cuestionaba las órdenes y no permitía que las cuestionen”.

Así se definió el propio acusado cuando declaró, en junio de 2007, ante el juez federal Miguel Medina, que tuvo a su cargo la primera etapa de investigación del secuestro y desaparición de Aldo Melitón Bustos.

En la jornada de hoy se leyeron las declaraciones indagatorias prestadas por los acusados en la instrucción. En junio de 2007 el juez Medina convocó a Arias para una tercera indagatoria, en la que lo confrontó con los dichos de testigos, entre ellos Edgardo Laurenci, quien cumplió el servicio militar en el Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal. El testigo recordó que Arias “era muy xenófobo”, discriminaba a los conscriptos, que “le tenían terror” y llegaba a decir que el Ejército no tenía que estar en un lugar como Tartagal.

Arias reconoció entonces que “siempre fue muy severo”, que no se hacía amigo de los “subalternos”, era exigente pero primero era estricto con él mismo, era “muy eficiente” y no cuestionaba las órdenes que recibía ni permitía que las cuestionaran otros, aunque sostuvo que jamás fue acusado de haber incurrido en abuso de poder y “nunca maltrató a ningún subalterno”.

Tanto Arias como el coronel (RE) Luis Angel Gaspar Zírpolo, acusado por estar a cargo del Regimiento de Monte 28 cuando ocurrió el secuestro y homicidio de Aldo Melitón Bustos, negaron participación en este hecho. Arias dijo que la acusación le causaba un perjuicio y se reservó la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra quienes lo acusan.