jueves, 26 de abril de 2012


miércoles 25 de abril de 2012

JUICIO DEL CIRCUITO REPRESIVO NECOCHEA, COMISARIA CUARTA Y BASE AEREA

 “Que se haga justicia”

“Fue una noche trágica, de la cual nosotros quedamos marcados para toda la vida”, definió Walter  Omar Leiva su vida y la de sus cinco hermanos luego de la desaparición de su madre Mercedes Longh. “Estábamos todos acostados en la cama de dos plazas, patearon la puerta y entraron dos personas armadas”, describió. El padre no se encontraba en la casa porque trabajaba de sereno en la facultad de ingeniería.
  
Su hermano Raúl agregó que “nos hacen tapar la cara y nos dicen que nos quedemos tranquilos que la iban a traer”. “Le taparon la cabeza, le ataron las manos y le pegaron unos rodillazos en la espalda y la metieron en el baúl de un Falcon verde”, continuó.
Mercedes había trabajado en la casa de la decana de la facultad de Humanidades, María del Carmen Maggi, quien fuera secuestrada mayo de 1975 y cuyo cadáver apareció un día antes del golpe de Estado del año siguiente.  Raúl Leiva aseguró que los secuestradores de su madre buscaban “unos papeles” en relación a esto.

Por el testimonio de Marta García de Candeloro pudieron saber que Mercedes estuvo en cautiverio en la Cueva durante un año. Por intermedio de ella le dio un mensaje a sus hijos: “que nos dijera que nos amaba”, contó Raúl con los ojos cristalizados, que al momento del secuestro tenía 7 años. “Que se haga justicia”, concluyó su testimonio.
Declaró también Alejandro Dondas, que narró su cautiverio del 6 al 23 de diciembre de 1976 en el centro clandestino La Cueva, donde recibió tortura con picana eléctrica  en sus brazos mientras lo interrogaban sobre distintas personas entre las que estaba “Coca” Maggi.

En ese lugar, compartió su secuestro con Héctor Gómez y Eduardo Martínez. Afirmó que a los días “trajeron a Jorge Toledo, herido de bala, que se quejaba y pedía un médico”. Dijo que “le preguntaban por un tal pajarito que aparentemente había dado muerte a alguien del ejército (Cativa Tolosa)”.

Buen concepto

Por último declararon tres testigos de concepto del imputado Mario Larrea. Victorio Osvaldo Bisciotti, como diputado nacional de la Unión Cívica Radical, conoció al represor cuando este se desempeñaba como comisario en la localidad de Lobería en los años 1985/86. “Las referencias siempre fueron muy buenas. Nunca recibí una queja contra él”, aseguró.

Ángel Aníbal Sánchez, hermano de un compañero de la escuela del hijo de Larrea, afirmó que “todos lo tenían como una persona excelente, bondadosa. No hay una persona que hable mal de Mario”.

En tanto que José Luis Cipolletti, quien fuera su abogado en la década del 90, dijo que “Larrea despotricaba contra el accionar de los militares. No quería participar de los hechos”. Y agregó que “nunca tuvo descrédito hacia las víctimas del Proceso de Reorganización Nacional”.

Autor/fuente: Lisandro Contreras/ Juan Marco Candeloro@@@ 
 
 

Date: Tue, 24 Apr 2012 09:28:44 -0700
From: 
hijos_laplata@yahoo.com.ar
Subject: HIJOS LA PLATA Y SUS 17 AÑOS DE LUCHA
To: 
agenciadenoticiasdh@gmail.com

Compañeros, compartimos con ustedes este texto por nuestros 17 años de lucha, junto con el programa de radio de "La lucha que nos parió" del sábado 21/4/12, donde podrán escuchar varios audios de distintos compañeros que han pasado por HIJOS en estos 17 años. Hay una segunda entrega de audio.

 

HIJOS La Plata y sus 17 años de lucha
 
Hace 17 años, el 20 de abril de 1995 nacía la agrupación HIJOS  que nuclea a hijos e hijas de compañeros y compañeras desaparecidos, fusilados, exiliados, presos políticos y a jóvenes comprometidos con el pasado reciente de nuestro país. Trabajamos en la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos políticos argentinos, la búsqueda de juicio y castigo para los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos por la última dictadura y el período represivo previo, y la denuncia de la represión policial e institucional en la actualidad.
Este aniversario, significa un momento de balance de lo que construimos hasta el momento, de las cosas que pudimos modificar y de las que aún motivan nuestra propia lucha como generación.
Nuestra organización surgió en La Plata en dos homenajes a los desaparecidos de las facultades de Arquitectura y Humanidades, pero se fogueó al calor de las luchas estudiantiles universitarias contra la reforma menemista de la Ley de Educación Superior.
En ese año ’95, la sociedad argentina estaba conmocionada por las declaraciones del genocida Scilingo, que relataba los “vuelos de la muerte”, el general Balza reconocía institucionalmente la participación del Ejército en torturas y desapariciones, los piquetes asomaban a la luz pública, y en el sur del país, un ex detenido en la dictadura le asestaba una golpiza a Astiz, que se paseaba impunemente de vacaciones.
Este último hecho nos despertó a todos y nos animó a darnos cuenta de que los represores son de carne y hueso, que están entre nosotros, y que eso no puede ser. Esto motivó lo que es quizás el mayor aporte que HIJOS ha hecho a la dinámica de la protesta social en el país: el escrache. 
Los HIJOS sumamos al reclamo de los distintos organismos de Derechos Humanos la reivindicación de la lucha revolucionaria de los desaparecidos, pero también pusimos el acento en la reconstrucción del tejido social y en la generación de la condena social a los represores para que la sociedad toda sienta como propia la herida abierta producto del terrorismo de estado.
Estos 17 años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Ya que entendemos que el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia para poder seguir denunciando la impunidad de la violencia institucional es una premisa básica que no todos parecen aceptar.
 El plan criminal que en los ´70 secuestró y desapareció a 30.000 compañeros tiene un nombre preciso, y se denomina Genocidio. La realidad confirma que en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el genocidio aplicado por la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del modelo. Se ha reformulado el concepto de la doctrina de la “seguridad nacional” por el de políticas de “control social”. Pero estos conceptos son sólo dos caras de la misma moneda, y tienen como fin amedrentar y disciplinar a la clase de cuyo seno nace la resistencia a las políticas de desigualdad y exclusión social.
 La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.
Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de dobles discursos en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir los dineros del estado.
 Hoy, tras 8 años y medio de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 68 juicios orales con sentencia en todo el país. Sólo alrededor del 15 % del total de procesados desde 2003 fue castigado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 388 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad; además de haber 36 represores prófugos de la justicia y 290 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o condenados pero con procesos pendientes. En La Plata se condenó a sólo 20 represores en 6 años de juicios, para una estructura represiva de al menos 12 Centros Clandestinos de detención donde actuaron miles de genocidas.
 Así, estos procesos reproducen la impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, mientras el conjunto de miembros de las FFAA, Seguridad e Inteligencia quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos.
 Ante esta coyuntura, los HIJOS seguimos exigiendo la reparación del daño histórico que causó la dictadura y su plan económico. Pero no sólo requerimos el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices políticos, civiles y religiosos, la nulidad de los indultos a los asesinos uniformados, la restitución de nuestros hermanos apropiados, la apertura de todos los archivos de la represión y la preservación de los CCD para la investigación sobre lo que allí ocurrió, sino que también pretendemos que el cúmulo de injusticias sociales al que hoy asistimos sea resuelto.
Ese grito de los 30.000 compañeros que hace más de 36 años pedía un mundo más justo y mejor para todos, hoy renace en cada uno de nosotros. Con la fuerza de creer que se puede luchar por y para todos, levantamos sus banderas y las hacemos nuestras.
Porque creemos que los Derechos Humanos son cosas de todos los días, y mientras exista impunidad y se sigan violando los derechos políticos, económicos y sociales, seguiremos la lucha. Y si no fuera así, invitamos a aquel que vea que estos factores que analizamos se han modificado, que nos diga acaso con qué lente mágica observa la realidad.

 
 
HIJOS La Plata - 17 años de lucha

No olvidamos - No perdonamos - No nos reconciliamos.
Seguimos reivindicando la lucha de nuestros viejos.
Juicio y castigo a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros.
Restitución de nuestros 400 hermanos apropiados.
Juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga.
 HIJOS La Plata...





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Amenazan a la hija de testigo protegido
 
"Mi hija y su marido se disponían a tomar mate y en el portón alcanzaron a ver un sobre; pensando que era una boleta de servicio la fueron a buscar y al abrirla se encontraron con la amenaza de muerte: Esta es la segunda, la tercera no la contás", decía la nota hecha con recortes de diario que le dejaron en el portón de la casa.
Según le expresó la hija, en la noche del domingo vio a un automóvil que estaba estacionado en inmediaciones a su domicilio y lo llamativo fue que era una zona oscura; estuvo por varias horas estacionado en el lugar, aclaró Ayala.
El sobre fue encontrado en la mañana del miércoles, agregó y aseguró que está preocupado por su familia, no por él, y por eso se llegó hasta el Escuadrón 16 Clorinda de Gendarmería para radicar la denuncia de este tema y declarar ante quienes corresponde. Ya no me voy a echar para atrás, es mas estoy arrepentido de no haber contado antes y a lo mejor hubiese sido importante mi aporte para esclarecer otros hechos más, dijo. 
 
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BUSCAN ACUSAR POR ASESINATO A LOS DOS REPRESORES IMPUTADOS EN EL JUICIO ABO

La prueba de los “traslados”

Los fiscales intentan establecer jurídicamente que el “traslado” significaba la muerte para lograr condenas por asesinatos. Tres sobrevivientes testificaron cómo vivieron los momentos finales de sus compañeros.
Por Alejandra Dandan
¿Qué eran los traslados? ¿Cómo se vivían en los campos de detención? ¿Cómo eran los procedimientos? ¿Y los mecanismos de selección de prisioneros? Algunas de estas preguntas están nutriendo en estos días el segundo juicio por los crímenes del circuito Atlético, Banco, Olimpo. ¿Es posible emparentar los traslados jurídicamente con los homicidios? Durante la mañana de ayer, tres sobrevivientes reconstruyeron las dinámicas específicas de esos procedimientos a la luz de la reconstrucción que intenta hacer la fiscalía federal para demostrar que el asesinato formó parte del camino que se iniciaba con el secuestro y los interrogatorios. Esto permitirá repensar el lugar y las calificaciones legales de quienes intervinieron como represores en los centros clandestinos del circuito, entre ellos los dos imputados en esta causa.
A Mariana Arcondo la secuestraron “un día antes” del comienzo del Mundial de Fútbol de 1978, exactamente el 31 de mayo, explicó. Vivía en la parte de atrás de una casa de Ituzaingó con su compañero Rafael Tello, trabajador de los astilleros HR, de San Fernando, y sus tres hijos. A las cuatro y media de la tarde, cuando los chicos volvieron de la escuela, ella se sorprendió al escuchar al de cuatro años y medio:
–¿Papá? –preguntó.
–No llegó –le dijo la mujer–, hoy se iba a marcar el terreno.
–No –dijo el niño–, a papá lo mataron.
“Yo me quedé de una pieza, pero seguí, los metí adentro de casa y les serví la leche para continuar con nuestro día y esa frase de mi hijo.” Su compañero no estaba muerto, pero aunque ella no lo sabía, a esa hora estaba secuestrado. Lo habían levantado cinco minutos antes del horario de salida del astillero, con su hermano y otros compañeros. Pero eso es parte de otro juicio. Aquí recordó su secuestro y la convicción de haber escuchado dentro del campo El Banco los nombres de los dos acusados: Pedro “Calculín” Godoy y Cacho Feito, el policía y el militar. También habló de los “traslados”.
¿Cuándo se hacían los traslados?, preguntó el equipo de la fiscalía de Alejandro Alagia y su ad hoc Gabriela Sosti. ¿Qué significación tenía para ustedes?, quisieron saber. “Cuando yo llegué al Banco, no los conté, pero éramos algo así como 60 o 70 personas, más la troupe de represores, y cuando salí (16 días después) eran 150: en el ínterin había traslados y liberados. Me parecía que el lugar era como una gran ballena: abre la boca y se llena de mar con un montón de bichitos y la ballena selecciona qué se queda y el resto se va: eran muchos los que estaban y después los mataban.”
La pregunta volvió a escucharse cuando declaró Rufino Almeida: ¿Cuántos traslados presenció?, le dijeron. “En el tiempo que estuvimos nosotros, hubo gente que fue liberada, pero a fines de junio hubo un traslado importante”, explicó. ¿Cómo se instrumentaban? “Yo escuchaba que iban llamando y los iban llevando a algún lugar. Para decirlo como en la vida cotidiana, era como que se los entrevistaba y ahí se les decía y se les preguntaba cosas. Esto muestra que había una metodología sistemática, con roles sobre qué hacía cada uno: yo soy carpintero y en una carpintería cada trabajador se encarga de la parte de un mueble, hay una organización sistematizada para hacer el producto”, explicó.
Rufino incorporó en esa escena a uno de los acusados: Calculín. “Así como el Turco Julián se jactaba de lo que hacía o Colores se jactaba de haber inventado la picana automática, Calculín se jactaba de que era Dios y podía decidir la vida y la muerte.” En su testimonio, Calculín aparece como el encargado de evaluar a quienes iban a ser trasladados, hacía el trabajo de coordinación: “Tenía los datos o porque se los pasaban desde arriba o porque los conseguía horizontalmente”. De todas formas, los fiscales entienden que más allá del lugar que asumió cada uno de los represores dentro del centro clandestino, todos integraron un mecanismo que les permitía saber y participar de la cadena que conducía al asesinato de las víctimas.
Isabel Cerutti estuvo secuestrada entre el 22 de julio de 1978 y el 29 de enero de 1979. “Hacía dos días que me habían secuestrado cuando escuché por primera vez la palabra traslado”, explicó. “Me enteré de que a fines de junio había habido uno grande; que se habían llevado a varios compañeros y que esos compañeros eran boleta.” Luego observó que cuando llamaban sólo a una persona, no sucedía lo mismo que cuando lo hacían en grupos, una dinámica que parecía hablar de las liberaciones. “Pero yo viví –enfatizó– lo que era el traslado: en ese momento no llegaba la comida a horario y por esos días no se acercaba nadie a hablar con nosotros. Después aparecía alguien con una lista y llamaban por la letra y el número. Se armaba una fila y todos esperaban. Desde allí los llevaban al sector de incomunicados y les decían que se iban a una granja.” En la situación de la fila, “hacían apoyar el brazo con el hombro del compañero de adelante porque supuestamente nadie veía, pero en el fondo de cada uno de nosotros, aunque algunos se lo quisieran negar, sabíamos que estos compañeros iban a ser asesinados. De hecho ahora sabemos que estos compañeros fueron asesinados, por supuesto no están desaparecidos, sino que los mataron, ahora tenemos la corroboración porque aparecieron cuerpos que están identificados. Para mí ésa fue una situación terrible: en mi recuerdo es como escuchar los gritos de la tortura”.

Fuente: Pagina 12--
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Declararon exsindicalistas, pero no identificaron a los represores imputados

Continuó el juicio por la causa Harguindeguy. Los tres testigos, integrantes de la comisión directiva de Luz y Fuerza fueron detenidos por Gendarmería en 1976. Sólo uno de ellos recordó que el sindicato fue intervenido dos meses después de su detención.

Se cumplió la cuarta jornada de la etapa de testimoniales.
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Se cumplió la cuarta jornada de la etapa de testimoniales.

Fuente: UNO/Juan Ignacio Pereira
Luciana Actis/ De la Redacción de UNO

Se desarrolló la cuarta jornada de la etapa de testimoniales del juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.

Este miércoles prestaron declaración Carlos Julián Cáceres, Carlos María Urquiza, y Héctor Raúl Respaud, exintegrantes de la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay. Los tres fueron detenidos el 26 de mayo de 1976 en sus lugares de trabajo, por personal de la Gendarmería Nacional.

Antes de dar lugar a las declaraciones, el Tribunal -compuesto por Lilia Carnero (presidenta), Noemí Berros, y Roberto López Arango- hizo lugar al pedido de la Fiscalía, que solicitó que en el transcurso del proceso penal se prescinda de las declaraciones de los testigos Alberto Churruarín, Aldo Bachetti, Jorge Obeid, Luis D' Elías, Alicia Ballesteros de D'Elías, Juan Carlos Dezan, Cristela Godoy, Alicia Beatriz Dasso, Alfredo Ghiglioni, Alicia Ángela Ferrer, Fernando Caviglia, Jorge Taleb, Luis María Sotera, Manuel Ramat y María del Rosario Badano, todos ellos convocados en el marco de la Causa Nº 2138/11 “Valentino, Juan Miguel y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Gualeguaychú). El pedido no tuvo objeciones por parte de la querella ni la defensa.

Luego, el Tribunal llamó a los testigos a prestar declaración. Cabe destacar que todos ellos lo hicieron a través del sistema de videoconferencia, desde Concepción del Uruguay. El inicio de las declaraciones se vio retrasado durante varios minutos por inconvenientes técnicos en la transmisión.

Luego de que los problemas fuesen parcialmente solucionados, fue el turno del testimonio de Carlos Julián Cáceres, quien señaló que no conoce a ninguno de los imputados; a saber, Julio César Rodríguez, Francisco Crescenzo, Albano Harguindeguy, y Juan Miguel Valentino.

Cáceres detalló que fue detenido el mediodía del 26 de mayo de 1976, mientras estaba en su puesto de trabajo en las oficinas de EPEER: “Vino Gendarmería y me subió a un camión, en total éramos ocho los detenidos, y nos llevaron a su delegación. Allí nos hicieron un prontuario, y al día siguiente, vino el Ejército, y nos trasladó en un colectivo hasta la Unidad Penal Nº4, donde estuvimos detenidos unos 17 días, aproximadamente”.

Por otra parte, manifestó que no fue víctima de maltratos físicos. “Solamente, mientras nos tuvieron en Gendarmería nos acusaron de comunistas. Yo les aclaré que, por mi parte, fui peronista toda la vida”, señaló.

Por otra parte, dijo que jamás les explicaron las causas de su detención. Según su testimonio, mientras estuvieron en prisión, él recibió “una o dos” visitas de su familia, y que “el trato en la cárcel fue bueno”.

Consultado sobre las otras personas que estuvieron detenidas con él, Cáceres mencionó a Roberto Giles (fallecido), Carlos María Urquiza, Héctor Raúl Respaud, Juan Eduardo Cassaretto, Jorge Guillermo Aldaz, César Rubén Árrigo (fallecido) y otro de apellido Urquijo, todos ellos, integrantes de la comisión directiva del sindicato.

Por último, aclaró que el día previo a su liberación, el teniente coronel Raúl Schirmer los convocó a una reunión, donde les aclaró que su la detención no afectaría el buen nombre de ninguno de los ocho, y les entregó un certificado en el que se los declaraba libres de culpa y cargo.

Al final de su testimonio, la doctora Carnero le preguntó acerca de unos panfletos sobre la obra social de Luz y Fuerza, que los detenidos habrían repartido días antes a ser privados de la libertad, y que Cáceres habría mencionado durante la etapa de Instrucción. Pero el testigo señaló que no recordaba nada al respecto.

Más tarde, fue el turno de Carlos María Urquiza. Este testigo señaló que no conoce a los imputados, y que fue detenido por Gendarmería el mismo día que Cáceres, mientras estaba en la Central Eléctrica de Caseros. De allí fue llevado a la Jefatura y, de allí, lo llevaron en camión hasta las oficinas centrales de EPEER, donde detuvieron a otros compañeros de trabajo.

En coincidencia con el anterior testigo, Urquiza manifestó que los ocho fueron trasladados a la delegación de Gendarmería en Concepción del Uruguay, y que los dejaron parados en el patio durante varias horas. Luego los interrogaron, “más que interrogarnos, nos acusaban de subversivos”, aclaró. “Después nos llevaron a una sala y nos quisieron hacer firmar una declaración, pero nos negamos. Entonces nos dieron algo de comer, unas colchonetas, para que nos tiremos. Esa noche, ninguno pudo dormir, porque los guardias caminaban todo el tiempo, pasaban sobre nosotros, y hacían ruidos con las armas”.

Continuando con su relato, el testigo explicó que a la noche siguiente personal del Ejército los trasladó a la UP 4, donde estuvieron alojados -según su versión- unos 13 o 14 días, en una celda para mujeres, que estaba vacía. Al igual que Cáceres, señaló que allí no recibieron castigos ni torturas.

Además, confirmó que previo a su liberación se reunieron con Schirmer, quien los arengó; “nos dijo que sigamos así en nuestra conducta como gremialista”, recordó.

Consultado por la querella acerca de si vio a algún otro preso político, el testigo respondió que no vio a nadie, ya que estaban aislados del resto.

Tras un breve cuarto intermedio, Héctor Raúl Respaud brindó su testimonio vía videoconferencia. El testigo -en concordancia con los otros- expresó que no conoce a los imputados y que fue detenido el 26 de mayo de 1976, aproximadamente a las 11 de la mañana, mientras trabajaba en un taller de EPEER.

Señaló que, luego de ser detenido por gendarmes, fue trasladado en un camión hasta la oficina central de EPEER -sita en calle 25 de Mayo, de Concepción del Uruguay-, donde detuvieron a otros compañeros. También coincidió con los datos aportados por los dos testigos anteriores, al enumerar a los otros siete detenidos.

Señaló que, luego de su paso por la Gendarmería, quedaron incomunicados y alojados en la UP 4, y que nunca les comunicaron los motivos de su detención. Por otra parte, acotó que el dia anterior “habíamos tenido reunión común y silvestre con el resto de la comisión directiva del gremio”, y añadió que tenían problemas con la obra social, que había cortado sus prestaciones, por lo cual emitieron un comunicado en que informaban sobre la situación al resto de los afiliados.

Asimismo, señaló que supone que hubo una denuncia por parte del Jefe de Distrito de EPEER, lo cual podría haber sido el causal de su detención.

Finalmente, dijo que durante las dos semanas que estuvo en la UP 4, recibió visitas en dos oportunidades. Y que dos o tres días antes de ser liberados, Schirmer les dió a todos un certificado en el que se los declaraba libres de culpa y cargo. También reforzó el testimonio de Urquiza, quien había mencionado que Gendarmeria les intentó hacer firmar una declaración.
 
Por último, señaló que dos meses después de su lieración, el Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay fue intervenido por un teniente coronel del Ejército, cuyo nombre no pudo recordar.
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Brindaron escasos datos sobre su cautiverio y el funcionamiento de la entidad gremial durante la dictadura Causa Harguindeguy:
 
declararon ex integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza que estuvieron detenidos en la UP Nº4
 
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Uno de los testigos vinculó la detención con la distribución de un boletín sobre la mutual.
Ex integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay prestaron testimonio -mediante videoconferencia- en el juicio oral y público por la Causa Harguindeguy. Carlos Julián Cáceres, Carlos Urquiza y Héctor Raspaud refirieron a su detención el 26 de mayo de 1976 por parte de personal de Gendarmería Nacional. Sin brindar precisiones, señalaron que estuvieron unos 17 días en la Unidad Penal Nº 4, tras lo cual fueron liberados bajo los “consejos” del teniente coronel Raúl Schirmer. Remarcaron que no fueron informados sobre el motivo de su detención ni recibieron asesoramiento legal. “Nos querían hacer una declaración, pero ya estaba escrita. Nos dijeron que la firmáramos y nosotros nos negamos”, relató Urquiza. Por su parte, Raspaud estimó que podrían haber sido denunciados “por la distribución de un boletín informando asuntos de la mutual”. Meses después de la detención el Sindicato fue intervenido por el Ejército. El debate se reanudará este jueves desde las 10, en la sala de audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Por Betiana Spadillero Gaioli, de ANALISIS DIGITAL

Ante el Tribunal Oral Federal de Paraná -integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango y Noemí Berros- prestaron testimonio tres ex detenidos políticos, que formaban parte de la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay.

En este expediente -que se acumula a los de Concordia y Gualeguaychú- están imputados Albano Harguindeguy, Francisco Crescenso, Julio César Rodríguez -alias Moscardón Verde- y Juan Miguel Valentino. Además estaba procesado Darío Mazzaferri, agente de la Policía Federal que desde 2007 está prófugo y tiene pedido de captura internacional.

“Nos acusaban de ser comunistas”

El 26 de mayo de 1976 Carlos Julián Cáceres fue detenido, junto a otros siete compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza, por Gendarmería Nacional. Eran aproximadamente las 11 cuando los trasladaron en un camión hasta el Escuadrón Nº 6. “Allí nos llenaron el prontuario, con nuestras actividades y lo que hacíamos en el sindicato”, señaló.

Al día siguiente, fueron trasladados por personal del Ejército a la Unidad Penal Nº 4, donde estuvieron 17 días en el pabellón de las mujeres, “que estaba desocupado”. Según indicó, durante su detención no sufrió torturas, sólo apuntó que los “acusaban de ser comunistas” y él les aclaró a los uniformados “que era peronista de toda la vida”.

Si bien escuchó que había otros detenidos de diferentes ciudades entrerrianas, aclaró que no los vio y que sólo compartió celda con otros trabajadores del gremio.

Cáceres relató que al momento de dejarlos en libertad, primero los llevaron al Ejército donde hablaron con Schirmer. Durante esa reunión, les explicó que “cumplía un mandato” y les indicó que se presentaran a trabajar al otro día

El testigo no aportó datos certeros, sino que redundó en sus respuestas. Manifestó que al momento de la detención Gendarmería no tenía una orden y que nunca pudo saber la razón de ese procedimiento. Tampoco recordó si se le ofreció atención médica o el asesoramiento de un abogado.

Interpelado por el abogado querellante Marcelo Boeykens, negó tener conocimiento sobre la difusión de panfletos en contra de la dictadura ni sobre la posterior intervención de la entidad gremial. De hecho, contó que luego decidió renunciar. “Amenazas no recibí nunca”, afirmó, ante la pregunta del Tribunal.

“Schirmer nos hizo una arenga”

Urquiza estaba realizando tareas de mantenimiento cuando lo llamaron por el teléfono interno para que se presente en la oficina del jefe. Cuando ingresó, se encontró con personal de Gendarmería Nacional, que lo trasladó al regimiento en un camión de la fuerza. Primero pasaron por las oficinas de la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER) donde aprehendieron a otros compañeros de trabajo.

Al llegar permanecieron durante varias horas en un patio -de pie mirando la pared. “A la tarde nos pusieron en una sala y nos hicieron preguntas. Nos querían hacer una declaración, pero ya estaba escrita. Nos dijeron que la firmáramos y nosotros nos negamos. Entonces nos llevaron a otra sala, donde pasamos la noche”, relató. Asimismo, mencionó que esa noche “prácticamente” no pudieron dormir: “La guardia caminaba sobre nosotros y hacía ruido con las armas”, describió.

Posteriormente, los trasladaron a la UP Nº 4, donde estuvieron “unos 13-14 días”. El testigo refirió también al encuentro con Schirmer. “Cuando estuvimos ahí nos hizo una arenga sobre la conducta que teníamos que tener en el trabajo y en la actividad gremial. Y después de eso nos aconsejó y nos dijo que nos dejaba en libertad”, manifestó.

Consultado sobre si le explicaron los motivos de la detención, sostuvo que nunca recibieron esa información. “Nunca estuve en política, siempre en la parte gremial”, aclaró. En esa línea, no supo decir si había otros detenidos en el penal, sobre todo, por razones políticas.

Urquiza se reintegró al sindicato al día siguiente. Durante su declaración desestimó que la entidad haya sido intervenida por las fuerzas de seguridad.

Raspaud vinculó la detención con la distribución de un boletín

El último testigo de la jornada relató el momento de la detención por parte de Gendarmería Nacional, el 26 de mayo de 1976. “Nos tomaron los datos personales y estuvimos en la delegación como un día y medio. Después nos trasladaron a la cárcel”, narró.

Días más tarde, Schirmer “les hizo una arenga” y luego fueron liberados. “Nos dieron un certificado de libres de culpa y cargo”, agregó, remarcando que ellos se negaron a rubricar algún documento. “No quisimos firmar la declaración. No sé lo que decía”, indicó en relación a la noche en que ingresaron al Escuadrón Nº 6 de Gendarmería.

Interpelado sobre el motivo de la detención, Raspaud sostuvo que no recibió explicaciones aunque estimó que se debió a una denuncia del “jefe de distrito por la distribución de un boletín informando asuntos de la mutual”. En esa línea, señaló que la entidad sindical fue intervenida a los 2dos o tres meses, por orden del Ejército”.
 
 
 
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Dictaron falta de mérito para una expolicía rosarina imputada por robo de bebés

El juez Zonis desvinculó a Norma Ramos de la apropiación del hijo varón de la detenida-desaparecida Raquel Negro. Había sido indagada como partícipe necesaria.
UNA FOTO DE RAQUEL NEGRO EN LA PUERTA DEL JUZGADO FEDERAL. (FOTO: UNO/JUAN IGNACIO PEREIRA) UNA FOTO DE RAQUEL NEGRO EN LA PUERTA DEL JUZGADO FEDERAL. (FOTO: UNO/JUAN IGNACIO PEREIRA)
El juez federal Gustavo Zonis dictó la falta de mérito para Norma Pilar Ramos, quien se encontraba imputada por su presunta participación en el robo del hijo mellizo varón de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Se trata de una expolicía rosarina que durante la dictadura se desempeñaba como celadora de Minoridad.

El juez emitió su resolución el 17 de abril respeto de los hechos por los cuales la mujer fue indagada, es decir la sustracción y sustitución de identidad del recién nacido varón, mellizo de la nieta recuperada Sabrina Gullino Valenzuela Negro, en calidad de partícipe necesario, pudo determinar UNO.

Ramos, quien estuvo todo el tiempo que duró su imputación en libertad, se desempeñaba en la Alcaidía de Minoridad de Rosario en la época de los hechos. Se sospechó que su intervención habría consistido en recibir al niño en su casa, hacia donde habría sido trasladado desde el Instituto Privado de Pediatría de Paraná, y entregarlo al apropiador.

Quien mencionó a Ramos en el expediente “NN Facundo” fue el testigo Oscar Natalio Kopaitich, quien afirmó que ella entregó el bebé a Paul Navone, quien se desempeñaba como integrante del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, en su sección Paraná, y actuaba en el Hospital Militar. Navone se suicidó en febrero de 2008.

ADN negativo
El juez recibió días pasados un informe del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que confirmó que el hijo de Ramos es su realmente hijo biológico. La mujer, durante su primera declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Paraná, había propuesto a Zonis someterse a una prueba de ADN para demostrar su maternidad; el juez había aceptado realizar el examen, aunque no estaba investigando puntualmente si ella se había quedado con el bebé varón nacido en el Hospital Militar de la capital entrerriana en marzo de 1978.

El informe del BNDG indica que, de acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra hemática de Ramos, la expolicía tiene una probabilidad de maternidad del “99,9998%” respecto de la muestra de su hijo.

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Lucena prefirió el silencio, mientras que Rauzzino dijo que no existía la subversión

En la segunda jornada del juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia, declaró un familiar de uno de los desaparecidos.
 
 
 
 
Lucena prefirió el silencio, mientras que Rauzzino dijo que no existía la subversión
Rauzzino declaró por más de dos horas.
“Nunca torturé ni secuestré a nadie, luché por mi patria en las Malvinas y juro ante Dios y mis cuatro nietos que no soy un delincuente, y que es injusta la situación que estoy viviendo”, declaró en medio de sollozos el ex jefe de la policía de Catamarca, Juan Daniel Rauzzino, imputado por la desaparición física de Genaro Burgos y Griselda Ponce, ocurrida en diciembre de 1976. Por su parte, el militar retirado Carlos Alberto Lucena (83), guardó silencio, aunque se incorporó por lectura, la declaración vertida durante la etapa instructoria, y tres testigos fueron citados. El debate se reanudará hoy, desde las 9.
Con una hora de retraso, ayer, a las 10 de la mañana, el presidente del Tribunal Oral Federal Juan Carlos Reynaga abrió nuevamente el debate después del cuarto intermedio dictado el lunes. En el segundo día, se incorporó al 4º Juez sustituto, Carlos Jiménez Montillo, oriundo de Jujuy.
El momento más esperado por los familiares y grupos de Derechos Humanos que siguen el juicio desde el primer día, fue cuando Reynaga concedió la palabra al defensor de los imputados, Lucio Montero, para dar lugar a la etapa indagatoria. En principio, el defensor dijo que Lucena, ex jefe del Regimiento de Infantería 17, se abstendría de prestar declaración, y posteriormente se introdujo por secretaría la lectura del testimonio brindado ante el Juez Federal Ricardo Antonio Moreno, en la etapa de instrucción de la causa, con fecha 28 de febrero de 2008.

Nunca hubo detenciones
 

Lucena está acusado de la “desaparición forzosa de personas” en concurso real con “asociación ilícita”, por los secuestros de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda.
Algunos de las citas textuales de la declaración indicaban que “nunca recibió una muestra de la actividad subversiva en Catamarca” y que en el Regimiento no existían unidades especiales de inteligencia para detectar movimientos subversivos. Negó que haya existido un plan de exterminio “contra ellos”.
El represor manifestó que la Unidad del Regimiento sólo se reducía a los registros domiciliarios que contaban con el propio permiso de los propietarios para llevarlos a cabo. Ningún procedimiento podría filtrarse sin órdenes del Jefe, ante lo que adujo: “Mi Regimiento nunca realizó una detención civil, ni hubo lugares de detención”.
En el final del relato afirmó “niego y desconozco el hecho por el que se me investiga - en relación al secuestro de Yolanda Borda- no conozco a la niña, ni a su familia”, sentenció.
“Voy a declarar”
El ex jefe de policía, Rauzzino, comenzó lacónicamente su indagatoria ante los jueces y las partes del debate, partiendo de que de los tres hechos que se denuncian en la causa, sólo es investigado por uno de ellos.
Rauzzino se hizo cargo de la jefatura de la Policía el 13 de mayo de 1976, hasta diciembre de ese mismo periodo, cuando se plasmaron las desapariciones de Genaro Burgos y Griselda Ponce, ocurridas en diciembre de 1976. Durante ese lapso, en Catamarca “no había existido acción alguna contra la subversión, y tampoco acciones subversivas de ningún tipo”, dijo.
“La guerra contra la subversión era una política militar y no de la Policía”, indicó el imputado y añadió que recibió una “orden verbal” del General Lucena de no involucrarse en estas acciones durante una reunión informal.
En lo extenso de su declaración, que duró más de dos horas, el ex jefe de Policía recalcó que en Catamarca no existió subversión, y atribuyó a los movimientos sindicales que se realizaban en la vecina provincia de Tucumán, como los propulsores de actividades dirigidas a la provincia. “Eran secuestradores foráneos, que podrían haber ingresado a la provincia sin conocimiento de las autoridades”.
Apuntó a tres hechos que involucró a los comprovincianos: la masacre de Capilla del Rosario, cuando aún no era jefe, la detención de dos hermanos tucumanos que robaron automóviles de la policía cuando ya prestaba servicios en la Policía, y finalmente la expulsión de mendigos tucumanos hacia Catamarca en 1977, orquestada por el entonces general tucumano Antonio Domingo Bussi, cuando el militar era gobernador de esa provincia.
En la instancia final de su alocución, Rauzzino habló con satisfación de su periodo como jefe de la policía durante la dictadura militar “Me dediqué de lleno a mis funciones, a mi personal que fue orgullo de Catamarca. Compré armamentos, provisión y uniformes, construí la Escuela de Policía, el Círculo Policial. ¿Usted cree que hubiera tenido tiempo de dedicarme a otra cosa?”, interpeló al tribunal y seguidamente con el tono de voz entrecortado por el llanto, expresó: “Nunca torturé ni secuestré a nadie, luché por mi patria ante Las Malvinas, y juro ante Dios y mis cuatro nietos, que no soy un delincuente y que es injusta la situación que estoy viviendo”.
Seguidamente el Tribunal dio lugar a la apertura de preguntas. En esta etapa el represor respondió sobre las desapariciones que se le endilgan y dijo desconocer tales hechos. Puntualmente hizo hincapié en Genaro Burgos. Dijo que le hubiese llamado la atención la existencia de un detenido con ese apellido, con motivo de una larga amistad lograda con una persona del mismo apellido, y desconoció la existencia de denuncias realizadas por las detenciones de Yolanda Borda y Genaro Burgos. “La policía no actuaba en los registros domiciliarios que realizaba el Ejército”, sentenció.

Asociación Ilícita

Rauzzino, dijo desconocer la imputación de asociación ilícita, “jamás me indagaron sobre eso”, señaló.
Previamente, Bernardo Lobo Bugeau, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó al defensor Montero que realice cualquier crítica ante el Colegio de Abogados de la provincia. Hizo esta mención a raíz de una solicitada que publicó en los medios con respecto a la apelación del delito de “asociación ilícita” sobre la que había planteado nulidad en el primer día.

Los testigos

“Los levantaron de la cama, los pusieron en filas y se llevaron a Yoli”

En la segunda jornada se presentaron tres testigos, uno de ellos, bajo la modalidad de video conferencia que se realizó desde el concejo de la Magistratura de Buenos Aires. Fue el más conmovedor de los relatos, debido a que se trataba de un hermano de la joven secuestrada en Belén, Nely Yolanda Borda.
Su hermano recordó lo ocurrido el 27 de enero de 1977, cuando por sus padres tomó conocimiento del episodio. “Fue una desesperación total, jamás en la vida pensamos en eso. Vivíamos en un pueblo tranquilo”.
De acuerdo al relato que le brindaron sus otros hermanos, ya que él no se encontraba en la vivienda de sus padres esa noche, varias personas encapuchadas y armadas irrumpieron en la vivienda, los levantaron de la cama y los pusieron en filas. Después empezaron a preguntar el nombre de cada uno, y cuando “Yoli dijo su nombre, la sacaron de ahí”. dijo.
El hombre relató que después de la detención se dirigieron a la comisaría para empezar con las averiguaciones, pero allí nadie sabía nada, como tampoco en el municipio. Fue a través de un primo que cumplía funciones en el ejército que lograron averiguar que la detención fue llevaba a cabo por los militares. “Nos dijo que nos quedáramos tranquilos”.
“Había comentarios de lugareños que había despliegue de militares por la zona, pero yo no vi nada”, manifestó.
El siguiente testigo en prestar declaración, fue un hombre que trabajó en un taller de un ex policía -también citado a declarar- que le suministró el vehículo en el que Burgos se movilizaba antes de ser emboscado y secuestrado. El hombre manifestó que en el taller del policía, era común observar al Capitán Darío Otero Arán, una de las personas también cuestionadas por la desaparición de personas en la dictadura.
Finalmente, el último en comparecer al estrado, fue justamente el mencionado policía, un hombre de 67 años que en la actualidad cuenta con el mismo taller para arreglar. El testigo mencionó que fue él quien le prestó la camioneta Sian Argento a Francisco Ponce, quien le mencionó que la necesitaba de urgencia porque su madre estaba internada.
Luego se enteró de que en esa camioneta Ponce había sido secuestrado. El testigo mencionó que cuando fue a retirar el vehículo en la comisaría segunda, una persona le dijo que en ese rodado habían emboscado y detenido a alguien y poco después un oficial de la policía le confesó: “vos te salvaste por un pelito, yo estaba en el móvil policial”, que supuestamente había interceptado a Ponce, previo a su secuestro.
Por último, el sexagenario manifestó que durante el periodo del año 1961-1962, prestó servicios en la policía de la provincia. Y fue reincorporado en el ‘76.
Durante todo ese periodo, el jefe de su división le preguntaba sobre una “cartera negra”, motivo por el que empezó a ser perseguido y amenazado por este hombre que tenía especial curiosidad por ese maletín, del que nunca pudo saber de qué se trataba.


 
 
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Ex represor lloró y se declaró inocente
 
Con una hora de retraso, se reanudó ayer el debate por delitos de lesa humanidad en el Tribunal Oral Federal de esta Capital, donde son juzgados los ex represores Alberto Carlos Lucena, de 83 años, y Juan Daniel Rauzzino, de 77, por las desapariciones y muertes de Francisco Gregorio Ponce, Julio Genero Burgos, Griselda del Huerto Ponce y Nelly Yolanda Borda.
 
Con poco público en el recinto -principalmente familiares de algunas de las víctimas e integrantes de organizaciones de Derechos Humanos-, y con la ausencia de las pancartas y carteles en las afueras del edificio judicial, se inició la segunda audiencia.
Tal como estaba previsto, en primer término el presidente del Tribunal, Juan Carlos Reynaga, le preguntó a Lucena si iba a declarar, pero haciendo uso de su derecho, el ex represor prefirió guardar silencio.
Sin embargo, su versión de los hechos fue escuchada en el recinto a través de su lectura por la secretaría. En líneas generales, en su declaración efectuada el día 28 de febrero del 2007 ante el juez y fiscal federal, manifestó que estuvo al frente del Ejército desde 1975 hasta 1977, y que durante su periodo no se realizaron allanamientos, sino registros domiciliarios y controles de ruta.
Explicó que el registro domiciliario era autorizado por el propietario del inmueble en cuestión, tras lo cual se labraba un acta, en la que quedaba constancia del trato y del trabajo realizado.
Al ser consultado sobre la desaparición de Ponce y Burgos, respondió que no tenía conocimiento, porque seguramente la denuncia fue realizada en la Policía. Indicó que nunca hubo detenciones porque no era facultad del personal del Ejército.
El setiembre del 2009, Lucena amplió su declaración respecto del caso de la desaparición de Nelly Yolanda Borda, pero de igual manera el ex represor dijo desconocer la desaparición de esa niña, a quien no conocía ni vio en su vida. Agregó que solo una testigo se refirió a la presencia de efectivos el día de la desaparición de Borda, pero que curiosamente ella no se encontraba en la provincia.
Seguidamente y por más de dos horas, Juan Daniel Rauzzino, ex jefe de la Policía de Catamarca en la época del proceso, se sentó ante el tribunal y relató su versión
Fuente: La Uniion
 
 
 
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ACORDADA

Megacausa: el Tribunal limitará la transmisión en directo de las audiencias

Publicado el 25/04/2012 - A pocos días del inicio de la Megacausa de Derechos Humanos -el 8 de mayo- el Tribunal Oral Federal que integran Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, emitió una acordada para fijar pautas sobre la organización de las audiencias, entre ellas la cobertura periodística. 
En primer lugar, informó que el TOF constituyó despacho en el Salón de Usos Múltiples del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en donde se desarrollarán los debates. En tanto, se autorizó la transmisión en vivo de los siguientes actos del debate: inicio del juicio, alegatos, y lectura de sentencia. Además, se habilitó un lapso al inicio de cada audiencia y otro acto procesal para la obtención de fotografías y filmaciones. 
Además, se dispuso una oficina de prensa para acreditaciones de los periodistas y se estableció un orden de prioridad para el ingreso a la sala: familiares de las víctimas y de los imputados, organismos de derechos humanos, representantes de instituciones públicas y privadas, y por último, público en general, según el cupo asignado. 
Las audiencias serán los días martes, miércoles y jueves a partir de las 9, continuando en horario vespertino, sin perjuicio de que el TOF disponga la habilitación de otros días de ser necesario.
 
Fuente: El Liberal

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miércoles, 25 de abril de 2012


Juicio: una testigo contó cómo perdió su embarazo en cautiverio
María Leyes había declarado antes en otros juicios, pero esta vez se animó a revelar su propia historia. Fue abusada por policías y perdió un embarazo. Otra mujer relató que también fueron torturados sus hijos de 2, 4, 6 y 8 años
Por primera vez en este cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, una testigo narró la pérdida de su embarazo estando en manos de represores, en la última dictadura. María Leyes, quien al momento de ser detenida estaba embarazada, denunció, que tras ser violada por policías, padeció un aborto forzado en el Hospital. Además otro testimonio dio cuenta de una apropiación ilegal de una cabaña en Iguazú y denunciaron una indagatoria violenta a niños de entre 2 y 8 años.
En el anterior juicio no tuvo fuerzas para hacerlo. Ahora en cambio, en este nuevo debate, María Leyes soportó el mal que le provoca recordar la pérdida de su embarazo en pleno cautiverio, una crueldad que hasta el momento se conocía solamente en lo más profundo de la intimidad de esta mujer.
En octubre de 1976 una joven María, estudiante del colegio Santa María, tenía un embarazo cuyo tiempo de gestación no trascendió,  y fue secuestrada para ser trasladada posteriormente a la Jefatura de Policía.
Una vez reducida en el tenebroso edificio de las calles Buenos Aires y Tucumán, la chica de 19 años fue salvajemente abusada sexualmente por efectivos del grupo de tareas de la dictadura.
Ya quebrada casi por completo, la mujer recordó ante el tribunal que tras el vejamen comenzó a sufrir pérdidas y posteriormente fue derivada al Hospital Madariaga donde perdió su embarazo.

Tortura psicológica a niños
Antes de ser detenida y llevada a la comisaría de Jardín América, en pleno día de la madre, Lourdes Langer ya comenzó a padecer de la peor manera al ver cómo sus pequeños hijos eran indagados violentamente por los policías.
“A mis hijos que entonces tenían 2, 4, 6 y 8 años le preguntaban por las armas, adónde las ocultábamos supuestamente”, relató Langer.
A su turno, la testigo Ana María Macchi contó que fue privada de su libertad, en circunstancias en que trabajaba en el Parque Nacional Iguazú. Junto a una pareja, Ana María fue detenida y llevada de la cabaña que habitaba.
Estando con los ojos vendados, y tras varias sesiones de tortura en el departamento de información, la mujer fue obligada a firmar la sesión de la cabaña, ubicada a la vera del río Iguazú.
El tribunal solicitó a la fiscalía investigar, además de ambas denuncias, las detenciones de un sacerdote denominado “tercermundista” en la Jefatura como así también la de una mujer embarazada que aún permanece desaparecida.
“Era una abogada paraguaya, estaba con unos meses de embarazo y recuerdo que caminaba todas las noches por los pasillos de la Policía”, relató Macchi.
Además de Langer, Leyes y Macchi, declararon ante el tribunal federal Juana Hidalgo, José Leiva, José López y Luis Olmos. Son juzgados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en la Jefatura de policía, Felipe Giménez, Carlos Herrero, Julio Amarilla, Carlos Pombo y el ex médico Roque Mendoza.

 
 
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QUIEREN QUE SE INVESTIGUE ORIGEN DE AMENAZAS 

Ahora insisten con protección a Jorge Carlos Ayala y a toda su familia



También se requirió que se investigue desde donde provienen las amenazas y quienes las efectúan para que sean debidamente procesados y castigados. 



El Defensor del Pueblo interpuso ante la Justicia Federal, en el expediente Nº 340 "año 2012- caratulado "Actuaciones relacionadas con el expediente Nº 200/06 Carrillo Fausto Augusto s/ desaparición forzada", que se tramita ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Dr. Marco Bruno Quintero, Secretaria Penal de Turno, una petición de medida de protección de testigos para que se ordenen, con carácter urgente, las medidas de hecho y de derecho que tengan por objeto proteger la integridad psicofísica del ciudadano Jorge Juan Carlos Ayala, como asimismo para todo su grupo y entorno familiar.

FOTO: Formosa 24
Desde el -Área de Derechos Humanos- de la Defensoría del Pueblo se peticiono tal protección en atención a que el citado ciudadano fue testigo, en su momento, del fusilamiento de personas en la jurisdicción de la Provincia de Formosa, y en donde en la actualidad ha sido amenazado personalmente como así también toda su familia, teniéndose en cuenta que la semana pasada en horas de la mañana, su hija y su núcleo familiar fueran amenazados de muerte, a través de una nota escrita contenida en un sobre, formada con recortes de letras de diarios que encontraron en la puerta de su domicilio particular, sito en el Bº 1 de Mayo de la Ciudad de Clorinda.

Dicha petición ya había sido instada oportunamente, por el Ombudsman Provincial al Sr. Ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Nación, Dr. Julio Cesar Alak, peticionándosele "la mayor de las garantías para la persona y familiares del ex conscripto Jorge Juan Carlos Ayala quien al aseverar estar dispuesto a aportar datos relevantes sobre -formoseños desaparecidos- en la época del proceso militar fuera amenazado". Remarcando el Defensor, "es preciso que las señales de las instituciones sean claras; el Estado Nacional y la justicia deben poner todos los recursos con los que cuenten para que el testigo y su familia reciban la protección posible y debe investigarse ineludiblemente el origen de las amenazas, a fin de llevar a juicio también a sus responsables".

En la Argentina, desde hace 5 años, cuando se reanudaron los procesos por los crímenes cometidos por la dictadura, se sucedieron las amenazas e intimidaciones contra querellantes, funcionarios y especialmente testigos, como Jorge Julio López, de quien no se conoce su paradero desde que desapareció en el 2006, poco después de declarar contra un represor.

La Defensoría del Pueblo a través de su Area de Derechos Humanos reclamó una política pública y estrategia integral de los tres poderes del Estado Nacional y Provinciales de la Argentina contra la impunidad.

Esto se expresó no es únicamente un problema de protección a testigos, se deben acelerar los juicios, unificar causas e impedir maniobras o "chicanas jurídicas", implementadas para retrasar o empantanar estos procesos.

Como muestra de la fallas en el control se menciona el caso del Prefecto Héctor Febres, acusado y quien muriera envenenado en prisión en el 2008 y el del Tte. Crnel. Julián Corres que se fugó en el 2009 del lugar de su detención.

Por ello es que la necesidad demanda que se esclarezcan las amenazas e intimidaciones sufridas por testigos, frente a estos atropellos, hubo un solo caso de arresto por intimidaciones en el 2009 y se trató de Luis Gil, un ex policía y represor de la Provincia de Santa Fe que envió correo electrónicos con amenazas a testigos, querellantes y funcionarios, a los que advertía que serían ejecutados de persistir con los juicios.

En esta línea de razonamiento y atendiendo las graves amenazas que se viene produciendo es que se le requirió al Juez interviniente garantizar la integridad psicofísica del señor Jorge Juan Carlos Ayala y la de toda su familia, quienes residen, por ahora, en la ciudad de Clorinda.

Asimismo la Defensoría del Pueblo que tiene como uno de sus principales objetivos la defensa y protección integral de los derechos humanos, observando y acatando lo dispuesto expresamente en los Tratados Internacionales, nuestra Carta Magna Nacional y Provincial, Leyes de la Nación y demás normas, condena las amenazas dirigidas a la persona y a la familia del Sr. Ayala, repudiando estos cobardes actos.
 
 
 
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Detuvieron en Córdoba al comandante Domato



El comandante Horacio Rafael Domato fue detenido este martes, al abandonar un departamento en Córdoba, tras mantenerse prófugo de la Justicia argentina que lo buscaba por sus vinculaciones con delitos de lesa humanidad. 



El Ministerio de Justicia de la Nación lo había incluido entre aquellos represores por los cuales se ofrecía recompensa; en su caso de cien mil pesos
Fue quien actuó como jefe de los secuestradores y torturadores en el Regimiento 29 de Infantería de Monte de Formosa y responsable de desapariciones, torturas y violaciones en ese período, entre ellos los secuestros de Pancho Bogarín, Cantalicio Mazacote, Mirta Insfran, Ricardo Borgne, Monchi Díaz y Fausto Carrillo.
El juez federal de Formosa, Marcos Quinteros, había emitido un pedido de captura sobre Domato, que está imputado en la causa caratulada ?Carrillo, Fausto Augusto y otros s/ desaparición forzada de personas?. Lo acusan por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad en 32 hechos, agravados por tormentos, y también entregaran recompensas por datos sobre su paradero.
De acuerdo con informaciones extraoficiales y completamente responsables, el represor se había radicado en el Paraguay, dedicándose a la compra-venta de cueros, e ingresaba a la Argentina por el paso de Clorinda, Formosa.
Domato deberá ser trasladado a Formosa para su elevación a juicio oral.
 
 
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