CONVOCATORIA

La Comisión Megacausa Salta 2012, invitan a Ustedes a participar de las actividades que se desarrollaran en el marco del  Juicio por los Crimenes de Lesa Humanidad cometidos contra 34 compañeros salteños durante el terrorismos de estado.

                                Semana del periodista – (del 2 al 8 de junio)

Sabado 02/06 – 08,30 a 18,00 - Mural – en el puente de acceso a la Ciudad Judicial –

A las 12.30 almuerzo a la canasta.

A las 15 comienza panel. La historia de las luchas de los organismos de derechos humanos en las causas de lesa humanidad, historiar lo jurídico, el comportamiento de la prensa en Salta en relación a este tema. Nora Leonar , Martín Ávila , Lihue Figueroa y Mariana Gamboa.  

A las 16 se coordinara con las agrupaciones y movimientos presentes la participacion en los encuentros NOA de DDHH.

Lunes 04/06 – 09 a 18 - Audiencia por el caso Fronda. Los invitamos a participar.

Martes 05/06 – 09 a 18 - Audiencias Luciano Jaime. Los invitamos a participar.

Miercoles 06/06 – 19 a 22 - Presentación del libro Zonas de sacrificio.

Jueves 07/06 – 18.30 a 20.30 – Museo Casa de Hernández - Charla debate: Periodismo comprometido con su tiempo. El camino de Luciano Jaime. Periodismo militante u objetivismo de la comunicacion. 

Exposición de fotografías – Salón Teresa Cadena de Henssen

Viernes 08/06 – Lugar y horario a determinar - Lanzamiento del Premio Luciano Jaime, a la mejor investigación periodística sobre  crímenes de lesa humanidad en Salta.

Exhibición del informe audiovisual “Trinchera de tinta: Luciano Jaime”

COMPAÑEROS : Eduardo Fronda, Pablo Salomón Ríos, Aldo Víctor Bellandi, Oscar Alberto Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Ramón Gerardo Gallardo, René Russo, Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, Raúl Benjamín Osores, Nolberto Guerrero, Francisca Delicia Torres, Carmen Berta Torres, Juan Carlos Parada Mallo, Marta Beatriz Cascella, Pedro Bonifacio Vélez, Felipe Burgos, Ernesto Luis Mamaní, Carlos Enrique Mosca Alsina, Reynaldo Isola, Juana Isabel López, Luis Eduardo Riso Patrón, Pedro Enrique Urueña, Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa, Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, Jorge René Santillán, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Liendro Marcial Estopiñán, Marcos Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia....PRESENTE , AHORA Y SIEMPRE¡¡¡¡¡

El fiscal dijo que hubo un plan del Estado para eliminar opositores al régimen Perseguidos por sus convicciones políticas, y por adherir a Ragone  El fiscal general subrogante Ricardo Toranzos sostuvo que en la provincia se aplicó el plan del Estado para eliminar a opositores al régimen instaurado el 24 de marzo de 1976. Afirmó que las víctimas fueron perseguidas por sus convicciones políticas y, en este marco, sufrieron persecución quienes adhirieron a la Lista Verde, del ex gobernador Miguel Ragone. En la requisitoria de elevación a juicio leída ayer (21/05/12) en el inicio del juicio el fiscal recordó que la represión paraestatal y estatal comenzó antes del golpe del 24 de marzo de 1976. A esto, que ocurrió en todo el país, se sumó en la provincia el hecho de que el gobierno constitucional de Miguel Ragone –también secuestrado y desaparecido, el 11 de marzo de 1976- fue intervenido el 24 de noviembre de 1974, momento desde el que se intensificó la actividad de los grupos represivos. El fiscal recordó que ya entonces el poder político delegó la seguridad en las fuerzas armadas. Toranzos recordó que en el gobierno de María Estela Martínez de Perón se dictaron los decretos 261 -que en febrero de 1975 autorizó el Operativo Independencia en Tucumán- y 2770, 2771 y 2772, todos de octubre de 1975. El decreto 2770 creó el Consejo de Seguridad Interna, el 2771 puso a las policías y servicios penitenciarios provinciales bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas, y el tercero autorizó a realizar “las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias para el aniquilamiento del accionar subversivo”. El fiscal reseñó la metodología utilizada por los represores en Salta: “Los cadáveres aparecían atados de pies y manos. Algunos eran sometidos a explosiones” y algunos aparecían cubiertos con banderas de agrupaciones políticas “con el objetivo de generar confusión”. La requisitoria fiscal repasó cada uno de los 34 casos que son objeto de este juicio, detalló la militancia política de cada una de las víctimas, y los delitos por los que en cada caso acusa a los 20 imputados que comenzaron a ser juzgados. El ex jefe de inteligencia de la Policía, Joaquín Guil, y el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, están acusados por 18 homicidios doblemente agravados. A Guil se le atribuye participación en los asesinatos de Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Marcos y Liendro Estopiñán, Ricardo Tapia, Pedro Bonifacio Vélez, Aldo Víctor Bellandi, Ramón “Chicho” Gallardo, Carlos Mosca Alsina, Oscar Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Juan Carlos Parada Mallo, Martha Beatriz Cascella, Silvia Aramayo, Héctor Gamboa, Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, Martín Miguel Cobos y Carlos Estanislao Figueroa Rojas. El fiscal también acusó a Guil por delitos de privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales en relación a estos hechos, y por la detención de Aldo Víctor Bellandi. El ex comisario general ya está condenado en las causas Ragone y Palomitas. A Mulhall –también convicto por Ragone y Palomitas- se lo responsabiliza por los asesinatos de Felipe Burgos, las hermanas Francisca y Carmen Torres, René Russo, Raúl Osores, Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, Nolberto Guerrero, Reynaldo Isola, Luis Risso Patrón, Jorge René Santillán, Víctor Mario Brizzi, Fernández Arcieri de Gamboa, Gamboa, Cobos, Figueroa Rojas, Mosca Alsina, Bianchini, Díaz. Y deberá responder también por las detenciones ilegales y las torturas a Bellandi, Juana Isabel López y Ernesto Luis Mamaní. El ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil –convicto por Ragone y Palomitas- debe responder por seis homicidios agravados, por Jaime, Mattioli, los hermanos Estopiñán, Tapia y “Chicho” Gallardo. Virtom Modesto Mendíaz, que ocupara la subjetura y jefatura de la Policía, debe responder por los homicidios de Cobos, Figueroa Rojas, Aramayo y del matrimonio de Fernández Arcieri y Gamboa. El comisario Abel Vicente Murúa está acusado por el asesinato de “Chicho” Gallardo, Aramayo, Parada Mallo y Cascella, y por amenazas a Brunilda Rojas, madre de Silvia Aramayo. El ex jefe del Regimiento de Monte 28, Héctor Ríos Ereñú, está acusado por los secuestros y homicidios del médico Pedro Urueña y del gremialista Jorge René Santillán. Juan Carlos Alzugaray, ex policía federal y ex guardiacárcel, está acusado por el homicidio de Fronda. Al policía Raúl Toledano el fiscal le atribuyó ser el autor del secuestro y homicidio del también oficial de la policía Pedro Vélez, asesinado en mayo de 1977. Julio Oscar Correa, que fue comisario en Güemes, está acusado de privación ilegal de la libertad, por las hermanas Torres y Pizarro Gallardo. Una acusación similar pesa sobre el policía y ex futbolista Mario Pachao, en este caso en relación a Mamaní. El comisario Víctor Hugo Almirón, que estuvo al frente de la Comisaría IV (donde funcionó un centro clandestino de detención) está acusado en relación a los secuestros y homicidios de Bellandi, Díaz y “Chicho” Gallardo. Juan Manuel Ovalle, el primer civil que es juzgado en Salta por crímenes de lesa humanidad, está acusado de privación ilegal de la libertad agravada por el secuestro de Aramayo, de quien era alumno en la Universidad Nacional de Salta. Quien fuera segundo jefe del Ejército en Salta, Joaquín Cornejo Alemán, es responsabilizado también por la desaparición de Brizzi. Y los militares Fernando Antonio Chaín, Marcelo Diego Gatto, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega y Ubaldo Tomislav Vujovich Villa son juzgados por privación ilegal de la libertad agravada de este soldado. La lectura de la acusación contra el policía Jacinto Ramón Vivas no se hizo debido a que debió ser hospitalizado por una baja brusca de la presión. También están siendo juzgados los polilcías Felipe Caucota y Roberto Puertas. La audiencia seguirá hoy, con las declaraciones indagatorias de los acusados, si es que deciden hablar. Males que llegan  con los juicios El primer día de debate en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en Salta comenzó sin mayores novedades, salvo las –a estas alturas ya esperables- descomposturas de algunos de los acusados. La audiencia había sido convocada para las 9, pero comenzó recién a las 11.20, demorada –según se explicó- por el traslado de uno de los detenidos. El inicio fue esperado en una sala de grandes juicios “Gobernador Miguel Ragone” casi llena, con un público tenso, compuesto por familiares de acusados, parientes de víctimas, militantes de organizaciones de derechos humanos, funcionarios y periodistas. La primera interrupción se produjo 17 minutos después de iniciada la audiencia. Por videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, desde donde siguen las audiencias Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Héctor Ríos Ereñú, informaron que “el señor Mulhall no se siente bien”. El presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, autorizó que fuera revisado pero la lectura de la acusación siguió hasta que 10 minutos después el defensor oficial Federico Petrina advirtió que Ramón Vivas se había descompuesto. Esta vez hubo que suspender la lectura para que el equipo médico de emergencia retirara al policía. Ninguno en cárcel común El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta informó ayer sobre la situación de las 20 personas que comenzaron a ser juzgadas por crímenes de lesa humanidad. Ninguno de ellos está preso en cárcel común, dado que del total, 12 están excarcelados y los restantes, con prisión preventiva o condenas, accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria. Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Cornejo Alemán, Virtom Mendíaz, Abel Murúa y Héctor Ríos Ereñú, con prisión preventiva, están en sus casas. Lo mismo ocurre con los ya condenados Miguel Gentil, Joaquín Guil y Carlos Mulhall.

Fuente: Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional

@@@

AUDIENCIA

Con testimonios clave comienza la tercera semana del juicio por la Megacausa de DD.HH.

Publicado el 22/05/2012 - A partir de hoy a las 9, comenzará la tercera semana del juicio de la Megacausa de Derechos Humanos en la que se ventilan 44 casos de secuestros, torturas y asesinatos con desaparición de los cuerpos, delitos caratulados de lesa humanidad y que se cometieron en contra de presos políticos, antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Para hoy se esperan los testimonios de familiares de víctimas y de sobrevivientes, considerados clave por las querellas, para ayudar a esclarecer la responsabilidad de los 10 imputados que tiene el proceso.

Por estos crímenes se encuentran en el banquillo de los acusados el ex jefe del Departamento de Informaciones Policiales (DIP), Musa Azar Curi, sindicado como el responsable de los grupos de tareas de represión. También Miguel Tomás Garbi y Ramiro López Veloso que actuaron bajo las órdenes de Azar Curi en el DIP o más conocida como la Side santiagueña. Estos tres ex policías ya fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común por el asesinato de Cecilio Kamenetzky, hecho ocurrido en 1976, y que fue el  primer delito de lesa humanidad juzgado en Santiago.

También son juzgados los ex policías Juan Bustamante, Francisco Laitán, Eduardo Baudano, Carlos Capella, José Brao, Rolando Salvatierra y el ex militar, Jorge D’Amico, sindicado como el responsable del área de inteligencia en el desaparecido Batallón de Ingenieros de Combate 141. En las primeras audiencias se escucharon duros relatos de sobrevivientes, sobre los tormentos aplicados por policías y militares en los centros de detención clandestino que funcionaron en el DIP, en la Escuela de Policía y en el campo militar de Santo Domingo. También se expusieron delitos de índole sexual por el cual algunas querellas y el fiscal federal Gustavo Gimena pidieron reservas para ampliar imputaciones.

Esperan informe del Ford Falcon señalado por acusado

Publicado el 22/05/2012 - Fuentes del Tribunal Oral Federal (TOF) que lleva adelante el proceso judicial de la Megacausa, indicaron que aún no recibieron el informe sobre el dominio del Ford Falcon verde hallado en estado de abandono en una propiedad de calle Perú casi Pellegrini, y que según la denuncia de las querellas podría haber sido utilizado para secuestrar personas y trasladar presos políticos a Tucumán.

El TOF aguarda además, por el informe del titular del inmueble en que fue hallado el vehículo. Una medida tomada por los jueces en relación a esta denuncia, fue un acta de reconocimiento con el imputado Juan Felipe Bustamante, quien había reconocido que el DIP  utilizaba un Falcon verde.

Fuente: El Liberal

-- 

La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007

“Hubo otros campos de concentración de la Iglesia en la Argentina”

Con tono monocorde y reflexivo, el más emblemático periodista de investigación y presidente del CELS cuenta cómo nació su interés por la Iglesia y cómo lo transformó en libros.

Por:
 Alejandro Horowicz

Horacio Verbitsky me recibió en su oficina de la calle Lavalle, en las proximidades del Palacio de Justicia, y charlamos a lo largo de dos horas. El más importante periodista de investigación no eludió ninguna de las preguntas. Con tono reflexivo, casi monocorde, desgranó con conocimiento riguroso algunos resultados de 15 años de trabajo sobre la Iglesia Católica argentina. Por cierto, la investigación sigue en curso, y así como el domingo 6 de mayo republicó, en Página/12, un documento exclusivo sobre la confesión de Videla (silenciado por toda la prensa “independiente”), otras novedades no menos explosivas (¿otros campos de concentración en terreno de la Iglesia?) serán oportunamente comunicadas.
Verbitsky es además presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que fundara Emilio Mignone, y desde tan comprometida atalaya libra su diario combate por la vigencia de los Derechos Humanos. Con una salvedad significativa, ni Verbitsky ni yo creemos que se trata de un problema del pasado, sino del impacto de ese pasado en nuestro presente, por una parte, y la necesidad de salvaguardar para la sociedad argentina el derecho a tener derechos.

–¿De dónde viene tu interés por la Iglesia Católica?
–De la confesión del capitán Scilingo; cuando el marino me dice que el método elaborado para el asesinato de prisioneros políticos había sido aprobado por la jerarquía eclesiástica. Arrojarlos vivos al río fue considerado una forma “cristiana” de muerte. El comandante de Operaciones Navales, contralmirante Luis Mendía, reunió en su momento a los oficiales y les dijo que se había decidido el método, y que la modalidad había sido aprobada por la Iglesia Católica. Los oficiales que participaban y tenían escrúpulos eran persuadidos por los capellanes navales; justificaban los asesinatos con parábolas bíblicas, se trataba, decían, de la separación de la cizaña del grano. Eso me motivó, me hizo pensar, antes que nada, en  la importancia del tema. Yo había escrito sobre el rol de los capellanes en la justificación política de la dictadura, y había publicado una nota en Página/30 sobre el funcionamiento de un campo de concentración en una propiedad eclesiástica, en el Tigre.
–¿Entonces arranca en 1995 con Scilingo?
–Sí. Impactado por los dichos de Scilingo se me ocurrió hacer un libro sobre el campo de concentración en terreno de la Iglesia Católica. Era el único caso en que había funcionado un campo en esas condiciones; descubrimos, investigación mediante, que no era el único. Hubo otros también en la Argentina. Por ahora me reservo esa información, oportunamente la voy a dar a conocer. Retomé el tema, y en 1995 publiqué El  vuelo (texto donde Scilingo confiesa mortificado por la culpa y rompe por primera vez la cadena de silencio); hasta que publiqué el libro sobre el campo (se llamaba El Silencio), pasaron diez años; por ese entonces aparece la viuda del periodista Julián Delgado, y cuenta su entrevista con Pío Laghi (representante diplomático del Vaticano ante el gobierno argentino); Laghi le dice que hay un grupo de detenidos con vida. El almirante Lambruschini no quería matarlos, eran hombres y mujeres con habilidades especiales, pero temía dejarlos con vida y que contaran todo; entonces consultó con el embajador vaticano si matarlos o no. Vale la pena subrayar el poder del monseñor. Laghi le dijo a la viuda de Delgado que podía averiguar si el periodista se encontraba en ese grupo. Hace la diligencia y le dice que no. Podía averiguar con detalle, eso demuestra lo aceitada que era la relación. Primero la viuda le estuvo agradecida. Después pensó: los desaparecidos son de todos. Recién ahí comprende el papel de Laghi. El conflicto entre el cardenal Bergoglio y los sacerdotes Yorio y Jalics (que acusan a Bergoglio de poner en peligro sus vidas al no avisarles que los buscaba la Marina) también aportó lo suyo. Bergoglio me dio la información documental sobre el título de propiedad de El Silencio. Me hizo saber en qué juzgado se tramitaba la sucesión, así accedí al título. Esa información me la dio de su puño y letra; mas tarde lo negó, pero exhibí el documento y debate concluido. En el medio me di cuenta que no podía escribir un libro conociendo solamente el episodio del campo. La propiedad era el lugar de recreo del arzobispo de Buenos Aires. El cardenal Aramburu iba todos los fines de semana a comer un asado y dormir la siesta. Todos los fines de año se celebraba la fiesta de fin de curso, el egreso de los nuevos sacerdotes, los seminaristas que accedían al sacerdocio.
–Te pusiste a estudiar el tema.
–Me puse a estudiar sobre la Iglesia. Cómo puede ser que una institución que declara que su finalidad es la salvación del alma, pueda estar asociada a los crímenes más atroces. Cuando comencé no sabía siquiera quién era el Papa anterior a mi nacimiento. Conocía de Pío XII en adelante. Me atosigué de encíclicas, de historia de la Iglesia. Estuve años sumergido en un mundo completamente desconocido. Entre el ’95 y el 2005 pasó una cosa que tuvo una influencia decisiva: el Tercer Milenio, y el Vaticano decide el jubileo del Tercer Milenio, es decir, el pedido de perdón por los pecados de la Iglesia Católica; lo hace el Vaticano a escala universal y lo tienen que hacer los distintos episcopados nacionales. El francés lo hace con mayor sinceridad, pide perdón y se arrepiente por su colaboración con la deportación de judíos franceses. En la Argentina también el Episcopado se ve obligado por el Papa. En 2000 hacen una ceremonia en Córdoba, montan un gran palco en el Parque Sarmiento, muy bien iluminado, 100 obispos vestidos de blanco, a la noche, una ceremonia sumamente teatral, absolutamente hueca. Mencionan los pecados contra los Derechos Humanos. Era muy hipócrita, invitaron al general Brinzoni, jefe del Ejército, y no invitaron a nadie de los organismos de los Derechos Humanos. Yo acababa de asumir la presidencia del Cels, Angélica Sosa de Mignone, viuda de Emilio, me dijo que el nuevo presidente del Episcopado era Estanislao Karlic, y que era otra clase de persona. Había sido auxiliar del cardenal Primatesta en Córdoba, y sucedió a monseñor Tortolo en Paraná, le escribimos una carta y Chela se la entregó personalmente. Le planteamos que tras el pedido de perdón podían abrir los archivos, y facilitar la investigación. Contesta que el Episcopado no tiene archivo; supe desde el primer día que me estaba mintiendo. Si algo caracteriza a la Iglesia es el manejo de la información, es decir, de sus archivos. Está entre sus mejores tradiciones.
–Y las peores también (risas).
–Buena parte de la cultura occidental debe mucho a esa pasión por los archivos. Karlic me manda un folletito (Iglesia y derechos humanos, editado en 1982 y reeditado en el ’84), donde la Iglesia intenta lavarse la cara: un blanqueo de sepulcros. Mostrarle a la sociedad cuántas cosas  dijeron en defensa de los Derechos Humanos. Me pareció una burla. Pero la curiosidad me ganó y lo miré. Una cosa me llamó la atención, no había documentos completos, sólo párrafos sueltos. Fui a los archivos de los diarios, y para mi sorpresa descubrí que habían mutilado los documentos, para embellecer y tergiversar. No es que los párrafos no existieran, pero estaban en un contexto que omitían. En mayo del ’76, un documento del Episcopado dice: “no puede pretenderse que las fuerzas de seguridad actúen con pureza química”. En ese texto declaran el apoyo al proceso que defiende los valores occidentales y cristianos. Y después en el párrafo 40 reza: “no obstante… deben respetarse los Derechos Humanos”. La tapa de los diarios, donde el respaldo es lo que cuenta, no está en el folleto, sólo el fragmentito. Eso me estimuló. Conseguí gente de la Iglesia que no estaba de acuerdo con esa mentira, que creía que era legítimo dar a conocer esa información, decir la verdad. En los años de trabajo con esos archivos descubrí que la metáfora del silencio era débil. Que hubo complicidad.
–¿Cómo se materializó esa complicidad?
–De varias maneras. Entregan la quinta del Arzobispado en el Tigre para que hagan un campo de concentración. Esas personas que el almirante Lambruschini no sabía si matar o dejar con vida, con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, debían ser reubicadas; camuflan las instalaciones, donde había una escalera ponen una pared, donde había oficinas, baños. Modifican el lugar para que no encuentren lo que están buscando, para confundir; para eso tienen que sacar de ahí a los prisioneros, y los esconden en El Silencio; es en ese lugar donde aguardan su suerte. El secretario del Vicariato castrense, monseñor Emilio Grasselli, mientras tanto, le vende esa propiedad al grupo de tareas de la ESMA. Grupo con el que colabora en forma abierta. Y el grupo de tareas compra la propiedad con el documento de un detenido desaparecido, que después quedó en libertad: Marcelo Hernández. El administrador de la curia figuraba en el título como propietario, y se la lega al Arzobispado; el Arzobispado se la vende a Grasselli y dos laicos, y Grasselli finalmente al grupo de tareas.

–¿Es una venta real o una “donación” encubierta?
–Es probable que el grupo de tareas haya pagado, esa información no la tengo. Con toda esa historia publico El Silencio en 2005. Hay otra fuente que manejo; los cables desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano. A partir de un pedido que le hicimos a Madeleine Albright, el gobierno de Bill Clinton dijo que sí. Una suerte de venganza contra los republicanos por la acusación, el affaire de Mónica Lewinsky en la oficina oval, contra Clinton. En uno de los despachos desclasificados, el embajador de Washington en Buenos Aires muestra un gran conocimiento del “programa de recuperación” de prisioneros. El embajador dice a su gobierno que la fuente de su información procede de la Embajada de Francia y del nuncio apostólico del Vaticano. En 2006 publiqué Doble juego, es decir, la duplicidad de la Iglesia. De 2007 en adelante publiqué los cuatro tomos sobre la Iglesia Católica en la Argentina. Ese trabajo cubre el lapso de un siglo. El primer tomo, Cristo Vence, va desde 1884, cuando Roca expulsa al delegado apostólico, por oposición militante a la Ley 1420 (de educación laica), hasta el derrocamiento de Perón en el ’55. Derrocamiento que fue obra de la Iglesia. Fue el cerebro y el tejido conectivo de ese golpe. Suministra la justificación ideológica, organiza el terrorismo; los comandos civiles los impulsa la Iglesia, las armas se almacenan en colegios religiosos; el hombre que articula ese operativo es un marista, el hermano Septimio (primo hermano de Rodolfo Walsh). El segundo tomo, La violencia evangélica, va desde el ’55 hasta el Cordobazo (mayo del ’69). Está todo el proceso de cambio interno, influencia de los curas obreros, la experiencia de los curas franceses en Argentina, y sobre todo la autocrítica del golpe de Estado contra Perón (Mugica, De Nevares, Angelelli). Se trata de un proceso muy rico de participación en las luchas populares. La historia de la Juventud Obrera Católica (JOC), precursora de los sacerdotes del Tercer Mundo, comienza con los equipos interdiocesanos. El surgimiento en la Argentina de la Teología de la Liberación (documento de San Miguel), donde los obispos denuncian la opresión y enumeran: política, económica, social, por tanto el proceso de liberación tendrá que darse en todos los planos. En ese proceso los obispos participarán con la “violencia evangélica del amor”. Frase polisémica dicha para que el teólogo entienda una cosa y el lego otra. Una típica fórmula eclesiástica.
–¿De que se ocupa el tercer tomo de tu trabajo?
–El tercer tomo, Vigilia de armas, va desde el ’69 hasta el 23 de marzo del ’76. El documento de San Miguel es un mes anterior al Cordobazo, sin embargo cuando se produce no participan desde la “violencia evangélica”, sino que se alinean con el ultraconservador gobierno de Onganía. Ese tomo corresponde a las luchas populares que confluyen con el regreso de Perón a la Argentina en noviembre del ’72. Proceso donde el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo juega un rol muy importante en contraposición al Episcopado, que se alinea con la dictadura del general Lanusse.
–Se trata de una cúpula aislada, la mayoría de los sacerdotes no le responde.
–La cúpula lo vive muy mal, enfrenta a los sacerdotes tercermundistas, mientras el Vaticano apoya el regreso de Perón a través de la logia P2. Esto tiene una dimensión política y otra económica. La política, el Vaticano entiende que Perón es el único que puede poner límite al proceso revolucionario. Y la económica, un proyecto de desarrollo impulsado con capitales europeos, principalmente italianos, que se expresa en tres documentos fundamentales. Un libro de Giancarlo Elia Valori (camarero de capa y espada del Papa), Iglesia y FF.AA., un documento que firma Perón con Rogelio Frigerio, “La única verdad es la realidad”, y por último, la plataforma del Frente Justicialista de Liberación. Los tres plantean lo mismo, un programa de desarrollo sin presencia norteamericana, y con rol protagónico para el capital italiano. Esto es, las grandes empresas en las que tiene invertido su dinero del Vaticano. Después de todo, la P2 es parte de la estructura vaticana. Perón le cuenta a Pavón Pereyra, su biógrafo oficial, que la restitución del cadáver de Evita  había sido  planteada por Licio Gelli, otro conspicuo integrante de la P2. El chárter que trae a Perón a la Argentina lo paga la Fiat. A bordo de ese avión vienen Gelli y Valori, quien actúa como vocero oficial. Además vienen dos sacerdotes M terceristas, Mugica y Bernaza. Cuando Perón está instalado en Gaspar Campos, recibe a 60 sacerdotes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Sacerdotes comprometidos con la lucha que implicó su regreso, y que participan activamente en el proceso de liberación. A esos sacerdotes, Perón les tira un balde de agua fría. Idéntico al que le tira a la JP. Ahora no quiere a los sacerdotes en la movilización, sino orando en los templos. Ahí se produce el fenómeno inesperado: Perón pasa a entenderse muy bien con el Episcopado, y a rechazar las prácticas revolucionarias del tercermundismo. El Episcopado entiende, con la ayuda del Vaticano, el rol de Perón. Y el 1 de julio del ’74, coincidiendo con la muerte de Perón, llega Pío Laghi a la Argentina. El Episcopado participa en el clima golpista del ’75. Y toman una preeminencia muy grande el vicario y el provicario castrense: Tortolo y Bonamín, autor de la famosa homilía donde habla del “festín de los corruptos”. Tortolo prácticamente anuncia el golpe a empresarios en la Nochebuena del ’75, participa en las gestiones para el alejamiento de Isabel. Y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Raúl Primatesta, dice que no es profeta del castigo, pero la gravedad de la situación no permite quedarse en palabras, el remedio puede ser duro, la mano de Dios es paternal pero pesada:  la frase que da  título al último tomo de la historia: La mano izquierda de Dios, y cubre toda la dictadura militar.

-- 
La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007

Testigos de la Noche del Apagón reciben amenazas y aprietes: “¡Acuérdese de Julio López!”

El juez abrió una denuncia por espionaje ilegal

Las carpetas halladas en allanamientos vinculados con el ingenio Ledesma, con informes sobre desaparecidos en los ’70 e incluso sobre participantes en las marchas realizadas en democracia, motivaron la denuncia presentada por el juez.

Las marchas de la Noche del Apagón, en Libertador General San Martín, eran espiadas por la empresa.

Desde Jujuy

La Justicia Federal acaba de iniciar un nuevo expediente para investigar al ingenio Ledesma. Esta vez ya no por los delitos de la dictadura sino por las actividades de espionaje ilegal durante la democracia. El juez federal Fernando Poviña acaba de abrir con una denuncia ese camino: envió una resolución a la fiscalía federal y en ella denuncia la posible comisión de un delito de violación a la Ley 25.520, de Seguridad Nacional que protege los datos de las personas. En la resolución, señala que el análisis de la documentación secuestrada en una de las sedes del consorcio azucarero de Pedro Blaquier estaría indicando que se llevó a cabo ese delito penal. En la resolución, el juzgado incluyó una copia certificada de la carpeta de 300 páginas que se encontró en el allanamiento y que lleva por nombre “Informe sobre las acciones desarrolladas en el marco de la XXII Jornada de Derechos Humanos y Cultura en Libertador General San Martín, Año 2005, 29 Marcha del Apagón”. En tanto, mientras los organismos de derechos humanos locales impulsaron un hábeas data colectivo en una causa paralela, la certeza de que la empresa aún ahora sigue realizando este tipo de prácticas genera miedo en la población de Ledesma, sobre todo entre quienes deben ser testigos de los próximos juicios. Ayer, una de las testigos más emblemáticas de la Noche del Apagón, Eulogia “Rita” Cordero de Garnica, se lo decía a Página/12 mientras un trailer de la empresa Ledesma, como aquellos que se usaron en los secuestros de 1976, atravesaba en ese mismo momento el alambrado de la pobrísima casa donde vive.

Un hombre que ella casi no conoce pasó por la puerta de su casa en los últimos días y le dijo: “Pero tenga mucho cuidado porque los dinosaurios andan sueltos”. Y cuando ella le dijo “bueno”, él agregó: “Mire lo que le pasó a (Julio) López”.

–¿Eso le dijo?

–Así me dijo –dice Rita–. Y yo le dije: “Y bueno, una vieja menos”. Así me lo dijo, sentado ahí él y yo acá. “Si me llevan, que me lleven”, le dije. Lo lamento, porque van a quedar mis otros hijos y mis nietos por criar. Eso es lo que siento. “Y hay que ver si me pueden llevar”, todavía le dije. Y cuando le dije: “A mí no me hables más de estas cosas, si vos querés preguntar, andá a otro lugar a preguntar, pero a mí no me preguntes”, se fue, no volvió nunca mas.

La nueva causa

Poviña le envió a la fiscalía la nueva denuncia por los hechos de 2005 el viernes pasado. Allí no impulsa una investigación porque un juez no puede hacerlo, sino que hace una denuncia a partir de los elementos que recogió en los allanamientos simultáneos que ordenó en dos de las sedes de la empresa Ledesma en Jujuy, el 26 de abril. En la denuncia, el juez habla de una posible comisión de un delito contra la Ley de Seguridad Nacional y aunque ahora debe ser la fiscalía la que valore la entidad de los datos y decida si impulsa una investigación, la resolución del juzgado es todo un dato: está indicando de alguna manera la decisión judicial de encuadrar el material encontrado como material de espionaje ilegal.

Los documentos que se encontraron en una de las dos sedes de Ledesma, el 26 de abril, se localizaron después de años con la causa paralizada, de las denuncias de cada una de las víctimas y de la inacción de los jueces federales que habían estado hasta ese momento a cargo de la investigación. Poviña ordenó los allanamientos sólo diez días después de asumir en el juzgado. Entre los materiales, secuestró documentos de la época de la dictadura, como los legajos de los obreros, uno de los cuales era un dirigente gremial que está  desaparecido. El legajo contenía un informe de Inteligencia sobre sus actividades familiares y políticas. Pero entre los documentos aparecieron además los informes que revelan un escalofriante detalle de seguimiento minuto a minuto de los preparativos de la Marcha del Apagón de 2005, una actividad que se realiza todos los años durante el mes de julio para recordar el secuestro de 400 personas en 1976. En el informe figuraban los datos de las patentes de los autos, los nombres de las personas que participaron, con la filiación política o el lugar de donde provenían. Estaba el contenido de las charlas informales que mantuvieron los dirigentes que llegaron de todo el país y los datos de lo que se había dicho durante los actos.

Cuando todo esto se conoció, la semana pasada, la noticia generó el repudio de las organismos de derechos humanos de todo el país y promovió una presentación de hábeas data colectiva en Jujuy y dos denuncias en el Ministerio de Justicia de Nación, a cargo de Julio Alak, y en el de Seguridad de Nilda Garré. Las denuncias y el hábeas data hasta ahora no habían generado sin embargo ningún tipo de respuesta sobre la responsabilidad penal que podría caberle a la empresa por esas prácticas.

Los dinosaurios andan sueltos

Rita declaró durante el Juicio a las Juntas. Fue una de las mujeres secuestradas durante la semana del 20 al 27 de julio de 1976, en lo que se recuerda como la Noche del Apagón. Su marido Agustín Donato Garnica era el fundador del sindicato de zafreros de Ledesma y a esa altura estaba preso. El 20 de julio, los carros que levantaron a 200 personas en esa noche la levantaron a ella de su casa y con ella se llevaron a dos de sus hijos: Miguel Angel y Domingo Horacio, que siguen desaparecidos. Rita estuvo secuestrada seis meses.  Su marido pasó siete años en la cárcel. Ella perdió su casa, y la vida en ese momento. Hoy está casi ciega, se sostiene con una vara de madera y apenas ve sólo por el costado de uno de los ojos. Allí, en la casa de una de sus hijas, en este pueblo de Ledesma que todavía está paralizado por el poderoso efecto de opresión que genera la compañía, ella había conseguido ganarse unos pesos en los últimos meses cuando un vecino decidió estacionar su auto en el patio de entrada de la casa. La semana pasada, cuando empezaron a escucharse las últimas noticias sobre el pedido de indagatoria a Blaquier y su salida del país, en el pueblo comenzaron nuevamente a agitarse los fantasmas que señalan a los ex detenidos como subversivos; y aquel vecino nunca volvió a estacionar el auto en la casa.

–¿Qué está sintiendo usted en estos días?

–Es lo que yo siempre decía –dice Rita–; éste se va a mandar a mudar en cualquier rato. Yo sabía que se iba a mandar a mudar y no sé si va a llegar a juicio. Es mi conciencia que me dice así; ahora no sé, otros piensan de otra forma.

–¿Tiene la sensación, sin embargo, de que hay avances?

–Sí, por ahí, sí... ¡pero después de tanto tiempo! Treinta y seis años llevo esperando. Yo ya no puedo.... Antes cuando estaba bien, yo iba y venía a Buenos Aires, por todos lados, ¿por dónde no he andado? Y sola. Nunca me pasó nada. Y nunca he podido saber dónde están mis hijos. Pero yo ahora no puedo más. Les dije el otro día a los abogados que se acabó: yo ya no salgo más, si tengo que declarar, preséntenme todos los escritos. No puedo caminar, no puedo andar. ¿Qué voy a hacer? Y son 36 años, ¿no? Y si en 36 años no se ha hecho nada... Yo ya estoy perdiendo la esperanza: viviré con el recuerdo de mis hijos y nada más, que los mataron, qué se va hacer.

En los últimos días, pasó aquello del hombre que apareció en su casa. Rita lo conocía de vista. Entró. Se puso a conversarle de algo que ella todavía intenta entender en medio de esa sensación de desestabilización que se acentúa no sólo porque no encuentra el cuerpo de sus hijos sino porque el avance de la ceguera y de la edad parecen ir dejándola sin tiempo.

–Ahora me dicen por ahí: “No salga afuera, doña Rita, porque pueden llevarla”.

–¿A dónde podrían llevarla?

–Que me pueden raptar, me decían. Vino un muchacho los otros días que pasó por la puerta y se me puso a charlar. Yo lo tenía visto de algún lado. “Nunca me pasó nada”, le dije. Aquí las veces que me citaron a declarar me fui sola. Me fui sola a todos lados. Cuando me llamaron a declarar a Buenos Aires no me acuerdo si estaba viviendo acá, pero yo agarré, me vine en vehículo a Jujuy, qué me iba a tomar el avión. Así que me pongo a pensar y le dije (al muchacho): si nunca me han hecho nada, ¿a esta altura me van a llevar? Y esa persona me dijo: “Todo puede ser, por lo que usted habla”. Y yo le dije: “Pero digo la verdad, no digo mentiras. A mí me llevaron nada más por el asunto de que mi marido era sindicalista”. Y el (muchacho) me respondió: “Tenga cuidado, doña Rita, porque los dinosaurios andan sueltos”. Y como yo no lo conocía a ese muchacho bien y no veo bien, le dije “pase”. Me dio el nombre. Y quería él que le cuente todo lo que había pasado. “Ah –le dije–, compre el diario, porque yo no quiero ya hablar de estas cosas.” Entonces me dijo: “Pero tenga mucho cuidado porque los dinosaurios andan sueltos”. “Y bueno”, le dije. Y me dijo: “¿Qué le pasó a López?”.

–¿Eso le dijo?

–Así me dijo. Y yo le respondí: “Y bueno, una vieja menos”. El estaba sentado ahí y yo acá. Si me llevan, que me lleven. Lo lamento porque van a quedar mis otros hijos y mis nietos por criar. Eso es lo que siento. Le dije que a mí no me hable más de esas cosas, que si quería preguntar vaya a otro lugar. Se fue, no volvió nunca más.

–¿Le pareció una amenaza?

–No me da miedo, pero me entra miedo –dice Rita–. Un vecino me dijo recién: “Si usted siente algo, grite, doña Rita”. Yo creo que no van a poder entrar porque la reja está con llave, a menos que salten por arriba. Pero a mí me entra miedo, sí. Pero después, con todo el miedo, digo “no, el espíritu de mis hijos me acompaña”. Porque tanto que he andado y nunca pasó nada. ¿Y justo ahora tiene que pasar? Es que sí, todavía quedan algunos secuaces y alcahuetes de Blaquier, porque como yo digo siempre: cada obrero tiene un alcahuete

Pablo Pelazzo, abogado de los organismos de derechos humanos de Jujuy

“Razones para pedir la detención”

La causa por la Noche del Apagón, que involucra a Pedro Blaquier, estuvo frenada muchos años. Cuando cambió el juez, Blaquier viajó a Europa. Los abogados de la querella siguen recabando pruebas.

Pablo Pelazzo, uno de los abogados que forman parte de la querella en la causa.

Carlos Blaquier eludió la indagatoria en Jujuy con la presentación de un certificado médico. Decía que sufría problemas cardíacos y que debería tratarse en Inglaterra y Francia. Dejó el país justo un día antes de que asumiera el nuevo juez de la causa en la que está imputado como uno de los responsables de la Noche del Apagón. Sus abogados confirmaron ayer esa situación, dato que, sin embargo, aún no figura en el expediente. ¿Qué harán los abogados de los organismos de derechos humanos jujeños en este escenario? ¿Qué hay de nuevo en la causa? Y ¿cuáles son las razones jurídicas y políticas por las que Jujuy pasó a ser la provincia en la que las investigaciones sobre el terrorismo de Estado estaban paralizadas a ser la primera jurisdicción en avanzar con “la pata empresaria” de la última dictadura? Pablo Pelazzo es uno de los abogados querellantes, parte de un equipo que integran miembros de los organismos de derechos humanos, entre ellos Eva Arroyo, de Hijos, pero al que se sumaron sociólogos para cruzar datos que sostengan las pruebas para pelear contra un elefante blanco que, como dicen ellos, no es un “muerto político”, sino alguien que todavía tiene poder.

–Blaquier está fuera del país: ¿cómo se llegó a eso?, ¿qué van a hacer las querellas?

–Se llegó después de una prolongación de la impunidad de la que fue responsable el juez (Carlos) Olivera Pastor. El impulso de la causa se viene dando más en la calle que en el expediente. Recién ahora se puede trabajar en el expediente con ciertos hechos, recién ahora se activaron las cosas con las indagatorias, detenciones, y eso generó actividad procesal de parte nuestra, como reforzar los pedidos en los casos en que no hay detenciones. O trabajar para aportar más pruebas para que las indagatorias se completen con la mayor cantidad de hechos y delitos que deberían incluirse.

–¿Cuáles son las causas por las que se lo indaga? ¿Ustedes tienen diferencia con la fiscalía? Porque eso parece explicar por qué el administrador Alberto Lemos no quedó detenido.

–-Ellos fueron llamados a indagatoria en la causa de la Noche del Apagón y la causa Arédez, que tiene cinco víctimas. El fiscal sólo les imputó privación ilegal de la libertad. Nosotros decimos que no está desligada la detención de la tortura, porque apenas se cometen la detenciones, son tabicados y encerrados por una noche en Libertador General San Martín y los trasladan en situación de tormentos: tabicados, atados, con los números asignados y previamente golpeados. Luego son llevados al centro clandestino de Guerrero. Para nosotros se puede imputar la tortura. Ellos tampoco quedan desligados de la desaparición. Entre las 47 víctimas del primer día del Apagón, hay 17 desaparecidos. Pero nosotros, como querellas, no imputamos delitos en este momento, sino que describimos los hechos. Es una cuestión de estrategia, eso tiene que hacerlo el fiscal.

–El juzgado dice que Lemos no quedó detenido por esa situación. Una situación que se repetiría con Blaquier.

–Sí, de todas formas nosotros sostenemos que no consideramos que la detención dependa de la expectativa del monto de la pena. El hecho de que la privación ilegítima de la libertad tenga un monto de pena bajo no implica que automáticamente se pueda otorgar la exención de prisión. No es sólo que hay otros delitos que deberían imputarse, sino que existe el ocultamiento de prueba y la posibilidad de fuga. La posibilidad de fuga la estamos viviendo ahora con la no presentación de Blaquier, y también por la posibilidad material que tienen estas personas de hacerlo. Tienen todos los medios disponibles para poder irse a cualquier lugar del mundo. El ocultamiento de prueba se confirmó con el allanamiento: ellos mantuvieron 36 años esos legajos y documentación. Hay legajos de inteligencia a uno de los desaparecidos que tiene como responsable a Ledesma. Esas razones son suficientes para pedir la detención.

–¿Y la van a pedir?

–Ya está pedida. Pedimos la revocación de la exención de prisión en Lemos, el juez la rechazó y vamos a apelar. En relación con Blaquier, pedimos la detención y todavía no resolvieron ese pedido. No tiene un plazo para hacerlo, pero este nuevo juez (Fernando Poviña) nos contesta los escritos; el otro ni siquiera nos contestaba porque sostenía que la querella no tenía facultades para hacerlo.

–En el juzgado señalan que por primera vez Lemos y Blaquier están presentando papeles en la causa. Cosa que antes no habían hecho.

–La explicación del resultado del allanamiento es esa seguridad de impunidad que ellos tenían. Creían que nunca se iban a allanar esas oficinas y por eso tenían esa documentación. Por otro lado es probable que hayan actuado sobre seguro ante la falta de acción o trabajo del juez anterior. Probablemente la estrategia ahora es distinta a partir de la asunción del nuevo juez y de que libró orden de allanamiento e indagatoria y el pedido de prohibición de que salgan del país.

–Durante el acto del viernes decías que Jujuy es un caso paradigmático: es la primera provincia que avanza sobre el sector empresario, pero aún no avanzó con los militares porque no tuvo juicios orales.

–Puede ser un caso testigo de lo que fue la represión por varias circunstancias. La economía jujeña tiene que ver con dos polos de desarrollo económico: el azúcar, o sea el ingenio Ledesma, y la minería. Y dos de las causas más importantes de Jujuy vinculadas con crímenes de lesa humanidad son: Mina El Aguilar, con la represión y el ataque a los dirigentes mineros con un referente importante que fue Avelino Bazán, y el ingenio Ledesma, la represión de los obreros organizados y a los estudiantes que apoyaban a los obreros. Teniendo en cuenta esto, no hay forma de investigar los hechos de la dictadura de Jujuy sin investigar a Ledesma. Y eso hace que junto a los represores armados aparezcan los dueños del ingenio, como tendrían que aparecer y ser citados a indagatoria los miembros del directorio de mina El Aguilar.

–La complicidad judicial no fue sólo de Olivera Pastor, el anterior juez de la causa.

–Todos los poderes del Estado históricamente fueron influenciados por Ledesma. Ese esquema de poder que tejió la empresa en lo político o en lo jurídico se expresa a través de la falta de investigación por jueces que obviamente hicieron todo lo posible para no avanzar. El ejemplo más claro es Olivera Pastor, porque le anunciaba a la empresa por anticipado qué estaba investigando. Pero también el abogado Horacio Aguilar, que fue juez antes y es el actual abogado de Blaquier y Lemos. Era el juez que estaba en el lugar en el que se investigaban estas causas: era secretario penal y después asume como juez subrogante, frena la causa antes de Olivera Pastor y hoy aparece como abogado del ingenio.

Un camino que se abre ahora

La Ley 25.520 tiene por objeto la protección de los datos personales asentados en archivos, bancos de datos, registros u otros medios técnicos, sean públicos o privados, para garantizar el derecho al honor e intimidad de las personas. También prohíbe el acceso y difusión de información que sobre las personas existan. Entre esos datos, lo que se protege es todo: no se puede hacer Inteligencia ni sobre la vida privada ni sobre la filiación política ni sindical, sin orden judicial.´

“Se terminó el tiempo en el que la provincia de Jujuy tenía un amo”

 La líder de la Tupac Amaru dio cuenta del cambio de época que vive Jujuy. El llamado a declaración indagatoria a Carlos Blaquier, sospechado de participar en delitos de lesa humanidad, desmorona viejos entramados de poder. 

   

Por: 
Gerardo Aranguren

 Horas después de haber encabezado una movilización de 100 mil personas para pedir que se investigue la complicidad de  Carlos Blaquier con la última dictadura, la líder de la Organización Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, consideró que hubo un cambio en la provincia de Jujuy para que el presidente del Ingenio Ledesma fuera citado por la justicia. 

“Blaquier era la persona con la que te sentabas si querías ser gobernador, pero se terminó el tiempo en el que Jujuy tenía amo. Ahora es diferente, en las calles se dice que tiene que ir a la cárcel si mató gente, si fue cómplice de la dictadura militar. No todos los jujeños sabían que había pasado en La Noche del Apagón, en el negro julio de 1976 en Calilegua y en Libertador San Martín, pero hoy muchos tomaron conciencia de eso”, manifestó la dirigente social, quien asegura que, a pesar del poder político y económico de la empresa azucarera, el miedo a Ledesma se está terminando. 

Aunque no se refleja en los medios de comunicación tradicionales de Jujuy, que ocultaron la magnitud del pedido de justicia por La Noche del Apagón, el cambio de actitud hacia Ledesma también se puede observar en otros ámbitos. El pasado miércoles se realizó el acto por el inicio de la Zafra 2012 en el Ingenio Ledesma, y por primera vez en muchos años el gobernador de Jujuy no asistió a este evento. 

El cambio de época también se refleja en la masividad de las manifestaciones populares. La presión social en Jujuy, con las marchas que el 24 de marzo y el viernes pasado movilizaron 100 mil personas, llevó a la renuncia del juez Carlos Olivera Pastor, quien mantenía frenada la indagatoria contra Blaquier. También forzó al actual mandatario provincial, Eduardo Fellner, a referirse por primera vez a la investigación por los delitos de Ledesma. Sin nombrar a la empresa ni a su titular, el gobernador anunció que colaborará para “el inmediato esclarecimiento” del espionaje realizado por Ledesma durante el año 2005 a organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos que acudieron a la marcha conmemorativa por un nuevo aniversario de La Noche del Apagón.

“No todos festejan que Blaquier haya sido citado por la justicia, pero para un sector muy grande de Jujuy es una satisfacción, y más fuerte sería si llegara a estar en la cárcel. En esta democracia todos tienen que rendir cuentas si tuvieron participación con la dictadura y Blaquier fue uno de los personajes que tuvo una participación muy fuerte, prestando camiones, haciendo inteligencia sobre los compañeros del Ingenio, pero también a los jóvenes que militaban”,  señala Sala, quien si bien demostró entusiasmo por la citación a indagatoria al empresario, el faltazo y salida del país del titular de Ledesma le dejó un gusto amargo: “Lo más fuerte es que siguen caminando impunes como si la plata de ellos valiera más que la vida de los demás. Ellos decían ‘por algo será’, pero ese ‘algo será’ era pedir por más trabajo, más educación y vivienda digna”, agregó. 

 

–¿Qué cambió en Jujuy para que se investigara a Ledesma y que miles de personas se manifestaran para pedir por justicia?

–Se comenzó a tomar conciencia de que realmente estamos viviendo en una democracia donde todos podemos participar y que no hay nadie que nos cierre la boca. En la marcha de hoy (viernes 18 de mayo) y del 24 de marzo participaron muchísimos jóvenes, y con el sólo hecho de sentir sus cánticos hace sentir que estamos recuperando parte de la libertad que habíamos perdido. 

–¿Se perdió el miedo al poder de los Blaquier?

–Antes para putear a Blaquier había que hacerlo por lo bajo, y que no se enterara que eras vos el que lo estaba puteando. Ahora es diferente, en las calles se dice que tiene que ir a la cárcel si mató gente, si fue cómplice de la dictadura. Hasta ahora Blaquier fue el jefe de todos los sectores políticos, necesitabas su bendición para cualquier cargo, pero hay una diferencia entre los sectores políticos y las organizaciones sociales en Jujuy: las organizaciones sociales no le pedimos la bendición a nadie. Aunque sabemos que eso tiene costos políticos y que nos lo van a cobrar; pero mientras avanzamos, haciendo más enemigos que amigos.

–Cuando la columna de la Tupac entró a la Plaza Belgrano y se juntó con los organismos de Derechos Humanos se te vio muy emocionada. ¿Qué pensabas?

–Los organismos sufrieron mucho: persecución, amenazas, a Hugo Condorí (ex detenido y querellante contra Ledesma) le trataron de secuestrar al nieto. Justo le robaron a uno de nuestros abogados, Luis Paz, un día antes de que declarara (el ex administrador Alberto) Lemos. Ver a todas las organizaciones sociales y políticas juntas en la marcha, algo que costó mucho lograr, fue muy fuerte para mí. Esta lucha la vamos a ganar entre todos y todos tenemos que estar. A todos nos reprimieron en la década del ’90. Lo que se está logrando es la unidad verdadera. No tiene que haber nada ni nadie que nos separe porque la única bandera que tenemos que levantar es la de los Derechos Humanos.” <

 

Una pelea de larga data

 

La lucha de la Tupac Amaru contra el Ingenio Ledesma no es nueva. Desde 2004, la organización apoyó a Olga Aredez, viuda del intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez, desaparecido durante La Noche del Apagón, en su lucha contra la empresa por la contaminación del bagazo, los restos de la caña de azúcar que producirían cáncer. Varias veces se cruzaron también por los pedidos de tierras para construir viviendas sociales en Libertador, ciudad que adoptó el nombre del ingenio. Esa pelea se intensificó en noviembre de 2011, cuando la empresa y la provincia asesinaron a cuatro jóvenes

que habían ocupado terrenos en esa localidad. 

    

-- 
La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007

COMUNICADO DE PRENSA - El diputado Horacio Pietragalla manifestó la
necesidad de señalizar el ingenio Ledesma como lugar de memoria

El diputado nacional por el FPV Horacio Pietragalla Corti estuvo en
Ledesma en el marco de la citación a indagatoria de Pedro Blaquier.
Allí Pietragalla, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados, manifestó al intendente de la localidad la
necesidad de señalizar el lugar dentro del ingenio en el que se
mantuvieron detenidas ilegalmente las personas secuestradas durante la
noche del tristemente célebre apagón de Ledesma.
El diputado arribó a la ciudad de Jujuy el día viernes, en el marco de
la multitudinaria marcha que realizaron los organismos de derechos
humanos y distintas organizaciones políticas en apoyo al llamado a
indagatoria de Lemos y Blaquier. Allí Pietragalla destacó el momento
histórico que vive la provincia: "Por primera vez se cita a declarar a
Blaquier, a poco más de un mes del comienzo del primer juicio por
delitos de lesa humanidad en la provincia. Más allá de los artilugios
que encuentre este siniestro personaje para postergar su comparición
ante el tribunal, su día finalmente llegó" destacó Pietragalla. Y
agregó: "Lo que pasó en Ledesma fue paradigmático para la historia de
la represión en nuestro país. No existe tal vez hecho que deje más
claro el lugar que ocuparon las grandes empresas y los grupos
económicos en el golpe cívico-militar. Es suficiente pasar por Ledesma
y ver la Rosadita de Blaquier para tener una imagen del poder que tuvo
y sigue teniendo este señor. Pero está llegando la sintonía fina en
materia de juicios de lesa humanidad. Algo impensado hace años, como
el hecho de que Ledesma tenga que sacar una solicitada en los diarios
para defenderse, hoy es realidad" enfatizó el diputado.
Durante la visita a la localidad de Ledesma, Horacio Pietragalla fue
recibido por el intendente de la localidad, Jorge Ale. Allí el
diputado transmitió la necesidad de avanzar con las políticas de
memoria y concretamente comprometió al intendente en avanzar en la
señalización del lugar en el ingenio donde se mantuvieron detenidas
ilegalmente las personas que fueron secuestradas la noche del apagón.
"Tenemos la necesidad de que, al igual que pasa en todos los lugares
del país que funcionaron como lugar de detención y tortura, que
también el ingenio sea señalizado" afirmó el diputado. El intendente
por su parte se comprometió en avanzar en ese sentido.

Puso de ejemplo al juez federal Alejandro Sánchez Freytes 

Remo Carlotto: "Es inadmisible que aún existan jueces dispuestos a dilatar causas"

•                                                                                           

  Diputado Remo. Escandalizado por la resistencia de algunos jueces a tramitar los juicios

Córdoba. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Carlotto, consideró "inadmisible" que aún existan jueces con "predisposición política de dilatar las causas" de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Dijo a Télam que "hay jueces que tienen una predisposición política de dilatar las causas, de ser permeables a las chicanas jurídicas por parte de las defensas de los genocidas y esto para nosotros es inadmisible".

Señaló Carlotto que mientras existen magistrados que "actúan correctamente en tiempo y forma, y que comprenden los términos de la investigación, y la complejidad y particularidad del proceso de investigación de estos crímenes", hay otros "permeables a las chicanas jurídicas por parte de las defensas de los genocidas".

El legislador visitó Córdoba junto a otros miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de una serie de viajes al interior del país programados para interiorizarse de la situación de los derechos humanos en general, y de la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad en particular.

"La Justicia debe generar juicios, no `no juicios`", dijo, haciendo un juego de palabras. "Debe llegarse a la instancia del juicio oral para que se ventile la situación y se determinen las culpabilidades o las inocencias en cada uno de los casos", reflexionó Carlotto.

Recordó seguidamente que "durante mucho tiempo, la estrategia (de algunos jueces) fue la de evitar que se produzcan los juicios" y expresó su "preocupación" por el diálogo que
junto a los demás legisladores mantuvo en Córdoba "con el juez federal Alejandro Sánchez Freytes y con las dos secretarias que llevan adelante causas por violaciones a los derechos humanos" durante la última dictadura.

Carlotto dijo que Sánchez Freytes "puso en duda" que la causa que investiga la apropiación de la nieta de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba, Sonia Torres, se inscriba "en el marco de los crímenes de lesa humanidad".

"También nos preocupó la terminología que utilizó en la conversación, dado que dijo que las causas eran vinculadas a la lucha contra la subversión, y nosotros le planteamos que las causas que ellos llevaban adelante estaban vinculadas a la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de una dictadura cívico militar en el marco del terrorismo de Estado", precisó el diputado.

Por otro lado, consignó que, en la conversación, el juez Sánchez Freytes "prácticamente planteó que la responsabilidad de la tardanza en la resolución de causas judiciales aquí en Córdoba, dependía de la actuación por parte de la querella y de los organismos de derechos humanos", algo que Carlotto consideró "un término inaceptable".

En ese contexto, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja reclamó a los jueces "sensibilidad con respecto a las víctimas, a los familiares y a los querellantes que
están reclamando Justicia desde hace 36 años".

"A casi 30 años del retorno de la democracia, todavía hay una enorme deuda pendiente por parte de la Justicia y esperamos que quienes integran la Justicia Federal tengan la sensibilidad suficiente frente a las demandas", afirmó Remo Carlotto.

Por último, el legislador del Frente para la Victoria lamentó que la delegación de la Comisión de Derechos Humanos no haya sido recibida por el gobernador José Manuel de la Sota: "La
diputada  nacional Carmen Nebreda solicitó formalmente una entrevista con el gobernador, pero no tuvimos respuesta. Lamentamos  esta situación", concluyó.

@@@

La Comisión de DDHH de la Cámara baja visitó Córdoba 

Diputados nacionales piden mayor celeridad en los juicios por delitos de lesa humanidad

• 

  Remo Carlotto y una representante de Abuelas de Córdoba, Sonia Torres.

Córdoba.- Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación pidieron hoy en Córdoba a la Justicia Federal de todo el país que acelere el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina durante la última dictadura militar. "Estos tipos de delitos deben tener toda la atención por parte del Poder Judicial, porque son imprescriptibles y de ejecución permanente; es decir, que se siguen cometiendo, porque son de lesa humanidasd, o sea, es la humanidad la que esta reclamando la persecución de estos crímenes", aseguró a Télam el presidente de la comisión, Remo Carlotto (Frente para la Victoria).

El legislador insistió en el mimo concepto: "reconocemos que Córdoba es la jurisdicción en la que se llevó adelante el primer juicio contra uno de los integrantes más emblemáticos de la dictadura cívico-militar: (Luciano Benjamín) Menéndez. Pero, junto a los organismos de derechos humanos, reclamamos el juzgamiento de todos los responsables". Carlotto subrayó que el juzgamiento debe alcanzar "a los que fueron los autores intelectuales, mediatos y fácticos de la desaparición de personas, así como de la apropiación de niños, lo que implica que hay que juzgar a todos y cada uno de los responsables, determinar las copmplicidades civiles y avanzar sobre el esclarecimiento total de las acciones de ese período".

El diputado enfatizó que, en el caso de Córdoba, una de las preocupaciones es unificar las causas relacionadas con "las víctimas del centro clandestino de La Perla", de manera de cumplir con lo dispuesto por la Cámara Nacional de Casación Penal, que ordenó que haya "celeridad, economía procesal y evitar la victimización de quienes deben dar testimonio".

"La unificación de las causas (vinculadas a La Perla) donde prácticamente tenemos los mismos imputados, para nosotros, supone acelerar los tiempos de juzgamiento", sostuvo. Agregó que "esta preocupación fue contestada a medias por los actores del Poder Judicial, porque dicha unificación tendrá una primera etapa. Esperamos que se cumplan los tiempos previstos para que en septiembre o en octubre ya se concrete la elevación a juicio oral".

En el mismo sentido, la diputada Araceli Ferreyra señaló: "las víctimas son las que impulsaron estos juicios, las que los llevan adelante y la Justicia, muchas veces, se entrampa en planteos leguleyos y en chicanas. Es hora de que se avance con toda la celeridad que la demanda de las víctimas requiere".

"Hay que afrontar el tema de los bebés y niños apropiados, cuyos padres fueron secuestrados, asesinados o desaparecidos. Hay 400 niños, que ahora ya son hombres y mujeres, que estamos buscando y en Córdoba hay mora en ese aspecto. Desde la Comisión, tomamos el compromiso de poner todos los mecanismos y recaudos para que esto se resuelva", puntualizó la diputada.

En el mismo sentido, la diputada Adela Segarra lamentó que, si se analiza la realidad de todo el país, "hay una Justicia, muchas veces, con dificultades, con trabas o que experimenta situaciones anacrónicas cuando hay que resolver eficientemente y velozmente estas causas".

Finalmente, como la Comisión se reunió también con dirigentes gremiales, la diputada Carmen Nebrada (de Córdoba) destacó como positiva "la reflexión profunda sobre el tema" que se advierte en los sindicatos, que son conscientes de que "esta recuperación de derechos llevará en forma positiva a nuevos planteos en los que hace a derechos humanos en pos de la plena vigencia de estos". La visita de los diputados incluyó entrevistas con jueces y fiscales federales, así con secretarias de Derechos Humanos de los sindicatos, con los directores de los Museos y Sitios de la Memoria y con la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba

Fuente: Telam

-- 
La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007