martes, 31 de julio de 2012





 
PRIMICIA DE EL LIBERAL

Confirman que antropólogos buscarán restos de NN en Santiago

 
 
Luis Garay, integrante de organismos de DD.HH. destacó avances de las investigaciones judiciales porque afirmó que en la provincia “hubo muchos cuerpos que fueron enterrados, quemados o tirados al río”. Las exhumaciones se harán en los cementerios La Piedad y de Santa María, al igual que en Quimilí.
Confirman que antropologos buscaran restos de NN en Santiago
 
Publicado el 31/07/2012 - El titular del Instituto Espacio de la Memoria, Luis Garay, puso de relieve el avance de la investigación de la Justicia Federal de Santiago del Estero al destacar el arribo del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), que llegará próximamente a la provincia para continuar con un trabajo de reconocimiento de posibles víctimas del terrorismo de Estado. 
El militante consideró de relevancia la visita de los especialistas porque en la provincia “hubo muchos cuerpos que fueron enterrados, quemados o tirados al río”. 
En ese sentido, fuentes judiciales detallaron a EL LIBERAL que se harán los procedimientos en el cementerio municipal de la capital y en el de Santa María, localidad del departamento Capital. También se realizaría similar procedimiento en el de Quimilí. 
Garay expresó que “nosotros pensamos que estos entierros clandestinos son parte de todo el proceso, es decir, el secuestro, la detención ilegal, la tortura en busca de información y en función de todo eso la decisión superior del destino del detenido, que podía ser puesto a disposición del Poder Ejecutivo, de la Justicia en una cárcel o seguir el proceso que ellos llaman como destino final, que era la muerte”. 
Asimismo indicó que se trataba de “una condena a muerte encubierta y como eran encubiertas, ese cuerpo tenía que ser invisible; no podía aparecer, por lo tanto usaron muchas formas de hacerlo, como enterrarlo en un lugar del monte desconocido, quemarlo, tirarlo al río, a los canales; así como también en cementerios alejados como NN”.
 
 
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CATAMARCA

Justicia investiga sitio a cargo de Muza Azar Curi donde habrían torturado

Publicado el 31/07/2012 - La Justicia Federal de Catamarca inició actuaciones de oficio para ahondar en la investigación donde se denunció que una vivienda ubicada en inmediaciones del dique Collagasta, en el departamento El Alto, a 80 kilómetros al este de la capital, el grupo de tareas al mando de Muza Azar Curi habría torturado a ciudadanos de Santiago del Estero durante la dictadura militar. 
Las actuaciones comenzaron a partir de una publicación del diario EL LIBERAL y que fuera reproducida por un matutino catamarqueño. 
Tras el testimonio de Roberto Manuel Zamudio, quien reveló que en el dique Collagasta los grupos del represor Musa Azar Curi torturaban a gente durante la época de la dictadura militar, la Justicia Federal de Catamarca envió a un grupo de representares para realizar una inspección ocular de la denominada ‘Casa de la Hidráulica’. 
La vivienda, está ubicada a escasos metros del paredón del lago y a más de 5 kilómetros de cualquier vivienda habitada. 
Actualmente es ocupada por un empleado municipal y su familia que cumplen la función de cuidadores, quienes dijeron ‘conocer la tétrica historia de la morada sólo por dichos de la gente’. 
La vivienda está compuesta por dos habitaciones con cocina, comedor, baño y una construcción alejada a unos 10 metros. 
En junio de 1978, cuando el testigo Zamudio recuerda haber sido secuestrado llevado hasta el lugar para ser torturado, la casa estaba bajo la responsabilidad de un empleado de Agua y Energía, quien a finales de esa década habría comenzado a convivir con su esposa e hijas en el lugar. 
‘Sólo recuerdo que una vez vinieron los militares con camiones y se llevaron a unos hermanos que estaban festejando un cumpleaños en el paraje La Cañada -ubicado sobre el mismo camino que conduce al dique-, pero nada más’, contó María, una mujer oriunda del lugar
 
 
Fuente: El Liberal
 
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Testimonio clave en la causa que investiga la desaparición de Luis Arédez

"Los gremialistas eran un obstáculo para el plan de Ledesma"

El ex detenido Hugo Condorí declaró y apuntó al Ingenio por el secuestro de ex dirigentes de la obra social durante la dictadura. El papel del ex intendente de Libertador San Martín.

 

Citado como testigo por el juez subrogante Fernando Poviña, el ex detenido Hugo Condorí se sentó durante cuatro horas en el Juzgado Federal 2 de Jujuy para declarar en la instrucción de la causa que investiga la responsabilidad de Ledesma y su presidente, Carlos Pedro Blaquier, en la desaparición del intendente de Libertador San Martín, Luis Arédez. Secuestrado poco antes del golpe de Estado de 1976, Condorí es el único sobreviviente de la dirigencia gremial de la empresa en los años previos a la dictadura y testigo fundamental en la causa que busca probar la responsabilidad de Blaquier en la represión a sus trabajadores. 
El "Coya", como lo conocen, fue presidente  de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Trabajó con Arédez cuando el ex jefe comunal prestaba funciones como asesor de Salud en el gremio y, junto al vicepresidente de la obra social, Jorge Osvaldo Weisz, controlaban el cumplimiento de la Ley de Salubridad.    
Ambos dirigentes fueron secuestrados durante la última dictadura y permanecen desaparecidos. 
 "No nos secuestraron (a los gremialistas) por lo que nosotros pensáramos sino porque obstaculizábamos los proyectos económicos neoliberales, proyectos perversos que consistían en el bienestar para 10 millones de argentinos y que el resto se la arreglara como pudiera. En un principio no creí en tamaña perversidad, pero al transcurrir 36 años me felicito por haber sido obstáculo. Considero a Arédez y a otros como héroes, que resistieron hasta las últimas consecuencias, y realmente puedo decir, y no sólo yo sino 40 millones de argentinos, que no estábamos equivocados", manifestó Condorí ante preguntas de la abogada querellante Paula Álvarez Carreras y del ex juez federal Horacio Aguilar, defensor de Blaquier y Alberto Lemos, ex administrador de Ledesma.
"¿Por qué cree usted que lo secuestraron a Arédez?", preguntó Álvarez Carreras. "No estaba cuando lo secuestraron, él vivía en Libertador San Martín y yo acá (San Salvador  de Jujuy)", respondió Condorí pero explicó lo que "todo el mundo" pensó cuando sucedió: "Su accionar era un obstáculo para el proyecto que tenía el Proceso de Reorganización Nacional y palpábamos que había una manifiesta animosidad de la empresa hacia su persona y su asesoramiento. La animosidad nace a partir de que el Dr. Arédez daba medicamentos que no figuraban en el vademécum, que eran sólo 12. Los médicos estaban obligados por la empresa a entregar esos medicamentos o incluso placebos, porque la lectura que hacían (los Blaquier) era que los obreros se hacían los enfermos para no ir a trabajar. Pero Arédez  argumentaba que él era hijo de obreros y que eso iba contra sus principios y su juramentación profesional. Ledesma decía que era un demagogo por hacer eso." 
Luego de su secuestro, Condorí pasó, entre abril y octubre, detenido en el Penal de Villa Gorriti, en Jujuy, donde coincidió con Arédez y otros presos relacionados con Ledesma, como Ramón Bueno, integrante del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio, y Carlos Melián, técnico mecánico de la empresa. 
En su relato, el testigo recordó que el ex intendente de Libertador San Martín le dijo cómo había sido su primer secuestro, el 24 de marzo de 1976. "Fueron a su casa alrededor de las 3 de la mañana, en un vehículo de la empresa Ledesma y con un chofer que trabajaba en Ledesma, era un tal Kairuz (en referencia a Juan de la Cruz Kairuz, policía y empleado de la empresa como técnico del Club Atlético Ledesma de Jujuy). También participaron la policía de la provincia y el Ejército. Lo llevaron hasta la seccional de Libertador y luego al penal de Gorriti junto con otros detenidos, la mayoría ex dirigentes del azúcar", señaló. 
"¿Le describió Arédez el logo de la camioneta?", preguntó Aguilar, tratando de hallar algún hueco en su declaración, a lo que Condorí contestó: "No, pero lo conocíamos todos, es el que tiene hasta el día de hoy." "¿Por qué cree que a usted  lo dejaron en libertad?", volvió a preguntar el ex juez federal que ahora ejerce la defensa de Blaquier. "Yo soy profundamente creyente y creo que estoy vivo y aquí s

una lucha por la dignidad
Uno de los principales reclamos de la obra social que presidía  Hugo Condorí era el cumplimiento de la Ley de Salubridad (1655/46) y de la Ley de Vivienda Digna (1814/46), ambas aprobadas durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. "El Dr. Arédez  tuvo una participación clara en el tema, nos asesoraba como médico y nos daba información sobre cómo hacer para obligar a la empresa a través de presentaciones judiciales o el Ministerio de Trabajo", recordó el ahora titular de la Asociación de Ex Presos Políticos de Jujuy, al tiempo que detalló cómo eran las condiciones de trabajo en el Ingenio desde finales de los años sesenta: "Se nos morían compañeros trabajando y la mortalidad infantil en la zona era muy grave. Donde más se manifestaba era en El Talar, a 40 kilómetros de Ledesma, donde había una concentración de zafreros que superaban los 4500. Ahí sólo había una sala de primeros auxilios con una enfermera pero sin ningún servicio médico. Las condiciones de vivienda eran infrahumanas, vivían hacinados en esas casas tipo pabellones que eran construidas en caña hueca y barro, techos de chapas, donde vivían diez o doce familias. Con baños llamados letrinas que había cada dos o tres pabellones. La gente hacía cola como si fuera a la carnicería para ir al baño. Había también un alto nivel de contagio de epidemias como el Mal de Chagas. Era claro el incumplimiento de la ley." 
Para la aplicación de esas leyes se realizaron numerosas negociaciones con Ledesma, de las que participaba el directorio de la obra social, además de los asesores: Arédez como médico y Carlos Patrignani como abogado. Por parte de la empresa asistían el hermano del actual presidente de Ledesma, Luis María Blaquier; el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Teodoro Adolfo Álvarez (Relaciones Públicas); y los administradores Mario Paz y Alberto Lemos. 
Ante la Justicia, Condorí fue contundente: " Todos los delegados fueron presos".

Fuente: Tiempo Argentino
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EL 2 DE AGOSTO SE INICIA EL 3er. JUICIO  en MENDOZA
El jueves 2 de agosto, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, comenzará  el tratamiento del secuestro y desaparición de 23 personas y la privación de la libertad  de otras cuatro; los acusados son 10 miembros de las FFAA y la policía de Mendoza.  En la noche de la víspera habrá una Vigilia de los organismos de DDHH, frente a los Tribunales Federales.
  El Juicio programado inicialmente para el 6 de junio fue demorado por varios  obstáculos, entre ellos la conformación del Tribunal, el que finalmente  quedó bajo la Presidencia del Dr. Juan Antonio González Macías, secundando por el Dr. Jorge Burad, más dos jueces provenientes de Buenos Aires: Alejandro Nocetti Achaval y Jorge Pisarenco.
  En esta oportunidad se abordarán cinco grupos de causas, que incluyen el secuestro y desaparición de veintitrés personas, entre las que se encuentra Gladys Castro, (embarazada) y su esposo Walter Domínguez, hijo de la presidenta de Madres de Plaza de  Mayo- Mdza. Además de las desapariciones se tratará la privación de la libertad y tormentos contra tres detenidos en la Compañía de Comunicaciones del Ejército.
 Entre las dificultades que debió sortear el Tribunal se encuentran los pedidos de separación del juicio de algunos imputados, invocando razones de salud, que requiere del peritaje  de los médicos forenses.  Por el momento los acusados son 10: cuatro pertenecen al Ejército;  cinco a la Policía de Mendoza y uno de la Aeronáutica, el Comodoro Alsides Paris que se desempeñara como Jefe de la Policía Provincial.
 Los  organismos de DDHH y organizaciones sociales han difundido una convocatoria  a concentrarse  en Tribunales Federales  el miércoles 1ero de Agosto, en la tradicional Vigilia y el 2 de agosto para acompañar la primera jornada de un nuevo proceso de memoria, verdad y justicia en Mendoza:








JUEVES 2 Agosto – 9,30 hs.
INICIO DEL TERCER JUICIO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.MDZA.
Tribunales Federales

(Avda. España y Pedro Molina- Ciudad)



MIERCOLES 1º de Agosto.- 20hs
VIGILA DEL JUICIO
Explanada Este Palacio de Justicia.(Av. España)
Acto con música y  marcha de cierre en Tribunales Federales

Recordando  y evocando a l@s compañer@s desaparecid@s
cuyas causas se juzgaran:


Roberto Blanco Fernández
Blanca Graciela Santamaría
Miguel Alfredo Poinsteau
Oscar Julio Ramos
Oscar Daniel Iturgay
Ángeles Gutiérrez de Moyano
Margarita Rosa Dolz
Raúl Oscar Gómez 
Gustavo Neloy Camin
Mario Guillermo Camin
Daniel Romero
Juan Carlos Romero
Víctor Hugo Herrera
Juan José Galamba
Ramón Alberto Sosa
Adriana Campos de Alcaraz
Antonio Alcaraz
Néstor Rubén Carzolio
Nélida Aurora Tissone
Alberto Gustavo Jamilis
Rodolfo Vera
Walter Domínguez
Gladys Castro

SIEMPRE JUNTOS, POR VERDAD, MEMORIA Y JUSTICIA
Difundilo, vení y participá


Organismos de DDHH . Mza


Más información en www.juiciosmendoza.blogspot.com

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Están imputados 10 oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Policía  

Ciento treinta testigos desfilarán por el TOF de Mendoza, al comenzar el tercer juicio oral

Mendoza.- Diez represores serán juzgados desde el 2 de agosto en Mendoza, en el tercer juicio que se realiza en esta provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. "La importancia (de estos juicios) radica en que se está construyendo una Mendoza con memoria y con una justicia federal de la democracia", dijo a Télam el abogado Pablo Salinas, del querellante movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En los dos juicios anteriores, nueve represores fueron condenados, siete de ellos a prisión perpetua. El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza juzgará a 10 oficiales que integraban el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía de Mendoza, acusados en cada caso por hechos que involucran, en conjunto, el secuestro de 32 víctimas, de las cuales 29 siguen desaparecidas, una falleció por causas naturales y sólo dos están vivas.
El juicio "demuestra que, luego de la caída del `Imperio Romano´ y con una renovación en la justicia, avanzan las causas y se están empezando a producir los juicios", sostuvo Salinas. El abogado valoró, además, la "conducta y trayectoria intachable" que atribuyó a los jueces que integran el tribunal, quienes, según dijo, cuentan con la "confianza tanto de parte de los organismos de derechos humanos como de los familiares". "Llevamos la lucha en la sangre. No buscamos venganza, sino justicia", subrayó. Componen el TOF 1 de Mendoza los jueces Juan Antonio González Macías, Jorge Roberto Burad, Alejando 
Nosetti Achaval y Jorge Pizarengo, los dos últimos designados recientemente desde Buenos Aires, con lo que quedaron superadas algunas demoras. 


La elevación a juicio imputó como represores de la 8va. Brigada del Ejército en Mendoza, en particular en su Centro Clandestino de Detención, a los oficiales Dardo Migno, Paulino Enrique Furió, Juan Antonio Garibotte y Ramón Angel Puebla. También procesó a Francisco Alsides Paris, quien a fines de 1976 y hasta febrero de 1979 sucedió como jefe de la Policía de Mendoza a Julio César Santuccione, ambos oficiales de la Fuerza Aérea. Entre los policías está imputado Juan Agustín Oyarzábal Navarro, el ex jefe de operaciones a cargo de interrogar a los prisioneros y quien fue ya condenado a prisión perpetua, por otros delitos de lesa humanidad, en el juicio que concluyó en el 2011. Otros oficiales de la Policía provincial acusados son Fernando Morellato Donna, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Armando Fernández. Seis de los diez imputados participarán en las audiencias del juicio por teleconferencia debido a razones de salud, desde las ciudades donde residen (Paris y Migno en Rosario, Furió y Puebla en Buenos Aires, y Pérez y Oyarzábal en Mendoza). Aunque Luciano 

Benjamín Menéndez y Temer Yapur fueron también señalados en el requerimiento de elevación a juicio, se estima que ambos represores serán apartados, como ocurrió en otras causas por violaciones a los derechos humanos en las que fueron imputados. Ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Menéndez fue apartado este mes por razones de salud del primer juicio en Jujuy por crímenes de lesa humanidad, mientras que Yapur fue declarado inimputable debido a un diagnosticado síndrome demencial. 
Sólo 2 de las 32 víctimas de las desapariciones forzadas que considera este juicio permanecen con vida, Oscar Martín Guidone 


y Roberto Vélez. Siguen desaparecidos, entre otros, el militante político y ex funcionario público Roberto Blanco, los estudiantes universitarios Blanca Graciela Santamaría y Miguel Alfredo Poinsteau, y los integrantes de Montoneros Oscar Julio Ramos y Oscar Daniel Iturgay, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976. 


Unos 130 testigos pasarán por las audiencias del juicio que se desarrollarán los jueves y viernes, a partir del 2 de agosto próximo, y todos los imputados estarán representados por defensores oficiales, según informaron fuentes de los tribunales. En cuanto a los dos anteriores juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Mendoza, el 16 de noviembre de 2010 se conoció la sentencia en el primero de ellos. En esa oportunidad, en la ciudad mendocina de San Rafael, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a prisión perpetua a Raúl Alberto Ruiz Soppe, Aníbal Alberto Guevara y Juan Roberto Labarta, y a ocho 
años de prisión al ex abogado de la policía Raúl Egea. 


El 6 de octubre de 2011, a su vez, el TOF 1 condenó a prisión perpetua a los policías Eduardo Smaha, Celustiano Lucero, Alberto Rodríguez Vázquez y Oyarzábal, este último también procesado en el tercer juicio mendocino próximo a comenzar. Otros dos acusados en el juicio que comenzará el jueves próximo pasaron por el proceso concluido el año pasado, en el caso de Migno con una condena a 12 años de prisión, mientras que Furió fue absuelto en esa oportunidad. 

Fuente Telam

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Reporte de la Unidad Fiscal de Seguimiento y Control  

En el primer semestre 2012 finalizaron 11 juicios y fueron condenados 29 represores de la dictadura

 

 
La cifra de condenados por delitos de lesa humanidad durante el año 2012 llega a veintinueve y conforman un total de 299 desde el regreso de la democracia hasta la fecha. Así lo consigna la Unidad Fiscal de Seguimiento y Control de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que señala que hasta julio inclusive, se registran 923 procesados, de los cuales más de la mitad (651), cuenta con alguna causa en etapa de juicio o con requerimiento fiscal de elevación a juicio. "Hasta el año 2008 había 70 personas condenadas, al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 100, a fines de 2010 a 199, mientras que para el 2011 se condenó a 267 personas", completa el informe.
En tanto, en lo que va de 2012, finalizaron once juicios -10 orales y uno escrito- que llevó a condena a 29 personas. El informe puntualiza que deben agregarse tres condenas más -totalizando 32- debido a que  el 13 de junio pasado la Cámara Nacional de Casación Penal revocó las absoluciones dictadas en  2009 en el marco de la causa "Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad", condenando a Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Román Lobaiza y Teófilo Saa. 


Si se suman éstos últimos a los 267 condenados que había a fin del año pasado, se obtiene un total de 299 condenados a julio de 2012", indicaron desde la unidad encabezada por el fiscal Jorge Auat y coordinada por Pablo Parenti. 


En el registro se aclara también que "de los 299 condenados, sólo 44 cuentan con condena firme" y que de ese total "solamente 3 imputados recibieron la confirmación de la sentencia condenatoria durante el año pasado y uno este año". 


En ese sentido, en el informe los fiscales manifiestan su "preocupación por las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales".

Fuente: telam


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FERNANDO ALVIRA, HIJO DE DESAPARECIDOS EN SAN NICOLAS

UN MOMENTO DE SENSACIONES ENCONTRADAS

TENÍA NUEVE MESES CUANDO EL EJÉRCITO SECUESTRÓ A SUS PADRES. FUE ENVIADO A UN ORFANATO, DONDE SUS ABUELOS MATERNOS FUERON A BUSCARLO. EN LA CAUSA POR LA SUSTRACCIÓN DE FERNANDO ESTÁ ACUSADO SAINT AMANT EN EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO QUE SE REALIZA EN ROSARIO.
"QUISIERA TENER A MI VIEJOS", SE SINCERA FERNANDO, CIENTÍFICO E INVESTIGADOR DEL CONICET.
POR SONIA TESSA
FERNANDO ALVIRA TENÍA NUEVE MESES EL 5 DE MAYO DE 1977, CUANDO UN GRUPO DE TAREAS DEL EJÉRCITO IRRUMPIÓ EN LA CASA DE SAN NICOLÁS EN LA QUE VIVÍAN SU MAMÁ, MARÍA CRISTINA ALVIRA; SU PAPÁ, HORACIO ARÍSTIDES MARTÍNEZ, Y DONDE ESTABA DE VISITA RAQUEL ALVIRA, HERMANA DE SU MADRE. CUANDO LAS FUERZAS BAJO LAS ÓRDENES DE MANUEL FERNANDO SAINT AMANT, POR ENTONCES JEFE DEL AREA 132 DEL COMANDO DEL PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO, SECUESTRARON A LOS TRES MILITANTES, DEJARON AL BEBÉ A CARGO DE UN VECINO, JUAN PERAZZO, CON ESTRICTAS ÓRDENES DE LLEVARLO A UN ORFANATO. EL VECINO CUMPLIÓ, Y EL BEBÉ PERMANECIÓ MUCHOS DÍAS EN LA INSTITUCIÓN, HASTA QUE LOS ABUELOS MATERNOS FUERON A BUSCARLO. ALLÍ, EL SACERDOTE MIGUEL REGUEIRO LES EXIGIÓ A CARLOS ALBERTO ALVIRA Y SU ESPOSA QUE FIRMARAN UN DOCUMENTO INCRIMINANDO A LOS HOY DESAPARECIDOS POR ACTIVIDADES QUE ENTONCES SE DENOMINABAN "SUBVERSIVAS". DESESPERADOS POR RECUPERAR AL NIÑO, EL DOCUMENTO FUE FIRMADO. "SOLAMENTE BAJO ESA COERCIÓN ME ENTREGARON", DIJO AYER, EN LA PUERTA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, FERNANDO, AQUEL BEBÉ. EN LA CAUSA POR LA SUSTRACCIÓN DE FERNANDO ESTÁ ACUSADO SAINT AMANT EN EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO QUE SE REALIZA EN EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL NÚMERO 2 DE ROSARIO. CON UN CÚMULO DE "SENTIMIENTOS ENCONTRADOS", FERNANDO LLEGÓ AYER PARA ESCUCHAR LA AUDIENCIA, PERO NO PUDO ENTRAR PORQUE COMENZÓ LA ETAPA DEL JUICIO EN LA QUE NO INGRESAN TESTIGOS NI QUERELLANTES. EN SU CASO, TAMBIÉN ESTABAN PROCESADOS REGUEIRO Y DIEGO RICARDEZ, QUE MURIERON.
FERNANDO TIENE 35 AÑOS Y SERÁ PAPÁ POR PRIMERA VEZ EN SETIEMBRE. CUANDO TENÍA NUEVE MESES, LA VUELTA CON SU FAMILIA DEMORÓ. "ESTUVE UNOS CUANTOS DÍAS, HASTA QUE MIS ABUELOS MATERNOS SE ENTERARON DE LO QUE PASÓ. EN ESA ÉPOCA NO HABÍA INTERNET, CELULARES, NO HABÍA TELÉFONOS PRÁCTICAMENTE", SITÚA EL RELATO. LA FAMILIA ALVIRA VIVÍA EN UNA PEQUEÑA COLONIA AGRÍCOLA DEL NORTE SANTAFESINO, COLONIA SAN ROQUE, CERCA DE RECONQUISTA. ENTONCES, LAS FAMILIAS MATERNA Y PATERNA SE PUSIERON DE ACUERDO PARA QUE EL NIÑO CRECIERA EN LA CIUDAD DE SANTA FE, DONDE VIVÍAN LOS PADRES DE HORACIO MARTÍNEZ. "CON LA EXPECTATIVA DE QUE MIS VIEJOS SE CONVIRTIERAN EN PRESOS LEGALES, Y QUEDARAN DETENIDOS EN CORONDA O LAS FLORES, DECIDIERON QUE ME CRIARA EN SANTA FE CON LA FAMILIA DE MIS ABUELOS PATERNOS", CONTINÚA SU RELATO. LA RELACIÓN CON LOS ALVIRA FUE SIEMPRE FLUIDA. DE HECHO, AYER, EN LA PUERTA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, FERNANDO ?QUE VIVE EN LA PLATA? APROVECHÓ PARA "PONERSE AL DÍA" CON SU TÍA ADRIANA ALVIRA ?HERMANA DE MARÍA CRISTINA Y RAQUEL? Y SUS PRIMOS. TODOS ELLOS RESIDEN EN ROMANG, Y VIENEN A LAS AUDIENCIAS A PRESENCIAR EL ESPERADO JUICIO.
"ESTE MOMENTO GENERA UN CÚMULO DE SENSACIONES COMPLETAMENTE ENCONTRADAS. LA SATISFACCIÓN DE ALGO QUE POR FIN SE LOGRÓ, QUE ME PARECE INCREÍBLE, PERO POR OTRO LADO ESTÁ LA SENSACIÓN DE QUE QUISIERA TENER A MI VIEJOS", SE SINCERA FERNANDO, QUE SE CRIÓ CON LA FIRME ADVERTENCIA DE SUS ABUELOS DE EVITAR CUALQUIER PARTICIPACIÓN POLÍTICA YA SEA EN LA ESCUELA SECUNDARIA, LA INDUSTRIAL DE SANTA FE, COMO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, DONDE FERNANDO ESTUDIÓ INGENIERÍA QUÍMICA. "ESTABA PENSANDO EN EL VIAJE HACIA ACÁ QUE ESTA PEQUEÑA LUCHA PERSONAL HACE QUE EL PAÍS QUE LES DEJEMOS, O QUE YO LE DEJE A MIS HIJOS, SEA UN POQUITO MÁS JUSTO. ES OTRO MOTIVO PARA DECIR YO TENGO QUE ESTAR ACÁ", DIJO EN LA MAÑANA FRÍA DE AYER, ESTE CIENTÍFICO, QUE ES INVESTIGADOR DEL CONICET, DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES OPTICAS, DONDE TRABAJA CON LÁSERES DE ALTA POTENCIA, Y TAMBIÉN ES DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES.
LECTURA DE TESTIMONIOS
LA FISCALÍA Y LAS QUERELLAS PIDIERON LA INCORPORACIÓN POR LECTURA DE TESTIMONIOS DE DISTINTAS PERSONAS FALLECIDAS. EL DEFENSOR OFICIAL FABIO PROCAJLO SE OPUSO POR CONSIDERAR QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DEL CONTROL DE PRUEBA POR PARTE DE LA DEFENSA Y EL ABOGADO DE HIJOS Y DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, LUCAS CIARNIELLO IBÁÑEZ FUE CONTUNDENTE, AL ARGUMENTAR QUE ESOS TESTIGOS MURIERON SIN PODER DECLARAR ANTE LA JUSTICIA EN UN PROCESO ORAL PORQUE EL ESTADO ARGENTINO DENEGÓ JUSTICIA DURANTE MÁS DE 30 AÑOS. LOS JUECES JORGE VENEGAS ECHAGÜE, ESTA SEMANA A CARGO DE LA PRESIDENCIA, OMAR DIGERÓNIMO Y BEATRIZ CABALLERO DE BARAVANI DICTAMINARÁN MAÑANA SI HACEN LUGAR.
FUENTE: ROSARIO 12
 
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PABLO VASSEL 30/07/2012
“Ricardo y Arturo Colombi son los responsables de la falta de políticas en DDHH”

El doctor Pablo Vassel, ex funcionario provincial y actual integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, apuntó contra los últimos gobernadores de la Provincia, ante lo que considera “una falta absoluta de políticas de estado en materia de DDHH”, lo cuál llevó, a su criterio, “en la irresponsable postura de algunos dirigentes de propiciar soluciones habitacionales en el complejo de Santa Catalina”. Vassel reiteró la vigencia de la medida cautelar que impide intervenir en dichos predios donde, se estima, habría restos de desaparecidos en la última dictadura
“Ricardo y Arturo Colombi son los responsables de la falta de políticas en DDHH”
 
“El tema tiene algunos años. Cuando asumí como Secretario de DDHH en la primera gestión de Ricardo Colombi – que fue otra gestión, con otro perfil- nos propusimos ser partes activa para localizar e identificar a todos los desaparecidos correntinos. Eso es un acto de estricta justicia, que tiene dos efectos importantes: el humano (permitiendo a las familias a elaborar el duelo), y es un acto de esperanza, de verdad y de justicia y rompe el miedo”, dijo el doctor Pablo Vassel, al reiterar los términos de la medida cautelar que impide la intervención en los predios de Santa Catalina
 
“Hoy mismo llega a Corrientes otro equipo de Antropología Forense. El predio está preservado por una medida cautelar, y si esto no se realizó antes es por responsabilidad de Ricardo y Arturo Colombi. Cuando la Comisión Provincial de DDHH, plantea la medida cautelar, nunca estuvo en la cabeza negarse al proceso de crecimiento de la ciudad, pero se plantea la necesidad de encontrar a gente desaparecida. Se planteó un plan y creo que por una cuestión ideológica de rechazo a los DD HH se negó siempre.  Nosotros coincidimos en la necesidad de compatibilizar el progreso, con la necesidad de tener justicia”, expresó el doctor Vassel.
“Se perdieron 8 años sin hacer un acuerdo claro, y finalmente lo hace la Comisión de DDHH con la ciudad de Corrientes que tiene un interés distinto como ideología de gestión”, agregó
 
“Se buscan restos desde 2004. En su momento estuvo la posibilidad de buscarlos con muy modestos y escasos recursos, y otra cosas es un proyecto que sí, en su momento había, y que tenía la posibilidad firme de resolver el tema”, dijo
 
Para Vassel “hay un absoluto olvido de la Provincia en ésta materia. Somos la única provincia sin política de DDHH” 
 
“Ricardo y Arturo Colombi son los responsables que durante 8 años no se hizo nadie responsable. Acá hay policías condenados, instalaciones policiales que fueron centros clandestinos (como la propia Jefatura de Policía), y la decisión de Ricardo y Arturo Colombi fue la de evitar encontrar respuestas. No les interesa el tema, se cerraron a la idea de encontrar alternativas razonables sobre predios que entiendo daría salidas concretas a las necesidades habitacionales en Corrientes, pero siempre respetando lo que indica la Justicia, y el respeto por quienes siguen buscando a sus familiares”, evaluó
 
“Son 8 años perdidos por dos personas que deben dar explicaciones. Nunca mostraron voluntad a encontrar a los desaparecidos correntinos”, insistió el doctor Vassel
 

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lunes, 30 de julio de 2012


La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba les dictó procesamiento por doble homicidio calificado

Preventiva a Videla, Harguindeguy y Menéndez por el asesinato de Angelelli

 La medida, que era reclamada por los organismos de Derechos Humanos, alcanzó también a Luis Estrella y Juan Carlos Romero. El 7 de agosto comenzará el juicio por el crimen de los curas Murias y Longueville en El Chamical.



 
 
 
 
La justicia dictó ayer prisión preventiva para el ex dictador Jorge Rafael Videla y otros ex militares represores procesados por el asesinato del obispo Enrique Angelelli durante la última dictadura cívico-militar, una medida fuertemente reclamada por las organizaciones de Derechos Humanos. Para el 4 de agosto próximo, fecha aniversario del crimen de Angelelli, está previsto que organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos concreten un masivo fogón en la plaza principal de la ciudad de La Rioja, además de procesiones y diversas actividades en la provincia. Será tres días antes del inicio del juicio por el crimen de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, asesinados en la ciudad riojana de El Chamical durante el Proceso y por quienes Angelelli ofició la última misa antes de que lo mataran, en medio del silencio de la Iglesia Católica argentina de la época.   
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió dictar "el procesamiento con prisión preventiva" a los militares genocidas Albano Harguindeguy, Luis Fernando Estrella, Luciano Benjamín Menéndez, Juan Carlos Romero y el ex dictador Jorge Rafael Videla. Los represores están imputados por los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y asociación ilícita agravada. Menéndez, Harguindeguy y Romero en esta resolución fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.
El secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) Rogelio De Leonardi, docente que militó en La Rioja y conoció a Angelelli, afirmó que "esta medida era solicitada por los organismos de Derechos Humanos hace tiempo y tuvo siempre la negativa del juez Piedrabuena, que tiene pedido de juicio político por su accionar dilatorio". En un comunicado, CTERA también denunció que Piedrabuena dictó "la falta de mérito y excarcelación para Roberto Catalán, ex juez acusado de participar en crímenes de lesa humanidad en esa provincia". Según CTERA la prisión preventiva a los represores se adoptó "luego que el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena hubiera ordenado su excarcelación suscitando reclamos de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y sindicales" de La Rioja. 
"Venimos peleando hace rato desde los distintos espacios políticos, sociales, de Derechos Humanos en la provincia de La Rioja no sólo por la lentitud en los juicios por crímenes de lesa humanidad, sino por la actitud que asumió el juez Herrera Piedrabuena durante todo este año, que fue de dilación. Esta resolución judicial nos anima por supuesto, a muy pocos días del inicio de otro juicio muy importante, que es por el asesinato de Murias y Longueville, los curitas de El Chamical que fueron asesinados el 18 de julio de 1976", explicó De Leonardi, quien también es secretario general de la delegación La Rioja de la CTA que conduce Hugo Yasky en el ámbito nacional.  «
 
se cumplen 36 años del asesinato de los religiosos en la rioja
 
El 18 de julio de 1976, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias fueron alevosamente asesinados, luego de ser secuestrados por quienes se identificaron como miembros de la Policía Federal. El hecho ocurrió en la localidad de Chamical (La Rioja) donde realizaban su apostolado. A la mañana siguiente, hombres encapuchados fueron a buscar al párroco de Sanogasta, pero él se había ido por recomendación del obispo monseñor Enrique Angelelli. Cuando el laico que los atendió les dijo que el párroco no estaba, los acribillaron.
El 4 de agosto, 17 días después del asesinato de aquellos sacerdotes, falleció monseñor Enrique Angelelli, obispo de la Diócesis de La Rioja, en un supuesto "accidente automovilístico". Las pruebas o presunciones de que fue atentado se acumularon a lo largo de los años de manera abrumadora.
Angelelli acababa de dejar Chamical, donde había celebrado una misa y pronunciado una homilía en la que denunciaba aquellos asesinatos. El obispo manejaba una camioneta, y el padre Arturo Pinto, que lo acompañaba, recuerda que apenas dejaron Chamical comenzó a seguirlos un automóvil; el obispo aceleró pero entonces apareció otro coche y a la altura de Punta de los Llanos los encerraron hasta hacer volcar la camioneta.
El cuerpo del obispo quedó tirado en el suelo durante seis horas, la camioneta desapareció y la única lesión que presentaba el cadáver de monseñor Angelelli fue la nuca destrozada tal como si lo hubiesen molido a golpes. La carpeta que llevaba el obispo jamás pudo ser encontrada.

Fuente: Tiempo Argentino, sabado

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Causa Angelelli. Ratifican la prisión preventiva de ex represores

27 julio 2012
Se trata de Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy y Luis Fernando Estrella, quienes están acusados por el grave delito de homicidio calificado, en el marco de la causa que investiga el asesinato del cura en agosto de 1976 en La Rioja. Lo medida fue dictada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena.
En la causa que investiga el crimen del ex obispo riojano Enrique Angelelli, el juez federal Daniel Piedrabuena confirmó las resoluciones apeladas donde dispone el procesamiento y prisión preventiva de los ex represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Eduardo Harguindeguy y Luis Fernando Estrella por el delito de homicio calificado. La resolución confirma la concesión de la prisión domiciliaria a tres imputados.
Piedrabuena resolvió ratificar “la resolución apelada en cuanto dispone el procesamiento y prisión preventiva de Jorge Rafael Videla, ratificando –por mayoría- el grado de participación fijado en términos de autoría mediata en orden a los delitos de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6º del C.P.), Tentativa de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (arts. 42 y 80 inc. 6º del C.P), y asociación ilícita agravada /arts. 210 bis del C.Penal) en concurso real (art. 55 del C.P), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N”.
También “la resolución apelada en cuando dispone el procesamiento y prisión preventiva de Luciano Benjamín Menéndez, ratificando –por mayoría- el grado de participación fijado en términos de autoría mediata en orden a los delitos de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6º del C.P.), Tentativa de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (arts. 42 y 80 inc. 6º del C.P), y asociación ilícita agravada /arts. 210 bis del C.P) en concurso real (art. 55 del C.P), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N”.
En cuanto a Albano Eduardo Harguindeguy la confirmación también es por mayoría y “dispone el procesamiento de Albano Eduardo Harguindeguy, ratificando el grado de participación fijado en términos de autoría mediata en orden a los delitos de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6º del C.P.), Tentativa de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (arts. 42 y 80 inc. 6º del C.P), y asociación ilícita agravada /arts. 210 bis del C.P) en concurso real (art. 55 del C.P), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N.
En la misma situación se encuentra Luis Fernando Estrella. y de Juan Carlos Romero.
Ratifica la resolución apelada en cuanto dispuso la concesión de la prisión domiciliaria a los imputados Juan Carlos Romero, Luciano Benjamín Menéndez y Albano Eduardo Harguindeguy.
En 2003, el Congreso Nacional anuló estas dos leyes y dos años más tarde, en junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación las declaró inconstitucionales. A partir de esa decisión, la causa Angelelli volvió a ser investigada por la Justicia.
En la causa se estableció que la muerte de monseñor Enrique Angel Angelelli fue producto de un “accidente automovilístico provocado”, que ocasionó la muerte al prelado riojano y lesiones de consideración a su acompañante, el ex sacerdote Arturo Aído Pinto. 







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28/07/2012 


“Nos despertó un sonido de detonaciones y explosiones”

Oscar Díaz, el primero que admite que escuchó disparos.

A las patadas. Así se despertó Díaz, al mismo tiempo que escuchó lo que según la querella eran tiros de gracia.

Oscar Díaz se convirtió en el primer testigo en el juicio que reveló haber escuchado los disparos la madrugada del 22 de agosto. El testigo era suboficial y dormía en la otra punta del edificio de la Base. El 21 de agosto le tocó una ronda de inspección fuera de la unidad y regresó cerca de las 2 de la madrugada trágica. “Me despertó un compañero a las patadas y un sonido de detonaciones y explosiones que identificamos como disparos”, relató. 

El grupo de militares saltó sobresaltado de las camas preguntando qué pasó. Un superior los detuvo en el pasillo y así como estaban, en calzoncillos, los mandó al Casino de Suboficiales, atravesando la Plaza de Armas. “Hubo orden de desalojar y era una confusión total porque nos despertamos de un modo muy violento”. 

Díaz no escuchó ráfagas sino ruidos discontinuos. Por eso la querella cree que lo que oyó eran los tiros de gracia a los fusilados. Contó que nadie pudo ver más porque “un cortinado” separaba el pasillo de calabozos del resto del edificio. El dato juega a favor del ex cabo Carlos Marandino, quien siempre sostuvo que se ocultó detrás de ese biombo mientras sus jefes ejecutaban a los presos.

Horas después, el teniente Troitiño reunió a un grupo de 20 suboficiales y les explicó la versión oficial. Otro teniente, Roberto Bravo, acompañó pero no habló. “En su timbre de voz no se notaba pero se lo veía nervioso y compungido”, dijo el testigo. “Era un momento de confusión y llegamos a la conclusión masiva de que lo que pasó estaba dentro de esa puerta. El resto eran trascendidos y conjeturas que podíamos armar pero nunca en ningún momento tuve la orden de lo que tenía que decir”.

A modo de dato curioso, el jefe de la Base, Rubén Paccagnini, es el padrino de casamiento de Díaz. Quiso el destino que el 15 de agosto, día de la fuga, el suboficial cumpliera su primer aniversario de casado. Pese a esta cercanía “franca y directa”, como la definió, el testigo aseguró que jamás le pidió detalles de aquella noche. “De eso no se habló”, aseguró

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Un testigo se peleó con la querella y sería careado


Jorge Barreto era guardiamarina y aseguró que ese día estaba de inspección en Madryn. Pero dos personas dicen que charlaron con él la noche del 21 de agosto y la madrugada del 22, minutos después de los fusilamientos. El tribunal le pidió que no se vaya de la zona. Sosa y las copas de más.
Complicado. Barreto dijo estar dispuesto a todas las aclaraciones que hagan falta para verificar dónde estuvo las trágicas horas de la Base Zar.
Por Rolando Tobarez

Por primera vez en el juicio por la Masacre de Trelew, tras su extensa declaración el tribunal debió pedirle a un testigo que no abandone la zona ya que lo convocarían nuevamente para aclarar versiones contradictorias. Se trata de Jorge Barreto, exguardiamarina de la Base Almirante Zar de Trelew en agosto de 1972, que posiblemente deba carearse con otro testigo. 

El hombre aseguró que el 21 y el 22 de agosto no estuvo en la unidad militar ya que fue enviado a inspeccionar el Apostadero Naval de Puerto Madryn. Pero otras dos personas advierten que por el contrario, la noche anterior y la madrugada de los fusilamientos Barreto hacía guardia y hasta habló con ellas.

El jueves, el excolimba Carlos Steiner le dijo a los jueces que el 21 llegó a la Base y conversó unos minutos con Barreto antes de irse a dormir. Y en su declaración de 1973, el contador Raúl Herrera contó que minutos después de los fusilamientos salió de la zona de calabozos y le pidió a su subordinado Barreto que alerte al resto de los oficiales. El dato figura en la causa civil que inició la familia de la fusilada María Berger, documento que halló y aportó la Armada Argentina.

El testigo negó ambas afirmaciones y las atribuyó a errores subsanables si se revisan los libros de guardia, los mismos que nunca aparecieron. Varias partes coincidieron con que es muy posible que deba confrontar su versión con la de Steiner y con el testimonio de Herrera. “Le voy a pedir que no deje la zona porque es posible que lo necesitemos para otra diligencia de aclaración”, le advirtió el presidente del tribunal, Enrique Guanziroli. “Vivo en Trelew hace 40 años y no pienso irme”, sonrió el testigo.

En la audiencia de ayer, en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson, Barreto mostró signos de nerviosismo y cruzó discusiones e ironías con el querellante Eduardo Hualpa. Es que el testigo no terminó de precisar si regresó de Madryn el mismo 22 o el 23. Tampoco definió en qué momento se enteró de la balacera. 

-Me cuesta creer que ante un hecho tan importante no lo recuerde, dijo Hualpa.

-Pasaron 40 años y hasta hoy no sé qué sucedió ahí.

-Puede no saber lo que pasó en la Base, pero la pregunta es si sabe lo que hizo usted el 22, el 23 y el 24 de agosto…

-En términos generales sí pero no me pida la hora exacta que me levanté o que me enteré, o cuando me dieron las versiones. No es fácil contestar con precisión.

-Yo le pido la verdad, nada más. No puede no recordar si volvió el día de los hechos u otro día …

-Usted se está poniendo en mi lugar, le digo que yo no me acuerdo...

-No, le pregunto desde el lugar del querellante…

Antes de contrapuntos así, Barreto aseguró que el jefe de la Base, Rubén Paccagnini –imputado de cómplice- nunca quiso recibir al grupo de presos. Y que la noche del 15 de agosto discutió largo y tendido con un superior por teléfono antes de aceptar la orden. “Vi la llegada de los micros con los detenidos: era una larga columna de vehículos militares pero quedó parada largo rato en la barrera”, dijo. 

Un auto se estacionó en el playón y abrió su baúl. “Llevaba las armas que entregaron los guerrilleros y había pistolas Browning 9 milímetros que veíamos por primera vez. Ni nosotros teníamos ese armamento, decían los oficiales”. Paccagnini, según su versión, quería devolver al grupo a la Unidad 6 de Rawson porque la Base no estaba preparada para alojarlos. “Le dieron la orden o lo convencieron. Eso siempre le molestó porque trató de que no entraran”, deslizó Barreto. 

Desde ese día “se trastocó todo el sistema de guardia” en la unidad. Se montó un operativo inédito, reforzado como nunca antes. “Hubo jefes de guardia, médicos de guardia y hasta choferes de guardia, que nunca tuvimos. Todo el mundo estaba acuartelado y a la orden”, describió. 

Esa vigilancia se dedicó exclusivamente a los presos y dependía del Batallón de Infantería de Marina 4, cuyo segundo jefe era el capitán Luis Sosa. Funcionó en paralelo a la guardia de rutina y estaba “casi aislada del resto de la Base”.

Esa semana un avión Hércules trajo a Trelew a policías federales. Comían con los oficiales locales y se distinguían del resto: “Sabían quiénes eran los presos, su prontuario y en qué enfrentamientos habían participado. Lo tenían totalmente claro y en cambio en la Base no teníamos idea de los guerrilleros”. 

El clima era “bastante extraño”. La costumbre de los jefes más antiguos era estar con sus familias, no acuartelados para vigilar a guerrilleros. “Con los días se notó su malestar y el disgusto. Para los que éramos más jóvenes no era extraño porque casi vivíamos ahí”. 

Su hipótesis del 22 de agosto es que los jefes, acuartelados, no se dormían temprano y se aburrían de mirar TV, charlar y jugar a las cartas en la Cámara de Oficiales. Se decía que estaban hartos, “podridos” de estar ahí sin volver a casa. 

“Quizás se tomaron un par de copas de más y para mí, Sosa les dijo vamos a inspeccionar los calabozos, aunque quienes lo acompañaron no tenían nada que hacer ahí. No tuvo nada que ver con ningún procedimiento militar razonable. Era incomprensible que un jefe cometiera un error tan grosero de sacar a todos los presos juntos a un pasillo. Nunca se había hecho y llevó a ese resultado. Hasta hoy no me explico qué le pasó a ese hombre”. Para Barreto algún chispazo con los presos causó el primer disparo. 

Tras los hechos al jefe de la Base se lo vio abatido. Paccagnini sabía que por su jerarquía era responsable y “el más perjudicado”, haya participado o no. “Estaba nervioso y apesadumbrado, no comprendía cómo había sucedido y al igual que el resto de los oficiales que no tuvieron nada que ver se preguntaba por qué había recibido a presos que no tenían que estar allí. Para nosotros y para los oficiales él no tenía la más mínima idea de lo que sucedería”. El testigo admitió que la versión oficial “nunca nos cerró ni nos quedó clara” ya que “era incomprensible que sucediera eso si se hubiesen seguido los procedimientos razonables para verificar celdas”.


La Jornada

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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007





Los desaparecidos de la CNEA

 
Año 5. Edición número 219. Domingo 29 de julio de 2012
Cuatro víctimas. De arriba a abajo: Rus, Rojas, Gorfinkiel y Badillo. El almirante Castro Madero dirigió con mano dura la CNEA desde el 24 de marzo de 1976 hasta 1983. Además de hacer desaparecer personal, en su gestión echaron a 107 trabajadores y cesantearon a 120. Otros 370 renunciaron por la persecución que imperaba.

 

Quince científicos y trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica fueron desaparecidos y otros once, secuestrados y luego liberados durante la última dictadura. El rol de la Marina. Las voces de los que sobrevivieron.
Máximo Victoria se presentó a trabajar el 24 de marzo, como todos los días, en su cargo directivo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se desempeñaba desde 1973. Estaba de licencia en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Pero el director del INTI le dijo que debía volver a su antiguo puesto. Lo recibió el flamante interventor del organismo, el almirante Carlos Castro Madero, que había asumido ese mismo día. El marino le ordenó presentarse ante el jefe de Logística, un capitán de navío. Luego de la reunión, vino el terror. Victoria fue encapuchado, amenazado con un arma en la nuca, desnudado y trasladado luego a un barco en el que estuvo detenido, con otros científicos, durante semanas. Pasó también por las cárceles de Devoto y de Sierra Chica. Ya en ese momento Victoria era –lo sigue siendo– un científico prestigioso, uno de los principales investigadores internacionales en el área de energía nuclear. La presión de la comunidad científica internacional ayudó a salvarle la vida. Fue liberado. Desde hace más de tres décadas vive entre Europa y Estados Unidos.
Hoy Victoria reside temporalmente en Estados Unidos, donde es profesor visitante de la Universidad de California. Desde allí le relató a Miradas al Sur los recuerdos de aquellos días: “Una de las primeras medidas del almirante Castro Madero fue convocar al personal de la CNEA a una reunión en el salón de actos. Allí pronunció amenazas más o menos veladas contra aquellos que ‘rompieran con el orden establecido en la casa’. Yo, además, fui convocado por el área de Personal. Me recibió el director de Logística. Y sin más prolegómenos me indicó que estaba detenido por ser un ‘elemento peligroso para la institución’.”
Victoria fue sacado a punta de fusil por los pasillos de la CNEA. “Me desnudaron en una de las salas de espera para comprobar que no estaba armado y me dejaron a la espera de, dijeron, ‘quienes vendrían a buscarme’. Después de un tiempo que me pareció interminable, cuatro personas de civil, pero que por su comportamiento eran evidentemente militares, me esposaron y llevaron a un auto estacionado en la puerta de la CNEA. Algunos metros más adelante, por la avenida Del Libertador, me bajaron a golpes, me encapucharon y me tiraron en el piso del auto. Me llevaron así hasta lo que después descubrí era un barco de la Marina, atracado en el puerto de Buenos Aires, el Bahía Aguirre.”
En el buque todo fue peor. “El tratamiento de golpes, insultos y amenazas duró todo el tiempo que estuvimos ahí. Estuve aislado en una de las cabinas. Después me di cuenta por sus voces que se encontraban también allí otros compañeros de la CNEA. Nuestro encierro duró unas cuatro semanas. Fuimos trasladados a otro barco por un par de días y finalmente encarcelados oficialmente a disposición del Poder Ejecutivo (PEN). Primero en Devoto y después en Sierra Chica. Le debo al violento traslado de Devoto a Sierra chica los rastros físicos más imperecederos de esta pesadilla: una fractura en mi pie derecho y algunos dientes rotos. De Sierra Chica fui liberado en octubre de 1976”. Una semana después, estaba exiliado en Bélgica. Vivió también en Francia y en Suiza.

Lógica de terror. El caso de Victoria es un ejemplo de la fuga de cerebros que, como en el Onganiato, generó la última dictadura. Es, también, una muestra del terror que se implantó en un organismo modelo de la ciencia en la Argentina: la CNEA. Que no escapó a lo lógica desaparecedora de las Fuerzas Armadas: de allí se secuestró a más de once científicos y trabajadores que fueron liberados después de seis meses de detención. Otros no tuvieron tanta suerte: hay 15 personas desaparecidas que, al momento de su detención, trabajaban o estaban vinculadas a la CNEA (ver aparte). Hace poco, además, se homenajeó en el Centro Atómico Bariloche a cuatro egresados del Instituto Balseiro que también están desaparecidos. El desmantelamiento de la CNEA llegó también de la mano de la Ley de Prescindibilidad: durante la gestión de Castro Madero, que duró desde el ’76 al ’83, se echó a 107 trabajadores y cesantearon a 120. Otros 370 renunciaron por la persecución que imperaba.
“Por otro lado, se incorporaron cientos de contratados, previamente supervisados por la Secretaría de Inteligencia del Estado, y controlados internamente como el resto del personal, a través de la elaboración de legajos paralelos, con información gremial, ideológica y política suministrada en parte por elementos de inteligencia interna. Muchas de las incorporaciones estaban relacionadas con las obras que se estaban realizando y también para cubrir tareas de investigación”, explica el físico Enrique Pasqualini. Es un reconocido experto en combustibles nucleares. Está vinculado a la CNEA desde el ’72. En el ’84 fundó con otros compañeros la Comisión de Derechos Humanos del organismo. Hoy es jefe del laboratorio de Nanotecnología Nuclear en el Centro Atómico Constituyentes.

Amo y señor. La sede central de la CNEA está exactamente frente al edificio de la ex Esma. La creó el peronismo en 1950. Hasta 1984 estuvo en manos de la Marina y era dirigida por un almirante. El amo y señor de la CNEA durante la dictadura fue el vicealmirante Carlos Castro Madero. Asumió como delegado de la junta militar el mismo día del golpe. Fue después de un trabajo de inteligencia de la Marina que había empezado en octubre del ’75: el operativo ACNE. Antes de que terminara el ’76 ya habían desvinculado por distintos mecanismos a 600 profesionales, técnicos y administrativos.
“Durante la gestión de Castro Madero se liberaron centros atómicos para permitir secuestros. Se persiguió cualquier tipo de actividad gremial reivindicativa y se generaron mecanismos de control con la elaboración de legajos ideológicos. Incluso intentó que gente de CNEA exiliada no consiguiese trabajo en el exterior”, señala Pasqualini. Y acusa: “En más de la mitad de los 26 secuestros, Castro Madero tuvo injerencia directa. Es más: hubo secuestrados, luego liberados, que fueron visitados en sus cautiverios por militares que estaban en la CNEA”.
Ya en diciembre de 1983, el científico y luchador por los derechos humanos José Federico Pipo Westerkamp denunció el rol de Castro Madero en las desapariciones y secuestros en la CNEA. “¿Qué hizo su presidente para salvar a tantos miembros de esa Institución? ¿Puede creerse que un contraalmirante, luego vicealmirante, no tuviera posibilidad de lograr noticias sobre el paradero de los científicos de referencia? ¿Acaso no sabía que justamente en frente de la CNEA funcionaban los famosos campos de concentración de la Esma, donde fueron llevados miles de secuestrados en la época en que su amigo, el almirante Massera era comandante en jefe, y el director de la Esma era el capitán de navío, luego contraalmirante Chamorro? Son todos estos interrogantes los que deben despejarse. Castro Madero tiene el deber de informar detalladamente acerca de lo que él sepa sobre este desgraciado tema, que ha llenado de oprobio al gobierno militar, a quienes han colaborado en cargos de responsabilidad, y a la institución a la que pertenecían los secuestrados, ante el desinterés en esclarecer tan terribles hechos”, escribió, sin miedo, en un artículo publicado entonces en la revista El Porteño.
“El clima en ese entonces era de terror. Hubo compañeros que fueron secuestrados en la puerta de ingreso o incluso en su oficina”, describe Pasqualini. “En una institución donde es imprescindible la participación de profesionales y técnicos en la discusión y determinación de sus metas y métodos de trabajo, se implantó un sistema opresivo y represivo al conjunto del personal que tuvo como finalidad y consecuencia no permitir que ni siquiera se cuestionaran decisiones técnicas.” Castro Madero murió en 1990.
Una mujer que trabajó en la CNEA entre el ’70 y el ’73 –y que prefirió no dar su nombre– relató: “En los ’70 la CNEA tenía un proyecto de energía nuclear de vanguardia: trabajaban muchos investigadores de Exactas; los obreros tenían una capacitación técnica moderna para la época. En esos años existían también sectores combativos. Había un contraste muy fuerte: una dirección militar de poca proyección y un pensamiento científico tecnológico de mirada nacional. Por eso no faltaron los conflictos, laborales y políticos.” “Recuerdo –dice– que entre el personal había agentes o servicios. A uno, por ejemplo, le encontramos fotocopias de documentación de Montoneros. El otro enigma fue quiénes de los que veíamos en las movilizaciones eran militantes o servicios, con lo cual fingíamos ignorarnos. Cuando esto era mutuo ya sabíamos que se trataba de un compañero.”
Además de la represión, también se tomó a la CNEA como parte del botín de guerra. Como sucedió, en general, con otras áreas del Estado. Explica Pasqualini: “La política económica que implementó la dictadura fue fundamentalmente de endeudamiento, sin tener en cuenta la necesidad de las inversiones. En materia de energía atómica, por ejemplo, se firmó un decreto –el 302/79– para la construcción de cuatro centrales nucleares antes del fin del milenio, para un país donde la industria y el desarrollo habían quedado totalmente relegados. Nadie preguntaba para qué se iba a usar esa energía, eran ‘negociados’.”

Exilios y ausencias. Carlos Calle es ingeniero químico. Trabajó en el Centro Atómico de Ezeiza, dependiente de la CNEA, desde 1969 hasta marzo 1976. En el exilio, trabajó en la Comisión Nacional de Energía Nuclear italiana: dirigió por veinte años, desde 1977 a 2007, una planta radioquímica. Se jubiló hace un tiempo y hoy vive entre Argentina y Europa. Calle fue secuestrado el 28 de marzo de 1976 y llevado a la Esma. “Un grupo de uniformados de la Marina irrumpió en mi domicilio, en Ituzaingo. En los dos días siguientes, entre interrogatorios, torturas y traslados nocturnos, descubrí a pesar de la capucha que en esa misma razia habían caído también otros nueve compañeros de trabajo, aparentemente bajo un comando unificado”, cuenta Calle a Miradas al Sur, desde Italia.
Calle estuvo detenido, como Victoria, en el buque Bahía Aguirre. “Luego de aproximadamente diez días de alucinantes peripecias, traslados y simulacros de fusilamiento, fuimos transferidos desde el barco a la cárcel de Devoto e internados por cuatro meses en los pabellones de máxima seguridad. Sucesivamente, en posteriores traslados, ocho compañeros terminamos en la U9 de La Plata y dos en Sierra Chica. Todo el grupo fue conducido a Devoto a disposición del PEN. El régimen decretó nuestra libertad con un decreto firmado el 8 de octubre de 1976 por el dictador Videla. El decreto fue consecuencia de las presiones internacionales de varios centros nucleares europeos, movilizados por nuestras familias, que por vía diplomática habían intervenido solicitando explicaciones al presidente de la CNEA por nuestras detenciones. Fuimos afortunados porque milagrosamente salvamos el pellejo y pudimos reconstruir nuestras vidas, siete en el exterior (Italia y Bélgica) y tres en nuestro país.”
Además de Calle y Victoria, hubo otros nueve secuestrados que lograron recuperar su libertad: Pedro Landeiro y Eduardo Cuello, ya fallecidos; Enrique Narciso, Rafael Vallote, Santiago Morazzo, Jorge Núñez, Sergio Pereira Marcondes, Domingo Quilici y Benito Víctor Benedetti. “Hubo otro grupo de trabajadores de la ciencia y de la industria nuclear que, mientras nosotros éramos detenidos, fueron secuestrados de sus domicilios y algunos en sus lugares de trabajo, en diferentes operativos, para luego engrosar el elenco de los treinta mil desaparecidos. Entre ellos algunos queridos compañeros como Antonio Misetich, Federico Álvarez Rojas, Roberto Ardito, Cristina Onis. No se tuvieron más noticias de ellos”, se lamenta Calle.
A Benedetti lo secuestraron porque estaba realizando una colecta para la esposa de Cuello, cuando estaba desaparecido. “Fue bárbaramente torturado, y luego dejado libre, para que sirviera de ejemplo y escarmiento. Los familiares de estos compañeros, desde 1976 en adelante, han denunciado los detalles de cada una de estas desapariciones y están reactivando un viejo proceso judicial.”
Calle concluye: “Quienes fuimos considerados responsables de haber pretendido cambios ‘subversivos’ pagamos las consecuencias sobre nuestras pieles. Quince compañeros desaparecieron y hasta el día de hoy no hay ningún responsable por estos crímenes. Cuando el país volvió a la normalidad democrática, la CNEA fue desmembrada por el menemismo. Pero eso es argumento para otra historia.”.

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“Un organismo prestigioso, modelo para América latina”

 
Año 5. Edición número 219. Domingo 29 de julio de 2012
“Durante la primera mitad de la década del ’70, la CNEA era la más prestigiosa central de investigación y desarrollo de América latina. Era un organismo modelo. Que se encontraba inmerso en el intenso y apasionante debate sobre algunos temas fundamentales para incorporar al plan energético nacional la energía nucleoeléctrica. Se discutía también de la reorganización de la institución, de los contratos de trabajo. Participaban las asociaciones de técnicos y de profesionales, los sindicatos, los diferentes movimientos políticos. El debate estaba inmerso en el ambiente político de la Argentina de aquellos años. Una nueva clase dirigente se estaba gestando y habían comenzado las naturales resistencias de aquellos sectores que nada querían cambiar. Cuando Cámpora asumió la Presidencia, el personal de los centros nucleares de Ezeiza, de Constituyentes y de la sede central se revelaron, como en tantas otras organizaciones del Estado, y el almirante Oscar Quihillalt fue sustituido (luego de 18 años de desempeño en el cargo) por el almirante Pedro Iraolagoitía. Este hombre, el primer presidente de la CNEA nombrado por el general Perón cuando creó el organismo nuclear, y que había abandonado el cargo en 1955, se dedicó con entusiasmo a apoyar nuevos proyectos y también realizó algunas modificaciones organizativas facilitando el acceso de algunos jóvenes profesionales a cargos directivos. Su gestión duro un año y medio. El 24 de marzo de 1976 todo este proceso se interrumpió abruptamente.”
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“Los trabajadores queremos que se haga justicia”

 
Año 5. Edición número 219. Domingo 29 de julio de 2012
“Apenas recuperada la democracia, los familiares de los desaparecidos de la CNEA iniciaron un juicio que se interrumpió debido a las leyes de impunidad sancionadas en el gobierno de Raúl Alfonsín. También nosotros como Comisión de Derechos Humanos de la CNEA propiciamos una causa a través de la cual pudimos recuperar en su momento más de 200 legajos ideológicos (legajos paralelos) elaborados en esa época y que están actualmente en la sede de la CNEA. Varias de esas 200 personas pudieron acceder y ver esos ‘legajos’. Actualmente se han retomado las investigaciones y la recolección de pruebas y estamos solicitando para ello la colaboración de las autoridades de la CNEA. Por otro lado, los secuestros y las desapariciones de los trabajadores de la CNEA de Buenos Aires están siendo investigados en las megacausas de Primer Cuerpo de Ejército y de la Esma, y elevadas oportunamente a diferentes tribunales orales federales. Hay que tener en cuenta que un primer ordenamiento en los juzgados es por fuerza interviniente en el secuestro y centro clandestino de detención. Así, se da el caso de que secuestrados de la CNEA han pasado por distintos centros clandestinos dependientes de distintas fuerzas. Eso hace más complicado el procedimiento. Estamos colaborando con ambos juzgados en la elaboración de pruebas para sustanciar las acusaciones en base a testimonios que aportan víctimas y testigos, y documentación que nos acerquen. Queremos que se haga justicia.”
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Las historias de los que ya no están

 
 
Año 5. Edición número 219. Domingo 29 de julio de 2012
Son quince los científicos y trabajadores de la CNEA desaparecidos. Estas son sus historias.
María Cristina Onis. Renunció el 2 de abril de 1976. No se conoce información sobre la forma de su secuestro.
Antonio Anselmo Misetich. Físico. El 19 de abril de 1976 María Susana Esaín salió de su casa de Vicente López en la que convivía con Antonio, junto con sus dos hijas. Vio pasar patotas de la Marina, armadas y en autos. Pararon en la vivienda y entraron. Hubo reclamos de la comunidad científica internacional. Castro Madero reconoció que Antonio estaba detenido y “gozaba de buena salud”. Pero sigue desaparecido.
Federico Álvarez Rojas. Físico y militante gremial. El 1º de octubre de 1976 un grupo entró a su edificio y destrozaron el piso 12 en el que vivía. Encerraron a sus tres hijos y lo secuestraron junto a su esposa, Hilda Leikis. Robaron su auto y la escritura del departamento. El 21 de abril de 1977 lo declararon cesante, por “abandono de tareas”.
Roberto Ardito. Ingeniero electrónico. Ex secretario gremial de la Asociación de Profesionales de la CNEA. El 12 de octubre de 1976 un grupo de tareas se metió en el departamento de los suegros. Le pidieron a golpes la dirección de Roberto. Como se negaron, fueron a la casa de su otra hija. Forzaron al esposo a llevarlos hasta el departamento de Roberto y su esposa, Atlántida Coma Velasco. Lo secuestraron. Fue declarado cesante también el 21 de abril de 1977, por “abandono de su trabajo”.
Susana Flora Grynberg. Física. Renunció el 2 de mayo de 1976. El 20 de octubre los padres de Susana recibieron un llamado anónimo: así se enteraron de que su hija había sido detenida por fuerzas de seguridad en su casa. Susana estaba embarazada de tres meses. Hay testimonios de su paso por la Esma.
Miguel Schwartz. Ingeniero. El 14 de febrero de 1977 Miguel debía encontrarse con su esposa Mirta. Al llegar a su departamento, varios tipos armados lo estaban esperando. Fue esposado y secuestrado. Su esposa también fue detenida. Se le prohibió ejercer su profesión de médica en el Hospital de Niños y luego fue obligada a abandonar el país. Miguel está desaparecido.
José María Estévez. Técnico del departamento de Reactores. El 2 de mayo de 1977 estaba con su esposa y un matrimonio amigo en su casa de Haedo. A la mañana siguiente un grupo de tareas armado entró al inmueble. Obligaron a José María a buscar su auto. Lo secuestraron y sigue desaparecido.
José Luis Badillo. Físico. Trabajador de una empresa contratista de Atucha I.
Fue secuestrado en la
madrugada del 8 de julio de 1977 en su domicilio. Se identificaron como miembros de las Fuerzas Armadas. José Luis fue llevado esposado y con los ojos vendados.
Rosa Delfina Costa. Trabajaba
en el Centro Atómico Ezeiza.
Fue dejada cesante de la CNEA
por “abandono de tareas”
el 12 de julio de 1977. No se
sabe cómo la secuestraron.
Graciela Mabel Barroca. Técnica en el departamento de Reactores. Estudiante de Física de la UBA.
El 15 de julio de 1977 por la noche un grupo armado, y de civil, llegó al domicilio familiar de Villa Martelli. Como no los dejaron entrar, balearon y pusieron dinamita. Graciela no estaba allí. Esperaron durante tres horas y cuando llegó la llevaron detenida.
Gerardo Strejilevich. Estudiante de Física. Era el novio de Graciela Barroca. Los secuestraron el mismo día. Luego de despedirse de ella fue a dormir a la casa de un amigo, Manuel Ricardo Rojas, porque creía que lo estaban siguiendo. Tenía razón: en la madrugada los secuestraron
a los dos.
Daniel Lázaro Rus. Estudiante
de Física y becario en el departamento de Combustibles.
El viernes 15 de julio de 1977 fue visto por última vez en su lugar
de trabajo. Según compañeros
de trabajo, hombres armados lo metieron en una camioneta de artículos de limpieza con la inscripción “Lavandina” que
estaba estacionada en la puerta
de la CNEA.
Secundino Garay. Técnico y estudiante de la UTN. Trabajaba
en una empresa contratista en Atucha I. Era ex oficial de la Armada. Secundino fue arrancado de su casa una madrugada de octubre de 1977.
Un grupo comando del Ejército ingresó a su casa donde vivía con su esposa y su hijo de 6 años.
Jorge Israel Gorfinkiel. Físico. Renunció a la CNEA el 7 de mayo de 1976. El 25 de noviembre de 1977 por la mañana salió de su casa en Pacheco rumbo a su trabajo en Capital Federal. Lo secuestraron
y pasó por varios centros clandestinos. Estaba casado
y tenía dos hijos.
Daniel Eduardo Bendersky. Estudiante de Física. El 16 de septiembre de 1978 por la
mañana un grupo vestido de
civil se presentó en su casa. Dijeron que eran de la Policía Federal. Lo llevaron a Daniel a
su cuarto. Lo interrogaron y
se lo llevaron, pese a la resistencia de su madre. De acuerdo con relatos de vecinos, a Daniel lo metieron en un Falcon rojo.
Sigue desaparecido.

Fuente: Miradas al Sur
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