lunes, 29 de abril de 2013








El
 viernes 26 de Abril por la mañana viajamos compañeros de San
Pedro, Pergamino y San Nicolás para presentar una nota en la
Secretaría de Derechos Humanos del Tribunal Oral Federal Nº1 en la que
apoyamos el recurso de queja presentado por el Equipo Jurídico de
HIJOS Rosario debido a la postergación de uno de los Juicio que estaba
programado para iniciarse en marzo y se postergó para agosto. Además
de reclamar que nos fijen fecha de inicio para la causa Saint Amant
II.

Por otra parte estuvimos presentes en el Aguante con los familiares de 
los testigos en la causa Casado del cordón industrial de San Lorenzo
expresando nuestra solidaridad permante con su lucha.

Adjunto a continuación algunos links con la cobertura que la prensa de 
rosario y san nicolás realizó de nuestra acción. [también va de nuevo
la nota: "De dónde venimos" en la que nos presentamos al TOF 1. Es
bueno comentar que en el dialogo que tuvimos con personal de la
Secrtaría de Derechos Humanos del TOF 1 no pudieron atendernos
personalmente porque estaba en la Audiencia del Juicio Oral por el
caso Casado de San Lorenzo, pero nos pidieron los datos para el caso
de una entrevista personal con los funcionarios judicialies]

En los primeros días de Junio nos estamos reuniéndo en el Tercer 
Encuentro Regional por Memoria y Justicia del Nordeste Bonaerense para
evaluar la recepción de nuestro reclamo y ver los próximos pasos a
dar.

Esta es una situación clara y concreta de por qué es necesario una 
Justicia más dinámica, al servicio justamente de los que padecimos
injusticias. Mientras se debaten los temas estructurales, mientras se
despliegan escenarios mediáticos de "alarma republicana" nosotros, los
tercos de siempre, los sobrevivientes, los familiares de los
compañeros que son bandera de lucha, los abogados jóvenes de HIJOS y
de las demás organizaciones populares seguiremos reclamando, exigiendo
y proponiendo caminos que den respuéstas a más de 37 años de lucha
`por Memoria, Verdad y Justicia

Un abrazo 
cholo!

Piden fecha para el juicio por el caso Saint Amant II [nota del sábado 
en La Capital - Rosario]


Juicio a represores: Que empiece ya [RedaccionRosario] 

Piden que el TOF Nº 1 fije una fecha de inicio para ocho causas: 
organizaciones de Derechos Humanos marchan hoy a Rosario  [Diario El
Norte San Nicolás]


Reclamo en los Tribunales Federales [La Capital - Rosario] 


RECLAMAN AL TOF 1 POR JUICIOS DE SAN NICOLAS Demora "inadmisible" en 
las causas [Rosario/12]


Demora "inadmisible" en las causas [Museo de la Memoria Rosario] 

También el Canal 2 CableVisión de San Nicolás nos hizo una nota para 
el noticiero local.

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La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia





28.04.2013 | Actividades organizadas por la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura

Una recorrida "aleccionadora" por la ESMA para jueces, camaristas y abogados

 Una recorrida "aleccionadora" por la ESMA para jueces, camaristas y abogados


 Una veintena de jueces porteños y bonaerenses recorrió días atrás el Museo de la Memoria en la ex ESMA, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país durante la última dictadura. La experiencia busca "sensibilizar" sobre los horrores que debió enfrentar la sociedad durante el terrorismo de Estado a quienes deben impartir justicia y se suma a las visitas periódicas de funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y del Servicio Penitenciario.
El viernes 12 de abril, a las 10 de la mañana, alrededor de 25 jueces y camaristas civiles, comerciales y laborales junto a abogados y funcionarios judiciales recorrieron acompañados por autoridades de la Red Federal de Sitios de Memoria el edificio emblema de la represión ilegal que perteneció a la Marina y por donde pasaron alrededor de 5000 presos políticos durante la última dictadura.
"Me parece fundamental que todos los jueces, tengan o no a su cargo causas de lesa humanidad, puedan tener un cabal conocimiento de lo que significó el terrorismo de Estado, como fue y el costo que genera a un país cuando se aparta del derecho", explicó a Tiempo Argentino Pablo Vassel, a cargo de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura y uno de los impulsores de las visitas junto a la Academia de Intercambio y Estudios Jurídicos.
El juez civil Javier Fernández es el director ejecutivo de esa asociación, que capacita a magistrados en temas que no son netamente jurídicos pero sí fundamentales para resolver algunas causas, como cursos sobre ciencia, economía y derechos humanos.
"El tema Derechos Humanos es de capital importancia para nosotros por eso impulsamos estas jornadas de reflexión, para que tengan contacto en el lugar con estas temáticas y creemos cumplir un rol de difusión y concientización", señaló Fernández, quien es titular del Juzgado Civil Nacional 16.
Para el magistrado, la principal función de estas visitas es la "sensibilización" de los jueces y funcionarios sobre el terrorismo de Estado en el país. "El interés es contribuir a la labor de difusión para tener en cuenta nuestra historia. Estas actividades acercan a los jueces a realidades de la historia reciente, a situaciones que han tocado a generaciones. Trabajar en la sensibilidad sobre estos aspectos de funcionarios judiciales que después deciden sobre problemáticas de la gente nos parece interesante como formación pedagógica", analizó.
Sobre la reacción de los jueces que participan, Fernández destacó que "la actividad es ciertamente impactante: un cosa es leerlo desde los medios y la literatura histórica y otra es ir al lugar donde ocurrió", y consideró que "el hecho de visitar este centro de detención es una actividad dura, aleccionadora, conmocionante y útil".
El centro del recorrido fueron los cuatro pisos que conforman el Casino de Oficiales, donde funcionó el centro de operaciones del Grupo de Tareas y diferentes lugares de detención como 'Capucha' y 'Capuchita', que permanecen casi intactos más de 30 años después. Todavía siguen en pie las salas que funcionaron como maternidades clandestinas, el sótano del edificio, por donde ingresaban los detenidos, y el pañol, donde los represores acumulaban los efectos robados a los miles de detenidos.
La gravedad de los delitos que se cometieron en los centros clandestinos de detención de todo el país vuelve imprescindible para cualquier persona conocerlos y esto adquiere mayor importancia aún cuando se trata de funcionarios públicos y jueces. "Los horrores allí vividos no pueden ser olvidados, menos por funcionarios que imparten justicia, quienes deben conocer lo que significaron las graves violaciones a los Derechos Humanos y lo que pueden costar en vidas, sufrimientos, dolor. Visitamos la ESMA porque hay que saber e internalizar lo que significó la dictadura y terrorismo de Estado”, sostuvo Vassel.
La visita a la ESMA es la tercera que realizan los magistrados desde 2012 con el acompañamiento del área de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura y del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
Judith Said, coordinadora de la Red Federal de Sitios de Memoria, acompañó al grupo a través de las escaleras del Casino de Oficiales.  "Tratamos que se visite el lugar desde muchos ámbitos: miembros de las Fuerzas Armadas, del Servicio Penitenciario, Universidades, desde el Ministerio de Justicia, para hacer conocer el lugar y lo que pasó. Un buen número de los jueces había tenido alguna relación con acontecido durante el terrorismo de Estado en su ámbito familiar", sostuvo. Y agregó: "Con estas actividades procuramos instalar que las víctimas del terrorismo de Estado no sólo fueron las víctimas directas, sus familiares, los militantes políticos, sino toda la sociedad. Un atropello a toda la población argentina." «

Fuente: Tiempo Argentino

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EL PAIS › COMUNICADO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Apoyo a la procuradora


Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación.



“Expresamos nuestro enérgico repudio frente a las denuncias realizadas contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la designación de fiscales subrogantes y ad hoc”, manifestaron conjuntamente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital y Madres-Línea Fundadora.
Los organismos de derechos humanos explicaron que “esta clase de designaciones”, objetadas judicialmente por el senador Mario  Cimadevilla, “constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene la destacada actuación del Ministerio Público Fiscal en el proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado”. En este sentido, destacaron la creación de “equipos de trabajo específicamente abocados a tratar estos procesos históricos, como el juicio por los crímenes ocurridos en la ESMA o en Campo de Mayo”, los cuales, según la denuncia, “deberían desmontarse”. El CELS, Abuelas, Familiares, H.I.J.O.S. y Madres Línea Fundadora creen que de esa forma se comprometerían seriamente los juicios en marcha e incluso los ya concluidos.
Para los organismos de derechos humanos “la denuncia interesada para atacar estas facultades legales encierra, en realidad, una mirada conservadora de la función del Ministerio Público Fiscal y de la Procuración General en particular” y que “por medio de una denuncia penal y de una campaña mediática que pretende maximizarla, se intenta disciplinar y frenar procesos de cambio profundos en la administración de la Justicia”.
Las cinco agrupaciones señalaron que los nombramientos realizados por la procuradora “se ajustan a la Ley Orgánica del Ministerio Público y se orientan a dotar a la persecución penal pública de flexibilidad y dinamismo para atender a fenómenos sociales y criminales específicos” como delitos “complejos y altamente dañinos para nuestra sociedad que  hasta ahora no han tenido respuesta, como son la criminalidad económica, la violencia institucional, la trata de personas, el narcotráfico y la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.
“Reafirmamos que estas decisiones deben ser sólo el inicio de un proceso de cambio estructural –concluyeron– y de una transformación más general del sistema judicial para que las prisiones dejen de estar pobladas de personas pobres y vulnerables.”

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Linchamiento ad hoc


Por Mario Wainfeld
El senador radical Mario Cimadevilla denunció a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por el nombramiento de fiscales ad hoc.
Asombrosamente, un fiscal dio curso a la denuncia lo que motivó el cuestionamiento inmediato de varios organismos de derechos humanos: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, e H.I.J.O.S. Capital (ver más en página 10). La iniciativa es un disparate que, de concretarse pondría en riesgo los juicios que investigan las violaciones de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.
Poder designar velozmente fiscales en ciertas causas es imprescindible por varios motivos. El primero entre ellos es que su prolongación dificulta que una sola persona pueda trabajar indefinidamente como fiscal o como defensor. Los abogados son personas que viven durante los pleitos: se enferman, se embarazan, dan a luz y cien peripecias humanas más. Como esas megacausas no deben suspenderse por plazos largos se “caerían” si no mediaran designaciones ad hoc.
Otra razón es la necesidad de “mover” fiscales a jurisdicciones provinciales en las que, por lazos familiares o afinidades ideológicas, “la Justicia” local rehúsa o cajonea los procesos contra los represores. Nombrar fiscales de otras comarcas es un imperativo al que debió recurrir, a menudo como método, el anterior procurador Esteban Righi, en su encomiable labor en la búsqueda de verdad y justicia.
La bronca con Gils Carbó, por su pertenencia a “Justicia legítima” (JL), es el verdadero móvil del pretendido linchamiento, penoso en su fundamentación.
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Ya que de JL hablamos, sus integrantes siguen reuniéndose en distintas provincias. La aceleración de los proyectos de reforma judicial del Ejecutivo los va obligando a redefinir posiciones. Las iniciativas en cuestión, tal como expresara el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni. “no abren ni cierran nada, más bien abren un debate”. Son, opina este cronista, como mucho un primer paso.
Pero queda mucho por cambiar, en especial en lo que hace al acceso ciudadano a los tribunales. Algunos integrantes de JL están circulando un proyecto de solicitada sentando posición sobre lo que se discute en el Congreso y “yendo por más”. Insistirán en aspectos esenciales no contemplados por ahora como la creación de nuevos tribunales, la mayor oralidad, la aceleración de los trámites. La solicitada, esperan, se difundirá antes de fin de mayo. Para esa fecha están pensando otra gran reunión, similar a la primera que tuvo como sede la Biblioteca Nacional. Esta ocurrirá en la provincia de Buenos Aires, quizás en La Plata o en la Universidad de San Martín. Poner más sal y más propuestas en el debate, he ahí una consigna incitada por la movida oficial pero no saciada.
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Ya que de fiscales hablamos, algo que podría comenzar a moverse sería la reforma del Código de Procedimientos Penal. Hay un proyecto, hecho durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, que cuenta con la aprobación de muchos de los juristas, magistrados y académicos mejor orientados. Entre otras cuestiones, pone las facultades investigativas a cargo de los fiscales y limita la plenipotencia de los jueces federales, lo que incluiría por ejemplo a Norberto Oyarbide. Limita la prisión preventiva (cuyo abuso es un flagelo en la realidad penal cotidiana) y establece su revisibilidad cada tres meses. Empodera a las víctimas y le da lugar institucional durante los procesos. Fomenta la oralidad y propende a abreviar los trámites. Evita que los testigos declaren “n” veces en distintas instancias.
El proyecto está hechito. Seguramente merecería un lifting, una amplia polémica pública y un debate a fondo en el Congreso. Sin urgencia pero sin rémoras.
Claro que cambiar las reglas de trámite no viene solo. Para poner en acto la reforma haría falta crear nuevos juzgados, dotar de elementos técnicos a las fiscalías, ampliar el personal. O sea, un esfuerzo fiscal que deberían impulsar el Ejecutivo y el Congreso.
De eso se trata, también y en sustancia, la democratización del Poder Judicial. De renovar normas y asignar más dinero, bien direccionado. La “batalla cultural” recién comienza. Y las campanas de ponerse las pilas y hacer cambios a fondo suenan por los tres poderes del Estado.

Fuente: Pagina 12




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sábado, 27 de abril de 2013







“Justicia legítima”


El colectivo de abogados, jueces y fiscales denominado “Justicia legítima” realizó ayer su encuentro regional en Córdoba, donde reivindicó el reclamo de, justamente, una Justicia legítima, “no como algo coyuntural, sino como expresión de personas comprometidas con la Justicia, que hace muchos años transitan los Tribunales viendo que los resultados a los que aspiran no alcanzan”. La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, destacó que “después de 30 años de democracia llegó el tiempo de la democratización de la Justicia”, en referencia a los proyectos parlamentarios tratados en el Congreso. Por su parte, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, calificó como “una verdadera batalla cultural” la discusión de estos temas que estuvieron “encorsetados” durante muchos años.

Fuente: Pagina 12

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Río Cuarto: Gils Carbó celebró la democratización de la Justicia


La procuradora General de la Nación participó en el sur provincial del Encuentro Regional de Justicia Legítima de la Región Centro. Las propuestas pretenden “evitar que la Justicia sea manipulada por los grandes intereses corporativos", manifestó.

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, destacó que “después de 30 años de democracia, llegó el tiempo de la democratización de la Justicia”, al participar hoy el `Encuentro Regional de Justicia Legítima de la Región Centro, que se realizó en la ciudad de Río Cuarto.
“Hay un trasfondo en la Justicia, una matriz que históricamente venimos heredando desde tiempos de dictaduras donde ocurrieron genocidios, desapariciones forzadas, apropiación de niños, mientras la Justicia se mostró indiferente y con su actitud silente, convalidando, en algunos casos con decidida complicidad”, resaltó Gils Carbó”.
Corporaciones. Gils Carbó manifestó que con las propuestas parlamentarias para la democratización, lo que se está pretendiendo es “evitar que la Justicia sea manipulada por los grandes intereses corporativos, como ocurrió en los 90” y que derivó en la crisis del 2001.
También, "poniendo el ojo en los mercados, diciendo que no es posible que los grandes acumuladores de la riqueza no paguen impuestos. Esto solo se arregla con políticas públicas que no quieren perjudicar a nadie, sino quieren hacer justicia, hacer que haya un reparto más equitativo”.
Carlos Gonella. También expuso el fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, de la Procuración General de la Nación, Carlos Gonella, quien calificó como “una verdadera batalla cultural”, el hecho que hoy se puedan discutir estos temas que estuvieron “encorsetados” durante muchos años.


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Justicia Legítima pidió profundizar la reforma y respaldó a Gils Carbó
La procuradora expuso en Río Cuarto mientras el fiscal Marijuan la imputaba por supuestas posibles en nombramientos. “No es casual que esto ocurra”, dijo.
Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
La procuradora Gils Carbó junto al rector Ruiz y el fiscal Gonella.
La jornada de Justicia Legítima en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
La jornada de Justicia Legítima en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, respondió desde Río Cuarto las acusaciones que la llevaron a estar imputada ayer por el fiscal Guillermo Marijuan por supuestas irregularidades en el nombramiento de fiscales.

La funcionaria participó en la Universidad Nacional de una jornada de Justicia Legítima, un grupo especialmente conformado por jueces, fiscales, abogados y profesionales de las Ciencias Políticas, que apoyan las reformas judiciales y proclaman su profundización para lograr “una verdadera democratización de la Justicia”.

En ese marco, Gils Carbó señaló desde el campus universitario que “no es casual que el Ministerio Público y el fiscal Gonella hayan sido denunciados por cumplir lo que era un deber, que era cubrir cargos vacantes y utilizarlos para desarrollar un equipo experto que justamente investigara esas prácticas. No es casual que se ataque justamente esta creación de unidades especializadas que están al servicio de la ciudadanía. Hay sectores que no quieren que la Justicia cambie”, remarcó en su discurso, el único momento en que los medios no oficialista tuvieron para escucharla. 
Habló antes con medios universitarios de Río Cuarto y Córdoba.

“Yo tuve en claro que la creación de una Procuraduría de Criminalidad Económico iba a ser un golpe fuerte para las redes de corrupción que tienen un entramado tan arraigado en los tribunales”, agregó Gils Carbó.

Antes había señalado que “el predominio económico y la hegemonía política le permitía a ciertos sectores cumplir con sus intereses sin dificultades. El predominio económico lo sostuvieron, pero la hegemonía política lo fueron perdiendo en manos de un Gobierno popular. Ese esquema no sólo lo vimos en épocas dictatoriales, también estuvo presente durante el vaciamiento neoliberal del Estado en los ‘90”.

Y arremetió luego contra sectores de la Justicia: “Todo esto fue posible, las dictaduras y  el vaciamiento, porque hubo un poder judicial que históricamente tuvo como función la de legitimar estas grandes inequidades. Que fue adiestrado desde hace décadas para tener una falta de compromiso con los valores democráticos y una ausencia de compromiso con la comunidad. Más atento a los intereses poderosos sectoriales, que se manifestó a través de una burocracia rutinizada, donde hay un predominio de lo formal en los procesos por sobre lo sustancial”.

La jornada

El encuentro de Justicia Legítima sirvió ayer para reclamar una profundización de la reforma judicial enviada por el Ejecutivo al Congreso y respaldar a la Procuradora General tras la imputación que recibió ayer por los nombramientos de fiscales.

En el encuentro que comenzó casi a las 10 hubo mayormente jueces y fiscales que denunciaron la existencia de “sectores que defienden intereses corporativos y que se encuentran alejados de las problemáticas de la gente”.

El evento comenzó con el discurso del fiscal Carlos Gonella, a cargo de las investigaciones por lavado de activos, la propia Gils Carbó y el rector Marcelo Ruíz.
Luego, por la tarde se desarrollaron talleres que finalmente desembocaron en ideas fuerza sobre transparencia e independencia judicial, ingreso a la justicia y democratización, entre otros.

Finalmente, a las 18:30 hubo un último panel y luego se realizaron las lecturas de las conclusiones.





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From: Hijos Bahiablanca  
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Desde el 2003 la República Argentina dejó de ser un país anómico políticamente, para transformarse en otro donde la política ocupó el lugar que siempre debió tener. Política y Patria que el neoliberalismo y su cómplices dirigenciales vernáculos de todos los partidos entregaron, como aplicados alumnos de un plan solo asimilable al de la dictadura cívico militar, y pensando solo en su propia salvación y sus ambiciones personales desvergonzadas.
Desde el primer día, esos apátridas se abroquelaron en sus trincheras de poder, para derrotar en sus primeros pasos la instalación de un Gobierno Nacional y Popular. Esa metodología de acción nunca fue abandonada en estos 10 años. A cada paso los autoproclamados demócratas de la primera hora, artífices del despojo y el sometimiento de la Patria, esta vez sostenidos y ellos abrazados al poder concentrado mostraron su objetivo. Derrotar al pueblo y sus conquistas.
Tal como al retrato de Dorian Grey, poco a poco fueron cayendo los pedazos de su máscara falsamente humana y política, que aún esgrimen a pesar de haberse descubierto su verdadero objetivo. El último escalón que los volvió a proclamar en su violenta intención destituyente y desligitimadora de las instituciones, es el debate que no dieron sobre la Democratización de la Justicia. Debate que no dieron nunca respecto de cualquier proyecto en realidad. Debate que no darán nunca porque han quedado presos de su propio desprecio por lo popular, cómplices del poder económico mediático bajo cuya ala ahora patéticamente se agrupan cumpliendo con el Plan de Exterminio que sus patrones les marcan como metodología, la misma que gestaron y acompañaron junto a los genocidas de la dictadura cívico militar.
Ahora van por el Poder Judicial, a contramano de la propuesta de Democratización de la Justicia, ocultando, mintiendo y falseando a sabiendas que ese proyecto logrará terminar con los abusos de un poder no democrático como el Judicial, descargado siempre sobre las espaldas de los más vulnerables y los trabajadores en general.
Han iniciado un avance a sangre y fuego sobre la Procuradora Nacional Gils Carbó. Sus patrones les han dado como argumento entre otros y para borrar de un plumazo a una funcionaria sólida e idónea, la supuesta designación ilegítima de funcionarios íntegros en Fiscalías y Procuradurías. Las Procuradurías son su objetivo, no habiendo  logrado por el escándalo y la violencia, como también sin argumentos y debate, detener la aprobación de leyes fundamentales en relación a esa Democratización del Poder Judicial. Los desencaja el solo pensar que el pueblo logre nuevos espacios de protección de sus derechos. Los desencajó aunque lo disimularon muy bien, las ampliaciones de bases de derechos implementadas en estos diez años. No solo no quieren que la Patria crezca, sino que quieren que sea gobernada por los mismos que atentaron contra la Constitución y las leyes antes. Los patrones civiles que hoy los cobijan y les bajan letra para engañar al conjunto social, desean ferviente y profundamente volver a su pasado de poder sin límites ni confrontación política donde eliminaron toda resistencia, dejando 30000 detenidos desaparecidos entre otras barbaries.
Llamamos a la atención de TODAS Y TODOS los militantes y dirigentes populares, frente a esta nueva iniciativa destituyente y golpista. Cercenar los derechos de nuestro pueblo no es una cuestión menor, ni debe ser considerada como un acto más de las fuerzas antidemocráticas y los dirigentes genuflexos que son parte activa y engranajes de una maquinaria perversa, que atenta cotidianamente contra las instituciones de la democracia intentando ponernos al borde del estado de indefensión, que les facilite volver a despojarnos de todo.
Repudiamos a los gestores y cómplices de este nuevo embate, y nos abrazamos solidaria y militantemente a nuestro Gobierno Nacional y Popular como a la Procuradora Nacional Gils Carbó, y a cada uno de los responsables de las Procuradurías gestadas desde allí, orgullosos del ejercicio democrático y legal de la función para la que fueron designados cada uno.
Eduardo A. Hidalgo - Secretario General - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca
H.I.J.O.S. Bahía Blanca
Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Bahía Blanca
Dr. Walter Larrea – Abogado Querellante en Juicios de Lesa Humanidad Bahía Blanca
Julio Ruiz - Presidente – Partido de la Victoria Bahía Blanca e Integrante de la Mesa Provincial
Dra. Mónica Fernandez Avello – Abogada Querellante de la Secretaria de DDHH de la Nación en Juicios de Lesa Humanidad Bahía Blanca

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Los fiscales ad hoc


La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, defendió la designación de fiscales “ad hoc” al señalar que están avalados por la ley del Ministerio Público Fiscal. Eso fue después de que el fiscal federal Guillermo Marijuán resolviera imputarla al darle trámite a la denuncia impulsada por el senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, a raíz de la creación de nuevas fiscalías y la designación de sus ocupantes, como es el caso de la Procuraduría General para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Carlos Gonella. El movimiento “Justicia legítima” consideró que “las malintencionadas denuncias desconocen el fundamento legal por el cual fueron realizados”.


Fuente: Pagina 12


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26.04.2013 | por supuestas irregularidades en la designación de fiscales

El fiscal Marijuán impulsó investigación contra Gils Carbó

El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó la investigación contra su superior jerárquica, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la designación de secretarios al frente de fiscalías vacantes. Lo hizo en el marco de una denuncia presentada por el senador radical e integrante del Consejo de la  Magistratura Mario Cimadevilla, quien se hizo eco de una publicación periodística según la cual la jefa de los fiscales colocaba en reparticiones claves, con causas sensibles para el gobierno, a "comisarios políticos".



 
Cimadevilla acusó a la procuradora por los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos". El artículo 248 del Código Penal fija penas de un mes a dos años e "inhabilitación especial por doble tiempo" para "el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes". El 253 establece pena de multa "e inhabilitación especial de seis meses a dos años" cuando "propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales". 
A lo largo de 40 páginas, el denunciante sostuvo que "la procuradora general ha violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal y ha procedido 'manu militari' –por sí y ante sí– a la designación de sujetos que, sin concurso de antecedentes y oposición previo y sin acuerdo senatorial, nomina 'magistrados' (fiscales generales adjuntos, fiscales federales, fiscales, fiscales auxiliares) con el aditamento –en algunos casos– de 'subrogante', atribuyéndoles, ilegalmente, las potestades, facultades y derechos que, respecto de los magistrados regularmente nombrados, consagra la Ley del Ministerio Público". Una denuncia similar había formulado también el abogado José Mangiocalda, a nombre de una ONG de habitual accionar de esta naturaleza en los tribunales. 
Marijuán, quien instruyó la causa que terminó con la condena a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño privado de su despacho, dictaminó ante el juez Sebastián Cassanello que deben investigarse 35 resoluciones cuestionadas por el denunciante. 
La designación de secretarios como subrogantes fue descalificada por la Corte Suprema en el caso de los jueces, pese a que avaló la continuidad de los que se estaban desempeñando en esa condición. Pero el Ministerio Público es independiente del Poder Judicial, y podría no estar alcanzado por aquella decisión del máximo tribunal. Ese es uno de los ejes sobre los que girará el expediente: si los fiscales interinos y ad hoc designados por Gils Carbó cuentan con el aval constitucional para desarrollar las tareas que les fueron encomendadas. «

Fuente: Tiempo Argentino







Causa Margarita Belén II

Condenaron a 24 años de prisión al represor Norberto Tozzo

26/04/2013 Así lo dictaminó al mediodía de este viernes el Tribunal Oral Federal de Resistencia. El excapitán fue condenado por ser coautor del delito de desaparición forzada de los militantes Fernando Piérola, Roberto Horacio Yedro, Reynaldo Zapata Soñez y Julio Andrés Pereyra. Todos ellos, fusilados en la Masacre de Margarita Belén.

El represor, Norberto Tozzo, fue condenado este viernes a 24 años de prisión tras ser hallado culpable de la desaparición forzada de los militantes políticos Fernando Piérola, Roberto Horacio Yedro, Reynaldo Zapata Soñez y Julio Andrés Pereyra, todos asesinados en el fusilamiento clandestino perpetrado en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, en cercanías a Margarita Belén.

Tal cual estaba previsto, pasadas las 12.30, el presidente del tribunal, Alfredo García Wenk, leyó la parte resolutiva del fallo en el cual condenó a Tozzo a 24 años de prisión por la Privación Ilegitima de la Libertad - Desaparición Forzada de Personas, agravado por el transcurso del tiempo,  de cuatro militantes políticos que fueron ultimados en lo que fue la Masacre de Margarita Belén. La pena fue la máxima pedida por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

El fallo incluyó una intimación al gobierno provincial y nacional para que se intensifique la búsqueda de los restos de los desaparecidos Piérola, Yedro, Zapata Soñéz y Pereyra. El pedido del Tribunal responde a la preocupación que manifestaron los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado debido a que consideran que no se está haciendo todo lo necesario para encontrar a sus seres queridos y darle así la posibilidad de una cristiana sepultura.

Antes de leer la sentencia, el juez García Wenk hizo una larga introducción en la cual se mostraba afectado por las declaraciones de organismos de Derechos Humanos y funcionarios vinculados al área, quienes habían cuestionado la decisión de posponer dos días la lectura del fallo. Sin embargo, remarcó que estas recriminaciones no mellaron en nada su decisión a la hora de impartir justicia.

En la calle, frente al Tribunal, una multitud de organizaciones de Derechos Humanos, familiares de víctimas de la dictadura, expresos políticos y movimientos sociales y políticos se manifestaban con cánticos y bombos celebrando la condena de uno de los represores que participó en uno de los crímenes más aberrantes que la dictadura perpetró en el Chaco.

La condena a Tozzo se suma a las que se dio en mayo de 2011 en la primera parte del juicio por la Masacre de Margarita Belén. En aquella oportunidad, fueron sentenciados a cadena perpetua los ex militares Horacio Losito, Luis Alberto Patetta, Martínez Segón, Jorge Carnero  Saból, Athos Rennes, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni, a la pena de reclusión perpetua. En tanto que el expolicía Alfredo Chas fue absuelto.  

¿Por qué Tozzo fue enjuiciado dos años después? Tozzo se encontraba prófugo de la justicia desde 2003, tras un escandaloso hábeas corpus concedido por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que lo liberó, junto a sus camaradas de armas. Cuando la Justicia los volvió a detener, todos aparecieron, menos él.

Permaneció prófugo al menos un lustro, hasta que fue detenido el 17 de septiembre de 2008 por Interpol, escondido en el Ipanema Tower, un hotel de lujo de Río de Janeiro. Su extradición fue aceptada en mayo de 2011 por el Tribunal Supremo de Brasil y ratificada en octubre de ese año por un decreto de la presidenta, Dilma Rousseff.

¿Por qué sus camaradas de armas fueron condenados a cadena perpetua y él no? A pesar de estar acusado de participar del mismo crimen, la extradición concedida por la Justicia brasileña le puso un corset legal a la Argentina. Es decir, lo benefició.

Debido a las leyes de extradición y en cumplimiento de la legislación del vecino país, Tozzo sólo fue juzgado por el delito de secuestro calificado, un crimen de carácter continuado que persiste hasta hoy, en virtud de que "las cuatro personas que estaban bajo la guardia de los militares aún permanecen desaparecidas", según consta en la resolución del Tribunal Supremo brasileño. De este modo, para la justicia brasileña, el delito por el asesinato de los restantes militantes políticos que fueron ultimados aquella madrugada de diciembre se encuentra prescripto y Tozzo no debe responder por ellos.

Bon vivant

Tozzo nació el 6 de octubre de 1945 en Buenos Aires. Fue militar, empresario, bon vivant y ahora recluso. Durante la dictadura fue agente del Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia -que dependía directamente del Batallón 601 del Ejército-. Ya en democracia se recicló como empresario de medios de comunicación en varias localidades entrerrianas, donde era dueño de un servicio de televisión por cable y una radio de frecuencia modulada.

Se sabe que fue uno de los integrantes del convoy que participó de la Masacre de Margarita Belén. Concretamente, viajaba como acompañante de Germán Emilio Riquelme (condenado a perpetua) en un camión Unimog 416 del Ejército que iba como escolta del vehículo que llevaba a los detenidos y, una vez en el lugar, fue uno de los ejecutores, según quedó consignado.

Fuente: Chaco Dia por Dia

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La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictó resolución en causa “MENÉNDEZ, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Homicidio, Privación Ilegítima de la Libertad, Tormentos, Violación de Domicilio”.
El tribunal -presidido por Abel Guillermo Sánchez Torres e integrado por  Ignacio María Vélez Funes y José Pérez Villalobo- resolvió, por  unanimidad, declarar tácitamente desistidos los recursos de apelaciones interpuestos a favor de Ramón Roberto Rearte, Antonio Nicolás Granillo, Francisco Roque Pinto y José Chelito Gay; mantener la categoría de delitos de lesa humanidad a los atribuidos al acusado José Félix Bernaus presuntamente cometidos entre abril y noviembre de 1975; declarar la nulidad parcial de la resolución apelada en cuanto dispuso el procesamiento de José Félix Bernaus por el hecho 37, debiendo el Juez Federal de La Rioja correr vista al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 180 del CPPN y asimismo en cuanto dicho pronunciamiento dispuso la nulidad del requerimiento fiscal de instrucción efectuado en contra de Juan Carlos Romero y Renardo Teodoro Sánchez por determinados hechos.
Por su parte, el Tribunal rechazó las nulidades articuladas por la defensa de Bernaus en relación a los hechos 38, 40, 44 y 45 y por la Fiscalía en orden a la nulidad del requerimiento fiscal en lo que concierne a los hechos 16 y 22 endilgados a Juan Carlos Romero.
Además, se rechazó el planteo de nulidad formulado por las defensas en contra del auto recurrido por falta de fundamentación  (art. 123, CPPN). Asimismo, declaró la extinción de la acción penal por muerte de los imputados Alberto Eduardo Harguindeguy y Juan Facundo Quiroga.
Por su parte, el tribunal confirmó los procesamientos ordenados en contra de los acusados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella y José Félix Bernaus, y revocó la falta de mérito declarada en favor de Luis Alberto Zárate, ordenando su procesamiento, manteniéndose en todos los casos  –por mayoría de los Jueces de Cámara doctores Sánchez Torres y Pérez Villalobo, con disidencia del Juez de Cámara doctor Vélez Funes- el grado de participación atribuido a los nombrados en calidad de autores mediatos en orden a los delitos de privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos, aborto doloso sin consentimiento de la mujer, así también como organizadores de asociación ilícita, todo en concurso real.
Además, por mayoría antes indicada, se confirmó el procesamiento de Videla, Menéndez, Bernaus y Zárate como autores mediatos de los delitos de tentativa de violación agravada y abuso deshonesto agravado.
De igual modo, confirmó los procesamientos de Eliberto Miguel Goenaga, Hugo Norberto Maggi, Carlos Leónidas Moliné, Eulogio Vilte, Miguel Ángel Chiarello, Pedro Jesús Ledesma, Juan Carlos Romero, Miguel Angel Ramaccioni, Enrique Félix Moreno y Roberto Bernardo Ganem en el carácter de coautores directos de los delitos de privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos y delitos sexuales, así también como miembros de asociación ilícita, todo en concurso real.    
A su vez, confirmó la falta de mérito de Juan Carlos Romero por el hecho 45 y Luis Alberto Zárate por los hechos 2, 6, 13, 32 a 34, 40, 41 y 47.
El Tribunal dispuso el sobreseimiento de Juan Carlos Romero por el delito de asociación ilícita en calidad de organizador (arts. 1 del CPPN, 18 y 75 inciso 22 de la CN y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos) y declaró la nulidad parcial del requerimiento fiscal en orden a la descripción de la conducta atribuida a Carlos Severo Rodríguez en el hecho 19, y de todos los actos consecutivos que de él dependan, debiendo el Juez Federal de La Rioja correr nueva vista al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 180 del CPPN.
A la par de ello, el Tribunal confirmó por unanimidad el procesamiento dictado en contra del ex Juez Federal Roberto Catalán en calidad de autor directo del delito de imposición de tormentos y de partícipe secundario de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos, y como organizador de asociación ilícita, todo en concurso real.
Por otro lado, el Tribunal revocó el procesamiento dictado en contra de Renardo Teodoro Sánchez por los delitos de imposición de tormentos, en carácter de autor y de partícipe secundario, disponiendo su falta de mérito y confirmó el procesamiento del nombrado por el delito de imposición de tormentos, hecho 45, en carácter de partícipe secundario.
De igual modo, el Tribunal confirmó por unanimidad las prisiones preventivas dictadas en contra de Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella y por la mayoría antes indicada (conformada por los votos del Dr. Abel Sánchez Torres y José Pérez Villalobo  y la disidencia en este punto del Dr. Ignacio María Vélez Funes ) las dictadas en contra de Eliberto Miguel Goenaga, Hugo Norberto Maggi, Carlos Leónidas Moliné, Eulogio Vilte, Miguel Ángel Chiarello, Pedro Jesús Ledesma, Juan Carlos Romero, Miguel Ángel Ramaccioni, Enrique Félix Moreno y José Félix Bernaus. Y confirmó los embargos impuestos a los imputados Estrella, Videla, Menéndez, Bernaus y Vilte, reduciendo los montos dispuestos respecto de los cuatro últimos.
Por otra parte, dispuso hacer saber al Juez Federal de La Rioja que deberá proceder a resolver la situación procesal de Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez con relación al hecho 16,  de Juan Carlos Romero en orden a los hechos 12 y 45 (2º parte), de Hugo Norberto Maggi con respecto al hecho 28 y de Pedro Jesús Ledesma en cuanto al hecho 14 (2° parte), por los que se les promoviera acción penal y fueran oportunamente indagados.
Asimismo, dispuso instruir al Juez interviniente para que imprima el trámite previsto en el art. 180 del CPPN en relación a la posible comisión de otros delitos y respecto a la posible comisión de delitos de imposición de torturas por parte de los imputados Eliberto Miguel Goenaga, Hugo Norberto Maggi, Eulogio Vilte, Miguel Ángel Chiarello, Enrique Félix Moreno y Carlos Leónidas Moliné. Dispuso también instruir al citado Juez para que recepte declaración indagatoria al imputado Luis Alberto Zárate en orden al delito de asociación ilícita contenido en el requerimiento fiscal. Finalmente, recomendó al Juez de instrucción que resuelva en una única oportunidad procesal la totalidad de cuestiones que se ordenan en el presente pronunciamiento y las que se hallan pendientes de decisión en orden a restantes hechos e imputados vinculados a la presente causa.
Por último, el Tribunal dispuso la remisión por Secretaría de copia del requerimiento fiscal de instrucción, actas de declaración indagatoria de  los imputados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella y Juan Carlos Romero, auto de procesamiento y de la presente resolución  al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja interviniente en la causa “ANGELELLI, Enrique Ángel s/ HOMICIDIO”, para su conocimiento y efectos que pudieran corresponder.

Datos de la causa
Se investiga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en la provincia de La Rioja desde el mes de abril de 1975 —anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976- hasta 1979. Tales hechos habrían consistido en la privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal de domicilio e imposición de tormentos a 46 víctimas, por parte de personal perteneciente a la Policía de la Provincia de La Rioja, Policía Federal, Gendarmería Nacional y el Ejército. Tras su detención, las víctimas habrían sido alojadas por diferentes períodos de tiempos en diversos lugares de detención de la provincia: el Batallón de Ingenieros en Construcciones 141, Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional en Chilecito, la sede de la Policía de la Provincia de La Rioja, la Comisarías de Villa Unión, Olta y Chilecito, el Correccional de Mujeres, la Delegación de la Policía Federal, la Base Aérea CELPA de Chamical, el Regimiento de La Rioja y fundamentalmente en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS).
En su momento,  los familiares de las víctimas habrían formulado presentaciones formales e informales ante la Justicia Federal a efectos de recibir información del paradero de los damnificados, sin respuesta.
Asimismo se investiga la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, abusos sexuales y aborto.  
Imputados
1. Roberto Catalán  (ex Juez Federal de La Rioja).
2. Jorge Rafael Videla
3. Albano Eduardo Harguindeguy ( fallecido)
4. Luciano Benjamín Menéndez, (Ejército)
5. Luis Fernando Estrella, (Ejército)
6. Leónidas Carlos Moliné (Ejército)
7. ,Eliberto Miguel Goenaga, (Ejército)
8. Hugo Norberto Maggi, (Ejército)
9. Ramón Roberto Rearte  (Ejército )
10. Pedro Jesús Ledesma  (Gendarmería Nacional)
11. Eulogio Vilte,  (Gendarmería Nacional)
12. Luis Alberto Zárate, (Gendarmería Nacional)
13. Miguel Ángel Chiarello, (Gendarmería Nacional)
14. Francisco Roque Pinto, (Gendarmería Nacional)
15. Nicolás Antonio Granillo  (Gendarmería Nacional)
16. Roberto Reinaldo Ganem ( Policía Federal)
17. José Félix Bernaus  ( Policía Federal)
18. Juan Carlos Romero (Policía de la Provincia de la Rioja)
19. Miguel Ángel Ramaccioni, (Policía de la Provincia de la Rioja)
20. Enrique Félix Moreno, (Policía de la Provincia de la Rioja)
21. José Chelito Gay, (Policía de la Provincia de la Rioja)
22. Juan Facundo Quiroga (fallecido) (Policía de la Provincia de la Rioja)
23. Renardo Teodoro Sánchez  (Servicio Penitenciario)
24. Carlos Severo Rodríguez  (Servicio Penitenciario)


Fuente: www.cij.gov.ar


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viernes, 26 de abril de 2013





Date: Thu, 25 Apr 2013 12:19:03 -0300
Subject: Jujuy: El ex jefe de personal de Mina Aguilar se negó a declarar + la Camara Federal de Salta confirma procesamientos a represores + Reconquista: Causa fuerza Aerea : nuevos testimonios de la represion
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To: agenciadenoticiasddhh@gmail.com


Jujuy El Juzgado Federal Nº 2 instruye las causas de delitos de lesa humanidad

Ex directivo del Aguilar fue indagado

24.04.13 Las causas de Jujuy avanzan con cómplices civiles de la dictadura militar. La Cámara de Salta confirmo procesamiento.


Avanzas las indagatorias en las causas de lesa humanidad que investiga el Juzgado Federal Nº 2, una de ellas es la causa “Avelino Bazán” parte II. 
 
Ayer prestó declaración indagatoria, el ex gerente de personal de la Compañía Mina Aguilar, Eduardo López, que está imputado, pero se negó a contestar preguntas del juez federal subrogante, Fernando Poviña y del Ministerio Público Fiscal.

López está imputado por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “tormentos”, por la detención de 27 trabajadores mineros, el 24 de marzo de 1976. Tras su declaración, el hombre se retiró del lugar, ya que la indagatoria, se hizo a través de una videoconferencia.

Vale recordar que durante el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad que está finalizando, López fue denunciado por los testigos sobrevivientes de la compañía minera, en la causa “Bazán, Avelino y otros”, por ser el encargado de elaborar las listas del personal a detener, y entregaba las mismas a las fuerzas represivas para que realicen las detenciones ilegales.

La compañía Mina Aguilar, al igual que otra firma, está acusada de prestar apoyo logístico a la Gendarmería Nacional, cediendo vehículos para detener y trasladar a las personas a distintos centros clandestinos de detención.

En la indagatoria López sólo negó los hechos ocurridos. Se negó a contestar preguntas.

Por esta causa conocida como la de los “mineros”, Poviña procesó y ordenó la detención del jefe de Gendarmería Nacional de la zona Jorge Borges do Canto, por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada”, “tormentos reiterados” y “violación de domicilio”, entre otros, en la primera quincena del mes de marzo de este año.

Confirman procesamiento

Por otra parte la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento en causas por los crímenes de lesa humanidad. Alcanza a siete imputados, por crímenes cometidos en perjuicio de 17 víctimas. Asimismo, en la misma causa, revocó la falta de mérito de otro imputado y dispuso su procesamiento, en la causa “Galeán, Paulino y otros”.

Revocó la falta de mérito de Rafael Braga y ordenó el procesamiento del represor. Dispuso la ampliación del procesamiento de Carlos Gutiérrez y Alberto Callao. También confirmó el procesamiento de Catalino Soto, Melanio Portal, Jorge Mendoza, Ramón Herrera, Federico Colmenares; y Jorge Mendoza le dictaron falta de mérito en orden al delito de homicidio doblemente agravado, en perjuicio de Paulino Galeán.
Fuente: El Tribuno

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Indagaron a ex directivo de Mina El Aguilar
 
San Salvador de Jujuy.- Eduardo López, se negó a responder preguntas del Juez Federal subrogante, Fernando Poviña y del ministerio público fiscal, en una nueva audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy.

López está imputado por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “tormentos”, por la detención de 27 trabajadores mineros, el pasado 24 de marzo de 1976. Tras su declaración, el hombre se retiro del lugar, ya que la indagatoria, se hizo a través de una videoconferencia.

Cabe recordar que durante el primer juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia, López, fue denunciado por los testigos sobrevivientes de la compañía minera, en la causa “Bazán, Avelino y otros”, por ser el encargado de elaborar las listas que luego sirvieron a las fuerzas represivas de la dictadura militar, realizar los arrestos, en el pueblo minero.

La Minera El Aguilar, al igual que la empresa Ledesma, esta acusada de prestar apoyo logístico a la gendarmería nacional, es decir vehículos para trasladar a los trabajadores que fueron detenidos y llevados a distintos centros clandestinos de detención y finalmente a la cárcel de la provincia, ubicada en el barrio Gorriti de esta capital.

López negó los hechos ocurridos ese día, al fundamentar, que no estaba en la provincia, “estaba en Buenos Aires, trabajando en un proyecto minero para San Juan”. Se negó a contestar preguntas.

Por esta causa, Poviña procesó y ordenó la detención del jefe de Gendarmería Nacional de la zona, Jorge Borges do Canto, por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada”, “Tomentos reiterados” y “violación de domicilio”, entre otros, en la primera quincena del mes de marzo de este año.
 

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RECONQUISTA. CAUSA
 

OTRO PRATTO SUMÓ SU HISTORIA

Con las dos últimas audiencias realizadas este  lunes 22 y martes 23 de abril se habría cerrado el capítulo de testimonios en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en cuanto a la Causa Base Aérea Militar Reconquista. Decimos habría porque falta resolver el caso de dos testigos que aún no han declarado: el ex fiscal federal Cristóbal Cavanagh y Héctor Marcelo Alberto Prezz, familiar de una de las víctimas actualmente residiendo en la Provincia del Chaco y que no fue hallado en una segunda convocatoria. En cuanto al testigo Miguel Ángel Ramúa la defensa desestimó su presentación.
En cuanto a los testimonios del ex intendente Héctor Nazario Ocampo y la profesora Dora Beatriz Latasa, los dos con problemas de salud, el presidente del Tribunal, Dr. José Escobar Cello resolvió incorporar por lectura sus declaraciones hechas ante la Justicia Federal de Reconquista. Similar situación es la de Juan Badckoch, aunque falta agregar un informe del año 2007.
Ramírez
Quienes el pasado lunes y martes  historiaron sus secuestros por parte de fuerzas conjuntas,  fueron los ex presos políticos Juan Carlos Pratto, Juan Daniel Ramírez y Bernabé Aranda. 
Pratto estuvo preso a disposición del PEN varios años y al momento de su detención (octubre de 1976) trabajaba como operador de una sala de cine de Reconquista -entonces cine RECITE-. Es miembro de una familia que fue perseguida por la dictadura militar, entre ellos su hermano Ricardo y dos hermanas que fueron salvajemente ultrajadas, una de ellas en la unidad militar aeronáutica. Se trata de Griselda y Luisa, quienes aportaron testimonios desgarradores muy importantes para esta Causa que investiga la violencia sexual como delito de Lesa Humanidad.

Pratto (izquierda) viajó desde BsAs
para sumar memoria

Ramírez al igual que Aranda eran obreros del Frigorífico Friar cuyo jefe de personal era un militar retirado de apellido Yentel. Los dos hicieron el periplo de muchos: Jefatura de Policía de Reconquista (hoy Unidad Regional IX), de allí a la Base Aérea y desde esta unidad a la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) para luego ser derivados a comisarías de la misma ciudad de Santa Fe. Ramírez en su relato recordó, entre otros hechos, cuando escuchó la tortura y los gritos del joven Froilán Aguirre, en una comisaría santafesina, hecho por el que fue condenado el represor "Morrongo" Martínez Dorr. 
Aranda involucró en su detención a los policías Horacio Machuca (imputado en esta causa), Octavio Benítez, Amaro González  (fallecido) y Juan Antonio Mulassano.

Capítulo Reconquista
El lunes y martes próximo parte del Tribunal estará en Reconquista. El día 29 de abril se hará la audiencia en el Juzgado Federal de Reconquista, con las partes presentes pero sin acceso al público, a los efectos de tomar declaración testimonial a partir de las 8 hs a Juan Carlos Domínguez, Alcides Schneider, Octavio Benítez y Emiliano Ramírez. A las 14 hs será el turno de Luis Prez y Oscar Quiñones.
El día 30 de abril será el momento de la inspección judicial de la Unidad Regional IX -10 hs- y de la III Brigada Aérea (hangar CCD y el ex cine del entonces Casino de Soldados) a cargo de los funcionarios. Será a partir de las 16 horas.
Siete son los represores sentados en el banquillo: dos militares aeronáuticosy cinco policías santafesinos. 
Son abogados querellantes los Dres. Lucila Puyol (HIJOS-Santa Fe) e Iván Bordón (NorteAmplioDDHH).

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