viernes, 30 de agosto de 2013

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán emitió el fallo que complica al ex magistrado. Los delitos que se le imputan.





La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán emitió el fallo que complica al ex magistrado. Los delitos que se le imputan.
Manlio Martínez, el ex juez federal de la última dictadura militar.
Manlio Martínez, el ex juez federal de la última dictadura militar.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento del ex juez federal Manlio Torcuato Martínez por su accionar como magistrado durante la última dictadura militar.
De esta manera, se confirmó el procesamiento de Martínez por los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal, encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada, todo ello como autor material. 
También fue procesado como miembro de la asociación ilícita que llevó adelante el terror estatal. La Cámara Federal establece que el ex juez Martínez "contribuyó intencionalmente, desde su función como magistrado, con el terrorismo de Estado, permitiendo que muchos delitos de lesa humanidad pudiesen cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus actores".
Un juez de la dictadura
Manlio Martínez fue nombrado como juez federal de Tucumán entre 1974 y 1975. Según el entonces general Acdel E. Vilas, a cargo del “Operativo Independencia” en su primera etapa, este nombramiento obedeció a un pedido suyo, pues para él el accionar excesivamente “legal” del juez anterior entorpecía las tareas represivas de las FFAA a su cargo. Señala Vilas que en aquel momento pidió “la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal (…) y del fiscal, tratando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia”. Una de esas personas era Martínez.
Desde 1975 hasta 1983 Martínez dio muestras que cumpliría con la promesa realizada a Vilas. Sólo entre 1975 y 1976 fueron presentadas más de 350 acciones de habeas corpus ante su juzgado a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas: todas fueron rechazadas o archivadas. Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas “legalizadas” eran sistemáticamente pasadas por alto por el ex juez, quien aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura. Pese a la innumerable cantidad de denuncias que tenía en su despacho (incluidos cientos de casos de hallazgos de cadáveres, violaciones de domicilio y secuestros) nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables. Existen además registros de su presencia en los Centros Clandestinos de Detención más importantes de la provincia, como la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, lo que se llamaba “Puesto de Comando Táctico” del Operativo Independencia, la “Escuelita de Famaillá” y la Delegación local de la Policía Federal Argentina, donde el ex magistrado decidió no percibir que existían cientos de personas secuestradas y torturadas. ©eldiario24.com
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Causa Arsenales II - Jefatura II
En Tucumán también ratificaron la actuación de los fiscales ad hoc en un juicio oral



El Tribunal Oral el Criminal Federal de Tucumán ratificó el jueves pasado la intervención de los fiscales ad hoc Pablo Camuña y Patricio Rovira en el juicio por los crímenes de lesa humanidad que se investigan en la denominada causa Arsenales II - Jefatura II, luego de un pedido de nulidad de la actuación de los representantes del Ministerio Público Fiscal interpuesto por el defensor público ante ese tribunal, Ciro Lo Pinto, basado en el reciente fallo de la Corte Suprema que invalidó la designación de una procuradora fiscal subrogante.
La resolución del tribunal tucumano se suma a la del miércoles pasado de su par de Bahía Blanca en otro proceso por crímenes de lesa humanidad donde la defensa también se basó en el fallo del máximo tribunal en el caso "De Martino" para cuestionar la actuación de un fiscal ad hoc.
Los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga sostuvieron que el fallo de la Corte invocado por el defensor "refiere a una situación diferente a la que se suscita en el presente caso" porque "lo que está en discusión en la resolución del Alto Tribunal es el nombramiento de funcionarios del Ministerio Público ante la Corte".
Asimismo, recordaron que el máximo tribunal declaró la validez de los actos previos de la funcionaria cuestionada -es decir,que no los anuló- y, en esa línea, citaron los precedentes en los casos "Barry", "Itzcovich" y "Rosza" en los que  "se pone énfasis en la seguridad jurídica en el sentido de evitar la prolongación indefinida de los procesos en desmedro de todas las partes". Los jueces señalaron que "una interpretación integradora" de esos fallos "conduce indefectiblemente a que los fiscales aquí intervinientes deben llegar hasta la conclusión del juicio".
El TOCF de Tucumán también analizó las situaciones que conllevaron a la designación de fiscales ad hoc para impulsar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Así, sostuvieron que "debe recordarse que es obligación del Estado argentino prevenir, investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos" y que "en esta labor necesariamente existieron situaciones no previstas, que debieron ser atendidas a los fines de garantizar el acceso a la justicia".
Añadieron los jueces que, en este contexto, "para garantizar, como en el caso, que se lleven a cabo procesos complejos con multiplicidad de hechos y de partes, se requiere un esfuerzo adicional por parte del Estado, a los fines de garantizar que el Ministerio Público -fiscalía y defensa- cuenten con el personal necesario para llevarlos adelante".
El tribunal también remarcó la "excepcionalidad de la situación", dado que "los fiscales que cumplen con los requisitos para las designaciones definitivas", Antonio Gómez y Carlos Brito, "se habían excusado de intervenir en la causa Arsenales".
En su planteo, el defensor Lo Pinto contó con la adhesión de los abogados particulares Tomas Robert y Luis Benedicto, mientras que no emitieron opinión los defensores públicos ad hoc Adolfo Edgardo Bertini, Mariano Galleta, Manuel Bonnin, Vanesa Lucero y Martín Galliano.
Por su parte, los fiscales Camuña y Rovira, que pidieron el rechazo de la nulidad interpuesta por los defensores, contaron con el respaldo de los abogados y abogadas que representan a las querellas Laura Figueroa, Daniel Weisemberg, Inés Lugones, Pablo Gargiulo y Bernardo Lobo Bugeau.
Un antecedente en el mismo juicio
El juicio en la causa "Arsenales II - Jefatura II" comenzó el 12 de noviembre de 2012; tiene a 41 acusados y es el segundo en dimensiones en todo el país, detrás del que juzga los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada.
El 3 de mayo pasado -cuando la Corte no se había pronunciado en el caso "De Martino"- los jueces del TOCF de Tucumán también habían rechazado una pretensión similar de la defensa pública a cargo de Lo Pinto, que cuestionó a los fiscales ad hoc. En la resolución del último jueves los magistrados citaron ese precedente propio.
En aquella oportunidad, los jueces señalaron que no estaba al alcance del tribunal analizar las normas que regulan el sistema de designación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y consideraron "razonable que tal institución haya acudido a fiscales ad hoc para la sustanciación" de estos juicios, en función del volumen que han adquirido los procesos. Así, expresaron que de no haber adoptado esta política, el Ministerio Público Fiscal podría haber incurrido en denegación de justicia.
"La eventual regularización de los fiscales ad hoc cuestionados, si es que correspondiera, tendría que ser programada para adelante y para otros procesos", sostuvo el TOCF de Tucumán, y no obstante aclaró que "la defensa no ha impugnado en tiempo oportuno el nombramiento de los acusadores ad hoc y, además, se vale de defensores ad hoc en la contracara del Ministerio Fiscal, que es el Ministerio Público de la Defensa".
Fuente:http://fiscales.gob.ar



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Hallan cuerpo de María del Valle Santucho, desaparecida hace 38 años


Hallan cuerpo de María del Valle Santucho, desaparecida hace 38 años

Se trata de la sobrina de Mario Roberto “Robi” Santucho, comandante del ERP. La joven había sido secuestrada el 19 de diciembre del 75. Fue ubicada en una tumba NN del cementerio de Avellaneda.


Hallan cuerpo de Maria del Valle Santucho desaparecida hace 38 anos
VÍCTIMA. María del Valle Santucho, militó en el ERP-PRT. Su padre, Carlos Santucho también fue asesinado por los militares.
ADEMAS


Publicado el 30/08/2013 - El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) logró identificar los restos de María del Valle Santucho, que fueron hallados en una tumba NN en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. 
“Coty” como la llamaban sus compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fue secuestrada el 19 de diciembre de 1975, en Lomas de Zamora (Buenos Aires), junto a dos compañeros. 
Esta detención se produjo días antes de la fallida toma del arsenal militar de Monte Chingolo por parte de la organización. 
La novedad fue proporcionada por el abogado Luis Santucho, quien informó que los restos de su pariente, llegarán entre hoy y mañana para ser inhumados en el panteón de la familia Santucho en el cementerio de La Piedad, en la ciudad capital. 
Además, señaló que el próximo 6 de septiembre se organizará un homenaje en su memoria al cual participarán organismos de derechos humanos locales y también representantes de ONG de otras provincias. 
Según los archivos de los organismos humanos, “Coty” tenía 26 años (aunque aparentaba mucho menos), cuando fue secuestrada. 
Hija de Carlos Iber Santucho y Helvecia Castelli, fue sobrina de Mario Roberto Santucho “Robi”, fundador del ERP y el PRT. 
María del Valle integró el frente militar del PRT-ERP y debía participar en una de las operaciones vinculadas con la toma del arsenal militar en Monte Chingolo. 
El 19 de diciembre 1975, “Coty” participaba de una reunión con dos compañeros en una casa de Lomas de Zamora. 
Sorpresivamente irrumpió en el departamento una unidad policial y los tres fueron detenidos. Su madre interpuso de inmediato un habeas corpus ante la Justicia, sin resultado. 
Los detenidos no fueron legalizados, sino que se los derivó al Batallón 601 de Inteligencia Militar para ser interrogados. 
Carlos Iber Santucho, padre de María del Valle y hermano de Mario, no militó en el PRT-ERP porque era peronista. 
Fue secuestrado el 13 de julio de 1976, a las 17, en su lugar de trabajo y conducido al lugar conocido como “Automotores Orletti”, donde fue torturado hasta morir para obtener información de otros miembros de la familia. 
Los detalles de su muerte fueron relatados por Enrique Rodríguez Larreta, ciudadano uruguayo sobreviviente del mismo lugar.

HISTORIA
Corolario de una intensa búsqueda

Publicado el 30/08/2013 - La búsqueda de los restos de María del Valle, era una misión que desvelaba a su tía Blanca, destacada militante de los organismos de derechos humanos a nivel nacional y hermana de Mario Roberto Santucho. 
Este hallazgo se produce después de la muerte de Blanca, pero tiene un importante impacto para la familia, ya que María del Valle ocupará el mismo panteón de su padre, Carlos Iber, también víctima del terrorismo de Estado y cuyos restos fueron identificados en 2009 en Buenos Aires, tras lo cual fueron trasladados a Santiago del Estero.

Fuente: El Liberal

Formosa: El militar represor Pedrazzini en el Juzgado Federal, la foto



Pedrazzini en el Federal, la foto
agosto 29, 2013
Hoy, a pesar del ser el día del abogado, el Juzgado Federal de Formosa trabajó con normalidad. Un lector de NoticiasFormosa obtuvo este registro con su celular.
 Pedrazzini en el Juzgado Federal de Formosa.
Luis Pedrazzini en el Juzgado Federal de Formosa, hoy.
El coronel retirado Luis Alberto Pedrazzini fue detenido días atrás, acusados de haber participado de la represión militar en Formosa en la dictadura.
QUIÉN ES PEDRAZZINI
Pedrazzini se desempeñó como secretario general de la Gobernación y fue hombre de confianza del fallecido gobernador de facto Juan Carlos Colombo, condenado a 25 años de prisión. En aquella época, cultivó relaciones con la sociedad civil, el Poder Judicial, la Sociedad Rural y fuerzas vivas de nuestra comunidad, pero lo más relevante es que Pedrazzini era el enlace del area 234, que tenía como principal referente al mayor del Ejército Jorge Rearte.
En el año 2009, durante la sustanciación de la denominada Causa “Colombo”, Pedrazzini declaró como testigo y reveló detalles espeluznantes del reglamento de lucha antisubversiva, que contemplaba todo tipo de tormentos en perjuicio de los detenidos.
También admitió falsedad en la identidad de un niño inscripto como nacido en Formosa cuando en realidad nació en Buenos Aires, dado con posterioridad en adopción a un miembro de la SIDE, recordó a La Mañana el abogado querellante, Willians Dardo Caraballo.
En aquella audiencia, el querellante y víctima Pedro Velásquez Ibarra entregó al Tribunal una copia certificada de la partida de nacimiento de un menor nacido en Formosa en diciembre de 1977, y donde Pedrazzini y el primer alférez de Gendarmería, Esteban Luis Ferreira Texeira – también vinculado al proceso y familiar de la esposa de Colombo- figuran como testigo de dicho acontecimiento. Sin embargo, no consta certificado médico alguno y la inscripción fue reconocida ese mismo día por el Superior Tribunal de Justicia en un trámite exprés.
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El testigo Ferreira Teixeira también fue detenido por el requerimiento del año 2009 en virtud de la orden captura librada por la jueza subrogante, por el delito de supresión de estado, que integra el catálogo de delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, aseveró Caraballo.
Este mismo tratado decepcionado por el Estado argentino también define la violación y abusos sexuales como imprescriptibles, es decir, que pueden ser perseguidos todo el tiempo.
Investigación
La Fiscalía Federal N 2, a cargo de Luis Roberto Benitez, tuvo a su cargo la investigación por la apropiación indebida y supresión de estado de Marcelo Arturo Cionci, quien sería víctima de los delitos de sustitución de identidad y retención o ocultación de menores que caracteriza al obrar de la represión, siendo hijo de víctimas del terrorismo de Estado.
Según esa investigación, un agente de la SIDE y su esposa inscribieron irregularmente como propio el niño, el 19 de diciembre de 1997, en la ciudad de Formosa.
Atento a las medidas probatorias requeridas por el fiscal Benitez, se logró imputar en la causa al supuesta madre del menor, como así también a Pedrazzini y Ferreira Texiera, por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor, en concurso ideal con falsedad ideológica de un documento público.
Por esta causa se encuentra detenida la mujer, en su domicilio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, con custodia de Gendarmería, a la espera de una pericia del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia, para establecer si puede prestar declaración indagatoria y trasladarse a Formosa.
Manual de represión
 Pedrazzini, esposado, luego de declarar.
Pedrazzini, esposado, luego de declarar.
Al momento de declarar como testigo, Pedrazzini – en su carácter de oficial superior del Ejército Argentino- reconoció y admitió que durante el proceso militar estuvieron en vigencia y fueron aplicados reglamentos confidenciales ( Operaciones contra Elementos Subversivos) que habilitaban a la compulsión física, torturas, amenazas, chantajes, secuestros, raptos, violaciones y la eliminación de personas.
Respeto al testimonio del militar retirado, Caraballo recordó el cinismo y la hipocresía del ex hombre de confianza de Colombo al momento de ser careado con la testigo Genes de Ortiz, quien se desempeñó en la Gobernación como funcionaria de jerarquía del entonces secretario general. El hermano de la testigo fue el soldado Genes, quien falleció en oscuras circunstancias mientras hacía el servicio militar.
También fue detenido días atrás el comandante mayor retirado de Gendarmería Nacional Jorge Caserotto, quien hasta el año 2010 integro el directorio del IOSE.
Recordó el abogado Caraballo que si bien Caserotto fue detenido por la privación ilegítima de la libertad de un trabajador de una conocida empresa de gaseosas en Las Lomitas durante el año 1976, el mismo “fue la cara visible del terrorismo de Estado en todo el Departamento Pilcomayo, especialmente en Clorinda y Laguna Blanca, donde era el jefe operativo de la represión”.
En el año 2006, el juez federal Marcos Bruno Quinteros, en oportunidad del dictar el auto de procesamiento del general retirado Jorge E. Rearte, encomendó al Ministerio Público Fiscal que inicie una investigación sobre todo lo vinculado a la violación de derechos humanos en la zona norte de la provincia, pero recién, ahora, siete años después, se dispuso la detención de Caserotto, quien debe ser requerido por los delitos consumados en dicha juridiscción, según surge del testimonio de las víctimas Nelly Daldovo, Carlos Sotelo y los familiares de Francisco “Pancho” Bogarin.



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Chaco: Baldosas de la Memoria frente al edificio la primera sede de Ligas Agrarias, símbolo de los ideales sociales decada 70 + Reportajes a Lovey y Yacuzzi




En el centro de la ciudad Saenz Peña

Cipolini encabezó la colocación de la segunda Baldosa de la Memoria

28/08/2013 El intendente de la Ciudad Termal presidió el acto de descubrimiento de la segunda baldosa de la memoria frente al edificio donde funcionara la primera sede de Ligas Agrarias, símbolo de lucha de los ideales sociales de la década del '70.


Nota_f145bba8d2af32c536e0567a88973adbEl acto realizado en 15 y 16 en Sáenz Peña.
El emotivo homenaje también contó con la presencia del ministro de Educación, Sergio Soto, entre otras autoridades provinciales. Y junto al jefe comunal, Gerardo Cipolini, se encontraban presentes la presidente del Concejo, Crucita Pereyra, concejales y el secretario de Gobierno, Oscar Dudik, 

En su mensaje protocolar, Cipolini señaló que se encontraban "convocados por este homenaje a esos jóvenes soñadores de la década del 70; cuyos nombres hoy están protegidos por nuestras banderas del Chaco y de Sáenz peña. Jóvenes que protagonizaron una década que caracterizó un periodo sombrío de América Latina. No olvidemos que cuando en la Argentina se llevaba a cabo el golpe militar de 1966, también en otros países americanos reinaban los gobiernos militares. Chile, Uruguay, Brasil y Perú, cubrían a una América Latina de una sombra de dominación y de esclavitud; pero esta gente joven soñaba por un país mejor".

"Estamos hoy aquí para rendirle homenaje a muchos casos, a muchos hermanos saenzpeñenses que dieron su vida defendiendo sueños e ideales y que nuestra juventud no debe arrear nunca. Porque un país no solo se construye a partir del esfuerzo y del trabajo, si no por la guía de sueños y anhelos de aquellos que con sus vidas, en este caso particular, marcaron un rumbo para que nunca más vuelva a la Argentina al flagelo de un golpe militar. Que nunca más vuelva el dolor de la muerte y desaparición, de la tortura, de esa sombra que avergonzó a generaciones de argentinos que tuvimos que convivir con uno de los períodos más tristes de la historia argentina", agregó el intendente de Sáenz Peña.

Después, rescató la figura de Raúl Alfonsín, "nuestro héroe cívico que tuvo el coraje, cuando el partido militar estaba intacto, de juzgar a la Junta Militar. Realmente, a partir de allí, hemos transitado 30 años de una democracia que tiene todavía sus luces y sus sombras, pero tenemos que apostar todos juntos a que nunca más retumbe en las aulas de la patria, en los espacios públicos, esa frase tremenda: las urnas están guardadas y bien guardadas". 
"Mi homenaje y reconocimiento a estos jóvenes que, en defensa de sus principios dieron lo más preciado que tiene una persona, que es su vida”, concluyó.

Posteriormente las autoridades realizaron el descubrimiento de la segunda Baldosa de la Memoria en la esquina de las calles 15 y 16 del centro de Sáenz Peña, lugar donde funcionó la primera sede de Ligas Agrarias en esa ciudad.
Fuente: Chaco Dia por Dia
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NOTAS DE ARCHIVO
REPORTAJES REVISTA lOS 70
Osvaldo Lovey, Secretario General de las Ligas Agrarias del Chaco
"GRITA LO QUE SIENTES"

Ni tierras sin hombres, ni hombre sin tierra.Osvaldo Lovey fue secretario general de las Ligas Agrarias del Chaco. Años después, cuando se crea el Movimiento Peronista Montonero en Roma en 1979, fue designado secretario general de la rama agraria. En la actualidad integra la cooperativa "El Zorzal", de Machagay, provincia del Chaco.

--¿Cómo se formaron las ligas?
--Había una necesidad colectiva derivada de las reivindicaciones insatisfechas de los pequeños y medianos agricultores. Las Ligas surgen en el Chaco para expandirse después ampliamente por la región noreste e incluso en parte de la pampa húmeda. En esos años esas provincias venían sufriendo un azote económico muy grande a causa de la caída de los precios de la producción --por ejemplo, el algodón chaqueño--, lo que provocaba un éxodo constante de gente. Obreros rurales, pequeños y medianos productores abandonaban sus campos, sus chacras y se iban a Buenos Aires por falta de futuro.
Las Ligas fuerin una herramienta fundamental para defender nuestros intereses, ya que los grandes monopolios que operaban en la compra y venta y en la industrialización de los productos primarios estaban acostumbrados a fijar los precios a su antojo.
Esta es una de las razones vitales que dan origen a las Ligas. Después hubo elementos más sociopolíticos que facilitaron esta construcción. Las políticas de la dictadura militar generaron una fuerte ola de reacciones populares en todos los sectores. No nos olvidemos que las Ligas no fueron un movimiento aislado: tenían que ver con lo que estaba pasando en el país con los trabajadores, el movimiento estudiantil, etc.
--¿Cómo recordás la asamblea fundacional?
--La asamblea fundacional fue el primer cabildo abierto del agro chaqueño, y así lo llamamos en aquella época. El lema era "grita lo que sientes" y se realizó en Roque Saenz Peña, la zona algodonera por excelencia. Pero no fue una cosa que surgiera de un día para otro, ya que tenía sus antecedentes en las primeras movilizaciones encabezadas aquí por la Federación Agraria Argentina. Yo siempre digo que todo el movimiento de las Ligas lo inició la Federación Agraria Argentina. Lo que pasa es que después, al defeccionar, la Federación estuvo dirigida por hombres que se prestaron al juego de los sectores monopólicos de esa época, en connivencia con el gobierno de turno. Entonces a este movimiento lo continuaron los sectores juveniles, como el Movimiento Rural, de la Acción Católica, al que muchos estábamos integrados, además en los centros juveniles cooperativistas. Esas fueron las dos vertientes de jóvenes que nos pusimos al frente de forma improvisada en las primeras movilizaciones y le dimos continuidad. Al quedarnos sin una entidad orgánica que dirigiera el movimiento, se formó una nueva entidad, que fueron las Ligas Agrarias.
--En ese marco, ustedes cuestionaron severamente en una asamblea a Di Roco que en ese momento estaba el frente de la Federación.
--Por supuesto. El era el presidente de la Federación y en una de las asambleas fue abucheado espontáneamente por la gente. Casi lo bajan del palco. Había venido a parar la mano, a poner paños fríos. Decía que había que esperar, que las autoridades del gobierno tenían buenas intenciones. Pero eso no tenía ninguna relación con lo que estaba pasando en la realidad. En premio a esa lealtad de intereses, el presidente Lanusse lo llevó como ministro de Agricultura. Precisamente, la visita de Lanusse a una concentración de las Ligas, dos después del primer cabildo abierto, fue el hecho que les dio una notoriedad de alcance nacional, que hasta ese momento no tenían.
--¿Porqué fue Lanusse a esa reunión?
--El había anunciado una gira por toda la región. Vino al Chaco, fue a Misiones, después fue a Tucumán, donde le tiraron naranjas. En parte era una gira proselitista porque, en ese momento, Lanusse estaba impulsando el Gran Acuerdo Nacional y pretendía postularse como candidato a presidente. Cuando apareció por Resistencia, nosotros hicimos un planteamiento público: que si el presidente quería conocer los problemas del Chaco tenía que venir a Saenz Peña, porque en la Capital no estaban los problemas. Lo desafiamos al afirmar que si él no estaba dispuesto a venir al interior del Chaco organizaríamos una caravana a Resistencia con los agricultores para demostrar cuál eran los verdaderos problemas. Este pronunciamiento público de las Ligas dio origen a una serie interminable de negociaciones. Viajamos a Buenos Aires, nos entrevistamos con Manrique, que en ese momento era ministro de Bienestar Social, para ver de qué modo y en qué marco iría Lanusse a Saenz Peña. Nosotros planteamos nuestras condiciones: lo invitábamos a una asamblea de productores, pero que esa asamblea la organizaríamos nosotros.
Finalmente, en contra de los consejos que le daba el gobernador Maza para que no concurra, aceptó el desafío y vino. Así fue cómo él estuvo en el palco, frente a cinco mil agricultores convocados por las Ligas Agrarias. Ahí aprovechamos para plantearle públicamente los problemas, algunos de los cuales lo involucraban directamente a él y a su familia. En el Chaco se habían dado en concesión 1.100.000 hectáreas a un consorcio formado por la empresa Pedro y Antonio Lanusse y una firma norteamericana para explotar el suelo y el subsuelo. En la asamblea lo hostigamos duramente con este tema y Lanusse se vio obligado a anunciar públicamente que ese proyecto estaba muerto. Fue una de las grandes victorias de las Ligas porque, además, esa pulseada con Lanusse nos significó obtener un montón de reivindicaciones que habíamos acordado previamente como condición para que él pudiera venir.
--¿Monseñor Italo Di Stéfano jugó un rol fundamental en esa época?
--Sin duda. En el primer período, cuando la juventud agraria tomó las banderas que había abandonado la Federación, el rol que desempeñó el obispo Di Stéfano fue fundamental por una razón muy sencilla: la gente descreía de la clase dirigente, se sentía traicionada. De algún modo, la única autoridad en que la gente confiaba era en el obispo, ya que nosotros cumplíamos un rol de activistas en cuanto a lo organizativo pero nuestra credibilidad todavía estaba siendo puesta a prueba. El fue uno de los que se puso al frente y cumplió un rol muy importante. En los acontecimientos posteriores, cuando las Ligas tomaron fuerza orgánica, hubo una serie de discrepancias con Di Stéfano y se alejó del movimiento. Pero nosotros rescatamos su tarea porque en la primera etapa desempeñó un rol fundamental.
--¿Qué sentís, tantos años después, cuando caminás por el Chaco?
--Es una mezcla de muchas cosas. Hay zonas que recorro en las que me agarra una nostalgia muy grande, porque en otros años eso era un hervidero de gente. Era un Chaco que se sustentaba en la unidad económica familiar, un lote de cien hectáreas lo trabajaba toda la familia y, a su vez, daba trabajo a otros obreros rurales. Hoy son zonas semi despobladas a causa del proceso de tecnificación y de concentración de la propiedad de las tierras. El Chaco es otro.
En cuanto al Movimiento Rural, cumplió un rol previo muy importante en lo que hace a la formación del material humano. Ayudó a constituir los fundamentos ideológicos y sociales de toda una generación que después convirtió toda su actividad a la militancia social y política.
--¿Cómo recordás a Carlos Picolli?
--Carlos siempre está presente en mis recuerdos. Aparte de haber sido nuestro compañero de lucha y uno de los principales iniciadores del movimiento en esta región, fue mi amigo más entrañable. Son pérdidas irreparables que a uno le dejan un vacío que, como dice la canción, son muy difíciles de llenar. ( Lucho Soria)


Fuente: Revista Los 70

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Rafael Yacuzzi
"Nada de eso fue inútil"

Preso y luego exiliado, al regresar a la Argentina dejó de ejercer el sacerdocio, y hoy como antes, vive como cooperativista en Villa Ana, Santa Fe. En su testimonio hace un balance sobre aquellos años y cuenta cómo fue su militancia social.
Rafael Yacuzzi. Las ligas agrarias. Rafael Yacuzzi, 63 años, campesino, ex cura, fue uno de los gestores de las Ligas Agrarias. Preso y luego exiliado, al regresar a la Argentina dejó de ejercer el sacerdocio. Hoy, como antes, vive y trabaja como cooperativista en Villa Ana, Santa Fe.
--¿Cómo comenzó su militancia social?

--Yo pertenecía a una familia campesina, estaba muy identificado con la vida de los trabajadores rurales y los pequeños productores y, además, trabajaba como trabajo ahora. Me ganaba el pan con el sudor de la frente. Además, como sacerdote, no podía permanecer indiferente al dolor social. Fue una opción que me trajo el rechazo de los más poderosos. Así como, en su momento, había sentido el llamado de Cristo, sentí el llamado de la gente. Para esa época se acentuaba la presencia de la corriente tercemundista y yo no veía contradicciones entre la militancia y el ejercicio del sacerdocio. No por eso dejaba de celebrar la misa, de confesar, de bautizar, etc.
--¿Cuál era la relación entre dar misa y repartir un volante?
--Eran dos actividades que uno se sentía llevado a realizar. Pero no puedo dejar de confesar que cuando uno repartía un volante que hablaba de la organización del pueblo o del rechazo a las injusticias sociales, en el fondo el mensaje era lo mismo, o sea el mensaje evangélico.
--¿Cuál era la actitud de la jerarquía eclesiástica frente a su militancia?
--Hubo ciertas críticas, ciertas incomprensiones. Pero nunca hubo sanciones. El obispo de mi diócesis me hizo algunas observaciones. Pero entre el criterio de la jerarquía y el criterio del Evangelio, me quedé con lo último porque allí estaba la vida de la gente. En esa época había un auge de las luchas sociales y uno se sentía identificado con eso. La gente veía la presencia de los sacerdotes, lo digo en plural, porque éramos muchos los que estábamos en ese camino, como un respaldo concreto, más aún en el Chaco, con monseñor Italo Di Stéfano, aunque años después él se apartó. La gente requería nuestra presencia, y cuando faltábamos a las reuniones después venías las críticas. Me consideraban uno de ellos.
--¿Cuál es su balance de aquellos años?
--Fundamentalmente la conciencia y la decisión para luchar por los legítimos derechos sociales. Las Ligas fueron el movimiento gremial campesino más importante no sólo porque fueron un instrumento de organización solidaria de la gente, sino por las reivindicaciones alcanzadas, como el precio compensatorio de la cosecha, la creación de los sindicatos de los trabajadores rurales, el acceso a créditos, los cursos de capacitación, etc.
Hubo grandes sacrificios, es cierto, grandes dolores y sufrimientos, pero también alegrías entrañables. Y mása allá de los resultados, nada de eso fue inútil. Fueron semillas que con el tiempo dieron y seguirán dando frutos porque siempre hay y habrá gente luchando por sus derechos y por los derechos de todos. Y eso, aunque les pese a muchos, es la continuidad de aquello. Sí, es la continuidad.
Posdata: Rafel Yacuzzi, fallecio en el 2001 de cáncer
Fuente: Revista Las 70


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Tucuman: Procesaron al ex juez federal Manlio Martinez " como miembro de la asociación ilicita que llevó adelante el terror estatal"





                        La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento del ex juez federal Manlio Martínez. Además de confirmar su procesamiento por los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal, encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada (todo como autor material), lo procesó como miembro de la asociación ilícita que llevó adelante el terror estatal. Señaló que el ex juez Martínez "contribuyó intencionalmente, desde su función como magistrado, con el terrorismo de Estado, permitiendo que muchos delitos de lesa humanidad pudiesen cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus actores"






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NOTAS DE ARCHIVO

Tucumán: una familia judicial cómplice

Año 3. Edición número 152. Domingo 17 de abril de 2011
Por 
Marcos Taire, periodista, desde Tucumán
lesahumanidad@miradasalsur.com

El juez Pérez Villalobos fue quien denunció a sus colegas y reclamó investigar sus conductas.

Un juez pidió investigar a los magistrados que fueron colaboracionistas con la última dictadura
La responsabilidad de la Justicia en el plan de exterminio del terrorismo de Estado y la actuación del ex juez federal Manlio Martínez fueron señaladas por José María Pérez Villalobo, integrante del Tribunal Oral Nº 1 que condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y al comisario Roberto El Tuerto Albornoz en la causa “Romero-Niklisson”. El magistrado acusó a Martínez al destacar que los testigos “refirieron que acompañó con su inacción las prácticas genocidas del plan militar, legitimando con sus omisiones funcionales la impunidad que gozaron por años los represores”. También expresó su esperanza de que “se investiguen las conductas de los funcionarios judiciales” y estimó que “aquellos magistrados y funcionarios que tuvieron complicidad con el terrorismo de Estado deben ser juzgados con la misma severidad que los responsables reales de este período negro de nuestra historia. Si las víctimas han confiado en este órgano judicial para relatar sus padecimientos, tenemos la obligación funcional de promover las investigaciones correspondientes”.
En la causa “Romero-Niklisson” se investigó y probó el asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros. En su dictamen, Pérez Villalobo denunció que “tanto el ex juez Martínez como la ex actuaria Donatila Rosa Carabajal, tuvieron conocimiento desde el primer día de la existencia del supuesto enfrentamiento, de la existencia de cadáveres pertenecientes a civiles abatidos, de los nombres de los mismos, de la intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ni el señor juez ni el señor fiscal de ese entonces tomaron medidas tendientes a identificar los cuerpos ni ordenaron efectuar autopsias ni identificaron al personal militar interviniente”. Para Pérez Villalobo, “esas omisiones funcionales tenían el claro propósito de encubrir el accionar delictuoso de las fuerzas del orden”. Su conclusión es que “el Poder Judicial es el único poder del Estado que no hizo su autocrítica reflexiva”.
“Ni la policía me exigió que me declare dueño de ese paquete (con panfletos) y, en verdad, lo único que tiene que hacer usted es tomarme declaración testimonial y no exigirme que declare una cosa que no es cierta.” Esas palabras le enrostró un obrero ferroviario detenido ilegalmente al juez federal Manlio Martínez en 1975. Están en el legajo 317-B-84 del informe de la Comisión Bicameral que investigó las violaciones de los derechos humanos cometidas en Tucumán. Decenas de testimonios similares y otros aun más graves incriminan a Martínez, que siguió siendo juez en democracia y nunca fue llamado a declarar ni en calidad de testigo. Ejerció el cargo entre 1974 y 1984, cuando los senadores rechazaron su pliego. Desde la Operación Independencia y durante la dictadura, rechazó todos los hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. También dio por finalizadas algunas causas por asesinatos emblemáticos, como el del presidente de la UCR tucumana, Angel Gerardo Pisarello, sin haber realizado ninguna investigación.
El fiscal Alfredo Terraf, acusador en el juicio “Vargas Aignasse” en el que fueron condenados a prisión perpetua Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, reveló que hay “un acta en la causa, en la cual ese ex magistrado (Martínez) aparece visitando Famaillá, donde funcionó el primer centro clandestino de detención, en compañía del entonces coronel Mario Benjamín Menéndez”. Este militar fue jefe de estado mayor de la zona de operaciones en Tucumán y fue el que en 1982 rindió las tropas argentinas a los ingleses en la guerra de las Malvinas. El general Rattembach, en su informe sobre el desempeño cobarde e inepto de la mayoría de la oficialidad argentina, pidió para Menéndez las penas más duras contenidas en el Código Militar. Años después Menéndez dijo que los siete meses que pasó en Famaillá fueron un período de gran aprendizaje y elogió la tortura como método aplicado en ese lugar.
El juez español Baltasar Garzón, cuando en nuestro país estaban vigentes las leyes de impunidad, pidió la captura internacional del ex juez Martínez, junto a decenas de represores que actuaron en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército.
En Tucumán, todos saben que la familia judicial, cómplice de la dictadura militar, permanece incólume. Familiares y amigos de los funcionarios que debieran ser acusados por esa complicidad con los represores pueblan los juzgados provinciales y federales. Al producirse la caída de las leyes de impunidad los abogados querellantes en las causas de violaciones de los derechos humanos descubrieron que en los expedientes faltaban folios que habían sido arrancados y no pudieron rehacerse nunca más. Es fácil imaginar quiénes los sustrajeron.
Una gestión personal del ex presidente Kirchner impidió que un personaje ligado a los represores, Francisco Sassi Colombres, ex fiscal de Estado durante la dictadura y acusado de defender a Bussi en los estrados judiciales, llegara a integrar la Corte Suprema de Justicia provincial, cargo para el que ya había sido designado con la aprobación de los legisladores provinciales. Inexplicablemente, el gobernador José Alperovich lo nombró presidente de la Caja Popular de Ahorros de la provincia, cargo que actualmente desempeña. Sobre Sassi Colombres pesa la denuncia de que hizo desaparecer, quemándola, documentación sobre los desaparecidos en Tucumán, que se encontraba escondida en su estudio.
Otro ex fiscal de Estado de la dictadura y funcionario de todos los gobiernos militares desde la década del ’60, Mario René Goane, fue designado vocal de la Corte Suprema provincial, en una clara demostración del poder de la corporación judicial, que pudo más que los gobiernos nacional y provincial, que intentaron vanamente impedirlo. El establishment en pleno lo respaldó, destacando sus cualidades de hombre de bien, occidental y cristiano. Al recordarse en 2010 el bicentenario del tucumano Alberdi, Goane afirmó en un discurso que “la República hoy atraviesa una sistemática y grave situación de peligro de extinción y de instauración de un totalitarismo enmascarado”. Curiosa preocupación de Goane: nunca abrió la boca para defender las libertades conculcadas cuando en la dictadura ocupó el mismo cargo que tiene ahora.
Los funcionarios de la unidad de seguimiento de los juicios por violaciones de los derechos humanos de la Nación formularon advertencias y denuncias sobre las trabas en las causas en Tucumán. Remo Carlotto dijo que los juicios en la provincia tenían una estructura perversa que beneficiaba a los represores. A su vez, el fiscal Jorge Auat afirmó que un ejemplo de lo que no se debe hacer es lo que se hizo en Tucumán, donde, a pesar de que esa provincia fue una de las más castigadas por el terrorismo de Estado, los juicios se estructuraron por casos individuales, en lugar de nuclearlos por centros clandestinos de detención.
El caso Debenedetti. Osvaldo Debenedetti era un militante del PRT que fue detenido en 1974 en Tucumán y a quien el juez Martínez procesó y envió a la cárcel, acusándolo de integrar una asociación ilícita. Al mismo tiempo fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El Tordo, como le decían sus compañeros, deambuló de penal en penal durante 4 años hasta que en 1978 fue alojado en la UP 1 de Córdoba.
Un ex militante del ERP que se había entregado, agobiado por las condiciones de la vida en clandestinidad, fue el nexo que los militares encontraron para vincular a Debenedetti con el frustrado ataque a un cuartel del Ejército en Catamarca en 1974. Se convencieron de que El Tordo había ocupado un lugar relevante en la estructura guerrillera y decidieron asesinarlo. Ordenaron su traslado desde la cárcel de Córdoba a Tucumán. Allí fue alojado en el penal de Villa Urquiza, de donde un día lo sacaron y lo mataron. El Ejército informó que Debenedetti había muerto al intentar fugar, en algún lugar cercano a Caspinchango.
Debenedetti era un preso con proceso y el juez que entendía en la causa, Martínez, era el responsable de su seguridad y del cumplimiento de todas las normas legales que garantizaran su vida. La fuga fraguada no fue investigada nunca por el juez. La causa por este asesinato, en la cual hay media docena de imputados, incluidos los acusados de haber cometido el crimen, iba a ser tratada en juicio oral a principios de este año, pero fue postergada para fines de octubre próximo.




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Las excusas de un juez procesista

Año 4. Edición número 167. Domingo 31 de julio de 2011
Por 
Ramiro Rearte, desde Tucumán
lesahumanidad@miradasalsur.com

El pasado vuelve. El ex magistrado tucumano declaró el miércoles ante la justicia.



Manlio Martínez está acusado de tomar declaración en centros clandestinos y de rechazar hábeas corpus.
El ex juez federal durante la dictadura militar, Manlio Torcuato Martínez, finalmente declaró ante un juez en democracia, luego de más 35 años de silencio por parte del ex magistrado tucumano, acusado de haber visitado centros clandestinos de detención para tomarles declaración a los detenidos, entre otros delitos de lesa humanidad.
Luego de varias dilaciones de parte de Martínez, llegó el miércoles pasado al primer piso de los Tribunales Federales de Tucumán, donde lo esperaba el juez Daniel Bejas. Martínez fue un activo civil durante la presencia de los genocidas Acdel Vilas y Antonio Domingo Bussi en la provincia. El ex magistrado llegó ofuscado: porque consideró (y lo dijo frente a los empleados de tribunales a los gritos) que era víctima de “los fiscales militantes”, haciendo referencia al fiscal Carlos Brito, que firmó su comparecencia ante Bejas y elevó todo el trabajo de investigación realizado durante más de un año. Pero lo que más lo molestó a Martínez fue la exposición de esta situación en los medios gráficos nacionales, como las notas publicadas por Miradas al Sur, que lo hicieron “conocido” y también ayudaron a que este civil colaboracionista fuera citado como imputado en una causa de derechos humanos de relevancia.
El pedido de instrucción se realizó en la segunda parte de la causa conocida como “Romero Niklison”, en cuyo primer tramo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia en el mes de marzo de este año, condenando a Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz (a) El Tuerto a prisión perpetua por el asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros (María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brand­sen y Eduardo González Paz) en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1816/1820 de San Miguel de Tucumán el día 20 de mayo de 1976. Para la fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente, o que dieron las órdenes para que se cometieran.
Durante más de dos horas, Martínez trató de defenderse de su participación en los hechos que se lo vinculan. Entre otras cosas, de rechazar todos los pedidos de hábeas corpus que entraban en su despacho, desde 1975 hasta entrada la democracia. Por ende, eligió vendarse los ojos frente a los familiares de desaparecidos, a la hora de impartir justicia, pero acudía raudamente cuando algún genocida de turno lo convocaba para tomar declaración testimonial a personas detenidas ilegalmente.
Según el fiscal Brito, “los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con su anuencia para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”. Además se lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un centro clandestino de detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, El Tuerto Albornoz. Ese prisionero ilegal estuvo privado de su libertad durante más de un año.
El juez Bejas le mostró a Martínez todas y cada una de las actas firmadas por él mientras fue magistrado durante la represión ilegal de los años ’70. El ex juez poco pudo decir sobre las pruebas que se le presentaban, una tras otra. Sólo entre 1975 y 1976 Manlio Martínez recibió más de 350 acciones de hábeas corpus ante su juzgado a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas: todas fueron rechazadas o archivadas.
Con el apoyo de Vilas. Según el fiscal Brito, “Manlio Martínez fue nombrado como juez federal de Tucumán entre 1974 y 1975. Según el entonces general Acdel E. Vilas, a cargo de la Operación Independencia, en su primera etapa, este nombramiento obedeció a un pedido suyo, pues para él el accionar excesivamente “legal” del juez anterior entorpecía las tareas represivas de las Fuerzas Armadas a su cargo. Señaló Vilas en esos años que pidió “la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal (…) y del fiscal, tratando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia”. Una de esas personas era Martínez.
Desde 1975 hasta 1983, Martínez dio muestras que cumpliría con la promesa rea­lizada a Vilas. “Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas ‘legalizadas’ eran sistemáticamente pasadas por alto por el ex juez, que aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura”, dice parte de la acusación de la fiscalía.
Ante la cantidad de testimonios que Bejas tomó a las personas detenidas durante la dictadura se pudo comprobar que existen además registros de su presencia en los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia: la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, lo que se llamaba “Puesto de Comando Táctico” de la Operación Independencia, la Escuelita de Famaillá y la Delegación local de la Policía Federal. En esos lugares, “el ex magistrado decidió no percibir que existían cientos de personas secuestradas y torturadas”, asegura Brito en su informe.
Martínez supo construir en democracia mucho poder dentro de la esfera judicial. De hecho, uno de los comentarios más fuertes en los tribunales tucumanos era que el ex juez nunca iba a ser citado a declarar. Sin embargo, al parecer las cosas empezaron a cambiar dentro de la familia judicial.
Lo que se espera en un par de días es que el juez federal Bejas dictamine sobre la causa en cuestión y sobre el futuro procesal de Martínez, que podría quedar detenido por las pruebas aportadas por el fiscal Brito y la Unidad de Fiscales en la materia, coordinadas por Jorge Auat y Pablo Parenti.



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jueves, 29 de agosto de 2013

lA Rivera- Cardoba


Área Investigación
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de los Derechos Humanos Campo de La Ribera
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Tucuman: Recuperan su identidad otros tres desaparecidos en Pozo de Vargas: Marta Azucena Castillo, Emilio Antonio Ybarra y Marcelino Brizuela





Marta Azucena Castillo, del estudiante Emilio Antonio Ybarra y del obrero ferroviario de Tafí Viejo Roque Marcelino Brizuela
Camara fotoAMPLIARMarta Azucena Castillo, del estudiante Emilio Antonio Ybarra y del obrero ferroviario de Tafí Viejo Roque Marcelino Brizuela
28/08/2013 - Lesa humanidad
Otros tres desaparecidos recuperan su identidad en Pozo de Vargas

El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de los restos de la socióloga Marta Azucena Castillo, del estudiante Emilio Antonio Ybarra y del obrero ferroviario de Tafí Viejo Roque Marcelino Brizuela.
El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de tres personas que fueron secuestradas entre 1976 y 1977. Los restos se habían hallado en Pozo de Vargas, es decir que ese lugar funcionó como fosa común durante ese periodo de tiempo.
La noticia la dio a conocer ayer Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Juez Fernando Poviña. El Equipo Argentino de Antropología Forense, dentro del marco de los autos caratulados “Romero Enrique Fernando s/denuncia” Expte. 140/02, hizo entrega de los resultados genéticos alcanzados por el laboratorio genético EAAF-LIDMO en relación a las muestras óseas pertenecientes al conjunto de restos óseos exhumados.
Se trata de los restos de la socióloga Marta Azucena Castillo, del estudiante Emilio Antonio Ybarra y del obrero ferroviario de Tafí Viejo Roque Marcelino Brizuela. En los tres casos se trabajó sobre el perfil obtenido de la muestra de un fragmento de fémur derecho.
MARTA AZUCENA CASTILLO
Tenía 29 años y era socióloga. Trabajaba en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPVU), hasta que en el año 1975 fue cesanteada por el Gobernador Carlos Arturo Juárez. Siguió trabajando como docente, prestando servicios en la Escuela del Aibal, Departamento Figueroa hasta diciembre de 1976. En ese momento el IPVU llama a concurso para cubrir el cargo que Marta Castillo había ocupado hasta ser cesanteada. Se presenta y gana el concurso, pero es rechazada por un informe de la Policía (DIP) en el que la señalaban como “correo” de un grupo extremista. El 7 de febrero de 1977 sus familiares denuncian su desaparición.
Unos vecinos manifiestan que habían visto hombres sospechosos merodeando el domicilio de la familia Castillo, y que se fueron después de la desaparición de Marta Castillo.
En abril del mismo año estuvo detenida en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, de Tucumán, y fue trasladada a fines de 1977 al Penal de Mujeres de Santiago del Estero.
Hasta la fecha, permanece desaparecida.

EMILIO ANTONIO YBARRA
Detenido-Desaparecido el 13 de Marzo de 1976 en la ciudad de La Banda- Santiago del Estero.

BRIZUELA, ROQUE MARCELINO, 31 años casado - obrero ferroviario, Ferrocarril Belgrano, - desaparecido: 19 - 10 - 1976 – Secuestrado en Tafí Viejo.  

Fuente: Tucuman Hoy



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TUCUMÁN
Hallan en una fosa común los restos de dos santiagueños desaparecidos

Hallan en una fosa comun los restos de dos santiaguenos desaparecidos
Marta Castillo
Publicado el 29/08/2013 - Análisis realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaron la identidad de tres personas, que habían desaparecido durante la última dictadura militar y cuyos restos fueron encontrados en el Pozo de Vargas, en Tucumán, donde eran arrojados los cuerpos de víctimas del terrorismo de Estado. 
El informe elevado al Juzgado Federal Nº 2, a cargo del juez Fernando Poviña, precisa que los restos exhumados del Pozo de Vargas pertenecen a Marta Azucena Castillo, Emilio Antonio Ybarra Trejo y Roque Marcelino Brizuela. 
Castillo e Ybarra Trejo, son jóvenes santiagueños que figuran como desaparecidos y con este hallazgo, son tres las víctimas identificadas en Pozo de Vargas, ya que a principios de julio se descubrieron restos del abogado Luis Alejandro Lescano. 
El caso de Castillo fue tratado en el juicio de la Megacausa y por el mismo fueron condenados Musa Azar Curi y Miguel Tomás Garbi, ex jefe y subjefe de la Side local, aunque solamente por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. Además, el tribunal había ordenado remitir copia del expediente a la Justicia Federal de Tucumán para que investigue sobre su muerte, ya que testigos vieron a la socióloga en el centro clandestino de detención Arsenal Miguel de Azcuénaga. 
Castillo fue secuestrada en febrero de 1977 y al momento de desaparecer tenía 29 años. Trabajó en el Instituto Provincial de la Vivienda hasta que fue cesanteada, en 1975. Luego trabajó como docente y prestó servicios en la Escuela del Aibal, Departamento Figueroa hasta diciembre de 1976. 
Ybarra Trejo, por su parte, fue secuestrado el 13 de marzo de 1976 en la ciudad de La Banda. Este joven, veinteañero, trabajaba en Vialidad de la Provincia. Su caso no fue tratado en ninguno de los juicios de lesa humanidad que se celebraron en Santiago del Estero, aunque podría formar parte de las causas residuales. 
En tanto, Brizuela era obrero ferroviario, trabajaba en el Ferrocarril Belgrano y lo secuestraron el 19 de octubre de 1976, cuando tenía 31 años.

Fuente: El Liberal
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Homenaje Abogados Desaparecidos en su Dia + Tandil: El sabado se estrenará documental sobre el abogado Carlos Moreno






ABOGADOS DESAPARECIDOS Y ASESINADOS

José Pablo Bernard Aldo Meliton Bustos María Cristina Bustos de Coronel Juan Carlos Casariego de Bel Norberto Centeno Abel Rodolfo Concetti Juan Domingo Del Gesso Graciela María Doldan Manuel Hugo Evequoz Fraga Hector Hugo Fernández Baños Tomás Fresneda Eduardo Héctor Garat Nestor Enrique García  Carlos Oscar Gatto Hector Orlando Giordano Cortazzo Hernán Jorge Henríquez  Teresa Israel Pedro La Blunda Luis Alejandro Lescano Mirta Graciela Lopez Jorge Eduardo Malberti Risso Gustavo Medina Ortiz Guillermo Augusto Miguel  Dardo Francisco Molina Stella Maris Montesano de Ogando Fidela Morel Eusebio Jesús Mouriño González Carlos Abel Ocerin Fernández Alberto Marcelo Oro Oscar Oshiro Osvaldo C. Paludi Roberto Quieto Jorge Lucio Rebori Eduardo Said Eduardo Antonio Sanjurjo Roberto Juan Carmelo Sinigaglia Antonio Sosa Julio Everto Suárez Nilsa Urquía María Esther Vásquez de GarcíaAlberto Jorge Vendrell
En el Día del Abogado , un Recordatorio muy Especial ,a todos Los Compañeros y Camaradas Detenidos Desaparecidos o Asesinados durante la ultima Dictadura Militar..

Su ejemplo de compromiso y sacrificio desde su lugar de trabajadores del Derecho con un cambio estructural y por una Sociedad con Justicia Social , es y sera un Faro a seguir , por todos aquellos que abrazamos esta noble profesion , tan bastardeada por un universo de cuervos individualistas y neoliberales..

Diego Vigay ( Chaco)


En este Link, se puede clickear sobre cada Foto y conocer la Historia de cada uno ...
http://desaparecidos.org/arg/victimas/abo.html


ABOGADOS DESAPARECIDOS Y ASESINADOS

Los que abusan la justicia y pisotean la ley, también le tienen miedo. Y le tienen miedo a aquellos que clamando los derechos humanos y constitucionales, luchan por un estado de derecho. Entre los desaparecidos se encontraron decenas de abogados. Aquí homenajeamos a algunos de ellos.
Listado de Abogados Desaparecidos



Daniel Antokoletz Salvador Manuel Arestín Abdala Auad Vicente Ayala Graciela Alicia Beretta  
El sábado estrenarán documental sobre abogado asesinado por la dictadura



Jóvenes trabajadores de distintos oficios de la producción audiovisual concretaran en días una de las primeras metas que se trazaron hace poco más de un año: estrenarán una producción de cine documental en la que intervienen tanto desde lo visual como desde lo musical. 
La Productora de Contenidos Audiovisuales de la UNICEN estrenará el próxima sábado, a las 18,30 en el Centro Cultural Universitario, el documental dirigido por Esteban Velazco sobre la vida del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, asesinado en Tandil en abril de 1977 durante la dictadura militar. 
“Si bien yo dirigí la producción, se trata de un proyecto que surgió desde la productora, en la que intervinieron el staff permanente que está integrado por una decena de personas”, casi en su mayoría jóvenes formados en la misma Universidad Nacional del Centro. 
Pero además de la intervención de ellos, el documental Carlos “El Negro” Moreno, fue la oportunidad para que músicos de Tandil y Olavarría cedieran canciones de su autoría, y hasta compusieran música original que es banda sonora de la película. 
“En ese sentido aportaron su música el tecladista Andrés Beeuwsaert y la banda El Mounstro del Bazar, y además Mauro Fernandez y Julián Velazco compusieron música original para la película” reseñó Velazco, como anticipo del estreno. 
Además, el diseño gráfico y la animación que forman parte de la producción fueron responsabilidad de Paola Pérez, otra joven diseñadora de la localidad de Tandil. 

EN EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
La expectativa es compartir la obra con el público que se acerque al estreno en el Centro Cultural Universitario, aunque ese es el primer espacio previsto para el documental: “queremos que luego la película se proyecte en festivales y del mismo modo en escuelas u otras instituciones, porque reseña una resolución importante de la justicia sobre un crimen de lesa humanidad cometido por fuerzas de seguridad, con complicidad de civiles, eso lo hace muy particular”. 
La película narra, a través de testimonios de familiares directos, amigos, colegas del mundo de las leyes, y otros entrevistados, la vida que llevó a Moreno de su Olavarría natal hasta La Plata, y concluyó con su trágico asesinato en la quinta de los hermanos Méndez, ubicada en una zona residencial de Tandil. 
“Registramos esos testimonios en Olavarría, La Plata, Mar del Plata, Tandil, todos aportaron sus testimonios, desde los familiares hasta especialistas que describieron la enfermedad de los obreros que denunciaba Moreno, hasta periodistas que describen la situación histórica y social de esa comunidad durante la dictadura”, resumió el director. 
Toda la producción se enmarca en un acuerdo establecido entre el INCAA y la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se han generado en todo el país más de 2000 horas de registros audiovisuales de los juicios por crímenes de lesa humanidad. 
“Utilizamos gracias a ello material del Archivo General de la Nación y tenemos una muy buena expectativa. Hace poco estuvimos en un encuentro realizado en la ex ESMA, compartimos la experiencia, y somos la primera productora universitaria que tiene finalizado su documental, por lo tanto esperamos poder compartirlo ahora con el público”, finalizó Velazco.

Fuente: La Voz de Tandil

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