jueves, 30 de enero de 2014

Redescubrieron la historia de sus padres desaparecidos a través de un legajo "reparado" en Ciencias Exactas. Ahora Mariana Corvalan busca a su hermano






29.01.2014 | Derechos Humanos
La reparación y otra búsqueda

Redescubrieron la historia de sus padres desaparecidos a través de un legajo "reparado" en Ciencias Exactas. Ahora buscan a su hermano.

Por: 

Pablo Taranto

No nos contaban mucho. Guardaron las fotos. Nos criamos con mi abuela materna, y a ella, que estuvo el día del secuestro, siempre le quedó miedo de que nos vinieran a buscar", dice hoy, a los 41 años, Mariana Corvalán. Tiene en sus manos la copia de un expediente que ahora sí explica, al menos en parte, quién era y qué pasó con su papá.
Durante décadas, el legajo de Eduardo Corvalán, trabajador no docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, permaneció olvidado en un archivero metálico de Ciudad Universitaria. Su amarillenta foja de servicios consignaba cargo y sueldo desde el año ’63, además de un par de inasistencias injustificadas a principios de los ’70, y se interrumpía abruptamente el 28 de septiembre de 1976, con la siguiente leyenda: "Declarado cesante".
Corvalán y su esposa, Mónica Eleonora Delgado, habían sido secuestrados el 22 de julio en un departamento de la calle Avellaneda, en Caballito. Mariana tenía 4 años; Gabriel, su hermano menor, estaba en la cuna. Como ocurrió en casi todas las reparticiones públicas, a la casa de Eduardo también llegó un telegrama intimándolo a reincorporarse al trabajo. Otro expediente de la UBA conservó la respuesta del abuelo de los chicos, fechada el 9 de agosto: su hijo no pudo recibir la notificación porque fue apresado junto a su mujer por un grupo de personas no identificadas. La farsa siguió luego con citaciones públicas, edictos en la prensa, perversas herramientas burocráticas que al cabo derivaron en la cesantía del empleado de la hemeroteca del Departamento de Física y Ciencias de la Atmósfera de la facultad.
Hoy, una ínfima parte de aquel crimen, su correlato documental, ha sido reparada. A partir de un decreto de 2012 del Poder Ejecutivo, que dispone el relevamiento y la reparación material de los legajos de los empleados de la Administración Pública Nacional desaparecidos, la Facultad de Ciencias Exactas rescató los legajos de los trabajadores no docentes desaparecidos durante la última dictadura. "La verdadera causal de cese fue la desaparición forzada o asesinato como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado", es la leyenda que se incorporó, en anacrónica cursiva azul, al de Corvalán, revocatoria de la resolución que dictó la cesantía.
"Los no docentes desaparecidos de la facultad son Carlos Eusebio Montoya, que trabajaba en mantenimiento, y Corvalán, ambos cesanteados por faltar a sus lugares de trabajo", indica el decano Jorge Aliaga, que desde el comienzo de su gestión, en 2006, decidió trabajar en la identificación de cada caso, incluyendo docentes, alumnos y graduados, además de crear una Comisión Permanente de la Memoria del decanato de Exactas. "Lo increíble –agrega– es que las actuaciones se llevaran adelante pese a que los expedientes se inician a partir de notas de los familiares indicando que habían sido detenidos por fuerzas de seguridad y que se desconocían sus paraderos."
El primer paso lo había dado en 1984 el recordado epistemólogo Gregorio Klimovsky, entonces decano normalizador, mediante una comunicación que, con el decreto de "reparación documental" y la decisión de Aliaga, emergió de los archivos. "Cuando buscamos el expediente, descubrimos que Klimovsky ya había fotocopiado los legajos y los había presentado a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), de la que era miembro", cuenta el actual decano.
Pero la reparación no fue sólo documental. La Facultad entró en contacto con los familiares de los desaparecidos. A la esposa de Montoya, que declaró en la causa ESMA y vive en Rosario, le llevarán el legajo reparado. Y los hijos de Corvalán se reencontraron con el pasado de su padre, de quien ignoraban casi todo. Y se toparon con algo más, con una búsqueda que no cesa.
El mes pasado, Gabriel y Mariana Corvalán, ella con Luciana, su beba, en brazos, recibieron el legajo de manos del decano Aliaga. Pocos años antes, antiguos compañeros de militancia de sus padres los habían contactado. "Hasta ahí eran ideas, una imagen medio borrosa que apenas recordábamos, ¿viste como pasa con los próceres? Pero a través de la facultad nos fuimos enterando de todo. Ahora son personas", cuenta Mariana. Supo que Mónica, su mamá, había militado en la JP, y que Eduardo, después de Montoneros había recalado en el ERP-22 de Agosto. Y que leía mucho, que estudiaba Historia, que sugería bibliografía a los estudiantes, que la puerta de la hemeroteca siempre estaba cerrada, y que un día le llevó a su hija un grillo dentro de un frasquito. Enseguida empezaron a aparecer fotos, y en 2009, los restos de su papá fueron identificados en una fosa común del cementerio de Avellaneda. Para entonces, Gabriel y Mariana ya sabían que, cuando la secuestraron, Mónica estaba embarazada de tres meses. Se reencontraron con la historia de sus padres. Ahora buscan a su hermano. 
Fuente: Tiempo Argentino

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En febrero empezaran cuatro juicios: El Vesubio II, Rosario, Mendoza entre otros imputados ex jueces federales y en Tucuman, el fusilamiento de O. De Benedetti



Continúan ESMA III, Plan Cóndor, La Cacha y La Perla
En febrero empezarán cuatro juicios de lesa humanidad

Uno será El Vesubio II, que operó en La Matanza. Otro por los crímenes del centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía rosarina. Los últimos dos serán en Tucumán y Mendoza.
Este año uno de los principales juicios de lesa humanidad será el de El Vesubio II, el centro clandestino que estaba ubicado en el partido de La Matanza. A cargo del Tribunal Oral Federal N°4 de Comodoro Py, está previsto que comience el 13 de febrero para juzgar el secuestro y la desaparición de 204 víctimas. De los cinco imputados, el principal acusado es el ex oficial de Inteligencia del Ejército Gustavo Adolfo Cacivio, alias El Francés.
Los delitos atribuidos al Francés fueron cometidos en el centro clandestino ubicado en el cruce de la autopista Richieri y Camino de Cintura, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, entre abril de 1976 y septiembre de 1978.
Por El Vesubio pasaron 2500 prisioneros, entre ellos los escritores Haroldo Conti y Héctor Germán Oesterheld, creador de la historieta El Eternauta.

Por el primer juicio del centro clandestino, en julio de 2007, el TOF N° 4 integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Pablo Bertuzzi, condenaron a reclusión perpetua al general de brigada retirado Héctor Gamen y a 22 años de cárcel a cinco penitenciarios.
Un día después, el 14 de febrero, comenzará el juicio por los delitos cometidos en el centro clandestino de Rosario que operó en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía. Se conocerán hechos que afectaron a 43 víctimas y hay 10 imputados.
En Tucumán, el 17 de febrero, arrancará el juicio por el asesinato del militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Osvaldo De Benedetti. Entre los siete imputados, está Luciano Benjamín Menéndez, ya condenado en otros juicios.  
Ese mismo día tiene fecha de comienzo otro juicio en Mendoza por delitos cometidos en perjuicio de 207 víctimas. En este juicio se acumularon 15 causas y está previsto que declaren más de 460 testigos.
Entre los 41 imputados están los ex jueces Luis Miret y Otilio Romano. Este último, meses atrás fue extraditado de Chile. Romano fue imputado en agosto de 2010 por más de cien delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar bajo su desempeño como fiscal y como juez subrogante.El ex juez Miret está acusado de más de 30 hechos, ambos por omitir investigar delitos como privaciones ilegítimas de la libertad, desapariciones, robos y torturas. Junto a ellos también estarán los ex jueces Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren y Gabriel Guzzo. 
Los que continúan: ESMA III, Plan Cóndor, La Cacha y La Perla.
Estos juicios se suman a los nueve debates orales ya iniciados y que continuarán este año como ESMA III, Plan Cóndor, La Cacha y La Perla. Son procesos que se realizan en Ciudad de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Jujuy, La Plata, La Rioja, Neuquén y San Luis. Entre los imputados son juzgados los represores Eduardo Bignone, Santiago Omar Riveros y Miguel Etchecolatz. 
Fuente: http://www.infojusnoticias.gov.ar

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DETALLES DE LOS JUICIOS QUE SE REANUDAN


Ciudad de Buenos Aires: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital (integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia) encabeza el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se prevé que declaren cerca de 900 testigos y se juzgarán 789 hechos ocurridos en ese centro clandestino de detención. Son 68 los imputados.
Ciudad de Buenos Aires: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Capital encabeza el juicio oral y público en la causa conocida como “Plan Cóndor”, en la que se juzga a 25 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El tribunal está integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo G. Laufer y Ricardo Angel Basílico (éste último como juez sustituto).
Comodoro Rivadavia: el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, integrado por los jueces Pedro José de Diego, Enrique Jorge Guanziroli y Nora María Teresa Cabrera de Monella, juzga a Teófilo Saa y Carlos Antonio Españadero, por el secuestro y homicidio de José Luis Rodríguez Dieguez.
Córdoba: Se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba el proceso donde se investigan crímenes cometidos en los centros  clandestinos de detención conocidos como “La Perla” y “La Ribera”. El tribunal está integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu (subrogante) y Carlos Arturo Ochoa (en calidad de cuarto juez). En esa causa hubo 417 víctimas, de las cuales 166 sobrevivieron y 63 fueron halladas muertas y 188 permanecen en calidad de desparecidos.
Jujuy: los jueces Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz, que integran el Tribunal Oral Federal de Jujuy, juzgan a Antonio Vargas, Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz. En esta causa se investigan los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio, en perjuicio de seis víctimas.
La Plata: en esta ciudad se realiza el juicio oral por delitos cometidos en el centro clandestino de detención “La Cacha”, de la localidad de Olmos, provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, juzga a 21 acusados, entre los que se encuentra el ex comisario Miguel Ángel Etchecolatz, por los delitos de homicidio, secuestros, y retención y ocultamiento de un menor de 10 años. Entre los 147 hechos que se investigan se encuentra el caso de la familia de Carlos Bettini, embajador argentino en España.
La Rioja: el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, integrado por jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Juan Carlos Reynaga juzga a Luis Fernando Estrella y a Luciano Benjamín Menéndez por el homicidio del obispo Enrique Angelelli, ocurrido en 1976.
Neuquén: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén encabeza el proceso por crímenes en esa ciudad y en Río Negro. Los jueces Leónidas Moldes (titular del Juzgado Federal de Bariloche), Richar Fernando Gallego (integrante de la Cámara Federal de General Roca) y Diego Gustavo Barroetaveña (miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal), juzgan a Jorge Héctor Di Pasquale, Mario Alberto Gómez Arenas, Luis Alberto Farías Barrera, Hilarión de la Pas Sosa (miembros del Ejército Argentino) y el ex policía federal Jorge Alberto Soza.
San Luis: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad juzga a Carlos María Alemán Urquiza, Celso Juan Ángel Borzalino, Luis Mario Calderón, Hugo Ricardo Cremonte, Horacio Ángel Dana, Miguel Ángel Fernández Gez,  Andrés Leonardo García Calderón, Juan Amador Garro,  Pedro Armando Gil Puebla, Nelson Humberto Godoy, Marcelo Eduardo González Moure, Benjamín Jofre, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Omar Lucero, Armando Nicolás Martínez,  Jorge Alberto Moreira,  Vicente Ernesto Moreno Recalde,  Jorge Félix Natel,  Luis Alberto Orozco,  Andrés Enrique Manuel Ortuvia Salinas,  Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomas Palma, Juan Carlos Pérez,  Carlos Esteban Plá, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez,  Oscar Guillermo Rosello y Ricardo Alfredo Rossi. En la causa se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, homicidio, encubrimiento y asociación ilícita, en perjuicio de 46 víctimas. Integran el tribunal los jueces Marcelo Alvero, José María Pérez Villalobo y Héctor Cortés.


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Parana: El represor Jorge Appiani fue trasladado a Misiones para visitar a familiares



Permanecerá por tres días fuera de la provincia

El represor Appiani fue trasladado a Misiones para visitar a familiares
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Jorge Humberto Appiani.
El represor Jorge Humberto Appiani se encuentra en la provincia de Misiones, donde permanecerá hasta el miércoles, cumpliendo una visita de acercamiento familiar que había solicitado a mediados de diciembre pasado. El traslado había sido autorizado a fines del año pasado por el juez federal Leandro Ríos y se concretó el domingo por efectivos del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de un fuerte operativo de seguridad, según indicaron fuentes judiciales a ANALISIS DIGITAL. Appiani el domingo de la cárcel de Paraná con destino a la localidad misionera de Jardín América, distante a más de 800 kilómetros de la capital entrerriana, donde vive su hija y otros familiares. La visita denominada “de acercamiento familiar” había sido autorizada el 17 de diciembre por el juez Ríos, pero se fue demorando y recién se concretó ayer.

El magistrado dispuso además que el traslado se realice “bajo segura custodia y estrictas medidas de seguridad” y que mientras dure su permanencia en la provincia de Misiones, el ex militar sea alojado en la Colonia Penal Número 17 de La Candelaria, ubicada 74 kilómetros al sur de Jardín América.

Appiani, detenido en la cárcel de Paraná desde 2009, ha viajado en reiteradas ocasiones a Jardín América; pero las salidas se habían suspendido tras la fuga de su ex socio y amigo, Jorge Olivera, a mediados de julio. Los fiscales Ricardo Álvarez y José Ignacio Candioti pidieron en su momento que se extremaran las medidas de seguridad respecto de Appiani y que al momento de disponer traslados “se tome en consideración el aumento del peligro de fuga”. Del mismo modo lo hicieron los querellantes Marcelo Boeykens y Álvaro Baella, quienes solicitaron “que se restrinjan los otorgamientos de salidas familiares, médicas, de culto y recreativas” para los represores alojados en la Unidad Penal Número 1.

El represor, de 61 años, está procesado en la denominada megacausa Área Paraná y detenido desde el 4 de junio de 2009. Entre 1976 y 1977 se desempeñó como auditor del Ejército y auxiliar del consejo de guerra estable que juzgó y condenó a decenas de presos políticos sin garantías de ningún tipo. Está acusado como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales contra ocho víctimas; y como autor mediato de privaciones ilegítimas de libertad y tormentos contra 27 personas.

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: Mardel: Raul Viglizzo fue procesado por su participacion en la CNU. Un ideolgo de la ultraderecha



EL PAIS › RAUL ARTURO VIGLIZZO FUE PROCESADO POR SU PARTICIPACION EN LA CNU
Un ideólogo de la ultraderecha

Como parte de la causa que investiga los crímenes de la Concertación Nacional Universitaria en Mar del Plata, el juez Eduardo Giménez procesó como coautor de cinco homicidios ocurridos en 1973 a Raúl Viglizzo, quien se había entregado hace quince días.

Viglizzo, conocido como uno de los “elegantes” de la CNU, había permanecido prófugo tres años.

Por Alejandra Dandan
Raúl Arturo Viglizzo era uno de los hombres fuertes de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata, la organización de ultraderecha que funcionó como apéndice de la Triple A. Estuvo prófugo durante tres años, se entregó a la Justicia hace quince días y ayer fue procesado. El juez federal Eduardo Giménez lo acusó por asociación ilícita y como coautor de cinco homicidios ocurridos en marzo de 1973, conocidos en Mar del Plata como “La noche del 5 por 1” y atribuidos a la CNU. Durante la indagatoria, Viglizzo no habló. Su abogado lo presentó como docente jubilado, profesor de latín y maestro en oratoria. Explicó que Viglizzo era un lector de las novelas de Jean Larteguy, el veterano de guerra francés cuyos héroes celebran torturas y asesinatos.
El procesamiento de ayer es parte de la megacausa que investiga los crímenes de la CNU de Mar del Plata. En los últimos meses, en esa causa se produjo una serie de medidas importantes y ésta era una de las piezas que faltaban. Uno de los datos claves de la causa es que investiga crímenes de lesa humanidad previos a la dictadura y sus conexiones con hechos posteriores al golpe. “Lo distinto de otras causas es que acá se ven hechos previos al golpe de Estado y que están realizados por un grupo de individuos que formaban parte de una asociación ilícita integrada por hombres de las fuerzas de seguridad, gente del mundo sindical y funcionarios del Poder Judicial”, dice el fiscal Pablo Larriera. “La fiscalía no descarta una vinculación entre CNU y la Armada y el Ejército, que se hicieron cargo del aniquilamiento en Mar del Plata. Tenían el conocimiento del terreno y venían trabajando, siguieron operativos.”
En diciembre pasado, el juez federal Santiago Inchausti elevó a juicio oral un tramo de la causa con doce acusados. Entre ellos, varios de los nombres más importantes de la organización, como Gustavo Demarchi, uno de los ideólogos de la CNU, fiscal federal entre 1974 y 1976, más tarde abogado de los sindicatos de derecha y candidato a intendente en 1983. Demarchi fue un operador importante de la Justicia local hasta que se escapó a Colombia cercado por el avance de esta causa. Allí le fue negado el asilo político, lo extraditaron y hoy está detenido en Marcos Paz a la espera del juicio oral.
Viglizzo quedó procesado recién ahora pero se espera que sea juzgado en la instancia oral junto al resto de los acusados. Según el expediente, era parte de los “elegantes” de la CNU, con Demarchi y Ernesto Piantoni, el jefe de la agrupación, representante local de José López Rega y asesinado el 20 de marzo de 1973. También según datos de la causa, fue durante el velorio de Piantoni que el grupo de la CNU se juró venganza: al otro día salieron a cazar a los cinco asesinados que son víctimas de esta causa.
Enrique Elizagaray militaba en la JUP y esa madrugada del 21 de marzo estaba en casa de los hermanos Guillermo Enrique y Jorge Lisandro Videla. La patota llegó a las cinco de la mañana, mató a los tres y también a Jorge Enrique Videla, padre de los hermanos. Más tarde, ese mismo día, mataron a Bernardo Alberto Goldemberg.
“Los nombrados se agruparon con un claro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados –dice la causa–: desde homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, así como también robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, uso de documentos y/o credenciales falsas; intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotores y otros injustos, con una clara voluntad de persecución hacia los militantes de izquierda.”
Fuente: Pagina 12



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lunes, 27 de enero de 2014

El fiscal Pablo Larriera espera demostrar la relacion de miembros del poder judicial con el terrorismo de Estado



El fiscal de la causa CNU espera demostrar la relación de miembros del poder Judicial con el terrorismo de Estado

El fiscal federal de Mar del Plata Pablo Larriera afirmó que el juicio por la causa contra los integrantes del grupo Concentración Nacional Universitaria (CNU), que operaron en esa ciudad durante los años `70, “permitirá establecer las relaciones que algunos miembros del Poder Judicial tuvieron con el terrorismo de Estado”.


“En el marco de los juicios de lesa humanidad que vienen desarrollándose en los últimos años, esta causa posee algunas particularidades. Acá estamos juzgando a una organización parapolicial que tuvo aceitados vínculos con el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad”, sostuvo el fiscal en declaraciones a Télam.

El expediente que instruyó Larriera fue elevado a juicio oral en diciembre pasado por el juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, y es probable que el debate se desarrolle a medidos de este año.

El magistrado imputó por homicidio calificado y asociación ilícita a Gustavo Modesto Demarchi, José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel, Mario Ernesto Durquet, Raúl Rogelio Moleon, Juan Pedro Asaro, Marcelo Arenaza y Fernando Alberto Otero por hechos que tuvieron lugar entre febrero de 1975 y marzo de 1976.

“Demarchi era fiscal federal e integraba este grupo parapolicial que se gestó en la Universidad de Mar del Plata, y por el lugar que ocupaba en el Poder Judicial, le resultaba sencillo conseguir información sobre las víctimas y ordenar procedimientos fraguados”, especificó Larriera.

El funcionario explicó que la pertenencia de Demarchi al sistema judicial fundamenta la acusación de lesa humanidad contra estos antiguos parapoliciales.

La CNU surgió en 1968 en la Universidad de La Plata y además de hacerse fuerte en la capital de la provincia de Buenos Aires, esta organización de derecha adquirió una importante presencia en los claustros de Mar del Plata y Bahía Blanca.

En diciembre de 1971, protagonizó un violento ataque contra una asamblea estudiantil que se efectuaba en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata, un hecho en el que resultó muerta de un balazo en la cabeza la estudiante Silvia Filler.

Por ese crimen resultaron condenados Oscar Héctor Corres –autor del disparo que dio muerte a Filler— y Raúl Arturo Viglizzo, entre otros.

Sin embargo, todos los acusados quedaron en libertad por la amnistía que el presidente Héctor Cámpora decretó el 25 de mayo de 1973.

Viglizzo, uno de los principales ideólogos de la organización, junto con Demarchi, se entregó a la Justicia hace una semana y era requerido por el Juzgado Federal 3 por la causa denominada como “La noche del cinco por uno”.

Bajo el amparo de José López Rega, entonces ministro de Bienestar Social y mentor de la Triple A , la CNU incrementó sus ataques a los militantes populares en 1974, tras la muerte de Juan Domingo Perón.

“Era un contexto de constantes enfrentamientos entre grupos de derecha e izquierda en una ciudad que por entonces tenía apenas 300.000 habitantes”, reseñó Larriera.

El 20 de marzo de 1975, el líder de la CNU, Ernesto Piatoni –abogado y dirigente sindical-, y que era hombre de confianza de López Rega en la ciudad, resultó asesinado en una operación de Montoneros.

En su velorio, los miembros de esta banda parapolicial juran venganza y esa misma noche asesinan a Bernardo Goldenberg, al teniente primero Jorge Videla y a sus hijos Jorge y Guillermo.

Meses después, también cayeron bajo las balas de la CNU, el dirigente peronista Enrique Elizagaray, Daniel Gáspari, Jorge Stoppani y la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, María del Carmen Maggi.

“La influencia de Demarchi era fundamental para liberar zonas y permitir el accionar de los miembros de la CNU. Esto era algo que se supo por años en la ciudad”, apuntó Larriera.

Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, varios integrantes de esta banda pasaron a integrar el aparato del terrorismo de Estado y tuvieron participación en la “Noche de la Corbatas Largas”, un hecho en el que resultaron secuestrados seis abogados laboralistas marplatenses, en julio de 1977.

La acusación también cree que durante el debate pueden surgir elementos que relacionen a los acusados con el suspendido juez Pedro Hoft, acusado de participar en el terrorismo de Estado desde su condición de magistrado, en un expediente que también instruye Larriera.

“Hay vasos comunicantes entre la CNU y la represión que se desató tras la dictadura. Lo bueno es que en el juicio oral empezamos a recorrer un camino que nos permitirá establecer verdad y justicia”, puntualizó. 

Fuente: Telam


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domingo, 26 de enero de 2014

Chile: Procesaron a ex represores acusados de participar de exterminio de presos politicos por medio de la inoculacion de toxinas en la dictadura



5.01.2014 | Un médico, un veterinario, y dos oficiales retirados del Ejército enfrentan a la justicia por el asesinato de reclusos
Procesaron en Chile a ex represores ligados a la muerte de Eduardo Frei

Se los acusa de participar de exterminio de presos políticos por medio de la inoculación de toxinas durante la dictadura de Pinochet. El caso deriva de la investigación del fallecimiento del ex presidente, ocurrido en 1981.


Por: 
Tiempo Argentino

El juez Alejandro Madrid procesó ayer a un médico, un veterinario y dos oficiales retirados del Ejercito por el homicidio de dos presos y el asesinato frustrado de otros cinco, que fueron envenenados con toxina botulínica en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
Madrid procesó ayer como autores de homicidio calificado y homicidio frustrado y ordenó el arresto del médico Eduardo Arriagada Rehren y del médico veterinario Sergio Rosende Ollarzú. Asimismo, fueron encausados y arrestados como cómplices el coronel Joaquín Larraín Gana y el comandante Jaime Fuenzalida Bravo en el caso, considerado por organismos de Derechos Humanos como un intento de la dictadura de Augusto Pinochet  de asesinar a presos políticos. Los procesados permanecerán en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar Nº 1.
La resolución derivó de la investigación, también conducida por el juez Madrid, de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), ocurrida en enero de 1982 en una clínica de Santiago y que es investigada como un homicidio por envenenamiento en el que están implicados miembros del cuerpo médico de ese hospital. 
La toxina botulínica iba dirigida contra un grupo de presos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), pero los fallecidos resultaron ser dos reos por delitos comunes con quienes los primeros compartieron ese día su comida: Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz. En tanto, lograron sobrevivir los militantes del MIR Guillermo Rodríguez Morales, los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido (este último también encarcelado por delito común), todos envenenados en las mismas circunstancias.
De acuerdo con los antecedentes, al enterarse de la gravedad de su estado, el 9 de diciembre de 1981 los familiares de los presos solicitaron, a través de la Vicaría de la Solidaridad que un médico particular concurriera a verlos a la cárcel.
En paralelo, el abogado Jorge Sellán solicitó lo mismo al fiscal militar Luis Berger, pero las peticiones fueron rechazadas por el alcaide del penal, Ronald Bennet, quien aseguró a Sellán que ningún preso requería atención médica, "pues su estado de salud no era de gravedad".
Según la resolución del juez Madrid, "los hechos permiten tener por establecido legalmente que con la finalidad de proceder a la eliminación física de opositores al régimen militar se realizó una operación especial de inteligencia que habría culminado con el fallecimiento de los internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz".
Según el documento, la toxina botulínica habría llegado a Chile a través del Instituto de Salud Pública y posteriormente entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). En el proceso quedó comprobado que los aparatos represivos de la dictadura de Pinochet experimentaban con toxinas que luego inoculaban en opositores. Todo indicaría que la muerte del ex presidente Frei Montalva podría haber sido inducida por estos elementos y no fue por causa natural.  «



rebajan penas a militares
La Corte de Apelaciones de Santiago rebajó las penas a tres de cinco agentes de la dictadura de Augusto Pinochet condenados por la desaparición de los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, ocurrida a fines de 1974. 
La resolución de las juezas Dobra Lusic, Adelita Ravanales y María Teresa Figueroa modificó la sentencia de primera instancia, dictada el 30 de marzo de 2012 por el juez especial Joaquín Billard a los autores de los secuestros, ocurridos el 9 y 10 de diciembre de 1974 en la capital chilena. 
Al general retirado Raúl Iturriaga Neumann, condenado a diez años y un día de prisión por el juez Billard, la Corte le rebajó la pena a seis años, mientras al ex detective de la Policía de Investigaciones Risiere Altez España se la recortó de diez años y un día a cinco años y un día. 
La Corte mantuvo la sentencia de seis años al coronel retirado Manuel Carevic Cubillos y rebajó de seis a cinco años y un día, la sentencia dictada al ex detective Hugo Hernández Valle, en tanto que al también ex policía Manuel Rivas Díaz le mantuvo la pena de tres años de cárcel que el juez Billard había dictaminado en primera instancia, según reportó la agencia.


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EL MUNDO › APRESAN A DOS MEDICOS MILITARES Y DOS OFICIALES RETIRADOS POR INTOXICAR A PRESOS POLITICOS
Caen envenenadores de la dictadura chilena

El mismo equipo de envenenadores es investigado por la muerte del ex presidente Frei Montalva, ocurrida semanas después, en enero de 1982 en la Clínica Santa María. Sospechosamente, Neruda falleció en la misma clínica.

La Justicia chilena detuvo a cuatro militares acusados de envenenar con toxinas botulínicas a presos políticos en 1981, operación considerada la antesala del asesinato del ex presidente Eduardo Frei. “Están procesados y con detención preventiva el médico militar Eduardo Arriagada, su asistente y veterinario Sergio Rosende, y los oficiales en retiro Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida”, dijo el abogado Francisco Ugas, del Ministerio del Interior. Los dos primeros represores están detenidos bajo el cargo de homicidio de los opositores y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Víctor Corvalán y Héctor Pacheco. Los otros dos como cómplices del asesinato frustrado de otros cinco presos políticos.
La investigación del juez Madrid indicó que el 9 de diciembre de 1981 las siete víctimas, supuestos opositores a la dictadura de Augusto  Pinochet, fueron trasladadas desde el Centro de Detención Preventiva de Santiago, donde estaban detenidos por delitos comunes, a un hospital debido a serios problemas de salud a causa de una intoxicación producida por la denominada toxina botulínica. Dicha toxina fue traída a Chile desde Brasil por el Instituto de Salud Pública y posteriormente entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), afirmó la investigación.
El mismo equipo que figura en esta acción represiva es investigado por la muerte de Frei, ocurrida semanas después, en enero de 1982 en la Clínica Santa María, tras una operación. Algunos de estos sospechosos son señalados también como responsables por la muerte del poeta Pablo Neruda, quien falleció en la misma clínica. “Esto es muy importante”, dijo el abogado Eduardo Contreras, litigante en el caso Neruda. “¿Y no detuvieron a Sergio Draper?”, inquirió en alusión al médico que atendió a Neruda y Frei.
Los detenidos, que fueron trasladados a un regimiento, constituían el equipo que en dictadura ingresó desde Brasil armas químicas a Chile, con fines de “guerra interna” y externa, como ellos mismos confesaron a la policía. Estas armas de destrucción masiva, que llegaban primero al propio palacio presidencial de La Moneda, eran básicamente toxinas botulínicas, un veneno mortal. La operación, según declaraciones a la policía de los demás involucrados, comenzó a inicios de 1980, previo al envenenamiento de los presos políticos y la muerte de Frei, en cuyos restos fueron encontrados gas mostaza y talio.
El propio director del Instituto de Salud Pública (ISP) en esos años, el coronel Joaquín Larraín, reconoció a la policía civil en un texto con su firma que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una reunión con el médico Eduardo Arriagada Rehren, de inteligencia militar. En el encuentro, Arriagada preguntó a Larraín, un ex profesor de la Escuela de las Américas, si el ISP tenía toxinas botulínicas, aduciendo que el ejército las necesitaba, debido a las tensiones con países limítrofes, en especial Argentina.
Arriagada, quien estuvo acompañado en el encuentro además por el veterinario Rosende, admitió los hechos también a los investigadores, quienes realizaron las pesquisas por petición del juez Alejandro Madrid. El magistrado, quien lleva años investigando la muerte de Frei y el envenenamiento de presos en la Cárcel Pública de Santiago, debería dictar sentencia en el magnicidio en los próximos meses.
Si bien la detención de los cuatro militares es considerada un logro para esclarecer lo ocurrido durante la dictadura pinochetista, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó ayer las penas a tres de cinco agentes de la dictadura condenados por la desaparición de los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, ocurrida a fines de 1974. La resolución de las juezas Dobra Lusic, Adelita Ravanales y María Teresa Figueroa modificó la sentencia de primera instancia, dictada el 30 de marzo de 2012 por el juez especial Joaquín Billard a los autores de los secuestros, ocurridos el 9 y 10 de diciembre de 1974 en la capital chilena.
Los nombres de los hermanos Peña Solari fueron incluidos en 1975 en la llamada Operación Colombo, que consistió en un montaje para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, en su mayoría militantes del MIR. Durante la dictadura de Pinochet, según documentos oficiales, unos 2300 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1192 permanecen aún como desaparecidos.
Fuente: Pagina12


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Masacre de La Tablada, 25 años despues. 2 Opiniones




aniversario
A 25 años de la última aventura de la guerrilla argentina

Por Pablo Waisberg*

El asalto al cuartel de La Tablada pateó el tablero político pero sus efectos fueron exactamente los contrarios de los que habían imaginado los jefes del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Las organizaciones de izquierda salieron a cuestionar el ataque, los abogados de los organismos de derechos humanos se dieron un fuerte debate interno antes de decidir si los defenderían y el gobierno de Raúl Alfonsín quedó más apretado que antes por los militares y los sectores que habían empujado las medidas económicas más conservadoras.

En las horas que siguieron a la rendición de los asaltantes, que salieron del cuartel luego de ser torturados, las críticas se multiplicaron. No sólo el entonces llamado “partido militar” habló de rebrote de actividades subversivas y ganó poder, también los que hasta ese momento habían sido amigos martillaron sobre el MTP en disolución: Jorge Lanata, que aún gastaba el dinero que le había girado Enrique Gorriarán Merlo para Página/12, los llamó “niños estúpidos e inconscientes” y “asesinos”.

El Movimiento al Socialismo (MAS) se solidarizó con los militares muertos. Incluso su dirigente Luis Zamora envió una corona al sepelio y algunos dirigentes llegaron a separar al MTP del amplio arco de la izquierda argentina. Y desde la UCR y el PJ no ahorraron críticas, denuncias ni condenas. Nadie había tomado conciencia aún de que dentro del cuartel se habían reproducido los crímenes de la última dictadura: hubo torturas, al menos tres fusilamientos sumarios y cuatro militantes desaparecidos (Iván Ruiz, José Díaz, Francisco Provenzano y Carlos Samojedny).

El 25 de enero, cuando no habían pasado ni veinticuatro horas de la rendición, Alfonsín anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que se integraría con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Además, promulgó el decreto 327/89 que permitía la intervención de la inteligencia militar en los asuntos internos y envió al Congreso nacional un proyecto de ley sobre terrorismo.

Tal fue el zarandeo del tablero político que generó la acción del MTP para intentar encender la llama de la insurrección, que los abogados de los organismos de derechos humanos evaluaron si los defendían o no. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) decidió no representar a los detenidos del MTP. Sus tres abogados plantearon que no representarían a los que tomaron las armas en democracia. En cambio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) definió que sí participaría pero representando a los jóvenes y a los de bajos recursos, y no a los dirigentes.



Finalmente, se conformó un equipo de abogados que asistió a los trece detenidos dentro del cuartel y a los seis integrantes del grupo de agitación más el padre Antonio Puigjané.

En esas primeras jornadas parecía que el único respaldo venía del Uruguay. “Podrán haberse equivocado en sus previsiones pero no es hora de cobrar errores sino del abrazo fraterno a los que combatieron con coraje”, dijo Raúl Sendic, líder del MNL-Tupamaros, durante una discusión en la conducción de la organización. Los Tupas no sólo refugiaron a muchos militantes que cruzaron el río, también emitieron un comunicado en el que señalaron que “los compañeros se equivocaron” y lamentaban esa pérdida de militantes heroicos y desprendidos. “Pero también hay muchos que se equivocaron y se equivocan  sin poner detrás una gota de sangre propia”, desafiaron.

En ese contexto, de fuerte derechización de la política, el intento insurreccional quedó oculto bajo la versión oficial de que intentaron frenar un golpe de Estado. Esa posibilidad no terminaba de ser creída, ni siquiera entre los sindicalistas de base con quienes el MTP había sondeado su análisis en las jornadas previas al asalto. Pero los militantes sostuvieron esa versión para tener alguna posibilidad de defensa en un juicio que fue veloz y ejemplificador: sólo se buscó el castigo para los insurgentes y no se tomaron en cuenta las denuncias por violaciones a los derechos humanos, que se perpetúan con la desaparición de cuatro militantes que se rindieron en un cuartel rodeado de militares y policías.



*Pablo Waisberg escribió junto a Felipe Celesia "La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina" (Aguilar).

Fuente: Telam


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La Tablada. Un ejemplo que perdura en el tiempo.


Al cumplirse 25 años del copamiento del cuartel de “La Tablada” lo reivindicamos como parte del proceso histórico en la lucha de nuestro pueblo por su liberación definitiva: nuestros compañeros y compañeras caídos nos acompañan día a día, no solo en nuestra memoria, como ilustre bronce, sino – y fundamentalmente – en nuestra práctica política cotidiana, donde nos cuestionan, nos empujan y nos guían. Es en ese sentido, que también los reconocemos como autores de esta historia que intentamos escribir.

La Tablada expresa un grito ético contra el avance de los genocidas. Para que la patria viva, hombres y mujeres militantes del MTP sembraron con sus vidas la posibilidad de luchar en democracia por un país soberano, con justicia social, imbuido del más genuino espíritu latinoamericanista.

Por aquellos años, la amenaza carapintada acechaba al proceso democrático iniciado en 1983. Los militares volvían a arremeter contra la democracia. Mientras, la oposición justicialista, encabezada por Carlos Saúl Menem, conspiraba junto a los carapintadas, la clase política omisa se enfrascaba en la pasividad del miedo y el gobierno radical, acorralado, realizaba las más vergonzosas concesiones en contra de la voluntad popular (muestra son la ley de obediencia debida y el punto final). Una vez más se preparaban para cumplir con el mandato iniciado aquel 24 de marzo de 1976, que había quedado inconcluso, la entrega total del país a la hegemonía neoliberal a sangre y fuego.
El tiempo ha logrado aclarar algunos de los interrogantes sembrados en su mayoría por los propios servicios de inteligencia, por una lado para tergiversar los motivos que llevaron a nuestros compañeros a tomar tan dramática decisión, para aislarlos y aleccionar todos aquellos que intenten enfrentarse al poder, y por el otro, para encubrir las atroces violaciones a los derechos humanos perpetuadas en la recuperación del cuartel.Represión que incluyó la tortura, la ejecución de prisioneros, la desaparición de personas, la utilización de bombas de fósforo blanco, la vejación y mutilación de cadáveres. Fue una emblemática reproducción de cómo los personeros del poder responden al accionar del pueblo.

El 18 de noviembre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) condenó al Estado argentino por torturas, asesinato de prisioneros y desapariciones comprobadas. El gobierno, de Menem tenía un plazo de un mes para poner en marcha una investigación “imparcial y sancionar a los responsables”. Hoy esta condena sigue pesando sobre el Estado argentino y su repuesta sigue siendo la misma que en ese entonces: el silencio.

Sin embargo, los agentes difamadores jamás hicieron silencio. La clase política, algunos pseudo intelectuales, los medios de comunicación hegemónicos y sus personeros nunca dejaron de recriminar una “falta de autocrítica”, indagando sobre supuestos “motivos ocultos” de la acción, exigiendo “la verdad sobre La Tablada”. Es imposible, para estos sectores, que viven la política y la militancia como espacio de retribuciones materiales, creer que hombres y mujeres, parte de nuestro pueblo, tomaran esa implacable decisión. En ese marco, para los sectores de poder, La Tablada, continúa siendo símbolo de irracionalidad, que debe ser condenada permanentemente. Desde ese lugar, nuestros compañeros fueron verdaderamente culpables. Fuimos y somos culpables de haber pensado y sentido que podíamos ser capaces de parar la embestida del poder militar y sus asociados, cambiando las reglas del juego de la democracia liberal a favor del pueblo.

Veinticinco años después, reafirmamos que nuestros compañeros fueron a parar un golpe. Y parar un golpe era revertir una situación de agobio institucional a favor de los sectores populares. Parar un golpe era acabar con la teoría de los dos demonios. Parar un golpe era que el gobierno entendiera que con concesiones íbamos de mal en peor, que cada vez era menor la capacidad de gobierno y la democracia cada vez más formal, o mejor dicho, más liberal. Parar un golpe era avanzar en un proceso de transformación profunda, para el cual -algunos pensábamos-, que estaban dadas las condiciones objetivas.

Una vez más, el justo homenaje a nuestros compañeros caídos nos impulsa a repensar, a reflexionar. Veinticinco años han pasado y varios gobiernos electos democráticamente, pero que es lo que perdura? Más allá de las mentiras y difamaciones, de los asesinatos, las torturas y la cárcel, perdura en el tiempo el decoro y la integridad de nuestros compañeros y compañeras. Perdura el recuerdo de nuestros hermanos caídos en la lucha contra el autoritarismo, como ejemplo a seguir de compromiso y ética revolucionaria. Perdura su entrega sin mezquindad ni especulaciones, “sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie”. Perdura su alegría en la lucha, sus sonrisas amplias hasta en los momentos más difíciles. Perdura la convicción de que nuestro pueblo y la Revolución valen la pena.

“Independientemente de cualquier difamación, todos ellos tienen asegurado el futuro en el corazón del pueblo. Porque cuando la verdad no se logra imponer entre los contemporáneos, es la trascendencia, que se revela en la historia quien siempre rescata las causas justas y a sus impulsores. Por eso la historia reivindica a Espartaco y no a los esclavistas; a Cristo y no a Judas; a Hidalgo y a Morelos y no a Iturbide o los colonialistas; a San Martín, Artigas o Bolívar y no a los invasores realistas; a Sandino y no a Somoza. Y la historia, y nuestro pueblo rescatará a los muertos, asesinados y desaparecidos en La Tablada y no a los nostálgicos del genocidio”. Enrique Gorriarán. Alegato ante la Cámara Federal de San Martín, 2 de julio de 1997.

Compañeroscaídos en el copamiento del Cuartel de La Tablada. Presentes!
Luis Segovia
Francisco Provenzano (detenido desaparecido)
Juan Manuel Murúa
Jorge Baños
Iván Ruiz Sánchez (detenido desaparecido)
Horacio Pedro Luque
Miguel Ángel Luque
Pedro Juan Cabañas
José Alejandro Díaz (detenido desaparecido)
Juan Arsenio González Rabuggetti
Roberto Sánchez Nadal
Claudia Lareu
Roberto Vital Gaguine
Julio Arroyo
Carlos Samojedny (detenido desaparecido)
Pablo Francisco Javier Belli
Pablo Ramos (detenido y fusilado sumariamente)
Sergio Mamani 

Aldira Pereyra Nunes
Ricardo Veiga (detenido fusilado sumariamente)
José Mendoza
Carlos“Quito” Burgos
José Luis Caldú
Berta Calvo (detenida y fusilada sumariamente)
Rubén Álvarez.
Claudia Mabel Deleis
OscarAlberto Allende
Félix Díaz
Ricardo Arjona
Eduardo Luis Agüero
Juan José Tosi
Norberto Maldonado

 “De todos los que se fueron. Escomo si estuvieran aquí, a esta hora. Algunos me miran, otros me dicen cosas.Yo les sonrío y a veces les respondo. Sé que tarde o temprano iré con ellos.Tarde o temprano la vida me pondrá por delante y saltaré al camino. Como un león.”
Haroldo Conti

Fuente:


https://www.facebook.com/notes/encuentro-porla-unidad-latinoamericana/la-tablada-un-ejemplo-que-perdura-en-el-tiempo/686858724669219











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jueves, 23 de enero de 2014

La reforma judicial fue el tema legislativo 2013




La reforma judicial fue el tema legislativo de 2013

Fue elegido por buen margen como la cuestión más saliente del año en el Congreso de la Nación. La iniciativa fue finalmente frenada por la Corte Suprema.
17  de enero de 2014

Muchos tienen la convicción de que la reforma judicial fue producto directo de la frustración que causó en el Gobierno nacional el fallido 7D. Ese día, incorporado a la épica kirchnerista que le dedicó importantes recursos y despliegue, concluyó aun antes de llegar, sin el resultado esperado de un desembarco oficial sobre el Grupo Clarín, para desmembrarlo. Con antelación, la Corte desactivó esas expectativas y despertó la ira presidencial.

Hay suficiente presunción de que entonces se decidió la suspensión del debate de la unificación de los códigos Civil y Comercial, que para entonces había avanzado con audiencias públicas en todo el país. Su aprobación definitiva se trata de un deseo especial de los ministros de la Corte Ricardo Lorenzino y Elena Highton de Nolasco, pero el tema fue postergado sin demasiadas explicaciones.

En su prolongado discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo de 2013, la presidenta de la Nación anunció el que sería seguramente su principal caballito de batalla en materia legislativa para ese año. Anunció su intención de “democratizar la Justicia”, y adelantó que enviaría al Parlamento un proyecto en ese sentido. “Ni los jueces, ni los abogados, tienen coronita para elegirse entre ellos”, lanzó al anticipar una sustancial reforma que incluiría la posibilidad de que “la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos directamente por el pueblo”.

“Hay que darle a ese órgano representación popular donde la sociedad se vea representada”, dijo Cristina.

El kirchnerismo puso entonces en marcha su poderosa maquinaria y se dedicó a elaborar los proyectos que enviaría al Parlamento para “democratizar la justicia”. Cuando estaba previsto el anuncio formal por parte de la presidenta, sobrevinieron las trágicas inundaciones del 2 de abril y el Gobierno tuvo que postergar hasta el 8 de abril los anuncios. Se trató de un polémico paquete de leyes que fue tratado en dos tandas por el Congreso. Esto es, los seis proyectos en cuestión se mandaron simultáneamente a las dos cámaras, para que cada una de ellas fuera tratando una mitad. Las iniciativas correspondían a una reforma del Consejo de la Magistratura; un proyecto sobre ingreso democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa; publicidad de los actos del Poder Judicial; publicidad y acceso a las declaraciones juradas; creación de nuevas cámaras de Casación; y regulación de cautelares contra el Estado.

La Cámara baja aprobó el 17 de abril tres de los seis proyectos: aquel sobre el ingreso a la carrera judicial, el de la publicidad de las resoluciones de la Corte y la obligatoriedad de la publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. El mismo día el Senado aprobaba las tres iniciativas restantes. El 25 de abril, Diputados aprobó en general y en particular los otros tres proyectos.

Perdida la pelea en el terreno político, se pasó al terreno judicial, adonde las fuerzas de oposición y diversos organismos apelaron para buscar frenar la reforma. El 18 de junio la Corte aprobó por seis votos contra uno la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.855, especialmente aquellos referidos a la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura.

Semejante controversia, que como se ve atravesó casi la mitad del año, justificó que terminara siendo el tema legislativo del año, que Semanario Parlamentario determina para su Indice de Calidad Legislativa a través del voto de los propios legisladores y periodismo especializado.

La elección fue mayoritaria: un 52% eligió a la reforma judicial como el tema legislativo más destacado del año, más de 30 puntos por encima del que fue el segundo, el blanqueo de capitales.

Esa iniciativa obtuvo el 19% de las menciones de la encuesta. Fue anunciada un mes después de la reforma judicial, el 7 de mayo, por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en una conferencia de prensa en la que apareció acompañado por su viceministro Axel Kicillof, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, uno de los impulsores de la medida que tenía por objeto ingresar dólares a las arcas oficiales. Ese día se anunció el envío al Congreso de dos instrumentos de inversión para desviar los ahorros en dólares no declarados al sector energético y a la construcción, a través de un bono y un certificado. “La idea es transformar ahorros en nuevas inversiones”, explicó Lorenzino, en tanto que Kicilloff explicaba que “la poca confianza en la moneda ha llevado a atesorar fortunas no declaradas en dólares” y que la intención oficial era “encauzar (esos ahorros) hacia el activo más rentable de nuestra economía, que es la inversión en energía y en construcción”.

El proyecto fue convertido en ley el 29 de mayo por la Cámara de Diputados a partir de una mayoría ajustada.

El resultado del blanqueo estuvo lejos de satisfacer las expectativas. El tercer escalón de la encuesta realizada por Parlamentario también correspondió a un tema que se alejó de las perspectivas preanunciadas. Hablamos del acuerdo con Irán, que en la encuesta recogió un 8% de menciones, fundamentalmente por parte de la oposición, que recordaron las dificultades que esa propuesta acarreó para el oficialismo y las prevenciones expuestas por la oposición.

Esa propuesta fue anunciada por la presidenta de la Nación en su primera cadena nacional del año, el 7 de febrero. Ese día Cristina Fernández de Kirchner sorprendió anunciando el envío al Parlamento del memorando de entendimiento firmado con Irán para crear una comisión que interrogara a los acusados por el atentado a la AMIA. El mensaje estaba grabado y en el mismo Cristina defendió el accionar de su Gobierno y el de su esposo sobre la causa AMIA, y especialmente el acuerdo con Irán, afirmando que “conduce a destrabar la causa y empezar un camino para encontrar la verdad”.

El memorando fue ratificado por el Congreso en sesiones extraordinarias, el último día de febrero, con ajustadas mayorías en ambas cámaras, y contrastó con la premura impuesta por el oficialismo con la demora de Irán para hacer lo propio.

El tratamiento del Presupuesto suele figurar entre los temas más votados en todas estas encuestas. Sucedió también en 2013, aunque sumando apenas un 6% de las menciones. Tal vez por no estar muy fresco en la memoria de los legisladores, habida cuenta de que como nunca antes, el oficialismo contó con el Presupuesto aprobado el 9 de octubre. Ese día, el Senado logró la aprobación por 40 votos positivos y 27 en contra.

Un cinco por ciento de los encuestados eligió a la Ley de Fertilización Asistida como el tema más importante del año. Esa iniciativa fue aprobada en junio pasado.

El 10% restante se dividió en diversos temas. Mencionaron algunos la Ley de Bullying, aprobada finalmente en septiembre pasado. Otros en cambio fueron por el lado negativo, al señalar la falta de sesiones durante el año. En ese marco, un par de legisladores señalaron que lo más importante del año en materia legislativa sucedió fuera del Congreso, en el marco de las elecciones celebradas en agosto y octubre, que determinaron una nueva conformación legislativa para los próximos dos años. Complementariamente, hubo menciones a “la nueva conformación de las cámaras” como el dato más destacado del año.

Algunas menciones obtuvo el resarcimiento a ex presos políticos, convertido en ley finalmente en noviembre pasado, tras innumerables idas y vueltas.

Asimismo recibió menciones la aprobación de bienes suntuarios, por aquello de que las leyes más recientes son las más frescas en la memoria. En el mismo sentido también hubo varias menciones para el Digesto Jurídico, finalmente aprobado en la Cámara baja, aunque todavía debe pasar por el Senado para convertirse en ley.

Los temas votados

1°) Reforma Judicial 52%

2°) Blanqueo de capitales 19%

3°) Acuerdo con Irán 8%

4°) Presupuesto 6%

5°) Fertilización asistida 5%

Según pasan los años

2013 Reforma judicial

2012 Expropiación de YPF

2011 Aborto

2010 Matrimonio Igualitario

2009 Ley de Medios

2008 La resolución 125

Fuente: Parlamentario

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Papel Prensa: una causa cajoneada





Una causa "cajoneada"

  El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, cuestionó ayer la paralización de la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa y consideró que se encuentra "virtualmente cajoneada" en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini. El funcionario adelantó que a la vuelta de la ferial judicial el organismo que encabeza "redoblará los esfuerzos para que se produzcan avances en el expediente".

Por: 
Tiempo Argentino

 El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, cuestionó ayer la paralización de la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa y consideró que se encuentra "virtualmente cajoneada" en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini. El funcionario adelantó que a la vuelta de la ferial judicial el organismo que encabeza "redoblará los esfuerzos para que se produzcan avances en el expediente".
A más de tres años de presentada la denuncia penal que dio inicio a la investigación judicial, Fresneda señaló que "la causa se encuentra paralizada y pareciera que el juez Ercolini la tiene cajoneada". 
"Como querellantes, aportamos importantes medidas de prueba a lo largo del año pasado, pero no se verificaron avances. Hay una inacción que resulta preocupante", criticó. Y agregó que, cuando finalice la feria judicial, la Secretaría se presentará ante el juez para desarrollar "una estrategia más intensa para producir avances en el expediente".
En la causa se investiga la apropiación en 1977 de Papel Prensa, por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en una maniobra que habría contado con la complicidad de la dictadura cívico-militar.
La Secretaría de Derechos Humanos es querellante y reclamó las indagatorias a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, integrantes del directorio de Clarín, y Bartolomé Mitre, propietario de La Nación, acusados de haber participado de la apropiación de la empresa de la familia Graiver.
"No hay motivos para seguir demorando estas indagatorias. Estas personas deben declarar para iniciar el camino hacia la verdad", indicó Fresneda y destacó: "Daría la impresión de que el juez Ercolini no se enteró que en el país hubo una dictadura cívico-militar. Es necesario que haya avances para determinar si los acusados son culpables o no. Tampoco es justo para ellos este estado de indefinición."
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EL PAIS › EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, ANTE LA CAUSA POR LA TRANSFERENCIA DE PAPEL PRENSA
“Hay una inacción preocupante”

Martín Fresneda, titular de Derechos Humanos, aseguró que la secretaría elabora una presentación ante el juzgado de Ercolini para “producir avances en el expediente” que investiga si hubo delitos de lesa humanidad en la presunta venta de la empresa.


“Aportamos importantes medidas de prueba, pero no se verifican avances”, advirtió Fresneda.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, consideró que la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa, iniciada en 2010, se encuentra “virtualmente cajoneada” en el Juzgado Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, y anticipó que, a partir de febrero, el organismo que encabeza “redoblará los esfuerzos para que se produzcan avances en el expediente”.
No es la primera vez que desde la Secretaría de Derechos Humanos se manifiesta preocupación por el estancamiento de la causa que investiga los presuntos delitos de lesa humanidad en la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa durante la última dictadura. “Como querellantes, aportamos importantes medidas de prueba a lo largo de 2013, pero no se verifican avances. Hay una inacción que resulta preocupante”, señaló Fresneda, y agregó: “Cuando finalice la feria judicial vamos a presentarnos ante el juzgado y trataremos de desarrollar una estrategia más intensa para producir avances en el expediente”.
Por otra parte, Fresneda señaló que el jefe de la Unidad de Seguimiento de Delitos de Lesa Humanidad, el fiscal Jorge Avat, tomó contacto con el expediente y pretende tener una actuación en el litigio.
El último hecho clave en la causa ocurrió en noviembre de 2013, cuando la Sala 1ª de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires dejó sin efecto la decisión del juez Ercolini de unificar las tres querellas existentes. Rechazó sumar en una representación a Lidia Papaleo, Rafael Ianover y la Secretaría de Derechos Humanos. “Nosotros celebramos esa medida de la Cámara porque entendemos que cada querella tiene la potestad de fijar su estrategia. La Cámara nos dio la razón en este punto, pero queremos que las cosas se empiecen a mover de verdad”, consideró Fresneda sobre aquella medida.
Sin embargo, el funcionario señaló la demora en el pedido de indagatoria a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, los integrantes del directorio de Clarín, y Bartolomé Mitre, copropietario de La Nación, quienes están acusados de haber impulsado la apropiación. Hasta el momento, sólo Ianover y Papaleo ofrecieron sus testimonios en sede judicial en calidad de testigos, y no existen certezas respecto de cuándo serán citados los acusados. Al respecto, el secretario afirmó que “no hay motivos para seguir demorando estas indagatorias. Estas personas deben declarar y eso permitiría iniciar el camino hacia la verdad”.
Fresneda aprovechó además para criticar el papel de Ercolini en un caso que podría dar cuenta de “la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado”. “Daría la impresión de que el juez Ercolini no se enteró de que en la Argentina hubo una dictadura cívico-militar. Es necesario que haya avances para incluso determinar si los acusados son culpables o no. Tampoco es justo para ellos este estado de indefinición”, aseveró.
Asimismo fue contundente y consideró que “no hay tiempo para más especulaciones políticas. Estamos ante una denuncia sobre hechos de lesa humanidad. Esperemos que este año tengamos novedades y comience a hacerse justicia”.
La empresa Papel Prensa fue una sociedad fundada por el financista David Gravier, quien murió en un accidente aéreo ocurrido en México, en 1976, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y Rafael Ianover. Tanto Papaleo como Ianover, que fueron secuestrados por un equipo de tareas de la dictadura, son querellantes particulares que reclaman, junto con el Estado –a través de la Secretaría de Derechos Humanos–, que la Justicia establezca si fueron presionados para ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad formada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en 1977, y auspiciada por el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla.
Fuente: Pagina 12



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El día miércoles, 22 de enero de 2014 19:02, Comunicacion IEM escribió:





El día miércoles, 22 de enero de 2014 19:02, Comunicacion IEM escribió:
COMUNICADO-iem-enero-2014.jpg

lunes, 20 de enero de 2014

BLAQUIER: El primer empresario a juicio oral: En febrero termina la instruccion el juez Fernando Poviña por 29 secuestros y otros delitos.




lesa humanidad
Blaquier, muy cerca de ir a juicio por 29 secuestros y otros delitos

El dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, será al parecer el primer integrante de la elite empresarial en comparecer a juicio oral y público, tras ser procesado en 2013 por su participación en 29 secuestros y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la provincia de Jujuy.
"Aunque los procesamientos de Blaquier y de (el exadministrador de Ledesma) Alberto Lemos están apelados por todas las partes (querellantes, defensas y fiscalía), nada impide avanzar en la elevación a juicio", dijeron a Télam fuentes judiciales.

Una vez concluida la feria judicial de enero, el juez federal de Jujuy, Fernando Poviña, podría dar por finalizada la etapa de instrucción, y en consecuencia pedir la elevación a juicio, en las dos causas en que están procesados Blaquier y Lemos, estimaron las fuentes consultadas.

La Cámara Federal de Salta, como tribunal de alzada, confirmó en 2013 ambos procesamientos, resueltos por Poviña, como partícipes de los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas, entre otros, en perjuicio de numerosas víctimas.

Blaquier y Lemos están acusados de haber proporcionado camionetas del Ledesma, el mayor ingenio azucarero del país, para el traslado de los secuestrados en la Noche del Apagón, en julio de 1976, y otras operaciones represivas en localidades jujeñas como Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar.

Mientras tramitan las apelaciones de estos procesamientos, la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver además si convalida o no el apartamiento del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, resuelto por la Cámara Federal de Salta en una decisión duramente criticada por querellantes y organismos de derechos humanos.

La defensa de Blaquier, que por el momento tuvo éxito en lograr el apartamiento de Pelazzo, fracasó en cambio en el intento de recusar al juez Poviña mediante una presentación rechazada en diciembre del año pasado por la misma Cámara.

En el pedido de recusación había atribuido al juez "un sentimiento de empatía con quienes han sufrido los crímenes aberrantes del terrorismo de Estado" y deducía en consecuencia una "imposibilidad de impartir justicia con objetividad e imparcialidad".

También en 2013, acaso en vista de la proximidad del juicio oral, Blaquier dejó a los 86 años la presidencia del Ledesma, que ejerció desde 1970, y delegó la conducción de la empresa en sus hijos Carlos Herminio y Santiago.

Al confirmar los procesamientos, la Cámara Federal de Salta señaló que en las privaciones ilegales de la libertad investigadas Blaquier actuó como "partícipe necesario", mientras que Lemos lo hizo como "partícipe secundario".

En la denominada "Causa Aredez", en agosto de 2013 los procesó por el delito de privación ilegitima de la libertad agravada de tres víctimas, entre ellas el médico Luis Ramón Aredez, exintendente de Libertador, la localidad donde se hallan radicadas la planta de Ledesma y La Rosadita, residencia de los Blaquier.

El fallo señaló que "las fuerzas de seguridad (que) operaron aquella madrugada (el 24 de marzo de 1976) y días posteriores, contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa y que tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutada por su Administrador General (Lemos)".

"Tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del Presidente del Directorio", abundó el fallo.

Con similar fundamento, la Cámara confirmó en diciembre último los procesamientos de Blaquier y Lemos en la "Causa Burgos", en un fallo que insumió más de 200 fojas, que consideró en particular la represión de la Noche del Apagón, del 20 al 21 de julio de 1976.

El tribunal afirmó que esa represión "no pudo coordinarse sino con antelación", y que "el uso de las camionetas y trailers de la empresa no pudo ser sorpresivamente requerido y decidido el mismo 20 de julio y con el absoluto desconocimiento de los responsables o administrador de la empresa".

Respecto de un argumento de la defensa de los acusados, la Cámara consideró "muy poco creíble que estos rodados pertenecientes a una poderosa empresa nacional y provincial, hubiesen sido retirados sin ningún control, sin ninguna constancia, sin ninguna protesta u otro indicio semejante, que desvincule a los responsables del patrimonio societario o logístico de la empresa".

También expresó la presunción de que "existieron contactos y solicitudes previas con directivos de la empresa para confeccionar el listado de las personas que iban a ser (ilegalmente) detenidas, ubicar sus domicilios, el horario, el personal y los móviles que se utilizarían para tales fines".

"Difícilmente se pueda afirmar que la empresa no haya tenido conocimiento de las detenciones que se estaban produciendo en tan pequeñas y cercanas localidades y que no se haya visto, por lo menos, beneficiada de esta situación a todas luces anormal; ya que se liberó de la presencia sindical en el establecimiento y ahuyentó la posibilidad de reclamo alguno de los empleados frente al temor de correr la misma suerte", apuntó el fallo.

Finalmente, sostuvo la validez de "la prueba testimonial como único sostén de la imputación" y recordó que la metodología del terrorismo de Estado incluyó "la destrucción de todo tipo de registros y documentación", incluidos los mismos centros clandestinos de detención, "justamente para dificultar la investigación y juzgamiento de los perpetradores". 

Fuente: Telam y agencia de noticias ddhh


Posdata: Fuentes judiciales estiman que el juicio se comenzara a mediados de año, tras la conformacion del Tribunal, el que sera el mas observado del pais, en particular quien sea nominado para la presidencia del mismo.

La causa empresa Minera El Aguilar S.A

Fernando Poviña, juez subrogante designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, tras el obligado paso al costado del juez Olivera Pastor, quien goza de una licencia sin fecha de vencimiento, tambien espera la resolución de Casacion Penal por la causa de los obreros de Minera El Aguilar. Debe expedirse sobre impugnaciones presentadas por las defensas de el ex jefe de personal de la empresa Minera El Aguilar, Eduardo López  y al excomandante de Gendarmería Jorge Borges do Canto, tambien sera elevado a juicio oral.
Es que ya dejo de ser Jujuy capital de la impunidad.

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