Lesa humanidad: testigos acusaron a las policías provincial y federal Eduardo Fronda estuvo detenido y fue torturado en la Delegación Salta de la Policía Federal antes de que su cuerpo acribillado apareciera en la zona cercana a San Lorenzo. Las notas periodísticas de Luciano Jaime le habían ganado el odio del comisario Joaquín Guil, y también estuvo detenido días antes de ser secuestrado y asesinado. La Policía, con Guil y Miguel Raúl Gentil a la cabeza, fraguó un enfrentamiento en Rosario de Lerma para asesinar a Alfredo Matioli, Ricardo Tapia  y los hermanos Marcos y Liendro Estopiñán. Estas son algunas de las revelaciones que dejó la cuarta jornada del juicio que se desarrolla en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial y en la que el Tribunal Oral en lo Federal Criminal (integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, y el cuarto juez Gabriel Casas) juzga a 20 hombres por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 personas. Siete testigos declararon ayer y, aún los reticentes, hicieron aportes para ir develando los actos de terror estatal cometidos en los años previos al golpe de Estado de 1976. Carlos Holmquist, militante del peronismo revolucionario, detenido desde diciembre de 1974 (luego de la caída del gobierno de Ragone, con la intervención de José Alejandro Mosquera) afirmó que “el 3 o 4 de enero de 1975” Fronda estaba en la Delegación de la Federal, donde lo escuchó quejarse: “Me pegaron. Soy Fronda”, le dijo. Y añadió algo sobre un brazo quebrado. Holmquist fue golpeado e interrogado por el jefe de la Federal, Federico Livy, y el ex oficial federal Juan Carlos Alzugaray. En una salida al baño, alcanzó a ver a Fronda: estaba “con su torso desnudo, esposado en un banco. Descalzo, pero con medias”. Uno o dos días después se enteró por los diarios que Fronda había sido asesinado. Como publicó el periodista Luciano Jaime el 9 de enero, en El Intransigente, tenía un brazo quebrado. “Guil nos perseguía a todos” La periodista Sylvia Troyano comenzó su testimonio reclamando justicia para Luciano Jaime, “mi amigo, mi entrañable amigo”. El periodista fue secuestrado y asesinado entre el 12 y el 14 de febrero de 1975. Troyano acusó por este hecho a Joaquín Guil. Recordó que el día antes de su desaparición Jaime recibió un llamado en el diario: “Se le borraron las facciones (alegres). Me dijo: ´Por favor, si yo mañana no vengo, mové cielo y tierra porque Joaquín Guil me va a matar’. Y al otro día no vino más”. El 13 de febrero Troyano fue detenida y trasladada la Central, donde la interrogaron Gentil y Guil. “Era el que nos perseguía a todos”, aseguró. Recordó que en 1975 Guil encabezó unos cien allanamientos en su casa. El periodista Rodolfo Plaza, jefe de redacción en El Intransigente, dijo que siempre pensaron que el asesinato había sido cometido por policías de la provincia, con la posible participación de federales.  Y recordó que Guil tenía “animosidad” contra Jaime desde que este fuera corresponsal del diario Norte en Orán. Contó que cuando se publicó la información sobre el homicidio de Fronda, Livy exigió hablar con el director, Lucio Paz Posse. En su lugar fue Plaza: “Fue un momento muy duro. Livy se levantaba, gritaba, que éramos unos mentirosos, que teníamos unos hijos de tal por cual, que teníamos que echarlo, que nos iba a ir mal”. Quería saber quién les había dado la información y quién era el autor de la nota. Era fácil saber que era Jaime porque su foto, inclinado sobre el cadáver de Fronda, ilustraba la nota. Unos diez días después Jaime fue detenido y llevado a la Central, donde fue interrogado. Allí vió a Guil. A la segunda noche fue llevado a la Federal, donde fue interrogado por Livy y fue luego liberado el tercer día. Plaza recordó que pocos días después una llamada alteró a Jaime, que se preocupó también por la presencia de tres hombres en un rastrojero. Otro compañero, Salas, se ofreció a llevarlo a su casa, pero lo dejó en Alberdi y San Martín, porque el tránsito estaba demorado por las comparsas. Esa fue la última vez que se lo vió con vida. El enfrentamiento fraguado Tres ex policías que declararon ayer aportaron elementos para establecer que el presunto “enfrentamiento” de la Policía con cuatro guerrilleros en Rosario de Lerma fue en realidad fraguado para ocultar asesinatos a mansalva. El policía Paulino Lara, de la Comisaría de Rosario de Lerma, reconoció que firmó el acta de  inspección ocular sin leerla y que ni siquiera conocía a las personas que se mencionan en ella. Esa acta fue realizada por el comisario Osvaldo Giraldes y firmada como testigos por Lara y Rosa Sandoval. En ella se da cuenta de un enfrentamiento armado en una casa del barrio Villa Mercedes y se detallan los cuerpos encontrados en ese lugar: de José Alfredo Mattioli, los hermanos Marcos y Liendro Estopiñán y Ricardo Tapia. Lara, como los otros cuatro policías que declararon ayer (el otro fue Raúl Garnica, sobre el hallazgo del cuerpo de Fronda), se mostró sumamente desmemoriado y terminó con pedidos (del querellante David Leiva y el fiscal Ricardo Toranzos) para que se lo investigue por falso testimonio. El otro dato llamativo es que se realizaron dos inspecciones buscando explosivos. La primera en la misma madrugada del “enfrentamiento”, a cargo del subcomisario Miguel Sánchez, que solo encontró poco material explosivo sin poder ofensivo. La segunda se hizo por la mañana, a cargo del subcomisario Gregorio Galo Rodríguez. Esta vez se encontró abundante cantidad de explosivos. Una pregunta de Leiva añadió otro dato: eran de fabricación militar.  Por Elena Corvalan

 

Salta En el juicio por la megacausa de la UNSa

Aseguran que a Jaime lo mataron policias

 Afirman que lo eliminaron por informar lo sucedido con Eduardo Fronda. El juicio continuará el lunes y martes próximos.

RECINTO: VISTA DE LA SALA DONDE SE DESARROLLA EL JUICIO.

 

El juicio por la megacausa de la UNSa convocó ayer a nuevos testigos en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, donde 19 imputados deberán responder ante el Tribunal Federal Oral en lo Criminal de Salta por los 37 casos de terrorismo de estado que les imputan. En esta ocasión los testimonios se centraron en el secuestro y asesinato del gremialista Eduardo Fronda y el periodista Armando Jaime y en la masacre de cuatro militantes de izquierda en Rosario de Lerma. Por estos hechos están acusados el exjefe de Policía Miguel Gentil, el exdirector de Seguridad de la fuerza Joaquín Guil y el exoficial de la Federal Juan Carlos Alzugaray.

Carlos Arturo Holmquist, exmiembro del Frente Revolucionario Peronista, aseguró haber visto a Fronda detenido en la delegación de la Policía Federal. “Lo vi a una distancia cuando me llevaban al baño; estaba con el torso desnudo y esposado de una mano”, aseguró el testigo. También cree que lo alojaron en la misma celda de Fronda la noche que lo sacaron de la cárcel para asesinarlo. “Yo estaba con los ojos vendados y sentí que alguien se quejaba a mi lado; solo alcancé a escuchar que me decía que lo habían golpeado mucho, que le habían quebrado el brazo”, relató.

En relación con el asesinato del periodista Jaime, ocurrido el 12 de febrero de 1975, declaró el exjefe de redacción del diario el Intransigente, Rodolfo Plaza, quien expresó que todo indica que la eliminación del periodista fue obra de miembros de las policías de la Provincia y de la Federal. Dijo que Jaime quedó en la mira del aparato represivo luego de haber publicado artículos que involucraban a esas fuerzas en el asesinato de Fronda, ocurrido en enero de ese año. “Días antes el jefe de la Federal (Federico Livy) me hizo llamar para expresarme su malestar por esas notas”, reveló. Silvia Troyano, quien se desempeñaba como periodista en esa época, manifestó que Jaime le confirmó que vio a Fronda en la Central de Policía y que días antes de su desaparición lo notó aterrorizado porque sabía que en cualquier momento lo iban a “chupar”. “Pedí al director del diario, Lucio Paz Posse, que hiciera algo y me respondió: ¿Qué querés que nos maten a todos?”, contó. Según Troyano, en el periódico había gente enquistada que respondía a las fuerzas de seguridad. “Néstor Quintana era uno de ellos”, sentenció.

Luego fue el turno de los policías que intervinieron tra la masacre de cuatro jóvenes, considerados extremistas, en Rosario de Lerma. El 20 de abril de 1975 Alfredo Mattioli, Liendro Marcial, Marcos Sergio Estopiñan y Ricardo Tapia estaban en una casa de Villa Mercedes cuando fueron rodeados por medio centenar de policías. Los cuatro fueron acribillados. Para el fiscal Ricardo Toranzos, quedó probado que Guil comandó el operativo y que todo fue planeado por Gentil. Como en los juicios anteriores por delitos de lesa humanidad, los testigos policías recurrieron a la teoría del “no me acuerdo”. El presidente Carlos Jiménez Montilla y el vocal Mario Juárez Almaraz intercedieron en varias ocasiones para que los testigos respondan con verdad a las preguntas de los querellantes y el fiscal, pero no hubo caso.

 Falso testimonio

Paulino Lara, un sargento de la Policía, se salvó de quedar detenido al haber evidenciado que faltó a la verdad durante su testimonio. El querellante David Leiva no pudo ocultar su malestar con la actitud del testigo, lo mismo que el fiscal Toranzos. Pese a que el Tribunal rechazó la detención, dispuso que se giren las actuaciones al fiscal en turno para que investigue a Lara por falso testimonio.

Fuente: El Tribuno

Lesa humanidad: testigo acusó a Alzugaray de abuso sexual y violación Por primera vez en Salta, una sobreviviente de la represión paraestatal y estatal de la década del 70, contó que fue víctima de abusos sexuales durante su detención en la delegación de la Policía Federal de Salta. La testigo acusó al ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray, quien también vió cuando violaba a otra detenida, luego asesinada en la Masacre de Palomitas. Ayer mismo el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta remitió la declaración al fiscal federal penal de turno para que se investiguen estos delitos. Julia García fue la primera testigo del juicio oral y público por 34 crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial. Venida especialmente desde Viedma para prestar declaración, Julia llegó a los tribunales acompañada por su madre, Marcela García, cuya presencia trajo a la sala –por primera vez también- el pañuelo blanco de Madres de Plaza de Mayo. Recuerda a Luis Jesús García, “El Negrito García”, asesinado, a los 18 años, el 22 de septiembre de 1974 por la Triple A en Bahía Blanca, donde residían los García. Fue precisamente este hecho el que motivó a la familia de Julia –madre y dos hermanas más, aún adolescentes- a venir al norte, donde tenían parientes. Su abuela –la madre de Marcela- vivía en un humildísimo barrio de Libertador General San Martín y un tío estaba radicado en la ciudad de Salta. Marcela y las hijas menores fueron a vivir a aquella localidad, mientras que Julia se quedó en Salta, con trabajo en la firma Olivetti, cuyas oficinas estaban entonces por la calle Caseros, cerca de Florida. De ahí la sacó un grupo grande de policías. A pesar de que sus compañeros intentaron defenderla, fue llevada casi en andas y depositada en un automóvil. Con la cabeza gacha la obligaron a viajar hasta un punto –cercano- en el que el vehículo se detuvo, Julia tuvo la impresión de que alguien la observó, y luego siguió su  marcha hasta la delegación local de la Policía Federal donde la esperaban el jefe, el comisario Federico Livy (ya fallecido) y Alzugaray. “Ahí empieza, creo, lo peor”, anticipó Julia antes de narrar las torturas a las que fue sometida por el jefe y Alzugaray, que en este debate debe responder por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante del peronismo revolucionario Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975, hecho por el que también es juzgado el ex comisario Joaquín Guil. Julia contó que la impresionó Livy “por lo bruto que parecía, y violento”. En cambio, Alzugaray “en mi caso se hacía el seductor, me sentaba en una mesa y me hablaba al oído, me susurraba: que era linda, que no permitiera que me estropearan”. Ese grotesco de seducción no impidió a Alzugaray abusar sexualmente de Julia cuando esta era sometida a la picana eléctrica, en una cama de hierro, desnuda, con los brazos y piernas atados. Evangelina Botta de Linares En la Federal se encontró con Marta Evangelina Botta de Linares, a quien conocía por la militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Allí también fue testigo de la violación a la que la sometió Alzugaray. Julia recordó que Evangelina estaba embarazada, y que perdió este embarazo debido a la tortura. “Ella siempre intentó protegerme, por eso la recuerdo con tanto amor y la extraño tanto”, añadió más adelante, con la emoción dificultándole el habla.  La testigo recordó otros detalles de su estancia en la Federal: el señor que atendía un carrito frutero en las cercanías de Olivetti estaba ahí, participando de las torturas, de las que participaba también alguien que hablaba en inglés fluido. Y Livy no se contentaba con golpear y humillar: “Llevaba al hijito, que era un chico que tendría 8 años, a la sala de torturas. Eso hacía Livy”. Cuatro días estuvo Julia en la Federal, luego fue trasladada a la cárcel de Villa Las Rosas, donde convivió con otras 13 presas políticas, entre ellas la propia Evangelina, que iba a ser asesinada en la Masacre de Palomitas, el 6 de julio de 1976, junto con otras compañeras de cárcel a quienes la testigo recordó: María Amaru Luque, Georgina Droz, Celia Leonard y Nora Leonard, que sobrevivió a la Masacre. En Villa Las Rosas la testigo vivió dos momentos particularmente dolorosos: un día Alzugaray y otros carceleros la torturaron a ella y a Evangelina tras descubrir que un preso común les dejaba el diario bajo una piedra todos los días, “pero lo que más me dolió” y le quedó en la memoria fue la paliza que recibió este hombre, del que no supo más. El otro hecho ocurrió en el 77 cuando iban a recibir la visita de enviados de la Cruz Roja Internacional: los carceleros les habían advertido que no debían hablar de los maltratos y las malísimas condiciones de detención; luego vino gente diciendo que era de la Cruz Roja, una detenida contó lo que realmente pasaba, entonces los supuestos enviados se desenmascararon: no eran de la Cruz Roja. Aterrorizada, la detenida fue al baño y se cortó las venas, la ayuda rápida de sus compañeras de detención le salvó la vida. En abril o mayo de 1977 Julia García fue trasladada a la cárcel de Devoto, de donde salió, con libertad vigilada, en agosto de 1980. Entonces se radicó en Viedma, donde vivía su padre. Recién en diciembre de 1981 quedó libre definitivamente. Durante su detención Julia no recibía visitas, dado que su familia debió esconderse luego de que lograran salvarse de un grupo del Ejército que fue a buscarlas a Libertador. Ayer terminó su declaración agradeciendo la posibilidad de declarar y pidiendo “cárcel común”. ( Lona, ninguna investigación Julia García fue detenida acusada de infringir la ley 20.840, que reprimía las actividades “subversivas”. Ayer recordó que cuando la llevaron ante el juez federal Ricardo Lona denunció los vejámenes que había sufrido con la convicción de que sería escuchada e iba a salir en libertad. “Pero quedó ahí, el juez Lona no hizo nada”. García fue sobreseída de la acusación y quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. ( Quién era Eduardo Fronda Que se sepa quién era Eduardo Fronda, cómo pensaba, qué hacía y la ayuda que siempre estaba dispuesto a brindar. Ese es el deseo de su hermano Luis Fronda, el segundo testigo que declaró ayer en el juicio. Contó que su hermano estaba en el Sindicato de Vendedores Ambulantes, estaba en la CGT Clasista. Y militaba en el Frente Revolucionario Peronista (FRP) junto a Armando Jaime y a otros, que estaban dentro del FAS (Frente Antiimperialista y del Socialismo, integrado por distintas organizaciones de izquierda). Luis Fronda sostuvo que “buscando a Jaime (los represores) lo encontraron (a Eduardo)”. Militante peronista él mismo, el testigo afirmó que luego de la intervención al gobierno de Miguel Ragone, en noviembre de 1974, “en Salta comienza la represión contra los militantes del FRP”. En ese contexto, en enero de 1975 fue secuestrado, torturado y asesinado su hermano, luego (en febrero) ocurrió lo mismo con el periodista Luciano Jaime y otro tanto ocurrió (en abril) con Alfredo Matioli, los hermanos Estopiñán y Ricardo Tapia. “En ese contexto la muerte de mi hermano no fue casual; no fueron casuales los 39 balazos que recibió; no fue casual la tortura, la picana que recibió en los genitales”, sostuvo Luis, para quien está claro que Luciano Jaime fue asesinado luego porque como periodista publicó información sobre el homicidio de su hermano. Luciano era primo hermano de Armando y militaba en la Lista Verde, que en 1973 impulsó la candidatura a gobernador de Ragone. Luis Fronda sostuvo ayer que Luciano los llamó el 8 de enero para informarles que Eduardo había aparecido muerto y les contó que el día anterior lo había visto detenido en la Central de Policía. Añadió que luego de la muerte de Eduardo su familia recibió amenazas de todo tipo, y que el propio Guil presionó a su otro hermano, Hugo Humberto Fronda.

Por Elena Corvala, Directora de Radio Nacional Salta

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De: Asociación de Periodistas de Salta (APeS) <apesalta@gmail.com>

Asunto: Invitación- Libro impacto hidrocarburífero en Salta

A: elenac75@yahoo.com

Fecha: lunes, 4 de junio de 2012, 08:40 pm

www.apesalta.wordpress.com    

Asociación de Periodistas de Salta (APeS)

Personeria Juridica Nº 412

Presentan un libro sobre el impacto

de la industria hidrocarburífera

 

El miercoles 6 de junio, a las  19, en la sala auditorio de la Coordinación de Bibliotecas (Belgrano y Sarmiento) se presentará el libro "Zonas de Sacrificio", obra del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) sobre el impacto de la industria hidrocarburífera en Salta y Norpatagonia.

Zonas de Sacrificio es una obra escrita a cuatro manos de Hernán Scandizzo (periodista), Diego Di Risio (politólogo, por la Universidad de Buenos Aires -UBA), Diego Pérez Roig (politólogo del CONICET, UBA) y Marc Gavaldà (licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona).

En lo que se refiere a Salta, el trabajo estuvo a cargo de Hernán Scandizzo y Diego Di Risio, quienes durante agosto y septiembre de 2010 visitaron el NOA. “Conocimos a su gente, sus comunidades, organizaciones; comprendimos otras dimensiones del territorio que ya es intervenido por esta industria extractiva o está a punto de serlo. Vivimos sus necesidades y pesares, también sus luchas y anhelos. En definitiva, sus proyectos para construir un futuro diferente.” Reseñan en las palabras preliminares del libro.

Scandizzo y Di Rissio estarán en la presentación en esta ciudad. También participarán representantes de comunidades indígenas y criollas de zonas de explotación hidrocarburífera: los caciques Ramón Roca, de la comunidad La Corzuela; Ramón Paz, de Misión Salim, y Emilio Salas, de La Represa, en Morillo. Y un representante de la Asociación Unión y Progreso, que reúne a campesinos criollos de la zona de Morillo.

Organizan:

Organización Zonal del pueblo wichí Tch´ot Lhamejenpe

Federación Wichi del Río Bermejo

Mesa de Tierras del Norte de Salta

Colectivo Otros Territorios

Observatorio Petrolero Sur

Asociación de Periodistas de Salta (APeS)

Contactos para la prensa:

Scandizzo y Di Rissio estarán en la ciudad de Salta miércoles 6 de junio, por la mañana

Hernán Scandizzo 011 1558036898

Diego Di Rissio 011 1550355436

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Elena Corvalán

Presidenta

Andrés Gauffín

Vicepresidente 

Ledesma y la trama civil del terror

 

Año 5. Edición número 211. Domingo 3 de junio de 2012

Por 

Laureano Barrera

lesahumanidad@miradasalsur.com

Blaquier. “Está en condiciones de declarar”, dijo la querella. (TELAM).

 

Hay detenidos en la causa del Apagón. Además de Blaquier, serán indagados miembros del directorio de la empresa. La pata empresarial de la dictadura, por primera vez en el banquillo.

Hace veinte días, un joven juez tucumano dio la sorpresa: aceptó el pedido del fiscal Domingo Batule, y decidió tomarle declaración indagatoria por delitos de Lesa Humanidad a Carlos Pedro Blaquier, acaso el hombre más rico y poderoso de la Argentina. El juez federal Fernando Poviña, subrogante del juzgado federal 2 de Jujuy, instó al barón del azúcar a explicar el secuestro de 400 obreros, sindicalistas, estudiantes y profesionales durante el tristemente célebre Apagón de Ledesma.

Así conoce la historia a la larga noche jujeña que duró siete días: desde el 20 al 27 de julio de 1976, el Ingenio Ledesma desconectó en varias oportunidades la electricidad de sus generadores, dejando a los pueblos de la zona en tinieblas. No sólo eso: dispusieron camionetas y camiones del Ingenio –identificados por su logo en el chasis– para que Gendarmería y la policía provincial desataran la cacería, y varios de sus capataces y empleados se pusieron al volante de aquel safari de desaparecedores. Muchos fueron torturados en centros clandestinos improvisados en el propio Ingenio, y llevados al Destacamento que Gendarmería tenía también allí dentro. De medio centenar no se ha vuelto a saber. Entre ellos, Luis Aredez, ex intendente del pueblo, en cuya gestión había cometido la osadía de cobrarle impuestos al emporio.

Puesto sobreaviso por alguno de sus muchos confidentes dentro de la familia judicial de la provincia, Blaquier cruzó a Uruguay y voló a Europa, desatando la sospecha sobre una fuga definitiva. Su buffet de abogados aclaró que el viaje tenía fines médicos por sus afecciones cardíacas, y que el empresario volvería para someterse a la voluntad judicial. La querella pidió la captura internacional y Poviña, más cauteloso, prefirió esperar y ordenó las contrapruebas con los peritos de la Corte Suprema para que determinen si está en condiciones de testimoniar. Blaquier regresó al país y el miércoles pasado se sometió a los estudios, aún sin resultados oficiales. “Me llamó Claudio Capuano (perito de la querella, máster en Bioética y Derecho y docente universitario) que está elaborando un informe detallado sobre la salud de Blaquier, y me confirmó que está en condiciones de declarar”, adelantó a Miradas al Sur el querellante Ricardo Arédez, uno de los cuatro hijos del intendente Aredez y de su esposa Olga, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en Jujuy, peregrina solitaria e incansable del reclamo de Verdad y Justicia de los 120 desaparecidos de la provincia norteña. “Está haciendo una especie de trampa para declarar acá en Buenos Aires y no viajar a Jujuy”, advierte el menor de sus cuatro hijos. Este 26 de julio, tras el largo luto después de la muerte de su madre en 2005, a causa de un carcinoma pulmonar provocado por la bagazosis, volverá para marchar una vez más, esta vez con una nota diferente: estará en pleno debate el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia, contra cuatro policías y militares.

Poviña no se quedó quieto: entre el lunes y el miércoles, detuvo al sargento Francisco Espíndola, el agente Catalino Soto, el cabo Jorge Mendoza (alias Gaucho Martín), los agentes del Servicio Penitenciario Félix Batalla y Federico Colmenares, el subprefecto Ramón Herrera y Emiliano Portal, vinculado al secuestro de activistas en Tumbaya, además de a la Noche del Apagón.

La empresa Ledesma, en un comunicado, negó la vinculación del mandamás con los hechos. “Ellos quieren comprar la memoria de la gente, pero los hechos son uno sólo y no pueden negarlos ni con mil solicitadas”, dice Ricardo, y enfatiza “que se investigue al poder económico de la dictadura”. Empresarios, dirigentes políticos y eclesiásticos: un entramado todavía vigoroso en provincias como Jujuy.

Directorio cómplice. Además del presidente del Directorio, el juez pidió la declaración indagatoria de otro civil: el ingeniero Alberto Lemos, entonces administrador del Ingenio, que reconoció ante Olga Arédez que la empresa había puesto sus móviles a disposición de las Fuerzas Armadas “para limpiar al país de indeseables”. Sin embargo, para las querellas no alcanza. “Nosotros apuntamos a todo el Directorio, que pasó listas y colaboró con la represión”, afirma Ricardo Arédez. Quienes viven, siguen siendo personajes muy influyentes en el establishment local.

La vicepresidenta del Directorio era nada menos que Nelly Arrieta de Blaquier, ex esposa de Blaquier e hija de Herminio Arrieta, el dueño natural del Ingenio hasta su muerte en 1970. Amante del arte refinado; Nelly ostenta una de las colecciones más suntuosas y fue presidenta (hoy es Honoraria) de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, el reservorio de obras de arte más grande del subcontinente. En diciembre de 2009, fue designada la primera embajadora cultural de la ciudad de Buenos Aires. “Nelly Arrieta de Blaquier representa, en el país y en el exterior, los más elevados valores de la cultura argentina”, destacó la resolución del gobierno de Macri.

Otro de los miembros del Directorio era Henry Oscar Peverelli, un ingeniero que llegó cuando Blaquier asumió la presidencia. “Era el que daba la cara con el sindicato y los trabajadores, el que los maltrataba y los engañaba”, explica Ricardo.

El jefe de “Relaciones públicas” que eligió Blaquier fue el brigadier fallecido Teodoro Álvarez, pasado a retiro por Onganía. Había particiado del golpe a Arturo Illia.

Otro de los miembros del Directorio es Federico Nicholson, aún en el directorio de la firma, presidente del Centro Azucarero de Salta y Jujuy y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Hace un tiempo, fue promovido por el “vasco” Ignacio De Mendiguren como secretario de Industria. Es uno de los empresarios que tenían buena llegada a Néstor Kirchner.

Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial es una de las corporaciones más opulentas de Latinoamérica. Durante 2010 tuvieron una venta neta por 2.452 millones de pesos, 800 millones más que el año anterior. En ese período sólo reinvirtieron 122 millones y emplearon a 7.393 empleados –otros estiman que no superan los 4.000–, la mayoría de ellos lugareños que necesitan del pulpo para sobrevivir. Producen unas 400.000 toneladas de azúcar por año, un 20% de la producción nacional. Con los años, la corporación se diversificó: en sociedad con Carhill, instalaron una planta en Villa Mercedes, San Luis, que produce jarabes, gluten feed, gluten meal y germen de maíz y aporta el 25% de la producción de alcohol de melaza, exportando además a Estados Unidos y Japón. Fabrican el 40% de la producción total de papel y artículos de librería, entre 4.000 y 5.000 toneladas de jugo concentrado, y granos y carnes en 52.000 hectáreas de cuatro campos en la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.

El ex gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, fue jefe de Gabinete del gobernador militar Fernando Urdapilleta. El propio gobernador Fellner, afirma Ricardo, fue abogado de Blaquier. “El empresariado argentino jamás hizo nada por la gente, ni el agrícola ni el industrial. Y fueron socios de todos los milicos golpistas”, sentencia.

Auat: “La impunidad tiene dos caras”

El fiscal general para causas por delitos de lesa humanidad, Jorge Auat, valoró el avance del primer juicio oral en Jujuy por crímenes del terrorismo de Estado, pero sostuvo que restan “enormes dificultades”, derivadas de “la estructura de poder que sostiene la impunidad”. “La impunidad siempre tiene dos caras: una es la impunidad misma y la otra es el poder, porque la impunidad necesita una estructura de poder”, dijo el titular de la Unidad Fiscal para causas por violaciones a los derechos humanos. Auat recordó que en Jujuy nunca habían sido juzgados los represores del terrorismo de Estado y prevalecía siempre la morosidad o el bloqueo en la investigación. “Hay estructuras ocultas que generan compromisos múltiples con gente que quizás ya no está, pero con los que siguen vinculados como empleados que en algún momento estuvieron o le deben el cargo con el que ingresaron.” Como ejemplo, Auat citó el juzgamiento del ex juez Ricardo Lona en la vecina provincia de Salta. “Costó mucho encontrar fiscales y jueces que se hicieran cargo del caso, porque uno de los imputados era Lona, con el que tenían una relación de tipo personal.” En Jujuy, “no había dificultades objetivas operatorias. Lo que sí había era una decisión jurisdiccional de no avanzar en los trámites procesales”, insistió.

Fuente: Miradas Al Sur

 

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Documento de la Comisión Provincial de la Memoria

Repudian pedido de prisión domiciliaria solicitado por el exfiscal Mazzoni

Organismos de DDHH manifestaron su repudio a la posibilidad de que Roberto Mazzoni continúe su detención en su casa. Mazzoni está acusado de encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Los organismos de DDHH integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco manifestaron su repudio a la solicitud del ex Fiscal, Roberto Mazzoni, para que se le otorgue prisión domiciliaria. Mazzoni está imputado por crímenes gravísimos durante la última dictadura cívico-militar. 

“Este encubridor judicial del genocidio en la región encabeza una profusa lista de denunciados en la que sobresalen integrantes del área de inteligencia militar y colaboradores civiles, como el médico torturador (Héctor) Grillo”, señala la Comisión en un documento remitido a esta redacción.

“Mazzoni tuvo un papel de suma importancia en el engranaje represivo del terrorismo de Estado. La supuesta dolencia esgrimida para solicitar una detención domiciliaria es un subterfugio para evadir el cumplimiento de la pena por los delitos cometidos. Cabe destacar que Mazzoni está siendo juzgado en un juicio democrático y respetuoso de las garantías procesales, no como el caso de sus víctimas”, afirma. 

“Si la posibilidad de terminar en prisión lo deprime debería haberlo pensado antes, cuando omitió investigar las denuncias por torturas y desapariciones en vez de cumplir con sus deberes de Fiscal General del Poder Judicial: velar por el cumplimiento de la ley, castigar el crimen, no encubrirlo. Esa “amargura” o “situación de estrés” no es otra cosa que la Justicia lisa y llana. Una justicia que se retrasó más de treinta años, pero está llegando”, indica.

“Es por ello que Mazzoni y todos los responsables del genocidio que masacró a una generación de argentinos deben ser juzgados con todo el rigor de la ley y condenados a una cárcel común y sin privilegios de ninguna clase”, remarca la Comisión.

Los integrantes de la institución exigieron mayor celeridad en el avance de las causas residuales (Causa Masacre de Margarita Belén y Causa Caballero) y que se incorpore la figura de “asociación ilícita” en las imputaciones. “Seguimos buscando a los compañeros desaparecidos y a todos los nietos apropiados. No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos. Cárcel perpetua, común, y efectiva a todos los genocidas. 30 mil compañeros desaparecidos, presentes”, finaliza el documento. 

Lo firman: H.I.J.O.S. Chaco, Asociación ex detenidos por razones políticas, Asociación familiares de desaparecidos por el terrorismo de estado, Red por la identidad Chaco y Cpdh (comisión permanente por los derechos humanos).

Fuente: Chaco Dia por Dia

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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007

El Sábado 2 de Junio se realizo la primera parte del mural "DE LA MEGA CAUSA SALTA" en el puente que une la entrada de la Ciudad Judicial y la UNSA. Paamos una hermosa tarde recordando a los compañeros, reflexionando sobre como fuimos construyendo entre todos la historia de la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia. Gracias cumpas de FAMILIARES-H.I.J.OS. - LA DESCA-PARTIDO DE LA LIBERACION- ASC. LUCRECIA BARQUET- ASC. DE PERIODISTAS-ABOGADOS DE LAS CAUSAS- ASC. MIGUEL RAGONE- ASC. DE DDHH DE ORAN POR LA MEMORIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA si me olvido de alguno se que estuvieron algunos profs de la UNSA .
Gracias Alcira por el locrito y Tilca por poner la casa!!!

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!