Juan c. nacul, ex defensor del “malevo” ferreyra se postula para magistrado federal de jujuy

El bussista que aspira a ser juez

Publicado el 14 de Agosto de 2011

Por Daniel Enzetti

Los senadores nacionales tienen que decidir sobre el pliego del polémico abogado, que pretende ocupar un cargo en el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy. El magistrado subrogante en ese lugar, Carlos Olivera Pastor, es protector del Ingenio Ledesma.

El abogado tucumano Juan Carlos Nacul puede convertirse en los próximos días en el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy –en remplazo del actual subrogante Carlos Olivera Pastor– si el Senado de la Nación aprueba su pliego de postulación. Sin embargo, los senadores todavía están a tiempo de evitar el nombramiento. Los antecedentes de Nacul incluyen haberse hecho cargo de la defensa del suicidado represor Mario Oscar “Malevo” Ferreyra, hombre fuerte de la policía brava tucumana y confeso torturador. Pero como la respuesta inmediata a esa afirmación sería que cualquier persona merece ser representada en un proceso justo, incluso tratándose de los peores indeseables, es posible dejar de lado el dato por un momento. Nacul no fue sólo el defensor de Ferreyra, sino además su vocero, agente de prensa e intermediario cuando alguien quería acercarse al ex policía. Como por ejemplo periodistas, a quienes el letrado pedía plata a cambio de una nota. Militó en las filas de Antonio Domingo Bussi, y en la década de 1990 fue candidato a diputado provincial en un sublema de Fuerza Republicana. En 1993, el Malevo recibió cadena perpetua por el asesinato de tres personas, a las que cargó en una camioneta en Salta y fusiló en la localidad de Laguna de los Robles, mientras dirigía la Brigada de Investigaciones de Tucumán. El pistolero no soportó escuchar la sentencia y se escabulló de los tribunales. Rápido de reflejos, y para evitar consecuencias peores para su cliente, Nacul lo “limpió” y se responsabilizó a sí mismo por el escape, declarándose como el verdadero ideólogo de la fuga. Ferreyra aguantó 79 días escondido en el monte, hasta que cayó otra vez a la sombra. Aunque la perpetua resultó durar poco: en 1998, gracias a la cintura de Nacul, el entonces gobernador Bussi lo dejó en libertad, después de sólo cuatro años y medio en la cárcel.

El interés del abogado por formar parte del círculo íntimo del ex policía, pieza clave del Operativo Independencia y nunca juzgado por los delitos de lesa humanidad que cometió durante la dictadura militar, fue siempre más allá de una retribución profesional. Varias veces se quejó de no ganar un solo peso por su gestión. El mismo año de la bendición jurídica del ex general, la pareja, defensor y defendido, encabezaron la agrupación Honor (Horizonte Norteño), un pseudo partido político autodenominado “corriente itinerante”, que según los vientos apoyaba a la figura política que mejor convenía. Siempre el que más les convino fue Bussi.

Entre otras cosas, Nacul está señalado por ex clientes (se desempeñó durante varios años como abogado penalista) como ocultador de pruebas y autor de escritos judiciales con firmas apócrifas. En Tucumán son varios los rumores que lo sindican como un hombre violento.

En su excelente libro El sheriff.Vida y leyenda del Malevo Ferreyra, Sibila Camps cuenta una perla que describe al hoy postulante de cuerpo entero. “¿Por qué nadie pregunta por el prontuario de los tres tipos que ejecutó Ferreyra?”, le dijo un día de 1995 Nacul a la periodista en el bar del Hotel Premier, en esa época búnker de Fuerza Republicana.

Extraña vara de la justicia la que tiene el que ahora puede convertirse en juez federal.

CANDIDATO COMPULSIVO. A punto de cumplir 60 años, Nacul se convirtió en una suerte de compulsivo aspirante a magistrado. Siempre con el objetivo de recalar en un Juzgado Federal, sea donde sea, en los últimos tiempos repartió su currículum en más de 30 concursos, incluidos procesos de selección en el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Defensoría General y el Consejo de la Magistratura de Chubut. Entre otros destinos se autopostuló para la Justicia Federal de Mercedes (San Luis), el Tribunal Oral en lo Criminal de Neuquén, el Juzgado de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y el Tribunal Oral de Santa Fe.

Los preparativos y presentaciones de las carpetas no sólo le llevaron tiempo, sino dinero, obligado a viajar por todo el país. El raid arrancó en 2006. “Con 30 años de ejercicio, entendía que había cumplido una etapa como abogado litigante. Entonces, me encontraba en la disyuntiva de dedicarme a otra actividad o de continuar con la profesión desde la óptica de la magistratura”, declaró en aquel momento a La Gaceta de Tucumán. Y sin hablar de su pasado, se atrevió a recomendar que para todo candidato a juez es fundamental conocer “los últimos precedentes” de “la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Nadie le repreguntó qué entendía él por Derechos Humanos.

Nacul comenzó a defender a Ferreyra en 1991, cuando el Malevo ya contaba con varios casos que de a poco iban moldeando su fama de pistolero de mano dura. En 1973 se les animó en una batalla callejera a 15 militantes de la JP, y poco después mató a Julio Alsogaray, miembro de Montoneros (“Los dos teníamos FAL, pero él dudó entre disparar y cubrirse”, dijo en esa oportunidad). La dictadura fue la mejor de sus épocas, gracias a la carta abierta que la policía tucumana le dio para ajusticiar tanto a opositores como a delincuentes comunes. En 1986 fue absuelto por la muerte de Enrique “Prode” Correa, y ya como jefe de la División Robos y Hurtos se encargó de pasar a mejor vida a los miembros de la banda Los Gardelitos. El triple crimen de Laguna de los Robles, el año en que Nacul se le acercó, le significó al Malevo una condena a perpetua dictada en 1993, pero cuando escuchó el dictamen se escabulló por la puerta trasera de los Tribunales rumbo al monte tucumano. Nacul se autoincriminó y dijo que él mismo le había aconsejado fugarse, para alivianar las consecuencias

Mientras, y siempre con el genocida Bussi como modelo, el abogado despuntaba el vicio político. Dice Sibila Camps en su libro: “Estuve en la provincia a fines de junio (se refiere a 1995), y las avenidas de la capital y del Gran Tucumán parecían infinitos y desprolijos tendederos de ropa, por los miles de pasacalles colgados por los 640 sublemas. El mismo Juan Carlos Nacul fue inmortalizado por un reportero gráfico de El Periódico, trepado a una escalera para sujetar un pasacalle de la lista que lo postulaba. Por las calles de tierra y por los caminos vecinales del departamento Cruz Alta traqueteaban carros voceando la venta de fruta y verdura. Por la ciudad, los megáfonos ensordecían con frases de campaña.”

Nacul negoció con Bussi. Primero logró que la perpetua a Ferreyra se transformara en dos décadas, y después que el criminal saliera a los cuatro años y medio. Hasta que se cansó de tantos tiros, y dejó de representarlo en 1999. El Malevo terminó suicidándose en 2008 para las cámaras de televisión, apoyado en el tanque de agua de su casa, con un disparo en la cabeza.

LA ESPALDA CUBIERTA DE LOS BLAQUIER. La provincia de Jujuy, el lugar del país en el que podría desembarcar Nacul como juez federal, es muy particular, debido a la impunidad de la que históricamente gozó el Ingenio Ledesma. Responsable de la contaminación ambiental, sobre todo en la ciudad de Libertador General San Martín, donde instaló la planta, la familia Blaquier esquivó en las últimas décadas cada una de las denuncias presentadas en su contra, tanto por daños ecológicos masivos como por complicidades con la dictadura militar, a raíz de persecuciones de trabajadores producidas después del golpe de Estado de 1976. El Ingenio aportó camionetas y hombres para el secuestro del ex intendente de la localidad Luis Aredez, y el 27 de julio del ’76 lanzó un gigantesco operativo recordado como La Noche del Apagón, en el que con móviles de la empresa, personal privado de seguridad y efectivos locales fueron arrancados de sus casas 400 trabajadores, 30 de los cuales permanecen desaparecidos. Olga, la esposa de Luis, encabezó históricamente los reclamos, hasta que en 2005 falleció como consecuencia de un carcinoma provocado por bagazo, el desecho de la caña de azúcar que Ledesma escupe al aire las 24 horas del día.

Los antecedentes de Nacul no parecen indicar la llegada de aires judiciales nuevos en tierra jujeña, que signifiquen una agilización de las causas que comprometen al emporio. En los últimos tiempos los reclamos de organismos de Derechos Humanos y damnificados particulares fueron constantemente demorados por el actual subrogante Olivera Pastor, ocupante del Tribunal Nº 2 al que aspira Nacul.

En 2003, luego de la derogación de las leyes de impunidad, las familias de los desaparecidos jujeños fueron abriendo investigaciones en forma particular e individual, que hasta 2008 significaron un paquete de 150 expedientes con la síntesis de lo ocurrido a casi 200 víctimas. A pedido de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, el titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de la provincia, Domingo Batule, dividió lo ocurrido allí en siete pesquisas y orientó una de ellas exclusivamente al papel llevado a cabo por el Ingenio Ledesma entre 1977 y 1983. Batule solicitó en su momento que fueran llamadas a declaración indagatoria más de 80 personas, pero la inacción de Olivera Pastor provocó que las causas cayeran, que varios acusados murieran sin que nadie los tocara (como Mario Paz, jefe de Relaciones Públicas del Ingenio durante La Noche del Apagón), y que otros escaparan fuera del país (el caso del ex Jefe de Inteligencia del Ejército provincial Juan Carlos Jones Tamayo, varias veces nombrado en los registros de la Conadep).

Además de archivar carpetas y provocar prescripciones en beneficio de los Blaquier, Olivera Pastor también es el autor de curiosos fallos en los que se privilegia la salud mental de los represores por sobre el sufrimiento de las familias a los que esos represores secuestraron y torturaron. Hace pocos meses, el magistrado ordenó que dos de los pocos condenados locales, Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni, salieran de la cárcel y cumplieran el encierro en sus domicilios debido “al estrés” que supuestamente habían demostrado a través de análisis médicos. Bulgheroni, formado en la Escuela de las Américas, fue amo y señor del penal de Villa Gorriti, y mencionado en 70 testimonios por la desaparición de aproximadamente 25 personas, entre ellas Luis Aredez.

De aquel par de centenares de casos iniciados en 2003, sólo uno está elevado a juicio, referido al secuestro de Dominga Álvarez de Scurta. Los acusados son Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez, Herminio Zárate, César Darío Díaz y Antonio Orlando Vargas.

En una oportunidad, cuando Sibila Camps intentaba encontrarse a solas con el Malevo para su investigación, Nacul la miró fijo y le dijo a los ojos: “Inténtelo. Yo no sé si usted le va a poder sostener la mirada. Los delincuentes, cuando los miraba, se cagaban encima.”

Quien dijo eso puede ser juez de la nación

“Le dieron un cargo y abandonó el caso”

Publicado el 14 de Agosto de 2011

En el año 2005, Juan Carlos Nacul representó a la familia Moreno en una causa abierta contra dos efectivos de la Policía de Tucumán, Esteban Pavón y José Enrique Roldán. Uno de los dos, mientras perseguían a un delincuente por la calle Chaco al 1600, en la capital provincial, efectuó un disparo que le destrozó el pie izquierdo a Augusto Brito Moreno. El chico tenía entonces 16 años, y estaba parado frente al domicilio de unos amigos. Las lesiones producidas fueron gravísimas, le motivaron a Augusto una discapacidad de movimiento, y además su madre debió enfrentar el costo del tratamiento médico inmediatamente posterior, que todavía se mantiene.Silvia Moreno, la tía de Augusto, envió a Tiempo Argentino la copia del escrito presentado por el abogado en septiembre de ese año, pero declaró a este diario que eso fue lo único que realizó el abogado. “No se volvió a presentar en la causa, ni tampoco hizo el seguimiento. Nos recibía en su estudio de mal humor y nosotros tolerábamos sus estados de ánimo, hasta que en un momento nos dijo que ya no podía patrocinarnos porque tomaría un cargo en el gobierno.”Ella y su hermana Norma, la madre de Augusto, llegaron a conseguir fotografías del proyectil reglamentario que le extrajeron al muchacho, tomadas por el médico cirujano Adolfo De Boeck. Según la familia, las imágenes llegaron rápidamente a Nacul para ser presentadas como prueba, pero el abogado nunca las incluyó en el expediente.

Nacul también fue señalado por adulterar una firma de Norma Moreno en un escrito, documento que terminó avalando la supuesta falta de interés de los denunciantes en seguir la causa contra la policía tucumana.

Fuente: Tiempo Argentino

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PIDEN JUZGAR AL JUEZ OTILIO ROMANO Y EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA TRATA SU SUSPENSION

Se acerca la hora de las definiciones

El fiscal pidió que se eleve a juicio oral la causa en la que el magistrado mendocino está procesado por delitos de lesa humanidad. El miércoles tiene cita en el Consejo de la Magistratura.

El camarista Otilio Romano no fue detenido porque sigue siendo juez.

Por Irina Hauser

Después de lograr dilaciones por casi dos años en las investigaciones por su papel durante la última dictadura, al camarista federal de Mendoza Otilio Romano se le avecinan dos frentes de tormenta juntos. El fiscal Omar Palermo pidió el viernes que sea llevado a juicio oral por los 103 hechos en los que está procesado como partícipe en su papel de fiscal durante el terrorismo de Estado: son secuestros, homicidios, allanamientos ilegales, torturas, robo de bienes y el archivo del caso de apropiación de una menor. La única razón por la que Romano no fue detenido todavía ante imputaciones tan graves que prevén prisión perpetua es que sigue siendo juez, según explican los querellantes. Este escenario podría empezar a dar un giro después del miércoles próximo, el día en que está citado a declarar en carácter de sospechoso ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Se presente o no, dada su comprometida situación en la investigación penal, es factible que por lo menos un sector del organismo intente suspenderlo.

Romano fue denunciado junto con el ex camarista Luis Miret en agosto de 2009 por un importante grupo de organismos de derechos humanos de Mendoza. Romano era fiscal durante la última dictadura y Miret era juez. Tuvieron muchos expedientes en común en ese período. El proceso de enjuiciamiento contra el segundo pudo avanzar y fue destituido en marzo de este año. Fue acusado por su “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”, en numerosos casos relatados por las propias víctimas. En buena medida, su remoción se convirtió en una señal o un hito a partir del cual se empezaron a destrabar otras investigaciones contra magistrados por lo que hicieron o dejaron de hacer en los años de plomo, convirtiéndose en sostenes civiles de crímenes aberrantes. Hasta el Consejo de la Magistratura armó una comisión especial que monitorea el avance de estos expedientes, como reveló Página/12.

Línea de conducta

Para ese entonces, sin embargo, Romano ya había logrado tender infinidad de obstáculos que, pese a estar en una situación penal mucho más complicada que Miret, le permitieron hasta el momento esquivar cualquier medida decisiva del Consejo. Miret está procesado en Mendoza por 30 hechos asociados a crímenes de lesa humanidad, en la mayoría de los cuales no se le adjudica una participación directa. Esto explica que a pesar de haber sido destituido no esté preso. Romano, en cambio, está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad ocurridos casi todos en el D2, el centro de detención que funcionaba en el Departamento de Policía de Mendoza.

“Sin la actuación del fiscal los represores no podían haber avanzado según dice la imputación en la causa penal”, explica a este diario Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). “Romano presenciaba declaraciones de detenidos que denunciaban torturas y que él no investigó, por lo tanto, las torturas seguían ocurriendo; también tomaba como válidos interrogatorios obtenidos bajo torturas para aplicar la llamada ley antisubversiva”, ejemplificó.

Además de apañar torturas y rechazar hábeas corpus de manera sistemática y con la misma lógica, Romano arrastra otras acusaciones ante la Justicia que, según dictaminó el fiscal Palermo, mostrarían una actitud de posible complicidad con la dictadura. Una es la que encarna la historia de Luz Faingold –incluida en las causales de destitución de Miret– quien en 1975, con 17 años, fue detenida y llevada a la cárcel de adultos de la D2. Su mamá, Luz Casenave, la buscó por cielo y tierra hasta que la encontró, cuando la indagaban. A pesar de que su familia la reclamaba y que era menor de edad, juez y fiscal negaron su restitución. En el D2, declaró Luz, fue atacada sexualmente. En ese lugar de detención contó que lo vio a Romano.

El actual camarista también está procesado por la apropiación de bienes de Alicia Morales de Galamba, a quien le saquearon la casa tras su secuestro. Cuando su abogado defensor pidió un informe a la Octava Brigada sobre dónde se encontraban los bienes, Romano se opuso –cuenta el abogado Salinas– con el argumento de que “si giraban ese informe convertirían al tribunal en una oficina de objetos perdidos”. “Tampoco investigó las torturas a Morales de Galamba”, agregó. Romano, además, impulsó el archivo de la investigación sobre la apropiación de Celina Manrique Terrero, invocando las leyes de punto final y obediencia debida pese a que no se aplicaron nunca al robo de hijos de desaparecidos. Años después ella recuperó su identidad.

Por estos y otras decenas de hechos, el fiscal Palermo pidió anteayer enviar a juicio oral a Romano (a Miret también) y ahora le toca firmar ese paso al juez Walter Bento.

En el Consejo de la Magistratura Romano estaba tranquilo. Había logrado que un juez ad hoc, abogado, Carlos Parellada, le hiciera lugar a una medida cautelar que frenó todo el trámite en el organismo que evalúa la conducta de los jueces con el argumento de que se lo estaba juzgando por lo que hizo como fiscal y no como juez. Recién cerca de fin de año, y tras una breve participación de la Corte Suprema, la Cámara mendocina, integrada por suplentes, dio vuelta ese fallo. A esta altura, ni siquiera las entidades de la corporación judicial, como la Federación Argentina de la Magistratura, están dispuestas a salir a defender a jueces procesados por crímenes de lesa humanidad.

Romano estaba citado para hacer su descargo en el Consejo antes de la feria judicial. Pero pidió una prórroga. Se la dieron, y debe presentarse este miércoles. Tiene la posibilidad de declarar por escrito, o de ir a contestar preguntas en persona ante la Comisión de Disciplina y Acusación. Lo haga o no, es factible que esta misma semana el consejero Hernán Ordiales (representante del Poder Ejecutivo) quien tiene a cargo la instrucción del caso, presente un dictamen acusatorio proponiendo la destitución. Tanto en el estamento de los jueces como de los políticos vaticinan que hacia el jueves 25 podrían llegar a debatir la acusación y la suspensión, para lo cual se requieren nueve votos en el plenario. Si esto vuelve a demorarse, Romano podría llegar a su juicio penal todavía con la toga puesta. Su detención sólo podría producirse si lo destituyen.

Fuente: Pagina 12, domingo

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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007

Juicio por Ragone

Revelan más irregularidades

en el procedimiento policial

Dos policías retirados brindaron ayer más datos sobre las irregularidades cometidas por la conducción policial luego del secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, cometido alrededor de las 8 de la mañana del 11 de marzo de 1976. Un testigo desconoció sus firmas en informes sobre supuestos operativos de búsqueda; otro dijo que a la Comisaría de Coronel Moldes la orden de buscar a la víctima y los secuestradores les llegó “a los días” del secuestro, que solo se destinaron dos policías, y la búsqueda fue únicamente “dos o tres días”.

Felipe Severino Oviedo (que se cambió el apellido Calpanchay por el de su verdadero padre), es comisario retirado. Ayer desconoció cuatro de cinco firmas suyas que aparecen en el sumario policial iniciado tras el secuestro.

Para la época del secuestro Oviedo (Calpanchay) era un oficial que se desempeñaba en la Dirección de Contralor General, en donde cumplía funciones de calle, que andaba de civil averiguando el paradero de personas buscadas. Y que cuando se cometió el secuestro solo recibió la orden de intensificar esta tarea y preguntar en hoteles, en lugares de llegada de pasajeros.

Sin embargo, en el sumario figuran dos informes suyos sobre procedimientos (rastrillajes, allanamientos, controles de ruta) supuestamente realizados en busca del ex mandatario. En el primer informe, realizado supuestamente por el propio Oviedo, se consigna que “fue comisionado con personal a sus órdenes para que se avoque a la investigación” del secuestro y que con ese cometido llevó a cabo distintos operativos, rastrillajes, allanamientos en 200 domicilios y controles de ruta.

Sin embargo, ayer Oviedo dijo que no son suyas las firmas estampadas en esos informes. “Yo no hice ningún procedimiento”, afirmó. Dijo que sí escuchó que hubo controles de ruta pero que él tampoco participó de estas actividades. De las cinco firmas que le exhibieron únicamente reconoció una, en la que aparece (junto al también policía Héctor Hugo Vargas) dando cuenta de una testimonial tomada en la investigación del secuestro, aunque dijo que tampoco recuerda haber llevado a cabo esta actividad.

En 1976 Fausto López trabajaba en la Comisaría de Coronel Moldes con el grado de oficial principal. Ayer, frente al Tribunal, recordó que a la Comisaría de Coronel Moldes la orden de búsqueda del ex gobernador llegó días después del hecho. Dijo que sus superiores (Luna o Puerta, no supo precisar) le ordenaron “hacer un rastrillaje en la zona”. Como punto de referencia para recordar el día en que recibió esta orden, contó que él se enteró del secuestro al día siguiente del hecho, es decir el 12 de marzo, y que la orden, que, según sabía, había sido enviada a su jefe por la Jefatura vía radiograma, les llegó “días” después de que se enterara.

López dijo que el rastrillaje se hizo en Coronel Moldes y Ampascachi también, pero “no en la zona del dique” Cabra Corral (donde una versión indica que se arrojó el cuerpo del médico) porque ahí estaban los Bomberos. Y que solo lo buscaron “dos o tres días”, de acuerdo a una orden que les llegó también de sus superiores. Y que buscaron “dos (policías) nomás” porque “había poco personal”.

En el secuestro de Ragone fue asesinado el comerciante Santiago Catalino Arredes y fue herida Margarita Martínez de Leal, una joven que también vio el secuestro.

Testimonio a domicilio

La presidenta del Tribunal Oral, Liliana Snopek, junto a la secretaria, Denise Blajean, irán hoy al domicilio de la ex jueza Martha Sofía Poma, para escuchar su testimonio. La medida se dispuso tras recibir un informe médico que asegura que la mujer está imposibilitada de concurrir a la sala de grandes juicios. Este testimonio ha sido propuesto por el fiscal Horacio Azzolín, quien insistió en que desea hacerle “una pregunta” a la ex magistrada.

Para la testimonial, la jueza dispuso que las partes le acerquen sus preguntas por escrito.

La sentencia se

dará en septiembre

La sentencia por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio del almacenero Santiago Arredes y las lesiones de Margarita Martínez de Leal se conocerá en los primeros de septiembre próximo, de acuerdo al cronograma previsto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta.

Los alegatos comenzarán el martes 23 de agosto, siempre que los imputados no decidan declarar. El fiscal Horacio Azzolín, los querellantes, representados por los abogados Matías Duarte (por la familia Ragone), Martín Avila (por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia), y David Leiva (por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia), y la actoría civil, la abogada Verónica Molina (por Margarita Martínez de Leal), deberán exponer sus argumentos ese día.

Los defensores, los abogados Marcelo Arancibia y Roque López Homes, por Rubén y Javier Herrera; Federico Petrina y Pablo Lauthier, por Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil, Joaquín Guil, Andrés Soraire y Héctor Zanetto, expondrán sus alegatos el 29 de agosto. El día 30 será la oportunidad para las réplicas y contrarréplicas, de haberlas.

Luego se pasará a un cuarto intermedio hasta el 2 de septiembre, cuando se les ofrecerá a los siete acusados la oportunidad de hablar antes de que los jueces Marta Liliana Snopek, Luis Giménez y Carlos Jiménez Montilla pasen a deliberar para decidir la sentencia. Los alegatos y el fallo podrán ser transmitidos en directo por los medios de comunicación que lo deseen.

Quiso ser luz en medio del apagón

Publicado el 7 de Agosto de 2011

Por María Adela Antokoletz

Militante en causas de Derechos Humanos. Amiga de Olga Aredez. Hija de María Adela Antokoletz.

Centro Cultural San Martín, en Capital. Un nutrido círculo de compañeras y compañeros de todos los organismos de Derechos Humanos. El SERPAJ otorga por primera vez sus Memoriales, premio al trabajo y la lucha por los Derechos Humanos. Olga Márquez de Arédez recibe el suyo. Suena una cueca, interior profundo del país. Olga sale, sonriente y airosa a bailar, su gesto invita a algún hombre a que se anime. Nadie. Ella baila sola. Nunca como entonces pude ver, en su donaire y con esa música que amaba, la potencia espiritual de quien se animó a enfrentar a una empresa gigante y la “escrachó” para siempre.

Pero atención: las Madres de Desaparecidos de Ledesma –que ella, esposa del detenido desaparecido médico Luis Arédez, impulsó hasta conformarlas como grupo– marcharon con ella; sólo el tiempo las fue desgajando y enfermando. Olga, la más fuerte y tenaz, marchó, al fin, sola. Todas sembraron unas pocas semillas que florecieron de a miles. Llevaban el cartel en las primeras marchas de Calilegua a Libertador General San Martín –de las que mi madre fue una firme participante– unas 30 personas, entre ellas algún borrachito. Esa marcha fue creciendo –toda otra marcha en la zona es patética imitación de la grande, la que ella inició, la que en 2011 convoca a unos 25 mil compañeros– y hoy es única en el Noroeste nuestro. Los dueños de la empresa Ledesma SAAI son enormemente cultos. Carlos Pedro Blaquier y su ex esposa Nelly Arrieta aman el arte, cumplen el papel de mecenas. Propongo a los lectores imaginar una escena –real, ocurrida hace 34 años–: transcurre la cena en el hermoso comedor de la casa familiar, en el Ingenio. Invitados a pasar unos días en ella, se hallan el escultor Roberto Bobby Aizenberg y su compañera, Matilde Herrera. Matilde observa la llegada de capataces que cuchichean con el dueño de casa, ve pasar de mano en mano hojas de papel (sin duda, Papel Ledesma) con listas de nombres, deduce que se agregan y quitan apellidos de esa larga columna fatídica. Esa noche surgen deliberados apagones en Calilegua, en Libertador. Los transportes del Ingenio trasladan clandestinamente a centenares de personas. Esa noche se sella el pacto siniestro. No hay familiar alguno al que echarle responsabilidades: la empresa impulsa la represión; Ejército y Gendarmería la ejercen, la Iglesia local la bendice (¿o no hemos visto y escuchado al cura párroco de Libertador en el filme de Ludin y Milstein Sol de Noche?).

Ledesma SAAI reprimió en pasados siglos a comunidades indígenas –mano de obra esclava, vidas descartables en el surco–; hoy esa línea continúa. Vale la pena leer al respecto, y romper la censura a la que está sometido en el partido de Libertador el libro de la anciana pintora e historiadora local (y ex detenida política) Olga Demitrópulos Diez décadas de Libertador. Y vale leer la publicación de Delia Maizel Memoria del Apagón.

Matilde nos contó a Olga y a mí aquella anécdota ominosa. Días después de esa cena sería secuestrado Martín, hijo de Matilde (los otros dos hermanos, en mayo del ’77). Matilde falleció en 1990.

Crece un carcinoma en los pulmones de Olga, quien jamás fumó. Los diagnósticos indican su origen: bagazosis, por acción contaminante de Ledesma SAAI. Cuatro meses antes de morir, Olga, con patrocinio del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, presenta un recurso de amparo contra la empresa y el Estado de Jujuy por comisión de delitos de incidencia colectiva –contaminación de la población–. En febrero de 2006 se expide Casación provincial y, en noviembre, tres ministros del Supremo Tribunal de Jujuy rechazan el recurso; el cuarto, Héctor Tizón –excelso novelista y juez pionero–, lo defiende: “Los daños causados en el medio ambiente es el gran tema del siglo XXI y es deber de todos coincidir en que esos daños se prevengan, ya que, una vez producidos, resultan en la práctica de una casi imposible reparación.”

Olga supo vivir con gracia y compromiso; lúcida, supo también prepararse y prepararnos para su muerte. Por algo me dijo: “Ahora comprendo el significado de esta zamba”, por algo la cantaba con frecuencia. Jorge Reguera acertó, con su letra y su música: “Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme.”

Dominio territorial y política destituyente

Publicado el 7 de Agosto de 2011

Por Dr. Norberto Liwski

Presidente de CODESEDH. Profesor asociado de Adolfo Pérez Esquivel en la cátedra Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Hace más de 20 años, Olga Aredez junto a Emilio Mignone, Adolfo Pérez Esquivel y Chicha Mariani, entre otros, impulsaron la constitución del CODESEDH, en los tramos finales de la dictadura cívico militar, y con profesionales del campo de la salud y el derecho, de participación en la resistencia cívica y lucha por los Derechos Humanos.

Olga siguió cerca de nuestro recorrido institucional y de los afectos. En diciembre de 2004, algunas horas después de que recibiera de manos del presidente Néstor Kirchner el Premio Nacional de Derechos Humanos, momento en que se denunciaran las violaciones pasadas y presentes en el territorio del Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, nos visitó para pedirnos que la acompañáramos en la denuncia por contaminación ambiental, derivada del tratamiento del bagazo de la caña de azúcar y productora de la enfermedad de bagazosis. Nos exhibió estudios bioquímicos que certificaban este daño respiratorio irreversible. Eran sus estudios. “Tal vez, decía ella, entre mi bagazosis y la de miles de mis vecinos de Libertador General San Martín, es que pude obtener el diagnóstico previo en el Hospital Italiano de la provincia de Córdoba, donde ellos no tienen acceso”.

En febrero de 2005, con el patrocinio de CODESEDH, Olga presentaba el Recurso de Amparo ante la justicia jujeña. Días antes de su muerte y luego de una primera batalla judicial –seguirían muchas otras– se lograba en el Departamento Judicial de San Pedro, Jujuy, la realización de una audiencia entre las partes. Días antes, desde su lecho agonizante, junto a su hija Olga, me pidió que cuando ella partiera, tomase su lugar en el recurso y en la búsqueda de la justicia. En esa oportunidad, fuimos acompañados en carácter de Amicus Curiae por el CELS, SERPAJ, FARN y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Conocimos de cerca los extremos de la arrogancia y prepotencia de los representantes de la empresa, produciéndose situaciones que obligaban a interpelarse sobre la libertad de conciencia de los diversos actores. El Juzgado de Primera Instancia argumentó a lo largo de 15 páginas a favor de la presentación del recurso, y en su resolución, lo desaprobó. Una perito oficial que años antes había estudiado –mediante un test dérmico– la incidencia de la bagazosis en la población cercana al Ingenio, determinando que el 17,8% de la población se hallaba infectada, al momento de informar al tribunal se excusó de completar el estudio por no residir en la ciudad del ingenio. Su conducta mereció el rechazo de la comunidad científica. El poder económico ponía de rodillas a la ética profesional.

Luego, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, en fallo dividido, rechazó el recurso con una digna disidencia del doctor Héctor Tizón. Llegado en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta aplica el Art. 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, no resolviendo sobre la cuestión de fondo.

En simultáneo, en mayo de 2006 el Juzgado Federal de Jujuy resuelve aceptar nuestra condición de querellante en el expediente y en todas las causas en que se investiga violación a los Derechos Humanos entre 1976 y 1983, que tramitan ante este juzgado”, según dice la resolución. Entre ellas se estableció un agrupamiento de las zonas donde se produjeron los delitos, o los centros clandestinos de detención donde fueron alojadas las víctimas del terrorismo de Estado. En esa subdivisión, se identifica el grupo “Ingenio Ledesma”, con 63 casos de secuestro, torturas y desaparición forzada, que incluye trabajadores, representantes gremiales, y el propio doctor Luis Aredez, médico del sindicato e intendente del municipio de Libertador General San Martín.

El impulso de esa causa ha requerido, a petición de los querellantes, de intervenciones de la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dada la lentitud manifiesta en la instancia de instrucción. A la fecha ha sido elevado a juicio oral parte del grupo denominado “Penal de Villa Gorriti”.

CODESEDH, junto con el Centro Acción Popular Olga Márquez de Aredez, efectuó un pronunciamiento público a horas de desatarse la brutal represión contra las familias que reclamaban tierras para sus viviendas dentro de acuerdos preexistentes para la sanción de un proyecto de ley de adjudicación de esas tierras. En el referido comunicado, entre otros conceptos, se expresaba: “La connivencia del Ingenio Ledesma con los crímenes de lesa humanidad, la persistencia en sistemas de producción de manifiesta contaminación ambiental y de reconocida afectación en la salud de los trabajadores y pobladores, sumado al actual episodio represivo, confirman la decisión de ese poderoso grupo económico de llevar hasta sus últimas consecuencias sus dominios territoriales y de desestabilización política y destituyente de la vida democrátrica de la Nación.”

Consecuentemente con la historia de CODESEDH en la defensa de los Derechos Humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Libertador General San Martín presentamos en estas horas la correspondiente querella contra los autores materiales e intelectuales de los delitos perpetrados contra la población dentro del predio de Ledesma y con la activa y reprochable intervención de la policía de la provincia de Jujuy.

La impunidad, los sistemas productivos contrarios a la dignidad humana suelen concurrir como socios activos de proyectos y metodologías enfrentadas al derecho de los pueblos, y a su vez, estos no abandonan su inclaudicable lucha por la justicia y la libertad.

Ricardo aredez: el hijo de un ex intendente desaparecido, y de olga, fallecida por contaminación

“Los que piden tierras en Jujuy llevan sangre india de los viejos zafreros”

Publicado el 7 de Agosto de 2011

Por Daniel Enzetti

En Libertador, la ciudad tomada por el Ingenio Ledesma desde hace décadas, el cementerio no tiene más lugar para sepultar a sus muertos. Los paredones chocan contra la propiedad privada del grupo, y ya no hay para dónde correrse.

El mismo problema de las tumbas lo tiene el sistema educativo, según reconocieron las autoridades locales al ministro Alberto Sileoni, cuando el funcionario intentó poner en práctica la construcción de establecimientos a partir de una demanda en la región.La familia Blaquier carga con todo. Los cuatro muertos del mes pasado, elegidos entre los que se atreven hoy a pedir unos metros de tierra para vivir, se agregan a la historia del crecimiento a sangre y fuego de uno de los grupos empresarios más concentrados del país. Impune a pesar de la Noche del Apagón, cuando con camiones de la planta, el 27 de julio de 1976, la dictadura secuestró a casi 400 habitantes de la región, 30 de los cuales permanecen desaparecidos. El ingenio, cómplice también en la desaparición de Luis Aredez, ex intendente de Libertador que se atrevió a enfrentarlo, es dueño del 80% del Departamento Ledesma, uno de los que integra la provincia. Se trata de unas 173 mil hectáreas cultivables, más otra cantidad similar de zona boscosa. Expansión aprovechada en la época de Juan Carlos Onganía, cuando a partir del cierre de once centros tucumanos de caña y una fuerte crisis azucarera, obligó a los pequeños zafreros jujeños a vender sus pequeños lotes por monedas.Olga Aredez, la mujer de Luis, fue hasta 2005 la bandera del reclamo de la gente. Pero en marzo de ese año, un carcinoma por bagazosis –a raíz del bagazo, el desecho de la caña de azúcar que los habitantes de Libertador respiran toda la vida– provocó su fallecimiento. “Es increíble las vueltas de la historia que soportaron mis padres”, dice Ricardo. Y completa: “A los dos terminó matándolos el poder económico.”“Mi vieja nos empujaba a pelear para saber dónde estaban los restos de nuestros familiares desaparecidos –agrega–, como única manera de cerrar la historia en una provincia que sufrió mucho, olvidada, y con un tremendo monstruo empresarial que maniató a todos los gobiernos regionales, sin excepciones. El símbolo de esa lucha fue y es la Marcha del Apagón. Los comienzos de esa marcha estuvieron sembrados por el miedo general, con no más de 30 familiares caminando por la ruta, desde Calilegua hasta Libertador. Recuerdo imágenes impresionantes: la gente asomada a la ventana mirándonos pasar, y persignándose en señal de respeto, pero sin salir de sus casas. Recién a los 20 años de aquellas desapariciones en la ciudad, cuando María Adela Antokoletz y Víctor De Gennaro organizaron actos en Buenos Aires, el tema se hizo conocido, y fue creciendo hasta la actualidad, con la presencia de casi 30 mil personas.”

–¿Cuál es la línea que une esa pelea con la actual crisis de la tierra en la provincia?

–Ahí está la cuestión. Los que no conocen la expansión del ingenio Ledesma y su manera de pisotear al que se le cruza en el camino, creen erróneamente que este es un simple problema de espacio y de falta de plata para levantar una vivienda. No es así, se trata de algo mucho más complicado.

–¿Qué abarca el dominio territorial del ingenio?

–Sobre todo el Valle de San Francisco, con la ciudad de Libertador en el centro. Tienen llano y selva, e incluso subsuelo rico en petróleo, como en la región de Caimancito. José Martínez de Hoz era muy amigo de la familia Blaquier, y siempre iba a cazar a la provincia. En aquella época fue el promotor de una ley para ceder a la empresa los sectores con yacimientos. En extensión, controlan aproximadamente el 80% del departamento de Ledesma. El cementerio de Libertador, por ejemplo, ya no tiene espacio para ubicar tumbas, pero en la actualidad no se puede expandir porque el predio choca contra las tierras privadas de los Blaquier. Eso da la pauta de lo grave de la cuestión, incluida la inacción de la provincia y el municipio. Nunca hicieron cumplir una ley que existe sobre expropiación, porque siempre hubo componendas y complicidad entre la empresa y las administraciones de turno. Recién lo hicieron ahora, después de cuatro muertos. En la vida democrática de un país hay momentos de gran tensión, y ese es el momento que hoy se vive en Jujuy. Instantes en que un gobierno nacional tiene que actuar, sin que con esto se interprete que se viola la autonomía. Las cartas están sobre la mesa, no podemos denunciar más de lo que hemos denunciado durante todos estos años. Al gobernador (Walter) Barrionuevo no hay que dejarlo solo, porque no es alguien en quien se pueda confiar. Sólo en Libertador las familias que tomaron tierras superan las 2500, y no se van a ir. Estoy de acuerdo en que el Estado nacional se cuide de inmiscuirse en problemas internos, pero la crisis territorial jujeña rebalsó lo interno, indudablemente. Conozco la zona y a su gente. Viví allí mucho tiempo y estoy seguro que si no se descomprime la situación, las consecuencias pueden ser gravísimas. Hablo de gente indignada por el atropello, por el abuso, por la injusticia permanente. Gente que lleva adentro la sangre india de los viejos zafreros chiriguanos, que cuando salen a la calle, salen a morir por sus familias y por sus hijos. En 1992 hubo un hecho similar, cuando los habitantes cortaron rutas y la Gendarmería, en camionetas de la empresa, reprimió y dejó un saldo de varios heridos.

–¿Cuándo fue la primera vez que Olga caminó sola en la plaza de Libertador?

–Después que murió la última madre de los desaparecidos de Ledesma que la acompañaba, Sixta Tejerina Reales. El grupo era mayor, y se reunía los jueves, pero como las presiones de la empresa crecían, y a los que trabajaban en el ingenio los amenazaban si los veían marchar, las que aguantaron fueron ellas dos. Tras el fallecimiento de Sixta, mamá quedó sola y soportó hasta que su enfermedad no la dejó mover. Fue un hecho clave que impactó a mucha gente, y por el cual lo que había pasado en la provincia durante la dictadura se hizo conocido en todo el mundo. Fijándose en eso, Hebe de Bonafini dijo alguna vez que desde los lugares más chicos y olvidados surgirían las grandes cosas, y tuvo razón. Ahora los tiempos son distintos pero los aprietes de la empresa continúan. Filman cada uno de los movimientos de la gente, con cámaras manejadas por la guardia privada.

–En 1973 el FREJULI le ofreció a tu papá ser intendente de Libertador, y también hubo represión de la guardia del ingenio.

–Sí, fue cuando la secretaria general de la asociación de educadores provinciales Marina Vilte, desaparecida, pronunció un discurso conmovedor en apoyo a los obreros azucareros que por primera vez se atrevían a llevar adelante una huelga. Acá hay un tema digno de destacar: los Blaquier siempre se prepararon para reprimir y cuidarse las espaldas. La policía privada de la empresa Ledesma fue entrenada especialmente por asesores franceses que habían operado en la guerra de Argelia, expertos no sólo en castigo físico, sino además en inteligencia. Recuerdo todavía cuando nos visitaban en la escuela primaria, tipos altos y rubios, que daban charlas sobre comportamiento, sobre supuestos cuidados necesarios en la calle. Mi padre asumió la intendencia el 25 de mayo de 1973 y estuvo ocho meses. Nunca la empresa en toda su historia había tributado impuestos y fue él el que impulsó una ley para que aportara esos dineros, con la idea de que fueran destinados a la construcción de barrios obreros. Fijate que en ese momento, el problema de la falta de tierra ya era grave. Era médico pediatra, y el ingenio lo contrató en 1958 para que atendiera a los hijos de los zafreros, en un momento en que la mortalidad infantil era altísima. Los obreros cortaban caña con 50 grados de calor, y sus hijos morían como moscas.

–Fue curioso el vínculo de Luis con el grupo. Primero presenta su currículum, lo aceptan, lo despiden y al final el ingenio se convierte en responsable de su desaparición.

–Los dos años en que él estuvo se los pasó pidiendo medicamentos para los obreros, pero el ingeniero Herminio Arrieta siempre le contestaba que a la empresa lo único que le interesaba era hacer negocio y que no había plata para medicina. Esquivó un intento de despido gracias al apoyo de los mismos trabajadores, hasta que lo echaron. Comenzó a trabajar en el hospital de Tilcara, donde nací en 1959, y al año siguiente compró un terrenito en Libertador para instalarse con la familia y poner el consultorio. Mi casa-consultorio se convirtió en el punto de reunión de los trabajadores del ingenio, que se atendían sin importar si tenían plata o no. Por esa casa pasaron Arturo Illia y Agustín Tosco, todo el mundo quería conocer a ese médico medio raro que atendía en Jujuy (se ríe). Incluso los sindicatos chilenos lo invitaron a la asunción de Salvador Allende, pero papá no pudo ir.

–Era radical. ¿Creía en lo que se dio en llamar camporismo, en aquella renovación planteada en ese momento?

–Sí, porque tenía mucha confianza en la juventud. A pesar de vivir en un feudo siniestro, era feliz cuando veía a los pibes participar en política. Para él, el camporismo era nuevo y esperanzador. Una de las cosas que recordó siempre fue las jornadas de trabajo voluntario que la JP armó cuando con pico y pala trazaron el primer camino entre Libertador y Tilcara. Mientras ocupó el cargo en la municipalidad nunca se olvidó de su profesión. Un día abrió una cuenta en la farmacia Muñoz, para que los zafreros sacaran los remedios que necesitaban. A fin de mes, iba y pagaba de su bolsillo. Pero más allá de su especialidad, era un médico tan respetado que hasta el personal jerárquico de la empresa, y sus esposas, docentes de Jujuy, lo elegían para tratarse.

–¿Qué decía Olga?

–No entendía cómo su marido bancaba las pastillas y los jarabes de los obreros, y ella no tenía plata para maquillaje (se ríe). Mamá era docente, fanática del debate y la Historia pero no tan cercana a lo político. La primera vez que lo secuestraron, el 24 de marzo de 1976, para ella significó una bisagra. El operativo fue a las 4 de la mañana, con una camioneta de la empresa Ledesma manejada por personal propio y efectivos de las Fuerzas Armadas. Yo pude ver todo desde mi habitación. Estuvo un año preso en la cárcel de Villa Gorriti y después en La Plata, hasta que lo liberaron en marzo del ’77. La dictadura, en complicidad con el ingenio, le prohibió trabajar a menos de 15 kilómetros de Libertador y eso ocurrió hasta mayo de ese año, cuando lo secuestraron definitivamente, con auto y todo. A partir de ahí empezaron las amenazas constantes, las violaciones de domicilio, los grupos de tareas vigilando, los allanamientos, los robos. La ciudad estaba aterrada, hasta que llegó la gran Noche del Apagón el 27 de julio, que en realidad fueron varias noches, y no una. Ese 27 las luces se apagaron exactamente a las 10 de la noche. Yo estaba sentado en la plaza, quise volver, y cuando estaban a punto de meterme en un camión, un gendarme le dijo a otro “esperá, a este no que es Aredez”. Dieron electricidad a las 6 de la mañana del día siguiente, y desde ese momento, mi casa de Victoria 561 nuevamente se convirtió en lugar de encuentro, esta vez para los familiares de desaparecidos que venían desesperados a buscar ayuda. Es increíble las vueltas de la historia que soportaron mis padres. A los dos terminó matándolos el poder económico. Está demostrado que el carcinoma que originó el fallecimiento de Olga fue por bagazosis, con estudios certificados por el Hospital Italiano de Córdoba. Y el responsable de esa enfermedad es la empresa Ledesma. En un trozo de pulmón que le sacaron a mi madre pude ver el hollín que carcome el organismo y origina la enfermedad.

–¿Por qué esos estudios no se extendieron a todo Libertador?

–Por el tremendo peso del poder empresarial del ingenio, y porque llegar a la conclusión de que los carcinomas son fruto del bagazo significan análisis carísimos que la gente no puede pagar. Los habitantes respiran eso todo el día, viven con nubes de humo negro y falsas bronquitis, sienten el olor a huevo podrido de la celulosa mezclada con productos químicos, y ven enormes chimeneas escupir veneno las 24 horas, todo el año. El Barrio Jardín es el más afectado, ubicado junto a la montaña de bagazo más grande, a cielo abierto, que según organismos internacionales debería estar a no menos de 15 kilómetros de los lugares poblados. El juez jujeño Héctor Tizón, un brillante escritor exiliado y perseguido por la dictadura, fue el único que se animó a hablar de este tema y pedir que se haga algo con la contaminación masiva. En la otra vereda, el Colegio Médico provincial ni siquiera opinó. El ingenio nunca respetó la democracia, y siempre arrasó con todo. Explotó a sus trabajadores, secuestró gente durante la dictadura, contaminó a una provincia entera, y fue ocupando cada vez mayor cantidad de hectáreas, sin que ningún gobierno local hiciera absolutamente nada. Pero ahora es distinto. La gente está muy enojada, y puede pasar cualquier cosa.

Fuente: Tiempo Argentino

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El juicio por Ragone, en las últimas diligencias antes de los alegatos Ayer se incorporaron las declaraciones de los testigos fallecidos, y la del ex juez Roberto Castro, imposibilitado de declarar en persona. Hoy habrá audiencia para saber qué se hace con los testimonios de Felipe Calpanchay y Fausto López, pedidos por las querellas, y se informará también como sigue el cronograma de audiencias, ya con los alegatos de las partes, en la última parte del juicio oral y público por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. Dado que están fallecidos, se incorporaron mediante lectura los testimonios de Enrique Pfister Frías, que fuera ministro de Gobierno de Ragone; de Mario Salvadores y de Carlos Caprini Castellanos. Pfister Frías declaró en 2004, cuando se reabrió esta causa. Recordó que una semana antes de la intervención a su gobierno, concretada en noviembre de 1974, se reunió con Ragone y ante sus advertencias acerca de que debía irse de la provincia, el todavía gobernador le respondió: “Si estos hijos de puta me quieren matar, que me maten”. Que dijo que había disfrutado de sus hijos y sus nietos, que había alcanzado lo más importante que un hombre puede lograr, que es ser gobernador de la provincia. Pfister Frías contó que el ex gobernador y el entonces jefe de la Policía, Miguel Raúl Gentil, tenían una relación “pésima”, que “había una animadversión de piel desde que se conocieron”. Recordó que a poco de asumir la gestión ragonista, Gentil fue a la Casa de Gobierno y les dijo que iban a tener en cuenta cómo se desempeñaban para “lo que pudiera corresponder”. Que posteriormente el militar exigió la renuncia de algunos funcionarios, cuando ya el ministro del Interior, Benito Llambí, hacía las mismas exigencias, las que finalmente motivaron el alejamiento del intendente de Salta, Gerardo Bavio, y la del propio Pfister Frías, entre otros. El ex ministro de Gobierno, que tuvo que salir del país ante las constantes amenazas que recibía, recordó también que durante la gestión de Ragone se investigó a un grupo de policías acusados por apremios ilegales, entre ellos el ex jefe de Seguridad, Joaquín Guil, que está siendo juzgado ahora, y que luego fueron amnistiados y exigieron ser reincorporados a la fuerza. Dijo que en este fin eran acompañados por otros actores políticos que también presionaban para la reincorporación de estos policías. Los testimonios de los ex jueces Mario Salvadores y Roberto Castro también se refirieron a la investigación por apremios ilegales contra 21 oficiales de la Policía de Salta, policías federales y militares. Todos policías Caprini Castellanos declaró en 2004 también. Contó que el día del secuestro, el 11 de marzo de 1976, estuvo en el lugar del homicidio de Arredes, la esquina de Del Milagro y Apolinario Saravia, que allí el carnicero conocido con el apodo de El Siciliano, que alquilaba el local a Arredes, le dijo: “Lo bajaron de un tiro, en un auto en el que iba el hermano”. Y que ante su respuesta de duda, El Siciliano insistió en que conocía a Roberto Arredes y que iba en el segundo automóvil utilizado para secuestrar a Ragone, que también alcanzó a ver al policía de apellido Sayens, que eran policías los ocupantes, porque los conocía debido a que iban a su negocio.

Juicio por Ragone

Testigo dijo que la Jefatura ordenó no

hacer la autopsia al cuerpo de Arredes

El médico Eduardo Moisés sostuvo ayer que el jefe del área de Medicina Legal de la Policía de Salta le ordenó que no realizara la autopsia del cuerpo del almacenero Santiago Catalino Arredes, asesinado de un disparo durante el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, la mañana del 11 de marzo de 1976.

“Doctor, hay orden de la superioridad o de la Jefatura –no recuerdo bien cómo dijo- de entregar urgente el cadáver”, contó Moisés que le ordenó su jefe inmediato, el comisario médico Tamayo Ojeda (ya fallecido), cuando a las 11 de la mañana del 11 de marzo de 1976 le pidió autorización para hacer la autopsia del cuerpo del almacenero.

En 1976 Moisés se desempeñaba en el Hospital San Bernardo, donde era ayudante de Ragone, médico cirujano. El testigo también se desempeñaba como médico forense, con el cargo de oficial principal por entonces. La mañana del 11 de marzo del 76 pasó por la esquina de Del Milagro y Apolinario Saravia, donde estaba tirado el cuerpo de Arredes, y al ver “uno o dos policías”, se acercó y verificó que el almacenero estaba ya muerto. Contó que por eso, más tarde, ya en la sede policial, informó a su superior que había constatado el deceso y pidió autorización para hacer la autopsia. A diferencia de lo que indicaba el protocolo, recibió la orden inusual de no realizar la autopsia y, en cambio, le indicó que hiciera el certificado de defunción porque “había un pedido urgente de la familia, que había un oficial superior de la familia, de apellido Arredes”.

Moisés narró que entonces revisó el cuerpo, vio que tenía una herida de bala en el pecho, “en la región precordial” y que tenía orificio de salida en la zona lumbar, y confeccionó el certificado.

Ante preguntas del fiscal Horacio Azzolín, el médico confirmó que en 23 años de desempeño como médico legista esta fue la “primera vez” que no se hizo una autopsia.

Fuera de estas afirmaciones, el testimonio de Moisés estuvo cargado de frases referidas a su falta de memoria, justificadas en el tiempo transcurrido. “No recuerdo. Discúlpeme, doctor, no recuerdo”, fue la oración más repetida. La falta de memoria le valió un llamado de atención del abogado Martín Avila, querellante por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, que se mostró extrañado que no recordara cuestiones vinculadas al procedimiento habitual.

Según consta en el expediente, el comisario Roberto Arredes, que en marzo de 1976 era jefe de Personal, fue quien firmó una “autorización” para que el cuerpo de su hermano, Santiago, fuera entregado sin realizarle la autopsia. Roberto Arredes ha sido señalado como integrante del grupo de oficiales que, junto al entonces jefe de Seguridad, Joaquín Guil, perseguían y amenazaban a dirigentes sociales y políticos.

Ayer también declaró una sobrina de Santiago (y Roberto) Arredes, Norma Gutiérrez. En 1976 tenía 18 años y vivía con Santiago, su propia madre y su abuela, la madre de la víctima. Dijo que ni su madre ni su abuela autorizaron que no se realizara la autopsia, y que todos los trámites relativos a la muerte y al tratamiento del cuerpo estuvieron a cargo de los hermanos varones de Santiago Arredes: Manuel, Isaac (ambos fallecidos) y Roberto. Recién ahora, durante este proceso, se hizo la autopsia al cuerpo de Santiago Arredes. Demostró que el autor del disparo mortal estaba a mayor altura que el comerciante.

Ayer también declaró Martha Asunción Muruaga. Afirmó que el policía Pedro Bonifacio Vélez contó haber participado del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

Vélez era radio operador en Pichanal, fue secuestrado en mayo de 1977. Por su secuestro y desaparición están acusados tres policías. Muruaga también recordó, aunque dijo que “vagamente”, que Vélez decía que trabajaba en un grupo a las órdenes de Joaquín Guil, que “parece que era el jefe de Policía”, sostuvo la testigo, un tanto parca.

Martha es hermana de Rosa Muruaga, quien también aseguró que Vélez les confesó haber participado del secuestro y que el ex primer mandatario había sido asesinado.

Alegatos

Las audiencias continuarán hoy. Aún resta que declaren algunos testigos y que se incorpore la restante prueba pero ayer el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta informó a las partes que pretende comenzar con los alegatos el miércoles de esta semana.

Sin embargo, es posible que los alegatos queden pospuestos para la otra semana (el debate se reanuda semana de por medio) debido a que ayer había consenso entre la Fiscalía, los querellantes y los defensores en pedir tiempo para preparar sus alocuciones, dado que se trata de un proceso largo y es mucha la prueba a considerar.

Y aún hay prueba que está siendo solicitada. Ayer mismo los abogados insistieron con algunos testigos. El fiscal Horacio Azzolín no desistió todavía del testimonio de la ex jueza Martha Sofía Poma, imposibilitada de declarar en la víspera por un problema de salud; el abogado Matías Duarte (representante de la familia Ragone) reiteró que considera importante el testimonio del policía Felipe Calpanchay y recordó al Tribunal que la Policía Federal aún no mandó los archivos solicitados. Martín Avila insistió con el testigo Fausto López y el abogado David Leiva (querellante por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia) pidió un careo entre los testigos Juan Carlos Villamayor y Néstor Finetti