H.I.J.O.S. METAN Y LA COMISION DE DDHH DE METAN EXIGEN CÁRCEL COMÚN PARA EDUARDO DEL VALLE

Salta:Testigos revelan que NIÑOS DE TRES AÑOS fueron victimas de la represion en la dictadura en Metan

Testigos dieron detalles de la aplicación del terror en Metán

“Me levanta la sábana

 con la ametralladora”

Por Elena Corvalan

Seis de los ocho testigos que declararon ayer en la continuidad de la Causa Metán, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de la provincia Salta, describieron las persecuciones, el hostigamiento, los allanamientos a deshoras de la noche y abusos a los que fueron sometidos por miembros de la Policía de la provincia, de cuyos operativos no quedaban a salvo ni los niños de tres años. Tres testigos contaron haber despertado con armas en sus rostros.

Otra vez fueron señalados los policías Rafael Rolando Perelló y Eduardo del Carmen del Valle como partícipes de estos hechos, además de otros policías, como el inspector Echenique. Este era quien comandaba al grupo de unos 20 policías, entre ellos Del Valle y Perelló, que la madrugada del 4 de mayo de 1976 rodeó la casa de los Núñez, entró a patadas y detuvo a cuatro hermanos, tres (junto a un primo, Juan Núñez, que fue detenido en Rosario de la Frontera) recuperaron la libertad en días subsiguientes, Pedro Francisco Núñez quedó detenido y fue desaparecido.

Juan Carlos Núñez tenía 16 años, esa madrugada despertó con un arma en la cabeza. En calzoncillos Echenique lo golpeó y lo obligó a buscar su documento con la boca, manteniendo las manos detrás de la nuca, luego lo sacó al patio, donde esperaban sus hermanos, ateridos. Con apenas los pantalones puestos, los llevaron a la Comisaría de Metán, donde quedaron de pie, las manos en la nuca, mirando a la pared. Oscar, el último de los hermanos en salir, que ayer declaró por videoconferencia desde Buenos Aires, recordó que vio a Pedro en la Comisaría: “tenía la nariz y los labios lastimados”.

Lo que vino después obligó a la separación de la familia: mientras los padres iban de la Comisaría de Metán a la capital provincial, sin recibir información de Pedro, los hermanos libres eran sometidos a una persecución que alejó a los amigos y los obligó a exiliarse. “Salíamos y éramos detenidos por averiguación de antecedentes, a pesar de que nos conocían a todos”, contó Juan Carlos. Los cuatro hermanos militaban en la organización vecinal, y Pedro militaba además en la JP.

Ahí militaba también Mario Monasterio Sánchez, desaparecido el 28 de enero de 1976. Su prima, María Eva Sánchez, que entonces vivía con él en la casa de los abuelos Fernando Sánchez y María Santos Ordóñez, describió la última visión que conserva de él: “Mario pasa y alguien le pregunta, creo que era mi abuela, ‘¿comiste Mario?’ Y dice: ‘sí, una salchicha’. Al rato pasa y dice ‘me está persiguiendo el auto ése’”. Por la ventana María Eva vio un auto y rogó: “Mario no salgás”. Mario encaró hacia su habitación, que tenía salida independiente. Al día siguiente notaron su ausencia.

La familia de Fernando Sánchez Arreyes sufrió 4 allanamientos antes del secuestro. “Recuerdo siempre la violencia, la brusquedad, el maltrato verbal. Yo tengo aún hoy el sonido del peso de los pasos”, de las cosas arrojadas con violencia; una vez un policía le levantó “la sábana con la ametralladora”, recordó la testigo. “Después quedábamos como devastados, no hablábamos”. El grupo de tarea cortaba las calles y entraban por los fondos, a veces con reflectores. El último allanamiento fue al mediodía de la desaparición de Mario: lo encabezó el policía Mario o Hernán Coronel, de traje y arma en mano.

José Bustos, amigo y compañero de militancia de Monasterio, contó que el joven había sido detenido y torturado antes de la desaparición. Dijo que él mismo fue seguido constantemente y fue detenido en 1981, oportunidad en que la policía allanó su casa y sacaron a su padre “a las patadas. Mi sobrino, de tres años, lloraba y lo agarraba a mi papá”.

En 1978 Antonio Navarrete trabajaba en la finca de donde fue secuestrado Orlando Ronal Molina. También tuvo un despertar violento: le envolvieron la cara con una sábana, asfixiándolo, lo interrogaron sobre Molina, lo maniataron y lo golpearon. Tardó una hora en liberarse y buscó a los obreros que habían quedado en el monte, adonde los atacantes los habían obligado a meterse, antes de llevarse a Molina: “Ellos no querían salir, ‘se metamos en el monte’, decían, y se metieron como tres horas, tenían miedo de que vuelvan y los maten”, contó el testigo.

Piden la inmediata

detención de Del Valle

El fiscal federal Francisco Snopek pidió ayer al Tribunal Oral Federal de Salta que se ordene la inmediata detención del ex director de Tránsito de Metán Eduardo del Carmen del Valle. El Tribunal prefirió dejar la decisión para más adelante.

La solicitud (una reiteración de otra realizada por vía escrita) se hizo luego de que declarara Carmen Gladis Vázquez, una comerciante de Metán miembro de una familia que sufrió la persecución terrorista del Estado durante los años 70.

Vázquez relató que Del Valle fue a su comercio en noviembre o principios de diciembre de 2013. Además de sugerir una amenaza, “¿te acordás de mí?”, para entonces estaba con prisión domiciliaria, por lo que no debía abandonar su casa. Vázquez dijo que en aquel tiempo no sabía que Del Valle estaba en esta situación y por eso no denunció el hecho antes. Dijo que en realidad tomó conciencia de esta situación cuando comenzaron los testimonios en el juicio que se lleva a cabo en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de la provincia, en el que ex director de tránsito y policía es uno de los principales acusados.

Un asado para infiltrarse

Oscar y Juan Carlos Núñez sostuvieron ayer que el oficial de Policía Rafael Perelló hizo tareas de inteligencia antes que del operativo en que fueron detenidos y su hermano Pedro fue desaparecido.

Oscar contó que Perelló “estuvo esa semana” en la casa del mecánico Juan Navarro, que era vecino. “Iba todos los días con el pretexto de hacer arreglar el auto y era para vigilar. Se hizo de todos los muchachos de la cuadra, hablaba con todos. Incluso pagó asados para ganarse la confianza de los pibes de la cuadra y después no volvió más”, contó.

Navarro, ya fallecido, era esposo de Ramona Rosalía Rueda de Navarro, que ya ha sido sindicada como colaboradora de los represores. En la misma cuadra hubo un operativo en la casa de la familia Ortega, en el que fueron desaparecidos los hermanos Luis y José. 

Fuente; Agencia de Noticias DDHH

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Carmen Gladys Vazquez sostuvo ante un Tribunal Oral que vio a Del Valle violar su domiciliaria

La testigo Carmen Gladys Vazquez, señalo durante su testimonio a Eduardo del Carmen Del Valle.Cuando  se dirigió al Tribunal: "es el que tiene una bufanda", respondiendo a la pregunto si podía reconocerlo.

 Gladys es una comerciante de la ciudad de San Jose de Metan, tiene un negocio de refrigeración junto a su marido. Un día de diciembre o noviembre no recuerda bien Eduardo del Valle se presento en el negocio de refrigeración  y le pregunto entre risas si se acordaba de el. Ella no lo reconoció de  momento, pero cuando lo hizo no le quedaron dudas, y si tardo en hacer la denuncia fue porque desconocía cual era la condición procesal de Del Valle en ese momento. Pero cuando su marido el Sr. Bustos  fue llamado a dar testimonio en este mismo juicio, en relación a  su detención  fue cuando cayo en la cuenta de que Eduardo del Valle había estado incumpliendo los acuerdos de su arresto domiciliario. Fue entonces que se dirigió ante la fiscalia y radico su denuncia.

Al termino de la declaración de la Sra Vazquez  el fiscal Snopek  pidió al Tribunal Oral que se revirtiera  de forma inmediata  la detención domiciliaria de Del Valle, no solo por haber faltado a ella, sino por la posibilidad de fuga  del mismo, al igual que  de la forma que relatara la testigo las circunstancias en que se encontró en su negocio con el imputado, este ejercicio una suerte de intimidación hacia la misma. Lo que podria, volver a repetirse con ella o con otros testigos que importen en la causa. El TOF decidió tomarse un TIEMPO MAS para decidir que hacer.

Jujuy: Sigamos luchando por romper el maldito pacto de silencio. El jueves la condena en el segundo juicio

Seguimos luchando para romper el maldito pacto de silencio

2º juicio acusados con logosPor José Luis Politi. Era jueves, amanecía, y en Jujuy, en pleno otoño, era el primer día del año en la gente caminaba y sacaba por la boca el “humito” del frío, que nos anticipaba el invierno. Pero otros, que estamos vivos, pensábamos en otra cosa, teníamos un mínimo de esperanza de que sucediera. Pero nada pasó: sigue el pacto de silencio entre los represores, a lo largo y ancho del país.

Teníamos un hilo de sueño de que ese pacto, diabólico para miles de personas que pisamos, vivimos y sufrimos esta hermosa tierra, se cortara. Pero la trama macabra y de horror sigue tejiéndose. Seguiremos esperando, mientras ellos sigan pudriendo sus huesos roídos de dolor en la cárcel común y sus manos sigan sangrando sangre de mujeres y hombres que luchaban por una provincia, un país y un mundo mejor para todos y todas.

 El pacto de silencio que sellaron hace muchos años tiene la bendición de esos representantes de dios en la tierra que, por acción o por omisión, también tienen manchas de sangre en cuerpo y alma.

Los represores que están siendo juzgados en el segundo juicio en Jujuy, estarán contando las horas que les quedan hasta que sean condenados por la justicia terrenal, y sienten que la justicia divina, Dios y sus representantes en la tierra le darán cobijo, más allá de los homicidios, tormentos, torturas, secuestros y robos. Pero no es así.

 Cinco de los seis represores imputados utilizaron el jueves pasado su derecho de la última palabra, y lo usaron para mantener el pacto de silencio e insistir en su inocencia ante el accionar de las fuerzas represivas, durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

 Como era de esperar, deslindaron responsabilidades de los hechos por los cuales se los juzga y solicitaron que “se haga justicia”. Uno de ellos, Ortiz, aseguró: "Pongo mi vida en manos del Señor”. Todavía que el hermano del “Señor” Ortiz, que use el derecho de la última palabra, capaz que viene una sorpresa y rompa el sello del pacto, pero… 

 Pasaron ocho meses de audiencias, en las que escuchamos testimonios de exdetenidos y familiares de las siete víctimas que son la razón del juicio, que develaron qué pasó cuando los detuvieron en la cárcel de Gorriti, desde los últimos días de mayo al 10 de junio de 1976, el día en que los sacaron del penal para que nunca más se sepa nada de ellos. Solo los restos de la maestra Dominga Álvarez de Scurta fueron hallados e identificados en el cementerio de Yala en 1984.

 Pero nosotros, que en este proceso somos uno solo, queremos saber qué hicieron con Juana Francisca Torres Cabrera, Alicia Ranzoni, Jorge Turk, Pedro Torres Cabrera, Jaime Lara Torrez y Osvaldo Giribaldi, que siguen en calidad de detenidos-desaparecidos.

 La presidenta del TOF, Fátima Ruiz López, aclaró a cada uno de los imputados que las palabras finales "deben ser lo último que usted quiere que recordemos cuando nos sentemos a deliberar". Faltan horas para la sentencia. Y nosotros seguiremos luchando, esperando que en el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad alguien rompa el maldito pacto de silencio que corroe los cuerpos y las almas.

Fuente: http://www.elsubmarinojujuy.com.ar

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Salta: Testigos revelaron que vecinos colaboraban en la represión. Aportaban combustible y carne a la policia

Causa Metán: finqueros colaboraban

 con combustible para la Policía  

Por Elena Corvalan

Testigos confirmaron ayer, en el marco de la Causa Metán, que en la década del 70 finqueros del sur de Salta colaboraban con la Policía aportándole combustible y carne. Otro testigo, Segundo Rodríguez, ratificó su convicción de que integrantes del grupo de tareas Guardia del Monte asesinaron a su hermano Oscar Ramón Rodríguez y a su primo José Lino Salvatierra.

“Soraire ha andado allá tres veces en el monte (antes del doble asesinato)”, aseguró Rodríguez. Luego se explayó, con lenguaje campechano lleno de diálogos, sobre las razones que lo llevan a la convicción de que el oficial Andrés del Valle Soraire y otros miembros del grupo de tareas Guardia del Monte asesinaron a sus parientes, convicción que compartía su hermano Domingo Nolasco, fallecido hace un año.

En 1977 Segundo vivía en la finca de los Rodríguez. Ahí recibió las visitas de la Policía; dos fueron a la noche, la última fue tres días antes de la emboscada, el 10 de mayo de 1977. La primera vez fueron “Soraire, Valle, Acosta y Corbalán”. En las dos últimas visitas Soraire insistió en saber si Nolasco iba a ir por la finca y en qué vehículo andaría: “Pasado mañana va a venir porque tenemos que cargar este carbón”, respondió Segundo. Tres días después se enteraba por Nolasco de la muerte del hermano menor y del primo, que conducían el camión en lugar de Nolasco.

Los primos, de 21 y 23 años de edad, habían sido emboscados en la finca El Tunal, en el departamento Anta, la noche del 10 de mayo de 1977. Ahí los habrían matado, los cargaron en la caja de la camioneta en la que andaban los agresores y arrojaron los cuerpos en el paraje Loma Pedregosa, a dos kilómetros de la ruta nacional 16 y, y carca de la finca San Jorge. Dejaron un cartel: “Por ladrón y cuatrero”.

Segundo ratificó también que el propio jefe de Policía, Carlos Carpani Costa, reconoció –en presencia del jefe de Seguridad, Joaquín Guil- la autoría del hecho por parte de Soraire y los otros policías, y que en retribución le ofreció matar a “cuatro, cinco” enemigos suyos.

La audiencia de ayer dejó en claro que el vale todo impuesto por el terrorismo de Estado fue aprovechado en algunos casos para dirimir diferencias personales, y también para obtener ganancias. En este sentido, fueron quizás más importantes los silencios y las expresiones con doble sentido que las palabras expresadas.

Hugo Garrett era administrador de la finca San Jorge, o finca Colbert como la conocían. Contradictorio, corrigiéndose cada vez que le hacían notar esta circunstancia, fue uno de los que confirmó el maridaje entre finqueros y policías: “Él trabajaba en la Policía y nosotros colaborábamos con él”, dijo cuando le preguntaron si conocía a Soraire. Luego aclaró: entregaban nafta y carne, e información cuando robaban vacas. Sobre las víctimas, dijo que no las conocía pero que sabía que a la familia Rodríguez le decían “Arbolitos” y se comentaba que eran cuatreros. El abogado querellante Juan Carlos Galli le hizo notar que en un año y medio en la finca hubo “una merma de 8 mil a 4 mil vacunos, ¿usted cree que los cuatreros pudieron llevarse 4 mil cabezas?”, interrogó. Al testigo le costó explicar y argumentó que tan abultado faltante pudo haber sido consecuencia de un error en el conteo. Segundo y Nolasco Rodríguez también han dado cuenta de que aportaban combustible para la Policía.

El finquero Miguel Ángel Sastre se aferró a la falta de memoria. “¿A qué se dedicaba Soraire?”, llegó a retrucar ante la pregunta acerca de si lo conocía.

La investigación del crimen de Salvatierra y Rodríguez se tramitó primero en la justicia provincial. Soraire, Fortunato Saravia, Santos Leonides Acosta y Miguel Ángel Corbalán fueron acusados pero el proceso fue interrumpido por autoridades militares (que alegaron la participación de los acusados en el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone). La causa fue reabierta en 1984, en 1986 Saravia fue condenado y los otros fueron absueltos. En 1987 se ordenó que se dictara una nueva sentencia respecto de Soraire, que ya se había fugado.

En 2007 fue detenido en la causa Ragone, de la que fue absuelto por la duda en 2011. Pero no recuperó su libertad porque para entonces el crimen de “Los Arbolitos” ya había sido declarado delito de lesa humanidad.

La audiencia continuará hoy, con más testimonios. En este proceso se juzga también a los policías Eduardo del Carmen del Valle, Rafael Rolando Perelló y Marcos Honorio Medina y a los ex militares Carlos Mulhall y Miguel Gentil, por delitos cometidos en el sur de la provincia, entre 1976 y 1978.

Fuente: Agencia de Noticias DDHH

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La Comisión Provincial de la Memoria impulsa la concurrencia de docentes y estudiantes a los juicios

La experiencia piloto se centra en el de La Cacha, que se realiza en La Plata 

Juicios: La Comisión Provincial de la Memoria impulsa la concurrencia de docentes y estudiantes

Memoria Verdad y Justicia - Télam

Matías Martin posa para una campaña anterior, organizada por HIJOS

La Plata.- La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) realizó una capacitación para más de 50 docentes de escuelas públicas y privadas a fin de promover la concurrencia de los estudiantes a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde el programa Justicia y Memoria se ofreció a los docentes una instancia de capacitación que, a partir de un recorrido histórico, presenta algunas herramientas para trabajar con los jóvenes el proceso que atravesó la justicia argentina desde 

1983 a la actualidad. Este año, el programa impulsa la presencia de los estudiantes en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Cacha, juicio que se desarrolla en la Plata.

Para ello, los docentes recibieron una capacitación especial a cargo de Verónica Bogliano, querellante en la causa y miembro del programa de Litigio Estratégico de la CPM.

La directora del programa de Capacitación y Producción de Materiales, María Elena Saraví, dijo que "los testimonios realizados en la instancia judicial siempre aportan elementos para comprender cómo funciona un terrorismo de estado" y sostuvo que "esto para los chicos es muy movilizador e interesante para pensar sobre nuestro pasado y también reflexionar sobre la justicia actual en un sentido más amplio".

Además, subrayó que "las víctimas y los perpetradores circularon y circulan por espacios no tan lejanos a los jóvenes como son la escuela y el barrio".

En tanto, la directora de Litigio Estratégico, Margarita Jarque, explicó que el contenido de la capacitación "consiste en un recorrido entre la impunidad y la verdad y la justicia que ha caracterizado a la historia reciente de nuestro país".

"El objetivo es que los docentes puedan transmitir el contexto histórico en el que se desarrollan los juicios actuales", dijo.

Fuente: Telam

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La Plata: Escuela Naval: los jefes de la Marina en el banquillo de acusados. Secuestraron y torturaron a trabajadores de las fábricas

La causa fue elevada a juicio oral

Escuela Naval: los jefes de la Marina en el banquillo de acusados

Por primera vez en una causa por delitos de lesa humanidad, se juzgará el accionar de la Marina en el Polo Industrial de La Plata. Allí persiguieron, secuestraron y torturaron a trabajadores. La investigación estuvo a cargo de fiscales federales y fue elevada a juicio. También se indagará sobre la complicidad empresarial.

 El BIM 3, donde hoy funcionan facultades de la Universidad de La Plata, fue base de operaciones de la represión en la región

Por: Juan Manuel Mannarino

Carmelo Cipollone, ex delegado de Propulsora Siderúrgica, fue secuestrado en la madrugada del 24 de marzo de 1976, a horas de concretado el golpe de Estado. Se lo llevaron de su casa de la calle Mitre al 4000, en Berisso, y lo cargaron en un colectivo junto a un gran grupo de obreros de Siderúrgica, Astilleros y el frigorífico Swift. "Alrededor de mi casa había tropa de Marina, apuntando", recordó. Esa madrugada ocurrió un  mega operativo comandando por la Marina en el que cientos de personas con actividad gremial fueron detenidos ilegalmente. En micros los “pasearon” por los barrios de Ensenada y luego los subieron a un barco, donde los torturaron. Encapuchados y desnudos, fueron conducidos hasta un edificio de la Armada que funcionó como centro clandestino. Allí los interrogaron, con simulacros de fusilamientos y los amenazaron con arrojarlos al Río de La Plata. Después los derivaron a los otros centros de detención del  denominado Circuito Camps.  

Cipollone debió exiliarse en Italia. Hace diez años, ante un tribunal federal, también acusó a empresarios. “Tengo la sospecha de que Néstor Corteletti, mi exjefe de Personal de Propulsora, fue el que me marcó”, dijo  y señaló también al abogado de la empresa, de apellido Fidanza, como una de las personas que también "andaban marcando gente". El de Cipollone es uno de los casos de “Escuela Naval”, una causa que fue elevada a juicio  tras una instrucción realizada por fiscales federales de La Plata. No será un juicio más por delitos de lesa humanidad: por primera vez se pondrá la lupa en el accionar de los jerarcas de la Marina. Se calcula que habrá cerca de cien víctimas.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales federales de La Plata Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández. Los fiscales aseguraron a Infojus Noticias que la causa, elevada a juicio en marzo de este año, marcará un antes y un después en entender cómo funcionó la Armada en los circuitos represivos de la capital bonaerense. Dijeron, además, que no sólo pondrán la lupa en los represores sino que investigarán la complicidad empresarial, tal como lo señaló Cipollone. De la investigación se desprende otro dato revelador: mientras la dictadura cívico militar benefició a algunas  empresas –como Propulsora Siderdúrgica, del Grupo Techint- persiguió duramente a los trabajadores sindicalizados.

La zona del puerto es uno de los enclaves fabriles clave de la región. Forma parte del cordón industrial bonaerense –incluye a Berisso, Ensenada y el río Santiago- y allí se concentran, además del tráfico de aduana, grandes industrias como YPF, Astilleros Río Santiago, IPAKO, Propulsora Siderúrgica y Petroquímica Mosconi. En los ´70, había aproximadamente entre 15 y 20 mil trabajadores. Muchos de ellos fueron perseguidos y secuestrados en centros clandestinos de la Armada.

La novedad de esta instrucción es que involucra a los miembros vivos con mayor grado de responsabilidad en las acciones desplegadas por la Fuerza de Tareas Nº5 (FT5) de la Armada, uno de los ejes del plan represivo que hasta ahora había sido eclipsado por la investigaciones en torno de la Policía conducida por Ramón Camps, según informó recientemente el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La causa “Escuela Naval” tiene como imputados a seis jerarcas de la Armada, a dos jefes de la Prefectura Naval y a otros dos oficiales de esa fuerza. Se trata del ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tarea Nº5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg; el ex comandane del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIM3), José Casimiro Fernández Carró; el segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIM3, Ángel Antonio Mocellini, quien además cumplió funciones como comandante del grupo de tareas de la FT5, y el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIN3, Roberto Eduardo Fernando Guitian. También son investigados los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza.

Están acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago, que fueron confinadas y torturadas en centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada. En este sentido, la acusación fiscal desarrolla los hechos que damnificaron a tres víctimas desaparecidas, otras 36 secuestradas y torturadas que finalmente sobrevivieron y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata, en pleno centro de la capital bonaerense.

La pista de la complicidad empresarial

“Es una causa grande, ahora estamos trabajando sobre las puntas de la complicidad empresarial. La continuación de la investigación es compleja y queremos profundizar en los marinos y los prefectos de la zona para establecer mayores precisiones sobre la cadena de mandos. Buscamos que el juicio empiece lo antes posible porque hay represores con edad avanzada”, dijo a esta agencia el fiscal federal Hernán Schapiro. El pedido no es casual: en La Plata hay juicios en curso por otras causas por delitos de lesa humanidad –como “La Cacha”-, y los fiscales exigieron que la justicia no priorice unos sobre otros. En el camino, ya fallecieron represores como Néstor Estévez, uno de los jefes de la FT5.

A cargo de los jerarcas de la Marina estaba la temeraria FT5, que reunía al personal, las instalaciones y la logística de la Escuela Naval Militar (cuyo director ejercía el comando de la Fuerza de Tareas), el Liceo Naval Almirante Brown, el Hospital Naval Río Santiago, el BIM3, la Prefectura La Plata, el Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Infantería de Marina y otras dependencias con asiento en La Plata, Berisso y Ensenada. 

Así lo detalló el informe de la fiscalía: "Salvo los casos de Méndez y Meza, los imputados por esta Fiscalía son ex funcionarios que ocuparon cargos jerárquicos dentro de la estructura de la Armada Argentina, cuya función consistió en llevar adelante la ejecución del plan criminal trazado por la autoridades del gobierno de facto en las ciudades de Berisso, Ensenada y en la zona del Río Santiago, pretendiendo la eliminación del denominado 'oponente subversivo'", que, precisaron los fiscales, "eran aquellos trabajadores y trabajadoras con actividad gremial o militancia social en la zona”.

Persecución antes de la dictadura

Los investigadores descubrieron, además, que existió “un contexto de persecución contra los trabajadores previo a los militares”. En efecto, precisaron que la intervención de los marinos en el terrorismo de Estado estaba prevista en el denominado Plan de Capacidades C.O.N Nº 1 “S”/75, conocido como “Placintara”, dictado el 21 de noviembre de 1975, en el marco de las previsiones que había implementado el entonces flamante Consejo de Defensa, un organismo creado en los decretos de "aniquilamiento de la subversión" firmados durante el gobierno constitucional. 

El “Placintara” estableció que la Armada Argentina “debe operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de la propia jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras FF.AA, detectando y aniquilando las organizaciones subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del estado”. 

Los fiscales remarcaron que, en ese contexto, luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 comenzaron a funcionar en su jurisdicción cuatro dependencias como centros clandestinos de detención: la ex base naval, la sede de la Prefectura, el BIN3 y el Hospital Naval Río Santiago. 

"Este esquema represivo operó fuertemente en los primeros meses de la dictadura cívico militar, y las víctimas que por allí pasaron permanecieron privadas ilegalmente de su libertad por periodos no muy prolongados", indicaron. En la presentación, los fiscales consideraron que las condiciones de detención en los centros clandestinos “configuran tormentos” y también fundaron el agravamiento de la privación ilegal de la libertad “en el análisis de género e interés superior del niño”, dado que las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales y algunos de los prisioneros eran menores de edad. La causa “Escuela Naval”, subrayó la investigación, consideró esas acciones como delitos de lesa humanidad y como crimen de genocidio.

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