Lesa humanidad: Metalúrgicos narraron las torturas que padecieron
“No era tanto la golpiza,
sino el aislamiento”
Por Elena Corvalan
En la sexta audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral Federal de Salta, cinco integrantes de la comisión directiva de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contaron ayer sus detenciones, el mismo día del golpe de Estado o en los días siguientes, y las torturas que padecieron en la Central de Policía, en dependencias de Caballería del Ejército y en las cárceles donde cumplieron las condenas que, en algunos casos, les impuso un tribunal militar tras declararlos culpables de tenencia de armas de guerra. El secretario general del gremio, Mario Amelunge Vargas, sostuvo que el peor sufrimiento fue el aislamiento al que fueron sometidos durante dos años, por lo que calificó a la cárcel de Villa Las Rosas de “modelo de tortura”.
La noche del 24 de marzo de 1976 un grupo de policías, de uniforme y de civil, irrumpió en la casa de Amelunge Vargas. Él los esperaba, pero no se imaginó que la cosa “iba a ser tan dura”: la patota rompió la puerta, mató el perro y lo arrastró al vehículo, donde le vendaron los ojos y lo arrojaron al piso. En la Central de Policía lo interrogaron y golpearon.
Al día siguiente lo llevaron a la Caballería, en los campos que tiene el Ejército en esta ciudad, donde fue sometido al “submarino”, colgado de los pies y con una bolsa de plástico atada al cuello lo sumergían en un tanque con agua. Le preguntaban por unas armas. Varios detenidos eran sometidos a la misma tortura, entre ellos Román Vázquez,. “Algunos se desmayaban. No sé si morían o no. A mí me torturan (también) con la picana eléctrica”, contó Amelunge Vargas, quien calculó que estuvo unos 15 días tirado en el piso, sin probar bocado.
Tras ese período fue llevado al Penal de Villa Las Rosas, de donde era sacado para asistir al Consejo de Guerra que lo juzgó, junto a los otros miembros de la UOM, y lo condenó a 5 años de prisión por tenencia de armas de guerra. Ya con la condena, y luego de que se llevaran a los once presos políticos que mataron en la Masacre de Palomitas, el 6 de julio de 1976, la situación en la cárcel empeoró: cada uno fue ubicado en celdas tapiadas, sin luz, “totalmente incomunicados”, sin baño y con la posibilidad de poder ir a un sanitario solo a la madrugada. Así, “desaparecidos”, permanecieron por dos años. Amelunge Vargas sostuvo que esta fue la peor tortura: los carceleros entraban a cualquier hora y los golpeaban, los bañaban con agua fría, o los obligaban a desnudarse y los sacaban al patio en invierno, y todo el tiempo se llevaban gente que no volvían a ver; y, sin embargo, “no era tanto la golpiza, sino el aislamiento, no veíamos el sol (…), no veíamos nada de nada. La gente empezaba a gritar”, y los volvían a golpear por esto, y cuando ya no podían hacerlos callar, les daban una inyección para dormirlos.
En 1978 Amelunge Vargas, junto a otros detenidos, fue trasladado en un avión Hércules a la cárcel de Sierra Chica, en Azul. En medio de golpes, siempre con vendas en los ojos, los subieron al avión, donde los esposaron al piso y los golpeaban por cualquier motivo. En Sierra Chica la humedad y los constantes baños con agua fría y la exposición al frío enfermaron a muchos: “algunos vomitaban sangre, estaba tuberculosos, yo me agarré el asma ahí”. El sindicalista dijo que era tanto el sufrimiento que algunos “buscaban la forma de matarse”.
Un año después fueron trasladados a la Unidad 9, en La Plata, donde las condiciones mejoraron (las celdas eran para dos personas, tenían ventanas, camas, una mesita y un banquito), aunque no estaban a salvo de golpes y amenazas.
Junto a Amelunge Vargas fueron detenidos, entre otros, el secretario adjunto de la UOM, Augusto Tomás Zambrano; el secretario administrativo, Alfredo López; los vocales Román Vázquez y Dardo Zuletta, todos declararon ayer. Salvo Zambrano, que tenía un hermano policía, todos fueron torturados.
La UOM de los 70
Con la conducción de Mario Amelunge Vargas, la UOM fue uno de los gremios que en 1974 fustigó al gobierno de Miguel Ragone acusándolo de permitir la infiltración de “elementos subversivos”.
Luego de varias intentonas para hacer caer la gestión de Ragone, en mayo de 1974 la UOM adhirió a un paro por tiempo indeterminado que lanzó la CGT “hasta la renuncia (…) o la remoción del gobernador de Salta, doctor Miguel Ragone”.
La conducción metalúrgica estaba enrolada en la lucha contra los peronistas de la tendencia, pero no pudieron evitar que, una vez cometido el golpe, la represión se volviera también contra ella.
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Piden la nulidad de dos audiencias
porque actuó un fiscal de la cautelar
El defensor oficial Oscar Tomás del Campo planteó ayer la nulidad de las audiencias del 16 de diciembre pasado y el 3 de este mes porque contaron con la intervención del fiscal general Carlos Martín Amad, cuya designación está entre los 13 nombramientos de la Procuración General de la Nación que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación cuestiona en un amparo.
El defensor recordó que está vigente una medida cautelar que suspende estos nombramientos, dictada en primera instancia por el juez Esteban Furnari y confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Sostuvo que esta decisión alcanza a la designación de Amad como fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta y que por lo tanto no puede intervenir en estos procesos. “Pido la nulidad de la actuación del doctor Amad y de todo lo actuado por él”, concretó cuando el presidente del Tribunal, Marcelo Juárez Almaraz, lo instó a que expresara cuál era su planteo.
El fiscal general Francisco Snopek, que interviene en este proceso junto al fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, respondió que la actuación de Amad “es legal”, que está vigente la resolución de su nombramiento, y solicitó “el rechazo de la nulidad”. Añadió que contaba con la copia de la resolución que habilita a actuar en este proceso a Amad. Del Campo insistió a su vez con que contaba con las decisiones que demuestran que el fiscal “está inhibido de actuar”.
Juárez Almaraz interrumpió la discusión informando que el Tribunal posponía su decisión, aprovechando que ayer no estaba Amad, y por lo tanto no había apuro por resolver.
Saravia tiene defensora
La defensora oficial María Ximena Colombres asumió ayer la defensa del comisario retirado Antonio Saravia, quien está siendo juzgado por dos hechos de homicidio y una tentativa de homicidio, por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, hecho en el que se mató a un testigo y se intentó hacer lo mismo con otra testigo.
Esto posibilitó que se abriera el debate en la denominada Causa Ragone II, en la que también están acusados los comisarios retirados Néstor Liendro y Abel Guaymás, en su caso por encubrimiento. Ayer ninguno quiso declarar.
Al principio Colombres se excusó de asistir a Saravia porque también defendió a sus jefes, Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil (ya condenados por Ragone), pero el Tribunal dispuso que se abocara a la defensa. Colombres acató la decisión, pero “bajo reserva” porque, aseveró, ya advierte un choque de intereses entre su actual defendido y quienes fueron sus jefes.
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