viernes, 26 de abril de 2013






 
 
EL PAIS › TEXTUALES DEL PEDIDO

La carta

 
- Las Abuelas de Plaza de Mayo queremos manifestar nuestra satisfacción frente a la elección de un Papa argentino, que ayudará, con su sabiduría, a trabajar por los sectores más olvidados y desposeídos.
- Deseamos que, en su nuevo rol como máxima autoridad de la Iglesia Católica, pueda arbitrar los medios necesarios para colaborar en la búsqueda de los casi 400 nietos y nietas que aún hoy no han recuperado su verdadera identidad. Así como también nos ayude a saber qué ocurrió con nuestros hijos e hijas desaparecidos, durante la última dictadura cívico-militar.
- Las Abuelas buscamos de manera pacífica, a través del diálogo y la Justicia, reconstruir lo que el terrorismo de Estado quiso borrar. En este largo camino, que comenzamos solas, con peligro, dolor, miedo y desconocimiento, uno de los grandes obstáculos ha sido el silencio.
- La dictadura no sólo aniquiló a nuestros hijos y se robó a nuestros nietos, sino que además disolvió todas las pruebas que nos permitirían saber qué hicieron con ellos. Es por eso que para nosotras, cualquier dato, por mínimo que parezca, es un bien fundamental para poder localizar a los hijos de nuestros hijos. En este sentido, solicitamos a Usted que pida a los miembros de la Iglesia Católica y a sus feligreses que brinden la información que tengan sobre el paradero de nuestros nietos y nietas desaparecidos.
- Las Abuelas hemos restituido la identidad a jóvenes que fueron entregados en adopción por el Movimiento Familiar Cristiano; la Justicia argentina ha citado a declarar a Hermanas que durante la última dictadura trabajaban en lugares donde funcionaban Centros Clandestinos de Detención, como lo fue Campo de Mayo. Ellos seguramente puedan brindar información precisa.
- Han pasado ya 35 años desde que comenzamos a buscar a nuestros familiares, queremos abrazar a nuestros nietos y contarles su historia. Por eso rogamos a Su Santidad explique a los miembros de la Iglesia y a sus feligreses que es un deber cristiano brindar información sobre el destino de los niños desaparecidos en Argentina. Que Usted les advierta que constituye un pecado ocultar crímenes catalogados por la comunidad jurídica internacional como de lesa humanidad, como lo son secuestros, asesinatos y robos de bebés perpetrados por el terrorismo de Estado.
- Rogamos también a Usted, tenga a bien abrir los archivos del Vaticano, así como los que existen en los arzobispados de Argentina, para conocer si allí hay algún dato que nos dé la felicidad de encontrar a alguno de nuestros nietos.
 
 
 
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La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quedó satisfecha con su encuentro con el Papa.
 
 
Por Elena Llorente
Desde Ciudad del Vaticano
Estela de Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, tiene la esperanza de que lo que ayer le dijo el papa Francisco, al concluir la audiencia pública de los miércoles en la Plaza de San Pedro, abrirá un nuevo camino en la búsqueda de los 400 nietos aún desaparecidos. Carlotto, la abuela Buscarita Roa, que ya encontró a su nieta, y Juan Cabandié, nieto recuperado y legislador porteño, le entregaron una carta al Papa en la que le pedían su ayuda y que se abran los archivos vaticanos y de la Iglesia argentina que puedan proporcionar información sobre los niños desaparecidos.
Aunque el diálogo de ayer fue breve, las Abuelas quedaron satisfechas porque Francisco, contó Carlotto, les dijo “cuenten conmigo” cuando le pidieron ayuda. “Fue un encuentro muy agradable, muy lindo. El Papa quiso vernos. No es que dijo ‘no, por ahora no’ –contó Carlotto a Página/12– . Ha tenido gestos importantes, como esa carta que le mandó a Hebe de Bonafini (la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo) y recibir en audiencia al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Ahora, mi esperanza y mi convicción es que las cosas van a cambiar. El papa Francisco es el jefe de la Iglesia de allá. Tiene que haber un cambio. No digo que salgan a pedir perdón, a hacer discursos. No queremos discursos. Queremos acciones que lleven al encuentro de los nietos y a saber dónde están sus padres.”
“Este papa es una persona abierta, sencilla. Nos habíamos quejado porque él, siendo el cardenal Bergoglio, nunca habló de nuestros problemas”, añadió.
Por ahora, no piensan mandarle al Papa ninguna lista de eventuales lugares o archivos argentinos donde se podría investigar sobre los nietos. “Queremos que el Papa vea todas las carpetas que le hemos enviado. O mejor dicho que le hizo llegar la embajada argentina ante la Santa Sede, sobre cada uno de los casos de nietos desaparecidos. Quien tenga acceso a esos datos los puede manejar con la Iglesia de allá (por Argentina) y destapar los archivos y empezar a ver. El Papa puede analizar todo o mandar a que lo hagan otros, porque para eso es el Papa”, puntualizó.
Estela de Carlotto recordó que las Abuelas fueron recibidas en 1998 por Juan Pablo II en el Vaticano, pero nunca tuvieron respuesta a sus pedidos. “Juan Pablo II nos dijo que sí, que conocía el problema de los nietos desaparecidos. Y agregó ‘todos oramos por ellos’. Cuando volvimos a la Argentina dijimos que la frase del Papa ‘todos oramos por ellos’ significaba acción. Pero no cambió nada. Hay que ver ahora la reacción de la Iglesia oficial argentina.”
En una rueda de prensa que, poco después de estar en la Plaza de San Pedro, las Abuelas ofrecieron en la residencia del embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, Carlotto agregó que “si el Papa dice: ‘Vengan, las voy a ayudar’, entonces también nos van a ayudar los creyentes. En la carta que le dimos no hay reproches, ni culpas. Para echar culpas hay que tener pruebas”, añadió, subrayando que estaba “completamente convencida” de que el Pontífice respetará su compromiso y que ellas están ahora esperanzadas, porque no quieren morirse sin conocer a sus nietos.
Contó también que nunca le había estrechado la mano al cardenal Bergoglio aunque sí lo había conocido en la Catedral de Buenos Aires en ocasión de una ceremonia y el Papa al parecer recordó ayer ese momento cuando hablaron. “Después de aquel encuentro en Buenos Aires no pasó más nada. El nunca habló de nuestro problema. Había un poquito de dolor entre nosotras por eso. Pero hoy se nos presentó la oportunidad y ese ‘cuenten conmigo’ que nos dijo fue como una señal de afecto de un hombre sencillo, simple. Cuando empezamos a hablar nos tomó de las manos. Y nos dio luego un beso. La verdad es que nos costó soltarle las manos. Creo que hoy hemos recuperado los tiempos perdidos.”
Pero si alguien suponía que los desaparecidos podían ser uno de los grandes temas por tratar cuando el papa Francisco visitara la Argentina en diciembre, como habían anunciado en algunos medios, ayer el portavoz vaticano, padre Federico Lombardi, lo desestimó. En una rueda de prensa exclusiva con periodistas extranjeros dijo que el único viaje al exterior previsto este año era el de Brasil, en julio, para la Jornada Mundial de la Juventud.
De la delegación formaba parte también la hermana Geneviève Jeanningros, sobrina de la monja francesa desaparecida Léonie Duquet, que está acompañando a la delegación de las Abuelas de Plaza de Mayo en la gira que están haciendo por algunas ciudades italianas. Cabandié estuvo en Bolonia junto al director Nicolás Gil Lavedra para la presentación de la película Verdades verdaderas, sobre la vida de Estela de Carlotto.
Carlotto y Roa partieron a Bolzano ayer para participar del Festival de las Resistencias Contemporáneas, donde Estela intervendrá junto al escritor argentino Mempo Giardinelli.
 

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EL PAIS › OPINION

Francisco tiene la pelota

Por Washington Uranga
Las Abuelas, a través de Estela de Carlotto, le pidieron a Francisco que contribuya a la recuperación de los nietos desaparecidos abriendo aquellos archivos del Vaticano y de la Iglesia en Argentina que puedan aportar datos en ese sentido y para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas. El Papa dijo “cuenten conmigo; estoy a disposición de ustedes”. El intercambio, escueto, sencillo, en el marco de la audiencia general de los miércoles en Roma, estuvo acompañado de la carta circunstanciada que las Abuelas entregaron a Francisco y que seguramente merecerá, en días más, una contestación formal de la Santa Sede. Quizás en esa respuesta pueda valorarse en mejor medida cuál es la disposición de la Iglesia, ahora en su máximo nivel institucional, para contribuir de manera decidida al esclarecimiento de los trágicos hechos que ocurrieron en la Argentina durante la dictadura militar. Si efectivamente lo pedido se concreta, lo que se haga no servirá –sin duda– para borrar las complicidades institucionales ya demostradas entre la jerarquía de la Iglesia Católica (la local y la vaticana) y los personeros de la dictadura, pero estará indicando que existe un cambio de rumbo, una modificación en la actitud de la jerarquía eclesiástica sobre el tema.
El ánimo que reinaba ayer en la delegación de Abuelas en Roma era de moderado optimismo. Creen que se abrió una puerta que puede ayudar al esclarecimiento de algunos hechos y, quizás, a recuperar la identidad que aún permanece oculta de hijos de desaparecidos. Estela de Carlotto, que a poco de asumir Bergoglio como papa planteó –a la luz de los antecedentes– su escepticismo acerca de la posibilidad de la predisposición eclesiástica, ahora mira, también ella, el futuro con mayor optimismo. La carta de Abuelas hace pedidos muy concretos y se basa en información cierta acerca de la existencia de información que obra en manos de la jerarquía eclesiástica y que nunca fue entregada a la Justicia. Pero aún más allá de eso, lo que se reclama es una actitud pastoral por la cual el Papa invite a los obispos argentinos y a los fieles católicos a aportar todos los datos que puedan obrar en su poder. Y lo hacen argumentando que “es un deber cristiano brindar información sobre el destino de los niños desaparecidos en Argentina”. Se paran en el terreno propio de la Iglesia para ejercer su demanda.
Francisco se ha instalado en el papado generando gestos que intentan modificar por lo menos una parte de las prácticas y también de la imagen de la Iglesia Católica. En lo que va del pontificado algunos de esos gestos han comenzado también a traducirse en hechos. Los primeros han sido de orden intraeclesial. Ensayar una forma nueva de colegialidad en el gobierno de la Iglesia nombrando una comisión internacional de cardenales; pronunciarse claramente en contra de los pedófilos y de quienes los protegen. Han sido pasos en el sentido de acompañar con hechos los gestos y el discurso. A lo ya señalado hay que sumar también que hace apenas unos días, Francisco, personalmente, decidió que se siga adelante con la causa de canonización (proceso hacia la santificación) del obispo mártir salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, asesinado por el ejército en El Salvador el 24 de marzo de 1980. El proceso había estado trabado hasta ahora y por más de veinte años por decisión directa de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Romero era un obispo considerado por muchos como demasiado cercano a la “teología de la liberación” y por lo tanto su eventual canonización podría, según los más conservadores, ser un “mal signo” para la Iglesia.
Hasta el momento nada está dicho acerca de la actitud que Francisco tomará respecto del pedido muy concreto que le formularon las Abuelas. Existió el gesto. En primer lugar de aceptar rápidamente recibir a la delegación a partir del pedido hecho mediante los buenos oficios del embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero. Bergoglio no es un improvisado en la política de los gestos. Por eso es importante advertir que dio prioridad a la delegación argentina, que haya demostrado la mayor cordialidad con las Abuelas y que buscó incluso “complicidades” en el breve diálogo aludiendo a encuentros anteriores y reconociendo personalmente a cada uno de los visitantes. También a Juan Cabandié. Los gestos son mensajes. Importantes en sí mismos, aunque requieren siempre la posterior confirmación y ratificación en los hechos. Ayer se abrió una nueva puerta para el esclarecimiento de los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina. La Iglesia, ahora a través de su máxima autoridad universal, tiene la posibilidad de producir acciones que muestren su compromiso con los derechos humanos, la justicia y la democracia. Francisco, que es un hombre futbolero, sabe que la pelota está de su lado. Sólo cabe esperar.
Fuente: Pagina 12
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25.04.2013 | Francisco recibió en el Vaticano a Estela de Carlotto, Buscarita Roa y Juan Cabandié

El Papa se puso a disposición de la búsqueda de las Abuelas

A través de una carta, la titular del organismo de DD HH le pidió la apertura de los archivos de la Iglesia sobre el terrorismo de Estado. Recordó el rol del Movimiento Familiar Cristiano.

Por: 
Tiempo Argentino
Durante un breve encuentro después de la audiencia pública en la Plaza San Pedro, el Papa Jorge Bergoglio recibió ayer a las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y Buscarita Roa y se puso "a su disposición" en la búsqueda de los niños apropiados durante la última dictadura. Las Abuelas le agradecieron la reunión y le pidieron la apertura de los archivos de la Iglesia sobre el terrorismo de Estado y que los miembros de la curia y sus feligreses aporten la información que tengan sobre sus nietos.
"Cuenten conmigo, estoy a su disposición", le dijo Bergoglio a Carlotto en el breve encuentro que mantuvieron ayer por la mañana, un gesto de acercamiento a los organismos de Derechos Humanos de Argentina luego de los cuestionamientos por su rol en la última dictadura. 
Carlotto le entregó un pañuelo blanco con el símbolo de la institución y una carta. El religioso, por su parte, bendijo el pañuelo de Buscarita Roa. Participaron además la religiosa Geneviève Jeaningros, sobrina de Léonie Duquet, la monja francesa secuestrada en la iglesia Santa Cruz en diciembre de 1977, y el legislador y nieto restituido Juan Cabandié.
Al dialogar con la prensa, Carlotto se manifestó "satisfecha y emocionada" y señaló que "empieza un nuevo camino con mucha esperanza". Sostuvo además que ahora esperan la respuesta de la Iglesia y señaló: "Tienen que accionar, llamar, conversar y buscar estrategias lo menos irritativas y provocadoras posibles." 
El pedido de las Abuelas a Bergoglio fue detallado en una carta que Carlotto le entregó en mano al Papa argentino. Allí manifiestan su satisfacción por el nombramiento como máxima autoridad católica y le agradecen haberlas recibido en la Santa Sede. "Deseamos que en su nuevo rol pueda arbitrar los medios necesarios para colaborar en la búsqueda de los casi 400 nietos y nietas que aún hoy no han recuperado su verdadera identidad. Así como también nos ayude a saber qué ocurrió con nuestros hijos e hijas desaparecidos, durante la última dictadura cívico-militar", detallaron en la carta y le explicaron que su colaboración "será de gran importancia para potenciar la visibilidad de la desesperada búsqueda a los ojos del mundo".
El escrito señala que uno de los mayores enemigos en la búsqueda ha sido el silencio, por eso le solicitaron "que pida a los miembros de la Iglesia y a sus feligreses que brinden la información que tengan sobre el paradero de los nietos y nietas". 
Recordaron la participación del Movimiento Familiar Cristiano en algunas apropiaciones y la colaboración de religiosas en los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo. "Es en este sentido que rogamos también a Usted, tenga a bien abrir los archivos del Vaticano, así como los que existen en los arzobispados de Argentina, para conocer si allí hay algún dato que nos dé la felicidad de encontrar alguno de nuestros nietos", agrega la carta.

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También le solicitaron que persuada a miembros de la grey que podrían colaborar 

Las Abuelas pidieron al papa Francisco la apertura de archivos vaticanos sobre la dictadura


Las Abuelas de Plaza de Mayo le entregaron hoy al papa Francisco una carta en la que le solicitan la apertura de archivos del Vaticano y la iglesia argentina, que puedan ayudar a conocer el lugar donde se encuentran 400 nietos apropiados ilegalmente por la última dictadura militar. "Deseamos que, en su nuevo rol como máxima autoridad de la iglesia católica, pueda arbitrar los medios necesarios para colaborar en la búsqueda de los casi 400 nietos y nietas que no han recuperado su verdadera identidad, así como también nos ayude a saber qué ocurrió con nuestros hijos e hijas desaparecidos", dice la carta entregada al papa argentino por la titular de Abuelas, Estela de Carlotto.
En la misiva, entregada esta mañana durante la audiencia pública en la plaza San Pedro, las abuelas piden asimismo la apertura de "los archivos del Vaticano, así como los que existen en los arzobispados de Argentina, para conocer si allí hay algún dato que nos de la felicidad de encontrar alguno de nuestros nietos". Además le solicitan a Jorge Bergoglio que "pida a los miembros de la iglesia católica y a sus feligreses que brinden la información que tengan sobre el paradero de nuestros nietos y nietas desaparecidos". 

"Rogamos a su Santidad explique a los miembros de la Iglesia y a sus feligreses que es un deber cristiano brindar información sobre el destino de los niños desparecidos en Argentina", indican, y le piden al papa que advierta que "constituye un pecado ocultar crímenes catalogados por la comunidad jurídica internacional 
como de lesa humanidad". 

Concretamente, las Abuelas recuerdan que ya lograron restituir la identidad de jóvenes que habían sido entregados en adopción por el Movimiento Familiar Cristiano, cuyos integrantes "seguramente puedan brindar información precisa". 

Fuente: Telam
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La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia









Señalizarán El Gallinato como lugar
de exterminio durante la dictadura 

Por Elena Corvalan
 
El Concejo Deliberante del municipio de La Caldera aprobó señalizar los lugares de esa jurisdicción que hayan funcionado como centros clandestinos de detención o de exterminio “durante y antes” de 1976, y hasta 1983.
La ordenanza Nº 596, aprobada el 17 de este mes con la firma de los concejales Fernando Góngora, Marianela Gutiérrez y Marta Berazaín, dispone que se hagan dos señalizaciones: una, a la entrada de la ruta complementaria Nº 11, que atraviesa El Gallinato y conduce a la ciudad de General Güemes. Esta entrada está en la intersección de la ruta nacional 9, que lleva a Jujuy por el camino de cornisa.
La otra señalización se hará en la cuesta del paraje El Gallinato, a 2 kilómetros de la entrada, cerca del arroyo donde se encontraron los restos de personas que fueron explosionadas por los represores.
En El Gallinato fue asesinada Gemma Fernández Arcieri y se cree que también su marido, Héctor Gamboa. Y se sospecha que en el mismo lugar fueron asesinados Silvia Aramayo, “Chicho” Gallardo y Carlos César “Topogigio” Martínez. Todavía no se sabe cuántas personas perdieron la vida en ese lugar. 
El testimonio del senador Juan Moreira (PJ), de La Caldera, da cuenta de que entre los kilómetros 2 y 3, contando desde la entrada, se cometieron al menos veinte homicidios entre 1976 y 1977. Tras la difusión de este testimonio a través de Nuevo Diario y Radio Nacional Salta, el fiscal federal Ricardo Toranzos pidió que el legislador declare en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad desde mayo pasado. El Tribunal aprobó este pedido.
La señalización se aprobó de acuerdo a un proyecto de señalización y difusión presentado por organismos de derechos humanos de la provincia, la agrupación Hijos, la Asociación Lucrecia Barquet y la Comisión Megacausa Salta. La señalización de lugares que fueron escenario del terrorismo de Estado es impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Archivo Nacional de la Memoria, a través de la Red Federal de sitios de Memoria, que “articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos de las provincias y de municipios”, se recuerda en los fundamentos de la ordenanza. Como parte de esa acción en Salta ya se señalizaron la Unidad Penal Nº 1, en Villa Las Rosas, y la Delegación local de la Policía Federal, que funcionaron como centros clandestinos de detención y torturas.
En el caso de El Gallinato, el Concejo invitó a los organismos de derechos humanos, a familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que junto a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Caldera definan el diseño de las señalizaciones. 
El Concejo caldereño avanzó un poco más: invitó a otros municipios “a adoptar medidas idénticas en virtud de encontrarse bajo la misma identificación a la Comisaría de Güemes, la Comisaría de Metán y el Regimiento de Monte 28” de Tartagal.


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La sentencia del juicio contra Tozzo pasó para el viernes al mediodía


En una medida que sorprendió a muchos, los jueces del tribunal Federal, (TOF), decidieron pasar el fallo para el próximo 26 de abril, lo que causó la sorpresa no solamente de las partes, sino también de todos los manifestantes que se encontraban esperando la sentencia.

El tribunal informó a los abogados que continuarán deliberando por cuestiones que aún deben resolver, relacionadas acerca de los planteos de los acusadores así como de la defensa.
“No es una situación normal, pero el Código Procesal tampoco establece un término para la lectura de la sentencia, aunque lo habitual es que inmediatamente luego de que pasen a deliberar, lean la sentencia”, dijo el querellante Mario Bosch que no tiene ninguna duda de que llegarán a una condena ejemplar.
De esta manera, los jueces, García Wenk (presidente), Rubén David Quiñónez y Selva Angélica Spessot seguirán deliberando hasta el próximo viernes, día en que finalmente contarán con el veredicto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Al ex capitán y miembro del Servicio de Inteligencia, que hoy tuvo su última palabra, lo acusan de: Privación Ilegítima de la libertad/ Desaparición Forzada de cuatro personas, agravado por el tiempo,  a pesar de que no pudo ser implicado por los asesinatos de las víctimas por las que se le imputan, sino por su desaparición.

Fuente: Primera Linea



miércoles, 24 de abril de 2013








El debate sobre el sistema judicial se instala el viernes en Río Cuarto
 
 
Será en la UNRC. Estarán la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el encargado de investigar el lavado de dinero, Carlos Gonella, entre otros.

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En medio del debate nacional sobre el sistema judicial que comenzó a partir de la iniciativa del Gobierno que envió seis proyectos al Congreso para “democratizar la Justicia”, la Universidad de Río Cuarto será esta semana un foco de atención por la realización del Encuentro de Justicia Legítima de la Región Centro.

Con la presencia de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, como máxima exponente, la jornada tendrá como objeto el inquietante debate sobre el sistema judicial, su relación con el poder, las personas y los intereses de las corporaciones.

La iniciativa fue llevada adelante por el Rectorado y contó con el guiño del fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella.

“Surge a partir de la solicitud del colectivo Justicia Legítima que toma una definición de federalizar el debate. También tiene que ver con una lectura de que en la Universidad Nacional hay un debate que tiene riqueza conceptual, diversidad y perspectiva crítica”, 
enfatizó el rector de la Universidad, Marcelo Ruiz. 

El encuentro cuenta además con el apoyo institucional del Consejo Superior y se cursaron invitaciones a los representantes de los distintos niveles del Estado e instituciones intermedias.

“Le da continuidad a una preocupación y a un conjunto de advertencias que no sólo juristas y representantes del ámbito judicial tienen, sino también intelectuales del campo sociológico, de la cultura y de la teoría política, que vienen realizando respecto a la necesidad de debatir el sistema judicial no sólo en Argentina sino en América Latina toda. 

En realidad hay una fuerte crítica respecto al sistema, y se pone en cuestión la relación que existe con el poder, clases sociales y Estado. Eso será el eje de debate que atravesará el encuentro”, adelantó a PUNTAL el rector.

Justicia Legítima es un colectivo autoconvocado de cerca de mil personas en el país que redactaron un primer documento crítico y que luego lo materializaron con un primer encuentro en Capital Federal, en la sede de la Biblioteca Nacional.

“No es un colectivo oficialista, sino un colectivo autoconvocado al interior del cual hay referentes de diferentes extracciones. Tiene un carácter amplio desde el punto de vista político-ideológico, con un eje que nuclea que es el cuestionamiento a las partes del sistema judicial que está vinculado a los grandes intereses corporativos en la Argentina, especialmente en lo referido a los intereses económicos. Y que cuestiona que el sistema judicial en general determine que los sectores más vulnerables de la sociedad terminen en lugares de encierro”, apuntó Ruiz.

¿El debate debe tener impacto en las Universidades, en la formación?

Sí, tiene un valor para las universidades muy importante porque nos hace repensar cuál es el tipo de formación que estamos proponiendo a los estudiantes. En la medida en que hay una crítica al poder judicial existe una crítica a la formación. La pregunta es si los egresados del campo del Derecho o las Ciencias Políticas están profundamente preocupados por la matriz de desigualdad en la Argentina, por ejemplo. Cuál es la vinculación que existe entre sistema judicial y las grandes corporaciones, cuál es la relación con el poder. Podríamos pensar la relación entre el Derecho, el poder, el Estado y los sujetos.

La jornada comenzará a las 8 con la acreditación, y continuará con un panel de apertura a las 9 que será abierto por Alejandra Gils Carbó. También compartirán el estrado Omar Palermo, integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; Gabriel Pérez Barberá, juez de la Cámara de Acusación de Córdoba; Jascinta Jaschelel Burijovich, docente de las universidades de Río Cuarto y Córdoba; e Irina Santesteban, secretaria general del gremio de los judiciales provinciales.

El panel cerrará con un debate entre participantes y público y luego habrá un receso hasta las 15 en que se formarán cuatro talleres temáticos. A las 17.30 se presentarán las conclusiones de esos trabajos y finalmente a las 18.15 se realizará el panel de cierrre final.

Fuente: El Puntal
 

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EL PAIS › CINCO NUEVAS DETENCIONES DE REPRESORES QUE ACTUARON EN EL CENTRO CLANDESTINO DE LA ESMA

Una pantera que finalmente quedó enjaulada

El contraalmirante retirado Horacio Luis Ferrari era conocido como “Pantera” por sus víctimas. Es vicepresidente del Centro Naval. Fue arrestado junto a otros cuatro represores.
El juez federal Sergio Torres tiene a su cargo la causa sobre la ESMA.
Por Alejandra Dandan
El fastuoso edificio del Centro Naval de la Armada tendrá una baja. Su vicepresidente, el contraalmirante retirado Horacio Luis Ferrari, alias Pantera, en la Escuela de Mecánica de la Armada quedó detenido ayer por disposición del Juzgado federal de Sergio Torres. Pantera es denunciado por los sobrevivientes desde 1979. Su apellido figura en una lista de 1978 con 81 condecoraciones que otorgó el almirante Emilio Massera por los “hechos heroicos y acciones de méritos extraordinarios, individuales o de conjunto”. Desde entonces siguió haciendo carrera en la Marina hasta ascender a contraalmirante en 2008. Hoy está en situación de retiro, internado desde hace algunas horas en el Hospital Naval por un cuadro de hipertensión. Desde anoche está detenido en ese espacio bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal.
El Juzgado ordenó además nueve detenciones de integrantes de la ex ESMA, de los que quedaron detenidos hasta anoche cuatro personas. Entre ellos dos marinos que pertenecen a las imágenes que aportó en la causa Víctor Basterra; un integrante del Batallón de Inteligencia 601 y un jefe del pelotón de fuego vinculado con el secuestro de Ramón García Ulloa y Dolores del Pilar Iglesias Caputo, hoy desa-parecidos.
Los procedimientos siguieron los pasos habituales. El juzgado dio aviso a la Armada de las detenciones para darles la posibilidad a sus retirados de que se constituyan en calidad de detenidos. Como habitualmente la Armada no hace esa gestión, durante el día de ayer se hicieron todos los allanamientos para dar con los imputados. Fuentes de la investigación indicaban anoche que es posible que por esa modalidad Ferrari se haya enterado de que iba a quedar detenido y así se internó en el Hospital Naval. Como el pronóstico indica que tenía un tratamiento de 48 horas, él no será indagado en el día de hoy como sucederá con el resto.
Dentro de la ex ESMA, Ferrari era Pantera o Teniente Ferrari. En 1997 fue nombrado como agregado militar de la embajada argentina en Chile, en el 2002 designado en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en 2003 fue nombrado jefe de Inteligencia Marina y en 2008 ascendió a contraalmirante. Ahora está en situación de retiro. Para explicar por qué fue ascendido en los últimos años, una fuente de la investigación indica que “muchos ascendieron porque había dificultades en las investigaciones, ya que no se podían cruzar alias con apellidos, dado que no se había empezado a trabajar, como se hace ahora, con las estructuras”. Las identificaciones para impugnar los ascensos dependieron en buena medida de las denuncias de los sobrevivientes. En cuanto a los datos que se fueron conociendo sobre él, este diario publicó ya en 2009 la relación de este Ferrari con la ESMA. Indicó que un sobreviviente denunció en 2007 que Ferrari era el apellido de Pantera, jefe de operaciones del GT 3.3 que reemplazó a Enrique Yon. Otro sobreviviente mencionó al teniente Ferrari a secas. El fiscal Eduardo Taiano precisó en su dictamen de 2005 que Pantera era en 1977 teniente de navío. Un año más tarde era teniente de fragata.
Por lo demás, hasta ayer el contraalmirante retirado no había dejado su lugar en el Centro Naval, que aunque no es una estructura orgánica de la Armada, funciona con y para el personal de la Marina y opera como una suerte de mutual donde realizan actividades diversas, desde rugby o bridge. Ofrecen servicios de peluquería, sauna, sastrería y ceremonias de las que participaron Jorge “El Tigre” Acosta o Alfredo Astiz hasta quedar detenidos.
Los otros detenidos son:
- Néstor Carlos Carrillo, alias Cari o El Salteño. Suboficial de la Armada, integró el sector operativo del GT 3.3.2. Estuvo en la ESMA entre 1979 y 1981. Es una de las fotos sacadas de la ESMA por el sobreviviente Víctor Basterra.
- Miguel Angel Conde, integrante del Batallón 601 del Ejército. Funcionó con dos alias: Carames, en Inteligencia, y Cortez en la ESMA. Varios sobrevivientes lo vieron con frecuencia dentro de la ESMA. Algunos fueron interrogados por él en ese centro clandestino y cuando fueron llevados a otros centros de detención. Según los datos de la causa, una de sus funciones era sacar parte de la información de los secuestrados en la ESMA.
- Carlos Mario Castelvi, alias Lucas, teniente de navío, oficial del sector operaciones del GT 3.3.2. Es una de las fotos de Basterra. Varios sobrevivientes lo ubicaron en interrogatorios y uno lo situó como el enlace entre la Armada y el Ejército. En las últimas semanas dos sobrevivientes lo identificaron en un reconocimiento fotográfico. Su nombre figura además en un listado de integrantes del GT de la ESMA enunciado por un represor durante su declaración indagatoria. En 1986 dijo que nunca integró la dotación del GT. Fue beneficiado con la Ley de Punto Final de ese año.
- Néstor Eduardo Tauro, jefe del pelotón de fuego de la ESMA. Su intervención en un operativo vinculado con la desaparición de Ramón García Ulloa y Dolores del Pilar Iglesias quedó probado a partir de una investigación del área de derechos humanos del Ministerio de Defensa, a cargo de Stella Segado en los archivos de la Armada. Las pruebas fueron remitidas a la fiscalía de Taiano y ahora desembocaron en las detenciones.
Fuente: Pagina 12
 

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Memoria prohibida: impidieron que la prensa ingrese a la u-6
 
 
El tribunal hizo una inspección ocular en el penal de Rawson pero los jefes de la cárcel negaron el acceso. Hoy declara el reconocido dirigente radical Marcelo Stubrin.
 
 
Lejos. El periodismo debió conformarse con apostar una guardia más bien lejos del lugar de los hechos.
Por Rolando Tobarez

Pese a las sistemáticas apelaciones de “conservar la memoria”, las nuevas generaciones interesadas en la defensa de los derechos humanos deberán hacer un buen esfuerzo de imaginación para saber qué forma tenían las celdas de castigo de la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson, mejor conocidas como “Los Chanchos”, escenario de atroces golpizas a los presos políticos de los ´70. No habrá una descripción periodística de primera mano ni imágenes ni fotos.

Es que por una orden de la Jefatura de ese penal, la prensa no pudo acceder a la inspección ocular que se realizó en el marco del juicio por la muerte de Mario Abel Amaya y las torturas en perjuicio de Hipólito Solari Yrigoyen.

El argumento: se trata de una cárcel de máxima seguridad. Esto, pese a que se trata de audiencias orales y públicas que juzgan un presunto delito de lesa humanidad. Sólo un camarógrafo de Canal 7 de Rawson y el equipo periodístico de Jornada habían solicitado permiso para participar del recorrido. Aguardaron más de una hora para obtener algún testimonio.

Según le dijeron a este diario los empleados penitenciarios –que se limitan a cumplir órdenes-, la improbable opción era que el titular del presidio consultara a nivel nacional o bien haber pedido autorización diez días antes del operativo. Un imposible: hubo abogados que participan del juicio que recién se enteraron ayer mismo de la inspección y hasta llegaron una hora antes de lo debido, con evidente fastidio. El año pasado hubo total libertad para cubrir una inspección similar en la Base Aeronaval Almirante Zar en el juicio por la Masacre de Trelew.

Algunos detalles

La inspección duró una hora y fue una iniciativa del Ministerio Público Fiscal y según se pudo saber, el Tribunal Oral Federal revisó el mismo recorrido que hacían los detenidos en 1976 desde el pabellón 8 hasta las zonas de requisa y visitas, además de las celdas de castigo.

De “Los Chanchos” sólo quedan marcas de los calabozos en paredes y techos, suficiente para calcular que cada celda medía aproximadamente 1 metro por 1 metro. También se cambiaron las puertas. Los presos castigados pasaban hasta dos semanas en ese lugar. Y para llegar hasta allí o hasta los locutorios de visita pasaban varias rejas donde eran golpeados por los guardiacárceles, según los testimonios que se escucharon. Hubo mediciones para chequear los tamaños.

El exjefe de la U-6, Osvaldo Fano, y el exguardiacárcel Jorge Steding participaron de la inspección pero en silencio. El médico de Trelew, Luis García, fue el único de los tres imputados que no estuvo presente.

Antes de la visita, en el Cine Teatro "José Hernández" de Rawson, los acusadores pidieron al tribunal incorporar por lectura los testimonios de testigos que por diversas razones no podrán estar en Rawson.

Por ejemplo, el domicilio que se tenía de Germán Gutiérrez no existe; Ricardo Ipuche vive en Suiza y Santiago Carrara en Alemania, ambos sin residencia conocida; Luis Astolfo tiene 80 años y por su salud no podrá viajar a la capital, y Florencio Pacífico Herrera falleció
 
Fuente: la Jornada

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Violencia institucional: La Procuvin inició en Mendoza la inspección de lugares de encierro 
El fiscal Abel Córdoba visitó los complejos penitenciarios I y II de Mendoza con funcionarios locales. Presentaron un habeas corpus.
Martes, 23 de Abril de 2013
El titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) de la Procuración General de la Nación, Abel Córdoba, visitó de forma sorpresiva el miércoles y jueves pasado los complejos penitenciarios I, “Boulogne Sur Mer”, y II, “San Felipe”, de la provincia de Mendoza, e inició así una tarea que desarrollará de manera periódica en diferentes lugares del país.

Córdoba realizó las visitas acompañado por personal de la Procuvin, por el fiscal general de Mendoza, Dante Vega, por la fiscal de primera instancia María Alejandra Obregón y por el fiscal subrogante de primera instancia Fernando Alcaraz, con quienes entrevistó a internos y al personal penitenciario y tomó fotografías. También participaron de las inspecciones personal de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte provincial, miembros de la organización no gubernamental “Xumek” y el abogado Fabricio Oscar Imparado, cuyo pliego para Procurador de las Personas Privadas de la Libertad de Mendoza fue aprobado el martes pasado por el Senado de esa provincia. 

Además, los funcionarios de la Procuraduría mantuvieron una reunión de trabajo con la subsecretaria de Justicia provincial, Romina Ronda.

Tras las visitas, los fiscales Córdoba y Vega interpusieron ante el juez de garantías Aníbal Crivelli un habeas corpus por la situación de siete detenidos del Complejo I, “Boulogne Sur Mer”. El magistrado hizo lugar a la acción y realizó una nueva inspección. 

Las visitas a los penales y lugares de encierro forman parte de los objetivos de la Procuvin y están enderezados a prevenir y reprimir actos de violencia institucional.
Esa política fue definida por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, a través de la resolución 455/13, a través de la cual dispuso agudizar la mirada del Ministerio Público en ámbitos carcelarios y a profundizar la investigación de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y el personal de institutos de encierro.


 

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Jujuy:
 
A la información dada ayer sobre la ingatoria al ex jefe de personal de Mina Aguilar, difundimos una foto de una de las marchas de los obreros de Mina Aguilar, para denunciar la explotación a que eran sometidos. La revancha de los empresario s comenzo antes y despues del 24 de marzo de 1976. De eso tiene que dar cuenta Eduardo Lopez hoy.
 
 
 
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Megajuicio: reconstruyen el circuito del terror en Salta

Por Elena Corvalan
 
 
 
Ayer dos testigos presenciales señalaron, en el Cementerio de la Santa Cruz, el lugar donde el Ejército abrió una fosa común para arrojar cuerpos que traían por la noche. Otro testigo, el policía retirado José Carrasco, reconoció el lugar donde se encontró el cuerpo del militante peronista Eduardo Fronda, el 8 de enero de 1975, el primero de una larga lista de víctimas fatales de la represión paraestatal y estatal. Lo dejaron cerca del alambre del terreno del Ejército, en el camino a Lesser, a unos 300 metros de la entrada al Pucará de Buena Vista, el viejo casco de estancia que pertenece al Ejército y en la actualidad se alquila para fiestas pero que en la década del 70 era usado como residencia del subjefe del Ejército y cuyo paisaje tiene características similares a las descriptas por los detenidos que fueron torturados en centros clandestinos de detención y salieron con vida. 
Con los testimonios volcados en el debate y las inspecciones ya se sabe que los detenidos eran concentrados en dependencias del Ejército, muchos eran pasados a otro centro clandestino de detención donde fueron sometidos a todo tipo de vejámenes (se sospecha que funcionó en Buena Vista), el lugar preferido para el exterminio de personas fue el solitario paraje El Gallinato, donde según un testigo hubo al menos veinte muertos. Si no eran sometidos a explosión para hacerlos desaparecer, los cuerpos eran ocultados en el Cementerio de la Santa Cruz. 
Mariana Gamboa, querellante en este proceso por su madre, Gemma Fernández Arcieri, y su padre, Héctor Gamboa, secuestrados en septiembre de 196 y desaparecidos desde entonces, consideró que esta altura del juicio tienen "ya una reconstrucción de lo que significó ese momento", y "falta terminar de determinar dónde quedaron lo restos de nuestros familiares". 
Gamboa insistió en que en la provincia "el circuito del terror fue uno solo". "El territorio de Salta era un campo de batalla pensado por estas mentes de asesinos genocidas que utilizaban espacios geográficos para construir un plan sistemático de eliminación, entonces los lugares no eran casuales, tiene que ver con puntos clave donde ellos podían de alguna manera tener zona liberada, esconder pruebas, o sea, tenían como una razón de ser que se repite, es muy parecido al campo de concentración de La Perla, la situación del Chaco, de Jujuy, en donde los circuitos del terror tienen como piezas fundamentales la detención, la desaparición, la tortura, la búsqueda de información, el chequeo de esas personas y los traslados o destino final como le decían ellos mismos en la jerga que usaban para su eliminación", analizó ayer tras las inspecciones. 
Gamboa destacó asimismo la articulación de la represión "entre Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, el circuito de la zona y subzona queda además probado y lo vamos a terminar de probar cuando vayamos a Tartagal y Orán". 
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4.04.2013 | jornada decisiva en la causa por la masacre de margarita belén II

Dictan en Chaco sentencia a represor

El ex capitán de Inteligencia del Ejército Norberto Raúl Tozzo escuchará hoy el veredicto por cuatro casos de privación ilegítima de la libertad. Las consecuencias de las limitaciones que Brasil impuso para su extradición.




El ex capitán de Inteligencia del Ejército Norberto Raúl Tozzo escuchará hoy la sentencia como único acusado en la segunda parte del juicio que se le sigue en Chaco por la Masacre de Margarita Belén. Si bien las querellas y fiscalía creen que participó en once homicidios cometidos en 1976, sólo deberá responder por cuatro casos de privación ilegitima de la libertad debido a las limitaciones impuestas por Brasil para su extradición. 
Tozzo no pudo ser juzgado en el anterior debate por la Masacre de Margarita Belén porque estaba prófugo de la justicia en el país vecino. El militar fue apresado en la ciudad de Río de Janeiro el 17 de septiembre de 2008 y la justicia recién logró que volviera al país en mayo de 2011, pocos días después de que se condenara a perpetua a ocho miembros del Ejército por el fusilamiento de 22 presos políticos. 
Tanto para las querellas como para los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Vigay, el acusado "no sólo participó en la planificación sino en la misma ejecución del hecho", en relación a la desaparición de Fernando Piérola, Roberto Yedro, Reynald Zapata y Julio Pereyra. Es por eso que pidieron para el ex militar 24 años de prisión como coautor de esas privaciones ilegitimas de las libertad cometidas en la madrugada del 13 de diciembre de 1976. 
Si bien la extradición desde Brasil permitió su juzgamiento, también le impuso un "corsé jurídico", según expresó el fiscal Patricio Sabadini, ya que como Brasil no ratificó la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y no incorporó esos delitos a su derecho interno, sólo se lo pudo acusar por privación de la libertad. 
Hasta la etapa crítica del trámite de extradición, Tozzo también estaba imputado por once homicidios agravados así como por las privaciones ilegítimas de la libertad agravada de esos hechos. Otra condición impuesta por la justicia brasileña fue que, en caso de considerarlo culpable, la condena no pueda superar los treinta años de prisión, en relación al límite máximo del ordenamiento penal brasileño.
"Los otros acusados fueron condenados a perpetua, entonces parece que se premia al que se ha fugado", se lamentó Sabadini, quien también advirtió sobre el peligro de que con este tipo de "beneficios" las personas que no están detenidas o que tienen prisión domiciliaria se fuguen a Brasil. "Argentina está a la vanguardia del enjuiciamiento de las violaciones a los Derechos Humanos en la región y deja en evidencia al resto de los países del Mercosur. Hay que replantear en la región estos tratados de extradición sobre los ciudadanos  argentinos", analizó el fiscal.


Fuente: Tiempo Argentino












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Salta Obreros trabajan en el lugar

Avanzan en la demolición del monumento al Combate de Manchalá

El monumento es considerado una reivindicación del Plan Cóndor.

Trabajan en la demolición del monumento a Manchalá
Trabajan en la demolición del monumento a Manchalá
 
Obreros trabajan en el campo militar para demoler el monumento a Manchalá. Días atrás se había iniciado el trabajo, cuando se retiraron las imágenes de el mundo y el águila. 
La medida había sido solicitada por el Concejo Deliberante capitalino a partir de una iniciativa del concejal Martín Avila, quien interpretó que el conjunto escultórico era una reivindicación del Plan Cóndor. La estructura se levantó para destacar a los conscriptos salteños que el 28 de mayo de 1975, durante el Gobierno de Isabel Perón, se enfrentaron con fuerzas del ERP en los montes tucumanos en Manchalá, cerca de la localidad de Famaillá.

Fuente: El Tribuno
 

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22.04.2013 | La Operación Colombo de la DINA chilena terminó con 115 militantes del MIR asesinados, es un antecedente del Plan Cóndor

WikiLeaks: nuevas pruebas sobre la coordinación represiva en la región

Un cable del 14 de agosto de 1975 de la oficina del FBI en Buenos Aires revela la existencia de asesinatos que pueden llevar a cabo integrantes de fuerzas de seguridad de un país en otro. El rol de López Rega y la operación mediática.






Dos meses antes de la que se considera la primera reunión secreta entre las Fuerzas Armadas del Cono Sur para organizar el Plan Cóndor, el servicio exterior de Estados Unidos ya sabía de la coordinación de acciones represivas entre los militares de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. 
Así lo prueba un cable enviado al Departamento de Estado por la embajada estadounidense en Argentina el 14 de agosto de 1975 en el que se cita que la oficina del FBI en Buenos Aires "sabe que hay asesinatos que pueden ser llevados a cabo por las agencias de seguridad de alguno de estos gobiernos en lugar del otro".
El documento, difundido por WikiLeaks, es uno de los primeros cables que reconoce la cooperación de las fuerzas represivas de la región en el marco de lo que se conoció como Operación Colombo de la DINA, que consistió en el asesinato de 119 personas, en su mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y en una operación de contrainteligencia con la prensa para aparentar que habían muerto en una purga interna en la Argentina.  
El montaje, un antecedente del Cóndor, intentó encubrir el secuestro y desaparición de militantes políticos en Chile y contó con el apoyo de medios de prensa chilenos (El Mercurio, La Segunda y La Tercera), junto a la revista Lea de Argentina y Novo O'Día de Brasil.  
 "Muertes y desapariciones de extremistas chilenos: la participación del gobierno argentino", se tituló el cable del embajador Robert Hill, quien le explicó a la Secretaría de Estado de Henry Kissinger que habían hecho el esfuerzo para descubrir la veracidad de la historia que conecta a las fuerzas de seguridad argentinas con los asesinatos de exiliados de izquierda en el país. 
"No hemos descubierto evidencia que pruebe que el enfrentamiento de Salta haya ocurrido, sin embargo presumimos que el gobierno de Argentina cooperó de hecho con el gobierno chileno, así como con los gobierno de Paraguay y Uruguay en actividades antisubversivas", explicó el embajador a sus jefes en Washington.
La operación comenzó el 15 de julio de 1975 con la publicación en el primer y último número de la revista argentina Lea de una noticia titulada "La vendetta chilena" sobre la muerte de 60 "extremistas" chilenos que, según ese medio, fueron "eliminados por sus propios compañeros de lucha en un vasto e implacable programa de venganza y depuración política". 
La nota incluía la lista de las personas asesinadas y el mismo día salió una publicación similar en la revista Novo O'Día de Brasil. 
El cable diplomático secreto explica que el origen de la revista Lea, cuyo único ejemplar se imprimió ese 15 de julio, "fue rastreado a una imprenta en una oficina que dependía del Ministerio de Bienestar Social cuando el ex ministro López Rega todavía estaba en el cargo", y consideró que era "poco probable que el poderoso ex ministro no estuviera al tanto de la operación". 
Luego de la salida de las notas de Lea y Novo O'Día (también fue su último ejemplar), comenzó a repercutir la operación en los diarios La Segunda, La Tercera y El Mercurio. 
Este último matutino tituló "Exterminan como ratas a miristas", al difundir las primeras 60 muertes. Luego se sumarían otras 59 personas asesinadas.    
"Las fuentes consultadas creen que las personas de las listas de Lea y O'Día fueron probablemente asesinados en Chile mientras estaban bajo detención de las fuerzas de seguridad. Además, ninguna fuente del gobierno argentino o privada dijo tener conocimiento sobre el enfrentamiento en Salta", sostuvo Hill en su cable. 
Después de la operación de prensa, aparecieron en Buenos Aires los cuerpos carbonizados de cuatro personas. No se podían identificar salvo sus documentos. Entre ellos estaban Luis Alberto Wendelman Wisnik y Juan Carlos Perelman Ide, pero sus familiares rechazaron que se tratara de ellos. 
Las sospechas sobre la coordinación de acciones represivas son confirmadas en el mismo cable del 14 de agosto citando fuentes de la oficina del FBI en Buenos Aires. 
Estos ratifican que "la policía y especialmente los militares de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile están bien interconectados" y detallan que "las fuerzas de seguridad chilenas tendrían muy pocas dificultades para que sus pares argentinos plantaran los documentos de Guendelman-Perelman o incluso sus cadáveres en Buenos Aires". 
Como conclusión, el diplomático señala que, según su investigación, "las historias de asesinatos y la operación de Salta que involucran a fuerzas de seguridad argentinas fueron probablemente inventadas por el gobierno chileno con fines internos. La complicidad del gobierno argentino, si hubo, probablemente estuvo limitada a la cooperación con las autoridades chilenas en realizar el engaño". 
En otro cable, Hill difunde la postura de las autoridades argentinas sobre esta colaboración. Aseguró que el Ejecutivo "expresamente negó algún vínculo con el gobierno chileno al nivel de los servicios de seguridad (DINA/SIDE). Sin embargo reconocieron un vínculo probable entre la DINA y la Triple A". «
 



los primeros contactos entre las fuerzas
Uno de los primeros documentos que dan cuenta de la cooperación represiva entre Chile, la Argentina y Paraguay data del 6 de junio de 1975. 
Allí, el agregado de Asuntos Legales de la embajada estadounidense en la Argentina, Robert Scherrer, envía una carta al general chileno Ernesto Baeza para informarle que Jorge Isaac Fuentes Alarcón, ciudadano chileno, fue detenido en Asunción el 17 de mayo de 1975. Junto a él estaba Amílcar Santucho, hermano del líder del ERP Mario Roberto Santucho.
"Me he enterado que el sujeto citado es ciudadano chileno y miembro del MIR. Durante varios interrogatorios por parte de la policía de Asunción admitió que es miembro de la Junta Coordinadora y estuvo actuando como correo para dicha agrupación", señaló Scherrer.
Unos días después de conocerse el secuestro, figura otro documento donde el coronel José Osvaldo Ribeiro (alias Rawson), oficial del Batallón de Inteligencia 601, envía a sus pares paraguayos una serie de preguntas para el interrogatorio de Santucho y Fuentes Alarcón dirigidas a esclarecer las actividades de la Junta Coordinadora Revolucionaria, que integraban el MIR, el ERP y Tupamaros de Uruguay. 
 



plan cóndor
Se denomina Plan Cóndor a la coordinación de acciones represivas entre las fuerzas de seguridad de los países del Cono Sur que estaban regidos por gobiernos militares o autoritarios. Los países que participaron de esta organización fueron, principalmente, la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Aunque hubo también colaboración de otros gobiernos de la región. 
La primera reunión de lo que sería el Plan Cóndor se llevó a cabo en Santiago de Chile en noviembre de 1975. Sin embargo los cables aquí publicados dan cuenta que ya existían vínculos entre las fuerzas represivas anteriores a aquella época y que contaban, al menos, con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos.
Como destacan los documentos, la Operación Colombo vinculó a la inteligencia chilena con las fuerzas parapoliciales de la Triple A, encabezada por el ministro de Bienestar Social José López Rega, e integrada por miembros de las fuerzas de seguridad, militares y civiles. 
A diferencia de la mayoría de los casos que son investigados, estos hechos ocurrieron antes de que rigiera en el país el decreto que otorgó "intervención de las Fuerzas Armadas" para "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país", firmado el 6 de octubre de 1975 por Ítalo Luder, presidente provisional del Senado oficiando como titular del ejecutivo ante la licencia de María Estela Martínez de Perón. 
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Capital tiene previsto reanudar hoy el juicio oral y público en la causa, en la que se juzga a 25 imputados, entre ellos el ex dictador Jorge Rafael Videla, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
En la audiencia, los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo G. Laufer y Ricardo Angel Basílico tienen previsto continuar con la resolución de las cuestiones preliminares y el inicio de las indagatorias de los acusados. Este juicio busca establecer responsabilidades por la colaboración de las dictaduras de Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay y Brasil.
Fuente: Tiempo Argentino
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