martes, 21 de mayo de 2013

Masacre de Capilla del Rosario Declararon testigos del aniquilamiento





Masacre de Capilla del Rosario
Declararon testigos del aniquilamiento

La primera ronda de testigos aportó importantes datos sobre lo ocurrido el 12 de agosto de 1974.


En la segunda audiencia del histórico juicio oral por la conocida “Masacre de Capilla del Rosario”, el tribunal de la Cámara Federal indagó a los tres exmilitares imputados, Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Acosta, quienes se reservaron en el derecho de  abstenerse de prestar declaración, por lo que se dio lectura a las indagatorias tomadas durante la etapa de instrucción. Allí ya habían negado responsabilidad en el fusilamiento de los 14 integrantes de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del PRT-ERP, ocurrido en agosto de 1974 en Fray Mamerto Esquiú.
En una larga jornada que se extendió desde las 9 de la mañana hasta 19, luego de la abstención de los acusados declararon los primeros cinco testigos que con sus testimonios, además de establecer el contexto histórico, confirmaron la existencia de un plan de aniquilamiento orquestado desde el Ejército y el gobierno de Estela Martínez de Perón, que fue más allá del fusilamiento de los militantes.
Asimismo, unos de los testimonios, el del periodista Carlos Humberto Barrionuevo, fue fundamental para situar en el escenario de los hechos al imputado Carrizo Salvadores como quien daba las órdenes -situación que el exjerarca militar niega- y tenía a su mando el operativo. Barrionuevo en aquel año era cronista del diario La Unión y fue uno de los que cubrió el evento periodístico junto a Juan de la Cruz Saseta. Además de describir que quien estaba al mando del operativo del Ejército era Carrizo Salvadores, aseguró que él pudo observar cómo sacaban los cuerpos de los abatidos del monte en un helicóptero, y que luego los arrojaban desde una considerable altura a la ruta. “Nunca me voy a olvidar del ruido que hacían los cuerpos al dar con el suelo”, recordó. Y que los restos eran tratados con un “total desprecio por la condición humana”.
También declararon los abogados Jorge Marcas y Roberto Díaz, quienes fueron defensores de los sobrevivientes y de los familiares, y que luego sufrieron en carne propia la persecución. En el caso de Marcas, narró que aquel lunes 12 de agosto tuvo conocimiento de los enfrentamientos y que se entrevistó con el ministro Toro y le propuso interceder ante los guerrilleros para “salvarles la vida” a los militantes que terminaron siendo fusilados. Explicó que Toro se comunicó con el comandante Cubas y que éste le respondió que era imposible hacer nada, porque ya estaba dada la orden de aniquilamiento. Marcas trabajó luego con los abogados Frondizi y Curuchet -que se transformaron luego en víctimas-. Y él mismo estuvo nueve años detenido como preso político. Recordó detalles de la autopsia que se había realizado a los cuerpos, que evidenciaban signos de defensa y disparos a corta distancia frontales que se corresponden a un fusilamiento.
Otro testimonio desgarrador fue el del militante del FIP (Frente de Izquierda Popular) Simón Gómez. Él junto con otros referentes políticos de Catamarca, como Mardonio Díaz Martínez, se entrevistaron con el vicegobernador Vicente Saadi -el gobernador Mott estaba de viaje- con la intención de conformar una comisión de varios partidos políticos e interceder. Pero pese a que describió la buena intención de Saadi, nada se pudo hacer porque el Ejército ya tenía la orden bajada.
Fue conmocionante el relato de Gómez cuando narró las consecuencias de haber intervenido, ya que fue apresado, torturado y sufrió un atentado en su vivienda. Su mujer, embarazada, fue encarcelada en Córdoba, donde fue sometida a trabajos forzosos, lo que derivó en el parto prematuro de su bebé ochomesino, quien vivió apenas treinta y seis horas. “Mi hijo nació y murió en la cárcel”, resumió Gómez.
Historia oculta
El último testigo, que declaró por más de tres horas fue el historiador Jorge Perea, quien realizó una investigación académica sobre la masacre y dio minuciosos detalles sobre los documentos y las fuentes consultadas. Aportó detalles que, en su investigación, acreditan que las catorce víctimas fueron fusiladas y no víctimas de un enfrentamiento armado. Perea consideró que el Ejército intentó mantener oculta su intervención en los hechos, a tal punto de que la única víctima uniformada, un cabo de apellido Barrionuevo a quien le explota una granada, jamás fue siquiera homenajeado por el Ejército.
El testimonio de Perea podría abrir una nueva investigación, ya que señaló que hubo otro conscripto que apareció asesinado en el dique Las Pirquitas a fines de 1974, de apellido Ormachea. Tanto éste último como Barrionuevo, eran investigados por el represor Berges como supuestos “infiltrados” de la “guerrilla”.
Por ello, los abogados querellantes solicitaron que se incorporen testimonios de fuentes de Perea, y que se incorporen documentos a los que alude en su investigación.
http://www.elesquiu.com


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21.05.2013 | en la plata, por homicidios, secuestros y torturas durante la dictadura
Procesan a seis ex agentes de la Federal

Seis ex agentes de la Delegación La Plata de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron procesados por el juez federal Manuel Humberto Blanco, en una causa por homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos contra siete militantes peronistas durante la última dictadura. Aún hay un prófugo.


Por: 
Pablo Roesler
Son los primeros ex policías de esa fuerza en ser involucrados en causas de lesa humanidad en la capital bonaerense, como resultado de una investigación de la Unidad Fiscal de La Plata, tras una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Se trata del ex jefe de la delegación platense de la PFA, Martín Eduardo Zúñiga, de 81 años, y sus subordinados José Carlos Sánchez, Horacio Alfredo Ortiz, Alberto Blanco, Rafael Oscar Romero y Roberto Arturo Gigli. En tanto que Emilio Alberto Rimoldi Fraga, que al momento de los hechos era el subcomisario de la delegación, se encuentra prófugo.
La investigación surgió a partir de un pedido de ascenso del ex comisario Zuñiga para sus subordinados, en el que daba cuenta de un operativo realizado el 11 de octubre de 1977 por la delegación local, en el que fueron secuestrados o asesinados militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y de Montoneros.
Las víctimas fueron Juan José Libralato, secuestrado y torturado en el operativo; su esposa Adela Esther Fonrouge, asesinada; Juan Oscar Cugura, asesinado; Mauricio Emeraldo Mansilla, entregado al Área Operacional 113 del Ejército y llevado al centro clandestino La Cacha; su esposa Carmen Pierina Catán, detenida y liberada; y un hombre apodado "La Chancha", ultimado a disparos.
Los documentos fueron aportados por la Cartera de Seguridad, que envió a los fiscales platenses el legajo de investigación preliminar en el cual fueron identificados víctimas e imputados.
La fiscalía acusó a los federales por "homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y tormentos". Otros dos implicados fallecieron antes del inicio de la causa.  «

Fuente: Tiempo Argentino


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MILITAMTES DEL PRT/ERP



No sólo son memoria

Año 6. Edición número 261. Domingo 19 de mayo de 2013
Por 
María Carolina Llorens. Hija de Diana y Sebastián
Militantes. Sebastián “la chacha” Llorens y Diana Triay pertenecían al PRT-ERP.

La autora de esta nota es hija de dos militantes desaparecidos del PRT/ERP, cuyos restos, luego de una infatigable lucha, fueron hallados el año pasado e identificados por el equipo de Antropología Forense en marzo de 2013.
“No son sólo memoria, son vida abierta,
son camino que empieza y que nos llama” 
Cirsemaia/Viglietti

Mis padres, Sebastián Llorens y Diana Triay, militantes del PRT/ERP, fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1975. Estuvieron desaparecidos desde entonces. Tenía un año y medio cuando los secuestraron, y mi hermano Joaquín apenas tres meses. Gracias a personas que nos cuidaron con mucho amor, y a que aún había vestigios de justicia en nuestro país, nosotros fuimos devueltos a nuestra familia.
Crecimos en el miedo, el dolor, la incertidumbre, el amor y la bronca de la ausencia. Por eso nos encontramos a menudo con preguntas sin respuestas. ¿Estaban muertos? Si la muerte es una pregunta ancestral que nos hacemos los humanos, ¿qué es la no muerte? ¿Qué es el desaparecido? ¿Qué es esta ausencia sin certezas?
Y cuando ante esas preguntas había sólo silencios. Cuando ante esas preguntas había cinismos siniestros como “el desaparecido no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido” (Jorge Rafael Videla), la desaparición era una incertidumbre que carcomía las entrañas. Por eso mi abuela materna soñó, hasta su muerte, con timbres. Timbres que en la madrugada sonaban y alimentaban la esperanza de volver a abrazar a su hija.
Cuando tuvimos 20 años participamos en la fundación de H. I. J. O. S. Asumimos nuestra mayoría de edad y la construcción de nuestra identidad. Fue ahí cuando las preguntas se hicieron reclamos y lucha por la memoria y la justicia.
Hoy también nuestros hijos son una fuerza para seguir buscando. Sus preguntas siguen denunciando una historia que, de tanta crueldad, es difícil de explicar y comprender. Una mañana mi hijo de ocho años amaneció preguntando “yo ya eso de los militares lo entendí, pero decime, mamá, los huesitos, ¿dónde están los huesitos de los abuelos?”. Luego, cuando salíamos de hacer una declaración en el juzgado, siguió preguntando: “Entonces, ¿no sabemos dónde están? ¿Pueden estar en cualquier lado? ¿Pueden estar acá, debajo de la vereda?”.
El amor y la lucha de Diana y Sebastián, que los mantuvo unidos aún en la muerte, siguieron latiendo bajo la tierra. En ese descampado donde los arrojaron al lado del camino, en medio de lagunas que se fueron rellenando con escombros, desde el año 2008 viene creciendo el Barrio Sarmiento. Un barrio donde 700 familias, principalmente de inmigrantes y campesinos del interior, vienen enfrentando la exclusión y a la vez construyendo un futuro digno para sus hijos. Es decir, los “huesitos”, como semillas, estuvieron creciendo en ese barrio. Y desde este barrio comienzan a ser rescatados de la desaparición para transitar el camino que los devuelve a la muerte.
Fueron niños de este barrio los que ocasionalmente encontraron restos humanos y uno de los pobladores se animó a denunciarlos. La policía forense los retiró el 26 de octubre del 2012, y el equipo de Antropología Forense los identificó el 1º de marzo del 2013 e informó que entre los cuatro cuerpos encontrados estaban los de mis padres. El juez Daniel Rafecas, con una resolución implacable, el viernes 3 de mayo declaró públicamente que ya no son más desaparecidos, que son muertos asesinados por las mafias organizadas del Ejército, la policía y la triple A, que venían operando desde antes del proceso, con los mismos procedimientos y la misma crueldad que los caracterizó durante la dictadura.
De esta manera, por fin, nos encontramos con una certeza que abre puertas. Una posibilidad tangible de despedida, de poder llorar a nuestros muertos, uno de los derechos humanos innegables ya enunciados desde la tragedia de Antígona que se conoce como “derecho al duelo”. Mi abuela paterna, Nelly Ruiz de Llorens, que con sus 92 años sigue luchando, puede luego de tantas pérdidas y tantas búsquedas infructuosas despedirse de su hijo. Y podemos despedirnos los hijos, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, tías abuelas, primos, nietos, nietas, compañeros, vecinos. En fin, toda una sociedad que necesita despedirlos.
Esta despedida implica emociones ambiguas y aparentemente contradictorias, porque es un encuentro y una despedida a la vez. El encuentro produce una “extraña alegría”, como dijo mi tío Bernardo; la alegría de encontrar la verdad de lo ocurrido luego de tantas tinieblas e incertidumbres. Una emoción indescriptible de verlos nuevamente a través de lo que sus restos nos hablan. En cambio la despedida es un dolor, por la pérdida que vuelve a hacerse presente en un duelo con toda la intensidad, “como si se hubieran muerto ayer”.
Las puertas de la Justicia se abren un poco más. Hay caminos para investigar, al haber cuerpos que delatan, hay centros clandestinos que pueden ser señalados, hay asesinos que pueden ser revelados, y que podrán tener el juicio y el destino que les corresponda.
Este encuentro con Sebastián y Diana nos enfrenta, a su vez, a las tramas invisibles de la vida. A esas coincidencias significativas que nos iluminan. En el Barrio Sarmiento, donde fueron hallados sus restos, los vecinos desde el comienzo cuentan con el apoyo de Sercupo (Servicio a la Cultura Popular), organización que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena. El trabajo de Sercupo consiste básicamente en apoyar la formación y capacitación en torno a la defensa y exigibilidad de derechos, formación de grupos de trabajo, conformación y puesta en marcha de un centro comunitario, etcétera.
Y es justamente en el Movimiento Campesino donde junto con mi esposo César Marchesino venimos participando desde hace un par de años, compartiendo saberes, luchas y resistencias. De hecho, como si fuera una premonición, meses antes de que fueran encontrados los restos de Sebastián y Diana, César caminó las calles del barrio, entrevistando a los vecinos, y volvió a casa conmovido de la fuerza que había en ese lugar para construir futuros sobre tantas injusticias.
Los compañeros del barrio y del Movimiento Campesino nos han acompañado ahora. Nos abrieron los brazos y nos consolaron cuando los familiares fuimos a reconocer la tierra que los había acogido durante tantos años. Así, en el encuentro con ellos, en las palabras, en los sueños compartidos, el dolor se fue mitigando. Como dijo una de las compañeras: “Para nosotros, este hallazgo es doblemente importante. Por un lado es la posibilidad dolorosa y esperanzada a la vez de que los familiares tengan la oportunidad de despedir a sus muertos. Por el otro, significa que Diana y Sebastián, entre muchos otros, no lucharon en vano ya que aquí estamos nosotros continuando la lucha por derechos básicos como vivienda, salud, educación, identidad”.
Los desaparecidos son un duelo que necesita realizar toda la sociedad. Por este motivo, el 28 de mayo, en un acto público, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, restituirá los restos de Sebastián Llorens y Diana Triay. El acto se realizará en el Centro Comunitario “Los Sin techo” del Barrio Sarmiento, partido de Esteban Echeverría. Será un modo simbólico de unir las luchas del pasado y el presente, que más allá de todos los intentos de acallarlas, “desaparecerlas” o asesinarlas, resurgen con toda su fuerza.
En Córdoba, realizaremos una despedida pública el 31 de mayo, en la Universidad Nacional de Córdoba, la casa que los acogió en la juventud y que hoy los sigue acompañando. De esta manera, como dice el himno guaraní, “…he de hacer que la voz vuelva a fluir por los huesos y haré que vuelva a encarnarse el habla después de que se pierda este tiempo y un nuevo tiempo amanezca”.


Fuente: Miradas al Sur



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LA SECUESTRADA QUE FUE OBLIGADA A INTERROGAR AL HIJO DE VIDELA “Yo me morí en La Perla”



EL PAIS › LA SECUESTRADA QUE FUE OBLIGADA A INTERROGAR AL HIJO DE VIDELA
“Yo me morí en La Perla”

En el juicio que se realiza en Córdoba, Suzzara contó que los represores forzaban a los secuestrados a ejercer como “comandos de información en un fraguado campo de prisioneros”, donde enviaban a soldados que creían estar en manos “comunistas”.

Por Marta Platía
Desde Córdoba
Los hilos conductores de los testimonios en el megajuicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Perla siguen siendo la tortura, el infinito dolor, la complicidad de la jerarquía eclesiástica y del Poder Judicial, y la frase de bienvenida de los represores a las víctimas: “Nosotros acá somos los que decidimos si se vive o se muere. De acá no te saca ni el Papa. No hay abogados ni jueces. Somos los dioses”. En ese contexto, una testigo relató cómo, estando secuestrada en La Perla, fue obligada junto a otras personas a interrogar a soldados a quienes se les hacía creer que habían caído en manos de “comunistas”: entre ellos, el hijo del propio dictador Jorge Videla.
El juicio tiene 44 imputados. Mientras Ernesto “El Nabo” Barreiro se escarba permanentemente las uñas o se ríe de oreja a oreja en los pasajes más atroces que lo involucran, Luciano Benjamín Menéndez volvió a su estado cuasivegetativo luego de la visible conmoción que le produjo el testimonio del arriero José Julián Solanille: el único hombre que declaró haberlo visto ordenar y presenciar un fusilamiento masivo en los pozos del campo de concentración.
Antes de la muerte de Videla se conoció que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por mayoría, confirmó su procesamiento y el de Menéndez “como autores mediatos de los delitos de tentativa de violación agravada y abuso deshonesto agravado”. Por primera vez fueron imputados por crímenes de índole sexual, siguiendo la teoría del “autor mediato”. Esto es: no lo hicieron ellos directamente pero facilitaron las condiciones y permitieron que estos delitos sucedieran bajo sus respectivos mandos.
La declaración de la testigo Cecilia Suzzara dio una nueva vuelta de tuerca del sadismo del terrorismo de Estado. Cecilia fue secuestrada el día del golpe, el 24 de marzo de 1976, y permaneció torturada y sometida a la esclavitud en La Perla hasta abril de 1978: “En el medio del colmo de toda esta locura –relató–, los represores nos usaron para que ejerciéramos como ‘comandos de información’ en un fraguado campo de prisioneros en el que se supone dominaban los comunistas”.
Según narró Suzzara, “en los terrenos de La Perla habían armado una especie de campo de entrenamiento de soldados del Ejército Argentino que, supuestamente, habían caído en manos enemigas. Cavaron trincheras, pusieron luces y altoparlantes como en las películas, y hasta plantaron carpas. En una de esas carpas, a mí me obligaron a hablar con un soldado. El muchacho estaba destruido. Tenía el uniforme de fajina, los labios sangrantes. El realmente creía que estaba en un campo enemigo. De comunistas. Me acuerdo que rogaba por un vaso con agua. Estaba desesperado de sed. Yo tenía que obtener la mayor cantidad de datos: a qué compañía pertenecía, cuántos hombres tenía... Recuerdo que le pregunté si tenía familia. Me dijo que sí, que tenía esposa e hijos. Siguió pidiéndome agua. Se la di. Entonces terminó contestándome todo lo que le pregunté. Tiempo después me enteré, por los mismos represores, de que se trataba nada menos que del hijo del general (Jorge Rafael) Videla”. La tortura del terrorismo de Estado por partida doble: por un lado obligaban a las víctimas sometidas por los tormentos a “interrogar” a los soldados en formación, y por el otro, humillaban y mantenían en condiciones infrahumanas a sus propios jóvenes en instrucción. En esa perversa creación de los militares golpistas cayó hasta el propio hijo del dictador.
La declaración de Suzzara fue una de las más detalladas y terribles que se han escuchado en las últimas audiencias del megajuicio. Secuestrada por una patota en plena calle, fue torturada con saña en La Perla durante dos días y dos noches. Cuando su cuerpo y su alma no pudieron más, dio una dirección. “Teníamos que aguantar lo más que se pudiera hasta que los compañeros supieran que nos habían agarrado y se fueran de donde estaban... Yo pensé que nadie estaría ahí. Era una obra en construcción donde nos habíamos reunido. Nunca pensé que alguien pudiese estar viviendo en ese lugar.” Pero desgraciadamente no fue así. Cuando los represores que la llevaron en un auto le levantaron la venda, Cecilia vio con horror los rostros de una de sus compañeras: Silvina Parodi de Orozco, embarazada de seis meses y medio, y el de Daniel Orozco, su marido. Silvina es la hija de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba.
“Mi dolor, mi desesperación por eso, no se fue nunca. Dura hasta ahora. Con Silvina pudimos hablar en las duchas de La Perla, una vez que nos llevaron a bañarnos juntas. Ella estaba esperanzada porque la iban a llevar a la Cárcel de Mujeres del Buen Pastor para tener a su bebé. Pero estaba muy angustiada porque le habían hecho presenciar la tortura de Daniel... Y eso la había lastimado mucho.”
Del marido de Silvina, Daniel Orozco, un muchacho mendocino de apenas 22 años, estudiante de Economía en la Universidad de Córdoba, nunca más se supo nada. De Silvina, en cambio, sí: su hijo varón nació entre “el 25 de junio y el 5 de julio de 1976”. Luego, el rastro de Silvina se perdió para siempre. Sonia Torres, su madre, aún busca a su nieto y hasta le ha pedido por él al papa Francisco en una carta abierta.
Cecilia Suzzara es una mujer fuerte. Pero también es una mujer muy triste. Con sus ojos hinchados debajo de los rulos entrecanos, fue definitiva cuando le preguntaron cómo vivió después de los tormentos en La Perla: “¿Y quién le dijo que estoy viva? Yo me morí en La Perla”, le había contestado a Martín Fresneda, el actual secretario de Derechos Humanos cuando, en 2008, él le preguntó en calidad de querellante en el primer juicio a Luciano Benjamín Menéndez. Y ésa también fue su respuesta en esta última declaración, interrogada acerca de las secuelas que le quedaron luego de su paso por el campo de torturas y exterminio: “De allí no se sale nunca. Era un lugar adonde nos llevaron para matarnos. Allí no había celda para encerrarnos como prisioneros. Se ejerció todo el poder de dominación sobre cada una de las personas que estuvimos ahí. Nos expropiaron el cuerpo, nos expropiaron la cabeza. Nos redujeron a la servidumbre. Nos despersonalizaron. Nos vejaron. Teníamos toda una cotidianidad con nuestros represores, con nuestros captores –la mujer llora, y hace fuerza para seguir–. Es muy fuerte para quien estuvo ahí, y difícil para los de afuera comprender lo que hicieron con nosotros. Nos mataron. Tuvieron un poder absoluto sobre nosotros. Uno se muere ahí adentro”.
En uno de los tantos pasajes dolorosos de su relato, contó la atroz agonía de Luz Mujica de Ruarte: una mujer a la que secuestraron con un médico, Enrique Fernández Samar. “El recibió las peores torturas: la que daban con picana y con palos. La mezcla de electricidad con golpes destruía los riñones y no podían orinar. Los compañeros que eran torturados así morían hinchados y en medio de terribles padecimientos. María Luz tuvo una agonía espantosa: padeció fiebres, convulsiones y una regresión a la niñez. Llamaba a su mamá, pedía por sus seres queridos y nos turnábamos para consolarla, para hacer de cuenta de que éramos su madre, y le hablábamos como si fuera una chiquita para consolarla en su colchoneta de la cuadra... Cuando se la llevaron creo que ya estaba muerta.”
A la salida de su declaración, Cecilia Suzzara fue aplaudida por el público de la sala de audiencias del Tribunal Federal N° 1, donde se está llevando a cabo este megajuicio. Entre el mar de abrazos, hubo uno que desarmó en lágrimas a todos: fue cuando Sonia Torres, la mamá de Silvina Parodi, se acercó a Suzzara y ambas se abrazaron larga, entrañablemente. Un abrazo que supo a perdón, a inmensa comprensión y dispersó en el hall de Tribunales la grandeza de una Sonia que, con sus 83 años, no se dejó ganar por odios ni rencores, sigue de pie y no se detiene.



lunes, 20 de mayo de 2013

LOS JUICIOS DESPUES DE VIDELA







EL PAIS › Nota de tapa
LOS JUICIOS DESPUES DE VIDELA

Por Alejandra Dandan
 |  | Cómo impactará en los juicios de lesa humanidad la muerte del principal responsable del genocidio y el terrorismo de Estado. Fiscales, jueces y abogados que representan a las víctimas estudian la manera de acceder a la información que falta sobre la represión ilegal y las dificultades para romper el pacto de silencio
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EL PAIS › EL DEBATE SOBRE LA INCIDENCIA QUE TENDRA EL FALLECIMIENTO DE VIDELA EN LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El impacto de la muerte del dictador

Jueces, fiscales y abogados querellantes analizan las posibles consecuencias de la ausencia de Videla en el silencio de los represores. “El pacto de silencio es estructural no individual”, advierte Jorge Auat, de la unidad que coordina los juicios.
Por Alejandra Dandan
En las salas de los juicios, cuando sobrevivientes y familiares terminan de dar sus testimonios, suele aparecer el reclamo de verdad. El pedido que duele atraviesa la sala. Un día antes de la muerte del genocida Jorge Rafael Videla, Graciela Mastrogiácomo declaró en el juicio de la Escuela de Mecánica de la Armada por la desaparición de su hermana Marta. Marta tenía 30 años, era egresada de Letras, periodista, militante de Montoneros. Graciela llevó a la audiencia una foto de Marta. Les dijo a los jueces que sus padres murieron sin saber dónde había estado su hermana. “Yo exijo respuestas sobre quiénes y cómo secuestraron; quiénes dieron las órdenes y quiénes las ejecutaron y quiénes participaron de los vuelos de la muerte, porque no era una guerra, mi hermana no llevaba armas, tenía su documentación legal y seguramente fue elegida al azar para integrar los vuelos de la muerte.” Hacia el final agregó: “Me gustaría decir que, después de 37 años, si tienen información o archivos, están a tiempo de reparar en algo el daño que han hecho, porque para nosotros es importante”.
La pregunta que se abre tras la muerte de Videla es si influirá de alguna manera en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que encabezó. ¿Es posible pensar que su muerte rompa en alguno de los sentidos posibles el pacto de silencio de los represores? Fiscales, jueces y abogados querellantes de los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas en los juicios reflexionan acerca de esta pregunta. ¿Es posible? Ese “pacto” que algunos entienden como un “pacto explícito” y otros como “tácito” aparece como algo estructural del aparato terrorista. ¿Pero qué significan el “pacto” y el “silencio”? ¿Y qué representa la figura de Videla para pensar o descartar posibles cambios?
El fiscal Martín Niklison tuvo a cargo la acusación en el juicio de Plan Sistemático de apropiación de bebés, con Videla a la cabeza de los imputados. El juicio comenzó con abuelas como Chicha Mariani que entró a la primera audiencia con su bastón, a la espera de saber algo sobre el paradero de su nieta Clara Anahí. Durante el juicio, los represores no hablaron. Cuando Videla dijo sus últimas palabras incorporó a las embarazadas y a sus hijos al discurso de la “guerra”, con el que se situó y se defendió durante todos estos años. “No albergué demasiadas expectativas de que dieran datos de dónde estaban los chicos, o que dieran referencias de lugares, y podrían haberlo hecho”, dice Niklison. “El ‘pacto’ se da porque están todos ensuciados, no es por una lealtad personal hacia una determinada persona, creo que en esto lo fundamental es que están sucios de arriba hacia abajo, todos pusieron los dedos. De entrada, los comandantes dijeron comprender a todos para que nadie pudiera sacar los pies del plato. El único que salió a decir algo distinto fue (Adolfo) Scilingo, porque la culpa lo afectó.” Durante los años de impunidad, con el blindaje que les provocó el cierre de la causas judiciales, ninguno de ellos tampoco dijo nada. “El Turco Julián tal vez algo dijo, pero en el juicio tampoco aportó datos para llegar a nadie. De lo que hizo ninguno va a hablar –insiste el fiscal–: y esto es porque eso cimenta al grupo y porque están todos involucrados.”
María del Carmen Roqueta presidió el Tribunal Oral Federal 6 durante ese juicio, al final del cual Videla recibió la tercera condena a 50 años de prisión. Así como esa sentencia entendió el robo de bebés como parte de un plan sistemático, Roqueta entiende al “silencio” de los represores como parte de ese mismo plan. “Sobre si van a hablar, yo no tengo demasiadas esperanzas. Todos sabemos que ellos saben, pero creo que el silencio forma parte del plan sistemático: era parte del plan no decir y mantener en el tiempo el mismo silencio, la misma incertidumbre y la misma oscuridad. A mi modo de ver, esto forma parte de la sistematicidad del exterminio, de la persecución y de la desaparición. Puede ser que un cuadro intermedio pueda salir a decir algo, pero no creo que los más altos rangos lo hagan. Al contrario, porque ese pacto, o como lo llamen ellos, lo entiendo como una posición ideológica, política, de cómo llevar adelante las acciones de gobierno dentro de lo que fue el Estado terrorista.”
La figura del dictador

A fines de abril del año pasado, Videla generó cierta expectativa. Luego de la entrevista que brindó a la revista española Cambio 16 y el allanamiento a su departamento, declaró como testigo en una causa civil que intenta saber qué sucedió con el cuerpo del dirigente del PRT Roberto Santucho. Frente a la jueza Marta Forns, el dictador reconoció que habían decidido “no dar a conocer el lugar donde iban los restos de Santucho para evitar homenajes”. Dijo que “la muerte de Santucho no era una muerte común”: “Además de un hecho bélico, tenía una tremenda connotación política que afectaba la conducción de la guerra por ser Santucho el muerto”. Y señaló que el responsable de decidir la ubicación del cuerpo había sido el general Santiago Omar Riveros, entonces jefe de Institutos Militares, dueño de la vida y la muerte en Campo de Mayo, y lo mostró como responsable del traslado del cuerpo al Hospital Militar de Campo de Mayo. Videla, incluso, se ofreció a hablar con él si hiciera falta. La jueza convocó a Riveros y luego también al jefe del Batallón 601, general Carlos Martínez, detenido recién el año pasado, procesado por 1200 casos y muerto en abril. Lo que interesa en este punto es que en esa causa declararon los tres por separado, como testigos y no como imputados, obligados a decir la verdad, y luego declararon juntos en un  careo. El caso sirve para mostrar dos cosas, tal como lo señala el abogado Pablo Llonto, presente en cada una de esas audiencias: 1) los  distintos mecanismos que se abrieron para promover que los represores hablen, desde la situación de indagatorias, los años de impunidad y luego una causa como ésta en la que fueron citados como “testigos”, y 2) ¿qué pueden significar la figura de Videla y su muerte hacia adentro de la tropa en la ruptura del pacto de silencio? Es que cuando Riveros fue convocado a declarar en esa causa lo describió como un “cagón y cobarde”, explicó que él no quería que Videla asumiera la presidencia y luego dijo que Videla debía asumir lo de Santucho porque le ordenó a él no entregar el cuerpo.
Bajo esa lógica, ¿qué pactos puede destrabar la muerte de un general que es observado en esos términos? “No va haber apertura”, dice Llonto, convencido. “Es variada la cantidad de declaraciones y de intentos para preguntarles y que hablen. Evidentemente, mantienen la misma línea de conducta: sean oficiales que llegaron a las máximas condiciones, oficiales que se retiraron, suboficiales. Se nota de punta a punta, y sea de la fuerza que fuere, que este pacto o acuerdo tácito predomina aunque mueran los superiores. Han muerto (Emilio) Massera, (Albano) Harguindeguy y nunca se quebró.”
Llonto estuvo en el careo de Videla, Riveros y Martínez, “tres jerarcas considerables, en pocos meses dos se murieron, queda Riveros que es el genocida más viejo que está siendo juzgado, tiene 90 años y en esa audiencia le dijo a la jueza: ‘Yo voy a vivir 120 años, gracioso y desafiante’. Y la verdad es que fueron tres horas con momentos desopilantes de tres oficiales altísimos, que manejaron no sólo el tema de sus fuerzas y dos de ellos la represión directa, era una sarta de excusas para decir que no tenían ningún dato de nada, sonaba a tomadura de pelo, si bien se echaban la culpa entre ellos, no daban datos. Se les preguntó por listados y el caso Santucho y ninguno de ellos dijo nada. Y en ese sentido, la esperanza es cero de que hablen, en lo personal por lo menos”.
Decisión dogmática

Jorge Auat está a cargo de la Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración. En línea con Roqueta, piensa el “pacto” en términos de estructura. Y entiende el “silencio” como un “tormento” eficaz y “macabro” que perpetua la desaparición. “El pacto de silencio es estructural no individual”, dice Auat. “Trasciende a los sujetos porque forma parte de una decisión de tipo dogmática: viene atado a la negación del hecho, a la banalización de lo que pasó, opera como una consecuencia. El ‘arrepentido’ es la contracara y el ‘arrepentimiento’ implica romper el pacto. Como eso no ocurrió porque no están arrepentidos, montan sus discursos en la hipótesis de la guerra, eso les permite mantener estructuralmente ese discurso de lo que pasó. Siguen convencidos de que lo que hicieron está bien. Y se puede pensar que el tormento que produce el silencio son muchas más muertes, al no entregar el cadáver, la tragedia de cada familia que no puede hacer sus funerales hace continuar el mensaje macabro, se renueva constantemente. Porque el desaparecido es eso, no murió una vez, muere todos los días”.
Rodolfo Yanzón, integrante de la querella del grupo Kaos, entiende que el pacto no se va a romper hasta que los juicios se conviertan en realidad no discutida. “Creo que el pacto de silencio se va a romper cuando los represores se den cuenta que el proceso está consolidado, no tiene vuelta atrás y no tiene un final. Y que se den cuenta de que, en esto, todas las fuerzas políticas acuerdan. En la muerte de Videla lo que pesa más es la absoluta soledad del tirano, ver que hasta los que se beneficiaron con el golpe de Estado, el disciplinamiento social y la recesión le dieron la espalda y hasta salieron a condenarlo.”

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EL PAIS › EXCLUSIVO: DOCUMENTOS SECRETOS QUE MUESTRAN LA RELACION ENTRE VIDELA Y LA DICTADURA BRASILEñA
Los preliminares del Plan Cóndor

La correspondencia entre el dictador Ernesto Geisel y Videla evidencia la voluntad de cooperación entre ambas dictaduras y revela cómo el gobierno de facto brasileño retomó la relación con la Argentina tras haberla reducido casi a cero en el gobierno justicialista.
Por Darío Pignotti
Videla cumplió el papel que de él se esperaba en el Plan Cóndor, el pacto terrorista que 27 años atrás ocupó un capítulo importante de la agenda de Argentina y Brasil, donde el dictador Ernesto Geisel recibió de buen grado la “nueva” política externa del proceso de reorganización nacional (e internacional), tal como se lee en los documentos, en su mayoría secretos hasta hoy, obtenidos por Página/12.
“Fue con la mayor satisfacción que recibí, de manos del excelentísimo señor contraalmirante César Augusto Guzzetti, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, la carta en que su excelencia tuvo la gentileza de hacer oportunas consideraciones respecto a las relaciones entre nuestros países... que deben seguir el camino de la más amplia colaboración.”
La correspondencia de Ernesto Beckman Geisel dirigida a Videla exhibe una camaradería cargada de adjetivos que no era lo característico en ese general criado en una familia de pastores luteranos alemanes. “Brasil, fiel a su historia y a su destino irrenunciablemente americanista, está seguro de que nuestras relaciones deben basarse en una afectuosa comprensión (...) y en el permanente entendimiento fraterno”, abunda Geisel, el mismo que había reducido casi a cero las relaciones con los presidentes Juan Perón e Isabel Martínez, cuando sus embajadores en Argentina parecían menos interesados en visitar el Palacio San Martín que frecuentar los casinos militares intercambiando ideas sobre cómo sumar esfuerzos en la “guerra contra la subversión”.
La carta de Geisel a Videla, del 15 de diciembre de 1976, llegó a Buenos Aires dentro de una valija especial, no a través de un cable como era lo habitual, dice el documento “secreto y urgentísimo” reproducido junto a esta nota.
El 6 de diciembre de 1976, nueve días antes de la correspondencia de Geisel, había muerto en su exilio de Corrientes el ex presidente Joao Goulart, quien, de acuerdo con pruebas incontestables, fue uno de los blancos prioritarios del Cóndor brasileño, que lo espió durante años en Argentina, Uruguay y Francia, donde realizaba consultas médicas por su afección al corazón.
Más: está demostrado que el 7 de diciembre de 1976, la dictadura brasileña prohibió realizar una autopsia de los restos de líder nacionalista, y potencial amenaza a la transición por goteo de Geisel, a raíz de un paro cardíaco de origen incierto. No hay elementos concluyentes, pero sí sospechas plausibles, de que Goulart fue envenado con pastillas disimuladas entre sus medicamentos en una acción concertada por los regímenes de Brasilia, Buenos Aires y Montevideo, y así lo entendió la Comisión de la Verdad de la presidenta Dilma Rousseff al ordenar la exhumación del cuerpo enterrado en la ciudad sureña de São Borja, sin custodia militar porque el Ejército se negó a darla hace 10 días, luego de recibir un pedido de las autoridades civiles.
Volvamos a la correspondencia de Geisel del 15 de diciembre de 1976. El brasileño la escribió en respuesta a otra de Videla (3/12/76), en la que éste se decía persuadido de que la “Patria (...) vive una instancia dinámica en el plano de las relaciones internacionales, particularmente en su activa y fecunda comunicación con las naciones hermanas”.
“La perdurable comunidad de destino americano nos señala hoy, más que nunca, el camino de las realizaciones compartidas y la búsqueda de las grandes soluciones”, proponía Videla, muerto junto a sus secretos de los crímenes transnacionales sobre los que no quiso hablar ante el Tribunal Federal Nº 1 donde se tramita la megacausa Cóndor.
Los que estudiaron esa maraña terrorista sudamericana sostienen que ésta se valió de los servicios de la diplomacia, especialmente en el caso brasileño, donde los cancilleres habrían sido funcionales a los imperativos de la guerra sucia.
Por lo tanto, este intercambio epistolar enmarcado en la diplomacia presidencial de Geisel y Videla puede ser leído como un contrapunto de mensajes cifrados sobre los avances del terrorismo binacional en el combate a la resistencia brasileña o argentina. Todo sea por “el recíproco interés de nuestros países”, escribió Videla. En diciembre de 1976, nueve meses después del derrocamiento del gobierno civil, la tiranía argentina demostraba que, más allá de algunas sonoras divergencias geopolíticas con el socio mayor, por lo bajo existía una complementación en las acciones secretas “contra la subversión”.
Así, poco después del derrocamiento de Isabel Martínez, el entonces canciller brasileño y antes embajador en Buenos Aires, Francisco Azeredo da Silveira, recomendó cerrar las fronteras para colaborar con Videla e impedir la fuga de guerrilleros y militantes argentinos.
Por su parte, Videla, asumiéndose como comandante del Cóndor celeste y blanco, consentía la cacería de opositores brasileños, posiblemente contando con algún nivel de coordinación junto a los agregados militares (los mortíferos “agremiles”) destacados en el afrancesado Palacio Pereda, sede de la misión diplomática en la calle Cerrito, donde según versiones, había un número exagerado de armas de fuego. Entre marzo, mes del golpe, y diciembre de 1976 fueron secuestrados y desaparecidos en Argentina los brasileños Francisco Tenorio Cerqueira junior, Maria Regina Marcondes Pinto, Jorge Alberto Basso, Sergio Fernando Tula Silberbeg y Walter Kenneth Nelson Fleury, dice el informe elaborado por el Grupo de Trabajo Operación Cóndor, de la Comisión de la Verdad.
El organismo fue presentado por Dilma Rousseff ante los rostros contenidamente iracundos de los comandantes de las Fuerzas Armadas, los únicos, entre el centenar de convidados a la ceremonia, que evitaron aplaudirla.
Al finalizar aquel acto realizado en noviembre de 2011, el entonces secretario de Derechos Humanos argentino, Eduardo Luis Duhalde, ya fallecido, declaraba a este diario que uno de los secretos mejor guardados del Plan Cóndor era la participación de Brasil y su conexión con Argentina, y que esa sociedad delictiva sólo se develará cuando Washington libere documentos brasileños con la misma profusión que soltó papeles clasificados sobre Argentina y Chile.
Averiguar hasta dónde llegó la complicidad de Buenos Aires y Brasilia será más difícil tras el fallecimiento de Videla, pero no hay que desestimar las pistas diplomáticas.
El 6 de agosto de 1976, un cable confidencial redactado en la embajada brasileña informa a sus superiores que el ministro de Exteriores Guzzetti habló sobre la nueva política externa vigente desde que las “Fuerzas Armadas asumieron el poder” y la vocación de aproximarse más a Brasil, luego de años de distanciamiento.
A lo largo de 1976, los cancilleres Azeredo da Silveira y Guzzetti mantuvieron reuniones entre sí y con el principal fiador del Cóndor, Henry Kissinger, que según papeles desclasificados hace años a pedido de la National Security Archive, les recomendó a ambos ser eficaces en la faena de aplastar al enemigo.
“Nosotros deseamos lo mejor para el nuevo gobierno (de Videla), deseamos su éxito (...) Si hay cosas que hacer, ustedes deben hacerlas rápido”, recomendó el Premio Nobel de la Paz norteamericano al marino canciller Guzzetti en junio de 1976.
Carta de Geisel a Videla.
Carta de Videla a Geisel.


Fuente: Pagina 12





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La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia

Se reanudan las audiencias





Se reanudan las audiencias

Luego de que el pasado 6 de mayo se diera inicio al juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Capilla del Rosario (Catamarca) entre el 11 y el 12 de agosto de 1974, contra 14 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), este lunes 20 de mayo, a partir de las 9:00hs se reanudarán las audiencias en el Tribunal Oral Federal (TOF) de calle Sarmiento 695.
En la sesión pasada, el abogado de la defensa, Lucio Montero, planteó al tribunal la nulidad de todo el proceso judicial basándose en que el fiscal federal que instruyó esta causa, Santos Reynoso, no poseía un título de abogado y ejercía su cargo ilegítimamente. Asimismo, denunció a los querellantes por “asociación ilícita”, pues motivados por “un afán desmedido de venganza” estarían tergiversando los hechos, enmarcándolos como delitos de lesa humanidad cuando, según Montero, se trató de “un enfrentamiento circunstancial con terroristas armados”. Finalmente, el tribunal rechazó la totalidad de estos planteos y decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este lunes 20 de mayo.


NOTA DE ARCHIVO

EL ANCASTI POLICIALES/JUDICIALES  Catamarca - Miércoles 30 de agosto de 2006

EL ANCASTI accedió a documentos que permanecieron ocultos desde hace 32 años
Autopsias confirman que se ejecutó a los guerrilleros

Aunque las pericias eran claras, la Justicia nunca investigó de oficio lo sucedido. Todos los cuerpos presentan heridas certeras,  casi todas en el tórax. s Uno de ellos recibió tres balazos en la parte posterior de la cabeza, en lo que fue una clara ejecución. 1974, confirman que éstos no murieron en un enfrentamiento sino que fueron ejecutados. Los protocolos de dichas pericias, llevadas a cabo por tres médicos forenses de la Policía provincial, se encuentran ahora incorporada a la causa iniciada a partir de la denuncia que realizaron representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos y se convirtieron en una de las pruebas más contundentes para afirmar que miembros del Ejército Argentino y posiblemente de la Policía provincial cometieron entonces delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal.
E
L ANCASTI tuvo acceso a esos documentos,  en los que se detallan y muestran gráficamente las heridas de bala sufridas por cada uno de los integrantes del ERP: todos recibieron disparos certeros efectuados a corta distancia, que afectaron órganos vitales e incluso en algunos casos miembros superiores, usados en un gesto defensivo reflejo.
Un caso es paradigmático y por demás elocuente: el del guerrillero identificado entonces como Norberto Carlos Rufino o José Eduardo Gruss: la pericia indica que presentaba cuatro disparos de arma de fuego, tres en el cráneo con orificio de entrada en región parietal posterior izquierda, occipital y temporo-occipital izquierda, con salida en región frontal, cavidad orbitaria y región auricular derecha respectivamente”.
El cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda. Es decir, le dispararon desde atrás y posiblemente intentó cubrirse la cabeza con sus manos antes de ser ejecutado
Denuncias
Esta situación ya había sido denunciada públicamente en 1974, aún a costa de su seguridad personal, por los abogados Mardonio Díaz Martínez, Mario Marca y Alfredo “Cuqui” Curuchet.
Éste último letrado apareció asesinado con 50 balazos, en La Plata. La última vez que se lo vio con vida fue abordando el ómnibus desde la Terminal de Catamarca. Se sospecha que el homicidio lo cometió la Triple A. Sin embargo, ni con las denuncias realizadas entonces -los abogados mencionaron que las heridas tenían rastros de pólvora, lo que indica que los disparos se hicieron a corta distancia- ni con las pericias oficiales a la vista, la Justicia jamás inició una causa de oficio para investigar las circunstancias de lo ocurrido en Capilla del Rosario. Sí fueron juzgados y condenados en el fuero federal trece guerrilleros capturados en distintos puntos del Valle Central.
Recién en diciembre de 2004, con la denuncia que hicieron Mirta de Clérici, Ana Radusky, Jorge Alberto Perea y Guillermo Díaz Martínez con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda, y con el posterior requerimiento del fiscal Santos Reynoso, comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la masacre, como también procurar la identificación de los cinco cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en elcementerio municipal.
El expediente comenzó a ser tramitado por entonces juez federal Pedro Armando Navarro -secretaría de Manuel Moreno (h)- y evidenció importantes avances desde entonces, ya que se incorporó el expediente inicial, se citó a varios testigos que presenciaron aquellos hechos y se exhumaron los cinco cadáveres que estaban sepultados en el cuadro 24 del cementerio local. Uno de ellos ya fue identificado y resultó ser, tal como se sospechaba, un guerrillero uruguayo que se había sumado a la intentona rebelde, Rutilio Dardo Betancour Roth. Sus familiares no sólo reclaman los restos mortales que permanecieron sepultados más de treinta años sin ser identificados.
Van más allá. Con la reciente constitución como querellantes particulares, sus hermanas quieren que se conozca la verdad de lo sucedido y que se castigue a los responsables de la masacre.


Daniel Saseta


Se reanudan las audiencias





Se reanudan las audiencias

Luego de que el pasado 6 de mayo se diera inicio al juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Capilla del Rosario (Catamarca) entre el 11 y el 12 de agosto de 1974, contra 14 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), este lunes 20 de mayo, a partir de las 9:00hs se reanudarán las audiencias en el Tribunal Oral Federal (TOF) de calle Sarmiento 695.
En la sesión pasada, el abogado de la defensa, Lucio Montero, planteó al tribunal la nulidad de todo el proceso judicial basándose en que el fiscal federal que instruyó esta causa, Santos Reynoso, no poseía un título de abogado y ejercía su cargo ilegítimamente. Asimismo, denunció a los querellantes por “asociación ilícita”, pues motivados por “un afán desmedido de venganza” estarían tergiversando los hechos, enmarcándolos como delitos de lesa humanidad cuando, según Montero, se trató de “un enfrentamiento circunstancial con terroristas armados”. Finalmente, el tribunal rechazó la totalidad de estos planteos y decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este lunes 20 de mayo.
Para esta nueva audiencia se espera que declaren los primeros testigos. Según está previsto se comenzará a partir de las 9:00am y habrá cuarto intermedio para retomar por la tarde. Quienes deseen presenciar la audiencia pueden hacerlo concurriendo este lunes al TOF con DNI.

PORQUE AQUEL PASADO ES HOY PRESENTE: JUICIO Y CASTIGO A LOS REPRESORES DEL PUEBLO CATAMARQUEÑO!!
AHORA Y SIEMPRE!! AHORA Y SIEMPRE!!

Comisión de Apoyo a los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad – Catamarca

Para más información: www.diariodeljuiciocatamarca.blogspot.com.ar 
Facebook: DiarioDelJuicioCatamarca
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NOTA DE ARCHIVO

EL ANCASTI POLICIALES/JUDICIALES  Catamarca - Miércoles 30 de agosto de 2006

EL ANCASTI accedió a documentos que permanecieron ocultos desde hace 32 años
Autopsias confirman que se ejecutó a los guerrilleros

Aunque las pericias eran claras, la Justicia nunca investigó de oficio lo sucedido. Todos los cuerpos presentan heridas certeras,  casi todas en el tórax. s Uno de ellos recibió tres balazos en la parte posterior de la cabeza, en lo que fue una clara ejecución. 1974, confirman que éstos no murieron en un enfrentamiento sino que fueron ejecutados. Los protocolos de dichas pericias, llevadas a cabo por tres médicos forenses de la Policía provincial, se encuentran ahora incorporada a la causa iniciada a partir de la denuncia que realizaron representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos y se convirtieron en una de las pruebas más contundentes para afirmar que miembros del Ejército Argentino y posiblemente de la Policía provincial cometieron entonces delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal.
E
L ANCASTI tuvo acceso a esos documentos,  en los que se detallan y muestran gráficamente las heridas de bala sufridas por cada uno de los integrantes del ERP: todos recibieron disparos certeros efectuados a corta distancia, que afectaron órganos vitales e incluso en algunos casos miembros superiores, usados en un gesto defensivo reflejo.
Un caso es paradigmático y por demás elocuente: el del guerrillero identificado entonces como Norberto Carlos Rufino o José Eduardo Gruss: la pericia indica que presentaba cuatro disparos de arma de fuego, tres en el cráneo con orificio de entrada en región parietal posterior izquierda, occipital y temporo-occipital izquierda, con salida en región frontal, cavidad orbitaria y región auricular derecha respectivamente”.
El cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda. Es decir, le dispararon desde atrás y posiblemente intentó cubrirse la cabeza con sus manos antes de ser ejecutado
Denuncias
Esta situación ya había sido denunciada públicamente en 1974, aún a costa de su seguridad personal, por los abogados Mardonio Díaz Martínez, Mario Marca y Alfredo “Cuqui” Curuchet.
Éste último letrado apareció asesinado con 50 balazos, en La Plata. La última vez que se lo vio con vida fue abordando el ómnibus desde la Terminal de Catamarca. Se sospecha que el homicidio lo cometió la Triple A. Sin embargo, ni con las denuncias realizadas entonces -los abogados mencionaron que las heridas tenían rastros de pólvora, lo que indica que los disparos se hicieron a corta distancia- ni con las pericias oficiales a la vista, la Justicia jamás inició una causa de oficio para investigar las circunstancias de lo ocurrido en Capilla del Rosario. Sí fueron juzgados y condenados en el fuero federal trece guerrilleros capturados en distintos puntos del Valle Central.
Recién en diciembre de 2004, con la denuncia que hicieron Mirta de Clérici, Ana Radusky, Jorge Alberto Perea y Guillermo Díaz Martínez con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda, y con el posterior requerimiento del fiscal Santos Reynoso, comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la masacre, como también procurar la identificación de los cinco cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en elcementerio municipal.
El expediente comenzó a ser tramitado por entonces juez federal Pedro Armando Navarro -secretaría de Manuel Moreno (h)- y evidenció importantes avances desde entonces, ya que se incorporó el expediente inicial, se citó a varios testigos que presenciaron aquellos hechos y se exhumaron los cinco cadáveres que estaban sepultados en el cuadro 24 del cementerio local. Uno de ellos ya fue identificado y resultó ser, tal como se sospechaba, un guerrillero uruguayo que se había sumado a la intentona rebelde, Rutilio Dardo Betancour Roth. Sus familiares no sólo reclaman los restos mortales que permanecieron sepultados más de treinta años sin ser identificados.
Van más allá. Con la reciente constitución como querellantes particulares, sus hermanas quieren que se conozca la verdad de lo sucedido y que se castigue a los responsables de la masacre.


Daniel Saseta


"Ningún juez se anima a ordenar la detención de Vicente Massot"


 entrevista a hugo cañón
"Ningún juez se anima a ordenar la detención de Vicente Massot"

Fue el primero que acusó al empresario y a su diario La Nueva Provincia por colaborar con el genocidio. 


Por: 

Daniel Enzetti


El pasado 16 de mayo, el juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, negó el pedido de indagatoria y detención de Vicente Massot, dueño del diario pro golpista La Nueva Provincia, y de su ex secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. La solicitud, encabezada por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se basa en una causa que prueba la complicidad del empresario en el secuestro y homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. E intenta profundizar en el verdadero papel que cumplió La Nueva Provincia en aquellos años, cuando publicaba notas donde los asesinatos de militantes eran disfrazados de "enfrentamientos con la subversión", y trucaba fotos en las que siempre aparecían soldados heridos y sufrientes. 
Hugo Cañón fue fiscal general de Bahía, y el primero, en 1987, que relacionó a la familia Massot con el genocidio. Resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida, y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y uno de los preferidos del diario en eso de eliminar a los apátridas.     
"Lo que hicieron Nebbia y Palazzani no sólo está muy bien fundamentado en sus 137 fojas –dice–, sino que además incorpora pruebas y documentos reunidos a lo largo de muchos años, que demuestran la connivencia de La Nueva Provincia con sectores del Ejército en la época de la represión. Sobre todo con la Inteligencia militar, en tiempos de Vilas. En lo peor de la dictadura en Bahía, las notas publicadas por el diario eran cosas sólo conocidas por los sectores de Inteligencia. Y a eso hay que agregar los montajes, las fotos inventadas, los comunicados falsos y las teatralizaciones, para hacer pasar los asesinatos como supuestos enfrentamientos. También hay que resaltar que en la sentencia que el tribunal dio a conocer en septiembre del año pasado por la represión ocurrida en la región, allí se ordenó investigar por separado la complicidad del diario en esa época. Fue el puntapié inicial para el actual pedido de detención de Massot, y la investigación sobre lo hecho por el sacerdote Aldo Vara, al que yo imputé en 1999 durante los Juicios por la Verdad."

–Hablás de teatralizaciones reflejadas por La Nueva Provincia. ¿Qué tipo de montajes?
–Los secuestros, pero sobre todo las operaciones que se hacían en el V Cuerpo para asesinar a militantes en la calle, en una casa o en un cruce de caminos, tenían un increíble despliegue escénico y teatral, para simular tiroteos. Los militares hablaban de "abatimiento de subversivos por enfrentamientos". Eran enfrentamientos fraguados, se trataba de escenarios montados para matar personas con total impunidad. La Nueva Provincia publicaba notas que describían balaceras y "caídos". Una vez, el Ejército fusiló a un grupo, y después sacó camillas con soldados "muertos" para que el diario tomara fotos. Los soldados actuaban. Durante un juicio le pregunté a Vilas por qué hacían eso. Y me contestó que era "para despistar al enemigo y confundir a la población". En otra oportunidad hubo un gran despliegue de autos, armamento, camiones con comida supuestamente secuestrados a la "subversión". Fue en la Cueva de los Leones, a la salida de Bahía, 15 kilómetros hacia Tornquist. La dictadura sembró el campo con cadáveres y llamaron a los Massot para que "contaran" qué había pasado. El diario, por supuesto, también habló de enfrentamiento. Otro lugar elegido para ese tipo de montaje era el camino La Carrindanga, a unos 2000 metros de la entrada principal del V Cuerpo. Un viejo tambo después utilizado como centro clandestino de detención. Cuando en la década del '80 comenzábamos a investigar aquel genocidio, el relato de un detenido me hizo acordar a las veces que La Nueva Provincia mentía sobre los secuestros y las desapariciones en la zona. Por las terribles condiciones de detención, las mujeres no podían menstruar, y entre la alimentación espantosa y la presión psicológica, era común que los secuestrados tampoco defecaran. Este hombre me contó que un guardia le dio un purgante, y al acompañarlo al baño, salió a un patio después de varias semanas. Su impresión era como si lo estuvieran metiendo en un horno. Era el calor del sol. 
–Fuiste fiscal general de Bahía durante mucho tiempo. ¿Cuándo tomaste conciencia de lo que significaba La Nueva Provincia en la región?
–Ocupé la fiscalía entre abril de 1986 y mayo de 2009, y siempre tuve conciencia de la vinculación entre el diario y la Marina, como la mayoría de los habitantes de Bahía. Massot padre era un marino que murió en un accidente de armas, y había ocupado un consulado durante el peronismo, hasta que lo separaron por manejos de dinero bastante confusos. Pero el origen del diario, fundado por Enrique Julio en 1898, es radical. Su línea editorial repudió el golpe de Estado de 1930, hasta que tomó el mando Diana Julio de Massot, y la publicación se corrió al liberalismo económico. Bahía Blanca fue un verdadero bastión del golpe de Estado de 1955, la Marina bombardeó el puente Las Oscuras para que no llegaran las tropas leales, y la empresa hizo sonar una enorme sirena que utiliza para lo que considera grandes acontecimientos. Sus editoriales llamaban a la rebelión de La Libertadora, a desobedecer los principios democráticos. Exactamente como ahora, que estimulan a la violencia y aplauden cada vez que muere alguien en la calle. Ante un asalto, por ejemplo, el mensaje es directo: "Es preferible que al delincuente lo maten antes de ser detenido por un policía corrupto, y después soltado por jueces garantistas liberadores de presos." Hoy, el edificio histórico del diario lo ocupa el Colegio de Abogados, nada menos. Y para la redacción construyeron un verdadero búnker justo al lado, de cemento, inaccesible.
–¿Cómo está la empresa?
–Redujeron mucho la planta, si la comparamos con los años sesenta. En ese tiempo el monopolio era fuerte, con el diario, LU 2 y Cable Total. El nombre del canal estaba bien elegido, por lo totalitario. Se vendían muchos ejemplares cuando no llegaban los diarios de Buenos Aires, pero después, la realidad cambió. Además, el diario de Río Negro comenzó a tener más protagonismo no sólo en Bahía, sino además en Neuquén, Bariloche y la zona del Alto Valle. Es sabido que dentro de la redacción se vive un régimen de oscurantismo terrible en el que nadie se anima a decir lo que piensa, todos hablan en voz baja y nunca se critica nada.
–¿En qué momento La Nueva Provincia aparece mencionado en causas de lesa humanidad por primera vez?
–En la indagatoria que le hicimos a Vilas en 1987, cuando declaró 13 días seguidos. Vilas manifestó con naturalidad el vínculo del Ejército con el diario. Y dijo que eran muy comunes sus reuniones en el barrio Palihue con Juan Ramón Cachero, uno de los periodistas más importantes de la empresa. A esos encuentros también asistían el juez Guillermo Madueño y el camarista Ricardo Rojo, nexo del Ejército con la Cámara Federal. Hay una anécdota que se relaciona con lo que hoy se denominan "zócalos" en televisión. Durante aquellos años, los Massot administraban en la ciudad el Canal 9. En la parte inferior de la pantalla, en lugar de la hora y la temperatura, la familia mostraba un teléfono para que la gente llamara y denunciara a "subversivos", contara dónde los habían visto, y diera datos para ir a secuestrarlos. La anécdota es que muchos se comunicaban por cualquier cosa. Un empresario que quería echar a un empleado, por ejemplo, lo mandaba al frente. Y lo terrible es que ese hombre no aparecía nunca más. Vilas tuvo que armar una especie de "comisión evaluadora", para filtrar llamados y decidir dónde ir y dónde no.

–Bahía Blanca marcó un antecedente importante en la historia de los juicios por causas de lesa humanidad, en tiempos en que los procesos no eran tan comunes como ahora. 
–Sí, se puede decir que fuimos los primeros, a pesar de las trabas y los problemas. En 1985 la directiva del alfonsinismo era someter a proceso sólo a las cúpulas militares, pero más allá de eso, ninguna cámara del país hacía nada. Cuando me nombraron fiscal empecé a pedir colaboración en todos lados. La Ley 23.049 establecía que los juicios serían por Cuerpo de Ejército, y tuvimos que organizar la modalidad, porque la región de Bahía se subdividía a su vez en tres subzonas. Reclamé expedientes al Consejo Supremo, que investigaba más a las víctimas que a los represores; pedí datos a jueces federales; exigí que los jueces militares mostraran lo que tenían; y con ese conjunto de  cosas solicitamos el abocamiento de la Cámara. 
–Y aparece la Ley de Punto Final...
–Claro, pero no nos complicó, porque daba un plazo de dos meses para ponerse en vigencia. Trabajamos a destajo, incluso dentro de la feria judicial, y alcanzamos a citar a todos los implicados. Eso permitió detener a varios militares, como Vilas, (José Luis) Sexton, (Abel) Catuzzi o Bernardino Páez. Lo peor fue la Obediencia Debida, que frenó todo. Por eso planteamos su inconstitucionalidad. 
–¿Se hablaba de Massot y de su complicidad con el genocidio?
–Hay que poner las cosas en contexto. Esa colaboración del grupo se respiraba en el ambiente, pero gracias que podíamos juzgar a los militares, a algunos. Considerar las complicidades de la Iglesia, de los civiles y de los empresarios con la dictadura no era tan común como en la actualidad. Uno de los que asistió a mi juramento como fiscal fue el general Dante Caridi. Lo primero que me dijo fue: "Bienvenido doctor, lo felicito. Estamos a disposición, y si necesita algo, cuente con mis colaboradores." Se acercó para cerrar el paquete, para que no hiciéramos ruido con el pasado. "Cómo no, general –le contesté–, vamos a hacer lo que tengamos que hacer." Nunca imaginó que los investigaríamos por genocidas. Los militares estaban tan seguros de que no les pasaría nada, que Vilas, para quedar bien, nos contaba que hacía sumarios a sus cabos y oficiales cada vez que se robaban una carpita de mochilero o una bolsa de papas. Gracias a una bolsa de papas descubrimos la identidad de una de las patotas de secuestradores más importantes de Bahía, que La Nueva Provincia hacía pasar por salvadores de la patria.
–¿Cómo fue el caso?
–Un cabo robó algunas papas en el medio de un secuestro, y un coronel, en un arranque de rectitud, lo sumarió. Firmó una constancia con el nombre del ladrón, pero también con cada uno de los que había integrado la banda. Al investigar el secuestro, dentro de una de las causas, saltaron las identidades de los secuestradores. Para ellos, llevarse un kilo de papas era ilegal, pero estaba bien asesinar, secuestrar y arrastrar a la gente de su casa para torturarla. Pero, volviendo a Massot, y a si se consideraba su papel, también desde lo alto del poder se bajaba línea para limitar los procesos únicamente al generalato, y no tocar nada de ahí para abajo. El mismo (Luis) Moreno Ocampo decía que con solamente 800 casos bastaba para hacer un muestreo de lo hecho por la dictadura. Los Juicios por la Verdad fueron uno de los primeros aportes para que la gente supiera que los militares no habían estado solos en la represión. Allí, por ejemplo, desenmascaramos las listas que Carlos Ruckauf y José Rodríguez, de SMATA, elaboraban con los delegados gremiales de Mercedes Benz que después serían secuestrados. 
–Más allá de reivindicar a la dictadura, La Nueva Provincia sigue hoy haciendo una permanente apología del delito. Sin embargo, después de tantos años no hay acciones penales que cuestionen eso. ¿Por qué?
–La impronta de la familia Massot en Bahía es muy fuerte, y romper con ese mandato cultural es casi imposible. No hay intendente de la región que se atreva a quitar la publicidad oficial de los medios del grupo, o limitar el vínculo con el diario. Y por supuesto, ningún juez se anima a ordenar la detención del empresario. Hace pocos días, un ex funcionario radical dijo que el pedido de encarcelamiento de Massot podía discutirse, pero no entendía por qué se lo acusaba a Mario Gabrielli, un "simple empleado". Gabrielli era el editorialista que hacía panegíricos de la tortura y el exterminio, no era un "simple empleado". El tema es que a Massot no se le animan. Y ya algunos empezaron a decir que detenerlo significaría un ataque a la libertad de expresión. Si hasta 

están intentando que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) proteste con algún comunicado. «


Ulpiano, el peor de la clase
Los dos tribunales federales de Bahía Blanca están vacantes. Santiago Ulpiano Martínez, el juez subrogante de la ciudad que se negó a detener a Vicente Massot, a pesar de las pruebas que lo vinculan con los secuestros y homicidios de los operarios gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, en realidad no es juez, sino secretario, sin concurso para ejercer la magistratura.
Ulpiano, como lo llaman en el ambiente, llegó a ese lugar de la mano de Luis Armando Balaguer, el ex juez federal de Bahía destituido durante la fiesta menemista de los noventa, y condenado a prisión por estafas reiteradas, llevarse relojes sin pagar, falsificar documentación para sacar créditos y retirar autos de varias concesionarias a pesar de que nunca puso un solo peso. Pero lo que no se puede negar es que el secretario tenga coherencia: hace un tiempo también rechazó guardar entre rejas al ex capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara, acusado de complicidad con los genocidas de la región.
Martínez forma parte de la corporación judicial de Bahía, una familia bastante particular. Muy cercano a la línea de Eduardo Tentoni, juez apartado de la causa que salpicaba a la Marina debido a su declarada simpatía hacia los verdugos, y aprobar los paseos barriales que hacían militares condenados a arresto domiciliario porque, según él, caminar les hacía bien a la salud. Otro de los magistrados que formaba parte de ese club era Hilario Fernández Orozco, nombrado por Carlos Menem, fanático de la pena de muerte, y ex abogado defensor de varios genocidas. Epoca en la que según él, a razón de 5000 dólares por reo, cobró la mayor cantidad de plata de su vida.
No hace mucho, Ulpiano se presentó para cubrir el cargo de fiscal de Cámara. Su examen oral fue muy bajo. Quedó entre los últimos.

Fuente: Tiempo Argentino, domingo