El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, tiene previsto escuchar el jueves, desde las 9, el testimonio de los últimos testigos convocados en el juicio oral que se realiza en el marco de la causa en la que se investiga el homicidio de Osvaldo Sigfrido De Benedetti, sucedido el 21 de julio de 1978.
Cronica de la audiencia anterior por Gabriela Cruz
De Benedetti, emoción y militancia
Fotografía de Bruno Cerimele | Agencia Infot
Fue la tercera audiencia del juicio por el asesinato de Osvaldo Sigfrido De Benedetti. Fueron más de una docena de testigos los que declararon y él, Fernando Sosa Padilla, el testigo número trece, se retiró dejando a todos con un nudo en la garganta, con los ojos húmedos y el orgullo de la militancia y las convicciones. Aplausos, abrazos, agradecimientos. “Nuestro más profundo respeto al Ministerio Público de la Defensa porque estoy profundamente convencido que es tan importante que exista un Ministerio Público de la Defensa que pueda ejercer el derecho de la defensa de quien hoy está imputado”, dijo cuando el presidente del tribunal le preguntó si quería agregar algo más. Y mirando a los defensores oficiales agregó: “Porque, ¿sabe qué doctor? En la época del terrorismo de Estado nadie podía tener una defensa”. Con la misma serenidad con la que brindó todo su testimonio siguió hablándoles a los abogados. “Quienes morían en medio de la tortura en los campos de detención no tenían abogados defensores; las compañeras que eran obligadas a dar a luz que luego les quitaban sus hijos y eran tiradas al mar en los vuelos de la muerte, no tenían abogados defensores; Osvaldo Sigfrido De Benedetti, en el momento de ser asesinado, no tuvo un abogado defensor”. Y siguió preguntando. “¿Sabe por qué doctor?”. Y la respuesta que él mismo dio fue más dura todavía. “Porque su defensor, el doctor Ángel Gerardo Pisarello, dos años antes, en julio del 76, ya había sido asesinado por el terrorismo de Estado”.
El reconocimiento a los abogados defensores fue sincero. Porque está sostenido en una vida de militancia. La militancia de un ex preso político que sabe de supervivencia y de lucha. “Que hoy ustedes puedan ejercer como Ministerio Público de la Defensa sin presiones, sin amenazas, sin que se arriesgue la vida, no es un favor ni una concesión, es un logro verdadero de esta democracia que tanta sangre nos costó conseguir”, culminó Sosa Padilla, que al finalizar la audiencia, cuando todos ya se retiraban, se acercó a saludar personalmente a los cuatro defensores oficiales.
A lo largo de su testimonio habló de cómo conoció a Osvaldo, de las condiciones en las que estaban detenidos los presos políticos, de cómo se realizaban los traslados, de lo imposible que era siquiera pensar en fugarse. Agradeció al tribunal por permitir “que la memoria como construcción colectiva pueda ser reconstruida a pesar del paso del tiempo”, y recordó al doctor Pisarello, a Damián Márquez, a Dardo Molina y a los 30 mil desaparecidos con un ‘presentes, ahora y siempre’.
24 de marzo, un antes y un después
“Hasta el 24 de marzo de 1976 las cárceles eran cárceles y nosotros éramos presos políticos encausados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Después del 24 de marzo de 1976 las cárceles se convirtieron en verdaderos campos de concentración y los presos políticos pasamos a ser rehenes del terrorismo de Estado”, había dicho Fernando Sosa Padilla durante su testimonio. Y no fue el único testigo que marcó esa diferencia. Norma Susana San Nicolás se refirió a dos etapas en el ‘régimen de detención’ y especificó como características del segundo periodo la presencia de militares en reemplazo del personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Contó que les retiraron los elementos de limpieza, de lectura, que ya no podían tener contacto con los familiares, que estaban incomunicados con el exterior, que sufrían el hostigamiento constante de los militares, las requisas vejatorias. Norma estuvo detenida en la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1).
“Eran condiciones de una cárcel normal”, dijo SG cuando le preguntaron por la UP1, lugar al que fue trasladada después de haber estado en un Centro Clandestino de Detención. “A los pocos días llegó algo impensable: la entrada de los militares a las cárceles. Las condiciones empezaron a ser infrahumanas”, manifestó la testigo que pidió que no se desalojara la sala a pesar que el Protocolo de Tratamiento a Testigos Víctimas de Delitos Sexuales así lo permite. Solicitó incluso que se queden los imputados porque quería ‘decirles las cosas en la cara, como ya lo hizo con Videla y con Menéndez’, informó el secretario del tribunal.
También declararon Pedro Jesús Carranza, Ramón Ariza y Julián Ricardo Contreras, todos ellos habían sido miembros del SPF. Los testigos coincidieron en que la vigilancia y el control del sector de los presos políticos estaban a cargo del Ejército Argentino. “Ellos los llevaban, ellos los traían, nosotros lo único que hacíamos era abrir la puerta para que los saquen”, explicó Ariza. Carranza afirmó que a pesar de ser inspector de guardia interna no tenía ningún contacto con estos ‘presos especiales’, “porque los que los manejaban eran los del Ejército”, señaló. Julián Contreras agregó que el que firmaba las órdenes para el ingreso de los militares al pabellón de los presos políticos era Jorge González Navarro, uno de los imputados que presencia la audiencia por el sistema de teleconferencia.
Los testimonios de los que fueron detenidos después del 24 de marzo de 1976 no hacen comparaciones, pero los detalles son los mismos. Que la guardia estaba a cargo de militares, que los traslados los hacían vendados, con las manos atadas o esposadas a las espaldas, que los encadenaban, que antes de salir los golpeaban. Para todos pensar en una fuga era un absurdo. La excusa del ‘abatimiento’ de Osvaldo De Benedetti queda cada vez más desenmascarada según los testimonios vertidos ante el tribunal. Así lo expresaron Enrique Asbert, Eduardo Breuil, Jorge Vicario y María del Carmen Pérez.
Juventud con ideales
“Fui parte de una generación que fue conmovida porque en este país no había democracia y los militares entraban y salían cuando querían”, reflexionó Ricardo Rípodas. Habló de esa generación y de lo que les hicieron por creer en lo que creían. Y como muchos sobrevivientes de aquellos años oscuros reflexiona sobre las decisiones tomadas pero con la convicción que nada justifica las atrocidades cometidas. “Falta un debate muy profundo en nuestro país sobre lo que ha sucedido y por qué aquella generación tenía ese desencuentro con las instituciones democráticas”, concluyó Ricardo.
“Quiero hacer un recuerdo y un homenaje a los jóvenes de nuestra generación, aunque uno no puede hacer un valor de la justeza o no, pero sí decir que éramos jóvenes que queríamos un país mejor con mayor justicia”, fueron las palabras de Manuel Américo Nieva. “En nombre de todos nuestros compañeros desaparecidos, presos políticos, las familias que quedaron destruidas quiero hacer un reconocimiento a esa generación de este país que todavía sigue soñando y a esos sueños los podemos seguir”, agregó emocionado y con la voz temblorosa.
A esa generación pertenecía el ‘Tordo’, como lo conocían a Osvaldo Sigfrido De Benedetti. Una generación de jóvenes con ideales, con convicciones políticas, con las energías puestas en construir un mundo más justo. El ‘Tordo’, el hombre que cuando estuvo detenido soñaba, además, con la libertad. Así lo contó en la audiencia Manuel Nieva “Con que algún día, cuando tuviéramos libertad nos pudiéramos juntar, comer un asado. Soñar con sobrevivir a una situación difícil. Su sueño era sobrevivir y hacer realidad encontrarnos en libertad”.
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Andhes cuestionó ante Casación decisión del TOF
Camara fotoAMPLIARAndhes cuestionó ante Casación decisión del TOF
13/05/2014 - Lesa humanidad
Andhes presentó el Recurso de Casación en la Megacausa Jefatura II - Arsenales
A raíz de la disidencia con las graduaciones de pena impuestas por la mayoría del Tribunal Oral Federal (TOF) en la Megacausa Jefatura II - Arsenales, andhes presentó el Recurso de Casación.
El 13 de diciembre de 2013, el TOF tucumano dictó la sentencia que puso fin a un debate oral y público de particular magnitud e importancia histórica en la provincia. El juicio con 41 imputados y 215 víctimas, duró 13 meses. A lo largo de este proceso pudieron declarar más de 300 testigos, mientras que otras tantas declaraciones fueron incorporadas a la causa; se relevaron 10 establecimientos en donde funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio, así como también lugares clandestinos de enterramientos de víctimas; se recibieron los aportes periciales que dieron cuenta de la existencia de fosas comunes en el Pozo de Vargas, en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y en el cementerio de la localidad de Tacanas. También durante el juicio se produjeron las identificaciones de siete de las 215 víctimas sobre cuyos casos se llevó adelante el proceso judicial. Desde andhesremarcaron que toda esta labor fue desarrollada "con profunda seriedad y respeto al debido proceso tanto para los imputados como para las víctimas".
Desde el Área de Memoria, Verdad y Justicia de la ONG, sostuvieron que el recurso de casación presentado " tiene como objetivo central, modificar en la Cámara Nacional de Casación Penal, el arbitrario e infundado criterio del Tribunal de declarar inconstitucional la prisión perpetua en los casos de delitos de lesa humanidad, como así también que se condene a los represores gendarmes por torturas y homicidios triplemente calificados, conforme lo probado durante este megajuicio, y no solamente por privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita".
Por otro lado, desde andhes indicaron que "este recurso encuentra su fundamento en el derecho de acceso a la justicia de toda víctima de violación de derechos humanos, en especial en aquellas normas que reconocen los derechos de dichas víctimas y el control que las mismas pueden llevar adelante sobre el proceso penal (Las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, Declaración de Naciones Unidas sobre los "Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder" de 1985, el "Protocolo de Estambul", el "Protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas-testigos en el marco de procesos judiciales", etc.)"
Finalmente para la ONG, la Megacausa "permitió comprender cómo funcionaba la maquinaria represiva. Los testimonios de las víctimas y las investigaciones determinaron a la ex Jefatura de Policía como uno de los lugares donde se llevaba a los secuestrados, se los torturaba, se los interrogaba a los fines de sacarles la mayor información posible, y después se producían los traslados al Arsenal, donde finalmente, además de ser torturados, los cautivos eran ejecutados y sus cuerpos ocultados en fosas comunes en el mismo lugar, por lo que sostenemos nuestra acusación de que todos los imputados por homicidios agravados en el marco de causas de lesa humanidad, sean condenados a perpetua".
Fuente: Tucuman Hoy
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