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"La Masacre de Trelew fue un hito en el plan clandestino de represión", afirmó la querella

La Masacre de Trelew fue "un hito en el plan clandestino de represión, que alcanzó su máxima intensidad durante la última dictadura" de 1976-83, afirmó la querella al comenzar los alegatos finales en el juicio por el fusilamiento de 19 presos políticos perpetrado en 1972.

"Estamos en la etapa final de este juicio por la Masacre de Trelew, luego de más de 30 años de silencio e impunidad", dijo Eduardo Hualpa, uno de los abogados de la querella de familiares de víctimas de la Masacre del 22 de agosto de 1972.

Hualpa expuso los hechos previos al fusilamiento que causó 16 muertes y heridas graves a otros tres prisioneros en la base Almirante Zar de la Armada, desde la fuga, una semana antes, de 25 detenidos del penal de Rawson, la capital de Chubut.

Seis participantes de esa fuga completaron la huida en avión a Chile, mientras que otros 19, cercados por tropas militares en el viejo aeropuerto de Trelew, pactaron su rendición con garantías el 15 de agosto, en presencia de un juez y periodistas.

El letrado expuso luego la secuencia que derivó en la ejecución de los prisioneros y relató también hechos posteriores, como la persecución a sobrevivientes, familiares de las víctimas, abogados y miembros de la Comisión solidaria con los presos políticos, integrada por vecinos de Rawson y Trelew.

"Representamos en este juicio a nueve familias marcadas y algunas diezmadas, por quienes estamos alegando", dijo Hualpa, sobre la querella que integra junto a las abogadas Carolina Varsky y Daiana Fusca, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hualpa dedicó parte del alegato a desmontar la versión oficial de la dictadura y la Armada sobre que el prisionero Mariano Pujadas hubiese arrebatado un arma a la guardia y comenzado a disparar en un supuesto nuevo intento de fuga.

Dijo además que los cinco marinos acusados en el juicio que se desarrolla en Rawson "están imputados por gravísimos delitos que configuran sin duda crímenes de lesa humanidad", aunque tocará a Varsky este martes la calificación de los mismos y el pedido de penas.

Por su parte, Fusca expuso sobre el contexto histórico de la Masacre de Trelew, durante la dictadura de 1966-73 y su Doctrina de la Seguridad Nacional, que definió un "enemigo interior llamado subversión".

En ese marco, citó normativa y reglamentación "reservada" o secreta, incorporada al expediente, que preveía el uso de tormentos, con eufemismos como "método de la acción compulsiva" para obtener información e "interrogatorios estrictos".

Esa documentación del régimen dictatorial preveía también que la población "podrá sufrir las consecuencias de la represión militar", a la vez que confirma que ya entonces existían los Grupos de Tareas clandestinos, generalizados a partir de 1976.

La abogada recordó además la creación del fuero antisubversivo y de El Camarón, como se conoció a la Cámara Federal en lo Penal conformada en 1970, un tribunal ad hoc sin derechos a apelación, concebido como parte del aparato represivo.

La "motivación ideológica comunista, calificación encomendada a la SIDE", servía para perseguir a militantes estudiantiles, políticos, sindicales, sociales y sacerdotes, añadió Fusco.

Como contrapartida, aludió a "la movilización social", con expresión saliente en el Cordobazo del 29 de mayo de 1969, "a la aparición de organizaciones revolucionarias y a las agrupaciones de defensa de los presos", como la surgida en las principales ciudades de Chubut en torno a detenidos en el penal de Rawson.

Fusco recordó que entre los presos de la Unidad 6 de Rawson se hallaba el sindicalista Agustín Tosco, principal líder del Cordobazo, y que Pedro Bonet, asesinado el 22 de agosto, había dicho una semana antes a la prensa: "somos hijos de mayo de 1969, somos hijos del pueblo".

Citando testimonios y documentación reunida durante el juicio, la abogada señaló que la represión en la Argentina cobró forma bajo la influencia de la estadounidense Escuela de Panamá, donde se formaban oficiales latinoamericanos, y de la "escuela francesa".

"El plan clandestino de represión" se conformó entre fines de los `60 y comienzos de los `70, incluidos doctrina y cursos, también "los primeros secuestros y asesinatos", por los que "todo estaba listo" para ponerlo en ejecución con la Masacre de Trelew, señaló Fusco.

Además de los familiares de las víctimas, también es querellante en el juicio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por los abogados Germán Kexel y Martín Rico, que alegarán al parecer el miércoles próximo.

Según estimaron fuentes de la causa, el jueves pronunciaría su alegato el fiscal federal Fernando Gelvez. Después vendrá el turno de la defensa de los cinco marinos acusados: Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Jorge Enrique Bautista, Luis Emilio Sosa y Rubén Norberto Paccagnini, y la sentencia se conocería a mediados de octubre próximo.

Fuente: telam

 

 

 

 

 

Masacre de Trelew: los militares sabían que se preparaba una fuga de la Unidad 6 de Rawson

 

Los abogados de las familias ratificaron que los presos fueron fusilados por la Armada y que fue “un crimen de lesa humanidad” necesario para imponer una nueva estructura económica. La inteligencia militar sabía que se prepara una fuga de la U-6 de Rawson pero no logró impedirla.

Diez horas. Es lo que durará en total el alegato del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a las familias. Ya consumieron casi cuatro y hoy terminarán su turno en Rawson.

El Centro de Estudios Legales y Sociales consideró probado que los 19 fusilamientos de la Masacre de Trelew fueron “gravísimos crímenes de lesa humanidad” que dejaron “familias marcadas y diezmadas”. Y que el episodio fue “un hito en el plan clandestino de represión, que tuvo su máxima expresión con el terrorismo de Estado posterior”.

Con la complicidad de parte de la sociedad civil, el objetivo era imponer una nueva estructura económica que necesitaba el “disciplinamiento” de la población, en especial la militante. Trelew fue la primera ejecución del esquema represivo.

Al cierre de esta edición el CELS, que representa a los parientes de los muertos, seguía con su alegato. En total durará unas 10 horas. Llevan casi cuatro y terminará hoy, cuando el proceso se reinicie a las 10. Así se abrió la parte final del histórico juicio en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson. Hubo medio centenar de personas escuchando.

“La conclusión irrevocable es que los 19 presos fueron fusilados y rematados por personal de la Armada Argentina”, aseguró el abogado Eduardo Hualpa. Según la versión de la querella, a las 3.30 del 22 de agosto de 1972, los guerrilleros detenidos fueron despertados con gritos y patadas en las puertas.

Presos en la Base Almirante Zar de Trelew, el cabo Carlos Marandino les abrió celda por celda. El capitán de fragata Luis Sosa y el teniente de navío Roberto Bravo ordenaron formar delante de los calabozos, con la cabeza gacha. “Luego de uno o dos minutos y sin mediar hecho desencadenante alguno, el personal de la Armada abrió fuego sobre el grupo de prisioneros”, relató Hualpa en el silencio del recinto. “Después del fusilamiento recibieron tiros de gracia”.

El alegato repasó que Pedro Bonet fue asesinado con un tiro de gracia al mediodía de ese día, 9 horas después de haber sido herido; María Angélica Sabelli tenía un tiro mortal en la nuca; Jorge Ulla un disparo a quemarropa debajo de la tetilla izquierda y Susana Lesgart, un orifico de bala sobre el pecho, efectuado desde muy cerca.

La peor parte se la llevó Mariano Pujadas: 17 impactos de bala provenientes de dos líneas de tiro, una a la altura de las piernas y otra a la altura del abdomen. Según la autopsia el último disparo lo recibió en la cabeza, a no más de 30 centímetros y caído en el piso.

Pausado, casi teatral, Hualpa leyó los nombres de cada muerto, su edad y el motivo de su presidio. Recordó que Ana María Villarreal de Santucho “fue asesinada con más de 5 meses de embarazo”. Y que por intencionada falta de atención médica murieron 3 de los 6 sobrevivientes. Para graficar su hipótesis utilizó una pantalla de fondo naranja y proyectó un Power Point con el relato de los hechos.

Además de Marandino y Sosa, Emilio Del Real, Jorge Bautista y Rubén Paccagnini escucharon la descripción muy atentos e impasibles. A veces negaron con la cabeza. Otras agacharon la frente o estiraron el cuello para oír mejor. Se sentaron más cerca del centro del escenario y no se ocultaron en las cortinas.

Según el alegato, el trato a los presos de la Base “empeoró con el tiempo y fue especialmente cruel con Pujadas”. En su semana de encierro los guerrilleros fueron extensamente interrogados por la Marina y la Policía y “sufrieron sesiones de maltrato y verdugueo a cargo de Bravo”. Según los documentos militares, “tenían un gran entrenamiento mental, un cerrado mutismo y una actitud desafiante”. Iban al baño esposados y manos en la nuca, y les apuntaban con armas sin seguro y cargador extra. “Sosa solía visitar los calabozos y avalaba los maltratos”.

Hualpa repasó las 4 versiones oficiales acerca del episodio, las intimidaciones a los testigos y la investigación de Bautista, el juez militar ad-hoc de la época. También las represalias militares.

Un dato se escuchó en el juicio por primera vez: dos semanas antes de la fuga del 15 de agosto del ´72, el entonces capitán de fragata Paccagnini tenía información de inteligencia acerca de que las organizaciones guerrilleras planeaban un copamiento o bien un asalto de la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson.

Las investigaciones de las fuerzas armadas ya le advertían una “concentración de elementos subversivos” en el Valle. Se allanaron pensiones y hospedajes. El entonces jefe de la Base Zar incluso habló del tema con el gobernador de Chubut y le aseguró que el asunto estaba “totalmente clarificado”.

Según la querella, Paccagnini –acusado de cómplice de los 19 fusilamientos- “temía un posible intento de fuga entre el 1º y el 10 de agosto”. Tomó medidas de prevención. Pero aunque el espionaje militar de la época anticipó el movimiento sospechoso de los grupos armados, no adivinó que la toma del penal sería desde adentro. “Esa fue la sorpresa”, dijo Hualpa.

Tras el escape esos partes de inteligencia se multiplicaron. Se fichó a todos los involucrados de alguna forma con la Masacre. Hubo seguimientos a guerrilleros, abogados, familiares y vecinos de Trelew y Rawson que dieron apoyo a los presos políticos. Los datos constan en el material que se guardaba en la ex Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, y que aportó al tribunal la Comisión por la Memoria. Esta recolección de información sirvió para la variedad de represalias que llegarían tras los fusilamientos

Fuente: la Jornada

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Causa: La "Escuelita" II

Tres acusados negaron detenciones y tormentos

00:50 18/09/2012

Los imputados que declararon ayer en las indagatorias rechazaron los delitos que les adjudican. Algunos arremetieron con virulencia contra el juez instructor de la causa, Guillermo Labate, y sus denunciantes. Sostuvieron que fueron inculpados con pruebas falsas. No aceptaron preguntas de los miembros del tribunal ni de los querellantes ni del fiscal. Un militar y un policía están involucrados en los hechos denunciados de la comisaría de Cipolletti.

  

Gendarme (r) Emilio Jorge Sacchitella

  

Gendarme (r) Emilio Jorge Sacchitella

"Los señores de la vida y de la muerte eran 50 tipos"

NEUQUÉN (AN).- "No detuve ni torturé a una persona y tampoco hubiera permitido que torturan", dijo ayer el oficial retirado Gustavo Vitón, quien estuvo a cargo del comando del Ejército que intervino la comisaría de Cipolletti el 24 de marzo del 76.

Cargó contra el juez Guillermo Labate, al cuestionar que no haya dirigido la investigación como a su parecer correspondía, ordenando allanamientos en dependencias militares para recuperar documentación.

Apuntó a desincriminarse de una de las acusaciones por la que llegó al juicio, que es la de integrar una asociación ilícita. En ese sentido dijo que los que realmente comandaron el proceso fue un reducido grupo de militares, de mucho más jerarquía.

"Los señores de la vida y de la muerte eran 50 tipos", remarcó para delimitar responsabilidades.

Agregó: "nosotros tuvimos dos de esos en Río Negro. Uno era (Acdel) Vilas (por ese entonces comandante del Quinto Cuerpo del Ejército) y otro (Néstor Rubén) Castelli", interventor militar en la provincia.

En la misma línea señaló que "los ideólogos de esa asociación ilícita y el golpe fueron -entre otros- los generales Osiris Villegas, (Benjamín) Rattembach. Rattembach fue el que tras el derrocamiento de Perón prohibió que se publicara el nombre de Perón y que en su lugar se usara 'el tirano'".

Vitón reivindicó su pertenencia al grupo de los "33 Orientales", el grupo de militares que se opuso al golpe del 76. "Oponerse al golpe era jugarse la vida", dijo.

En cuanto a quienes lo acusan dijo que no los reconocía y aún cuando de algunos no cuestionaba que lo que dijeron fuera verdad, señaló. "Niego haber tenido alguna participación (en detenciones y torturas) en la comisaría de Cipolletti".

"Me dijo que conocía 'La Escuelita'"

NEUQUÉN (AN).- La dirigente de la APDH neuquina, Noemí Labrune sostuvo que Vitón "a mí, me dijo que él conocía la existencia de La Escuelita", pero que luego se desdijo cuando debió declarar en 1987 cuando se iniciaba la causa conocida como los Juicios por la Verdad, en la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Replicó que "si quería colaborar con la verdad, hizo todo lo contrario" antes de estar imputado.

Explicó que cuando no estaba acusado por los delitos que se investigaban en esta causa, el militar dado de baja en 1980 se ofreció ante la APDH para testimoniar, pero cuando lo hizo, "se sentó con otros militares ese día, y había una especie de director de orquesta, que era un auditor militar que estaba de civil y todos dijeron lo mismo".

Añadió que "las declaraciones están en la causa y es como si hubiesen conocido de memoria el libreto: nadie conocía ese lugar en el fondo del batallón, que estaba deshabitado".

Labrune sostuvo que en esa ocasión Vitón "hizo un falso testimonio", porque juró decir la verdad ante los jueces bahienses.

"No soy el personaje que construyó Labate"

NEUQUÉN (AN).- El comisario rionegrino retirado Oscar Del Magro volvió a responsabilizar de su situación procesal al juez de instrucción Guillermo Labate y negó los secuestros ilegales y torturas de los que está acusado. Planteó que "no fui un represor ni un genocida".

Debido a que la víctima Raúl Sotto lo involucró en los hechos que se le imputan replicó gran parte de su testimonio y sostuvo que cuando le endilga "perseguir a los compañeros" en 1973, él estaba en la escuela de cadetes. Dijo que no estuvo uniformado porque desde octubre del 75 a octubre del 76 pertenecía a la brigada de investigaciones para dedicarse a "hechos contra la propiedad". Insistió en que "niego la detención ilegal, no podía detener sin orden oficial.

Del Magro, que fue candidato a intendente en Valle Medio por el PJ, dijo que Sotto no tenía militancia política en la época del golpe y que conocía el interior de la comisaría de Cipolletti porque había sido detenido en 1974 por robo.

Para respaldar sus dichos ejemplificó que en los tiempos en los que se perseguía a la ciudadanía por lo que pensaban, "ayudé a quemar libros" al hermano del abogado Segovia, de los derechos humanos. "Suponiendo que quería un ascenso, hubiera denunciado la tenencia de esa bibliografía", dijo. "Qué relación pude tener con los militares", se quejó. Sostuvo que sufrió represalias al negarse a participar con el Ejército y la gendarmería en los operativos en los que se perseguía a indocumentados chilenos en la zona.

"A Joubert lo denunció su concubina"

NEUQUÉN (AN).- El gendarme Emilio Sacchitella utilizó la mayor parte de los veinticinco minutos de su declaración que realizó a desacreditar las imputaciones que le hizo Ernesto Joubert, caso por el cual está acusado. En particular que todo su accionar en la detención del citado se rigió con el más estricto respeto por la ley.

"Joubert fue detenido porque lo denunció su concubina y así se hizo porque era lo que correspondía, no hacerlo hubiera significado incumplimiento de funcionario público", dijo en el inicio de su declaración, que leyó en su totalidad. Previamente informó que no respondería preguntas.

"No fue detenido frente a la escuela -como dijo en alguna declaración la víctima-, sino en su casa, porque lo denunció su concubina Olga Bustos, y él mismo lo reconoce", sostuvo el imputado para marcar una de las que a su juicios son contrariedades de Joubert.

También señaló como falaz la declaración del denunciante respecto de las armas que portaban los gendarmes.

"Dijo que Sacchitella lo trataba como un prisionero. Eso no es veraz. Se lo interrogó por escrito y declaró que pidió leer su declaración y no lo dejaron. En las normativas de Gendarmería se le pregunta si la quiere leer y si dice que no se le lee en voz alta ", remarcó.

En rechazo de las acusaciones indicó que lejos de violentar las normativas la cumplió a rajatabla y en cuanto a manejarse en la ilegalidad también replicó con firmeza. "El mismo dijo que lo llevaron al hospital, pero que no estaba enfermo", comentó Sacchitella en un intento por desvirtuar la denuncia de Joubert.

Fuente: http://www.rionegro.com.ar

 

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La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia