martes, 21 de mayo de 2013








EL PRÓXIMO MARTES 28 DE MAYO

Corrientes: Por primera vez juzgarán a dos civiles por crímenes cometidos durante la última dictadura militar

Dos exagentes civiles irán por primera vez a juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Corrientes durante la última dictadura militar, en una causa que tiene como tercer imputado a un exteniente del Ejército en la ciudad de Paso de los Libres, Héctor Mario Juan Filippo.

Los tres procesados se sentarán el martes 28 de mayo, a las 8:30, en el banquillo de la sala juzgadora del Tribunal Oral Federal 5 de la Capital correntina, que lo juzgará por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos contra tres militantes, en 1976.

Esta es la quinta causa por crímenes de la dictadura en territorio correntino que va a juicio oral y la primera que lleva al banquillo de los acusados a dos exagentes civiles, Carlos Faraldo y Rubén Daría Ledesma, quienes habían sido contratados por el Ejército y cumplían funciones en el Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres.

Según la investigación judicial, ambos actuaban bajo las órdenes del exmilitar Filippo en las persecuciones y detenciones que ejercían en grupos de tareas del plan represivo de la dictadura.

Los tres imputados están actualmente en libertad, luego de haber conseguido el beneficio de la excarcelación hace dos años, aunque las penas que podrían solicitar van de los 15 a los 18 años de prisión.

Los hechos que se juzgan son tres privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra Carlos Lossada y su esposa Rosa Noemí Cotto, quienes fueron torturados durante 48 horas, y su hermana Lilian Ruth Lossada, quien estuvo cuatro años detenida entre el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes capital y la cárcel porteña de Villa Devoto.

Estos tres sobrevivientes son los primeros que prestarán declaración en el juicio, en una lista de al menos 20 testigos que involucraron a los acusados durante la investigación en primera instancia.

Los presos políticos de la dictadura en Paso de los Libres, generalmente, eran alojados y torturados en un campo privado conocido como "Estancia La Polaca", que lo utilizaba el Ejército en comodato.

Fuentes judiciales explicaron a Noticias Argentinas que el proceso podría solo dos semanas porque solamente están previstas tres audiencias, por lo que a mediados de junio el Tribunal daría su veredicto.

El Tribunal está presidido por el juez Víctor Alonso e integrado por los vocales Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni, quienes ya sentenciaron a penas de prisión perpetua y 25 años a otros represores en cuatro causas anteriores que fueron a juicio entre 2008 y 2011 en Corrientes.

Fuente: Corrientes Hoy

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Lesa humanidad: procesaron a ex directivos de la empresa Ford


Lo dispuso la jueza federal Alicia Vence. Alcanza a Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Jesús Sibilla. En la causa se investiga el secuestro de 24 obreros de esa compañía automotriz, ocurridos entre el 24 de marzo y 20 de agosto de 1976


Fallo completo 657.03 Kb.
La jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Jesús Sibilla, ex directivos de la empresa Ford, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En la causa se investigan los secuestros de 24 obreros de esa fábrica automotriz, ocurridos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976.
Los tres acusados fueron considerados partícipes primario de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 24 hechos, nueve ellas agravadas por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos, reiterado en 24 ocasiones, todos los cuales concurren realmente entre sí.
Asimismo se ordenó trabar embargo sobre sus bienes, cada uno hasta cubrir la suma de $750.000, y se les impuso el cumplimiento de las siguientes condiciones bajo apercibimiento de revocar el beneficio de la libertad provisional: no ausentarse de su domicilio por un lapso mayor de 24 horas y comunicar cualquier cambio de residencia, comparecer mensualmente a la delegación de la Policía Federal Argentina con jurisdicción en su domicilio del 1° al 10° día de cada mes.
Según la resolución, se les imputa a Müller -en su carácter de gerente de Manufactura-, Galarraga -en su carácter de gerente de Relaciones Laborales- y Sibilla -en su carácter de jefe de Seguridad-, el haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar, al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a los delegados y empleados Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán, de la empresa Ford Motors Argentina SA, para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa.
Se destaca que también debió haber sido llamado a proceso Nicolás Enrique Julián Courard, quien se habría desempeñado como presidente de la empresa Ford pero, según consta en autos, habría fallecido en el año 1989 en la República de Chile.
“Concretamente, a los nombrados se les imputa el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías -glosadas a sus Legajos personales de la empresa- y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos. Así también se les endilga, el haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo de Recreativo y/o de Deporte, para que en sus dependientes fueran interrogados. Allí fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”, indica.
Fuente: www.cij.gov.ar


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