Ratifican que el Ejército tenía una fosa

 común en el Cementerio municipal 

Por Elena Corvalan

El testigo Nicanor Guaymás, que en 1976 era operario en el Cementerio de la Santa Cruz, ratificó ayer que por aquella época el Ejército habilitó una fosa común donde por las noches enterraba cuerpos traídos en un camión Unimog. 

Guaymás, uno de los diez testigos que declararon ayer en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad, dijo que vio esta maniobra “tres o cuatro veces”, pero no pudo precisar cuántos cuerpos fueron sepultados en cada ocasión. “No sé si llevaban cuatro, cinco, diez o dos”, se excusó. Recordó que vio las descargas a unos 20 metros, de noche, con poca luz, pero que a pesar de ello pudo distinguir que algunos cuerpos eran llevados en bolsas y otros en cajones. 

Esa fosa común ya ha sido señalada por el testigo en las inspecciones realizadas en abril pasado por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta, que desde mayo del año pasado juzga a 17 hombres por crímenes cometidos entre enero de 1975 y 1978 en perjuicio de 34 personas. 

Guaymás recordó que el administrador y el capataz los hacían quedar “hasta tarde” cuando iba a venir el camión del Ejército con los cuerpos. Dijo que el mismo Ejército había cavado con una máquina –algo que no era común en la época- una zanja en el sector sur del Cementerio, donde se depositaban estos cuerpos, que eran cubiertos de tierra por los mismos militares. 

La existencia de esta fosa se conoce ya desde 1977. Fue ubicada por Julio Gamboa, cuando buscaba a su hermano, Héctor Gamboa, y a la esposa de éste, Gemma Fernández Arcieri, que habían sido secuestrados en septiembre de 1976. 

En ese lugar Julio Gamboa encontró el maxilar de Arcieri, identificado al pie de la fosa, en presencia del médico policial, por el odontólogo Manuel José Castello. 

Ayer el fotógrafo Alejandro Ahuerma, que en 2007 entrevistó a Guaymás y fotografió el lugar de los enterramientos colectivos, recordó que en 1984 hubo una intervención judicial y se exhumaron 13 cuerpos, según publicó entonces el diario El Tribuno. Pero la investigación se detuvo, según denunciaron los organismos de derechos humanos, por una orden directa del entonces gobernador, Roberto Romero. 

En 2007 hubo un nuevo intento de investigar esa fosa, pero no avanzó. Los querellantes pretenden que la investigación continúe ahora. 

No daban la orden de operar

El último testigo de la jornada, Edgar Castellano Oliva, aseguró  que la Policía impidió que se le brindara asistencia médica a Martín Miguel Cobos, quien había recibido unos 30 balazos la madrugada del 25 de septiembre de 1976, cuando fue atacado por grupo de tareas, aparentemente integrado por policías, que buscaban a su hermano mayor, Enrique Cobos, militante de la JP. 

Los atacantes también golpearon a su padre, Víctor Manuel Cobos. Castellano, que es primo del docente Néstor Oliva, también desaparecido, recordó que “don Cobos” tenía la cabeza lastimada. 

Martín Cobos fue llevado al Instituto Médico, donde los médicos decidieron intervenirlo de urgencia. Sin embargo, recordó ayer Castellano, “no lo operaban porque no autorizaban. La Policía no autorizaba”.

Castellano Oliva, que era compañero del secundario de Martín Cobos, recordó que en el Instituto “se veía mucha gente que caminaba, entraban, salían, parecían policías”. 

También subrayó que, por la tarde, luego de que Martín muriera, “no nos entregaban el cuerpo” y tampoco les permitían verlo, por lo que tuvieron que esperar “todo el día”. 

Fuimos nosotros

En otro orden, la testigo María Beltramino aseguró que los gendarmes que la detuvieron en septiembre de 1976 en la ciudad de Córdoba le aseguraron que también habían detenido a su marido, Daniel Loto Zurita, y al matrimonio integrado por Héctor “Guido” Gamboa y Gemma Fernández Arcieri, cuyas desapariciones se investigan en este proceso. 

Beltramino vivía en Salta junto a Loto pero para finales de septiembre del 76 había viajado a Córdoba a visitar parientes. La madrugada del 24 de septiembre de 1976, su marido, Gamboa y Arcieri fueron secuestrados.

Los matrimonios estaban vinculados por su militancia en la JP y en Montoneros y porque Loto y Beltramino trabajaban en la zapatería de Gamboa. Días después de los secuestros en Salta, Beltramino fue detenida en Córdoba. “Me dicen: ‘nosotros lo detuvimos a tu esposo y a los que les daban trabajo a ustedes, a Gamboa y a Arcieri”, contó ayer vía videoconferencia desde Córdoba.

@@@

cOMUNICADO DE PRENSA – H.I.J.O.S. CAPITAL

13/5/2013

Exigimos la exoneración inmediata de dos docentes de la Ciudad de Buenos Aires que SON asesinos: Lompizano y Braga sólo pueden enseñar a matar a militantes

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay dos docentes activos en el sistema educativo, a pesar de estar condenados, uno de ellos por el asesinato de Mariano Ferreyra y el otro por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar. Exigimos al Ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, que Lompizano y Braga sean exonerados de inmediato, ya que no sólo deben cumplir su condena, sino que además está demostrado que carecen de idoneidad moral y ética para ejercer un rol docente. 

El ex oficial de Inteligencia del Ejército Rafael Braga fue condenado el pasado 3 de mayo a prisión perpetua por el Tribunal Oral y Federal de Jujuy por delitos de lesa humanidad. Por su parte, el ex comisario Hugo Lompizano fue condenado el pasado 19 de abril por el Tribunal Oral y Criminal Nº 21 a dos años de prisión por su participación en el asesinato del militante popular Mariano Ferreyra. Además, está procesado por la masacre cometida en el Parque Indoamericano. A raíz de estos hechos fue pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, sigue en actividad como docente de la Ciudad en el Instituto de Educación Física "Romero Brest", ISEF Nº 1.

Está demostrado que ninguno de los dos puede enseñar valores sobre la vida y el respeto de los derechos humanos: sólo pueden enseñar a matar a luchadores populares, a militantes comprometidos y organizados. Genocidas como Braga no pueden seguir teniendo cargos docentes, porque son asesinos y porque ofenden la tarea de quienes a diario se comprometen con la docencia. El caso de Lompizano fue denunciado en reiteradas ocasiones. Uno de los partícipes del homicidio de Mariano Ferreyra, para quien la querella de la familia había pedido la condena a prisión perpetua, sigue caminando por las calles y respaldado institucionalmente para dar clases. 

Desde H.I.J.O.S. Capital hemos realizado el pedido de audiencia con el Ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, y seguimos a la espera de la respuesta, preocupados porque mientras no se toman medidas, Lompizano sigue participando en una institución pública a diario y Braga sigue siendo parte del sistema educativo público de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) ha hecho el pedido de exoneración a la Junta de Disciplina Docente para Lompizano y Braga (http://bit.ly/12nWtwk).

Fuera Lompizano y Braga del Estado de la Ciudad: ningún asesino de militantes puede ejercer un rol docente

H.I.J.O.S. Capital

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

www.hijos-capital.org.ar

Contacto de prensa: 1560199927

@@@

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Diputado Nacional Remo Carlotto, extiende la invitación del Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

 El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Dr. Julián Andrés Domínguez, tiene el agrado de invitar a usted al homenaje que se realizará en reconocimiento a los diputados nacionales víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.El homenaje cuenta con una muestra que permanecerá abierta hasta el día 22 de mayo en el Salón de los Pasos Perdidos "Pte. Juan Domingo Perón" de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en reconocimiento a la lucha y trayectoria política de Rodolfo Ortega Peña, Diego Muniz Barreto, Miguel Zavala Rodríguez, Leonardo Bettanín, Mario Abel Amaya, Armando Croatto y Bernardo Villalba, los siete diputados nacionales perseguidos y asesinados. La muestra cuenta con pantallas táctiles a través de las cuales el visitante puede acceder a información, fotografías, videos y documentación oficial de cada diputado.

Ante cualquier consulta, comunicarse al despacho, teléfono 4127-7598 

-- 

La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia