Designó a Leandro Ríos como juez natural del caso Causa Área Paraná:

 Designó a Leandro Ríos como juez natural del caso Causa Área Paraná: 

La Cámara Federal intenta activar el proceso, paralizado desde hace dos años

 Click sobre la imagen para Ampliar

Por la causa pasaron diez jueces.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná busca reactivar la Causa Área Paraná, por la cual pasaron en el último año y medio diez jueces y el proceso se estancó, justo cuando entraba en la etapa final, en un mar de chicanas dilatorias disfrazadas de planteos recusatorios. Los abogados de los represores imputados por delitos de lesa humanidad lograron apartar a cada uno de los jueces a medida que éstos recibían el voluminoso expediente. Ahora, el tribunal busca darle un corte a esta situación a partir de la designación de Leandro Ríos como juez federal de Paraná, en tanto es el juez natural de la jurisdicción, y el 26 de junio pasado rechazó todas las recusaciones planteadas por los defensores de los 10 represores imputados, según indicaron fuentes judiciales. Esta resolución habilita la continuidad del procedimiento escrito con los descargos de cuatro de los imputados que todavía no los han presentado, por las dilaciones que tuvo el proceso. Éste sería el paso previo a lo que el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal denomina la “crítica de la instrucción” y luego se abrirá un “cuaderno de prueba”, donde las víctimas pretenden dar testimonio en audiencias públicas. 

A partir de ahora, al tribunal que integran Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso sólo le queda por resolver un planteo de nulidad efectuado por los abogados defensores respecto de la acusación fiscal, a la que cuestionan porque no contiene el monto de pena que solicitan para cada uno de los acusados. 

En julio de 2011, Mario Silva y José Ignacio Candioti formularon la acusación contra ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles que actuaron durante la última dictadura, por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 52 víctimas. Pero el escrito no contiene el monto de pena para cada uno, como sí lo consignaron algunos de los querellantes, ya que consideraron que no era la etapa procesal para hacerlo., publicó El Diario. 

Larga historia

En la causa están procesados los ex militares Jorge Humberto Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; los ex policías provinciales José Anselmo Appelhans, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata; el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico civil Hugo Mario Moyano. Juan Carlos Ricardo Trimarco, el máximo responsable de la represión en Entre Ríos, fue apartado por cuestiones de salud y el año pasado falleció impune. 

Los represores están acusados por privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones, apremios ilegales, severidades y homicidios perpetrados contra un total de 52 víctimas durante la última dictadura militar, entre ellos, Victorio Coco Erbetta, Pedro Sobko, Claudio Fink, Juan Alberto Osuna y Carlos José María Fernández, quienes permanecen desaparecidos. 

La denominada megacausa Área Paraná concentra la mayoría de las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso, ante la falta de resultados de las investigaciones en los tribunales militares, pero se clausuró por la sanción de las leyes de impunidad. 

En 2003, el fiscal general Ricardo Álvarez pidió el desarchivo de la causa y en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi ratificó la validez de la ley que consideró “insanablemente nulas” a la obediencia debida y el punto final, y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem. Después de casi 10 años, la causa parece ahora encaminada a una sentencia. 

Malicia procesal

El expediente principal de la megacausa Área Paraná lleva un año y medio paralizado. Esto es así por las sucesivas trabas que han puesto las defensas, especialmente, Guillermo Retamar, en representación de Cosme Ignacio Marino Demonte, y Jorge Humberto Appiani, en su propio nombre. 

Tras la clausura de la instrucción y el apartamiento de Gustavo Zonis, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná designó a Fermín Ceroleni como juez de sentencia, pero con el correr de las actuaciones, fue recusado y luego ocurrió lo mismo con otros ocho magistrados: Aníbal Ríos, Beatriz Aranguren, Pablo Seró, Ladislao Uzín Olleros, Roberto Lerena, Leandro Ríos, Rubén Efraín Cabrera y Jorge Delorenzi. 

Los fiscales calificaron la maniobra como una “fiesta de recusaciones” y reclamaron a la Cámara Federal de Apelaciones que las rechazara in límine para poder continuar con la causa; y hace unos días, antes de la resolución de la Cámara, el propio conjuez Cabrera advirtió que “el raid acusatorio se proyecta a futuro como sine die”. 

Los argumentos de los represores suelen ser ridículos. En el caso de Cabrera, por ejemplo, llegó a ser acusado de tener “resentimiento”, “encono” y “animadversión” hacia los imputados y fue recusado por su condición de apoderado del PJ, ya que el partido de gobierno ha expresado “un interés explícito y manifiesto en obtener condenas” en las causas por delitos de lesa humanidad. No menos absurdo es el pedido para apartar a Leandro Ríos por ser hijo de Aníbal, que intervino antes en el expediente. 

En efecto, la Cámara Federal de Apelaciones tomó nota y el año pasado puso en marcha los mecanismos para sancionar por “malicia procesal” a Retamar por instrumentar medidas tendientes a estirar todo lo posible el dictado de la sentencia.

Fuente: Analisis

-- 

La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia