5.01.2014 | Un médico, un veterinario, y dos oficiales retirados del Ejército enfrentan a la justicia por el asesinato de reclusos
Procesaron en Chile a ex represores ligados a la muerte de Eduardo Frei
Se los acusa de participar de exterminio de presos políticos por medio de la inoculación de toxinas durante la dictadura de Pinochet. El caso deriva de la investigación del fallecimiento del ex presidente, ocurrido en 1981.
Por:
Tiempo Argentino
El juez Alejandro Madrid procesó ayer a un médico, un veterinario y dos oficiales retirados del Ejercito por el homicidio de dos presos y el asesinato frustrado de otros cinco, que fueron envenenados con toxina botulínica en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
Madrid procesó ayer como autores de homicidio calificado y homicidio frustrado y ordenó el arresto del médico Eduardo Arriagada Rehren y del médico veterinario Sergio Rosende Ollarzú. Asimismo, fueron encausados y arrestados como cómplices el coronel Joaquín Larraín Gana y el comandante Jaime Fuenzalida Bravo en el caso, considerado por organismos de Derechos Humanos como un intento de la dictadura de Augusto Pinochet de asesinar a presos políticos. Los procesados permanecerán en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar Nº 1.
La resolución derivó de la investigación, también conducida por el juez Madrid, de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), ocurrida en enero de 1982 en una clínica de Santiago y que es investigada como un homicidio por envenenamiento en el que están implicados miembros del cuerpo médico de ese hospital.
La toxina botulínica iba dirigida contra un grupo de presos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), pero los fallecidos resultaron ser dos reos por delitos comunes con quienes los primeros compartieron ese día su comida: Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz. En tanto, lograron sobrevivir los militantes del MIR Guillermo Rodríguez Morales, los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido (este último también encarcelado por delito común), todos envenenados en las mismas circunstancias.
De acuerdo con los antecedentes, al enterarse de la gravedad de su estado, el 9 de diciembre de 1981 los familiares de los presos solicitaron, a través de la Vicaría de la Solidaridad que un médico particular concurriera a verlos a la cárcel.
En paralelo, el abogado Jorge Sellán solicitó lo mismo al fiscal militar Luis Berger, pero las peticiones fueron rechazadas por el alcaide del penal, Ronald Bennet, quien aseguró a Sellán que ningún preso requería atención médica, "pues su estado de salud no era de gravedad".
Según la resolución del juez Madrid, "los hechos permiten tener por establecido legalmente que con la finalidad de proceder a la eliminación física de opositores al régimen militar se realizó una operación especial de inteligencia que habría culminado con el fallecimiento de los internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz".
Según el documento, la toxina botulínica habría llegado a Chile a través del Instituto de Salud Pública y posteriormente entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). En el proceso quedó comprobado que los aparatos represivos de la dictadura de Pinochet experimentaban con toxinas que luego inoculaban en opositores. Todo indicaría que la muerte del ex presidente Frei Montalva podría haber sido inducida por estos elementos y no fue por causa natural. «
rebajan penas a militares
La Corte de Apelaciones de Santiago rebajó las penas a tres de cinco agentes de la dictadura de Augusto Pinochet condenados por la desaparición de los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, ocurrida a fines de 1974.
La resolución de las juezas Dobra Lusic, Adelita Ravanales y María Teresa Figueroa modificó la sentencia de primera instancia, dictada el 30 de marzo de 2012 por el juez especial Joaquín Billard a los autores de los secuestros, ocurridos el 9 y 10 de diciembre de 1974 en la capital chilena.
Al general retirado Raúl Iturriaga Neumann, condenado a diez años y un día de prisión por el juez Billard, la Corte le rebajó la pena a seis años, mientras al ex detective de la Policía de Investigaciones Risiere Altez España se la recortó de diez años y un día a cinco años y un día.
La Corte mantuvo la sentencia de seis años al coronel retirado Manuel Carevic Cubillos y rebajó de seis a cinco años y un día, la sentencia dictada al ex detective Hugo Hernández Valle, en tanto que al también ex policía Manuel Rivas Díaz le mantuvo la pena de tres años de cárcel que el juez Billard había dictaminado en primera instancia, según reportó la agencia.
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EL MUNDO › APRESAN A DOS MEDICOS MILITARES Y DOS OFICIALES RETIRADOS POR INTOXICAR A PRESOS POLITICOS
Caen envenenadores de la dictadura chilena
El mismo equipo de envenenadores es investigado por la muerte del ex presidente Frei Montalva, ocurrida semanas después, en enero de 1982 en la Clínica Santa María. Sospechosamente, Neruda falleció en la misma clínica.
La Justicia chilena detuvo a cuatro militares acusados de envenenar con toxinas botulínicas a presos políticos en 1981, operación considerada la antesala del asesinato del ex presidente Eduardo Frei. “Están procesados y con detención preventiva el médico militar Eduardo Arriagada, su asistente y veterinario Sergio Rosende, y los oficiales en retiro Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida”, dijo el abogado Francisco Ugas, del Ministerio del Interior. Los dos primeros represores están detenidos bajo el cargo de homicidio de los opositores y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Víctor Corvalán y Héctor Pacheco. Los otros dos como cómplices del asesinato frustrado de otros cinco presos políticos.
La investigación del juez Madrid indicó que el 9 de diciembre de 1981 las siete víctimas, supuestos opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fueron trasladadas desde el Centro de Detención Preventiva de Santiago, donde estaban detenidos por delitos comunes, a un hospital debido a serios problemas de salud a causa de una intoxicación producida por la denominada toxina botulínica. Dicha toxina fue traída a Chile desde Brasil por el Instituto de Salud Pública y posteriormente entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), afirmó la investigación.
El mismo equipo que figura en esta acción represiva es investigado por la muerte de Frei, ocurrida semanas después, en enero de 1982 en la Clínica Santa María, tras una operación. Algunos de estos sospechosos son señalados también como responsables por la muerte del poeta Pablo Neruda, quien falleció en la misma clínica. “Esto es muy importante”, dijo el abogado Eduardo Contreras, litigante en el caso Neruda. “¿Y no detuvieron a Sergio Draper?”, inquirió en alusión al médico que atendió a Neruda y Frei.
Los detenidos, que fueron trasladados a un regimiento, constituían el equipo que en dictadura ingresó desde Brasil armas químicas a Chile, con fines de “guerra interna” y externa, como ellos mismos confesaron a la policía. Estas armas de destrucción masiva, que llegaban primero al propio palacio presidencial de La Moneda, eran básicamente toxinas botulínicas, un veneno mortal. La operación, según declaraciones a la policía de los demás involucrados, comenzó a inicios de 1980, previo al envenenamiento de los presos políticos y la muerte de Frei, en cuyos restos fueron encontrados gas mostaza y talio.
El propio director del Instituto de Salud Pública (ISP) en esos años, el coronel Joaquín Larraín, reconoció a la policía civil en un texto con su firma que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una reunión con el médico Eduardo Arriagada Rehren, de inteligencia militar. En el encuentro, Arriagada preguntó a Larraín, un ex profesor de la Escuela de las Américas, si el ISP tenía toxinas botulínicas, aduciendo que el ejército las necesitaba, debido a las tensiones con países limítrofes, en especial Argentina.
Arriagada, quien estuvo acompañado en el encuentro además por el veterinario Rosende, admitió los hechos también a los investigadores, quienes realizaron las pesquisas por petición del juez Alejandro Madrid. El magistrado, quien lleva años investigando la muerte de Frei y el envenenamiento de presos en la Cárcel Pública de Santiago, debería dictar sentencia en el magnicidio en los próximos meses.
Si bien la detención de los cuatro militares es considerada un logro para esclarecer lo ocurrido durante la dictadura pinochetista, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó ayer las penas a tres de cinco agentes de la dictadura condenados por la desaparición de los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, ocurrida a fines de 1974. La resolución de las juezas Dobra Lusic, Adelita Ravanales y María Teresa Figueroa modificó la sentencia de primera instancia, dictada el 30 de marzo de 2012 por el juez especial Joaquín Billard a los autores de los secuestros, ocurridos el 9 y 10 de diciembre de 1974 en la capital chilena.
Los nombres de los hermanos Peña Solari fueron incluidos en 1975 en la llamada Operación Colombo, que consistió en un montaje para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, en su mayoría militantes del MIR. Durante la dictadura de Pinochet, según documentos oficiales, unos 2300 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1192 permanecen aún como desaparecidos.
Fuente: Pagina12
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