Resolución de la Cámara Federal de Casación Penal
Casación revocó la prisión domiciliaria de tres represores condenados por delitos de lesa humanidad
Los jueces declararon la nulidad de una resolución del tribunal oral que había concedido el beneficio a tres condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad bonaerense de San Nicolás durante la última dictadura cívico-militar.
La Cámara Federal de Casación Penal declaró la nulidad de una resolución del Tribunal Oran N°2 de Rosario que había concedido la detención domiciliaria Jorge Muñoz, Antonio Bossie y Manuel Fernando Saint Amant por delitos de lesa humanidad. La Sala III dispuso además que los jueces deben dictar una nueva disposición que se ajuste al criterio fijado por el tribunal de alzada. Los represores fueron condenados a cadena perpetua en las causas "Masacre de Juan B. Justo", “Alvira u otros” y “Mastroberardino”. El tribunal de alzada tomó esta decisión luego de que la Corte Suprema declarara admisible el recurso de casación presentado por la fiscal Adriana Saccone.
En el escrito, la representante del Ministerio Público había manifestado la necesidad de que los imputados permanezcan detenidos mientras se llevara a cabo el debate y agregó que en la misma fecha que se dictó la resolución de detención de los imputados, también se resolvió la prisión domiciliaria. "Resulta totalmente contradictorio que considere la existencia de una alta peligrosidad procesal que amerita la detención del imputado y, por otro lado, resuelva una morigeración en forma automática basado en constancias médicas anteriores”, concluyó la fiscal.
Los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Pedro David analizaron los reiterados y rechazados recursos de presentados por el Ministerio Público, que recién en el máximo tribunal consiguió un fallo positivo, y consideraron que el Tribunal de grado ho habia "analizado el riesgo procesal de fuga que podría derivarse del modo en que se dispuso el cumplimiento de la medida cautelar de coerción personal dispuesta, ni tampoco ha observado el estándar sentado por el Superior a partir del caso 'Vigo, Alberto Gabriel'".
En su momento, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal no había hecho lugar al recurso de casación presentado por la Adriana Saccone. Entonces, el fiscal General ante la Cámara de Casación Penal, Raul Pleé, interpuso un recurso extraordinario que también fue rechazado por la misma sala. Esto motivó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, que finalmente resolvió hacer lugar.
La causa
Jorge Muñoz, Antonio Bossie y Manuel Fernando Saint Amant están acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad bonaerense de San Nicolás durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario decidió unificar los tres hechos que se estaban investigando: “Masacre de Juan B. Justo”, “Alvira u otros” y “Mastroberardino”.
Manuel Fernando Saint Amant era jefe del Área Militar 132 del Primer Cuerpo del Ejército, Antonio Federico Bossie era mayor de la misma área y Jorge Muñoz era jefe de la Delegación de la Policía Federal en San Nicolás.
Fuente: http://fiscales.gob.ar
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Un debate que ventila la connivencia del Poder Judicial en el terrorismo de Estado
Santa Fe: el fiscal pidió siete años para el ex juez Brusa
Martín Suárez Faisal alegó ayer en el juicio al ex magistrado y a tres policías por haber integrado una asociación ilícita para perpetrar crímenes de lesa humanidad en la provincia. Solicitó que la penas se unifiquen con las de un juicio que tuvo sentencia en 2009.
El fiscal General de Santa Fe Martín Suárez Faisal solicitó ayer siete años de prisión para el ex juez federal Víctor Hermes Brusa, de 65 años, y penas de cinco, ocho y nueve años para una mujer y dos hombres policías en el debate realizado en esa ciudad en el que se juzga una asociación ilícita de miembros de fuerzas armadas y de seguridad y civiles para cometer crímenes de lesa humanidad.
Además de Brusa -ex juez federal de esa ciudad entre 1992 y 2000-, en el debate se analizan las responsabilidades del ex agente de la Policía Provincial en el Departamento de Informaciones de la Provincia (D-2), Alberto Ramos Campagnolo (59), del ex jefe de la Oficina de Coordinación dependiente del Área Militar 212, que funcionaba en la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Calixto Perizzotti, y de la agente María Eva Aebi (61), quien se desempeñó como custodia. Para ellos el fiscal requirió, respectivamente, las penas de nueve, ocho y cinco años de prisión.
Suárez Faisal expuso ante el Tribunal Oral en lo criminal Federal de San Fe en la etapa final del juicio que se inició el 8 de mayo pasado sólo para juzgar el delito de asociación ilícita que había quedado excluido del debate desarrollado en 2009. En esa oportunidad, los mismos imputados recibieron penas de entre 19 y 23 años de prisión por apremios ilegales contra ocho víctimas que estuvieron detenidas en establecimientos policiales en el marco de la denominada ley antisubversiva, número 20840.
El fiscal requirió que la nueva pena que imponga el Tribunal se unifique con aquellas dictadas. Esto significa que, de acuerdo a la ley vigente al momento de los hechos, las penas podrán sumarse pero no superar los 25 años de prisión.
La asociación ilícita
Durante el alegato, el representante del Ministerio Público sostuvo que en el debate "se ha probado con grado de certeza" que los cuatro imputados "junto con muchas otras personas (...) tomaron parte de una asociación criminal de más de tres integrantes, que cumplía un acuerdo previo de voluntades con relación a la organización, para perpetrar delitos en forma indeterminada y con estabilidad en el tiempo".
El fiscal remarcó que los "objetivos principales" de la organización fueron "capturar a los sospechosos de tener vínculos con la denominada 'subversión', de acuerdo con los informes de inteligencia que ellos mismos elaboraban"; "conducirlos a lugares situados en unidades militares o policiales o centros clandestinos de detención bajo su dependencia"; "interrogarlos bajo tormentos y/o agresiones psico-físicas, para obtener los mayores datos posibles acerca de ellos y otras personas involucradas o sospechadas"; someterlos a condiciones de vida inhumanas para intentar quebrar su resistencia moral"; y "realizar todas esas acciones en la más absoluta clandestinidad, para lo cual los secuestradores a veces ocultaban su identidad, obraban preferentemente de noche, mantenían incomunicadas a las víctimas negando a cualquier autoridad, familiar o allegado cualquier información sobre el hecho del secuestro y el lugar de cautiverio".
La responsabilidad
Suárez Faisal describió que en este contexto el rol de Brusa -primero auxiliar del Juzgado Federal de Santa Fe y a partir del 27 de abril de 1978, secretario- consistió "en obtener declaraciones de las personas que se encontraban ilegalmente detenidas en la Comisaría Cuarta de Policía, en la Guardia de Infantería Reforzada y en la Cárcel de Coronda, bajo apremios ilegales, así como también en dar visos de legalidad a las declaraciones que habían sido extraídas por los otros partícipes de la organización mediante la aplicación de tormentos".
En tanto, sobre Perizzotti señaló que su contribución a los hechos "consistió en mantener privadas ilegalmente de su libertad a las víctimas detenidas en la dependencia a su cargo, sometiéndolas a condiciones inhumanas de vida, alojándolas en habitaciones donde permanecían hacinadas, con escasas condiciones de higiene y poca alimentación". El fiscal remarcó que el imputado intervino en los traslados de los detenidos a los centros clandestinos.
Ramos, en tanto, se destacó "por su intervención en los procedimientos donde se concretaban las detenciones de las víctimas, en los traslados de ellas" a los centros clandestinos donde "las privó ilegalmente de su libertad y las sometió a toda clase de ultrajes, torturas y vejaciones", añadió el fiscal.
Finalmente, Suárez Faisal describió que Aebi "tuvo una actuación significativa en los traslados realizados desde y hacia Comisaría Cuarta de Policía, la Guardia de Infantería Reforzada y los otros centros clandestinos de detención entre los que se encuentra 'La Casita'".
El fiscal agregó que en la Guardia de Infantería Reforzada Aebi "sometió a las víctimas a constantes amenazas y simulacros de fusilamiento" y recordó que intervino en el aborto practicado a una secuestrada que había padecido abusos sexuales.
Fuente: http://fiscales.gob.ar
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