miércoles, 26 de febrero de 2020

UN ABUSO DE CONFIANZA / Rectificación Pública de Soledad Outes

 Soledad Outes es  hija de una de las víctimas de la Masacre de Palomitas Pablo Outes quien fue asesinado  junto a diez militantes sociales en 1976 en el paraje denominado Palomitas en la localidad de Güemes en la provincia de Salta. Soledad, se comunico con la redacción del Blogger H.I.J.O.S. Salta para aclarar errores de una nota publicada por el Blogger en 2010. http://hijossalta.blogspot.com/2010/03/denuncia-publica.html
En ese artículo se hace referencia a un juicio que la familia  Outes le inicia a Sara Ricardone, la ultima pareja de Pablo Outes antes de ser asesinado por las fuerzas represivas del estado dictactorial, el 6 de julio de 1976. Entre las querellas del mencionado juicio  contra Sara Ricardone,  figuraban Soledad y Rosario Outes (dos hermanas del matrimonio entre María Elena Jiménez y Pablo Outes), ellas se quedaron a vivir en España a causa del exilio que la familia debió enfrentar a causa de las  persecuciones políticas por el régimen represivo.
 Ellas  sienten la necesidad de aclarar que nunca tuvieron la voluntad de conformarse como denunciantes en el juicio que inició María Elena Jiménez (madre de Soledad y Rosario) y Pablo Outes (hijo) a Sara Ricardone negándole su carácter de derechohabiente.
Cuentan Soledad y Rosario que al enterarse, justamente por este medio, del juicio contra Ricardones y la participación que ambas revestían en la causa,  tomaron la firme decisión de renunciar a la querella y revocar el poder que habían otorgado para otros fines a su madre, Maria Elena Jiménez  y a su hermano, Pablo Outes, el mismo con él que,  fueron  presentadas  como miembros  de la parte acusatoria.
En el juicio contra Sara Ricardone la familia Outes cita como testigo a su favor al genocida y actual condenado a reclusión perpetua,  por la causa de la Masacre de Palomitas, a Juan Carlos Alzugaray ex guardia cárcel del penal de Villa Las Rosas. 
Nos escribió Soledad Outes: “Me gustaría que esta información fuera modificada mediante una RECTIFICACIÓN PÚBLICA en el mismo medio” y “les pido que se publique el documento que adjunto y que se denomina aclaración hijos ya que en él relato brevemente cómo sucedieron los hechos. También quisiera pedirles que en un futuro se contrastaran las informaciones que se publican,  en la medida de lo posible ya que en nuestro caso se nos ha hecho un enorme perjuicio moral. Por descontado el perjuicio económico ya que nos vimos obligadas a desplazarnos a Argentina, buscar abogados que nos ayudaran, informar debidamente. Una pesadilla.” “El juicio en el que nuestra familia nos había metido y los pasos legales que me había visto obligada a dar para salir del mismo,  pidiéndole encarecidamente que se lo entregara a Sara Ricardone con el mensaje,  de que no teníamos nada contra ella, que se había abusado de nuestra confianza y que solamente confiábamos en que la justicia pondría todo en su lugar.” ”No en vano sufrimos a la par,  todos los horrores del proceso, de la cárcel, de la emigración, de la falta de justicia durante tantísimos años” También compartió con nosotros lo que Rosario su hermana siente en cuanto a esa situación  “nosotras nos volvimos invisibles, invisibles para todos los que nos debían proteger y ayudar,  mientras éramos visibles solamente para los que querían dañarnos”.

LA CARTA

Tanto mi hermana Rosario como yo nos presentamos en dicho juicio informando que habíamos revocado el poder general que en su momento habíamos otorgado a nuestra madre, María Elena Jiménez y a nuestro hermano Pablo Ismael confiando en que ambos defenderían nuestros intereses en Argentina ya que desde diciembre del año 76 nos tuvimos que exiliar en España donde  actualmente residimos. Ambas informamos a la jueza del caso, Inés Maturana de Hadad, que desistíamos del juicio, que jamás habíamos otorgado un poder para que se inicien acciones en contra de Sara Ricardone y que este juicio iniciado en nuestro nombre utilizando un poder general que en nuestra buena fe habíamos otorgado a nuestra madre y hermano se había usado sin nuestro consentimiento.
Espero que HIJOS Salta rectifique a la mayor brevedad posible esta información que nos avergüenza y perjudica teniendo en cuenta que con enorme sorpresa nos enteramos por su página web que habíamos iniciado un juicio contra una persona contra la cual no tenemos ningún tipo de enemistad, nos vimos obligadas a viajar a Salta para interiorizarnos de estos hechos, a buscar el patrocinio de un abogado para intervenir en un juicio en el que no teníamos ni idea de que estábamos involucradas, a quitar el poder a nuestros familiares directos e informarles del hecho de forma fehaciente y además soportar que el nombre de mi padre y el nuestro se viera envuelto en disputas patrimoniales muy alejadas de los ideales que él defendió y que nos había inculcado.
El litigio que desde el año 1996 enfrenta a nuestra madre y a la señora Ricardone por los derechos hereditarios de nuestro padre ha impedido que mi hermana Rosario y yo hayamos podido recibir la indemnización que el estado argentino concedió a los hijos de personas asesinadas y desaparecidas durante la dictadura cívico militar que padeció nuestro país,  una ayuda que nos hubiera permitido tener un poco de apoyo económico para estudiar y salir adelante en nuestras vidas en un país extranjero en el que carecíamos de amigos y familia para sustentarnos. Desgraciadamente tuvimos que trabajar y defendernos totalmente solas desde los diecisiete y quince años, padeciendo enormes sufrimientos debido a nuestra dramática situación como menores de edad sin recursos, huérfanas y extranjeras.
Para acrecentar nuestro dolor, no solamente no hemos recibido ningún tipo de ayuda sino que nos hemos visto envueltas en litigios como el que nos ocupa en los que hemos sido consideradas rehenes o armas arrojadizas y no víctimas.
Espero que tras la recepción de esta carta la misma sea publicada conjuntamente con la documentación que adjunto en la página web de HIJOS Salta, se difunda a todas la red de HIJOS en Argentina y si fuera posible se nos apoye en la consecución de una reparación económica y moral justa tras largos años de sufrimiento y abandono.
Te agradezco tu apoyo y colaboración,
Soledad Outes
DNI 12.790.889





domingo, 28 de agosto de 2016

Palomitas: Bejas dictará la sentencia en la causa a Lona

por Elena Corvalan
 
El titular del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas, fue confirmado como juez de sentencia de la causa que se sigue contra el ex juez federal Ricardo Lona en relación a la matanza de once detenidos políticos, cometida el 6 de julio de 1976 cerca del paraje Palomitas, unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.
Lona era por entonces el único juez federal de Salta y como tal autorizó el “traslado” de las once personas que estaban alojadas en la cárcel de Villa Las Rosas a una prisión de mayor seguridad, algo que fue requerido por el Ejército. A Lona se le atribuye complicidad primaria en el asesinato de los once detenidos.
La causa está lista para dictar sentencia desde abril de este año, luego de que el titular del juzgado federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña, procesara al ex magistrado salteño.
Desde entonces viene demorándose el trámite central, el proceso de dictado de sentencia, que en este caso se hace mediante procedimiento escrito porque la causa se rige por el viejo código en materia criminal vigente al momento del hecho. Primero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta cometió errores al momento de designar a un juez ad hoc de Jujuy y radicar la causa en esa provincia, lo que motivó impugnaciones de la Fiscalía Federal y los querellantes.
Luego, la designación del juez Bejas, consentida por fiscales y querellas, motivó una impugnación de la defensa de Lona, a cargo del abogado Federico Rodríguez Spuch, quien consideraba que la designación del magistrado había sido arbitraria.
Ayer se supo que esta impugnación fue rechazada, por lo que Bejas quedó confirmado como juez de sentencia, y ya se le remitieron los expedientes para comience este trámite, que es esperado por los familiares de las víctimas de la Masacre de Palomitas. Esta será la tercera sentencia en relación a este hecho.

domingo, 17 de abril de 2016

Salta: Ricardo Lona: ex juez de la dictadura :Casación dejó firme el procesamiento


Salta: Ricardo Lona: ex juez de la dictadura :Casación dejó firme el procesamiento
La Cámara Federal de Casación dejó firme el procesamiento contra el ex juez federal de Salta Ricardo Lona, acusado de encubrir crimenes de lesa humanidad y de prevaricato durante la última dictadura.
Además
los camaristas de la sala II del máximo tribunal penal del país instaron a la justicia salteña a "imprimir celeridad" a la marcha de la causa "en virtud del tiempo transcurrido". Los camaristas Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Angela Ledesma declararon "inadmisible" un recurso del defensor Ricardo Gil Lavedra contra el procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Salta. Según su fallo, la sala II de Casación rechazó el recurso, confirmando el procesamiento de Lona por los delitos que habría cometido cuando era juez federal de Salta.
En la causa se investiga el rol de Lona respecto al asesinato del ex gobernador salteño Miguel Ragone y de su vecino Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita de Leal, también en aquella ocasión, el 11 de marzo de 1976.
Ese día Ragone fue secuestrado y lo ocurrido fue visto por el comerciante Arredes y su empleada Leal.
Los secuestradores asesinaron a Arredes -hermano de un policía procesado por el hecho, lo que indica que probablemente conociera a los secuestradores‑ e hirieron gravemente a Leal.
Lona era juez federal de Salta en ese momento y según la causa penal en su contra actuó contrario a derecho y encubrió al no investigar lo ocurrido y sobreseer a los sospechosos.
La causa tiene pedido fiscal para ser enviada a juicio oral en Salta.

martes, 12 de abril de 2016

el 13 Todos con Cristina!!!!!!!!!!!!!!


El 13 de Abril, estamos con vos Cristina! es increíble e imperdonable la falta de garantías en las instituciones de la justicia. La lucha de mas de 30 años por justicia, por transformaciones en las practicas  judiciales, que den cuenta de mayor accesibilidad, transparencia y legitimidad y ahora nos chicanean con interpretaciones absurdas. mientras se dilatan y encubren juicios por violencia institucional a los pives de las villas. 

jueves, 31 de marzo de 2016

Piden la detención inmediata de Levín, por peligro de fuga

 
El abogado David Leiva pidió al Tribunal Oral Federal de Salta que disponga la inmediata detención del empresario Marcos Jacobo Levín, quien fue condenado el lunes último a 12 de prisión por delitos de lesa humanidad. La solicitud se hizo por considerar que dado que existe peligro de fuga. En caso de que no se ordene la detención, se pidió que se le prohíba la salida del país.
El lunes último Levín y los policías retirados Víctor Hugo Almirón, Víctor Hugo Bocos y Enrique Cardozo fueron condenados por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos infligidos en enero de 1977 a Víctor Manuel Cobos, que era chofer y delegado gremial en La Veloz del Norte, por entonces de propiedad del empresario.
Leiva informó que hizo el pedido al día siguiente de la condena, el martes último a las 9 de la mañana, “teniendo en cuenta sobre todo que Marcos Jacobo Levín fue y sigue siendo un empresario del transporte automotor de pasajeros, y que con  sus hoteles y con el poder económico que tiene, tiene múltiples relaciones y en una frontera abierta como la salteña es posible que intente fugarse”, explicó el letrado que es querellante en este proceso en representación de Cobos y por la Asociación de Derechos Humanos Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que integra.
A pesar de que la pena que recibió el empresario, de 12 de prisión, igual que Almirón y Bocos, y los 8 años que recibió Cardozo, ameritan que sea de cumplimiento efectivo, el TOF Salta obvió pronunciarse sobre este particular porque desde 2013 existe una disposición de la Cámara Nacional de Casación Penal (el tribunal de alzada del tribunal de sentencia) que dispone que las personas condenadas deben continuar en la condición en la que se encontraban al momento de recibir la sentencia (en libertad, con prisión domiciliaria o prisión efectiva) hasta que el fallo quede firme. Esto recién ocurrirá cuando se agoten las instancias de recursos, lo que puede llevar años.
“Ese es el criterio, pero nosotros tenemos una frontera permeable, sin custodia”, sostuvo Leiva, quien razonó que en el caso de Levín, “un empresario que tiene fuertes vinculaciones nacionales e internacionales”, la fuga es una posibilidad que debe ser considerada. En tal sentido, recordó el caso del ex camarista civil Guillermo Gómez Augier, quien logró salir a Bolivia y estuvo prófugo de la justicia salteña por más de tres años hasta que fue detenido en Santa Cruz de la Sierra. Por esta razón las querellas solicitaron al TOF que, de no hacer lugar al pedido de detención, se ordene, también en carácter de urgente, la prohibición de salir de país de Levín y los policías condenados.
Se prevé que el Tribunal pida opinión a la Fiscalía, y luego se expida sobre la solicitud.
 
Precedente
Leiva contó que el juicio a Levín fue seguido con “mucha atención” por víctimas y familiares de víctimas del terrorismo estatal que trabajaban en el establecimiento yerbatero Las Marías, propiedad de Adolfo Navajas Artaza, a quien se investiga por la desaparición de dos obreros, en 1977, en Corrientes. “Delegados de FATRE en ese establecimiento también tuvieron una situación similar a la de Víctor Cobos”, explicó. Afirmó que este proceso “establece un precedente para un conjunto de juicios que se están desarrollando en el país”, y deseó por ello que los fundamentos del fallo del TOF salteño “tengan la suficiente solidez para que sirvan como un protocolo de investigación y de razonamiento” para las causas contra empresarios acusados de participar del terrorismo estatal durante la última dictadura cívico militar.

Investigan al intendente Llaya por delitos de lesa humanidad



                                                                  Silvia Sáez de Vuistaz
El intendente de Embarcación, Alfredo Llaya (PJ), está siendo investigado por su presunta participación en actos criminales cometidos en el marco del terrorismo estatal. Aunque el jefe comunal fue indagado solo en relación al secuestro y desaparición de la docente y militante peronista Silvia Sáez de Vuistaz, varios testigos que han declarado en distintas causas, sostienen que colaboró más ampliamente con la represión aportando vehículos.
La causa contra Llaya está radicada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Miguel Medina, e interviene el fiscal federal Eduardo Villalba. El proceso se inició en 2011 con copias de un expediente, ahora en juicio oral y público, en el que se investigan varias desapariciones en zona del departamento Orán.
La causa contra el intendente de Embarcación está caratulada “Arévalo, José Arturo y otro sobre privación ilegal de la agravada, artículo 142 inciso 5, víctima: Sáez de Vuistaz, Silvia Ruth”. Arévalo es un oficial retirado del Ejército que en la actualidad reside en la ciudad de Tartagal; el marido de Silvia Sáez, Carlos Vuistaz, lo reconoció como integrante del grupo de tareas que la secuestró de su casa, el 2 de septiembre de 1976, y el testigo ex detenido político Miguel Ferreyra (fallecido el año pasado) también refirió que allanó la casa de su madre varias veces.
Aunque en tribunales existe cierto hermetismo sobre este proceso, Nuevo Diario pudo establecer que ambos acusados ya fueron indagados y la causa se encuentra en condiciones de que se resuelva su situación procesal. En el caso de Llaya se supo que fue indagado “recientemente” y que su presentación dio lugar a la realización de nuevas medidas de prueba.
En el noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando a cabo ante el Tribunal Oral Federal de Salta algunos testigos vienen aportando pistas sobre la participación civil en los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y del Ejército. Uno de los mencionados ha sido Salvador Muñoz, el primer interventor tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Muñoz, fallecido hace un año, era un conocido finquero, sobre el que existen versiones acerca de que prestaba vehículos y una finca en Colonia Santa Rosa a los fines de la represión en el norte.
En cuanto a Llaya, cuñado de Muñoz, el testigo Ferreyra afirmó que su madre, Noemí Ferreyra, que era vecina del actual intendente, le contó que el día del secuestro de Sáez de Vuistaz “vio actividad y movimiento en el domicilio de la familia Llaya y que se encontraban presentes (el alférez Mario) Patané y Muñoz”. Ferreyra dijo que su madre no quiso declarar esto porque sentía temor, dado que “Muñoz es un poderoso empresario”.
 
Mención de honor
 
Ya en el Juicio por la Verdad el ex detenido político Víctor Hugo Elías (citado para el próximo lunes) había afirmado que Muñoz estaba involucrado en el secuestro de Sáez de Vuistaz. Consultado por Nuevo Diario, recordó que denunció estas sospechas “hace como diez años”, pero que nunca supo que el ex interventor fuera citado a declarar.
Y sobre Llaya, que es comerciante, aseguró que “los vehículos (en los que fue secuestrada la docente) y la gente que los utilizaba, fueron vistos antes de los mencionados secuestros (de Sáez de Vuistaz y de un matrimonio) estacionados en calle 9 de Julio Nº 627, donde vivía y vive Alfredo Miguel Llaya”. Y añadió que varios compañeros de militancia detenidos en Embarcación, le contaron que fueron trasladados hasta Gendarmería “en vehículos de propiedad de Llaya”, más concretamente un camión amarillo Mercedes Benz 608.
“La gente me cuenta que Llaya prestaba vehículos a Gendarmería y al Ejército, una camioneta Ford y un camión Mercedes Benz, que estaban al servicio de Gendarmería para detener a los compañeros”, sostuvo Elías, quien aseguró que “varios compañeros” fueron trasladados “en vehículos de Llaya”, entre ellos el ex diputado provincial Feliciano González.
Elías estaba detenido cuando fue el secuestro de Sáez de Vuistaz, sin embargo, aportó nombres de testigos, entre ellos el de Miguel Ferreyra. También pidió que se cite a dar testimonio a Oscar Andrés Salazar, quien le contó que había visto una mención de honor otorgada a Llaya por el Ejército Argentino con la firma Domingo Bussi, que el intendente exhibía debajo del vidrio de su escritorio y decía que le había sido entregada por “la inestimable colaboración en la lucha contra la subversión”.

lunes, 28 de marzo de 2016

Doce años de prisión para Levín, Bocos y Almirón

Doce años de prisión para
 Levín, Bocos y Almirón
por Elena Corvalan

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó ayer a 12 años de prisión al empresario Marcos Jacobo Levín y a los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, mientras que el policía retirado Enrique Cardozo fue condenado a ocho años de prisión. Los cuatro fueron declarados responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada, por la detención y las torturas de las que fue víctima Víctor Manuel Cobos en enero de 1977.
En una decisión por mayoría, con los votos de los jueces Federico Díaz y Carlos Jiménez Montilla, el Tribunal declaró al empresario  partícipe necesario de estos hechos. Almirón fue declarado coautor mediato y Bocos y Cardozo, coautores materiales, es decir que fueron los ejecutores de la detención y torturas. El juez Gabriel Casas no estuvo de acuerdo en la calificación de privación ilegítima de la libertad y votó por penas sensiblemente menores.
En enero de 1977 una quincena de empleados de La Veloz del Norte fueron acusados por una presunta estafa a la patronal y fueron detenidos, torturados y obligados a firmar confesiones falsas. El juicio se hizo solo por la detención de Cobos, los hechos sobre los otros empleados esperan una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en el proceso.
La sentencia fue leída por la secretaria de Derechos Humanos del TOF, Denise Blajent Bent, pasadas las 16:30, la hora que había fijado el presidente del Tribunal, Díaz, para dar a conocer el veredicto. Una sala colmada escuchó la lectura en un silencio que permitió escuchar la ovación de los militantes políticos y de derechos humanos que escuchaban desde la calle cuando se leyó el punto que daba cuenta de la condena a Levín.
Por mayoría los jueces rechazaron primero las peticiones de las defensas: “no hacer lugar a la prescripción de la acción penal y en consecuencia declarar a los hechos juzgados como pertenecientes a la categoría de delitos de lesa humanidad”, “no hacer lugar al planteo de nulidad en relación del requerimiento de elevación de la causa a juicio” y en cuanto a las acusaciones por indeterminación de la acusación.
Enseguida se enumeraron las penas: condena de 12 años de prisión para Almirón en calidad de “coautor mediato”; de 12 años para Bocos, como “coautor material”; 12 años para Levín, en calidad de “partícipe necesario”, y de 8 años para Cardozo, como “coautor material”. Los fundamentos de la decisión se conocerán el 25 de mayo, a las 12, informó la secretaria y concluyó la sesión. Entonces en la sala prorrumpió el grito: “¡30 mil compañeros desaparecidos! ¡Presentes!”.
Levín se convirtió así en el primer empresario condenado en el país por su participación en actos de terrorismo de Estado. Se lo acusó de haberse valido del aparato represivo estatal para disciplinar a los trabajadores de La Veloz del Norte, que por entonces le pertenecía, y obtener también beneficios económicos, como la explotación de más rutas comerciales.

sábado, 5 de marzo de 2016

Hace vale tu voto




Si querés hacer valer tu voto reproducí las notas y envíalas al Congreso de la Nación.
 La Patria la hacemos entre todos y si la queres Libre y Soberana demuéstralo es tu oportunidad de hacerlo.

Salta, 29 de febrero de 2016
Sr. Diputado Nacional por la Provincia de Salta
Nestor Javier David
S             /              D



Me dirijo a Usted como votante suyo.  Al votar a Usted voté un Proyecto Nacional y Popular, de inclusión, de defensa de la industria nacional, de creación de puestos de trabajo, de integración latinoamericana.
No hay salvación de una o varias provincias cuando se entrega al país, cuando se lo endeuda luego de recibirlo con una deuda mínima, ni cuando se despiden miles de trabajadores haciendo gala de una clara persecución política.
Por lo tanto le exijo lealtad al espacio político  (FPV) y a estos principios mencionados, gracias al cual Usted es legislador y dentro del cual fue votado y tiene el deber moral de defender. De lo contrario una actitud honesta y ética indicaría que debiera renunciar a su banca.
Atte.



Salta, 29 de febrero de 2016
Sr. Diputado Nacional por la Provincia de Salta
Avita Nelida Isa
S             /              D



Me dirijo a Usted como votante suyo.  Al votar a Usted voté un Proyecto Nacional y Popular, de inclusión, de defensa de la industria nacional, de creación de puestos de trabajo, de integración latinoamericana.
No hay salvación de una o varias provincias cuando se entrega al país, cuando se lo endeuda luego de recibirlo con una deuda mínima, ni cuando se despiden miles de trabajadores haciendo gala de una clara persecución política.
Por lo tanto le exijo lealtad al espacio político  (FPV) y a estos principios mencionados, gracias al cual Usted es legislador y dentro del cual fue votado y tiene el deber moral de defender. De lo contrario una actitud honesta y ética indicaría que debiera renunciar a su banca.
Atte.





Salta, 29 de febrero de 2016
Sr. Diputado Nacional por la Provincia de Salta
Pablo Francisco Juan Kosiner
S             /              D



Me dirijo a Usted como votante suyo.  Al votar a Usted voté un Proyecto Nacional y Popular, de inclusión, de defensa de la industria nacional, de creación de puestos de trabajo, de integración latinoamericana.
No hay salvación de una o varias provincias cuando se entrega al país, cuando se lo endeuda luego de recibirlo con una deuda mínima, ni cuando se despiden miles de trabajadores haciendo gala de una clara persecución política.
Por lo tanto le exijo lealtad al espacio político  (FPV) y a estos principios mencionados, gracias al cual Usted es legislador y dentro del cual fue votado y tiene el deber moral de defender. De lo contrario una actitud honesta y ética indicaría que debiera renunciar a su banca.
Atte.






Salta, 29 de febrero de 2016
Sr. Senador Nacional por la Provincia de Salta
Rodolfo Urtubey
S             /              D



Me dirijo a Usted como votante suyo.  Al votar a Usted voté un Proyecto Nacional y Popular, de inclusión, de defensa de la industria nacional, de creación de puestos de trabajo, de integración latinoamericana.
No hay salvación de una o varias provincias cuando se entrega al país, cuando se lo endeuda luego de recibirlo con una deuda mínima, ni cuando se despiden miles de trabajadores haciendo gala de una clara persecución política.
Por lo tanto le exijo lealtad al espacio político  (FPV) y a estos principios mencionados, gracias al cual Usted es legislador y dentro del cual fue votado y tiene el deber moral de defender. De lo contrario una actitud honesta y ética indicaría que debiera renunciar a su banca.
Atte.





Salta, 29 de febrero de 2016
Sra. Senadora  Nacional por la Provincia de Salta
Maria Cristina del Valle Fiore Viñuales
S                             /                             D



Me dirijo a Usted como votante suyo.  Al votar a Usted voté un Proyecto Nacional y Popular, de inclusión, de defensa de la industria nacional, de creación de puestos de trabajo, de integración latinoamericana.
No hay salvación de una o varias provincias cuando se entrega al país, cuando se lo endeuda luego de recibirlo con una deuda mínima, ni cuando se despiden miles de trabajadores haciendo gala de una clara persecución política.
Por lo tanto le exijo lealtad al espacio político  (FPV) y a estos principios mencionados, gracias al cual Usted es legislador y dentro del cual fue votado y tiene el deber moral de defender. De lo contrario una actitud honesta y ética indicaría que debiera renunciar a su banca.
Atte.






Diputados

senadores
pablo kosiner. leguizamon 880.2piso of 209. 4214391
Evita Isa: Foro de Intendentes, Leguizamon 2060, (CP 4400) Salta.

Javier David: Lamadrid 70. (CP 4400). Salta.

miércoles, 24 de febrero de 2016

Piden condena de 20 años de prisión para Levín y dos policías



Por Elena Corvalan
Las querellas pidieron que el empresario Marcos Jacobo Levín sea condenado a 20 años de prisión, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada en concurso real con tormentos. Igual pena pidieron para los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, en su caso como coautores de estos delitos, mientras que para el policía Enrique Cardozo solicitaron 18 años de prisión, atendiendo a su condición de subordinado en enero de 1977, cuando detuvieron y torturaron a Víctor Manuel Cobos.
Los abogados querellantes Susana Aramayo, David Leiva, Grisel Kolbl y Oscar Rodríguez se tomaron más de 5 horas para fundamentar su solicitud de condena para los cuatro hombres que llegaron acusados por la detención y las torturas que padeció Cobos luego de que fuera denunciado por Levín por una supuesta estafa que nunca fue probada.
“No encontramos atenuantes”, explicó ya sobre el final de los alegatos Grisel Kolbl, y enumeró las razones para pedir estas penas: se trata de “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado”; se utilizó el aparato organizado del poder estatal, sus policías, sus jueces; se valieron del gran poder empresarial. Y, del otro lado, “la indefensión de la víctima”, un simple trabajador enfrentado a estos poderes; el“doble carácter de la tortura” y el daño que sufrieron él y sus familiares. La abogada dijo que las penas tienen un “claro contenido reparatorio para Víctor Manuel Cobos”.
Kolbl sostuvo: “Se encuentra probado que Bocos dirigía las sesiones de tortura”, que “Cardozo aplicaba la picana”, que ambos instaban a los trabajadores para que se auto incriminaran bajo tortura. Y que “Levín proporcionó la lista de los trabajadores que debían ser torturados”, que “supervisaba la tortura”, “proporcionaba los medios de movilidad” y “obtuvo ganancias del disciplinamiento de sus trabajadores, que a partir de ahí se quedaron sin representación de la UTA (Unión Tranviarios Automotor)”. Levín, Almirón, Bocos y Cardozo, escucharon en silencio, detrás de sus abogados, separados del público por las columnas de la sala.


“La comisaría de Levín”
Luego de que Aramayo trasara un perfil de la víctima y de que Leiva hiciera un repaso por el contexto histórico en que devino la aplicación del terrorismo de Estado en la Argentina, Rodríguez sostuvo que la detención ilegal y las torturas de un número todavía indeterminado de trabajadores de La Veloz del Norte fue “un eslabón más” del plan sistemático de eliminación de personas ejecutado por la última dictadura. Afirmó que el rol del empresario fue“determinante” por el poder económico que tenía y el poder sobre los policías. “Levín ha tenido efectivo dominio de la acción”, a tal punto que “la Comisaría 4° era la comisaría de Levín”, enfatizó.
El querellante aseguró que el secuestro de Cobos y de los otros empleados (que todavía esperan una decisión de la Justicia para avanzar en el juicio) “está en un contexto de sistema de poder y tiranía” y “por eso es de lesa humanidad”; como una muestra de que estos hechos encuadran dentro de este tipo de delitos, recordó que “hace 40 años que ocurrió esto y todavía no tenemos sentencia”.
El abogado sostuvo que hubo una “empresa criminal conjunta”, por lo que los acusados son coautores. Sin embargo, como Levín no era funcionario estatal le aplicaron la figura de partícipe necesario.
Rodríguez hizo una apelación al Tribunal para que considere que no se puede aceptar que en el país haya detenciones como las llevadas a cabo por la Comisaría 4°, sin orden judicial, sin acta de detención, sin la asistencia del Estado para informar a sus familiares y darles la oportunidad de tener un abogado defensor.
Monstruo bicéfalo
El abogado David Leiva recordó ayer que el Estado terrorista tuvo un doble estándar. “Fue un monstruo de bicéfalo, un monstruo de dos cabezas”, uno Estado legal, a la vista de todos, que seguía con la administración, con los servicios a los contribuyentes, y otro ilegal, “que es el que sufrió Cobos” y los perseguidos por la dictadura.
Siguiendo con ese doble estándar, sostuvo que en la Comisaría 4° existía un orden legal, que el normal, habitual de una dependencia policial, “pero en determinado momento había un orden ilegal”, compuesto por Víctor Hubo Bocos, Víctor Hugo Almirón, Enrique Cardozo, el “Sapo” Toranzos, Flores y otros policías que participaban de actos de terrorismo. “Decimos que la Comisaría 4° formó parte del circuito represivo en Salta”, afirmó.

martes, 16 de febrero de 2016

Lesa humanidad: “Bocos y Levín eran chanchos amigos”



“(Víctor Hugo) Bocos entraba a la empresa (La Veloz del Norte) como dueño. Decía: ‘Hola che; che, Marcos’”. De esta manera describió el testigo Jorge Alberto Alonso la relación entre Marcos Jacobo Levín, el dueño de La Veloz  y el subcomisario señalado como activo represor: “Bocos iba a la empresa y pasaba a la oficina del dueño, (…) entre ellos eran chanchos amigos”, sostuvo.
Alonso, ya fallecido, fue chofer de La Veloz del Norte. En enero de 1977 quedó entre los empleados acusados por Levín de un fraude a su empresa. Fue detenido, llevado a la Comisaría Cuarta de esta ciudad y torturado con picana exigiéndole que confesara el delito que se le atribuía. Es todo lo que se puede decir de su estancia en la Comisaría porque en 2008, cuando declaró en la Justicia Federal, cerró toda descripción afirmando que vivió momentos que “no desea recordar”, según se asentó en el acta de su testimonio.
Sí dijo que en la Comisaría vio detenido a su compañero de trabajo Víctor Manuel Cobos, y que luego de la detención siguió trabajando en La Veloz, con lo cual entendió que su dueño “tan malo no fue”.
En su testimonio, leído ayer en la última audiencia de incorporación de pruebas en el juicio que ante el Tribunal Oral Federal de Salta se le sigue a Levín y a tres policías retirados por la detención ilegal y los tormentos sufridos por Cobos en 1977, Alonso también recordó que el jefe de la Cuarta era el comisario Víctor Hugo Almirón y que el segundo era el subcomisario amigo de Levín, tanto, que el empresario le había regalado una cupé Torino.
Esto fue todo lo que dijo de Bocos, porque enseguida aclaró que “no quiere recordarlo ni verlo nunca más”.

Por amigo de Cobos

También por lectura se corporizó el testimonio del chofer Miguel Ángel Rodríguez (fallecido), quien en 2011 aseguró que su detención en 1977, las torturas y el hostigamiento que padeció en su trabajo, se debieron a que era muy amigo de Cobos y a que simpatizaba con el gremio.
Entre los policías que lo detuvieron estaban Bocos, Enrique Cardozo (el tercero que está siendo juzgado en este proceso) y Figueroa. Lo subieron a un automóvil Ford celeste y le pusieron una capucha. Una vez en la Cuarta lo ataron de pies y manos con una lonja de cuero, lo arrojaron en una pieza oscura y prepararon el ambiente para la tortura: una radio encendida a todo volumen y el ruido de una motocicleta. “Me picanearon en los testículos, en la boca, en los lagrimales”, detalló.
Durante los 17 días que estuvo secuestrado en la Comisaría vio a Levín, y escuchó que preguntaba si ya había confesado. El décimo tercer día lo visitó el juez Jorge Trincavelli y le dijo que “confesara” el fraude. También Cardozo lo apremiaba: “Firmá y te damos la libertad”. Y contó que cuando por fin fue liberado y volvió al trabajo, Levín lo perseguía.
En enero de 1977 Levín denunció ante la Policía a 22 empleados de su empresa. Los acusó de cometer un fraude. Esa denuncia posibilitó a la Policía detener a una quincena de empleados de La Veloz del Norte que fueron torturados en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría Cuarta, y obligados a firmar declaraciones incriminándose.
Este es el primer caso de un empresario acusado de cometer delitos de lesa humanidad que llega a juicio en el país. El debate continuará el 22 de este mes, con los alegatos.

Trabajo de tiempo completo

Entre la prueba documental , se incorporó un informe que da cuenta de la relación de dependencia que tenía el subcomisario Víctor Hugo Bocos con la empresa La Veloz del Norte, para la que cumplía funciones de inspector, según la propia firma lo reconoció en un informe a la Justicia Federal.
Bocos hacía convivir este empleo con el de policía de la provincia. Por entonces era subcomisario y subjefe de la Cuarta, que figura en la lista de centros clandestinos de detención de la CONADEP. En este juicio se han incorporado testigos que dan cuenta de que el policía contaba con apoyo logístico del empresario para realizar su supuesta tarea de inspector en La Veloz. La empresa colaboraba con vehículos para la Policía, y también con otras atenciones, como cajas de vino.
Sobre la participación de Bocos en actos de terrorismo estatal, además de los testigos incorporados en este proceso, ha sido señalado por Cristina Cobos (hermana de Víctor) como uno de los que comandaba al grupo de tareas que el 25 de septiembre de 1976 entró a su casa y mató a su hermano menor, Martín Cobos, que entonces tenía 18 años.
En noviembre de 2012 Cristina declaró en el juicio conocido como Megacausa Salta y recordó que volvió a ver a Bocos en democracia, en el Grand Bourg, donde se comentaba que era “apretador” al servicio del entonces gobernador, Juan Carlos Romero. Y dijo que ordenanzas de la Casa de Gobierno le contaron que solían compartir asados con el subcomisario y que cuando se emborrachaba “se jactaba de que hacía durante la dictadura. Y que también lloraba y una vez nombró al chiquito Cobos” entre sus víctimas. 

sábado, 2 de enero de 2016

Comunicado: La MESA COORDINADORA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL DE JUJUY


Frente a la situación de las organizaciones sociales que con un acampe en la plaza, reclaman diálogo con el gobierno provincial por la continuidad de las fuentes de trabajo de miles de familias cooperativistas, y que al día de la fecha no han obtenido respuesta alguna.
La MESA COORDINADORA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL DE JUJUY expresa su más profunda preocupación por la falta de diálogo y la amenaza de represión como política de estado, evidenciada a través de las declaraciones de funcionarios públicos y la movilización de las fuerzas de seguridad.
La actitud que mantiene el poder ejecutivo provincial vulnera derechos fundamentales a la libertad de organización y al reconocimiento de sus dirigentes; generando intromisión en la vida de las organizaciones y discriminación hacia actores sociales, a quienes no se puede negar su existencia y representatividad.
El paradigma de los Derechos Humanos establece un repertorio de libertades y derechos inherentes a cada persona sobre la base de la igualdad, orientado a garantizar y satisfacer las condiciones  indispensables para el desarrollo de una vida digna.
El derecho de reunión y de peticionar a las autoridades está ligado íntimamente a la libertad de expresión y al debate plural de las ideas, cimientos de una verdadera democracia pluralista.
Lejos de lograrse lo prometido: unión, paz y trabajo, se está instalando un verdadero clima de represión y división en la sociedad jujeña, fomentando el odio desde el aparato estatal. La democracia implica el diálogo con todos los estamentos y actores de una sociedad, incluso con los que pueden representar disensos e ideas distintas.
Desde ya repudiamos el uso de la fuerza pública como respuesta a la protesta social; es responsabilidad del gobierno habilitar canales de diálogo, negociación y consenso como vías democráticas esenciales para la resolución de los conflictos.
Por ello, solicitamos al gobierno provincial LA APERTURA INMEDIATA DE UNA INSTANCIA DE DIALOGO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES QUE ACAMPAN EN LA PLAZA PARA AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA Y CON PAZ SOCIAL.

MESA COORDINADORA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL DE JUJUY: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Ex Presos Políticos de Jujuy, HIJOS Jujuy; Víctimas y Familiares de Violencia Institucional; ATE Jujuy; Grupo de Abogados por los DDHH; Movimiento Evita; JP Descamisados Ledesma; Partido Comunista; Partido Humanista.

lunes, 28 de diciembre de 2015

Radio comunitaria la voz indígena Presenta Radioteatro wichi : Woko tenek


Radio comunitaria la voz indígena
Presenta
Radioteatro wichi : Woko tenek
El martes 29 de diciembre a las 19hs en "Casa Arias Rengel" Florida 20 de esta ciudad, se presentara en formato radio teatro la obra Woko tenek.
Esta producción cuenta la historia de las invasiones militares que sufrieron comunidades wichi de la zona del Pilcomayo y el proceso de usurpación de sus territorios.
La historia está narrada por Nancy López, quien cuenta las vivencias de sus mayores, recreando también en esta producción, parte de la cultura wichi y sus formas de organización.
Esta presentación estará realizada por un grupo de mujeres que además de haber participado en esta producción son directoras de la radio e integrantes del grupo de memoria étnica

Fecha: martes 29 de diciembre
 19 hs
Lugar: casa de Arias Rengel
Florida 20

martes, 22 de diciembre de 2015

ULTIMA JORNADA DE JUICIOS LESA HUMANIDAD DE ESTE AÑO Y NUEVO JUICIO PARA RIOS EREÑU




Lesa humanidad:

Fiscal pidió sanciones
para policías federales

El fiscal federal Carlos Amad pidió ayer sanciones para miembros de la Dirección de Audiovisuales de la Policía Federal, que debían establecer la conexión de videoconferencia entre el Tribunal Oral Federal de Salta y la casa del ex jefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú, quien está siendo juzgado por 11 homicidios agravados y sigue el debate desde su domicilio en Buenos Aires.
La audiencia de la víspera, en la que se leyó otra acusación contra el ex jefe del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, por la desaparición de la agente María del Carmen Bühler Gómez, estaba prevista para las 8,30, pero tuvo que ser suspendida primero para las 9,10 y luego para las 11, debido a que quien debía realizar la conexión no lo había hecho y tampoco había informado razón alguna del incumplimiento.
A las 9,10 el fiscal pidió que se identifique a los responsables, se les inicien sumarios “por inoperancia” y se los sancione. Sostuvo que estas fallas afectan al servicio de justicia: “Cada audiencia le sale demasiado caro al Estado como para que no cumplan con sus funciones” quienes son auxiliares de la Justicia, argumentó el fiscal.
Entonces el Tribunal solo escuchó el planteo, que tuvo el efecto inmediato de ponerle presión para que a las 11 estuviera establecida la conexión vía videoconferencia. Y al final de la jornada, el presidente, Federico Díaz, informó que se remitirán las actuaciones a la Policía Federal, para que se tomen las medidas que correspondan.

Otro homicidio en el
haber de Ríos Ereñú
Después de las demoras, finalmente pudo leerse la requisitoria de elevación a juicio realizada en su momento por el fiscal federal Eduardo Villalba, que acusa a Ríos Ereñú por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado, por el secuestro y desaparición de la joven María Bühler Gómez, desaparecida de la Comisaría de San Ramón de la Nueva Orán el 12 de julio de 1976. Con éste, el ex jefe del Ejército, que ya está condenado por otros crímenes de lesa humanidad, suma acusaciones por la comisión de 11 homicidios, solo en este proceso.
A Ríos Ereñú se lo acusa como autor mediato, porque en su carácter de jefe del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal y jurisdicción en todo el norte provincial, era parte de la cadena de mando de quienes cometieron estos crímenes, cometidos “en el marco de la eliminación de opositores políticos” del gobierno dictatorial, sostuvo el fiscal. Bühler Gómez fue identificada como opositora, sostiene la acusación, porque “militaba en la JP”.
La lectura de la secretaria Denise Blajen Bent fue interrumpida por el acusado, quien comenzó a argumentar en contra de la acusación. Fue interrumpido por el presidente del Tribunal, que lo hizo hablar con su defensor, Juan Pablo Lauthier.
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 10 de febrero próximo.






Declaró la madre de un ex empleado de La Veloz:
“En la comisaría nos
decían que no estaba”

La madre de un empleado de La Veloz del Norte que en enero de 1977 fue detenido y sometido a tormentos contó ayer que en la Comisaría 4° no le permitían ingresar y le negaban la presencia de su hijo. También aseguró que fue torturado reiteradamente.
Elba Balbina Soria fue quizás la última testigo en el juicio por participación en crímenes de terrorismo estatal que se sigue contra el empresario Marcos Jacobo Levín, acusado de instigar la persecución de trabajadores de su empresa, para lo que contó con la colaboración de miembros de la Policía de Salta que revistaban en la Comisaría Seccional 4° de esta ciudad, donde funcionó un centro clandestino de detención en la última dictadura cívico militar. Por estos hechos son juzgados, en calidad de autores materiales, los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón.
El testimonio de Soria fue pedido por la Fiscalía y las querellas, luego de que su hijo Juan Carlos Aponte recordara que ella lo visitaba durante su detención en la Comisaría 4°.
A sus 88 años, a la testigo se le dificultaba concurrir a la sala de audiencias, por lo que el presidente del Tribunal, Federico Díaz; la secretaria, Denise Blajen Bent, y el fiscal federal Juan Manuel Sivila, fueron a escucharla en su casa, otro contraste con la época de la dictadura, en que debía ir caminando hasta la Comisaría 4°, en donde ni siquiera le daban el consuelo de reconocer que tenían detenido a su hijo.
Acompañada por una hija, Soria misma abrió el portón para franquear el acceso a las visitas y en el comedor volcó sus recuerdos. Contó que no la dejaban entrar a la Comisaría: “En la puerta nomás nos recibían y nos decían que (Aponte) no estaba, al otro día volvía a ir, otra vez lo mismo. Siempre igual”.
En la memoria familiar perdura el recuerdo de las caminatas de la madre en procura de su hijo: “Me iba caminando de acá por la avenida ésta, iba y volvía, porque en esa época de los milicos no había plata, no había nada, y bueno, había que moverse como se podía”, contó. Tras una semana o 15 días su hijo fue trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas.  
Soria también puso énfasis en los tormentos sufridos por su hijo: “Le aplicaron la picana, lo golpearon, acá, en los testículos, en todos lados; a la noche lo sacaban y lo golpeaban”.
Aunque no lo dijo frente al juez, Soria también recuerda que fue ella misma quien aconsejó a su hijo que se presentara en la Policía, para no tener problemas. Fue después de que lo buscaran unos hombres que dijeron ser de la Comisaría 4° y andaban en un automóvil Ford Falcon “verdecito”, un color que remite al celeste del Ford Falcon que pertenecía a La Veloz y que usaban miembros de la 4°, entre ellos Bocos.
En 1977 Aponte y otros trabajadores de La Veloz del Norte fueron detenidos y torturados en esta Comisaría luego de que Levín los acusara de una supuesta estafa. Sin embargo, el juicio se hace solo por la detención y vejámenes a Víctor Manuel Cobos, que era también delegado gremial. Los otros casos no fueron considerados de lesa humanidad por la Justicia Federal salteña y ahora espera resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El juicio continuará el 10 de febrero.

Unidad en la accion es la consigna de las juntadas de la militancia del NOA Y NEA


Unidad en la accion es la consigna de las juntadas de la militancia del NOA Y NEA


En las rondas de la militancia de la militancia del NOA y NEA se reafirmó la obligación del Estado de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad y condenar a todos los responsables civiles y militares. Posiciones que no son nuevas sino que forman parte de la historia militante de antes y despues del 24 de marzo de 1976.



En el documento de pronunciamiento del NOA, ademas de reiterar el apoyo a la procuradora Alejandra Gils Carbó y el cuestionamiento a politicas a implementar por el Ministerio de Seguridad , enfatizan que:
- garantía de continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el territorio nacional en cumplimiento del compromiso asumido por el Estado argentino ante tratados internacionales.
- sostenimiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia (señalización de los Sitios de Memoria, Banco Nacional de Datos Genéticos, las leyes reparatorias, los equipos de acompañamiento de los testigos, derecho a la identidad, búsqueda e identificación de los restos de nuestros Desaparecidos, el Programa Verdad y Justicia, etc..)
- puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral para la investigación de la participación civil-empresarial durante el Terrorismo de Estado.
Ni un paso atrás en los derechos conquistados que devolvieron la dignidad a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Reafirmamos nuestro firme compromiso de lucha contra todo intento de obstaculizar la marcha del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia.
Nos pronunciamos en contra toda política que atente contra la vida democrática de nuestro país.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy
Asociación de Derechos Humanos“Lucrecia Barquet” – Salta
HIJOS – Salta
Asociación Oscar Smith de Luz y Fuerza - Salta
Organismo de Derechos Humanos Casa de la Memoria– Catamarca
ONG “La Obra” de Derechos Humanos –Catamarca
Ex Presos Políticos – La Rioja
Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero
Agrupación de Ex Presos Políticos- Tucumán
Secretaría de Derechos Humanos de la CTA – Tucumán
ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales)
Fundación Memorias de Identidades del Tucumán
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogo de Tucumán
Mirta Alejandra Ferreyra –Familiar de Detenido Desaparecido y querellante
Teresa Arias – Familiar de Detenido Desaparecido y querellante
Agencia de Noticias DDHH.