martes, 31 de agosto de 2010

SOCIEDAD › LOS DELITOS CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DE LOS CRIMENES POR TERRORISMO DE ESTADO EN LA ULTIMA DICTADURA MILITAR.

Una tortura específica y un terror que no se olvida

El comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), lamentó que los delitos que tienen que ver con el género en el marco de las causas por Terrorismo de Estado; no hayan recibido castigo y señaló la necesidad de visibilizar esa violencia, enjuiciarla con entidad propia y buscar la reparación de las víctimas. Aquí, la opinión de referentes de Rosario.

El centro clandestino El Pozo, en la ex Jefatura. En Rosario hubo denuncias por violaciones.
Por Alicia Simeoni

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que se reunió en Nueva York en julio pasado elaboró una serie de recomendaciones al Estado argentino, entre ellas las que tienen que ver con la violencia sexual cometida contra las mujeres durante la última dictadura. El comité de la Convención lamentó que los delitos que tienen que ver con el género no hayan recibido castigo y señaló la necesidad de visibilizar esa violencia, enjuiciarla con entidad propia y buscar la reparación de las víctimas. Sobre los enormes escollos que se presentan en todo el país y por lo tanto en la provincia de Santa Fe -en Rosario hubo denuncias de mujeres pero no represores imputados , para el juzgamiento y castigo de los delitos sexuales durante la dictadura militar, reflexionan la defensora federal y presidenta del Centro de Derechos Humanos Juan Carlos Gardella de la Facultad de Derecho de la UNR, Matilde Bruera, la integrante del equipo jurídico de la organización Abuelas y patrocinante de familiares y víctimas en los juicios por delitos de lesa humanidad, Ana Oberlin, y las también abogadas Susana Chiarotti del Instituto de Derecho, Género y Desarrollo (Insgenar) y Analía Aucía del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Las negativas de los magistrados de Instrucción a imputar por estos delitos, la falta de sensibilización de los operadores judiciales para recepcionar todo lo que tiene que ver con la temática y las dificultades de las mujeres para incluir en sus declaraciones las violaciones y abusos que soportaron, componen un escenario en el que, tal vez, las recomendaciones del comité de la CEDAW, colaboren a visibilizar y destrabar. Insgenar y CLADEM llevan adelante una investigación para determinar las características y la extensión de la violencia sexual, sistematizada y perpetrada por los represores en el proceso abierto en 1976.

El análisis y recomendación de la CEDAW al Estado argentino en las más diversas formas de los delitos arriba mencionados está contenido en el punto 25 que textualmente expresa: "El Comité exalta los esfuerzos del Estado parte para que se enjuicie a los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura", al tiempo que "lamenta que la violencia sexual cometida contra las mujeres en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura no fuera castigada". Además en el punto 26 señala que el comité "recomienda que deben adoptarse medidas proactivas para asegurar que la violencia sexual cometida durante la última dictadura sea visibilizada, enjuiciada y sancionada en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad, de conformidad con la resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad, y que las víctimas sean reparadas"

La abogada que integra el equipo jurídico de Abuelas Ana Oberlin considera como "un avance importantísimo" las recomendaciones expresadas por la CEDAW porque las dificultades y obstáculos habituales en las causas "aumentan exponencialmente cuando se trata de avanzar en las imputaciones penales por los delitos contra la integridad sexual cometidos fundamentalmente contra las mujeres, por los integrantes de los grupos represivos", dice Oberlin, pero también señala que uno de los obstáculos principales para juzgar este tipo de delitos es la negativa generalizada de los jueces de instrucción a realizar estas imputaciones a los represores.

La base de la negativa a la que la abogada Oberlin se refiere, es "tan sistemática como la aplicación de la violencia sexual y está asentada en factores diversos. Entre esos factores ocupa un lugar central, según lo manifiestan las profesionales entrevistadas, el componente manifiestamente sexista de las prácticas judiciales y el tratamiento discriminatorio en razón de género que el sistema reproduce y que "según la integrante de HIJOS , "se ve plasmado particularmente en las investigaciones de delitos contra la integridad sexual cuyas víctimas son casi en su totalidad mujeres. Cuando se logra su investigación es excepcional que se arribe a una condena y durante el proceso judicial se evidencia un altísimo grado de revictimización de quiénes los sufrieron" El no avance respecto de las imputaciones a los responsables hace que la defensora federal, Matilde Bruera, explique que "la perspectiva de género en la administración de Justicia es un tema pendiente y muy recientemente abordada" y en relación con las causas de lesa humanidad que se llevan adelante en Rosario "los planteos son aún muy incipientes y no hay recepción de los mismos en la administración de justicia". De aquí parte Bruera para decir que "hay una causa en la que se sobreseyó al imputado, en la etapa de instrucción, con consideraciones que desconocen el marco conceptual de violencia de género como derecho humano". También Oberlin aporta que en Rosario varias mujeres declararon ser víctimas de violencia sexual pero no se logró avanzar en la imputación de los responsables.

El juicio contra el ex magistrado santafesino Víctor Brusa, de la ciudad de Santa Fe "que involucraba a otros represores hace decir a Bruera que en esa causa el tema de los delitos sexuales fue incluido en la condena con mayor claridad que en Rosario. También habla acerca de que "hay un hecho que hay que destacar y que resulta preocupante: se trata de una importante cantidad de mujeres víctimas que deciden no incluir la violencia sexual en sus relatos y ello obedece a una falta de abordaje específico del tema por parte de los operadores de Justicia". De ahí que considera importante la recomendación realizada desde CEDAW a la Argentina y como estado parte del comité internacional de la Convención, "está obligado a instalar un trabajo positivo y proactivo a fin de que la violencia sexual contra mujeres sea correctamente conceptualizada como derecho humano, pueda atravesar todas las construcciones jurídicas y las medidas que faciliten el acceso a la Justicia de la mujer, en condiciones de igualdad en estos juicios históricos", dice. En definitiva lo que se pide tanto desde el punto de vista de Oberlin como de Bruera es que "la violación sexual sea juzgada como delito de lesa humanidad, de manera autónoma e independiente de otros delitos de lesa humanidad, ya que si bien están relacionados, "no deben quedar subsumidos de manera que no se juzguen o se invisibilice este grave atentado en razón de género".

La investigación de Insgenar y Cladem se lleva adelante a partir de un equipo interdisciplinario y apunta a investigar la magnitud, características y extensión que tuvo la perpetración de toda forma de violencia sexual cometida por los represores. Se utilizan diversas fuentes, entre ellas testimonios y entrevistas a víctimas y testigos e involucra diversas provincias, Chaco, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Tucumán.

En cuanto a lo que hasta ahora se pudo relevar en la provincia de Santa Fe, "aún son muy pocas las víctimas que comenzaron a hablar de los delitos sexuales que padecieron y se sabe que esos delitos que se cometieron fueron extendidos". Insgenar y CLADEM presentaron un "amicus curiae" en la causa que está encabezada con el nombre del represor Santiago Omar Riveros y que tramita en los Tribunales de San Martín, en Buenos Aires y el argumento para hacerlo fue que el juez de Primera Instancia y la Cámara de Apelaciones consideran que las violaciones denunciadas por dos de las víctimas "explican Chiarotti y Aucía "no fueron sistemáticas, y por lo tanto, no pueden considerarse crímenes de lesa humanidad". (El recurso del amicus curiae permite la presentaciones de terceros en una disputa judicial de la que no son parte, pero en la que tienen un justificado interés en la resolución final del litigio y con la finalidad de expresar sus opiniones en torno a la materia y a través de aportes de trascendencia para la sustentación del proceso). "Los jueces consideran que las violaciones no fueron sistemáticas porque, de lo contrario, todas las mujeres hubiesen denunciado.. En Santa Fe sucedió algo similar en la causa Barcos donde se juzga a los perpetradores también por la violencia sexual cometida y se la "subsume" en el delito de tormentos", mientras que en Mar del Plata se produjo el primer juzgamiento y condena por las violaciones sexuales cometidas "calificando a las mismas de delitos autónomos". Desde el Instituto de de Derecho, Género y Desarrollo y desde el Comité de América latina y el Caribe (CLADEM) se explica que la sistematicidad propia de los delitos de lesa humanidad no tiene relación directa con la cantidad de crímenes cometidos sino con el contexto del conflicto. "Además ese argumento es inaceptable "dicen Chiarotti y Aucía porque desconoce la profunda dificultad que tienen las mujeres y los varones para hablar de la violencia sexual". Sin duda, explican, aquí pesan la estigmatización, la vergüenza y la humillación que sienten las víctimas de esos delitos por los prejuicios y los estereotipos de género construidos alrededor de la sexualidad en nuestra cultura.

Fuente: Rosario 12

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Córdoba -Juicio UP1
Abogada de la esperanza
Tan contundente como sensible, el testimonio de María Teresa Sánchez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, aportó datos valiosos sobre los crímenes de la UP1 y reveló la vergonzosa complicidad de los funcionarios judiciales. Una conmovedora evocación de un cautiverio en el que también pudieron nacer niños, lirios y sueños de justicia.

2010-08-29 -

Por Alexis Oliva - Prensared

La pantalla muestra a una mujer que relata un episodio dramático de su vida, ocurrido hace 34 años: “Yo me veía como desde afuera, esposada y en medio de todo ese despliegue. Me parecía algo tan ridículo... Me llevaron a una habitación, me prepararon y me rasuraron. Estuve desde la mañana hasta las 10,40 de la noche, que nació la beba. La tuve con fórceps, me la llevaron y me dijeron que había tenido sufrimiento fetal. Después vino una persona: ‘A mí me dijeron que te cuide, pero si te querés escapar te voy a pegar un tiro’. Al otro día pregunté por mi hija y me dijeron: ‘Ya te la vamos a traer, porque está muerta de hambre’. Me la trajeron y venía llorando…”.

De repente, a un costado de la mujer comienza a asomar su propio rostro, con la edad que tenía en el tiempo en que sucedía lo que relata. Mientras el rostro maduro habla con serenidad, del rostro joven brotan lágrimas. La imagen es bella e inquietante.

Pero no es la misma mujer. En realidad, se trata de su hija. Aquella beba nacida en cautiverio que lloraba de hambre, es la joven que hoy llora de emoción y orgullo. El fundido es digno de lo que se llama “cine de autor”. Y un extraño designio hace que sólo tengan el privilegio de contemplarlo -al menos por ahora- un puñado de periodistas desde la sala de prensa y otro puñado de represores que optan por presenciar el juicio en su contra desde una sala contigua a la de audiencias.

La mujer que habla es María Teresa Sánchez, ex presa política de la dictadura militar en la UP1 y desde fines de la década del 80 abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, regional Córdoba. La joven que escucha y mira con los ojos llenos de lágrimas es su hijaSoledad.

Cuando María Teresa fue secuestrada, el 24 de febrero de 1976, embarazada de siete meses y medio, por una patota policial que la condujo a la Dirección de Informaciones (D2) de la policía cordobesa, faltaba exactamente un mes para el golpe de Estado.

Después de sobrellevar golpizas, torturas y amenazas en el D2 -suerte compartida por su esposo-, fue encarcelada en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1), acusada de “asociación ilícita calificada”, figura que aludía a “la pertenencia a una organización que quiere tomar el Estado por la fuerza” y que “generalmente se le ponía a una persona a la que no le encontraban absolutamente nada”, aclara Sánchez, por aquellos años estudiante y militante de la CURS (Corriente Universitaria por la Revolución Socialista) en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

Aquella madrugada del 24 de marzo del 76, la noticia del golpe los sorprendió durante una visita íntima en el pabellón femenino de la UP1. “Nos fuimos a acostar, prendimos la radio y se empezó a escuchar la marcha militar. Todos nos juntamos con la sensación de no saber qué va a ser de nosotros. A la mañana nos vinieron a buscar y se notaba que no sabían qué iban a hacer con nosotros, porque a esas visitas entraba también gente de afuera a ver sus parejas y tenían mucho miedo que los dejaran ahí adentro. Era una mañana gris como hoy y un helicóptero daba vueltas por la cárcel”.

Uno de esos días de incertidumbre, el 13 de abril, la llevaron a la Maternidad provincial, donde nació Soledad. Dos días después, fue devuelta a la UP1. “La cárcel estaba rodeada de camiones verdes”, recuerda María Teresa. Al llegar al pabellón 14, sus compañeras la recibieron con alegría y le contaron que el mismo día en que ella dio a luz los militares habían irrumpido violentamente para “hacer una arenga y decirles que esto dejaba de ser un liceo de señoritas para ser una cárcel”.

Los días siguientes dejaron claro que no se trataba de una simple bravuconada. “Nos encerraron en las celdas, cosa que nunca hubiéramos imaginado, porque que no tenían baño y eran muy chiquitas. (…) Los militares podían entrar incluso hasta tres veces en el día. Nos desvestían, nos bailaban, nos gritaban cosas, nos pegaban… En cada acto de estos, era el llanto de los niños, la sensación de terror cuando la reja se abría, de las botas cuando entraban, las llaves y el miedo de la celadoras cuando abrían las puertas y se oía la orden: ‘Todas al pasillo’. Y ahí comenzaba: nos obligaban a desvestir a los niños y los niños lloraban. A los doce días, entraron y nos dijeron que teníamos que entregar a los niños, incluida mi hija. (…) Fue realmente muy triste cuando se llevaron a mi hija”, relata emocionada la testigo.

“La sensación de muerte comenzó cuando la llevaron a Diana Fidelman y no sabíamos a dónde –continúa narrando-. A los días la trajeron y tuve posibilidad de hablar con ella. La habían llevado a la D2, la habían torturado, interrogado y violado. Dentro de los interrogadores estaba (Héctor Pedro) Vergez, que ya lo había mencionado como que era el represor dueño de ella. Y que si la sacaban de nuevo la iban a matar”. La amenaza se concretó el 17 de mayo, cuando Fidelman fue retirada de la cárcel y fusilada junto a cinco prisioneros políticos varones cerca del puente de avenida Santa Fe: “Al día siguiente las guardias decían que Diana se había querido escapar y entonces la habían matado. Hablé con una guardia y le decía que no podía ser, porque Diana no quería ir y además era imposible que se escaparan y eso sucediera”.

“Después se llevaron a (María Esther) ‘Tati’ Barberis -el 19 de junio- y a Marta (González de) Baronetto -el 11 de octubre-, que había tenido un varón, Lucas. Eso me produjo una sensación tremenda, porque la habían sacado para tener el hijo, la trajeron de vuelta y después la vinieron a buscar”, evoca Sánchez antes de añadir los casos de Liliana Páez, Marta Abdón de Maggi yMirta Rosetti de Arquiola, asesinadas en similares circunstancias.

También rememora el alevoso homicidio de René Moukarzel, el 15 de julio del 76: “Uno de los días más fríos que viví en el penal y creo que de mi vida, a las once de la mañana, trajeron a un compañero varón y lo estaquearon en el patio de las mujeres. Había una sensación de silencio y sólo se escuchaban los quejidos de este compañero, que después supe era de apellido Moukarzel. Ya lo había visto por una de las celdas, donde nos habíamos metido varias. Después, abrí la ventana. Lo teníamos prohibido, pero la abrí. Estaba desnudo, brazos extendidos, atadas las piernas también, con una soga en el cuello y algo abajo que me dijeron después que eran piedras. Le tiraban agua. Yo escuchaba que decía: ‘Ay, mis riñones… Hermano, no me hagás esto’. Habían puesto un soldado a cuidarlo. Y desde arriba, desde una garita de control, le gritaban que le echara agua. Aproximadamente a las diez y algo de la noche, se empezó a sentir que corrían por la escalera y las llaves, y gritaban que había muerto. Una de las celadoras, Marta, se descompuso por eso. Después nos enteramos que los militares la querían cambiar de cárcel, porque ‘era débil y no se podía apiadar de un subversivo’”. Y una imagen: “Unos días después, en el lugar donde había estado apoyada la cabeza de Moukarzel nació un lirio; y una compañera le hizo un canto, que hablaba de él y el lirio”.

Luego de recordar a las víctimas, le toca el turno a los victimarios. La testigo señala entre los que comandaban las requisas y golpizas al entonces teniente Gustavo Alsina –apodado “Remolino” por las presas-, quien tenia una imagen “casi payasesca” cuando las hacía “gritar cosas ridículas”, como: “Soy un dulce de batata y voy a morir masticado”. El otro teniente era Enrique Mones Ruiz -el “Avispón Verde”-, cuyas órdenes “eran más claras” y “no gritaba”. “El comandaba el grupo que me trasladó en un momento adelante a la Alcaldía -asegura Sánchez-. Estaban presentes el doctor (Luis) Rueda, escribiente, y el doctor (Ricardo) Haro, que hacía las veces de defensor oficial. Mones Ruiz se quedó adentro mientras yo declaraba”.

Pero la actitud del defensor oficial, que “admitía esa situación”, sería brutalmente superada por quien asumió ese rol al ser Haro promovido a camarista. María Teresa había sido encerrada en una celda de castigo, por resistirse a una requisa vejatoria, y se lo comunicó a Luis Molina, su nuevo defensor. El funcionario judicial le respondió: “Vos no querés hablar y además no te querés sacar la bombachita… Así no vas a salir nunca”.

A pesar del vaticinio de su respetuoso defensor, Marité Sánchez recuperó la libertad y la esperanza de vivir en un país más justo. Trasladada a la cárcel porteña de Devoto en septiembre de 1977, pudo cumplir el resto de los cuatro años de condena en un contexto menos opresivo. Una vez recuperada la democracia, concluyó sus estudios de derecho y continuó su camino de militancia, como abogada de la filial cordobesa de las Abuelas de Plaza de Mayo. Su trabajo le granjeó numerosas amenazas, presiones y agresiones, pero también satisfacciones.

Qué pesó más en la balanza, puede deducirse de la respuesta que le dio a una pregunta del fiscal Carlos Gonella:

-Usted dijo que es abogada de las Abuelas de Plaza de Mayo desde 1989. ¿Por qué motivo?

-Porque siempre he pensado que a mí me podría haber pasado lo mismo (que su hija fuera apropiada por los represores). Me parecía imposible aceptar que mi hija pudiera haber ido a parar con quienes tanto daño me habían hecho. Admiro a las Abuelas y en esa época en que me fueron a buscar nadie quería ser abogado de los organismos. Sonia Torres y Otilia Argañaraz fueron una reunión con abogados, a pedir si alguien quería ayudarlas. Con Elvio Zanotti decidimos ser abogados de las Abuelas, lo que para mí es un gran honor. He aprendido de ellas la virtud de la paciencia y la lucha. En la búsqueda de estos niños, se los puede localizar y he comprobado por mí misma que para ellos es liberador.

Fuente: www.prensared.com.ar

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LA PAMPA

Una ex celadora confirmó ante el Tribunal Oral Federal que le practicaron un aborto a una detenida a la que Carlos Reinhart forzaba a mantener relaciones sexuales.

Gandara

Una ex celadora confirmó ante el Tribunal Oral Federal que le practicaron un aborto a una detenida a la que Carlos Reinhartforzaba a mantener relaciones sexuales.

Hermelinda Gándara, ex celadora de la Seccional Primera, involucró en su testimonio clave a los médicos Máximo Pérez Oneto, Miguel Aragón y Atilio Cornachione.

La mujer, que para prestar su testimonio pidió que los acusados salieran de la sala de juicio, aseveró que los tres médicos revisaron a la secuestrada y torturada María Zulema Arizo.

La ex celeadora estaba en funciones en la Seccional Primera en el año 1978 cuando “fue llamada por los oficiales (Roberto) Fiorucci y (Carlos) Reinhart quienes habían trasladado a una persona del sexo femenino, totalmente sucia, con signos de haber sido sometida a serios castigos”.

El relato que hizo la mujer agregó que “apenas podía caminar” y que presentaba “lastimaduras e inflamaciones en varias partes del cuerpo”, sobre todo en muñecas y tobillos con signos de haber sido amarrada.

Esa mujer era la maestra María Zulema Arizo, “levantada” de la escuela rural de Paso de los Algarrobos. Le contó que había sido sometida a torturas con picana eléctrica y que había estado en un “sótano”.

Arizo -según el relato de Gándara- fue sometida a nuevos interrogatorios en la Planta Alta de la Seccional Primera. De esos interrogatorios participaron “los policías Fiorucci, Cenizo, Reta, Reinhart, y en algunas ocasiones Constantino, Marenchino y Escalada”, según había anticipado la ex celadora en su declaración del año '84, ratificada ante el Tribunal Oral Federal.

Otro de los temas que abordó es que en esa época, declaró Gándara, “se sometió a una maniobra abortiva a la detenida (Nilda) Pérez”, quien fue examinada por el médico Juan Savioli.

También relató que “las restantes detenidas a disposición de la Subzona 14 eran interrogadas a altas horas por los policías ya nombrados, retornando en un estado físico de desgaste total, excitadas y en varios casos quejándose de dolores abdominales” y que las mismas eran asistidas en horas de la noche por los médicos.

Fuente: Diario de La Pampa

lunes, 30 de agosto de 2010


Se podrá televisar y fotografiar el juicio a 15 represores

en la Ciudad de Bs. As.

El juicio a una quincena de genocidas podrá transmitirse en vivo y en directo a partir del lunes 30 de agosto, cuando comience la etapa de alegatos en el debate por los delitos de lesa humanidad cometidos en los tres ex centros clandestinos de detención, tortura y extermino Club Atlético, Banco y Olimpo (circuito represivo “ABO”).

Todos los Canales de televisión y radios podrán tomar la señal del Tribunal Oral y Federal (TOF) Nº 2 y transmitir todas las audiencias del juicio que se desarrolla en los Tribunales de Comodoro Py 2002, tal como lo estipula la Acordada Nº 29/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, los fotógrafos podrán tomar imágenes de los represores al comienzo de las audiencias.

Los alegatos conforman la etapa previa a las sentencias. Durante los mismos, los abogados de las víctimas hacen una síntesis de lo transcurrido durante el juicio y el pedido de las condenas. Asimismo, las defensas de los represores hacen su descargo jurídico.

Entre los represores imputados se encuentran Julio Simón, alias “El Turco Julián”, Raúl Antonio Guglielminetti y Samuel Miara. A todos se los juzga por más de 180 víctimas.

Convocamos a todos los medios de comunicación a cubrir el juicio, asumiendo así el compromiso de informar sobre estos juicios históricos. Las imágenes ofrecidas por TOF son parte del registro audiovisual realizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales- INCAA, que cuenta con una alta calidad.

Acreditación de la prensa a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

Teléfonos: 4-370-4809 y 4-371-2313

E-mail: prensa.poderjudicial@csjn.gov.ar

El cronograma de audiencias de alegatos es el siguiente:

- Lunes 30 de agosto: querella de Eduardo De Pedro.

- Martes 31 de agosto: querella de Eduardo De Pedro (si necesita continuar).

- Lunes 13 y martes 14 de septiembre: querella de Barrera y Ferrando.

- Lunes 27 y martes 28 de septiembre, y lunes 4 de octubre: querella de Aguiar de Lapacó.
- Martes 5 y miércoles 6 de octubre: Ministerio Público Fiscal.

- Lunes 18 de octubre: Dr. Franco (defensa del represor Del Pino).

- Martes 19 de octubre: Dra. Corbacho (defensa de los represores Miara, Uballes y Rosa).
- Miércoles 20, lunes 25 y martes 26 de octubre: Dra. Blanco (defensa de Guglielminetti, Simón, Cardozo, Pereyra Apestegui, Avena, Kalinec, Taddei, González, Rolón, Falcón, Donocik).

A LOS GENOCIDAS LOS JUZGA UN TRIBUNAL, PERO LOS CONDENAMOS TODOS

H.I.J.O.S.

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

www.hijos-capital.org.ar

hijos@hijos-capital.org.ar

H.I.J.O.S.

29/08/2010

Se podrá televisar y fotografiar el juicio a 15 represores

en la Ciudad de Bs. As.

El juicio a una quincena de genocidas podrá transmitirse en vivo y en directo a partir del lunes 30 de agosto, cuando comience la etapa de alegatos en el debate por los delitos de lesa humanidad cometidos en los tres ex centros clandestinos de detención, tortura y extermino Club Atlético, Banco y Olimpo (circuito represivo “ABO”).

Todos los Canales de televisión y radios podrán tomar la señal del Tribunal Oral y Federal (TOF) Nº 2 y transmitir todas las audiencias del juicio que se desarrolla en los Tribunales de Comodoro Py 2002, tal como lo estipula la Acordada Nº 29/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, los fotógrafos podrán tomar imágenes de los represores al comienzo de las audiencias.

Los alegatos conforman la etapa previa a las sentencias. Durante los mismos, los abogados de las víctimas hacen una síntesis de lo transcurrido durante el juicio y el pedido de las condenas. Asimismo, las defensas de los represores hacen su descargo jurídico.

Entre los represores imputados se encuentran Julio Simón, alias “El Turco Julián”, Raúl Antonio Guglielminetti y Samuel Miara. A todos se los juzga por más de 180 víctimas.

Convocamos a todos los medios de comunicación a cubrir el juicio, asumiendo así el compromiso de informar sobre estos juicios históricos. Las imágenes ofrecidas por TOF son parte del registro audiovisual realizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales- INCAA, que cuenta con una alta calidad.

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El cronograma de audiencias de alegatos es el siguiente:

- Lunes 30 de agosto: querella de Eduardo De Pedro.

- Martes 31 de agosto: querella de Eduardo De Pedro (si necesita continuar).

- Lunes 13 y martes 14 de septiembre: querella de Barrera y Ferrando.

- Lunes 27 y martes 28 de septiembre, y lunes 4 de octubre: querella de Aguiar de Lapacó.
- Martes 5 y miércoles 6 de octubre: Ministerio Público Fiscal.

- Lunes 18 de octubre: Dr. Franco (defensa del represor Del Pino).

- Martes 19 de octubre: Dra. Corbacho (defensa de los represores Miara, Uballes y Rosa).
- Miércoles 20, lunes 25 y martes 26 de octubre: Dra. Blanco (defensa de Guglielminetti, Simón, Cardozo, Pereyra Apestegui, Avena, Kalinec, Taddei, González, Rolón, Falcón, Donocik).

A LOS GENOCIDAS LOS JUZGA UN TRIBUNAL, PERO LOS CONDENAMOS TODOS

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