LOS IMPUTADOS EN EL SECUESTRO DE ALDO MELITÓN BUSTOS

Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gazpor Zírpolo

SE REANUDA EL JUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE BUSTOS

Aldo Melitón Bustos

El 3 de Febrero proximo se reanuda el juicio por el secuestro y desaparición del contador Aldo Melión Bustos, que ocurrio en la ciudad de Tartagal el 2 de Febrero de 1978.Los imputados en la causa son los coroneles retirados Carlos Alberto Aria y Luis Angel Gaspar Zírpolo, estos prestaban servicio en el Regimiento de Infantería 28 de Tartagal al momento del secuestro de Bustos.

Está programado para las jornadas del 3 y 4 de este mes, continuar con los relatos de tistigos propuestos tanto por la querella como por los abogados defensores. El 9 de Febrero se costituirá el tribunal ora - integrado por los jueces: Roberto Frías, Jorge Luis Villada y Marta Liliana Snope- en la ciudad de Tartagal para realizar una impección ocular en la vivienda de donde Aldo Melión Bustos fué secuestrado. Tambien está prevista una visita al Regimiento de Monte Nº 28, de donde se supone partío el grupo de tarea que secuestró a Bustos.

VIDELA PODRÍA SER JUZGADO EN NUREMBERG

También lo quieren juzgar en Nuremberg
Es por el secuestro y muerte de Rolf Stawowiok, un joven que tenía doble nacionalidad. Videla cumple prisión preventiva.

El dictador Videla, de 84 años, está detenido en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo.
Un tribunal de la ciudad alemana de Nuremberg, donde se juzgó y condenó a los jerarcas nazis luego de la Segunda Guerra Mundial, libró ayer orden de captura internacional contra el dictador Jorge Rafael Videla por su responsabilidad en el secuestro y el asesinato de un joven con doble ciudadanía. El ex presidente de facto, de 84 años, está procesado en varias causas en la Argentina, cumple su prisión preventiva en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, pero no fue juzgado desde el proceso a los ex comandantes en 1985. Su primer juicio tras la anulación de las leyes de impunidad tendría lugar este año en Córdoba, donde compartiría el banquillo de los acusados con el condenado Luciano Benjamín Menéndez, los grupos de tareas del Destacamento de Inteligencia 141 y del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, en el que será el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la historia argentina.
La orden de detención internacional es para que Videla rinda cuentas en Nuremberg por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio de Rolf Nasim Stawowiok, un joven argentino-alemán de 20 años, egresado del colegio industrial porteño Otto Krause y militante de la Juventud Peronista. Stawowiok fue secuestrado el 21 de febrero de 1978 cuando salía de la fábrica donde trabajaba como técnico químico. Fue fusilado y enterrado como NN (no name, sin nombre) junto con otras cuatro personas jóvenes, el 14 de marzo del mismo año, en el cementerio de Lomas de Zamora.
Recién en el año 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo exhumar los cinco cadáveres, previa orden judicial. El año pasado los antropólogos confirmaron científicamente mediante el cotejo de ADN que entre las víctimas se encontraba Stawowiok, a quien sus compañeros de la JP conocían como “El Alemán”. Para el examen se tomaron muestras del octogenario padre de la víctima, Desiderius Stawowiok, quien viajó a la Argentina a recibir los restos de su hijo. Ante las evidencias de que el joven había sido asesinado a tiros, que surgían del examen de sus huesos, en diciembre la Justicia alemana reactivó la causa contra Videla, según explicó Thomas Koch, vocero de las autoridades judiciales de Nuremberg.
A fines de la década del ’90 el tribunal de Nuremberg abrió una investigación sobre la responsabilidad de la primera Junta Militar, pero las causas se paralizaron a medida que los tribunales argentinos comenzaron a reabrir las investigaciones y a rechazar los pedidos de extradición del dictador. Elizabeth Kesseman y Klaus Zieschank son dos de las víctimas de origen alemán cuyos secuestros y desapariciones investiga la Justicia.
Como ex presidente de facto y cabeza de la estructura represiva que comandó el Ejército, Videla está procesado por centenares de secuestros, torturas y desapariciones en todo el país. Cuatro de las causas judiciales que lo tienen como imputado ya fueron elevadas a juicio oral y público: Plan Cóndor (radicada en el Tribunal Oral Federal 1 porteño), el plan sistemático de apropiaciones de los hijos de los detenidos-desaparecidos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres (TOF6), la causa “Kamenetzky” en Santiago del Estero, y la citada causa en Córdoba. El dictador gozó de arresto domiciliario durante años, hasta que el juez federal Norberto Oyarbide, que instruye “Plan Cóndor”, le revocó el privilegio y ordenó su traslado a Campo de Mayo, decisión que luego confirmó la Cámara Federal porteña.
Fuente: Pagina 12

REPRESIÓN EN LAS COSTAS

Fuente: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/

Comparan la represión a los Lules con las prácticas de la dictadura
"Estos hechos no hacen más que evidenciar acciones ordenadas, o al menos toleradas, por el Gobierno de Salta para con las fuerzas policiales, que nos retrotraen a las peores épocas del terrorismo de Estado en la Argentina, y revelar la connivencia de los intereses privados y del Estado provincial".
Represion en Las Costas
Esa fue la expresión que volcaron los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, Adrián Camps (PSA), Jorge Selser (PSA)y Julio Raffo, al repudiar la decisión del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, de dar el visto bueno para que el Jockey Club disponga canchas de rugby tierras reclamadas como territorio indígena por la Comunidad Lules, de Finca Las Costas. La represión tuvo lugar el miércoles, cuando con Infantería armada con gas pimienta e itakas, se reprimió a la Comunidad que impedía el paso del Jockey Club para seguir con estos trabajos.
Ante la detención y encausamiento de los integrantes de la Comunidad (dos mujeres estuvieron detenidas por dos días), los legisladores exigieron "el cese inmediato de la criminalización, hostigamientos, represión y despojo de este pueblo, por parte de las autoridades locales y policía de la provincia de Salta". Solicitaron también la "desmilitarización" de la zona". Y es que hasta ayer, la Policía seguía vigilando que la entidad deportiva pueda cumplir con el objetivo de terminar los trabajos. Frente al campamento policial, seguía el de los Lules.Los legisladores porteños reclamaron la efectiva intervención del Estado Nacional a través de los organismos competentes, a fin de garantizar a las 250 familias los derechos violentados en cumplimiento de los pactos internacionales oportunamente suscriptos y la legislación nacional vigente.

Se agregó que "ante la incesante, sistemática y violenta embestida del Gobierno de Salta para con los Pueblos Originarios y sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución de la Provincia de Salta en su artículo 15, por la Constitución Nacional de la República Argentina en su artículo 75, inciso 17, el Convenio Nº 169 de Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resulta oportuno abogar por una sociedad respetuosa de la cultura de los pueblos preexistentes y la biodiversidad, en la que prime el Estado de Derecho, las Garantías Constitucionales y el Orden Internacional por sobre los intereses económicos impuestos por la fuerza o por la corrupción".Por su parte, los Lules declararon a Urtubey "persona no grata".
"Son criollos""Más del 80% en San Lorenzo son criollos que no se consideran miembros de ninguna comunidad originaria". Con estas palabras el gobernador Urtubey apuntó a justificar la entrega de tierras en la reserva natural de uso múltiple, indicando que en la zona también se dio tierras a Gimnasia y Tiro, la Agrupación Gauchos de Güemes, y la Asociación de Criadores de Caballos Peruanos de Paso. "Se garantizó la orden del juez, si (los policías), hicieron algo fuera de la ley se dispondrán las acciones correspondientes", agregó al ser consultado por la represión. "La información que manejamos es que no ha habido", tal accionar al afirmar que la Policía "está para garantizar la seguridad y el orden".

MASACRE DE PALOMITAS

Sombras de un juicio en Salta
El proceso contra los responsables del asesinato de doce presos políticos durante la última dictadura se realiza a puertas cerradas y sin público.
M. N.
25.01.2010

Silencio. El juicio contra Hugo César Espeche, Carlos Alberto Mulhall y Miguel Gentil; no hay cámaras de TV ni testigos.
La masacre de Palomitas es uno de los mayores emblemas del terrorismo de Estado en Salta. Como un insolente paralelismo de aquella noche de 1976 en la que doce presos políticos fueron fusilados por el Ejército, el juicio a tres de sus responsables se realiza desde hace semanas en un oscuro silencio. El proceso es a puertas cerradas, sin público ni difusión. A diferencia de otras causas por delitos de lesa humanidad, en el expediente se aplica el Código Penal de 1889 que no prevé audiencias orales sino papeles escritos que navegan entre tribunales, defensores y querellantes. El juez y el fiscal no estuvieron presentes en la toma de pruebas testimoniales. Después de años de quietud, en los que decenas de miembros del Poder Judicial se pasaron el expediente como brasa caliente, el 7 de enero comenzó el juicio por la masacre de Palomitas. La primera audiencia testimonial no fue noticia. Tampoco la segunda, ni la tercera. La televisión no mostró los rostros de los coroneles Hugo César Espeche, Carlos Alberto Mulhall y Miguel Gentil porque el juicio no es público. Además, porque los tres imputados ni pisan tribunales. Se enteran del avance del juicio por sus abogados, mientras gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. La causa, a cargo del juez federal Carlos Olivera Pastor, es un tramo del expediente principal y se la conoce como Palomitas I. Juzga al mayor retirado y propietario de una agencia de seguridad quien aquel anochecer del 6 de julio de 1976 fue el encargado de retirar del penal de Villa Las Rosas a los detenidos que horas después terminaron acribillados.El proceso, que aún debe atravesar por la instancia de alegatos, últimas palabras y sentencia, también investiga la responsabilidad que tuvieron en la masacre el interventor de la policía local, Gentil; y el entonces comandante de la Guarnición Ejército Salta, Mulhall, creador de la versión oficial que intentó ocultar la masacre bajo un supuesto “enfrentamiento entre subversivos”. En pocos meses, la Justicia dirá si Espeche, Mulhall y Gentil son inocentes o culpables. El juicio llegará a su fin sin estridencias y la historia quedará archivada en las páginas de los 40 cuerpos que hasta hoy acumula el expediente.

Fuente: http://www.criticadigital.com.ar/

REPUDIO DEL CENIDA

Militares democráticos repudian apoyo de Eduardo Duhalde a represores argentinos
Stella CallonilPeriódico La Jornada
Viernes 22 de enero de 2010

Buenos Aires, 21 de enero. El Centro de Militares para la Democracia de Argentina (Cemida) repudió hoy las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, quien desde El Salvador dijo que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner humilla a sus fuerzas armadas al propiciar que continúen los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar.
El grupo del Cemida que reúne a coroneles retirados como Horacio Ballester, José Luis García, y donde participó hasta su muerte el ex capitán José Luis D’Andrea Mohr, quien escribió importantes investigaciones sobre los actos de la dictadura, señaló a Duhalde que su declaración muestra que no conoce el actual sentir de las fuerzas armadas de la democracia, que consideran muy favorable que al fin se esclarezca quiénes fueron culpables de delitos aberrantes y reciban las sanciones que las leyes determinan para que de esta manera queden libres de toda sospecha los que no son responsables.
Señalan también que lo dicho por Duhalde, quien llegó a la presidencia en el marco del estallido de la crisis en diciembre de 2001, cuando hubo en pocos días cinco presidentes parecen querer involucrar a miembros de las fuerzas armadas- como amenaza velada- al clima destituyente (golpista) que algunos sectores de diversas entidades intentan crear.
El comunicado sostiene que al parecer los contactos que según Duhalde se sienten agraviados, son militares retirados, dados de baja o actualmente procesados que tratan de evitar la acción de la justicia y a los cuales cualquier amenaza destituyente los libraría del necesario peso de ésta.
También le recuerdan al ex presidente que el grupo de militares del Cernida, ha sido citado en El Salvador como peritos en los juicios similares a los que se realizan en Argentina, entre los que señalan el ahora abierto para investigar a los instigadores y encubridores del asesinato de de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas ocurridos en la Universidad Católica de El Salvador , durante la dictadura en ese país donde ya se condenaron a los ejecutores materiales.
El Cemida agregó que dado lo insólito de las manifestaciones de Duhalde, se puede sospechar que el ex presidente intenta salvar su propia situación cuando aún no se han terminado de investigar sus responsabilidades en los asesinatos de los jóvenes dirigentes populares Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en junio de 2003, durante su presidencia provisional.
También estiman que el ex presidente no tiene entidad para expresar lo que que sienten los integrantes de las fuerzas, a las que pretende involucrar en contiendas políticas de las que definitivamente se han alejado para el bien de nuestra patria y para ejemplo de sus pares mundiales en otra abierta referencia a un intento de involucrar a militares en las acciones desestabilizadores que se registran en el país.
Otro analistas advierten que en su guerra contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde Duhalde se alió con la extrema derecha, incluyendo a la históricamente enemiga del peronismo al que pertenece el ex presidente, está trabajando activamente con sectores estadunidenses, que propiciaron su viaje y gira por varios países.
Mencionan a la nueva Fundación UnoAmérica,que reúne a militares de todas las dictaduras del continente y los grupos más fundamentalistas aliados a los sectores terroristas anticubanos de Miami. UnoAmérica estuvo involucrada en el golpe de Honduras, recibiendo un premio del presidente de facto de esa nación, Roberto Micheletti.
En el intento de asesinar al presidente boliviano Evo Morales, descubierto en abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, en el que se investiga a varios ex militares argentinos de la pasada dictadura.
Una de las tácticas de UnoAmérica es infiltrar a las Fuerzas armadas de América Latina y exponer falsos documentos para asustarlas con la idea que los llamados gobiernos del Foro de San Pablo, entre los que identifican a Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y otros, tiene un proyecto para acabar con las fuerzas armadas. Esto se vio claro cuando militares hondureños en pleno golpe de Estado contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya, viajaron a Estados Unidos exponiendo el argumento de UnoAmérica para intentar justificar su acción golpista en ese país.
En tanto, desde diversos sectores de oposición al gobierno de Fernández surgieron declaraciones en reclamo de que el vicepresidente Julio Cleto Cobos, no puede seguir ocupando su cargo si actúa contra el gobierno ni utilizándolo para propaganda electoral hacia las elecciones presidenciales del próximo año

DERECHOS HUMANOS
Militares por la Democracia repudiaron a Duhalde
El ex presidente dijo en El Salvador que la presidente Cristina de Kirchner "humilla a las FF. AA.". El CEMIDA le pidió "que no se meta".

Críticas. El ex presidente fue cuestionado por el CEMIDA, que se conformó en 1984 con el regreso de la democracia. "Nosotros queremos que se castigue a los que cometieron delitos aberrantes", aseguraron. (DyN)
El ex presidente y candidato nuevamente a la primera magistratura del Estado por el PJ Eduardo Duahlde fue repudiado por el Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA) por sus declaraciones durante un visita al El Salvador donde acusó a la mandataria Cristina Fernandéz de Kirchner de "humillar" a los militares por su actuación en la déctada del `70. Desde el CEMIDA, un organismo conformado en 1984 por militares retirados que apoyan la política de Derechos Humanos que desde 2003 lleva adelante el kirchnerismo fueron tajantes contra Duhalde: "Que no se meta", le aconsejaron.Las declaraciones del ex presidente trascendieron en un cable de la agencia española de noticias EFE, a la que caudillo bonaerense le dijo que Cristina de Kirchner había incurrido en un “gravísimo error” al desprestigiar a las Fuerzas Armadas por los delitos de lesa humanidad que sus cuadros cometieron cuando tomaron el gobierno con un golpe de Estado en 1976.Duhalde sostuvo que la administración K “ha tomado como modelo” al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en ese aspecto y atribuyó a esta posición "el enfrentamiento con todos los sectores importantes de la vida nacional", entre los que sumó a la oposición política y a la Iglesia.En declaraciones a Criticadigital, voceros del CEMIDA evaluaron que la actitud de Duhalde "sólo intenta desprestigiar la poítica de DD.HH." actual. El organismo también emitió un comunicado en el que aclara que el ex presidente “no conoce el actual sentir de las Fuerzas Armadas de la democracia que considera muy favorable que se esclarezcan quienes fueron culpables de delitos aberrantes, que reciban las sanciones que las leyes determinan y que el resto de sus integrantes queden libres de toda sospecha”. “No tiene la menor entidad para constituirse en vocero de lo que sienten los integrantes de las Fuerzas, a las que pretenden involucrar en contiendas políticas”, añadieron.Consultado por este medio, el Secretario General de CEMIDA, el Coronel José Luis García, adjudicó a "maniobras políticas" las declaraciones del bonaerense: “Duhalde quiere llevar agua para su molino e intenta desprestigiar esta política de Derechos Humanos. No nos importa si sus ambiciones lo vuelven loco o si quiere ser presidente del país, pero que no se meta con las Fuerzas Armadas que bastante desprestigiadas ya están”.
Fuente: http://www.criticadigital.com/

SE RENUEVA LA ESPERANZA

Morales es ungido líder espiritual de Bolivia en un ritual indígena en Tiwanaku.

Morales dijo que su próximo gobierno se regirá con la misma máxima que el pasado. “Rápidamente pasaron cuatro años de nuestro gobierno. Han sido años de trabajo permanente, en que nos guiamos por la ley cósmica que nos dejaron los antepasados. Es el Ama Sua (no seas ladrón), Ama Qella (no seas mentiroso) y Ama Llulla (no seas ocioso). Quiero agradecer desde este lugar sagrado a nuestros antepasado por dejar la mejor herencia a mí y a los pueblos del mundo.”

fuente: LUCHO SORIA

ESTUDIANTES VOLVIERON A MARCHAR EN CONTRA DEL BOLETAZO DEL TRANSPORTE

Anoche, distintas agrupaciones estudiantiles volvieron a reunirse en la Plazoleta IV Siglos para marchar en contra del aumento del boleto decidido por la AMT el lunes, y que se dispuso en las máquinas boleteras (al menos para el boleto común y el social), a partir del miércoles.

FOTO: ESTUDIANTES, COMUNIDADES INDIGENAS (LULES), Y DIRIGENTES POLITICOS, FUENTE: NUEVO DIARIO.

En una marcha en donde la convocatoria no era la esperada, los estudiantes volvieron a repudiar la actitud del gobierno provincial por instrumentar un aumento que fue rechazado de plano por todos los usuarios que participaron en la audiencia pública. Agregaron que no se puede legitimar una convocatoria después de lo acontecido también fuera de la Fundación Salta, cuando los estudiantes fueron reprimidos por la Policía.

Para la secretaria general del Centro de Estudiantes de Humanidades, Violeta Gil, a pesar de la intención de desmovilizar a la gente, el gobierno de Urtubey tuvo que "escalonar" el aumento pretendido, al ver el enojo que se manifestó en la sociedad. Uno de los argumentos que se disponen cada vez que se habla del aumento del boleto, es que los estudiantes, o en el caso, sus familias, pueden solventarlo.

"Fuimos con la rectora de la Universidad (Stella Pérez de Bianchi), a hablar con la AMT y ahí ella dijo que el 40% de los chicos abandonan sus estudios porque muchas veces no pueden pagar el transporte", dijo Gil. Ayer, la movilización de los estudiantes y de la Comunidad de Finca Las Costas se dio en un ámbito tranquilo, más allá de algunas intervenciones con organizadores de un evento que estaba previsto en la Plazoleta IV Siglos, donde la Municipalidad de Vaqueros se aprestaba a promocionar el Municipio con una feria de artesanos y números artísticos.

Sin embargo, se pudo ver al jefe del operativo de las represiones en la Fundación Salta y en Finca Las Costas, Alfredo Flores, de civil, y al parecer, organizando la `seguridad` de la manifestación.

represión en las costas

En un comunicado enviado a Infosur por la Comunidad Lules que fue reprimida este miércoles por efectivos de la policía de Salta, sin orden judicial, donde fueron golpeadas una decena de integrantes de esta comunidad en su mayoría mujeres y detenidas las comuneras Estela Guzmán que esta embarazada y Pastora Vilte, los Lules responsabilizaron a Urtubey por la cruel represión y lo declararon persona no grata.
Comunidad originaria Lules


“Nosotros, los hermanos de la Comunidad Lules, comunicamos a la opinión publica que el día de hoy – miércoles - aproximadamente a hs. 9,00 de la mañana personal de la Policía de Salta, Brigada e Infantería, procedieron a cortar el alambrado perimetral de nuestras tierras comunitarias, correspondientes a un predio de cinco hectáreas de las 12 mil que mantenemos como posesión histórica y ancestral ubicado en Finca Las Costas de la ciudad de Salta, para ingresar un tractor del Jockey Club. Ante este hecho, la comunidad manifestó el ingreso del vehículo, cuando fuimos reprimidos brutalmente tanto mujeres, niños y a toda persona que estaba en el lugar defendiendo sus tierras. En esta brutal represión policial fueron deteniendo dos compañeras comuneras, una de ellas, Estela Guzmán que esta embarazada, la que fue arrastrada de los cabellos; y a Pastora Vilte, que subieron desmayada en el móvil policial, aún haciéndoles conocer a los uniformados que presentaba problemas de salud, igual fue detenida”. Afirmas los Lules en el comunicado.Agregando: “De la cruel represión resultaron heridos una decena de compañeros entre mujeres y jóvenes. Periodistas agredidos, interrumpiendo las fuerzas policiales la libre tarea de la búsqueda de información garantizada en la Constitución nacional y tratados internacionales, que protegen la labor periodística.También hubo amenazas de muerte por parte de un oficial de la subcomisaria de Finca Las Costas, de la misma infantería y del personal del Jockey Club: “Ojalá los caguen matando a todos esos negros de mierda”; Hubo discriminación por parte del personal femenino de la policía: “Soltá la soga, negra de mierda”; golpes con fierros, con puños y con patadas y amenazas con disparar las armas, remontando las mismas”.Destacan que: “Es por ello que denunciamos esta represión y hacemos responsables de esta, al Gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey quien violento nuestras vidas en comunidad organizada cediendo cinco hectáreas de nuestras tierras como al Jockey Club, que usurpo las mismas sin mediar consecuencias, usufructuando e invadiendo nuestro territorio. Al administrador Parra, por propiciar la separación de los integrantes de esta comunidad originaria. Es que declaramos persona no grata al gobernador Urtubey. Haciéndolo a este, responsables de los continuos quebrantamientos a nuestra integridad física y moral, como a las leyes de protección indígena, que este ignora e incumple”.Los Lules son poseedores originarios de 12 mil hectáreas que comprende la denominada Finca Las Costas, ubicada a 15 kilómetros de la capital salteña fue decretada como reserva natural e hídrica por el exgobernador Romero, que intento desalojar a comuneros originarios que no aceptaron la imposición de la firma de un contrato de arriendo con este, los que denunciaron constantes persecuciones por aquella administración y la venta fraudulenta como la entrega a amigos del poder de las tierras que los Lules reclaman como propias.Salta, 20 de enero del 2010Comunidad Indígena Finca las Costas personería jurídica, resolución INAI Nº 0539/06 Fuente: http://www.infosur.info/index.php?codProg=vernota&id=979

UNSA DENUNCIA REPRESION

La UNSa. denunció a la policía por la represión contra estudiantes
El abogado de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Fermín Aranda, solicitó que la Justicia Correccional investigue el accionar "ilegítimo" de los policías en la manifestación de la audiencia pública por el aumento del boleto de colectivo, que se realizó el viernes pasado en la Fundación Salta.

Tras hacer una descripción de lo acontecido, indicando que ante el escudo humano que los estudiantes hicieron en la audiencia, los uniformados hicieron un pasillo "seguro" para ingresar a la audiencia pública, el abogado sostuvo que los manifestantes no hicieron "otra cosa mas que cantar consignas contrarias a la audiencia y al aumento del boleto de transporte".
Señaló que fue allí que "aparecieron fuerzas de la guardia de infantería en cuyos uniformes el deponente no pudo ver la chapa de su identificación personal, quienes muñidos de escudos comenzaron a avanzar sobre los manifestantes, los cuales continuaban con su protesta pacifica y ruidosa". Indicó que los empujones siguieron hasta llevar a los integrantes de la protesta pasando la puerta de acceso a la escuela Urquiza, y fue en ese momento cuando vio que "tres civiles fornidos, llevaban a una persona por la fuerza, quienes aducían que había agredido a la autoridad policial". Se refería aquí al militante del PO, Elvio Torres.Aranda describió que los integrantes de la protesta estaban "a cara descubierta" y sin "ningún elemento que pudiese generar sospecha de que producirían algún daño o agresiones contra terceros", por lo cual solicitó la investigación de lo acontecido.
Más protestas"Nuestra protesta fue política", dijeron ayer los estudiantes, al sostener que en ningún momento impidieron el paso de quienes querían participar de la audiencia. "En ningún momento fuimos a provocar", dijeron. Los estudiantes aseguraron que también harán las denuncias judiciales que correspondan, además de presentar las impugnaciones a la audiencia convocada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). Ayer se aprestaban a realizar una asamblea, mañana a las 17 se juntarán en la Plazoleta IV Siglos para juntar firmas en contra del aumento, y el viernes están programando una marcha con un acto en el que denunciarán lo acontecido el viernes pasado. Convocaron a todas las agrupaciones a unirse junto a las asociaciones estudiantiles Todo un Palo, Exágono, Juventud de Libres del Sur y otros grupos independientes, que se encuentran decidiendo el plan de lucha.
Fuente: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/ martes

ADVIERTEN NUEVAS METODOLOGIAS PARA REPRIMIR PROTESTAS

La "inauguración de la represión 2010" tuvo dos nuevas metodologías en la represión contra la protesta: elementos con electricidad, y el armado de causas contra manifestantes, que van por fuera de las causas (ya conocidas), por "resistencia a la autoridad".
Denuncian que la policía aplica otros métodos para reprimir a los manifestantes.
Así lo denunció ayer la referente de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Blanca Lescano, en una conferencia brindada en la Legislatura. La referencia de Lescano fue tras lo acontecido el viernes en la `audiencia pública` que se realizó en la Fundación Salta por el pedido de la SAETA para aumentar el boleto de colectivo.
Uno de los detenidos en la represión contra los manifestantes de la audiencia fue Elvio Torres, de 64 años. Aunque el secretario de Seguridad, Aldo Saravia, aseguró que el militante del PO había sido "demorado", ayer Torres comentó que al ser ingresado a la Alcaidía se le ordenó a desnudarse, lo cual Lescano sostuvo, se hace cuando una persona se encuentra detenida. A Torres no solo la policía lo acusó por supuesta resistencia a la autoridad, sino que además le adjudicaron el delito de "hurto", indicando que quiso sustraer el celular a uno de los policías. "Siempre que la policía golpea tiene la potestad de hacer la causa", sostuvo la dirigente de Derechos Humanos al sostener que por primera vez se agrega además, un delito común, que se entiende como un "armado de la causa" contra quienes protestan. Con este se crea "un sistema de advertencia a la población", dijo Lescano.
Otro de los puntos denunciados, es el "aparatito con electricidad", que los manifestantes dicen, la Policía dispuso en su contra, lo cual también fue rotundamente negado por Saravia, quien sostuvo que ante cualquier denuncia, se harán las investigaciones pertinentes. "Urtubey está inaugurando sutilezas", agregó Lescano al recordar que si bien el ex gobernador, Juan Carlos Romero, reprimió a los educadores que solicitaban el aumento de sus salarios, el actual mandatario directamente dispuso las "faltas injustificadas" que pueden significar un perjuicio que puede llegar a significar hasta la cesantía de los docentes.
"Prisioneros"Una de las sorpresas en la audiencia pública, fue ver a un ex funcionario, como Javier David, sin los trajes habituales, solo camisa y pantalón, además de la barba crecida. "Ahora aparecen disfrazados de sectores populares. Se tendría que ver cual es el patrimonio de cada uno", indicó Lescano al apuntar al legislador que encabezó a los referentes del Frente Salteño. Entendió que ahora, la gente está quedando atrapada entre dos sectores que representan el manejo del poder "absolutista", como son quienes se identificaron en cada sector de la interna pejotista.

A UN PASO DE LA PRIMERA SENTENCIA

Los querellantes de Palomitas aguardan por los alegatos
El juicio escrito se inició el pasado 7 de enero y se rige por el viejo Código procesal de 1889


Martes 19 de Enero de 2010 Salta

PROCESADO / HUGO CESAR ESPECHE SE RETIRA DEL JUZGADO FEDERAL.

Luego de la ampliación indagatoria que prestó el teniente coronel Hugo César Espeche, uno de los militares procesados por la masacre de Palomitas, los querellantes de la causa esperan que el juez federal Carlos Olivera Pastor disponga la presentación de los alegatos que darán pie a la primera de las sentencias por la matanza de presos políticos perpetrada el 6 de julio de 1976.
La causa, recordemos, tiene sendos expedientes conexos, de los cuales el primero -conocido como Palomitas I- tiene abierto el juicio escrito desde el pasado 7 de enero y el segundo -Palomitas II- aguarda a que el magistrado notifique a los querellantes y el fiscal, Domingo Batule, para que formulen las acusaciones.
En el primer expediente Espeche está encausado junto al ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall, y al ex jefe militar de la Policía de Salta, Miguel Gentil.
En el segundo de los expedientes, están procesados por el mismo crimen el ex comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex director de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, y el ex oficial penitenciario, Juan Carlos Alzugaray.
La separación de los expedientes fue resuelta por la Justicia Federal, que fundó la medida en la necesidad de no dilatar el juicio contra los imputados, sobre los que pesaban procesamientos en firme, mientras se definía la situación procesal de otros encausados.
Esta decisión fue cuestionada por Espeche, en la declaración ampliatoria que prestó el pasado jueves, en el Juzgado Federal Nº 2.
Al respecto, el abogado Martín Avila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desestimó que las testimoniales ofrecidas desde el 7 de enero y la ampliación indagatoria prestada por Espeche puedan modificar las calificaciones e imputaciones que pesan en el primer expediente de Palomitas. Sostuvo, en tal sentido, que las pruebas reunidas en más de diez años de instrucción son “contundentes y abundantes”. Avila dijo que se espera que, inmediatamente después de recibidos los últimos informes que requirió al Ejercito, el juez corra vista a las partes para que presenten los alegatos y pueda dictarse la sentencia.
En la ampliación indagatoria, Espeche se manifestó inocente e insistió con lo que ya había declarado: que la noche del 6 de julio, tras retirar del penal de villa Las Rosas a 11 personas, los entregó a 800 metros adelante del Portezuelo a una comisión que los aguardaba bajo el mando del fallecido general Juan Carlos Grande, quien, por entonces, se desempeñaba como subjefe de la Policía de Salta.
Fuente: El Tribuno, martes

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MECHI Y TOMAS FUERON SECUESTRADOS EN MAR DEL PLATA EN 1977 EN EL OPERATIVO "LA NOCHE DE LAS CORBATAS" MECHI ESTABA EMBARAZADA DE 8 MESES CUANDO LA VIERON POR ÚLTIMA VEZ EN EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN "LA CUEVA"DEBISTE HABER NACIDO EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRETU ABUELA SE MURIO BUSCÁNDOTE, PERO SOMOS MUCHOS LOS QUE LO SEGUIMOS HACIENDO. tu tia betty. POR FAVOR DIFUNDIR. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pagina12.com.ar%2Fdiario%2Fultimas%2F20-138507-2010-01-14.html&h=2d539f2d6584b43bd018782c5abd6fa4 Invitamos a entrar al grupo TU FAMILIA TE ESTÁ BUSCANDO.

MASACRE DE PALOMITAS

Palomitas: Espeche volvió a acusar a Mulhall y a Grande
El teniente coronel retirado, Hugo César Espeche utilizó la ampliatoria de su indagatoria que le concedió el juez Carlos Olivera Pastor, para reiterar su inocencia en el asesinato de once presos políticos en Palomitas el 6 de julio de 1976, y volver a responsabilizar al entonces jefe de la Guarnición, Carlos Alberto Mulhall, como el autor del operativo

Carlos Mulhall acusado por Hugo Espeche

En una audiencia casi íntima, en la que estuvo acompañado de su defensor oficial, Bernardo Solá, y lo escuchó la secretaria del juzgado, Isabel Falú, el militar que sacó a los 11 presos de la cárcel de Villa Las Rosas, se proclamó de nuevo inocente a y responsabilizó a otros organismos y autoridades miliares, entre ellos el propio Mulhall.
Según un relato ya conocido por los querellantes de la causa, Espeche aseveró el jueves que ese día de julio de 1976 recibió la orden de retirar a los presos de Villa Las Rosas, y de entregarlos a 800 metros del Portezuela, muy cerca de la garita policial.Cuando llegó al penal, aseveró, los presos ya estaban acondicionados en tres móviles celulares de la policía de la provincia y lo único que hizo, en un procedimiento que le pareció a todas luces legal, fue pasar lista a los presos.

Espeche dijo que entregó los prisioneros a Juan Carlos Grande en la ruta, un militar que hacía de Jefe de Policía y que ya falleció. "Capitán Espeche, muchas gracias, acá termina su misión, puede retornar al regimiento", dijo el teniente coronel retirado que le dijo GrandeDespués de intentar dejar a salvo su responsabilidad en el mayor crimen político perpetrado en Salta durante la dictadura, Espeche se dedicó a responsabilizar a distintos organismos de seguridad.
Sin dar nombres, señaló a integrantes de la inteligencia militar, Gendarmería, la Policía de la Provincia y la Policía Federal .como responsables de la confección de la lista de los presos que finalmente fueron fusilados "Los responsables de todo lo ocurrido en Palomitas - Cabeza de Buey son el coronel Alberto Mulhall, funcionarios policiales y funcionarios militares, con responsabilidades políticas", afirmó luego.Y recordó que en prisión le increpó a Mulhall, por la orden que había impartido, un hecho que, subrayó, el propio ex jefe de la Guarnición llegó a admitir luego ante el defensor oficial Federico Petrina.
Volvió también a reiterar su argumento de que ingresó al penal a cara descubierta, y lo contrapuso a los procedimientos clandestinos que grupos realizaban "disfrazados" para no ser descubiertosSólo un idiota"Solamente un idiota" puede presentarse en forma descubierta, "y no pensar que en el futuro puede ser señalado como efectivamente ocurrió", se amargó.Espeche está imputado por el delito de participación secundaria del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y la participación de dos o más personas".El juicio en el que también está acusado Miguel Gentil se realiza de acuerdo al Código Procesal vigente en 1976, cuando ocurrió la masacre.Una vez que lleguen los últimos informes y pericias solicitados por el juez subrogante Carlos Olivera Pastor, los querellantes pedirán la clausura de la etapa de pruebas y el inicio de los alegatos.

Fuente: http://www.nuevodariodesalta.com.ar/

SE CUMPLIERON 35 AÑOS DEL ASESINATO DE EDUARDO FRONDA

A 35 años del asesinato de Eduardo Fronda, reclaman el juicio
Treinta y cinco años del asesinato de Eduardo Fronda, su hermano Luis Rubén urgió a la justicia federal de Salta que ponga fecha para el comienzo del juicio oral que debe determinar la responsabilidad de los dos procesados en la causa, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzuguray.

Luis Fronda.
"En Salta la justicia federal es muy lenta. Esto es así de la mano de algunos jueces como el juez Miguel Medina, que esperó que Joaquín Guil cumpla los 70 años para indagarlos", sostuvo el hermano del primer desaparecido en Salta.Eduardo Fronda era un militante de la juventud peronista que fue secuestrado del hotel Colón de esta ciudad, a donde había ido a refugiarse, luego de haber sido advertido que estaba siendo buscado.Pocas horas después, el 8 de enero de 1975, su cuerpo fue encontrado camino a Lesser, a unos cinco kilómetros de la ruta 9. Estaba maniatado, amordazado, con signos de haber sido "picaneado" y acribillado con treinta balazos."Mi hermano fue el primer asesinado en Salta por razones políticas, pero hay 200 causas más. Nosotros seguimos esperando que la causa sea elevada de una vez por todas a juicio oral. Mientras tanto, Guil entra y sale por su casa cuando y cómo quiere", lamentó Luis Fronda.Al asesinato de Fronda siguió pocos días después el del periodista del diario El Intransigente, Luciano Jaime, quien llegó a ver vivo al militante peronista en la Central de Policía, y luego lo reconoció en Lesser.Jaime publicó el 10 de enero en el diario que Fronda habría sido torturado antes de ser ultimado a tiros. El cuerpo del periodista fue encontrado camino a El Encón, de jurisdicción de la Silleta, donde había sido dinamitado con trotyl, el 12 de febrero.La causa por el asesinato de Fronda fue iniciada por su hermano Luis Rubén, pero sufrió múltiples demoras, hasta que en 2007 el juez federal Cornejo procesó y ordenó la prisión efectiva de Guil y Alzugaray por homicidio calificado. Sin embargo, la Cámara Federal de Salta le otorgó después la prisión domiciliaria a Guil y posteriormente dictó la excarcelación a ambos imputados. Guil, entonces jefe de del departamento de Seguridad, sigue sin embargo en prisión domiciliaria por las causa de Ragone y Palomitas, pero los organismos de derechos humano denunciaron que tampoco cumple con el arresto.
"Guil debería estar en una prisión común, como Etchecolatz (el jefe de la policía bonarense también imputada en múltiples delitos de lesa humanidad).", señaló Fronda. Y lamentó que en Salta cada 24 marzo se haga un silencio político notable, "particularmente significativo en quienes en el PJ tienen la responsabilidad política de hablar". Luis Fronda convocó a la misa que por su hermano Eduardo se realizará hoy a las 20 en la iglesia de San Francisco.

Fuente: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/

PALOMITA I

Más de diez años de espera y la justicia no llega para los compañeros caidos en PALOMITAS.

Por Elena Corvalán

foto: Elia Fernández

Un coronel dijo que la cúpula policial de Salta se manejaba con “impunidad”.

El coronel retirado Yago Luis de Gracia contó hoy, 8 de enero, que el represor Joaquín Guil tuvo una carrera “meteórica” en la Policía de la provincia de Salta. Lo mismo ocurrió con otros policías que 1979 integraban la cúpula policial y que están sospechados de haber participado de violaciones a los derechos humanos. El testigo dijo que la cúpula policial salteña se manejaba con “impunidad”.

De Gracia declaró en el marco del juicio escrito que en el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad se sigue en contra de los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo César Espeche, quienes están acusados de privación ilegítima de la libertad y homicidio doblemente calificado por la Masacre de Palomitas, la matanza de 12 presos políticos (11 estaban en la cárcel de Villa Las Rosas y el duodécimo estaba en la provincia de Jujuy) en las cercanías de esta pequeña localidad, el 6 de julio de 1976.

El testimonio de De Gracia, también pedido por el defensor oficial ad hoc que asiste a Espeche, el abogado Bernardo Solá, sirvió para dejar en claro, una vez más, que los militares que se autoproclamaban la reserva moral de la patria, y sus acólitos, aprovechaban el poder que concentraban para rapiñar hasta en los ámbitos más impensados: en este caso, ascensos en muy corto tiempo y la obtención de campeonatos de fútbol mediante el apriete a árbitros y jugadores de equipos contrarios.

De Gracia fue jefe de la Policía de Salta entre 1979 y 1981, vino a reemplazar al teniente coronel Juan Carlos Grande (ya fallecido). Según contó, lo mandaron para normalizar a la Policía provincial, desgastada por “irregularidades”, casi todas referidas a la administración y al gobierno de la fuerza.

El militar afirmó que cuando llegó a Salta le llamó la atención la “impunidad” con la que se manejaba la cúpula, que no rendía cuentas a nadie. Además, sus integrantes habían alcanzado el grado de comisario general en muy corto tiempo, diez años cuanto mucho, mientras que otros policías que reunían los requisitos para ser promovidos, nunca habían recibido ascensos. Entre los que habían realizado “carreras meteóricas” enumeró a Guil (del que dijo que “tenía un poder absoluto”), Enrique Trovatto, “Sapo” Toranzos, Roberto Arredes, Abel Murúa. Todos ellos integraban lo que popularmente se conoció en Salta como “la patota de Guil” que está sospechada de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

En 1980 De Gracia dio de baja a estos policías; el coronel admitió que existían otras irregularidades, pero dijo que “no se podían probar”.

Añadió en este sentido la existencia de un equipo de fútbol de la Policía, el Sargento Suárez. Este equipo había ganado cuatro campeonatos: su táctica infalible consistía en detener a los árbitros y a los jugadores de los equipos contrarios. Además, los jugadores del Sargento Suárez figuraban como policías, y cobraban sueldos como tales, pero cuando De Gracia los convocó a trabajar, renunciaron. Por estos hechos se inició un sumario contra Grande, recordó De Gracia.

Sobre el fusilamiento de los presos políticos, contó que habló con Espeche cuando lo visitó en su detención y que este le contó que Mulhall le había ordenado sacar a los detenidos de la cárcel de Villa Las Rosas y entregárselos a Grande en el acceso a Salta para que fueran trasladados a Córdoba.

Hoy también declaró el coronel retirado Jorge Mainoli, amigo de la infancia de Espeche. Negó conocer la doctrina de seguridad nacional, en la que la dictadura basó la represión interna. “Yo lo que hacía era aplicar el reglamento militar”, respondió ante una pregunta de la abogada Tania Kiriaco, representante de familiares de víctimas.

Por otra parte, reconoció que un capitán, tal era el grado de Espeche en julio de 1976, podía integrar la plana mayor de un Regimiento.

De la audiencia de hoy, a cargo de la secretaria penal del Juzgado, Isabel Falú, participaron familiares de las víctimas, Nora Leonard, Cristina Cobos y Elia Fernández; Blanca Lezcano y Mirta Torres, por Familiares de Detenidos Desaparecidos; el defensor de Espeche, y los abogados querellantes: Kiriaco, representante de algunos familiares; Martín Avila, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Flavia Salim, por la Secretaría de Derechos Humanos de Salta; Gabriel Sánchez y Fermín Aranda, por la Universidad Nacional de Salta. También estuvo la rectora de esta casa de estudios, Stella Bianchi.

Está previsto que la semana próxima Espeche concurra al Juzgado para ampliar su declaración indagatoria.

DESAPARICIÓN DE VICTOR BRIZZI

“Asesinos y cobardes”
por Elena Corvalán


¿Dónde está el cuerpo de Víctor Brizzi? La pregunta, que desvela a Cristina Cobos desde que el joven fuera desaparecido, el 8 de marzo de 1976, cuando cumplía el servicio militar en el Regimiento de Caballería del Ejército Salta, la sufrió ayer (aunque por motivos distintos) el coronel retirado Joaquín Cornejo Aleman, que en aquella época era el segundo jefe del Regimiento.

Cornejo Alemán salía de la oficina donde se le tomó declaración y se topó con la pregunta: “Dónde está el cuerpo de Víctor Brizzi?”, quiso saber Cobos, que era esposa del joven desaparecido.
“¿Cómo me pregunta eso? Yo no tuve nada que ver”, se quejó el militar. Cobos le recordó el cargo que ocupaba en marzo de 1976 en el Regimiento salteño.

“No se hacen cargo de nada”, completó, acompañada por Nora Leonard, familiar de dos víctimas de Palomitas, Celia Leonard de Avila y Benjamín Avila, y de Hugo Tapia, de la organización Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Cornejo Aleman intentó excusarse nuevamente y luego, acompañado por su hijo, Matías Cornejo Vela, ujier del Poder Judicial Federal, emprendió la retirada, pero el grito de Cobos lo detuvo: “Asesinos y cobardes”, lo acusó reiteradamente. Parecía que el militar iba a decir algo más a los familiares que lo increpaban pero solo le pidió a la secretaria Isabel Falú: “Quiero que quede constancia en acta”, y se retiró seguido por los insultos.

MASACRE DE PALOMITAS

Por Elena Corvalán

dos testigos
trataron de exculpar a Espeche

Dos coroneles retirados aseguraron hoy, 7 de enero, que el también coronel retirado Hugo César Espeche no tenía posibilidad de negarse a cumplir la orden de trasladar a los 11 presos políticos que luego fueron asesinados en la denominada Masacre de Palomitas cometida el 6 de julio de 1976 en la provincia de Salta.
Joaquín Cornejo Aleman, que en 1976 era segundo jefe del Regimiento de Caballeróa del Ejército en Salta, y Guillermo Zuviría, amigo personal de Espeche, brindaron sus testimonios en el juicio escrito que en los Tribunales Federales salteños se sigue contra los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo Espeche, por su participación en la matanza cometida en las cercanías de la pequeña localidad de Palomitas, más de 50 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.
La causa Palomitas, como se la conoce, se reabrió en 2002, a instancias de organismos de derechos humanos. Luego de un proceso lleno de dilaciones, la causa fue dividida, para permitir que al menos una parte fuera elevada a la etapa de dictado de sentencia. Los testigos de hoy declararon en la primera parte de la causa, denominada Palomitas I, en la que están siendo juzgados Mulhall, Gentil y Espeche, y que está a cargo del juez federal Carlos Olivera Pastor.
Los testimonios de Cornejo Alemán y Zuviría fueron pedidos por la defensa de Espeche, a cargo del defensor oficial ad hoc Bernardo Sola, que trata de demostrar que el acusado, que en 1976 era capitán, solo cumplió órdenes cuando sacó a los detenidos Benjamín Avila, Celia Leonard de Avila, José Povolo, Pablo Outes, María del Carmen Alonso, Roberto Oglietti, Alberto Savransky, Amaru Luque de Usinger,Rodolfo Usinger, Evangelina Botta y Georgina Droz de la cárcel de Villa Las Rosas y los llevó hasta el lugar donde fueron asesinados.
Cornejo Alemán sostuvo que cuando ocurrió la masacre estaba en Buenos Aires y que se enteró del hecho por teléfono pero fue muy poca la información que le dieron porque “de eso no se hablaba”. El coronel reconoció que a pesar de que es pariente de Pablo Outes, nunca se acercó a hablar con sus familiares sobre este hecho.
Sobre Espeche dijo que no era el único oficial que podría haber realizado el traslado, y que el acusado no tuvo posibilidad de negarse a una orden en tal sentido.
A su turno Zuviría dijo que como jefe de una subunidad Espeche estaba obligado a cumplir las órdenes del jefe de unidad, es decir Mulhall, siempre que estuvieran dentro del marco de la ley.
De la audiencia, realizada en el Juzgado Federal Nº 2, participaron miembros de organismos de derechos humanos y los abogados querellantes Tania Kiriaco y Gabriel Sánchez, por familiares de las víctimas; Martín Avila, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Flavia Salim, por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y Fermín Aranda, por la Universidad Nacional de Salta.
Para mañana, 8 de enero, está previsto el testimonio del militar retirado Luis Yago de Gracia, que fue jefe de la Policía de Salta entre 1979 y 1980. Hay otro testimonio previsto para el 12 de este mes y Espeche, que pidió ampliar su indagatoria, se presentaría el 14. Tras esto en la causa ya podrían presentarse los alegatos de las partes y la causa quedaría en condiciones de que se dicte sentencia.
En el caso de Cornejo Alemán algunos querellantes ya han pedido que sea imputado en esta causa, una cuestión que es posible que vuelva a plantearse. En la tramitación del Juicio por la Verdad que se sustancia también esta provincia ocurrió un hecho al menos llamativo: en el Juzgado Federal Nª 1 intentaban dar con Cornejo Alemán para que declarara como testigo pero los encargados de notificarlo informaban que no podían dar con su domicilio. El asunto se dilató hasta que militantes de derechos humanos se enteraron de que el propio hijo del coronel retirado, Matías Cornejo Vela, es ujier en el Poder Judicial Federal de Salta y, como tal, realizaba las notificaciones. Recién cuando los organismos hicieron un planteo en este sentido, se pudo “ubicar” a Cornejo Aleman y convocarlo a declarar como testigo.

JUICIO PALOMITAS

Foto de los acusados Espeche y Mulhal.

Desde el 7 y el 14 de Enero del cte año se llevará a cabo las audiencias de la primera parte de la causa donde se investiga la Masacre de Palomitas en donde fueron fusilados 11 presos políticos el día 6 de Julio del año 1.976, y se encuentran encausados Carlos Alberto MULHALL, Miguel GENTIL, y Hugo ESPECHE.

Si bien fue la primera causa en Salta en elevarse a juicio, el mismo se realiza mediante el procedimiento escrito en donde se aplica el código de procedimientos en materia penal, ley Nº 2372 del año 1.889, y no el actual código procesal penal de la Nación debido a un fallo de la Cámara Nacional de Casación, Sala I integrada por el ex juez Bisordi que motivó pedidos de jury de enjuiciamiento y luego terminó con la renuncia del ex magistrado.

Conviene destacar que por ese fallo, además de la aplicación del viejo código procesal de dos siglos atrás, se anuló las actos procesales que se habían llevado a cabo con la aplicación del nuevo código procesal por lo cual la instrucción de dicha causa se encuentra altamente agotada por las reiteraciones y reproducciones de las mismas testimoniales y pruebas informativas. Aun así, el juez de sentencia de la presente causa de trámite ante los Tribunales Federales de Salta, Carlos OLIVERA PASTOR (juez subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy), ordenó producir las siguientes pruebas testimoniales a pedido de los procesados, además de una serie de pruebas informativas mediante el libramiento de oficios:

Jueves 7 de Enero
8:30 Joaquín Cornejo Aleman; 11:30 Guillermo Zuviría
Viernes 8 de Enero
8:30 Yago Luis García; 11:30 Jorge Mainoli
Martes 12 de Enero
8:30 Isolina Ramallo
Jueves 14 de Enero
8:30 Ampliación de indagatoria de Espeche

Después de estas reproducciones de prueba se deberá pasar la causa para alegatos y por fin sentencia ya que las demas pruebas ya fueron incorporadas como tal en el proceso de juicio que se sigue adelante en contra de los procesados mencionados, luego de mas de diez años de instrucción.

Fuente: Martín Ávila