martes, 18 de enero de 2011

Entrevista con el integrante de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni

“Hoy los golpes los dan las fuerzas de seguridad, no los ejércitos”

Publicado el 17 de Enero de 2011
El juez advierte que un sector de policías disconformes, sumado a una coalición de medios masivos y algún segmento político interesado, tienen capacidad de desestabilizar. También sostuvo que el discurso de Macri puede causar muertos.

La placa de cerámica esmaltada, que se repite en todas las calles de Buenos Aires, marca el número 932. Del otro lado de una reja alta y elegante, una casa que es más bien un palacete de estilo italiano esconde incontables detalles de buen gusto. La casona está separada en dos edificaciones. Adelante está la vivienda; atrás, cruzando un patio arbolado que ofrece sombra en medio de una tarde de calor que bate records, aguardan el estudio y la biblioteca. Para ingresar a la biblioteca hay que atravesar una puerta. Marco de madera, ornamentos de aire hispánico y colonial, la puerta tiene un letrero que busca causar un efecto intimidante: “Quien osare robar un libro de esta biblioteca será excomulgado”, advierte el edicto de la Universidad de Salamanca, un recuerdo que el dueño de casa se trajo de uno de sus viajes anuales a Europa.
Eugenio Raúl Zaffaroni aparece por el costado de la casa; lo acompaña uno de sus perros, Otello. En camisa veraniega de manga corta (seguramente una guayabera de algodón y lino), el juez de la Corte Suprema saluda con sencillez y propone pasar a la biblioteca para realizar la entrevista. En su escritorio lo espera una notebook con un procesador de textos abierto y algunas palabras tipeadas, un gorro deportivo con los colores de la Sudáfrica post-apartheid, una imagen de la Virgen de Guadalupe –patrona de la Revolución Mexicana y de toda América Latina– y un atado de cigarrillos finos marca Vogue blue. A su alrededor abundan adornos mexicanos, imágenes profanas de figuras sobrenaturales e íconos religiosos del catolicismo español.
“El decreto que me nombraba en la Corte tiene el mismo número que esta casa: 932”, dice Zaffaroni, y festeja la casualidad con una sonrisa. El juez y prestigioso docente de Derecho Penal se acomoda, estira sus piernas, se dispone a conversar por un largo rato. No elude ningún tema, a excepción de dos preguntas sobre asuntos que, según él, podrían terminar en el máximo tribunal en un plazo bien breve: uno de ellos es el juicio de filiación en el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera. El otro, el “plazo razonable” que la Corte le impuso al juez en lo Civil y Comercial Edmundo Carbone para resolver la medida cautelar que suspendió la aplicación del artículo 161, el plazo de desinversión de un año previsto por la Ley de Medios para las empresas del Grupo Clarín. A fines de noviembre, Carbone se negó a fijar un límite a la duración de la cautelar favorable al multimedio.
“No puedo abrir juicio sobre eso porque lo tendremos que definir nuevamente… Calculo que nos va a llegar de nuevo. Habrá que resolverlo. Lo que la Corte le dijo al juez fue que fije un plazo razonable”, desliza.
Cuando se le pregunta por la creación del Ministerio de Seguridad, Zaffaroni hace gala de su experiencia como estudioso de la criminalística: manifiesta estar completamente de acuerdo con la medida y luego se explaya en una larga argumentación sobre la puja entre los modelos del Estado Gendarme y del Estado Social de Derechos. “No hay elección en el mundo en que no se juegue este tema. Es una cuestión política central”, señala. Zaffaroni advierte sobre el riesgo de que se imponga el Estado Gendarme, que busca generalizar la noción de “ciudadano-víctima”, aprovechándose de una “criminología mediática” que se basa en los prejuicios y el pensamiento mágico. Zaffaroni también advierte sobre otro de los riesgos que implica el Estado Gendarme: el discurso xenófobo, que lleva en sí mismo “el huevo de la serpiente”. “El grave riesgo del Estado Gendarme es que se trata de un Estado que crea enemigos. Y al crear enemigos, pone semillas de lo que puede llegar a ser un genocidio”, subraya.

–Hay dos modelos de seguridad que los medios están empezando a elogiar, con la intención de que sean tomados como un ejemplo a imitar en la Argentina. Uno de ellos es Río de Janeiro, con la militarización de las favelas. ¿Qué opina?
–Algunas favelas directamente estaban fuera de todo control policial, urbano y político. Hasta ahora se trata de una medida un poco experimental. Es puntualmente ocupar una favela, instalarle la institucionalidad política; es decir, sacar a los jefes narco. Colocar la autoridad política, puestos sanitarios, la escuela. Nosotros no tenemos zonas fuera de todo control, por lo que no se necesita hacer una ocupación de ese tipo.
–¿Pero el envío de la Gendarmería al Conurbano no es una ocupación?
–El envío de la Gendarmería al Conurbano es puntual. No es que remplaza ni saca a la policía del Conurbano. En algunos momentos sí hay que tomar algunas medidas cautelares para evitar que los conflictos lleguen a mayores. Y esas medidas no se pueden dejar en manos de fuerzas que están sospechadas.
–¿Qué lecciones tiene que sacar el poder político de lo que pasó en el Parque Indoamericano, donde hubo tres muertos?
–La primera lección que tiene que sacar es mejorar todo su sistema de información. Todo lo que pasó no se generó en un día. Movilizar esa cantidad de gente requirió tiempo, requirió que hubiera muchas personas informadas de que eso estaba ocurriendo. No hubo ninguna medida que lo previniese, porque faltó información preventiva. En segundo término, la enseñanza que se tiene que sacar es que tenemos que tomarnos en serio la reestructuración de las fuerzas de seguridad. En la Argentina tenemos estructuras policiales que provienen del siglo XIX.
–¿Por qué?
–Porque tenemos una policía de ocupación territorial. Tenemos el modelo policial borbónico. No tenemos policía comunitaria.
–¿En qué consiste la policía comunitaria?
–En una policía que primero no esté centralizada. Y ojo con este tema porque hay una política que se baja desde los Estados Unidos que nos dice: “tengan policías centralizadas”. Esa política se corresponde con la idea que tienen algunos think tanks, que en la década de 1990 instalaron un equivalente de la Escuela de las Américas para policías en Santiago de Chile (NdR: se refiere al Centro Interamericano de Políticas Públicas del Manhattan Institute, impulsado por el creador de la “tolerancia cero”, William Bratton, e instalado en Santiago de Chile). El objetivo de esa política que baja de los Estados Unidos es tener policías verticalizadas, si es posible tener algo equivalente a la Escuela de las Américas para, de esa forma, poder instruir a las cúpulas policiales de América Latina. Y eso es lo peor que podemos hacer. Por el contrario, lo que mejor podemos hacer es imitar a los Estados Unidos, porque allí tienen 2000 fuerzas policiales distintas. En los Estados Unidos tienen policías de condado, policías provinciales, policías federales. La policía comunitaria es un perfeccionamiento de lo que son las policías municipales de los Estados Unidos, donde la policía depende de la autoridad local. En nuestra realidad, el jefe de la policía sería el intendente.
–A partir del Parque Indoamericano hubo una reacción de la política que, para explicar el conflicto, puso el acento en la inmigración. ¿Qué opina?
–El discurso de Macri, concretamente, para darle un nombre y apellido, me parece un discurso detestable. Sinceramente. Hay límites éticos en política que no se deben romper. Uno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, pero hay un límite ético. Y el límite ético es que no se pueden decir palabras que puedan causar muertos.
–¿Macri dijo palabras que pueden causar muertos?
–Sin duda. No me cabe la menor duda. Eso es lo que me lleva a decir que realmente es un discurso penoso. Lo bueno es que ese discurso no fue seguido por toda la oposición. Eso es muy importante. Significa que estamos aprendiendo que hay algunos límites. Pero, naturalmente, se trata de un discurso que sí puede llevar a ganar votos. Hitler ganó muchos votos. Qué duda cabe. Muchos genocidas ganaron votos. Yo no digo que él llegue a ser un genocida, pero esto es el huevo de la serpiente, con argumentos que son absolutamente falsos, y cualquiera que disponga de números lo sabe.
–¿Por ejemplo qué números?
–No estamos teniendo olas de inmigrantes. Desde la crisis de 2001, prácticamente la inmigración de países vecinos ha bajado al mínimo. Las olas de inmigrantes las hemos tenido en la década de 1990. No es cierto que haya sobrerrepresentación de extranjeros en nuestras cárceles. No es cierto que haya sobrerrepresentación de extranjeros en nuestras sentencias condenatorias. Los chorros, los asesinos y los delincuentes son nuestros. Seamos bien nacionalistas en eso. De modo que lo que el señor Macri está diciendo es falso. Es falso y es muy grave. Incentivar la xenofobia en este momento y contra grupos indefensos, y fundamentalmente contra grupos de bolivianos, es algo que me conmueve.
–Las fuerzas de seguridad tienen una historia muy oscura: venimos de 2001 con ocho muertos en la Plaza de Mayo, 20 en todo el país, Kosteki y Santillán. Pero por otra parte empieza a desarrollarse algo así como una técnica de la acción que genera conmoción y que es amplificada por los medios: como el corte del tren Roca un día antes de Navidad. ¿El discurso progresista de no criminalizar la protesta social necesita una actualización?
–El discurso de no criminalizar la protesta social no es un discurso progresista. Es un discurso de legítima defensa de todo Estado y de todo gobierno más o menos progresista.
–¿Por qué legítima defensa?
–Porque criminalizar la protesta social o, mejor dicho, reprimir la protesta social es directamente una trampa. Se lo hace para que en la represión haya unos cuántos muertos. Y que eso provoque Kosteki y Santillán, y que con eso se tenga que ir Duhalde, que eso provoque los muertos de la Plaza de Mayo, y que con eso se termine de voltear a De la Rúa… Hoy los golpes de Estado los dan las fuerzas de seguridad, no los dan los ejércitos. No son golpes de Estado tradicionales, son golpes de Estado desestabilizadores. Con los ejemplos que damos, no creo que tengamos que ir a pensar en Ecuador... Entre una coalición de medios masivos de gran difusión, un sector policial disconforme (porque no necesita ser toda una fuerza), generalmente por razones no muy confesables, y algún segmento político interesado en desestabilizar, sí pueden dar un golpe de Estado. Tranquilamente. Pero esto que digo no es ninguna novedad. En América Latina hace ya quince años que lo voltearon a Nilo Batista en Río de Janeiro: lo volteó una organización de esta naturaleza, con combinación de la Red Globo. ¿Por qué? Porque no había querido eximir a la Red Globo de algunos impuestos estatales (NdR: Nilo Batista fue gobernador del estado de Río de Janeiro entre abril de 1994 y enero de 1995). <

El ADN de los Noble

Publicado el 17 de Enero de 2011

El juez Zaffaroni habló de todos los temas, con excepción de dos que podrían llegar a la Corte Suprema, uno de ellos el caso Noble.
–La Corte acaba de decidir que el único organismo competente para hacer los estudios de ADN, en los casos de búsqueda de hijos de desaparecidos apropiados, es el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Esa decisión va a acelerar la definición de los casos pendientes, como el caso Noble?
–No sé si va a acelerar. De hecho, intervenía el Cuerpo Médico Forense, después la ley estableció que el Banco Nacional de Datos Genéticos debía ser el organismo, y este tiene que ser.
–Y sobre la extracción compulsiva de muestras de sangre o de elementos para determinar el ADN, ¿qué piensa?
–Lo que tenemos dicho nosotros es que antes tienen que agotarse todos los medios no compulsivos.
–¿Y en qué momento uno puede decir “se agotaron todos los medios no compulsivos”?
–Depende de cada caso. No puedo dar precisiones.
–Pero allí también puede recurrirse a los distintos niveles de la justicia y dilatarse la cuestión…
–Sí, de hecho puede lograrse, pero eso puede conseguirse en muchas causas debido a nuestro sistema procesal. Pero no puedo abrir juicio sobre eso porque estamos hablando sobre cosas que pueden llegar a conocimiento de la Corte en cualquier momento.

La represión a los qom

Publicado el 17 de Enero de 2011

–En el caso de la comunidad qom se dijo que los miembros tenían armas, y ellos respondieron que son cazadores.
–Pueden ser cazadores, pero también en todo tumulto público puede haber provocadores armados. Y cuando el tumulto público está bastante bien armado, los organizadores suelen saber bien cómo individualizar a los provocadores y sacarlos. Y tiene que haber un buen servicio de información para saber quiénes son los provocadores armados y detectarlos. Que me digan que en esos casos tienen que apelar a las armas de fuego es como que me digan que para investigar un delito tienen que apelar a la tortura.

Kirchner, Evita, y la reacción popular

Publicado el 17 de Enero de 2011

–El episodio más conmocionante y fuerte de este año, sin dudas, fue el fallecimiento de Kirchner. ¿Qué pensó en ese momento, qué significó para usted ese hecho?
–Kirchner fue el personaje central de los últimos años en la política argentina. El vacío que deja de pronto es una desaparición inesperada, aparte de lo que puede provocar emocionalmente… Pero creo que la reacción, la conmoción popular que produjo, realmente me impactó mucho. Era algo que no lo veía desde chico. No lo veía desde la muerte de Eva Perón. Yo era chiquito.
–¿De Eva Perón, no de Juan Domingo Perón?
–Sí, era chiquito, estaba en la escuela primaria y me llevaron a ver el velatorio de Evita. Mi vieja me agarró de la mano y me llevó.
–¿Su familia era peronista?
–No, tenía una familia gorila pero, con todas las contradicciones de las familias gorilas, mi vieja me llevó al velatorio de Evita. Esas cosas que pasan.
–¿Para presenciarlo como un espectáculo?
–Como un hecho histórico. “Esto va a ser histórico”, decía mi vieja (ríe).
–¿No estaba particularmente emocionada?
–Qué se yo, son las contradicciones de la clase media, muy particulares. Lo que vi ahí fue mucha emoción, la gente agradeciendo cosas concretas. Y después estuve en el velatorio de Perón. No era lo mismo. Sí había gente, por supuesto, pero no tenía la misma profundidad emocional. Aquello lo volví a ver recién ahora, con la muerte del ex presidente Kirchner.

Fuente: Tiempo Argentino


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lunes, 17 de enero de 2011

Apelaron la falta de mérito de Guil en la muerte del periodista Jaime
El fiscal Federal Nro1, Ricardo Toranzos, interpuso un recurso de apelación en contra del fallo mediante el cual se dictó falta de mérito, a Joaquín Guil como responsable de la privación ilegítima de la libertad y homicidio en contra del periodista Luciano Jaime.


Ricardo Toranzos

En los fundamentos que se señalan en la presentación, se hace referencia a la tarea que cumplía Jaime en El Intransigente, como periodista del área policiales, que en la irracionalidad de la época pudo ser motivo suficiente para su ejecución.

También señala que si bien el Juez Julio Bavio, quien dictó la falta de mérito, hace referencia al parentesco de Luciano con su primo Armando Jaime, como una condición insuficiente para atribuirle responsabilidad a Guil es algo que no es menor, ya que en uno de los interrogatorios que se le practicaron a la víctima se hizo referencia a esa relación.

Armando Jaime era considerado opositor político y su paradero era objeto de investigación por parte de la policía.
Esto supone que los dichos de la declaración del encausado, estuvieron falseados, porque los testigos Rodolfo Plaza y Salvador Sánchez, dan cuenta de varias circunstancias en las que Luciano Jaime y Guil se cruzaron, contradiciendo lo declarado por el acusado que negó conocerlo.

Plaza sostuvo que el propio Luciano le dijo que al haber estado detenido en la sede de la Policía de Salta, Guil personalmente lo interrogó acerca del paradero de su primo Armando Jaime y por otra parte Sánchez relató un incidente ocurrido en la localidad de Orán, entre el causante y la víctima, lo que pone de manifiesto que Guil y Jaime se conocían antes del hecho y que el imputado a fin de eximirse de responsabilidad falsea la verdad.-

El fiscal Toranzos destaca que en los hechos por los cuales fuera víctima Luciano Jaime, no puede pasar inadvertido que lo que se investiga se produjo en una época donde, ser opositor político, tener un pensamiento contrario al régimen imperante o como el caso de Jaime, difundir noticias de circunstancias que podrían generar algún tipo de compromiso personal en los responsables, eran condición suficiente para ser considerado un elemento perturbador y disponer su eliminación física.

Más adelante sostiene el fiscal que el dictado de la falta de mérito, se produjo sin merituar los elementos de prueba que se incluían en la causa.

Joaquin Guil en aquellos años, ocupó la Dirección de Seguridad, cargo que según Toranzos, le permitía la eliminación física de opositores políticos, o de quienes lo perturbaban, y que Luciano Jaime era un reconocido periodista de crónicas policiales, circunstancia que junto a los demás indicios presentes en la causa permiten adjudicarle, al menos en grado de probabilidad, responsabilidad en el hecho.

Insiste el fiscal que se hizo un análisis parcial de los hechos, en los que no se integran ni se armonizan los elementos de juicio, presentados como pruebas.

Por esos datos expuestos es que solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones revoque de la resolución efectuada en la causa a Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray y Miguel Gentil, en la causa por el homicidio de Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Marcial Liendre, Marcos y Sergio Estopiñan, y Ricardo Tapia, referida puntualmente, la falta de mérito de Joaquín Guil, en relación al hecho en que resultó victima Luciano Jaime. La apelación fue presentada el 29 de diciembre de 2010.

Fuente: Nuevo Diario de Salta







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Date: Tue, 11 Jan 2011 07:21:41 -0300
Subject: Salta: Héctor Luciano Jaime: Asesinado, ahora por segunda vez silenciada su denuncia ( por Armando Jaime)

Denuncia Armando Jaime enero 2011.docDenuncia Armando Jaime enero 2011.doc
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HECTO LUCIANO JAIME; ASESINADO, AHORA POR SEGUNDA VEZ SILENCIADA SU DENUNCIA
Para comunicarse con Armando Jaime, llamar a (0387) (15) 525 – 6907



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martes, 11 de enero de 2011

CAUSs centenares de imputados por gravísimas violaciones a los derechos humanos.

El informe suministrado por la "Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado" incluye las últimas estadísticas hasta el 29 de diciembre de 2010. En en él se destaca la preocupación por las excarcelaciones de acusados.

El relevamiento señala que en 2010 concluyeron 19 juicios en los que se juzgó a 119 represores, con 110 condenas y nueve absoluciones, en tanto recuerda que hasta 2008 se había condenado a 68 personas, mientras que al finalizar 2009 ese número ascendió a 98 y el año pasado la cifra de condenados aumentó a 196.

"Los avances logrados durante este año muestran que ha aumentado a 820 la cantidad de personas procesadas, de las cuales 353 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio", indica el trabajo, y añade que "a su vez existen requerimientos de elevación a juicio de 160 personas procesadas".

Entre los condenados están los máximos militares que realizaron el golpe el 24 de marzo de 1976, encabezados por el dictador Jorge Rafael Videla y sus comandantes de las diversas áreas en que se dividió el país durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

El informe no oculta su preocupación porque de 196 condenados que hay hasta el momento "sólo 41 de ellos registran condenas firmes" y el resto está "en instancias de revisión (recursos ante la Cámara Nacional de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia)".

"El seguimiento de los recursos frente a las sentencias dictadas por los tribunales orales indica que existen importantes demoras, particularmente en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal", advierte el documento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento.

Allí también se aclara que "a fines del año 2009 la proporción de procesados en situación de libertad era de 29,50 por ciento" mientras que "en la actualidad ese porcentaje se incrementó a un 42,79 por ciento" pese a que la mayoría de ellos (58 por ciento) "son personas menores a los 70 años".

"Esta disminución en la proporción de los procesados que se encuentran con prisión preventiva se explica, principalmente, en el cambio de criterio de algunos tribunales -particularmente, la Cámara Nacional de Casación Penal- acerca de la evaluación de los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva", afirma el texto.

En esa línea, enfatiza que "este fenómeno es notoriamente perceptible durante el último año, cuando se ha dictado la excarcelación de una gran cantidad de personas" fundamentalmente por parte de la Cámara de Casación.

"En la mayoría de los casos, esto (las excarcelaciones de los represores) ha ocurrido pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal. Varios planteos en este sentido fueron llevados a la Corte Suprema de Justicia" que revocó "numerosas sentencias excarcelatorias dictadas por la Cámara de Casación".

Fuente: Telam, martes

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Creció en dos años casi 200% la cantidad de condenados por crímenes de lesa humanidad

La cifra surge de un informe del Ministerio Público Fiscal. Hasta el 2008 se había sentenciado a 68 personas, mientras que durante el año pasado el número de personas condenadas se elevó a 196. Documento completo

application/pdfDocumento completo 246.31 Kb.

Según datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, dependiente de la Procuración General de la Nación, durante 2010 el número de personas condenadas fue de 196.

El informe revela que hasta el año 2008 se había condenado a 68 personas, mientras que al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 98. Así, en dos años la cantidad de condenados aumentó un 188 por ciento.

Además, el relevamiento advierte que en el transcurso de 2010 concluyeron 19 juicios en los que se juzgó a 119 personas, de las cuales 110 resultaron condenadas (98 condenados nuevos y 12 que ya tenían condenas anteriores) y 9 fueron absueltas.

Entre los imputados condenados se encuentran los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, y el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez.

Fuente: www.cij.gov.ar

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jueves, 6 de enero de 2011

JOSE ALFREDO MATTIOLI
Ex policía responsable de las muertes de 4 personas
El juez Julio Bavio, procesó al ex policía Joaquín Guil por encontrarlo responsable de los homicidios de Alfredo Matioli, Ricardo Tapia, Marcial y Marcos Estopiñan, a través de un fallo que se dio a conocer el 21 de diciembre pasado.

El operativo se cumplió en abril de 1975, en Rosario de Lerma, luego de que fuera detenido Ricardo Tapia, en Chicoana.
En una primera declaración Guil señala que el procedimiento se llevó a cabo por los datos que aportó Tapia sobre el lugar donde se encontraban los hermanos Estopiñan y Mattioli.

En su relato Guil sostuvo que una comisión llegó al lugar, declarado por Tapia, que intentó escapar, "supuestamente" para alertar a quienes estaban en la vivienda, produciéndose un `enfrentamiento` entre la comisión policial y los cuatro jóvenes.

El resultado de la supuesta balasera según lo indican los informes médicos, es el fallecimiento de los cuatro jóvenes con 28 proyectiles en el cuerpo de cada uno, constatando que en total había 108 orificios de bala.

Del lado de la comisión policial, solo quedó un cabo herido.

En una segunda declaración Guil cambió sus dichos y manifestó que al llegar al lugar que fue señalado por Tapia, el jefe de Policía teniente coronel Miguel Gentile, les dijo a quienes estaban en la casa se entreguen, recibiendo como respuesta el ataque, que dieron como saldo las cuatro muertes.

Más de lo mismo

Los informes médicos de esa oportunidad señalaron que en el cuerpo de cada uno de los jóvenes había 28 proyectiles. En total se constataron 108 orificios de bala.

En esa época era "común" describir como "supuestas" fugas o "intentos" de alertar, a las muertes de los prisioneros, derivadas de ese tipo de procedimientos y que con el transcurso del tiempo se demostró fueron homicidios, tal los hechos como el de Palomitas.

En ese contexto se enmarca la muerte de Ricardo Tapia y de los hermanos Estopiñan, que no contaban con ningún tipo de causa, solo estaban afiliados a la lista Verde del ex gobernador Miguel Ragone, mientras que Alfredo Mattioli era un delincuente común por lo que las causas que tenía no eran de envergadura, que hicieran prever la muerte que tuvo.

En el procedimiento se secuestraron armas desamanteladas y solo dos que fueron disparadas, en ese momento, lo que dejaría caer la declaración de Guil que hace referencia a que atacaron a la comisión policial.

En el fallo se dictó además la prisión preventiva de Joaquín Guil, que se cumplirá como arresto domiciliario, trabándose embargo sobre los bienes hasta cubrir la suma de cuatrocientos mil pesos.

En tanto a Juan Carlos Alzugaray se le dictó falta de mérito en la responsabilidad de las muertes de Mattioli, Tapia, Marcial y Marcos Estopiñan.

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Falta de mérito para Guil y Alzugaray en la muerte de Jaime

La justicia Federal dictó falta de mérito a Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray por la desaparición y posterior muerte del periodista Luciano Jaime, sin perjuicio que la investigación continúe hasta su esclarecimiento.

Joaquín Guil.

Jaime en 1975, se desempeñaba como periodista en la sección de policiales del diario El Intransigente.

La resolución que lleva la firma del juez Julio Bavio fundamenta que no existen pruebas suficientes para vincular a Joaquín Guil y a Juan Carlos Alzugaray, en los hechos que terminaron con la vida del hombre de prensa.

Alzugaray, presentó certificados de la Policía Federal que daban cuenta que al momento de la desaparición forzosa de Luciano Jaime y su posterior muerte, se encontraba en uso de su licencia anual.

En el caso de Guil, el fallo señaló que no hay pruebas que lo vinculen con la comisión del hecho en contra del periodista.

Los testigos al momento de prestar declaración señalaron que el trabajo de Jaime en el diario generaba malestar en las fuerzas de seguridad, por su relación con las situaciones policiales.

Sin embargo el magistrado considera que si bien ese podría haber sido ese el motivo de la desaparición y posterior muerte de Jaime, no es extraño suponer que su parentesco con Armando (su primo), haya contribuido para que fuese catalogado como "un enemigo a eliminar", teniendo en cuenta que en esa época esa irracionalidad era motivo suficiente para su ejecución.

Los testimonios

Entre los testigos que prestaron declaración figuran compañeros de trabajo de Jaime que relataron cómo el estado de ánimo y los gestos de Luciano Jaime habían cambiado, en las semanas previas a su muerte y que se quedaba en la redacción del diario más tiempo del habitual.

Meses antes de su desaparición que se produjo el 12/2/1975, ya la policía interrogó a Luciano preguntando por el paradero de su primo, situación que fue contada en el periódico.

El día en que desapareció, alrededor de las 20 horas, Luciano Jaime, atendió un llamado de teléfono de una voz masculina que le provocó malestar y nerviosismo. Esa noche Jaime no llegó a su casa y fue encontrado tres días después, su cuerpo dinamitado en "El Encón chico".

Fuente: Nuevo Diario



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3 de enero de 2011

Sr. Director del Diario Perfil

Jorge Fontevecchia

Me dirijo a usted para expresar nuestro agravio y pedido de difusión de la presente Carta por la información que publicó el diario Perfil en su suplemento “El Observador” el 12 de diciembre de 2010.

Bajo el título "La masacre de Margarita Belén. Hace 34 años. La prueba del testigo clave”, y en un recuadro titulado “Un fusilamiento encubierto”, el periodista Vidal Mario incorpora la lista de víctimas y supuestos victimarios, y dos hipótesis sobre el motivo del fusilamiento que se presentan como “opiniones”: 1) Eliminar a sospechosos de haber participado en un operativo contra un regimiento de Formosa el 5 de octubre de 1975 (no es una opinión sino la explicación de los asesinos y sus cómplices); y 2) un objetivo más general: “provocar terror en la población”. Dentro del recuadro se publica una foto de mi marido Néstor Sala, esposado y con el torso desnudo, el pantalón roto y evidentes signos de tortura con el epígrafe: "SALA: Para las FFAA participó en el ataque al cuartel en Formosa".

Ante una consulta a Vidal Mario sobre el origen de la foto y un pedido de referencias sobre la leyenda que lo vincula con un delito, el periodista me respondió que imagen y epígrafe fueron agregadas por el diario, y me remitió al editor Ceferino Reato.

Esa foto fue producida mientras mi esposo era torturado por miembros de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco, en 1975, delitos de los fui testigo directa, y fue extraída de un expediente del Juzgado de Formosa del año 1976.

Las torturas infligidas a mi marido que se prueban con esa foto forjaron un Juicio Oral por crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco entre 1975 y 1978, que concluyó un día después de la nota con la condena a diez policías y dos militares a penas de entre 15 y 25 años de prisión mientras se consustancia el Juicio Oral por la Masacre de Margarita Belén, donde fueron ultimados más de una decena de víctimas, entre ellos mi esposo, y cuyos cuerpos siguen aun desaparecidos, sin reconocer nuestro derecho a hallarlos, identificarlos y a transitar el duelo. Ese juicio está hoy a punto de concluir, donde deseamos que por la acumulación de pruebas calificadas sea una sentencia condenatoria al terrorismo de estado, en este caso a los victimarios citados por la nota (1).

El epígrafe de la foto, sin embargo, no hace ninguna referencia a las torturas sino a la justificación que los asesinos esbozaban mientras gozaban de impunidad y seguramente deben sostener en privado, explicación que por razones anti--inculpatorias no repiten en el Juicio Oral en el Estado de Derecho. Sin mayor información sobre la operación se instituye un “hecho delictuoso” en el imaginario cultural donde la palabra escrita pasa a ser fundamento teórico, o sea se culpabiliza definitivamente a Néstor Sala siendo inocente.

Se induce al lector sin ninguna prueba a vincular un fusilamiento fraguado con la operación citada, decisión que por sí misma implica condenar y criminalizar a ciudadanos indefensos, muertos y/o desaparecidos por las fuerzas armadas que ahora son juzgadas por haber usufructuado al Estado para acometer sometimientos, lesiones mortíferas que devinieron en matanzas abyectas a nuestros seres queridos, con daños gravosos a su condición humana y a nosotros como familiares e hijos sine die… crímenes que son y serán inamnistiables e imprescriptibles

Saludo a usted.

Psic. Mirta Clara viuda de Sala

Familiar de la Masacre de Margarita Belén

Mujeres por la Paz. Berna, Suiza. 2005-2010

1. . El proceso judicial en el Juicio Oral de la Masacre de Margarita Belén es llevado por la querella Dr. Mario Bosch, Secretaría de DH Nación en representación de nosotros como Familiares. También el C.E.L.S. a través de su Director Horacio Verbitsky, la Dra. Carolina Varsky. Participa el Dr. Sergio Quiroz de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco, en nombre del Gobierno de dicha Provincia. Y La Liga Argentina por los Derechos Humanos también son querellantes. Y nos acompañan H.I.J.O.S., todos serán informados de la presente carta.




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lunes, 3 de enero de 2011

La hora señalada en el juzgado indicado



Por
Ramiro Rearte, desde Tucumán
El juez Daniel Bejas citó a Joaquín Morales Solá.





Finalmente, y después de décadas de silencio, el periodista Joaquín Morales Solá, deberá presentarse en la Justicia Federal para dar su declaración en calidad de testigo, en el marco de las causas por los delitos de lesa humanidad que se tramitan en Tucumán. La decisión de convocar a Morales Solá fue del juez federal Daniel Bejas, quien tiene a su cargo la tarea de reconstrucción e investigación de los centros clandestinos de detención que funcionaron en las tierras del genocida Antonio Domingo Bussi desde 1975 con el Operativo Independencia iniciado por el carnicero Acdel Vilas. El oficio fue firmado por Bejas, el miércoles pasado, luego del mediodía y remitido vía exhorto a la Capital Federal para que el actual columnista de La Nación declare en los tribunales de Buenos Aires en base a un cuestionario de preguntas del magistrado tucumano. La fecha de indagatoria sería el lunes 21 de febrero de 2011 durante la mañana.
El pedido de indagatoria tiene origen en lo publicado por Miradas al Sur de una nota y una foto esclarecedora para el periodismo argentino. En ella se puede observar cómo Morales Solá acompaña a los militares en lo que, se presume, es una recorrida en la macabra y tenebrosa Escuelita de Famailla, uno de los centros clandestinos más violentos del interior tucumano.
El trabajo documental del pedido estuvo a cargo de la Unidad de Investigación de Derechos Humanos de la Justicia Federal de Tucumán, organismo que trabajó sin descanso y con compromiso en las causas elevadas a juicio hasta ahora y donde represores como Luciano Benjamín Menéndez y Bussi recibieron sus condenas perpetuas. El fiscal ad hoc, de la unidad, el joven Pablo Camuña fue quien pidió la indagatoria a Morales Solá. Se había publicado, que el fiscal Carlos Brito realizó el trámite pero en realidad fue Camuña.
Desde Buenos Aires, Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, confirmó a Miradas al Sur, la citación del ex periodista del diario La Gaceta durante la dictadura.
“A raíz de las publicaciones del semanario nos pareció obvio llamar a declarar al periodista”, aseguró el funcionario judicial. Para Parenti, es importante que Morales Solá preste testimonio porque pudo llegar a lugares donde sólo había circulación militar. “Según la información que tenemos y por las comparaciones de las fotografías, supuestamente el lugar donde se lo ve a Morales Solá es en la Escuelita de Famailla, un centro clandestino clave en el circuito de la represión en Tucumán por aquellos años”, sostuvo.
“Es un testigo obligado por el carácter que revestía, no sólo era civil, sino también era periodista. Porque, además, es muy difícil conseguir testimonios. No se tiene un testigo extraño a la estructura represiva en lugar presencial y que esté vivo”, aseveró Parenti. De todas maneras, el funcionario judicial aclaró que se deberá conocer el momento de la toma de la fotografía e identificar a los presentes en la puerta del centro clandestino.

El sindicato también va. Otra medida del juez Bejas fue citar al periodista y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena. El juez quiere conocer si hay registros en el sindicato sobre pedidos o notas de Morales Solá, en donde den conocimiento de que era perseguido por alguna organización armada. Según Morales Solá, antes del golpe militar fue perseguido por la Triple A. Gijena deberá prestar declaración el mismo día que lo haga Morales Solá, pero en Tucumán. “Para nosotros es un orgullo poder colaborar con la Justicia en procesos como éstos. Por otra parte, es mucho más importante, porque estamos ayudando a la construcción de la memoria colectiva sobre los delitos de lesa humanidad y sobre todo de los civiles que colaboraron activamente con los genocidas en el pasado y que hoy atentan en contra de los intereses populares”, declaró Gijena aMiradas al Sur, cuando se enteró de la medida judicial.
Durante la dictadura militar dos periodistas del gremio, Vicente Guzzi y Marcos Taire, hacían el seguimiento de las amenazas, detenciones y presiones a la prensa. Llamativamente sobre Morales Solá, nunca se recibió ninguna denuncia. Es más, la Asociación de Prensa reclamó públicamente -un comunicado publicado en los medios y por intermediación del entonces gobernador peronista Amado Juri- por el secuestro del secretario general del sindicato gráfico, Juan Alberto Pacheco, quien fue liberado. Por esas acciones el sindicato recibió una represalia militar. Pusieron una bomba en la antigua sede gremial calle Congreso, ubicada en barrio sur de la capital tucumana.
Cabe destacar que el sindicato tiene a dos periodistas desaparecidos durante la dictadura militar, Eduardo Ramos y Maurice Jeger. Cuando Joaquín Morales Solá, ingrese a tribunales federales en febrero de 2011, será en acto de justicia en sí mismo. Sin dudas que él podría aportar datos claves en las investigaciones por delitos de lesa humanidad por haber estado en lugares donde, con seguridad, nadie llegaba sin previa autorización del genocida Bussi.



Devolución de favores


Por
Marcos Taire, desde Tucumán


El bisemanario Perfil publicó el martes pasado una nota en su sitio web con el objetivo de descalificar la fotografía y el artículo queMiradas al Sur difundió en su edición 133 del domingo 5 de diciembre pasado. En ella se dio cuenta de la presencia de Joaquín Morales Solá en lo que, presumiblemente, era un centro clandestino de detención. El argumento central es que la fotografía no se publicó en forma íntegra sino que fue editada por Miradas , con el propósito de evitar que se viera que junto a Morales Solá había un fotógrafo.
Es tan burda la actitud de Perfil que, al citar el título de la nota dice Morales Solá al desnudo, cuando en realidad fue Morales Solá al descubierto. ¿Ligereza, falta de profesionalidad? ¿O simplemente un fallido? En realidad, la fotografía en sus dos versiones muestra casi lo mismo: a la izquierda de Morales Solá se ve a un hombre con campera de cuero negra. En la foto ampliada llega a verse que lleva consigo lo que parece una máquina fotográfica. La publicada por Miradas no exhibe ese detalle. El original en nuestro poder está copiado de esa forma. La diferencia entre una y otra radica en que una muestra un poco más que la otra. Nada más.
En la época en que fue tomada esa foto, los reporteros gráficos del diario La Gaceta eran los dos hermanos Font, Daniel Más y Armando González, cuatro destacados profesionales. Ninguno de ellos es el que aparece en la fotografía en cuestión. Es posible que Morales Solá tenga la oportunidad de aclarar ante la Justicia qué hacía allí, ya que fue citado por la Justicia (ver la nota de Ramiro Rearte). De paso, podrá también informar lo que sabía. La Justicia podrá contar con todas las notas escritas por Morales Solá en La Gaceta y en Clarín, en las que anticipaba algunos hechos y elogiaba el accionar militar. Y podrá preguntarle porqué había tantas coincidencias entre el plan de acción psicológica del Ejército y sus informaciones y comentarios.
También resulta interesante una derivación de la publicación de la fotografía por este medio. Una ex detenida desaparecida, sobreviviente de la Escuelita de Famaillá, se comunicó con quien escribe estas líneas para contar que en ese lugar todos los prisioneros eran fotografiados apenas sus captores los ingresaban. Con la precaución de hacerlo antes de las sesiones de tortura. Esta mujer dijo que, apenas vio la fotografía, creyó reconocer a ese fotógrafo, por más que no se le viera el rostro. Ocurre que, para retratarla en la Escuelita, el propio fotógrafo la destabicó (le sacó la venda que cubría sus ojos). En esa circunstancia lo vio, primero, de espaldas y de frente después. Al ser liberada, mientras viajaba en un colectivo por las calles de San Miguel de Tucumán lo reconoció. Primero, cuando lo vio desde atrás (estaba sentado delante suyo). Después, cuando se paró de su asiento para descender lo vio de frente y no tuvo dudas: confirmó que era el fotógrafo del campo de concentración.
Según Morales Solá, en la época de la foto en cuestión “tenía 25 años y estaba amenazado por la Triple A” y “estaba trabajando, cubriendo un hecho, haciendo periodismo”. En su breve declaración a Perfil , Morales Solá no se privó de deslizar críticas al canciller Héctor Timerman y al ex presidente Néstor Kirchner, dos personas que nada tuvieron que ver con el Operativo Independencia ni con las notas publicadas en Miradas al Sur. También dijo que agentes de la Side revisaron los archivos del diario La Gaceta de Tucumán “y sólo encontraron esa foto en la que estoy trabajando para el diario”. Mentira, a esa foto la encontré yo, que investigo desde hace décadas el Operativo Independencia, sobre el que publiqué un centenar de notas. Desafío a Morales Solá a mostrar un solo testigo que confirme la presencia de supuestos agentes de la Side buscando antecedentes suyos en Tucumán. Eso es un invento de alguien que está acostumbrado a citar en sus notas decenas de fuentes que no se pueden confirmar porque solo existen en su imaginación, frondosa e inescrupulosa.
Extrañamente, Morales Solá sólo habla de esa fotografía, pero no dice nada sobre los textos de las notas publicadas en Miradas al Sur. ¿Será que confía más en la importancia de la imagen respecto de la palabra escrita? Cualquier profesional seguro de su comportamiento se preocuparía más por la comparación de textos suyos con las instrucciones de la acción psicológica de los militares, lo que se demostró en la edición del 5 de diciembre pasado.
Morales Solá tampoco se preocupó en aclarar o desmentir lo que reveló un documento desclasificado de los Estados Unidos: que Videla era un “viejo amigo suyo” ante quien realizó una gestión a pedido de la embajada norteamericana. En realidad, Morales Solá tendría que haber respondido ya sobre las muchas acusaciones que pesan en su contra. Probablemente ahora lo haga, si la Justicia Federal de Tucumán accede al pedido del fiscal para que lo convoque como testigo, solicitud basada en las notas publicadas porMiradas al Sur.
Los tucumanos son grandes jugadores de billa, que no es billar ni pool. Es un extraño y muy popular juego en el cual se va al frente o se juega al quedo, escondiéndose atrás, en una zona segura, protegida. Pareciera que esa es la actitud de Morales Solá, quien cada vez que abrió la boca fue para decir que no y para negar su presencia en algunos lugares, lo que fue desmentido después con pruebas irrefutables. Afirmó que en 1976 ya estaba en Buenos Aires y el sitio Diarios sobre Diarios reveló una foto suya en un brindis con Bussi por el día del periodista en junio de 1976. Aseguró que nunca había estado con Bussi y él mismo publicó una nota en el diario El País, contando que hasta había asistido a su “ungimiento” como gobernador de la dictadura.
Lo último, ¿porqué Perfil salió a defender a Morales Solá y quiere desacreditar a Miradas al Sur? Los memoriosos y mal pensados aseguran que es una devolución de favores. En 1998 el empresario Jorge Fontevecchia cerró su diario Perfil “entre gallos y medianoche”, al decir del colega Miguel Bonasso. Lo hizo a espaldas de los trabajadores y de manera artera. Cuando ya no quedan periodistas en la redacción, insertó en la última página de lo que sería la última edición un editorial con el título Hasta pronto. No sólo los trabajadores que quedaban en la calle, casi todo el mundillo periodístico criticó esa actitud, incluso los otros diarios que festejaron el cierre. Morales Solá invitó a Fontevecchia al programa que tenía entonces en la televisión abierta para que, durante casi una hora, “explicara” su decisión. Los trabajadores del diario Perfil , estafados y arrojados a la desocupación, tienen muy presente el odio y la impotencia que experimentaron esa noche, una verdadera consagración de la impunidad.




Violaciones y secuestros en contexto de genocidio

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Por
Marcos Taire, desde Tucumán
21 procesados en Tucumán

Militares, gendarmes, policías y civiles, entre ellos un sacerdote y el titular de una de las escribanías más importantes de la provincia, fueron procesados por la Justicia Federal en la megacausa Arsenales. Están acusados de “violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas agravadas, torturas seguidas de muerte, delitos sexuales, homicidio agravado y asociación ilícita agravada, en el contexto del crimen de genocidio”. Además de procesar a un civil y a un cura, el juez federal Daniel Bejas acusó a los partícipes directos de los crímenes, es decir, mandos medios y bajos de las fuerzas armadas y de seguridad. Es la primera vez que se procesa a los represores por abusos y violaciones sexuales.
El magistrado consideró que el de Arsenales fue un “centro de detención emblemático y funcionalmente determinante en el cumplimiento del plan de represión puesto en marcha en la provincia de Tucumán, habiendo funcionado como destino final del circuito represivo”. La documentación aportada por un ex detenido en el caso Jefatura probó que a los condenados a muerte se los identificada con las letras DF (destino final). Los dos civiles procesados son el escribano Juan Carlos Benedicto, acusado de torturas seguidas de muerte y el sacerdote José Eloy Mijalchik, por “haber colaborado en la comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y tormentos (…) en calidad de partícipe necesario”. Benedicto está acusado de haber participado en una feroz golpiza que una patota integrada por militares, gendarmes, policías y civiles propinó a detenidos desaparecidos en la Colonia de Menores (llamada Reformatorio), como represalia por un supuesto atentado contra una ambulancia en la zona de Caspinchango, en el marco del Operativo Independencia. En esa oportunidad habrían asesinado a una decena de prisioneros. El cura Mijalchik (Padre Pepe) fue visto por varios prisioneros en el interior del campo de concentración de Arsenales.
En los fundamentos del procesamiento del sacerdote, el magistrado afirmó que “fuera de los actos de culto que exigen tener jurisdicción para su validez, resulta probable que la cúpula institucional de la Iglesia Católica, al momento de los hechos, haya consentido o visto con beneplácito que sus párrocos colaborasen con las autoridades militares en el cumplimiento de lo que se consideraba la restauración del espíritu nacional”. El juez Bejas consideró que “los delitos sexuales (…) no fueron objeto de acción penal, habiendo permanecido invisibilizados hasta fechas recientes”, pero al tipificarlos como de lesa humanidad, “su análisis (…) en la presente megacausa resulta imperativo a la luz de la obligación internacional de investigación y juzgamiento”.
Al fundamentar esta decisión inédita, Bejas citó la jurisprudencia internacional y las convenciones a las que adhirió nuestro país, que obliga al Estado a su cumplimiento y afirmó que “los delitos sexuales cometidos por subordinados contra detenidos clandestinos, si bien no habrían conformado el conjunto de ilícitos directamente ordenados por las Fuerzas Armadas, sí habrían conformado el conjunto de delitos a producirse como consecuencia natural de la clandestinidad del sistema y de la garantía de impunidad vigente”.
Los procesados son los ex oficiales del Ejército Pedro Osvaldo Caballero, Camilo Angel Colotti, Adolfo Ernesto Moore, Ariel Orlando Valdivieso, Carlos Eduardo Trucco, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Fernando Torres, Ernesto Alais, Hugo Enzo Soto, Luis Orlando Varela, Augusto Leonardo Neme y Miguel Alfredo Manuel Paz; los gendarmes Ernesto Rivero, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, José Carlos Sowinsky y Tomás Adolfo Guemes; el policía Roberto Heriberto Albornoz y los civiles Juan Carlos Benedicto y José Eloy Mijalchik.
El juez Bejas ordenó la prisión preventiva, con cumplimiento en cárceles comunes de Varela, Moore, Trucco, Valdivieso, Guemes, Barraza y Benedicto; el arresto domiciliario de Colotti, Neme, Godoy y Paz; el levantamiento de la detención domiciliaria, previo pago de una caución real de 300.000 pesos de Ojeda Fuente, Torres, Montes de Oca, Rivero y Sowinsky y la libertad, mientras dure el proceso, de Alais y Mijalchik, con pago de caución de 300 mil y 150 mil pesos respectivamente. El magistrado dictó la falta de mérito de Luis Daniel de Urquiza y sobreseyó a Horacio Alberto Vaccaro, ambos militares.

• QUIÉNES SON LOS CIVILES
El sacerdote José Eloy Mijalchik es el párroco de la iglesia de San José Obrero, ubicada en El Colmenar, en las afueras de San Miguel de Tucumán, muy cercana al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Desde el 18 de mayo de 1982 es el capellán auxiliar del Regimiento 19 de Infantería. En marzo de 2006, el Papa Benedicto XVI le otorgó el tírulo de Prelado de honor de Su Santidad. Un año antes ya había sido denunciado por su participación en los crímenes cometidos en el campo de concentración del Arsenal.
Este año, en el transcurso del juicio por los crímenes cometidos en la Jefatura de Policía, un testigo aportó valiosa documentación, entre la que había papeles en los que Mijalchik aparece como colaborador de la policía. Antes, un sobreviviente del Arsenal, en testimonio a quien esto escribe, contó que en situación de esclavitud realizaba tareas encomendadas por los represores, se topó con el sacerdote, que estaba observando a los prisioneros encapuchados, engrillados y tirados en el piso. Le preguntó entonces a Mijalchik si no rezaría por ellos. “Para lo que les va a servir”, le contestó.
Cuando se hicieron públicos los documentos aportados por el ex detenido Juan Carlos Clemente que lo incriminaban, el sacerdote dijo “esto es cosa de los zurdos”. Además, precisó: “Me quieren agarrar porque soy capellán castrense y asisto espiritualmente al general Menéndez, como se la dí a Zimmermann y Cattáneo hasta que murieron y a Bussi hasta que lo trasladaron”. Mario Albino Zimmermann fue el jefe de Policía de Bussi durante la dictadura y Alberto Cattáneo fue el segundo comandante de la V Brigada y presidía la Comunidad de Servicios de Inteligencia que resolvía a quiénes detener, a quiénes liberar y a quiénes asesinar. El escribano Juan Carlos Benedicto es el titular de la escribanía Nº 25, ubicada en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

Fuente: Miradas al Sur, domingo 2 de enero 2011



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