miércoles, 20 de agosto de 2014

SE SEÑALIZARA LA BASE ALMIRANTE ZAR, A 42 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW



Buenos Aires, 19 de agosto de 2014
SE SEÑALIZARÁ LA BASE ALMIRANTE ZAR, A 42 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW
 
 
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chubut inaugurarán los pilares que representan la Memoria, la Verdad y la Justicia en el ingreso de la Base Aeronaval Almirante Zar –con acceso por Ruta Nacional N° 3, km 1458, Trelew, Chubut– el próximo viernes 22 de agosto, a las 13 hs, en el marco de las actividades por el 42º aniversario de la Masacre de Trelew.
El acto de señalización, organizado a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, familiares de las víctimas, ex presos políticos, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales, entre otros.
Durante la misma jornada, se presentará el libro Trelew 72, realizado por el Área Audiovisual del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, editado por el Programa Memoria en Movimiento, perteneciente a la Secretaría de Información Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La señalización busca visibilizar un lugar emblemático en el que en 1972 la Armada Argentina cometió crímenes de lesa humanidad, anticipando el despliegue sistemático del terrorismo de Estado que se extendería a todo el país a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
En el marco de estas políticas de memoria y reparación, en 2006 se inauguró una placa de homenaje en el sector de la base donde fueron fusilados los militantes detenidos tras la fuga del penal de Rawson y en 2012 un cartel de grandes dimensiones en el acceso a la unidad, sobre la Ruta Nacional N° 3,  en oportunidad de la sentencia por la masacre.
El sector de la base donde se perpetraron los fusilamientos fue preservado por su valor probatorio en el juicio y puede visitarse como espacio de memoria y homenaje, al igual que el Aeropuerto Viejo de Trelew.
 
La Masacre de Trelew
El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura encabezada por el general Alejandro Lanusse, veinticinco presos políticos pertenecientes a diversas organizaciones revolucionarias (PRT-ERP, FAR y Montoneros), se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson y recorrieron 21 kilómetros hasta llegar al viejo aeropuerto de Trelew. El plan inicial era escapar en un vuelo hacia Chile, gobernado por Salvador Allende. Solo seis lo lograron. El resto del grupo no llegó a abordar el avión y, tras resistir por un breve período en el aeropuerto, se entregaron a las autoridades militares, bajo la condición de que los retornaran al penal y de que se garantizara su seguridad. Sin embargo, en lugar de llevarlos a Rawson, los trasladaron a la Base Aeronaval Almirante Zar, dependiente de la Armada. Allí, en la madrugada del 22 de agosto, la guardia los obligó a salir de sus celdas y abrió fuego sobre los prisioneros. Fueron asesinados 16 de ellos: Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonnet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Kohon, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, Clarisa Lea Place, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez,  Humberto Toschi, Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. Otros tres, aunque resultaron gravemente heridos, lograron sobrevivir y gracias a su testimonio fue posible la reconstrucción de los hechos que se conocen como la Masacre de Trelew: Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar. Tras la dictadura, Camps fue asesinado, sus restos fueron enterrados como NN e identificados en el año 2000; mientras que Berger y Haidar aún permanecen desaparecidos.
En octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a tres de los responsables de la Masacre, que fue considerada delito de lesa humanidad.
Durante la última dictadura (1976-1983), la Base fue también utilizada para la detención clandestina de personas.
En marzo de 2006 se inició una investigación que puso en evidencia que, entre 2004 y ese año, desde la Base Zar se realizaron espionajes ilegales, seguimientos y escuchas telefónicas a integrantes de organismos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales, políticos, miembros de comunidades originarias y activistas sociales. En julio de 2012, trece oficiales de la Armada fueron juzgados y condenados por realizar esas prácticas ilícitas en democracia.
 
La señalización de los sitios de memoria.
La política nacional de preservación y señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros espacios vinculados con la represión ilegal hace visibles los lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad y expresa en el espacio público el compromiso del estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes (en el marco de los procesos de juzgamiento a los responsables) para que nunca más vuelvan a repetirse. Asimismo, constituyen un explícito reconocimiento a las víctimas y a sus familiares.
La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales, con la participación de los familiares de las víctimas, sobrevivientes y organismos de derechos humanos.


 
 



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Encontraron los restos de un desaparecido salteño en Mendoza






Encontraron los restos de un
desaparecido salteño en Mendoza
 
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró en una fosa común de Mendoza los restos del conscripto salteño Néstor Alberto Oliva, desaparecido en octubre de 1976 luego de ser trasladado a aquella provincia.
La novedad fue dada a conocer ayer por integrantes de organismos de derechos humanos, acompañados por una hermana de Alberto, Mercedes Oliva, quien manifestó la intención de su familia de traer los restos del conscripto y darle sepultura en la localidad de Pozo Verde, en Rivadavia Banda Sur, de donde es oriunda la familia y donde está enterrado el padre del joven desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Mercedes Oliva dijo que su madre, de 93 años, “procesó bien” la novedad “lo que quería era encontrar aunque sea algo, por lo menos cerrar una historia, para ella y para todos”.
El tramo final del proceso que terminó con la identificación de los restos de Oliva comenzó hace unos seis meses, cuando en un trámite a solicitud de otras organizaciones de derechos humanos, se encontraron planillas con los registros dactilares del conscripto en una comisaría de Santa Fe. Que estos registros aparecieran en Santa Fe llamó la atención de los investigadores. Se hicieron comparaciones con huellas dactilares de la familia y se encontraron coincidencias con las huellas de dos de ellos.
Con esos datos y con restos óseos encontrados en bolsas de residuos en una fosa común de un cementerio de Mendoza, el EAAF pidió que se haga una prueba de ADN con familiares de Oliva, informó Cristina Cobos, miembro de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet y querellante en la causa en la que se investiga la desaparición de su esposo Víctor Brizzi, también conscripto, y el asesinato de su hermano Martín Miguel Cobos.
Cobos calificó este hallazgo como “un logro más. Está en nosotros seguir la búsqueda”. Añadió que la confirmación sobre la identificación de los restos les fue comunicada hace una semana.
Oliva nació en el seno de una familia de 11 hermanos en Pozo Verde, el 7 de abril de 1950. Ayer Mercedes recordó que Alberto emigró a la ciudad de Salta para seguir el secundario y luego la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Salta, donde también trabajaba en la mutual del gremio. Aunque la hermana dijo desconocer si militó políticamente, al parecer fue en la Universidad donde Alberto se vinculó a la Juventud Peronista y a Montoneros, donde compartió militancia con Brizzi y Cobos. Compañeros de la época, como Isabel Duarte, recordaron que “tenía llegada directa al rector Holver Martínez Borelli”, otro perseguido que tuvo exiliarse.
Igual que Brizzi, Oliva había pedido una prórroga del servicio militar, pero en 1976 fue convocado a presentarse en el Distrito Militar Salta, donde comenzó la conscripción. Tenía un régimen de servicio diurno e iba a dormir en su casa. Mercedes recordó que en octubre les informó que iba a ser trasladado a Mendoza, y luego ya no supieron nada más de él, hasta que en diciembre recibieron una carta de la Unidad Comando de la Brigada VIII de Infantería de Montaña de Mendoza informando que lo habían declarado desertor porque había salido de franco el 13 de octubre de 1976 y no había regresado. La Brigada VIII de Infantería de Montaña estaba a cargo del general Jorge A. Maradano, que dependía del jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. 

Causa Metan: revocaron la prisión domiciliaria a Del Valle.por Elena Corvalan



 Causa Metan: revocaron la
prisión domiciliaria a Del Valle

El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta revocó ayer la prisión domiciliaria al ex director de Transito de Metán  y ex miembro de inteligencia de la Policía provincial y el Ejército, Eduardo del Carmen del Valle, quien está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de la provincia durante la última dictadura cívico militar. Ahora cumplirá prisión preventiva en la cárcel federal de Guemes.
El Tribunal, integrado por los jueces Federico Díaz, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, tomo la decisión a instancias de los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, quienes desde mayo pasado vienen insistiendo en que Del Valle estaba violando las condiciones de la prisión domiciliaria, ya que había sido visto en un comercio metanense e incluso el mismo Patronato de Liberados no pudo constatar que se encontrara dentro de los límites de su casa.
La revocatoria de la prisión domiciliaria le fue notificada ayer a la Fiscalía. Antes de decidir, el Tribunal decidió escuchar a testigos propuestos por el defensor oficial Oscar Tomás del Campo, que asiste a Del Valle.
Estos testigos se presentaron ante el Tribunal en distintas fechas, prolongando la decisión, lo que motivó un planteo de pronto despacho del fiscal Snopelk. Aunque el Tribunal no hizo lugar a este planteo, tomó medidas para asegurar el testimonio de Marcelo Moya, la persona que según Del Valle fue convocada por él para arreglar el timbre de su casa. Es que el acusado argumentaba que el timbre estaba descompuesto y por eso no escuchó a la funcionaria del Patronato de Liberados que intentó constatar que se encontraba en su vivienda.
A pesar de que la funcionaria dijo que Del Valle tiene dos timbres y que llamó en los dos, y que además golpeó las puertas con las manos y batió palmas, el Tribunal accedió a escuchar a Moya, quien declaró finalmente anteayer. El testigo dijo que fue a arreglar un timbre en la casa de Del Valle pero cuando el fiscal Snopek le preguntó cómo había anunciado su presencia, respondió que tocó el timbre “porque (los Del Valle) tienen otro timbre”. ¿Quién atendió?, insistió el fiscal: “Salió el señor”, fue la respuesta del testigo.
Con este testimonio el Tribunal pasó a resolver la decisión que se conoció ayer. Según informaron fuentes judiciales, Del Valle fue trasladado ayer mismo a la cárcel de Guemes, donde continuará hasta que se conozca la sentencia en este proceso, se estima que a mediados de septiembre.
En este juicio se juzga a seis hombres, Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil, Andrés del Valle Soraire, Rafael Perelló y Marcos Honorio Medina, además de Del Valle, por crímenes en perjuicio de 12 personas. 

miércoles, 13 de agosto de 2014

LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS SEÑALIZARÁ EL LUGAR DONDE SE COMETIÓ LA MASACRE DE CAPILLA DEL ROSARIO, EN CATAMARCA


LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS SEÑALIZARÁ

EL LUGAR DONDE SE COMETIÓ LA MASACRE DE CAPILLA DEL ROSARIO, EN CATAMARCA



La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Red Federal de Sitios de Memoria señalizará el próximo martes 19 de agosto, a las 15:30 hs., el sitio donde se cometió la Masacre de Capilla del Rosario, en la intersección de la Ruta Provincial N°1 y la Av. Capilla del Rosario, Depto. de Fray M. Esquiú, provincia de Catamarca.

El acto, organizado por esta Secretaría de Derechos Humanos junto con el Gobierno de la provincia de Catamarca y el Municipio de Fray Mamerto Esquiú, se realiza en marco de las actividades por el 40° aniversario de la masacre. Contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales, entre otros.





La masacre, un crimen de lesa humanidad.

El 12 de agosto de 1974, en la Quebrada de los Walther, fueron fusilados 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Cerca de 50 miembros de esta organización, pertenecientes a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, intentaron tomar el Regimiento de Infantería Aerotransportado N° 17 de Catamarca, pero fueron sorprendidos por fuerzas policiales y del Ejército bajo el mando del jefe de esa unidad, coronel Humberto Eduardo Cubas. Parte de los atacantes logró escapar, otros fueron detenidos y un tercer grupo fue interceptado en las cercanías de Capilla del Rosario. Una vez que depusieron las armas, estos últimos fueron ejecutados por fuerzas del Ejército. La represión ilegal fue ordenada por los altos mandos de la fuerza, con la presencia en la zona del comandante y subcomandante del III Cuerpo, los generales Ernesto Federico Della Croce y José Antonio Vaquero.

Algunos de los asesinados fueron enterrados como NN en el cementerio municipal de la capital catamarqueña. En 2004, organismos de derechos humanos y familiares solicitaron a la Justicia Federal la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que, luego de realizar tareas de excavación y exhumación, logró identificar a tres de las víctimas de la masacre.

En 2013 el Tribunal Oral Federal de Catamarca condenó a prisión perpetua a algunos de los responsables de estos delitos. La sentencia determinó que la masacre fue un crimen de lesa humanidad y consideró que años antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 comenzaron a producirse hechos de represión que luego configurarían el plan sistemático y generalizado de violaciones masivas a los derechos humanos ejecutado por la última dictadura cívico-militar.





La señalización de los sitios de memoria.

La política nacional de preservación y señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros espacios vinculados con la represión ilegal hace visibles los lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos delitos, impulsar el juzgamiento de sus responsables, y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.

La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales, con la participación de los familiares de las víctimas, sobrevivientes y organismos de derechos humanos.

El próximo miércoles 20 de agosto a las 11hs. se señalizará la ex Brigada de Investigaciones de Las Flores, provincia de Buenos Aires, por su funcionamiento durante el terrorismo de Estado y el viernes 22 de agosto a las 13 hs. se señalizará la Base Aeronaval Almirante Zar donde se cometió la masacre de Trelew.







sábado, 9 de agosto de 2014

Familiares del cabo santiagueño creen que les cambiaron el cuerpo


Familiares del cabo santiagueño creen que les cambiaron el cuerpo
Uno de los hermanos reveló que un sargento que le entregó el cadáver le enrostró: “A tu hermano lo matamos por traidor”. 
Familiares del cabo santiagueno creen que les cambiaron el cuerpo
TAREA. El Cuerpo Médico Forense realizó la extracción bajo supervisión de autoridades judiciales locales y de Catamarca.
Publicado el 07/08/2014 - Familiares del cabo santiagueño Carlos Eduardo Barrionuevo esperan que las pericias antropológicas que se practiquen a los restos del militar muerto en Catamarca en una situación confusa, esclarezcan si el cuerpo que le entregaron es realmente el de su pariente y si es así, determinar cómo se produjo su deceso en agosto de 1974, durante el operativo militar en territorio catamarqueño y que terminó en la ejecución de 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 
Ayer, el Cuerpo Médico Forense realizó la exhumación de los restos desde el monumento familiar ubicado en el cementerio municipal de La Piedad. Luego extrajo parte de un fémur y de una pieza dentaria que serán enviados al Juzgado Federal de Catamarca, que es el que solicitó la pericia. 
La medida fue fiscalizada por el secretario penal del Juzgado Federal local, Mario Ferreiro; el fiscal general federal de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz; y funcionarios de la Fiscalía Federal General de Santiago. 
La causa se originó por una denuncia de los familiares de Barrionuevo. Ramón y Lionel, hermano del cabo, estuvieron en el cementerio acompañados por su representante legal, Dr. Rogelio Díaz Villalba; y por organismos de DD.HH. Los familiares indicaron que las dudas surgen porque su hermano tenía una contextura grande y que el cajón que le entregaron era pequeño y cerrado. También manifestaron que podría haber sido asesinado por sus pares, sospechado de haber sido el informante de los guerrilleros. 
Ramón relató a EL LIBERAL que cuando fue a Catamarca fue maltratado por un sargento Barrionuevo quien le enrostró: “A tu hermano lo matamos por traidor”. Para alimentar las dudas, Ramón confesó que la novia del cabo santiagueño, oriunda de Paraguay; fue asesinada meses después en el Litoral, durante un procedimiento militar contra la subversión. 
Las causas de la muerte según informaron oficialmente las autoridades castrenses, fue porque al cabo se le explotó una granada de manera accidental. Pero este relato no cierra a Ramón y Lionel, quienes señalaron que Carlos Eduardo era un experto en el manejo de explosivos. l
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Abuelas recibió 196 legajos de adopciones hechas durante la dictadura


Abuelas recibió 196 legajos de adopciones hechas durante la dictadura

Son parte de un total de 82 mil documentos que abarcan el período 1973-1985. Las encontraron en unas 60 dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy la ministra Alicia Kirchner se las entregó a Estela de Carlotto. Ya fueron remitidos a la justicia, en el marco de investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, entregó hoy a Abuelas de Plaza de Mayo documentación con información hasta ahora desconocida sobre 196 adopciones realizadas durante la dictadura militar. Esos legajos son parte de un total de 82 mil, que abarcan el período 1973-1985, encontrados en unas 60 dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y que ya fueron remitidos a la justicia, en el marco de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

Del acto que encabezó la ministra participaron la titular de Abuelas, Estela de Carlotto; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner. En ese marco fueron refrendadas las actas-acuerdo entre la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, la Procuración del Tesoro de la Nación y la asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo, en relación a información sobre crímenes de la dictadura militar.

De esta forma, cada uno de los organismos podrá acceder a la documentación relevada y resguardada en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que contienen información sobre niños institucionalizados en la provincia de Buenos Aires durante el período 1973-1985. El ministerio a cargo de Alicia Kirchner realizó un relevamiento de esos legajos, que contienen datos clave de 196 niños que fueron adoptados durante la última dictadura.

En 2011, la cartera social conformó un equipo de investigación, encargado de relevar los depósitos o archivos de documentación en dependencias que están en proceso de remodelación. En el acto, que se realizó en el Salón Eva Perón de la cartera social, la ministra resaltó que el hallazgo de la documentación permite "unir historias y seguir abriendo caminos que todavía se están desentrañando".

"Esta es una política que debe profundizarse permanentemente; es abrir las puertas hacia la verdad", reflexionó Alicia Kirchner, quien reivindicó el logro de la gestión kirchnerista de haber puesto fin en el 2005 a la vieja ley de Patronato de la infancia.

Ese año el Parlamento sancionó el régimen de protección integral de los derechos de niños y adolescentes y derogó así la ley de Patronato, vigente en el país desde 1919, que permitía a los jueces decidir de manera discrecional sobre el futuro de menores en situación de abandono y de pobreza. La norma actual considera al niño "sujeto de derechos" y prohíbe que "por razones de pobreza, maltrato o conflicto con la ley penal" que un menor de edad sea enviado a un instituto por decisión de un magistrado.

Carlotto, por su parte, celebró que la nueva información permitirá "llevar luz sobre los que buscan y no encuentran" y reivindicar los derechos de aquellos niños que fueron "despojados y utilizados como botín de guerra". "El Estado terrorista dejó huellas que no resultan fáciles de descubrir al Estado democrático", lamentó a su turno Fresneda, para quien todavía persisten "prácticas" de ciertos poderes que "ponen freno" a los avances en materia de derechos humanos.

Con todo, el funcionario resaltó que el gobierno kirchnerista logró "transversalizar la búsqueda" y expresó su anhelo de que esa misma iniciativa política "se traslade a las provincias".

Causa Metán: Del Valle reconoció haber sido parte de la dictadura


Causa Metán: Del Valle reconoció haber sido parte de la dictadura

El ex director de Tránsito de Metán y policía retirado Eduardo del Carmen del Valle reconoció ayer haber sido parte de la estructura de la última dictadura cívico-militar, aunque pretendió hacer un distingo entre los represores que integraban el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y grupos que habrían actuado por fuera del marco impuesto por los golpistas que detentaban el poder. 

Por Elena Corvalan

Del Valle y Andrés Soraire fueron indagados en relación a la ampliación de la acusación promovida por los fiscales federales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila. Los fiscales sostienen que son autores materiales de las torturas, violaciones reiteradas, la reducción a esclavitud y cautiverio del que fuera víctima una niña de 15 años que fue secuestrada por policías en diciembre de 1976. Ambos acusados negaron estos cargos y afirmaron que ni siquiera conocieron a la adolescente. Del Valle aseguró que la denunciante está influida para acusarlo y sugirió que esto partió del testigo Nolasco Rodríguez, hermano del joven Oscar Ramón Rodríguez, por cuyo asesinato también está acusado el ex inspector de tránsito. Las indagatorias se realizaron sin público en la sala, debido a las características de los delitos que se investigan. Del Valle fue el primero en declarar: se acercó a la silla ubicada en el centro de la sala mirando al público (que todavía no se había retirado), luego dio la media vuelta y se sentó y comenzó sus verborrágicas respuestas. Según se pudo reconstruir, dijo que “trabajaba para el Proceso y en el Proceso”. Intentó hacer una diferenciación entre su acción y los de otros represores que habrían actuado por fuera del marco de los conductores de la dictadura. Añadió en tal sentido que ya no es amigo de Soraire y del oficial Rafael Perelló, que también está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad. Del Valle también reconoció que fue personal civil de inteligencia del Ejército, tal como figura en la “Nómina de personal civil de Inteligencia que revistó en el período 1976-1983” dada a conocer en febrero de 2010 por el entonces director general de Inteligencia, César Gerardo Milani. Aunque solo reconoció esta colaboración con el Ejército, se sabe que en su legajo figura que fue miembro de la Policía de Salta, donde revistó en el área de Informaciones. Además de las indagatorias de Del Valle y Soraire, se escuchó el testimonio de Oscar Laguna, propuesto por la defensa para tratar de debilitar testimonios que ubican a Del Valle como autor del homicidio de Ángel Toledo y la tentativa de homicidio de su hermano, Carlos Toledo, un hecho cometido el 22 de septiembre de 1976. Sentencia el 16 de septiembre La sentencia en el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta se daría a conocer el próximo 16 de septiembre. Así lo informó el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta al término de la audiencia de la víspera. La secretaria de Derechos Humanos del Tribunal, Denise Blajean Bent, precisó que el 1 y 2 de septiembre se escucharán los alegatos de la Fiscalía y las querellas; el 8 y 9 de ese mes se escuchará a la defensa. “Todo es tentativo”, aclaró la secretaria. Si no median inconvenientes y el cronograma se cumple, el veredicto se conocerá el 16 de septiembre. Este debate comenzó en marzo pasado. Seis hombres, los ex militares Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil y los policías retirados Eduardo Del Valle, Andrés del Valle Soraire, Rafael Perelló y Marcos Medina, están siendo juzgados por actos de terrorismo de estado cometidos en perjuicio de 12 personas en el sur de la provincia.

Juicio por German Cantos. Una generacion diezmada. Luis Garay: "De los 14 compañeros que empezaron su militancia, por lo menos 11 estan desaparecidos"







Un tramo de la nota de Gaby Cruz en el Colectivo La Palta

"Un tipo que se fue demasiado temprano

Roberto contó todo lo que recordaba de aquel sábado en que fue al lugar donde Germán prestaba el servicio militar. Habló de los días siguientes, de los años siguientes. Pero también se refirió a los años anteriores. Contó que su familia era muy católica, que el interés por el otro, la solidaridad, la habían aprendido en aquella Iglesia que con el tiempo fue ‘metamorfoseándose’. “Durante la dictadura la Iglesia empezó a decir que había que ‘aceptar’ la voluntad de Dios. Como si la voluntad de Dios hubiera sido eso”, reflexionó refiriéndose a los delitos cometidos por aquel Estado.
Una de las cosas que más le había llamado la atención a la familia Cantos fue que a Germán no le correspondía realizar el servicio militar. “Había sacado el número 009. Era número bajo”, recordaron los hermanos. Para mayor sorpresa fue incorporado tiempo después al correspondiente. Esas irregularidades había llamado la atención de la familia que consultó a Carlos Jensen, ex gobernador de facto. Jensen les había asegurado que en ningún lugar estaría más seguro que en el Batallón de Ingenieros 141. El lugar donde sus padres y sus hermanos lo vieron por última vez.
“La figura del desaparecido es una instancia perversa”, aseguró Roberto. “Eso puesto en el fondo del corazón de una madre se acerca bastante al infierno”, añadió. Esa madre que nunca más volvió a perder la tristeza en sus ojos, según recordó Angelines.
“Ese era Germán”, concluyó Roberto cuando describió a su hermano mayor. El que cantaba aún en los momentos de mayor oscuridad, como lo recordara más tarde la última testigo de la jornada. El que tenía una profunda inquietud espiritual e intelectual, como insistiera el mismo Roberto. “Un tipo que se fue demasiado temprano”, lamentó el hermano que lo miraba con admiración y al que le dedicó un poema.
"¿Dónde andará sonando todavía? ¿Cuál corazón cuáles latidos?", empieza preguntándose ese poema al que puso por título "La última canción, ¿cuál habrá sido?". *
Una generación desaparecida

Cada vez que se piensa en los años setenta es casi inevitable pensar en los jóvenes desaparecidos. En las utopías y los sueños desgarrados a fuerza de torturas y muertes. “De los 14 compañeros que empezaron su militancia social en el colegio, por lo menos 11 están hoy desaparecidos”, dijo Luis Garay. Luis era compañero de Germán desde el secundario.  Allí, según recordó, empezó su interés por las personas que sufrían privaciones. Eso que él llamó ‘militancia social’ se profundizó cuando en la universidad empezaron a participar en la militancia más política y politizada. Desde entonces las persecuciones no cesaron hasta que todos ellos fueron detenidos y la mayoría fueron desaparecidos. 11 de los 14. Una relación numérica que da cuenta que cuando se habla de ‘generación diezmada’, no se exagera.
Mario Giribaldi es uno de aquellos jóvenes desaparecidos. Mario había estado detenido en el Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionara en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. En octubre de 1976 fue nuevamente trasladado a Santiago del Estero. Allí pudo conversar con Luis Garay que se encontraba detenido y el viernes fue uno de los cuatro testigos que declaró. En esa oportunidad le contó que en los interrogatorios le preguntaban por Germán Cantos. “Antes de la incorporación de Germán al Batallón, ya se preguntaba por él”, aseguró Garay ante el tribunal.
Germán y sus primos Anabel y Luis Antonio habían compartido la militancia durante el secundario, habían vivido en Tucumán. Los tres permanecen desaparecidos. Los tres fueron vistos en el ex CCD del ‘Arsenal’. “Nosotros sabíamos que Tucumán era el destino final de aquellas personas que eran consideradas peligrosas o a las que se creía que se les podía sacar más información”, aseguró Garay y de alguna manera respondió a la pregunta de por qué estos santiagueños, como tantos otros, fueron trasladados y vistos por última vez en el 'Arsenal'. O como lo llaman todos los que sobrevivieron a ese lugar: el infierno.
Una víctima, un imputado, una defensa que cuestiona testigos

“Una vida es un juicio universal”, dijo Julia Aignasse, la abogada que junto a Inés Lugones y Pedro Orieta representan la querella de la familia Cantos. Con esta aseveración concluyó una reflexión respecto a la importancia de este juicio en el que se juzga un solo imputado por una sola víctima.
Esa víctima es Germán Cantos, tenía 21 años cuando ingresó a cumplir el servicio militar. Era santiagueño y la última vez que lo vieron fue en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. María Cristina Román de Fiad es una de las sobrevivientes de aquel infierno que pudo hablar con él. “Cantaba a pesar del horror que vivíamos”, recordó la testigo que declaró también el año pasado en la megacausa. “Yo no sé de dónde sacaba fuerzas para cantar”, dijo la mujer como pensando en voz alta.
“Hablé con él, le pregunté si era Germán Cantos al que lo había hecho secuestrar D’ Amico”, contó la testigo. “Sí, ese hijo de puta”, recordó que le había contestado Cantos. Los defensores no dudaron en señalar que la señora Román de Fiad había cometido falso testimonio. “No mencionó a D’ Amico en (la megacausa) Arsenales. O lo creó ahora, o lo calló en aquel momento”, argumentó Adolfo Bertini que junto a Vanessa Lucero representan la defensa oficial. María Cristina le explicó al tribunal que cuando declaró en la megacausa Jefatura II Arsenales lo había hecho por los casos Sánchez y Díaz y que no le habían preguntado por Cantos.
Con el mismo ímpetu la defensa intentó anular la declaración de Luis Garay y con ello impedir que se cite a un nuevo testigo. Lo que sucedió fue que Garay contó a la audiencia que hace un par de semanas un ex conscripto se acercó y le aseguró haber visto el domingo 5 de setiembre de 1976 a Germán (a la familia se le dijo que Germán había salido de franco el 3 de setiembre). Que estaba vestido de civil en las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate 141, que le había comentado que hacía tres días que estaba allí y no lo dejaban salir porque estaban averiguando sus antecedentes. La fiscalía pidió que este nuevo testigo (cuyo nombre se preserva hasta que se produzca su declaración) sea citado e incorporado como prueba testimonial. 
La próxima audiencia será el viernes 8 de agosto. Para entonces se espera continuar con las últimas declaraciones testimoniales. Los familiares, amigos, afectos que acompañan cada audiencia, de alguna manera se hacen eco de las palabras de María de los Ángeles Petra Cantos. O Angelines, como ella prefiere ser llamada. “Lo que nosotros venimos a buscar es un poco de verdad. Echar luz a tanta oscuridad y que, a partir de la verdad, se haga justicia”.
*Se reproduce a continuación el poema escrito por Roberto Cantos para su hermano Germán:
La última canción, ¿Cuál habrá sido?
¿Dónde andará sonando todavía? 
¿Cuál corazón, cuáles latidos?
¿Se conmovieron con la melodía?
¿Qué será de mezclar
la canción con el gemido?
No hay poema para el grito.
Cantar para volver a ser aquel que no será,
cantar para volver a esos lugares sin dolor.
Cantar para salir por un segundo del infierno
Cantar para nacer y renacer,
y renacer.
Canción, caricia sobre la llaga.
Canción, dormir en el sollozo.
Canción de perfumar el abandono
Por la hendija la luz
Por la luz el amor
Y el dolor…
Y el desamor.

El juez federal Fernando Poviña proceso al ex juez federal Lona por encubrimiento en el caso del gobernador Ragone




Salta: el ex juez Lona fue procesado por encubrimiento en el caso del gobernador Ragone

El juez Fernando Poviña procesó al ex juez salteño de la dictadura por encubrimiento y prevaricato, por las graves falencias en la investigación judicial del secuestro de Ragone, del homicidio de un comerciante que salió en su defensa y de las heridas a una testigo. Consideró que se trata de crímenes de lesa humanidad y lo embargó por 500 mil pesos.

El juez Federal Fernando Poviña procesó al ex juez Federal de Salta, Ricardo Lona, por considerarlo responsable de encubrimiento y prevaricato en el caso del secuestro y desaparición del ex gobernador de esa provincia, Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976, y el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las heridas a Margarita Martínez de Leal, ambos testigos de los hechos.
Poviña dispuso que Lona continúe en libertad, aunque con la prohibición de salir del país, y le trabó un embargo sobre sus bienes en 500 mil pesos. El juez consideró que los delitos que se le imputan a Lona "son conexos" porque "mantienen un vínculo directo con el crimen principal" que afectó a las víctimas y que, por tanto, resultan imprescriptibles.
El fiscal Federal Horacio Azzolín adelantó a Fiscales que está analizando recurrir la calificación legal, pero se manifestó "conforme con la decisión del juez de sujetar a proceso al imputado". Para la Fiscalía, Lona intervino "en colaboración" con lo autores de los hechos, para quienes se constituyó en "una garantía de impunidad", y no fue encubridor sino un autor principal.
El médico Ragone, por entonces ya ex gobernador de la provincia, fue interceptado alrededor de las 8:00 del 11 de marzo cuando conducía su Peugeot 504 poco después de dejar su casa. Los captores abordaron su automóvil, lo inmovilizaron y luego, desvanecido, lo tiraron en la parte posterior del vehículo. Mientras todo ocurría, la empleada de comercio Margarita Martinez y el comerciante Santiago Arredes, propietario de un almacen, salieron a la calle para ver qué ocurría. Arredes, incluso, salió en defensa de Ragone. Pero los captores dispararon contra ambos: mataron a Arredes e hirieron a Martínez.
Entre otras graves falencias de su investigación, Lona no tomó declaración testimonial a la sobreviviente y testigo, Margarita Martínez; llevó a cabo "medidas contrarias al esclarecimiento de los hechos", como la entrega del cadáver de Arredes sin la previa realización de la autopsia, y dispuso el sobreseimiento provisional de la causa el 31 de mayo de 1976 "sin ordenar ninguna medida de prueba en el proceso", apenas doce días después de haber recibido la causa en el juzgado. En ese contexto, Lona calificó los hechos en el marco de la ley 20840, denominada "antisubversiva", a partir de lo cual se declaró competente por tratarse de un caso federal, "cuando de las constancias de la causa no existían antecedentes para considerar la posible comisión de actividades subversivas" por parte de las víctimas, indicó Poviña, en una resolución de 103 carillas.
Sin concretar ninguna medida de prueba, Lona se excusó de seguir interviniendo en la causa el 17 de noviembre de 1986. En otro expediente, Lona declaró "legalmente muerto" a Ragone y tomó como "fecha cierta de su fallecimiento" el 11 de marzo de 1976.
La resolución de Poviña llega tras la indagatoria que le tomó a Lona el 27 de febrero pasado. En la ocasión de ejercer su defensa, el imputado se negó a declarar y presentó un escrito en su descargo.
En el procesamiento, el juez ponderó que durante la investigación del caso Ragone "Lona optó por convalidar de una manera general y sin mayor análisis, los presupuestos fácticos contenidos en el sumario de instrucción íntegramente elaborado por policías con declaraciones de los funcionarios policiales actuantes como testigos del sumario de instrucción, y sus propios subalternos como testigos de actuación".
Al respecto, valoró que de parte de Lona "hubiese bastado un mínimo control judicial de razonabilidad y proporcionalidad para redirigir la investigación hacia una hipótesis delictiva más reflexiva". Y, en ese sentido, Poviña resaltó que al decretar el sobreseimiento provisional, Lona utilizó la fómula "hasta tanto sean habidos él o los autores", cuando estaba claro que en el hecho habían actuado al menos entre tres y cuatro personas. "El cliché utilizado por Lona para suspender la investigación, sugeriría que ni siquiera leyó el sumario", indicó el juez.
Entre otras irregularidades, Poviña destacó que el subcomisario Felipe Calpanchay declaró el 12 de marzo de 1976 que la policía había concretado los "allanamientos hasta el momento de 200 domilicios por orden de la superioridad", mientras que en la causa no constaba que Lona hubiera "ordenado tales medidas o supervisado siquiera en algún momento el cumplimiento de la legalidad de tales procederes".
"Tampoco consta que haya requerido las explicaciones del caso a las autoridades policiales que llevaron a cabo las medidas (léase: “la superioridad”), ni requirió copias de las actas de allanamiento de domicilio, o de los otros numerosos procedimientos de requisa y rastrillaje, que con tanta liviandad la Policía de Salta hizo constar en las actuaciones administrativas", indicó.
La misma actitud tuvo Lona, describió Poviña, frente al allanamiento a la casa del encargado de la finca de Ragone, los operativos rastrillaje con "revisación casa por casa" en La Viña, las inspecciones de salas y casas en la localidad de El Carril "tendientes a ubicar refugios de extremistas" y las "requisas domiciliarias" en Campo Quijano, donde se detuvo a una persona por "posesión de diversos ejemplares de ideología comunista".
"Todo lo anteriormente descrito da a suponer que en aquel momento era un normal proceder la realización de múltiples detenciones y allanamientos de domicilio por parte de la Policía provincial con el pretexto de la búsqueda de delincuentes subversivos, sin que eso logre llamar la atención de las autoridades judiciales, en este caso, del único juez federal de Salta en ese momento", valoró Poviña.
Por otro lado, enumeró el juez Federal, Lona tampoco solicitó información a la justicia de Santiago del Estero, que investigaba hechos conexos, ni la colaboración de otras fuerzas para la realización de peritajes, ni convocó a los dueños de los vehículos robados que fueron utilizados en el procedimiento y ni siquiera buscó elementos para fundar la competencia federal que se arrogó para tomar la investigación.
En su descargo Lona había dicho que por entonces "no era posible saber que la policía actuaba en forma contraria a derecho, ocultaba información a las autoridades o incumplía medidas judiciales". Al respecto, Poviña remarcó que el ex juez no reabrió el sumario ni aún después de 1977, cuando dispuso la liberación de presos políticos a raíz de acciones de habeas corpus en otros casos y esas órdenes no fueron cumplidas por las fuerzas de seguridad.
"Con tales actitudes existían razones más que suficientes para sospechar acerca de actividades que podrían estar llevando a cabo las fuerzas de seguridad por fuera de la ley y, por lo tanto, hubiese correspondido merituar la reapertura del sumario de investigación y el dictado de nuevas medidas de prueba", aseguró en su resolución.
El juez también puso de relieve que Lona alegó en su defensa que la hipótesis investigada era un atentado de Montoneros contra Ragone. Se basó sólo en la aparición días después de un panfleto anónimo que le atribuía el hecho a aquella organización. En ese sentido, Poviña indicó que "tampoco surgen claros los motivos por los cuales omitió investigar las actividades o preferencias políticas que pudiera haber tenido Santiago Arredes, o en su caso, si la muerte de éste fue en venganza o represalia por las actividades represivas que pudiera haber realizado su hermano Roberto Arredes, en ese momento con alta jerarquía en la fuerza policial, en contra de 'Montoneros' o en contra de las facciones armadas de algún otro grupo político perseguido".
En este contexto, Lona también se conformó con el informe del perito dactiloscópico, que indicó "no haber hallado nada de utilidad a pesar de haber realizado numerosas inspecciones oculares en el lugar de abandono del automóvil" en el que se movieron los perpetradores. El vehículo había quedado abandonado en inmediaciones de la Ruta 9, a la altura de la localidad de Cerrillos, y el perito pudo revisarlo entre 30 y 45 minutos después de ocurridos los hechos, según consta en el acta. Poviña recordó que los captores se movieron en autos que habían sido robados hacía más de tres días y que eso hacía "impensable" que no hubieran "dejado manchas, cabellos, restos de comida o basura". Lona, prosiguió Poviña, "no ordenó la realización de una nueva pericia, ni pidió explicaciones o sugerencias para realizar nuevas medidas".
Pero no obstante la enumeración de todos estos elementos, para Poviña Lona no fue partícipe de los crímenes, tal la imputación de la Fiscalía, sino de encubrimiento. El juez valoró que la muerte de Arredes, hermano de un alto jefe policial, hace "conjeturar con alto grado de probabilidad que muy pocas personas dentro de la fuerza conocían con precisión los detalles del hecho antes de que éste se produzca" y que por eso era "dable suponer" que "Lona tampoco estaba al tanto de tales intenciones". Si no fuera así, indicó Poviña, "no hubiese habido necesidad de que el comisario intervinienente vaya al despacho del juez para transmitirle personalmente lo sucedido y lo lleve al lugar de los hechos".
Poviña es juez federal de Tucumán pero tiene a su cargo en Salta las tres causas seguidas a Lona, en carácter de juez subrogante. Los otros dos expedientes en donde se analiza la responsabilidad del ex juez Federal son el emblemático de la Masacre de Las Palomitas y otro -recientemente acumulado- en el que se intenta dilucidar su participación en 14 hechos de encubrimiento y violación a los deberes de funcionario público.