miércoles, 12 de mayo de 2010


La verdad sobre Gabriel


09-05-2010 /
Usted está aquí para prestar declaración sobre la muerte de Gabriel Diego Galíndez. ¿Jura o promete decir la verdad en todo cuanto manifieste y le fuere preguntado?”, me dice el juez. Es miércoles a mediodía y llueve en La Plata. Hace apenas cinco minutos terminé de fumar el último cigarrillo de la espera en el enorme balcón del primer piso del antiguo Hotel Provincial, transformado en sede de la Cámara Federal de Apelaciones. Ahora, en una sala en la que aún no se han borrado todas las huellas de viejos lujos, miro hacia el estrado donde hay dos jueces y una secretaria; enfrente hay un fiscal y, a mi lado –la Justicia así lo dispone–, un defensor oficial que no me habla. Es el escenario de un juicio por la verdad y estoy ahí para declarar lo que sé sobre la desaparición y muerte de Carlos, es decir de Gabriel Galíndez. Soy un testigo y, como tal, me preguntan si juro o prometo decir toda la verdad. Sí, contesto.
Trato de recuperar los hechos, de ser todo lo preciso que me permiten 33 años de distancia. Tal vez por eso –pienso mientras empiezo a contar– un día del resto de mi vida decidí meterme a cronista, tal vez para esto. Para contar que a Gabriel lo secuestraron una tarde de mayo de 1977, en los días previos al 25, en un departamento, el primero del pasillo, de la calle 16 entre 66 y 67, cerca del Hospital de Niños, en La Plata. Que llegaron en camiones del ejército y que hubo un tiroteo y que Gabriel, finalmente, se entregó. ¿Usted fue testigo presencial?, me pregunta uno de los jueces. Pienso, pero no le digo, que si hubiera estado allí, ese día a esa hora y en ese lugar, difícilmente podría estar aquí ahora. Le digo, en cambio, que no, que lo sé por una compañera que vio desde lejos el operativo y habló con los vecinos, y que uno de ellos –un señor mayor– le dijo que había habido un tiroteo y que se habían llevado a un rubiecito que había salido con las manos en alto; que lo sacaron a empujones y lo subieron a un camión. ¿Y cómo sabe que se trataba de Gabriel Galíndez?, me pregunta uno de los jueces, el otro. Porque esa casa –le explico– la conocíamos solamente cuatro. Que el Tano era alto, de bigotes y pelo bien oscuro; que el Negro era la imagen que su apodo indicaba, y que yo, bueno, yo, como puede ver, estoy acá. Así que era Carlos, le digo. ¿Carlos?, me pregunta el mismo juez. Sí, Carlos. ¿Cuando habla de Carlos está hablando de Gabriel Galíndez?, insiste, supongo que para que quede asentado con claridad.
Yo conocí a Carlos. A Gabriel Galíndez no. Hasta hace muy poco –si se tiene en cuenta que pasaron 33 años–, no supe que Carlos se llamaba Gabriel. Aunque militáramos juntos durante más de un año. O precisamente por eso. Él nunca llegó a saber mi nombre. Nos llevábamos bien y mal. Nos gustaban los Beatles y la música barroca –a él, sobre todo, los conciertos para flauta–; y los dos éramos hinchas de Estudiantes de La Plata, pero a la cancha fuimos irresponsablemente juntos una sola vez. Esa tarde el Pincha perdió. En esas cosas nos llevábamos bien. En otras chocábamos duro, como sólo pueden chocar dos jóvenes de 20 años que se enfrentan, cómo sólo podían discutir un ex boy scout proletarizado y un egresado del Colegio Nacional que, aun cavando zanjas para un contratista de Gas del Estado, no podía renunciar a sus aires de librepensador. Lo recuerdo rojo de furia –tan rojo que se le borraban las pecas–, con los puños cerrados, gritándome en medio de una reunión. Corrían las últimos meses de 1976 y él leía –para después discutirlo– un editorial de El Combatiente con una voz alta que, dadas las circunstancias, era poco más que un susurro. “El sendero revolucionario, iluminado por la potente luz del marxismo leninismo...”, venía leyendo. “Por cómo nos va, parece que ilumina como una bombita de 40”, lo interrumpí. Me guardo lo que siguió.
Sí, Carlos era Gabriel Galíndez, le digo al juez. Carlos era un nombre de guerra, entonces, me dice. Sí, digo yo. ¿A qué organización pertenecían?, pregunta el mismo juez. Para que quede asentado. Militábamos en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y cumplíamos tareas en la Juventud Guevarista, para que quede asentado, le digo yo. ¿Esa casa era una casa segura?, pregunta el otro juez. En esa época no había ninguna casa segura, le contesto. Lo que se llamaba una “casa segura”..., insiste. Una “casa segura”, sí. Y usted dice que a Gabriel Galíndez se lo llevaron de ese departamento en mayo de 1977... Sí, la semana anterior al 25 de mayo. No puedo precisar la fecha exacta. Porque..., empieza a decir el juez.
Claro, los datos no concuerdan, se contradicen. Y precisamente por eso develan –una vez más, como cada hecho singular– lo siniestro de la lógica sistemática del terrorismo de Estado. Porque la versión que la policía le dio a la familia dice que Gabriel Galíndez murió a mediados de octubre del ’77, en un enfrentamiento en las afueras de La Plata. La madrugada del 16 de octubre, el portero eléctrico sonó, ominoso, en la soledad del departamento de Nora, la madre de Carlos. “Soy un compañero de Gabriel”, dijo una voz de hombre desde la calle, “murió en un enfrentamiento; búsquelo”. Unos días antes, Nora se había entrevistado con un asistente del arzobispo de La Plata, monseñor Plaza, para pedir noticias del paradero de su hijo. La respuesta –qué otra cosa era si no– llegó esa madrugada del 16 de octubre, de una voz que no era la de ningún compañero de Carlos. La peregrinación de Nora por las comisarías platenses terminó –por indicación de la propia policía– en una cochería de la calle 12. Allí, a cambio de una fuerte suma de dinero, se comprometieron a ubicar el cuerpo que todavía seguía secuestrado, desaparecido, ahora a la espera de un rescate. Al día siguiente, la madre y el tío de Gabriel fueron fotografiados e intimidados en el Departamento Central de Policía, antes y después de que pudieran ver finalmente el cadáver, con un balazo en la cabeza. Pesaba 20 kilos menos que la última vez que lo habían visto. Por orden de la Bonaerense, no hubo velatorio y sólo tres personas pudieron asistir al entierro. Todo esto lo contó Carmen, la tía de Gabriel, un rato antes que yo.
Porque a la familia le entregaron el cuerpo en octubre de 1977, termina de decir el juez. Lo secuestraron en mayo, repito. Y, dos días después secuestraron al Negro, a Alberto Farías, en la casa de sus padres, digo también. El Negro sigue desaparecido.
La verdad sobre Gabriel Galíndez, sobre Carlos, sobre su desaparición y su muerte, la conocíamos desde hacía tiempo. Desde que Pedro, uno de sus hermanos, y yo pudimos ensamblar dos hechos: su secuestro en mayo y su asesinato en octubre de 1977. Ahora, 33 años después, la conoce también la Justicia. En el medio quedan el horror y la oscuridad de sus cinco meses de detención ilegal, hasta su ejecución. También siguen ocultos los nombres de sus secuestradores y de sus asesinos, protegidos por las sombras cómplices del terrorismo de Estado que se prolongan hasta hoy. Establecida la verdad, todavía no hay justicia para Gabriel. Afuera sigue siendo miércoles. Y no para de llover.
Fuente: Miradas al Sur

OBISPO HORACIO PONCE DE LEÓN

Este Juez pone obstáculos para que las causas no avancen”
Ana Óberlin
La abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa que investiga la muerte del Obispo Carlos Horacio Ponce de León –Ana Óberlin- se refirió en diálogo con este medio a Villafuerte Ruzo, y una situación sobre Víctor Martínez.

De la Redacción de EL NORTE

Ana Óberlin es la abogada representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la causa que investiga las circunstancias de la muerte de quien fuera Obispo de San Nicolás: Carlos Horacio Ponce de León. También representa a Abuelas de Plaza de Mayo y a víctimas particulares en otros casos locales y no locales. En diálogo con este medio, se refirió a una situación que se dio judicialmente en torno a Víctor Martínez, quien acompañaba al Prelado en el momento del choque de 1977.
“Ocurrió una situación bastante anómala y sorprendente para nosotros. Además de estar constituidas la Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia, se había constituido como querellante Víctor Martínez, en la investigación sobre el episodio en el que el Prelado perdió la vida. Él es víctima en la causa de Ponce de León porque es quien viajaba con el Obispo. El año pasado, el Juez Villafuerte Ruzo decidió, después de haberlo indagado y acusado por falso testimonio en otra causa, apartarlo como querellante. Lo hizo por iniciativa propia, no en respuesta de una solicitud concreta de la defensa. Esta resolución de apartarlo como querellante fue apelada y la Cámara de Rosario resolvió el 29 abril pasado revocar la decisión de Villafuerte Ruzo, diciendo que su apreciación fue incorrecta respecto de que aquí se aplicaría un supuesto excepcional para apartar a los querellantes cuando las personas son acusadas por los mismos delitos o conexos, que no es el caso”, explicó.

Víctor Martínez
“La calidad de víctima de Víctor Martínez en la causa de Ponce de León no debe ser puesta en duda, en todo caso sí lo estará, si así lo considera, la veracidad de sus dichos. Si se determina que ese accidente fue provocado intencionalmente –como nosotros creemos- y que por lo tanto fue fraguado, la única víctima no fue Ponce de León que falleció sino también Víctor Martínez, que viajaba en el mismo vehículo”, marcó.
Al ser consultada sobre el vínculo de Víctor Martínez con el Obispo y las circunstancias del viaje en el que pierde la vida el Prelado, precisó: “Trabajaba con Ponce de León, era una especie de Secretario –por decirlo de alguna manera- y estaban viajando a Buenos Aires, todo lo indica, que a llevar una cierta documentación de algunas denuncias que venía realizando Ponce de León en materia de desaparecidos en lo que era el accionar represivo en esta ciudad. Esa es la hipótesis que se maneja”.

“Altamente llamativo”
La Abogada destacó: “Más allá de esta causa, lo importante es que en términos generales, en todas las que participamos vemos que este Juez es renuente a avanzar en las investigaciones. Utiliza criterios y conceptos que son totalmente opuestos a los que tienen que ser aplicados, dilata de manera excesiva todos los trámites de los procesos. Algunas dilaciones son escandalosas. Este Juez pone obstáculos continuamente para que no avancen estas causas”.
“Por ejemplo, en la causa de la supresión de identidad de Manuel Gonçalvez, hicimos una apelación a una resolución terrible. Es una de las resoluciones más terribles que he leído como abogada, porque los conceptos que vierte, pone en cabeza de los familiares y del mismo Manuel, la responsabilidad por haber sido apropiado. Distorsiona completamente los parámetros comunes y habituales de la lógica incluso, no solamente de lo que tiene que ver con lo jurídico. Hace dos meses y medio que presentamos la apelación, la elevaron dos meses después -cuando es un trámite muy simple- y la elevaron mal porque no estaban notificadas todas las partes. La Cámara volvió a enviar el expediente a Villafuerte Ruzo y esto implicó una dilación inusual de los plazos”, expresó.
Ana Óberlin manifestó: “Es altamente llamativo que en la mayoría de los casos se produzcan estas anomalías”.


ARCHIVOS DE INTELIGENCIA

SE ABRIO INVESTIGACION JUDICIAL SOBRE ARCHIVOS DE INTELIGENCIA

Reutemann y los bomberos

"Hay que determinar si el delito fue en calidad de tentativa, porque no se consumó el resultado", dijo la fiscal que investigaba la denuncia de Patricia Isasa. "También podría caber el encubrimiento", agregó a este diario Colalongo.

Reutemann ordenó a los bomberos a efectuar el retiro de la documentación existente.
Por José Maggi

Los mismos archivos que en 1987 el entonces gobernador José María Vernet decidió conservar en pleno alzamiento carapintada, a pesar de los pedidos del capitán Rondello Barbaresi, responsable de la ex Dirección general de Informaciones, y que el propio Víctor Reviglio también preservó, pudieron haber sido destruidos de cumplirse la orden emanada de puño y letra del entonces gobernador Carlos Reutemann, en enero de 1992. Esta es la primera aseveración que se desprende de la documentación entregada por la denunciante Patricia Isasa, sobreviviente y querellante en la Causa Brusa. La denuncia ya está siendo investigada por la fiscal federal Mabel Colalongo, luego de ser presentada ante Jorge Auat, coordinador de la Unidad de Fiscalización de causas por derechos humanos.

"Esta denuncia señala cómo fue históricamente tratado por los distintos gobiernos santafesinos ese Archivo Intermedio, y el destino que iba a tener", indicó Colalongo. "Entre otras cosas, Isasa presenta decretos firmados por Reutemann sobre el archivo, algunos de los cuales ordenaban retirar la documentación existente la que debía ser entregada a los bomberos, concientes creo del tipo de documentación de la que se trataba. Esto se tiene que confirmar, así como ver quiénes eran las personas que informaban y presentaban la información con la que se redactaba esa documentación, que relataban las detenciones ilegales, que hemos podido verificar con las fotocopias obtenidas luego de un arduo trabajo".

--¿De qué documentación estamos hablando?

-- Hay documentación que da cuenta de procedimientos ilegales y detenciones con nombre y apellido de víctimas de acuerdo al registro de Conadep, que son víctimas del plan sistemático. Hay procedimientos de enfrentamientos fraguados donde mueren víctimas en total estado de indefensión. Hay muchos casos de Rosario, pero también elaboramos un informe sobre Reconquista que ya envié al fiscal federal de esa ciudad, que ya nos agradeció la información. Lo mismo hicimos con Santa Fe- contestó la fiscal.

--De haberse constituido algún tipo de delito en la acción de Reutemann, ¿qué figura penal le cabría?

--Hay muchas cuestiones que revisar, como el tiempo transcurrido desde el decreto y si existen actos que pudiesen haber interrumpido el posible delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, o en su caso un delito especial como la destrucción de pruebas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Hay que determinar si el delito fue en calidad de tentativa, porque no se consumó el resultado. También podría caber el encubrimiento, pero no quiero anticipar nada porque no tengo la información que necesito. En principio la denuncia da cuenta del distinto tratamiento que se le dio durante los sucesivos gobiernos a esta documentación: están los decretos de Vernet y Reviglio conservando esta documental y también está el decreto 77 de Reutemann firmado en enero de 1992, ordenando al entrega a bomberos de esta imformación específica".

El 15 de enero de 1992, Reutemann firmó un decreto que en su artículo primero decía: "Autorizar al Cuerpo de Bomberos de la Provincia a efectuar el retiro de la documentación existente en las manzardas Este y Oeste de la Casa de Gobierno." Exceptuaba esos papeles del decreto 1596/87, que establecía las pautas de conservación de documentos de la administración pública. De esta forma se disponía la destrucción de los partes de la ex Dirección General de Informaciones, que daban cuenta del proceder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura.

josemaggi@pagina12.com.ar

martes, 4 de mayo de 2010

COMO VAN LAS CAUSAS EN EL PAIS

DEMORAS Y DILACIONES EN LOS JUICIOS A REPRESORES

"No hay ningún obstáculo para que en dos o tres años el grueso de las causas tengan juicio y castigo"

El fiscal a cargo del seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad en todo el país, Jorge Auat, cuestionó la "falta de firmeza" de algunos jueces, al permitir a la defensa de los represores utilizar maniobras para "dilatar" los procesos que conducen al juicio oral.



"No hay ningún obstáculo para que en dos o tres años el grueso de las causas tengan juicio y castigo. Si esto no ocurre es porque el sistema judicial falla", dijo Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Auat agregó, en una entrevista con la agencia Télam, que "esa es la preocupación" del Ministerio Público, del cual depende la Unidad, y explicó que "el tiempo perdido es un problema serio en estas causas", debido a la edad de los imputados y también de las víctimas y sus familiares, así como a la alta exposición de los testigos.

Pablo Parenti, quien trabaja con Auat coordinando esa unidad, consideró que el Poder Judicial "debe dar un paso más" y "desarrollar estrategias que eviten demoras", y sostuvo que para ello "hace falta más firmeza por parte de los jueces". Esta firmeza, explicó, se demuestra utilizando las propias facultades del Poder Judicial, como "corrección" o "sanciones" ante "presentaciones manifiestamente improcedentes", lo que constituye -dijo- "un imperativo ético" además de normativo.

Incluso, Parenti recordó recientes declaraciones de integrantes del Poder Judicial en cuanto a que "todo esto no era su responsabilidad sino de otros poderes", y consideró que "ese tipo de expresiones no hacen más que confirmar el discurso de la impunidad".

Lamentó también que el Poder Judicial no haya tenido todavía "el grado de renovación necesaria o saludable" que termine con "características de elite, con poca apertura hacia la sociedad". Argumentó que por este motivo se suma a la "complejidad" que de por sí tienen las causas por violaciones a los derechos humanos otros problemas que denotan "falta de compromiso" con "dar respuestas a la sociedad", como el permitir "la estrategia de dilación que utilizan algunos defensores (privados y oficiales), que tienen un interés directo en que las causas no avancen".

Según coincidieron Auat y Parenti, "los operadores judiciales pueden advertir esta maniobra (recursos procesales como las recusaciones) desde el primer escrito que presenta la defensa". "Es lectura de manual, pero muchas veces en vez de corregirlas algunos jueces permiten que se logre el cometido, es decir que no haya juicios y, por lo tanto, tampoco estado de derecho", dijo Auat.

Frente a esta situación que encuentran en muchas provincias, la Unidad Fiscal contrapone la "estrategia de unificar causas" para "robustecer el proceso" para que reflejen realmente "la magnitud de la represión en Argentina" y no se trate de "juicios raquíticos a una o dos personas y por pocos hechos. Auat citó el caso de la provincia de Tucumán, que pese a ser uno de los epicentros de la represión en el noroeste del país, tiene un sólo juicio con un imputado (juicio por ex senador por el Peronismo Guillermo Vargas Aignasse) que no representa lo que sucedió en Tuc

Date: 21/04/2010 15:25
Subject: Acreditacion juicio al Represor Gregorio Molina. Mar del Plata-



gracias por difundir.

Para ingresar a las audiencias se necesita credencial que otorga el Juzgado.
ACREDITACION PARA EL JUICIO ORAL.
"CAUSA MOLINA"
Atención a los medios periodisticos: se deben acreditar antes del 4 de mayo del 2010, para la cobertura del debate oral.
Los periodistas se tienen que acreditar , en el tribunal oral federal Nº1 de Mar del Plata, Av. Luro 2455. Horario de 8 a 12 hs.Tel 0223-493 6613.
Se debe presentar previamente una nota desde el medio en que se desempeñan dónde conste:
*Nombre y Apellido
* Nºde documento
*Función: radio, prensa escrita, fotógrafo, camarógrafo,etc.
Las credenciales se retirarán el día de la audiencia. Traer el D.N.I. y credencial de periodista.
-Están previstas 7 jornadas de testimonios, más alegatos y sentencia, el horario de comienzo de las audiencias es de 9 hs y declararán cerca de 40 testigos.
Un Abrazo. Marcelo Nuñez
-Para los medios que necesiten colaboración, les paso mi teléfono 0223-156-881698. Cubriré todas las audiencias .

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6 de mayo, juicio al torturador,Gregorio R. MOLINA


El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata fijó para el 6 de mayo la fecha de inicio del segundo juicio oral en aquella ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
Así, los jueces Juan Leopoldo Velázquez,(subrogante TOF Bahía Blanca), Beatriz Torterola subrogante, magistrada jubilada), y Juan Carlos Paris (abogado conjuez), reprogramaron el comienzo del debate tras la anulación de La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal de una resolución anterior del tribunal que había dispuesto la realización del juicio oral para el próximo 6 de julio.
En su fallo, la Cámara afirmó que no estaba debidamente fundada la dilación del comienzo del debate. A su vez, le ordenó al tribunal fijar una nueva fecha “en el más breve plazo”.
De esta manera, a partir del 6 de mayo, el tribunal encabezará el debate en el marco de la causa “Molina”, que investiga la participación del ex suboficial de la Fuerza Aérea, Gregorio Rafael Molina, en los siguientes delitos:
- La muerte, a través de la imposición de tormentos y contando para ello con el concurso premeditado de dos o más personas, de Norberto Centeno y Jorge Roberto Candeloro.
- El haber participado en la privación ilegitima de la libertad y en la aplicación de tormentos y apremios ilegales de 38 víctimas
- Acceder carnalmente en forma reiterada- tres hechos- a una víctima de sexo femenino, a quien tenía bajo su guarda, mediante el empleo de fuerza e intimidación y la imposición de tormentos físicos y psicológicos.
- Haber accedido carnalmente en forma reiterada (dos hechos) y abusando de su calidad de guardia a otra víctima de sexo femenino.
- Haber intentado acceder carnalmente a la victima abusando de su calidad de guardia, habiéndose frustrado tal intento por razones ajenas a su voluntad.

Calificación Legal
-Homicidio Agravado por ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas (2 hechos)

-Privación ilegitima de la libertad agravada por ser perseguidos políticos (38 hechos)

-Imposición de tormentos a los presos agravado por ser estos perseguidos políticos (38 hechos), todos los cuales concurren materialmente entre sí (arts. 45, 55, 80 incs. 2 y 6, 141 y 144 ter del C.P. texto según ley 14.616).

-Autor penalmente responsable del delito de violación, en forma reiterada - tres hechos que concurren materialmente entre sí- ello así por cuanto se ha acreditado que accedió carnalmente a caso 1mediante violencia y valiéndose de su funcíón de guarda (arts. 55 y 122 del C.P). Causa N° 2277: Autor penalmente responsable del delito de violación, en forma reiterada - dos hechos- y violación en grado de tentativa, los tres hechos agravados por la calidad del autor - encargado de la guarda de la víctima - y que concurren materialmente entre sí (arts. 122 - redacción previa a la modificación introducida por Ley 25.087-, 42, 45 y 55 del CPPN) en perjuicio de caso 2
Marcelo Nuñez
fotógrafo
54-0223-156 881698



MEMORIA

ACTO POR LA MEMORIA DE LOS 5.000 COMPAÑEROS REVOLUCIONARIOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS EN EL CENTRO CLANDESTINO DE LA GUARNICION MILITAR CAMPO DE MAYO ANTES Y DESPUES DEL INICIO DE LA DICTADURA MILITAR.
INVITAMOS A PARTICIPAR A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS, POLÍTICAS Y SOCIALES.
EL PUEBLO NO OLVIDA A QUIENES LUCHARON POR UN MUNDO MEJOR PARA TODOS.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS CON LOS ASESINOS Y SUS CÓMPLICES.


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SANTIAGO DEL ESTERO

NN La Justicia Federal hará una inspección ocular en un sitio del departamento Capital
Descubren un nuevo lugar de enterramiento clandestino
Excavaciones. Dentro de poco arribará el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), que realizará exhumaciones de tumbas de presuntas víctimas del terrorismo de Estado, en los cementerios de Pozo Hondo y de la capital.
Los investigadores tienen al menos ubicadas media docena de tumbas con restos de desaparecidos.
La Justicia Federal realizará en los próximos días, una inspección ocular para delimitar el sitio en donde se habrían ocultado al menos un cuerpo de las víctimas del terrorismo de estado, entre los años 1975 y 1983. A pesar del fuerte hermetismo en las autoridades del Juzgado Federal local, EL LIBERAL supo que la búsqueda se hará en un lugar del departamento Capital. Se sospecha del accionar del represor Musa Azar Curi, procesado por más de 100 delitos de lesa humanidad, y de su grupo de tareas.
Pero este no sería el único procedimiento que se realizará en relación a las causas de los enterramientos clandestinos, ya que se espera que dentro de poco, arribe una comisión del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) para la exhumación de tumbas, en principio en los cementerios de Pozo Hondo y el de La Piedad, de la capital.
Así lo señalaron fuentes judiciales a este medio, que recordaron que el juez federal, Guillermo Molinari, había remitido cuatro oficios al Eaaf para realizar exhumaciones con el fin de identificar los restos de personas enterradas en forma clandestina en varios puntos de la provincia. Es que según las denuncias, podrían tratarse de víctimas de la represión militar y de los grupos de tareas locales que comandaba Musa Azar Curi en la provincia, desde el Departamento de Informaciones Policiales (DIP).
En relación al hallazgo del nuevo sitio de enterramiento donde habría NN, las fuentes indicaron que Molinari encabezaría el operativo que tendrá por objetivo señalar y preservar el sector para una posterior investigación de peritos forenses y antropólogos. No hay mayores precisiones de la zona en donde se hará la búsqueda y es tal la reserva de los investigadores, que ni siquiera los grupos de derechos humanos locales conocen el sitio, ni lo que se estaría buscando. Sin embargo, manifestaron que hay varias denuncias por casos tumbas en donde presuntamente habría restos de desaparecidos y que poco se sabe de ello porque hay secreto de sumario.
“Hay varias denuncias que están en danza, pero que no se conoce mucho porque hay un secreto de sumario. Sí sabemos que abarca a distintos puntos de la provincia”, dijo Luis Garay, integrante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Exhumaciones
Por otra parte, las autoridades judiciales federales esperan que pronto arribe el Eaaf para comenzar con las exhumaciones de tumbas, en un principio en los cementerios de Pozo Hondo y de la capital, ya que estarían señalados y acordonados los lugares donde estarían los restos, por parte de la Policía Federal.
En el caso del cementerio La Piedad, se tomó como base la presentación de Luis Garay, director del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero, quien había denunciado la existencia de dos posibles enterramientos clandestinos durante el año 1976. Hay fuertes sospechas de que se trataría de víctimas del grupo de tareas que comandó Musa Azar Curi, tanto en la etapa previa al golpe de estado de 1976, como en la dictadura.
Acerca de la tumba que se quiere exhumar en Pozo Hondo, la Justicia contaría con serios indicios de quién se trataría la víctima, de acuerdo con los testimonios en la causa. La prueba más relevante es la declaración de Serapio Bustos, quien cumplía funciones de policía en el año 75 y que halló el cadáver de un joven en una zona montuosa, horas después de que se observara que el cuerpo era arrojado desde un helicóptero militar.

Los casos que investiga la Justicia
Además de los enterramientos clandestinos de Pozo Hondo y en el cementerio La Piedad, en la capital; la Justicia Federal investiga varias denuncias y que señalan tumbas con restos de desaparecidos en el cementerio de Quimilí, Puerta Chiquita (Guasayán) y en Villa La Punta (Choya). El último caso que se sumó es el de Loreto, adonde se sospecha que el cadáver de un joven ejecutado habría sido arrojado en un pozo de una finca.

-- Fuente: El Liberal

POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS