viernes, 30 de abril de 2010

MARTINEZ DE HOZ




EL PAIS › Nota de tapa
SIN SALIDA
Por Diego Martínez
El juez Oyarbide le prohibió salir del país a José Alfredo Martínez de Hoz. Tras el fallo de la Corte que anuló su indulto, el secretario de Derechos Humanos había pedido la detención del ex ministro de Economía de la dictadura “en una cárcel común para que se lo juzgue por delitos de lesa humanidad”.




EL PAIS › EL EX MINISTRO DE ECONOMIA DE LA ULTIMA DICTADURA JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ NO PUEDE SALIR DEL PAIS
José Mercado quedó varado en la Aduana
El juez Norberto Oyarbide tomó la medida a pedido del secretario de Derechos Humanos, quien también solicitó la detención del ex funcionario y señaló que, luego de que la Corte Suprema anulara el indulto, no había obstáculos para el avance de la causa.
Por Diego Martínez
El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer la prohibición de salir del país de José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura imputado por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, quienes fueron forzados a renegociar desde la cárcel en 1976 un contrato privado con comerciantes de Hong Kong. La medida fue solicitada al mediodía por el titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), Eduardo Luis Duhalde, quien calificó al ex funcionario del gobierno militar entre 1976 y 1981 como “el jefe civil de la dictadura” y solicitó su detención en una cárcel común “para que se lo juzgue por delitos de lesa humanidad”. La decisión de Oyarbide se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto 2745/90 por el que Carlos Menem indultó al ex hombre fuerte de Videla.
En 1988 Martínez de Hoz fue procesado con prisión preventiva, igual que Videla y su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, por orden del juez federal Martín Irurzun, como coautor del delito de secuestro extorsivo reiterado. Estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte al 1100, acompañado, entre otros, por el general Carlos Suárez Mason. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó la detención de los Gutheim, y dispuso liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su actuación, sino porque a diferencia de los uniformados no dejó sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como afirmó el miércoles en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.
Titular de la textil Sadeco, Federico Gutheim consiguió en abril de 1976 un cupo de exportación por 6500 toneladas de fibra de algodón. Luego de obtener los avales bancarios y la apertura de cartas de crédito por doce millones de dólares, la dictadura le denegó el permiso para concretar la operación. El 5 de noviembre de 1976, luego de que Martínez de Hoz recibiera en Hong Kong quejas de comerciantes chinos y británicos contra Sadeco por el incumplimiento del contrato, los hombres de negocios fueron detenidos. Según el decreto 2840 de Videla y Harguindeguy su actividad atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público.
Ya en la cárcel, un funcionario de Interior les dio a entender que su libertad dependía de la renegociación de los contratos con Hong Kong. Con ese objetivo fueron sacados en cuatro oportunidades, tal como consta en las actas ratificadas por el escribano Félix Oks. Las reuniones se desarrollaron en oficinas de Sadeco con la presencia de policías y de representantes de varias firmas extranjeras que llegaron al país invitados por Economía. También participaron funcionarios de Comercio Exterior como Agustín Jaime Pazos y Horacio Rodolfo Vega. Fueron liberados cinco meses después, el 6 de abril de 1977, por decreto 949/77, según el cual las causales invocadas habían desaparecido.
Los camaristas consideraron en 1988 que “no se imputó jamás (a los Gutheim) actividad alguna que pueda vincularse con el decreto que impuso el estado de sitio”. Sostuvieron que “las víctimas no solicitaron esas entrevistas y se prestaron a ellas porque estaban privadas de su libertad, siendo conducidas a las reuniones bajo custodia policial y reintegradas a la cárcel, siguiendo en la misma condición de presos, lo que permite presumir fundadamente el carácter extorsivo de las detenciones”.
Pese a que fuentes oficiales habían comunicado al periodismo que las detenciones se produjeron a instancias del Ministerio de Economía, que Martínez de Hoz admitió que fue impuesto del tema en Hong Kong por el cónsul argentino y que el prontuario de los Gutheim en la Policía Federal admitía que fueron arrestados “por irregularidades cometidas en trámites de exportación de algodón”, la Cámara consideró que según las exigencias del viejo Código de Procedimientos Penales los indicios eran insuficientes para mantenerlo detenido, ordenó su liberación y la continuidad de la investigación. La impunidad fue obra de Carlos Menem.
El mismo día que la Corte anuló el indulto, Martínez de Hoz dijo ser víctima de “una persecución interminable” del gobierno nacional. “Diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo”, sostuvo, e incluyó a la Justicia federal y a la Corte Suprema, que “con escasas y honrosas excepciones han sido funcionales a estos objetivos”. También renegó de su inclusión entre los indultados por Menem. Fue “un indulto que no pedí ni me benefició, ya que se me había desvinculado expresamente de los hechos investigados”, confundió.
“No existen obstáculos para el avance de la causa”, consideró ayer Duhalde en referencia a la decisión del alto tribunal, que con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni declaró inconstitucionales los indultos. Consultado sobre la solicitada, sostuvo que “lo que diga Martínez de Hoz sobre su defensa no altera la causa” y expresó su confianza en que Oyarbide “pueda disponer la próxima semana las medidas solicitadas”. “La gravedad de las imputaciones, el carácter de crímenes de lesa humanidad y la extensión de la pena a aplicar justifican la detención y su alojamiento en un establecimiento penitenciario común”, concluyó el secretario de Derechos Humanos.
EL PAIS › CINCO ECONOMISTAS EXPLICAN A JOE
Un cuadro del poder concentrado
Quién fue Martínez de Hoz. Cuáles fueron los objetivos de su plan económico. Su necesario vínculo con el aparato represivo clandestino. La importancia de que esté cerca de terminar en prisión.
Mario Rapoport *
“Beneficio personal y delitos económicos”
“La principal herencia de Martínez de Hoz fue un modelo económico que intentó suprimir el aparato productivo existente en la Argentina e instalar sobre él un modelo de tipo financiero-agroexportador. Este proceso terminó perjudicando al país en general y a los sectores trabajadores en particular. Cabe destacar que los delitos de Martínez de Hoz no se reducen solamente al secuestro de este empresario sino también a la nacionalización dolosa de la Italo –que estaba casi en la quiebra– y la supresión del impuesto a la renta familiar. Es decir que en su paso por el Ministerio de Economía se combinan medidas relacionadas con el beneficio personal y con otros delitos económicos más generales, como la clase de endeudamiento externo que determinó y probó el juez Jorge Ballesteros. Martínez de Hoz le robó al país y a su gente. Son varios los delitos”.
* Economista e historiador.
Ricardo Aronskind *
“Exitoso en subdesarrollar al país”
“Si bien el Proceso fracasó políticamente, tuvo éxito desde el punto de vista de ciertas transformaciones estructurales en la economía argentina. La reorganización económica impuesta por la dictadura tiñó las siguientes décadas en democracia. En ese sentido, Martínez de Hoz fue exitoso en subdesarrollar al país, mientras que la democracia se mostró relativamente impotente para ir removiendo ese legado marcado por la dependencia. El dato central fue que la responsabilidad por el Proceso se centró en los militares –siendo que fue una dictadura cívico-militar– con una presencia muy significativa de las corporaciones empresarias. Por eso me parece positivo que la sociedad –aunque sea tarde, o de una forma muy personalizada– observe los elementos económicos que formaron parte del proceso militar. Es un aprendizaje ciudadano que hasta ahora no se había hecho. La impunidad conseguida por Martínez de Hoz y por quienes lo apoyaron tuvo un lugar relevante en el endeudamiento externo y la presencia del Fondo Monetario Internacional, que incluso obligó a que se disolviera la Comisión Investigadora de la Deuda Externa. En ese sentido, uno de los legados centrales de Martínez de Hoz resultó ser una deuda que aun hoy nos sigue afectando y condicionando, junto con toda la estructura del sistema financiero argentino que no le sirve al desarrollo nacional. Sería bueno seguir avanzando en la remoción de todo ese legado institucional y cultural que dejó la pata económico-financiera del Proceso”.
* Economista UNGS-UBA.
Guillermo Wierzba *
“Un intelectual orgánico”
“Me parece muy relevante que se esté buscando someter a juicio a los civiles que participaron del proyecto militar como intelectuales orgánicos. Ellos ejecutaron las cuestiones centrales de una política aplicada en el marco del terrorismo de Estado, causa necesaria para implantar el modelo financiero en nuestro país. De todos los cuadros del poder concentrado en la Argentina, Martínez de Hoz fue más emblemático, el más encumbrado civil en participar de aquel proyecto. Incluso había dirigido el Consejo Empresario Argentino que conspiró para realizar el golpe. Lo que debemos recordar es que los militares y las Fuerzas Armadas fueron el brazo de ejecución de un poder que se aplicó sobre toda la sociedad: una brutal política de disminución salarial y un plan de revancha contra los trabajadores, que implicó no sólo la violación de los derechos humanos, sino además un retroceso muy fuerte en términos de derechos sociales conquistados. Después aparecen otros elementos, como la liberalización financiera, la apertura comercial y la sobrevaloración cambiaria, que conformaron un paquete de políticas que desarticularon el aparato productivo instalado durante el proceso de sustitución de importaciones, proceso que culminaría en la década del ’90 y que hubiese sido imposible de desplegar de no ser por el terrorismo de Estado. Por último, la liberalización financiera impulsada por Martínez de Hoz fue un instrumento clave en el fenomenal aumento de la actual deuda externa, que tuvo su origen en la dictadura”.
* Economista, director de Cefid-Ar.
Jorge Gaggero *
“El programa del establishment”
“Para ser justos, hay que recordar que hubo un primer intento de imponer un modelo con lineamientos muy semejantes a los de la dictadura en la fase final del gobierno de Isabel Perón, con el llamado Rodrigazo. Esto fracasa de alguna manera por razones políticas –principalmente por la oposición de la CGT, que reclamaba un regreso al modelo de Perón–, pero es un programa que anticipaba claramente lo que luego ocurriría. La paradoja es que durante los breves meses que duró el experimento de Celestino Rodrigo, Martínez de Hoz definía en paralelo su plan, que los militares aceptaron sin chistar. En este último período del gobierno de Isabel fui testigo de la derrota del Rodrigazo luego de un intento de los mismos sectores económicos –operadores del sector financiero, principalmente– de derivarle el plan a la CGT. Ellos organizaron un encuentro en la sala de reuniones de la central obrera, a la que yo asistí, donde expusieron los lineamientos del programa en términos de ‘tómenlo, es la única alternativa’. Un plan que fue, punto por punto, el mismo de Martínez de Hoz. En ese momento no tuvo consecuencia alguna, pero tuvo éxito en ir generando unas condiciones político-sociales de confrontación que allanaron el campo para el más fácil triunfo de las fuerzas golpistas. La contracara de esto es que a partir del golpe militar, en marzo del ’76, se crean las condiciones de posibilidad para imponer ese programa económico. Por eso y para evitar obviedades, me parece importante resaltar que fue un proceso complejo y que el programa del establishment ya se había intentado imponer bajo un gobierno popular”.
* Economista.
Andrés Asiain *
“Indispensable para la Junta Militar”
“El modelo económico instalado por Martínez de Hoz fue una parte indispensable del proyecto de la Junta Militar en sus objetivos políticos de terminar con la participación de los sectores populares en la política del país. Su modelo de acumulación de capital disminuyó el peso de la industria, y con ello redujo el poder sindical y el de los trabajadores, que había sido uno de los componentes estructurales que habían llevado a los trabajadores al centro de la toma de decisiones políticas en la Argentina. El plan también estableció un sistema financiero abierto a los mercados mundiales que generó una pérdida en la toma de decisiones por parte del gobierno y una transferencia de ese poder hacia los principales actores financieros con lazos con el establishment local. Estos dos conjuntos conforman el proyecto económico de Martínez de Hoz. Me parece de suma importancia que ahora se esté juzgando a la pata económica de aquel proceso, ya que pone en claro que la dictadura no fue apenas una locura, sino que los militares fueron la mano de obra para la instalación de un proyecto de país. En este contexto, Martínez de Hoz, por sus vínculos internacionales –con el grupo Rockefeller– y locales –empresariales, agrarios– representa el arquetipo ideal de esta confluencia de intereses”.
* Profesor e investigador de la FCE-UBA y Conicet.
Producción: Federico Poore.
Fuente: Pagina 12

MADRES DE PLAZA DE MAYO



La despedida de una Madre
Lidia Esther Anselmi de Díaz, integrante de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, murió ayer a los 87 años. La mujer falleció en La Plata, donde su cuerpo será velado hasta hoy. A las 9, según informó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, se realizará el sepelio en el cementerio de la capital bonaerense.
Anselmi de Díaz era la madre de Ricardo Antonio, quien fue secuestrado el 7 de febrero de 1977 por la última dictadura. La desaparición de Ricardo fue investigada por el juez español Baltasar Garzón en las causas abiertas contra los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo y otros militares involucrados en el terrorismo de Estado en Argentina. Lidia Díaz declaró en dos oportunidades en el Juicio por la Verdad, que lleva adelante la Cámara Federal de La Plata. “Más que saber dónde está mi hijo, quisiera que estuvieran en la cárcel los que tienen que estar”, dijo la mujer en ese momento. Según diferentes testimonios de ex detenidos desaparecidos, Ricardo Díaz estuvo detenido en la Brigada de Investigaciones de La Plata

EL PAIS › ANIVERSARIO DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO
Homenaje en la Legislatura porteña
Las Madres de Plaza de Mayo en la Legislatura.
La Legislatura porteña aprobó un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo por sus 33 años de lucha. La iniciativa del bloque de Proyecto Sur fue aprobada en el recinto, con la presencia de Madres de Línea Fundadora en las bandejas. Los legisladores votaron esa propuesta cuando se cumplen 33 años de la primera ronda a la Pirámide de Mayo que dieron las madres en reclamo de la aparición de sus hijos.
En nombre del bloque de Proyecto Sur habló Delia Bisutti, quien estuvo secuestrada. “Estas madres pasaron muchas luchas y fueron detenidas en varias oportunidades y, sin embargo, no han claudicado un segundo”, indicó Bisutti. “Desde Proyecto Sur renovamos una vez más el compromiso de lucha junto a las Madres de Plaza de Mayo, por la memoria, la verdad y la justicia en defensa irrestricta de los derechos humanos, valor fundamental para cualquier sistema democrático”, señaló el bloque en un comunicado.
La legisladora kirchnerista Gabriela Alegre, y ex subsecretaria de Derechos Humanos porteña, resaltó que “desde hace treinta y tres años nuestras Madres de Plaza de Mayo tomaron la bandera de sus hijos para hacerla propia, asumieron la lucha por la verdad y la justicia con el pañuelo blanco como símbolo”. “Cuando la dictadura escribía las páginas más trágicas y cínicas de nuestra historia ellas tuvieron el coraje de hacerse voz. Por eso aquel primer reclamo de las Madres de Plaza de Mayo hace 33 años es un ejemplo de coraje, y su continuidad es un ejemplo de persistencia y de compromiso que llega hasta nuestros días”, planteó.
Por su parte, Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, consideró “imprescindible no sólo homenajear a las Madres, sino caminar junto a ellas en este camino de lucha por una sociedad mejor”. La Legislatura hará hoy a las 17.30 un acto de conmemoración, en el que hablarán, además de Alegre, Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Eduardo Jozami, director del Centro Cultural Haroldo Conti que funciona en la ESMA; Paula Maroni, de H.I.J.O.S y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
Fuente: Pagina 12
-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

JUICI PUBLICO DE MADRES A LOS MEDIOS DE LA DICTADURA

Otra cosa son las amenazas anónimas o los actos de violencia. Eso no tiene nada que veEL PAIS

EL “JUICIO POPULAR” DE LA ASOCIACION MADRES DE PLAZA DE MAYO A LA PRENSA EN LA DICTADURA
Entre el archivo y la denuncia
En medio de la polémica por la actuación de la prensa, la Asociación encabezada por Hebe de Bonafini realizó un acto en Plaza de Mayo en el que se “condenó” simbólicamente a medios y periodistas por “traición al pueblo”.
En la Plaza de Mayo se montó el escenario del “juicio” simbólico a medios y periodistas.Imagen: Leandro Teysseire.
Una gigantografía reproducía una tapa de Somos del ’78: Jorge Rafael Videla festejando con los brazos en alto un gol de Argentina en el Mundial, con el título “Un país que cambió”. Otra de La Nación estaba fechada un año antes, en septiembre del ’77. La tapa aseguraba sin pretensión de ser irónica: “Videla y Carter hablaron de democracia y derechos humanos”. Ubicadas una al lado de otra, en la Plaza de Mayo, ayer se pudieron volver a leer varios hitos del periodismo que apoyó al golpe. El Semanario Extra contra la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“¿Qué buscan?”), Gente durante la guerra de Malvinas (y el título “Estamos ganando”). El material de archivo fue parte de la escenografía con la que se realizó, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el “juicio ético y político a los medios durante la dictadura”.
Sobre el escenario montado a un costado de la Pirámide de Mayo se instalaron los escritorios para los “fiscales”, otro para Hebe de Bonafini, que presidió el juicio, y el estrado de los “testigos”. Abajo, en varias hileras de sillas, se sentaron las madres y el público, que hicieron de jurado popular. Antes de llamar al primer testigo, los fiscales recordaron la lista de los medios y periodistas juzgados: los diarios Clarín, La Nación y La Nueva Provincia, las editoriales Perfil y Atlántida, los periodistas Mariano Grondona, Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Vicente Massot, Samuel “Chiche” Gelblung y Máximo Gainza Castro.
“El plan criminal de la dictadura incluyó a un grupo de medios y de personas, cuya tarea fue justificar la represión y contrarrestar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos”, planteó la periodista Claudia Acuña, la primera de los “testigos” en pasar al estrado. Acuña aportó una serie de notas publicadas por la editorial Atlántida, de la familia Vigil. Una de ellas fue una entrevista a Thelma Jara de Cabezas, cautiva y torturada en la ESMA, a quien obligaron a hacer un reportaje para la revista Para Ti. Otro caso similar fue el de la nota “Cómo viven los desertores de la subversión” que Somos publicó en diciembre de 1977, con fotos de un supuesto “centro de rehabilitación para extremistas”. “Mostrar estas fotos conociendo lo que fueron los centros clandestinos de detención da miedo”, apuntó Acuña.
La periodista también recordó cómo José Claudio Escribano se pronunció en favor de la dictadura en 1981, ante la asamblea de la SIP, leyó una editorial en la Máximo Gainza Castro, director de La Prensa, tras sostener que “el éxito obtenido por las Fuerzas Armadas contra la subversión es de pública notoriedad” consideraba sobre la situación del país: “los derechos existen, las garantías constituciones existen”.
El segundo “testigo” fue Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. También periodista, Busso centró su testimonio en cómo la dictadura diseñó un modelo comunicacional propio por medio de la ley de radiodifusión. “Junto con la sanción de la ley de radiodifusión, la dictadura privatizó 66 medios, entre radios y canales de TV”, reseñó. “Este modelo tuvo un correlato en los diarios, con la apropiación de Papel Prensa, el principal proveedor de papel para el sector, empresa que fue entregada a Clarín, La Nación y La Razón.”
Desde el escenario se leyó un escrito enviado por José Pablo Feinmann sobre Mariano Grondona. El texto sacó del archivo una columna que Grondona dedicó a defender, en 1974, a José López Rega, mentor de la Triple A. “Hay hombres cuyo destino es hacer la tarea”, decía el conductor de Hora Clave y actual columnista de La Nación en su columna. Otros de los testigos que participaron en el juicio hablaron también del rol de los editorialistas de la dictadura. El periodista Carlos Rodríguez se refirió por ejemplo a Rolando Hanglin, quien en aquellos años hablaba en contra de “la campaña antiargentina en el exterior”, y del rol que “Chiche” Gelblung tuvo como director de la revista Gente, destacada por sus elogiosos reportajes a Videla y un respaldo que acompañó sin fisuras a todo el Proceso. Antes de terminar su testimonio, Rodríguez mostró los partes que Rodolfo Walsh mandaba desde la agencia Ancla a todas las redacciones. “Ningún periodista que haya trabajado en esa época puede decir que no sabía lo que estaba pasando.”
La ronda de testimonios fue cerrada por Pablo Llonto. El periodista y abogado mostró una foto que registró a Joaquín Morales Solá en un agasajo que el general Antonio Domingo Bussi dio al periodismo tras asumir el control militar de Tucumán. También recordó que actualmente hay un caso abierto a cargo del juez federal Daniel Rafecas en el que se investiga cómo se hizo una nota en la que un periodista de Clarín dice que ingresó a un centro clandestino de detención y entrevistó a detenidos. “El jefe de la sección política del diario en aquel momento era Morales Solá”, apuntó.
Llonto llevó una grabación de un reportaje que Magdalena Ruiz Guiñazú hizo a Videla, en 1977, cuando cubrió un viaje que el dictador hizo a Estados Unidos. “Señor presidente, usted mencionaba la forma distorsionada que en el exterior se presenta nuestra realidad”, se oyó decir a Ruiz Guiñazú.
Los tres fiscales –Sergio Gandolfo, y los periodistas Luis Sarranz y Lucía García– dieron un cierre a la jornada pasando en limpio lo escuchado. “En tiempos en que reina el temor, uno no hace lo que quiere, pero tampoco hace lo que no quiere”, consideraron. Como el juicio popular fue filmado y quedará a disposición del público en la Casa de las Madres, propusieron que se arme, con más material, un archivo de la prensa y los periodistas que actuaron en la dictadura, para las generaciones venideras. “Estoy convencida de que en un tiempo no muy lejano habrá también un juicio a los periodistas que avalaron la tortura”, agregó Bonafini. También anunció que el de ayer no será el último juicio popular: “el próximo va a ser contra los jueces”.
EL PAIS › OPINION
Libertad de expresión y usos políticos Por Luis Bruschtein
Cualquiera puede criticar a Hebe de Bonafini y Hebe de Bonafini también puede criticar a quien le parezca. Se puede estar de acuerdo con Hebe de Bonafini o pensar al revés que ella. Nadie está obligado a coincidir. Todos tienen la posibilidad de responder. Son aclaraciones obvias, casi elementales. Otra más: nadie va a ir preso por el juicio que hizo la Asociación de Madres de Plaza de Mayo; no se trata de un juicio penal que termina con una condena, no es una institución formal de la República. Se trata, y nadie lo oculta porque se hace con ese objetivo, de un acto político. Así lo tomará el público, las personas, la gente y así sacarán sus conclusiones.
Ninguno de los actos de Hebe de Bonafini a favor de los desocupados y piqueteros o de los cientos que ha convocado provocó tanto alboroto. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo ha realizado otros juicios de este tipo, obviamente propagandísticos y políticos, a jueces o abogados y empresarios que colaboraron con la dictadura. Este que le hacen a periodistas no es el primero y, sin embargo, sí es el primero al que se lo escracha tanto públicamente.
La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, controlada por la oposición y cuyo principal mérito es oponerse a la ley de servicios audiovisuales, impulsó el repudio unánime de los diputados al acto de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Periodistas que viven de la libertad de expresión y una comisión legislativa que existe para preservarla, finalmente la terminan repudiando.
Es decir, la libertad de expresión es fantástica siempre que no afecte a los periodistas. En ese caso, la libertad de expresión afectaría a la libertad de expresión y hay que repudiarla. La libertad de expresión no somos los periodistas y menos las empresas que nos dan trabajo. Esa es una pequeñísima parte. Y una parte privilegiada en ese sentido, porque es la que tiene más recursos para expresarse y comunicar.
Esa confusión es peligrosa desde un punto de vista democrático y republicano. Y es más peligroso cuando los confundidos somos los periodistas y las empresas periodísticas. Los periodistas podemos ser criticados por cualquiera, incluso por otros periodistas.
r con la libertad de expresión. No es lo mismo el acto de Hebe de Bonafini que un cartel anónimo. Aunque el contenido sea similar (el cuestionamiento a algunos periodistas), en democracia el significado es totalmente opuesto. Uno es parte de la libertad de expresión (se coincida o no con él), pero lo anónimo y violento atenta contra ella. Por eso se equivocó el dictamen por mayoría de la Comisión de Diputados al mezclar todo. Porque de esa manera se corre el riesgo de montarse en una condena legítima y usarla para reprimir la expresión también legítima de otros ciudadanos con los que ellos disienten. Con lo que se podría llegar a un absurdo: la Comisión de Libertad de Expresión corre el riesgo de terminar coartando la Libertad de Expresión.Fuente: Pagina 12--

miércoles, 28 de abril de 2010

PROCESAN AL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA

El ex militar y profesor de la Universidad Católica de Salta, Martín Rodríguez, quedó procesado y con prisión preventiva en la unidad carcelaria de Marcos Paz, por disposición del juez federal Nº2 de San Martín, Juan Manuel Yalj, que lo investiga en una causa en la que se presentó como querellante la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

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Martín “el toro” Rodríguez, profesor de la Universidad Católica, procesado por represor.

Yalj procesó al ex militar por encontrarlo prima facie responsable de los delitos de privación ilegal de libertad, imposición de tormentos y homicidios en hechos que los testimonios recogidos por el juez situaron en el centro de detención "El Campito".

Contra el ex militar pesa la declaración de Juan José Fernández, que sobrevivió luego de ser arrojado al Río Paraná dentro de un automóvil, en un episodio en el que murió el ex diputado Diego Muñiz Barreto.

Según consigna el expediente de acuerdo a los testimonios recogidos por el juez, Muñiz Barreto y Fernández estuvieron detenidos en Campo de Mayo entre el 18 de febrero y el 6 de marzo de 1977.
En ese tiempo, el propio Rodríguez habría dirigido los interrogatorios, "llevando a cabo para ello simulacros de fusilamientos y aplicación de pasajes de corriente eléctrica en sus cuerpos".

Según el expediente, el ex militar los hacía como "encargado de seguridad que formaba parte de los grupos de inteligencia del centro de detención" denominado "El Campito" y con el sobrenombre de “El toro”.
Además, el juez Yalj consignó en base a los testimonios que en la noche del 5 al 6 de marzo de 1977, Fernández y Muñiz Barreto fueron llevados a una orilla del río Paraná en la provincia de Entre Ríos.

Allí los introdujeron en un Fiat 128 que fue empujado al río. Muñiz Barreto falleció, pero Fernández pudo escapar del auto sumergido.

Luego declaró ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas que mientras estaba detenido también le habían robado 40 mil pesos ley y 400 dólares.
A Rodríguez, además lo complicó una reciente declaración de ex sargento Víctor Ibáñez, que también estuvo en Campo de Mayo y que lo señaló como uno de los responsables de los interrogatorios más feroces en el centro de detención.

El ex profesor de la Católica, en cambio, negó ante el juez cualquier participación en los hechos. Alegó que nunca había sido formado en cuestiones de inteligencia y que nunca participó con grupos de tareas en operativos contra la subversión.
Y argumentó que por entonces cumplía un horario específico porque por entonces cursaba la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Kennedy, donde se recibió en agosto de 1978.

Con ese título ingresó más tarde a la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, durante el rectorado de Patricio Colombo Murúa.

Allí llegó a dirigir la carrera y a estar a cargo de la secretaría técnica de Educación a distancia.
Fuente: Nuevo Diario de Salta
@@@@@@
Yo recibí con orgullo mi diploma de sus manos
Tratarlo ahora de represor duele, es y seguirá siendo el Profe Rodríguez, digan lo que digan. Su caso demuestra que las venas siguen abiertas, aunque lamentablemente la sangre corre en un solo sentido.
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Lunes, 15 de Febrero de 2010. 07:11hs.
Martín Rodríguez no era un profesor más. Sabía ganarse el respeto, cariño y admiración de todos nosotros. Por su dedicación y esfuerzo estaba entre los preferidos.

Muchas de las recientes camadas de comunicadores sociales debemos nuestro título a él porque insistía en que empezáramos y termináramos nuestra tesis y era precisamente él quien guiaba y enseñaba la metodología para avanzar en este trabajo final.

No dudó en abrir las puertas de su casa más de una vez, y presentarnos a su esposa, hijas o nietos, de quienes está orgulloso. La familia, el rugby y el Ejército son sus pasiones, esa que supo transmitirnos a quienes realmente lo apreciamos como docente. Mi caso no es el único que, de alguna u otra manera hayamos visto en él un ejemplo y hayamos decidido servir a la patria integrando las filas del Ejército Argentino, si argentino, porque es de todos, aunque algunos sólo se empeñan en desprestigiarlo. Así fue como no dudé en recibir mi título de licenciado portando el uniforme del Colegio Militar de la Nación, de donde egresé, y tomarme esta foto con alguien que aprecio de corazón.

Llamarlo represor sin haberse confirmado nada aún suena duro. Para quienes lo conocemos causa congoja. Ver esa foto que se publica de él esposado duele y mucho. Pero ojo, yo no reivindico, desconozco o niego lo que pudo haber pasado, no si, nunca habló de ello, pero opino que esto no ayuda en nada.

Pero qué podemos hacer si en este país y sobre estos temas tan sensibles como inconducentes, se habla sólo de una verdad, y se juzga con un ojo sólo ve media verdad.

La otra verdad algún día saldrá a la luz y entonces si podremos decir que hay justicia y que la guerra se ganó no sólo por las armas.

Con afecto, mi Teniente Coronel.

Federico Storniolo
Fuente: www.informatesalta.com.ar

domingo, 25 de abril de 2010

CAUSA PALOMITAS

El ex militar Espeche quedó en libertad en la causa Palomitas
El ex militar Hugo César Espeche, procesado como partícipe secundario de los fusilamientos de Palomitas quedó ayer en libertad por una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que, además, prorrogó por última vez la prisión preventiva de Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil.
Hugo César Espeche. quedó ayer en libertad.

El hombre que el 6 de julio de 1976 retiró a los doce detenidos del penal de Villa Las Rosas que más fueron fusilados en Palomitas quedó ayer libre por una resolución de la Cámara que consideró que su prisión preventiva ya superó "el límite de razonabilidad" que dispone la legislación.
Procesado como partícipe necesario de los homicidios de Palomitas, Espeche llevaba más de seis años con prisión preventiva y gozaba -lo mismo que Mulhall y Gentil- del beneficio de la prisión domiciliaria.

Ayer la Cámara integrada por Jorge Luis Villada, Roberto Loutayf Ranea y Renato Rabbi Baldi Cabanillas, le concedió la libertad tras considerar que en Argentina la prisión preventiva no podía extenderse por más de tres años, salvo por razones que sí vió en el caso de Mulhall y Gentil, aunque sólo por un año más.
Aunque ya Espeche tenía el antecedente de haber violado en una oportunidad la prisión domiciliaria, los jueces consideraron como "muy positivo" que se haya presentado a la Justicia pese a haber estado en el exterior por razones de salud y que haya brindado información relativa al penal de Villa Las Rosas y de las circunstancias en que los detenidos fueron retirados del lugar.
Según sus propias declaraciones, se los dejó a 800 metros del Portezuelo, cerca de la garita policial, a otro militar, Juan Carlos Grande, ya fallecido.

Los jueces concluyeron que la libertad de Espeche no dificultará el proceso por escrito que lleva a delante el juez Carlos Olivera Pastor.
En la misma disposición, sin embargo, los jueces de Cámara le negaron a Mulhall y a Gentil, por el momento, la eximición de la prisión domiciliaria que había solicitado. Argumentaron que no están en condiciones de descartar que el ex jefe de la Guarnición Ejército Salta y el ex jefe de Policía, en razón de la relevancia funcional de entonces no puedan "obstaculizar algún tramo del proceso todavía inconcluso o, de algún modo, ejercer presión sobre testigos.
Para respaldarse, enumeraron las causas en las que están imputados Mulhall y Gentil. El ex jefe de la Guarnición está procesado también en ocho causas de desapariciones y homicidios -entre ellos el del ex gobernador, Miguel Ragone- y Gentil en siete.
De todos modos, los jueces advirtieron que la prórroga de la prisión preventiva debería disponerse por última vez, porque ambos procesados están detenidos desde julio de 2003, "sin que se avizore una fecha cierta de sentencia".
Según consignó el propio Tribunal la causa tiene ahora 51 cuerpos, que contienen más de 10200 hojas y fue elevada a plenario en noviembre de 2009. Los miembros de la Cámara le pidieron a Olivera Pastor que "extreme los recaudos" para dictar la sentencia, "atento a la envergadura de la causa, la conmoción que el hecho bajo investigación ha producido en las provincias de Salta y Jujuy, y la extensión de la instrucción".
Los jueces, sin embargo, evitaron hacer críticas al magistrado por la demora. La atribuyeron a la extrema complejidad de la causa y no "a la morosidad judicial".
Fuente: Nuevo Diario de Salta

jueves, 22 de abril de 2010

MELITÓN BUSTOS - FALLO


fotos Miguel Vargas
Bustos: el Tribunal consideró que hubo crimen contra la humanidad

Raúl Bustos Tribunal Oral e imputados - defensores

El Tribunal Oral Federal que juzgó a Carlos Arias y Luis Angel Zírpolo por el secuestro del escribano Aldo Melitón Bustos consideró que ambos condenados "cometieron un delito de lesa humanidad". Y estableció que el escribano fue capturado de modo "traicionero, alevoso, violento y desproporcionado" en un procedimiento en el que ya estaba claro que se lo iban a matar.



El Tribunal Oral Federal que juzgó a Carlos Arias y Luis Angel Zírpolo
Sesenta y un páginas tiene los fundamentos de la sentencia de 20 años de prisión para Zírpolo y Arias, que hicieron públicos ayer el Tribunal que presidió Roberto Frías e integró Jorge Villada y Marta Liliana Snopek.



"Las conductas típicas achacadas lesionaron la integridad física del damnificado Bustos, perpetradas y apañadas por el abuso del poder estatal que contaba el gobierno militar instaurado a partir de la segunda mitad de la década del setenta en nuestro país", aseguraron los jueces para concluir que los delitos por los que se condenó a Arias y Zírpolo, no prescriben.Había sido el defensor oficial Federico Petrina y el propio Arias quienes que durante las audiencias que no se podían juzgar crímenes de lesa humanidad porque la Argentina se había adherido a las convenciones internacionales después de 1978, año en el que fue raptado Bustos.Los jueces, sin embargo, optaron por seguir la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que describió a los crímenes contra la humanidad como aquellos que "contrarian a la concepción humana más elemental" y son cometidos "por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental".
Las reglas de prescripción de esos delitos, concluyeron los jueces siguiendo a la Suprema Corte, "quedan desplazadas por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los Crímenes de Lesa humanidad". El Tribunal también ponderó la ley 25779 que declaró nulas las leyes de obediencia debida y punto final, medida que fue avalada por el la Suprema Corte de Justicia de la Nación por subsanar "la grave infracción al derecho internacional de los derechos humanos cumpliendo con las obligaciones asumidas a través de los tratados internacionales relativos a dicha materia".Por eso los jueces destinaron gran parte de su fundamentos establecer que había quedado debidamente probado que Bustos había sido perseguido desde 1965, cuando perdió su un empleo en el Poder Judicial por una solicitada que publico en solidaridad con un compañero cesanteado. "Todo indicaba claramente que Bustos era un elemento indeseable para quienes detentaban la autoridad de aquella época, por sus ideas y su actuación política, todo lo cual fue reafirmado en gran medida por el testimonio del capitán Ulloa", cuando declaró que le había negado al escribano un registro notarial en 1977 por un informe negativo de la SIDE.



El seguimiento que se le hizo a Bustos y las amenazas que consideró probadas llevó al Tribunal a concluir que las autoridades militares gobernantes tenían interés particular en la desaparición de Bustos. "Y que los cuadros de la guarnición militar de Tartagal contaban con el personal e instrumentos para la comisión del delito".

Una unidad omnipresente
Acerca del ex teniente Carlos Arias, el Tribunal valoró el testimonio de Raúl Federico Bustos, el hijo del escribano, que reconoció al militar desde el comienzo de la instrucción de la causa como uno de lo que entró a su domicilio y lo encañonó, antes de llevarse a su padre.

Carlos arias

Los jueces juzgaron comprensible que el hijo de la víctima no diera el nombre de Arias en la primera denuncia que realizó en la policía, poco después del secuestro, "dadas las circunstancias del inminente peligro que corría en el ámbito policial".
También echaron por tierra algunos intentos de Arias por excusarse: desestimaron que haya estado quebrado e imposibilitado de hacer operativo -tal como había argumentado el ex teniente- porque en esos mismos días había estado en al menos dos comisiones de servicio.Y dieron por cierto que Arias estaba vinculado a "la lucha contra la subversión" atendiendo al testimonio de un ex conscripto que relató durante las audiencias que el propio militar le había mostrado la foto de un famliar desaparecido y que le había informado que estaba muerto.
Los jueces estimaron que Arias no podía no saber que la muerte de Bustos era consecuencia ineludible de su secuestro. Acerca de Zírpolo, en tanto, los jueces afirmaron que, "de acuerdo a los usos y costumbres castrenses, la privación de la libertad del escribano Bustos sólo pudo desarrollarse con el conocimiento y la autorización de Zírpolo" porque se realizó en el ámbito territorial en que ejercitaba su mando con exclusividad y en su plenitud". El Tribunal recordó que el secuestro no se produjo en Córdoba ni en Buenos Aires, sino en Tartagal "pequeña ciudad del interior donde la omnipresencia de una importante unidad de combate es incontestable".
Dos preguntas sin respuestasLos propios miembros del Tribunal dejaron bien sentado que el fallo que condenó a Arias y Zírpolo no terminó de aclarar todas las responsabilidades del secuestro y homicidio del escribano Bustos.Asi, los jueces dejaron traslucir que el propio Zírpolo pudo haber recibido órdenes del III Cuerpo de Ejército, el Destacamento de Inteligencia 143 o la V Brigada de Infantería, pero determinó que esa cuestión era ajena al juicio y que deberá ser atendida por el juez de instrucción que dividió la causa en dos partes.Los fundamentos, además, abrieron interrogantes sobre los autores materiales del asesinato de Bustos, una cuestión que, juzgó, no pudo establecerse en el juicio. Los jueces prácticamente dieron por sentado que Bustos fue entregado al Destacamento de Inteligencia 143 y dejaron abierto el interrogante. Sólo concluyeron que Arias y Zírpolo sabían que el fin del secuestro de Bustos era su muerte.

Fuente: Nuevo Diario de Salta, miercoles


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Fuente: http://www.cij.gov.ar/


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miércoles, 21 de abril de 2010

PARANA

El represor permanece en el Juzgado Federal de Paraná “Demonte salía a cazar gente por la noche o a plena luz del día”, dijo Marcelo Baridón

El abogado querellante de la Causa Área Paraná, Marcelo Baridón, dijo que “se dio un paso gigantesco con la detención de Cosme Ignacio Marino Demonte”, acusado del homicidio de Pedro Sobko, en 1977. La detención se ejecutó por disposición del juez Gustavo Zonis, y Demonte permanece alojado en el Juzgado Federal de calle 25 de Mayo, donde será sometido a declaración indagatoria. El abogado expresó que el ex oficial ayudante de la Policía Federal era una persona que “salía a cazar gente por la noche o a plena luz del día”.“Demonte tuvo una participación importantísima en todo esto, él era quien se encargaba de salir a cazar gente, con total impunidad, como hizo cuando mató a Sobko un mediodía, en plena Avenida Ramírez”, indicó en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).

Baridón rememoró el crimen de Sobko y expresó: “Él se escapó del baúl del auto en el que estaba siendo llevado en inmediaciones del Colegio Don Bosco y al salir logró cruzar la Avenida Ramírez, pero por tener una disminución física, fue atrapado velozmente por sus perseguidores. Una vez que lo aprehendieron, Demonte fue con pistola en mano y directamente le disparó dos tiros en el pecho”.

“Nosotros hemos desplegado una enorme actividad en la búsqueda de Sobko, y esperamos que de a poco se vaya cerrando todo. Creo que esta detención es un paso gigantesco en la causa”, remarcó.

Sin embargo aclaró que “faltan declarar médicos, miembros de la Fuerzas Armadas, de Seguridad y gremialistas. Hay una serie de personas que estamos esperando que vengan a decir muchas cosas para aclarar y develar la verdad”.
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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Que diga dónde están los restos

LA PROVINCIA | Los familiares de Sobko y Erbetta, víctimas del fusilador de avenida Ramírez, destacaron el avance que significa la detención del represor Cosme Demonte. Pero remarcaron que tiene mucho que decir.
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Clarisa Sobko y Joe Erbetta destacaron el avance que significa para la causa Área Paraná la detención de uno de los principales responsables de la desaparición del padre de Clarisa, Pedro Miguel Sobko, y el hermano de Joe, Victorio Coco Erbetta. Se trata Cosme Ignacio Marino Demonte, a quien –durante una entrevista con UNO– reclamaron que diga dónde están los restos de sus familiares.

Marcelo Baridón, abogado querellante, remarcó que “la Justicia Federal, impulsada por la querella y la Fiscalía, ha dado un paso de singular importancia al ordenar la detención de dos personas”, en referencia a los represores Demonte y Luis Francisco Armocida. Pero destacó particularmente la del primero de ellos, “oficial de Inteligencia de la Policía Federal Argentina e integrante del grupo de tareas que asoló en Paraná durante la última dictadura”.

Baridón recordó que Demonte fue reconocido y visto por numerosos testigos cuando, el 2 de mayo de 1977 al mediodía, mató en avenida Ramírez a Sobko, quien se había escapado del baúl del auto en el que era trasladado. Además, fue quien sacó a Erbetta del aula de la facultad de Ingeniería de la UCA, en la última vez que fue visto en libertad.

Clarisa Sobko consideró que la reciente medida de la Justicia Federal “pone una bisagra, un punto de llegada”. Y, aunque hasta ahora se negó a declarar, exigió que el fusilador de avenida Ramírez y el resto de los responsables digan todo lo que saben: “Necesitamos que Demonte diga dónde están los restos de Pedro Sobko y Erbetta, que seguramente lo sabe. Que diga dónde están nuestros hermanos que hoy tienen mi edad”.

“Nunca me lo crucé a Demonte. Lo conozco por foto y deseo con toda mi alma verlo, verlo ahí, preso”, continuó. No me hubiera gustado cruzármelo en la calle porque no sé qué reacción hubiera tenido yo si lo hubiera reconocido”.

Conteniendo apenas la emoción, recordó a quienes le hubiera gustado que la acompañasen en este momento: “Quiero recordar a mi abuela Pepita, que le hubiera gustado mucho estar en este momento, y el
Mencho (por Guillermo Germano, coordinador del Registro Único de la Verdad recientemente fallecido), que lo extraño mucho. Hoy decíamos qué hubiera sido si estaba él, seguramente una fiesta. Me hubiera gustado mucho compartir con él este momento. Fue un gran luchador y si hay alguien en mi vida que me ha impulsado mucho, fue él. De mi abuela me quedó mucho la lucha, la joda, porque era muy alegre. Mi abuelo sigue vivo, todavía no le he contado nada, porque me gustaría sentarme con él, capaz que ya lo leyó en los diarios”.

Por su parte, Erbetta, quien es militar retirado, dijo sobre la detención: “Es una alegría tremenda, he hablado ayer y hoy con mi madre. Realmente toda esta gente tiene que cumplir con la justicia y tiene que ir presa de por vida. No puede estar nunca más en la calle, porque es un peligro permanente para la sociedad”.

“El Ejército tiene que hablar, tiene que salir a decir las cosas que sabe, como la iglesia católica, que mucho tiene que decir sobre esto”, agregó.

Dos historias
Clarisa repasó los pasos que dio en los últimos años hasta dar con Demonte. “Hace cinco años me presenté como querellante en la causa y el día que fui a firmar el poder a la Escribanía Mayor de Gobierno, me dijo el
Mencho que había una persona que sabía quién lo había matado a mi viejo. Es mucho tiempo, demasiado. Tuvimos que esperar tres años para que el testigo declarara, porque la causa estaba primero en la Cámara de Casación Penal y después en la Corte Suprema, decidiendo por el Código Procesal Penal, dándole la oportunidad a estos genocidas de que tengan todas las garantías en el proceso”.

Para la reconstrucción del asesinato fueron importantes los testimonios recogidos entre los vecinos de avenida Ramírez. “Una de las tareas que hicimos desde HIJOS, siempre acompañados por el Registro Único de la Verdad, fue que para el día del asesinato, el 2 de mayo de 2006, recorrimos la zona por donde creíamos que lo habían matado, Ramírez entre Uruguay y Colón. Yo, me acuerdo, estaba embarazada y a los 10 días tuve mi hija. Entregamos una carta a los vecinos, contando quién era mi viejo, qué le había pasado y preguntando si sabían algo. Recorrimos las casas y ahí es donde encontramos el lugar y seis o siete casas con vecinos que han visto y han ido a declarar. Yo les estoy muy agradecida. Hasta el día de hoy me sorprendo que todos los vecinos de ese barrio, La Paz y Ramírez, fueron a declarar y sin ningún tipo de prurito. Así, de a poco fuimos armando el rompecabezas. Muy diferente es lo que pasó con mi vieja, que desapareció en Goya (Corrientes) y, a pesar de que hicimos la misma estrategia, todavía no hay datos”.

“Tengo un miedo que creo que es un miedo sano, que es lo que me potencia, no me paraliza. Este tipo, para que yo esté tranquila, tiene que estar preso. Metiéndolos presos estamos destruyendo la impunidad. Todavía hay mucha gente que no dimensiona el daño que esta gente sigue aún hoy generando. Esto tiene que ver con una postura ideológica, de exterminio. Yo creo que esta gente sigue pensando así y ante eso no salgo con un palo, sino tratando de hacer Justicia”.

Luego destacó que el Juzgado Federal “ha hecho grandes avances” y ha tenido “decisión política” para la investigación. “Con el fiscal coadyuvante José Candioti, el juez Gustavo Zonis y antes Myriam Galizzi, uno se siente totalmente respaldado y satisfecho y es, en definitiva, lo que tenían que hacer”.

“No me quiero poner en la postura de que siempre faltan cosas –prosiguió–, pero es así. Tengo muy en claro que faltan muchas cosas y hay que apurarse desde las organizaciones, pero también hay que apurar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Este es el momento político, y no sabemos dentro de algunos años qué es lo que va a pasar, de lograr que la causa avance y estos tipos sean condenados”.

Erbetta contó que su familia es de San Agustín, que su padre y sus abuelos eran muy humildes y trabajaban en la ladrillería. “Por lo tanto mi padre, cuando hace el servicio militar, que ahí puede despegarse de la familia, opta por entrar al Ejército. Yo tuve que entrar al Ejército para facilitar a alguien de la familia que pudiera estudiar, que fue
Coco, que estaba en ese momento en quinto año de Ingeniería”, contó.

“En el 76 estaba destinado en el Distrito Militar Entre Ríos, justamente ahí en la puerta de los cuarteles, donde está el monumento de homenaje. Al
Coco lo detuvieron en la facultad, pasó una noche en la Policía Federal y después pasó a Comunicaciones, estuvo un par de días hasta que volvió a desaparecer. Sabiendo la situación de terror que todos vivíamos internamente, conseguimos hablar con el padre (Julio) Metz, que lo vio; le enviamos ropa para que se pudiera cambiar y después de eso no lo dejaron ingresar más. Monseñor (Adolfo) Tortolo se negó en todas las oportunidades a recibirnos. En la causa lo denuncié al general Juan Carlos Trimarco por las amenazas que mi hizo en forma personal, en su oficina de calle 25 de Mayo. El teniente coronel Ulises Chort era jefe mío y compañero de camada del general Trimarco. En privado, en su oficina, hablamos más de una vez de lo que sucedía y quiero reivindicarlo”.

“El Ejército a mí me dio todo, como me quitó todo”, reflexionó. “El 90% no tenía absolutamente nada que ver, pero usaron la institución en ese momento para presionar a los que estaban haciendo el servicio militar y a los suboficiales que no teníamos otra salida. La institución fue usada”, consideró.

El perfil de Demonte

El abogado Baridón destacó que “Demonte fue reconocido por numerosos testigos, quienes lo vieron en la especie de trampa que le armó a Pedro Sobko en calle Bolivia, en el actual barrio las Flores de Paraná. Lo esperó en la casa de un vecino, hasta que Pedro llegó a su casa y lo apresó. En un intento de fugarse, salió del baúl del auto donde era conducido. Pedro tenía una dificultad para correr, máxime luego de haber padecido una fortísima golpiza para reducirlo. Dos de los que conducían el vehículo lo apresaron frente al colegio Don Bosco a las 12 del mediodía de un día laborable, un 2 de mayo de 1977, y luego bajó Demonte empuñando un arma en la mano, atravesó toda avenida Ramírez, no se inmutó frente a los autos, frente a los chicos, frente a la gente, y al llegar a Pedro le disparó dos tiros en el pecho”.

El abogado manifestó que esto está “plenamente corroborado en la causa”, e incluso hay testimonios de quienes vieron cuando llegó al Hospital Militar luego de ser baleado. “No hay ninguna duda para la Fiscalía y la querella de la participación de este sujeto, que al igual que fue a la casa de Pedro Sobko, se presentó en la cátedra en donde Victorio Coco Erbetta estaba tomando su clase, en el marco del estado de sitio le solicitó al profesor permiso para requerir los antecedentes de un alumno, el profesor accedió, y esta es la última vez que Erbetta gozó de libertad”.

“Por lo tanto, Demonte es del nucleo duro de los grupos de tareas. El paso es decisivo, es fundamental, porque hasta ahora en la causa Área Paraná están implicados, procesados y detenidos el comandante en jefe del segundo cuerpo del Ejército, personal vinculado a las estructuras superiores, los carceleros, el médico (Hugo) Moyano, nuestro Mengele local (por Josef Rudolf Mengele, médico y criminal de guerra nazi, especialmente conocido por sus experimentos con seres humanos en Auschwitz), pero no habíamos llegado lograr a un miembro de los grupos de tareas con la importancia de Demonte. Creo que esto es lo destacable”, finalizó.

BIGNONE



EL PAIS › CONDENARON A VEINTICINCO AñOS AL EX PRESIDENTE DE FACTO REYNALDO BIGNONE Y OTROS REPRESORES
Primera noche en una cárcel común
El último presidente de la dictadura militar, el ex general Reynaldo Bignone, fue condenado como coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas en Campo de Mayo en 1977.

Se calcula que por los campos clandestinos que dependían de Bignone pasaron cerca de cinco mil desaparecidos.


Por Diego Martínez
A los 82 años, luego de tres décadas impune, el último dictador pasó su primera noche en una cárcel común, condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín consideró a Reynaldo Bignone coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas por sus subordinados de Campo de Mayo en 1977, cuando era jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Lo sentenció a veinticinco años de prisión, igual que a Santiago Riveros y a Fernando Verplaetsen. También fueron condenados los generales Eugenio Guañabens Perelló y Jorge García y el coronel Carlos Alberto Tepedino, en tanto fue absuelto el comisario Germán Montenegro. Las cuatrocientas personas que durante horas y en absoluto silencio mantuvieron en alto las fotos de sus seres queridos desaparecidos estallaron en un aplauso cuando la jueza Marta Milloc leyó que se revocaban los arrestos domiciliarios.
Lejos del oscurantismo que durante años caracterizó a los procesos en Comodoro Py, el tribunal de San Martín, que también integran Héctor Sagretti y Daniel Cisneros, ratificó que es posible juzgar a los mayores criminales de la historia argentina a la vista de la sociedad, respetando las garantías e incluso absolviendo a un imputado sin que vuele una mosca. Riveros & Cía. reivindicaron por la mañana su actuación durante la dictadura (ver aparte), pero prefirieron escuchar la sentencia desde un salón aledaño. También se ausentó el defensor oficial Carlos Palermo, que insultó a familiares de víctimas luego de que le gritaran “cobarde” por pedir autorización para no escuchar el fallo. Además del público que colmó la sociedad de fomento José Hernández y los que siguieron la audiencia desde la calle, diecisiete cámaras de televisión llevaron al mundo las imágenes de la sentencia.
Presidente de facto tras la aventura de Malvinas, Bignone había quedado en la historia luego de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín. También se conoce su orden de incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas para borrar las pruebas del terrorismo de Estado, decisión que aún rinde frutos. Menos pública era hasta ayer su actuación en 1977 en el Comando de Institutos Militares (CIM), organismo del que dependían los cuatro centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, por los que se estima pasaron cinco mil personas. El tribunal de San Martín condenó al dictador por once allanamientos ilegales, seis robos, cuarenta y cuatro secuestros y treinta y ocho tormentos. Gracias al método de la represión argentina de desaparición de personas, seguirá impune por los homicidios.
Las penas más altas, tal lo requerido por las querellas y los fiscales Javier De Luca, Juan Patricio Murray y Marcelo García Berro, abarcaron también a Riveros, ex jefe del CIM y de la zona militar VI, y a Verplaetsen, su jefe de Inteligencia, ambos condenados el año pasado por el asesinato de Floreal Avellaneda. Riveros se impuso en términos cuantitativos: quince allanamientos ilegales, siete robos, sesenta y un secuestros y cincuenta y cuatro tormentos. Milloc leyó uno a uno los nombres de sus víctimas.
A veinte años de prisión condenaron al coronel Tepedino, ex jefe de inteligencia interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y del Batallón de Inteligencia 601 en los dos años siguientes. Tepedino vivió hasta ayer en un tercer piso de Donato Alvarez 562, donde Página/12 lo retrató en 2003 mientras violaba su arresto domiciliario. Dieciocho años de pena le corresponden al general García, ex director del Colegio Militar de la Nación, y diecisiete a Guañabens Perelló, ex director de la Escuela para Apoyo en Combate General Lemos. El policía Montenegro, absuelto de culpa y cargo, fue jefe de la comisaría de Bella Vista. El tribunal resolvió “por mayoría” que se revoquen los arrestos domiciliarios y le encomendó al juez federal Juan Manuel Yalj, que instruye la megacausa Campo de Mayo, “la pronta elevación a juicio” y “la necesaria unificación” de casos “para evitar dispendio de recursos y trastornos para víctimas e imputados”.
“Mi viejo estaría muy contento porque se hizo justicia por tantos compañeros”, admitió Francisco Scarpatti, hijo del sobreviviente que denunció ante el mundo las atrocidades en Campo de Mayo y murió sin llegar a ver las condenas. “Cacho hizo todo, hasta el final de su vida, para que estos tipos terminaran presos”, agregó orgulloso Francisco, nacido en el exilio, mientras sus compañeros del Movimiento 26 de Julio le rendían homenaje al “Comandante Scarpatti” por “su historia y su ejemplo”.
“Estamos contentos, tenemos que revisar las absoluciones. Obviamente nos agravia la absolución de Montenegro”, reflexionó sobrio el fiscal Murray. “Lo más importante es que un símbolo de la impunidad va por primera vez a la cárcel”, afirmó el abogado y periodista Pablo Llonto. “Bignone fue el presidente de facto que ordenó quemar los archivos de las Fuerzas Armadas, que impulsó la autoamnistía para los militares, y gracias a Alfonsín fue excluido del Juicio a las Juntas. Por lo menos va a pasar un rato en la cárcel”, destacó Llonto, mientras los pibes de HIJOS coreaban su nombre.
Francisco Madariaga Quintela, que recuperó su identidad hace dos meses, escuchó ayer una y otra vez el nombre de su mamá Silvia entre las víctimas por quienes se hizo justicia. “Tengo una mezcla de sentimientos”, dijo. “Estoy emocionado, es la mínima pena que merecen, pero también siento bronca y tristeza porque no la puedo tener conmigo”, explicó. “Estoy procesando todo. Pasa el tiempo y te chocan mucho más las historias. Lo importante hoy es que se hizo justicia por ella”, rescató con los ojos llorosos.
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EL PAIS › NINGUNO DE LOS CONDENADOS EXPRESO ARREPENTIMIENTO
“La destrucción de mi querido Ejército”Por D. M.
Ni arrepentimiento, ni perdón, ni información. Los imputados que hicieron uso de sus últimas palabras reivindicaron la represión ilegal y citaron frases de Perón para justificar el terrorismo de Estado. “Nos vemos obligados a soportar las fotos de las supuestas víctimas”, puso en duda Reynaldo Bignone en referencia a los desaparecidos, que no le quitaban los ojos de encima desde sus retratos en blanco y negro. El dictador criticó sin nombrarlo al general Martín Balza por su autocrítica y al Centro de Militares por la Democracia por su apoyo a los juicios. “Es preferible una condena al repudio de los camaradas”, blanqueó su escala de valores.
Santiago Riveros renegó con “cristiana serenidad” porque considera que deberían juzgarlo sus “jueces naturales”, que no lo hicieron cuando Raúl Alfonsín se los encomendó. Dijo ser “el único y exclusivo responsable de todo lo actuado por el Comando de Institutos Militares durante la guerra contra el terrorismo”. “No ordené torturar a nadie”, aseguró, aunque aclaró que “el Colegio Militar de la Nación nos educó para cumplir órdenes, cualquiera fuera su contenido”.
Riveros recordó notas de la prensa que supo aplaudirlo (“La guerra está entre nosotros”, revista Gente, 1975) y discursos de dirigentes políticos a favor del golpe de Estado, que según él “nada cambió”. “Las Fuerzas Armadas están haciendo patria con mayúsculas”, citó a Carlos Menem. “No hay soluciones”, a Ricardo Balbín. “Estamos al borde del abismo”, a Fernando de la Rúa. Destacó que cuando Luder, Ruckauf, Cafiero & Cía. ordenaron aniquilar a la subversión “nadie levantó su voz”. Cerró con una expresión de deseos: “Que esta desgracia argentina encuentre un nuevo Cristo de civil que eche a los ladrones del templo de la República”.
“No me defenderé”, anticipó Bignone antes de hablar cuarenta minutos. “Ante la agresión terrorista, la Nación empeñó a sus fuerzas armadas para aniquilar al terrorismo subversivo”, dijo. Cuestionó la cifra de treinta mil víctimas, aclaró que la figura del desaparecido tiene “otra significación en la guerra irregular”, idea que no desarrolló. Negó la existencia de un plan sistemático de robo de bebés. “No llegan a treinta (apropiaciones), y ninguna fue por personal militar”, afirmó. “De lo sublime a lo insólito”, tituló el último capítulo, en referencia a la solemnidad histórica del Poder Judicial en contraste con el “improvisado escenario” que le tocó como imputado. Cerró con José Ortega y Gasset (“Yo soy yo y mi circunstancia”) para advertir que sólo cambió lo segundo.
Las palabras de Eugenio Guañabens Perelló desbordaron violencia. Dijo estar “condenado de antemano”, producto de “la destrucción de las instituciones de la República, empezando por mi querido Ejército. ¡Ya no existe como Ejército!”, gritó. Sobre la Justicia, dijo que “le arrancaron la venda y le pusieron un ridículo antifaz”. Similar reemplazo aplicó a alguna fuerza que no identificó: “¡Reemplazaron la espada por un vulgar palo de escoba!”.

jueves, 15 de abril de 2010

IDENTIFICAN LOS RESTOS DE JORGR AGGIO





Conferencia de prensa
Fueron identificados los restos de Enrique Jorge Aggio, detenido desaparecido el 31 de julio de 1976.
Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Equipo Argentino de Antropología Forense invitan a las y los trabajadores de prensa – y a la ciudadanía toda – a asistir a la conferencia de prensa el
Jueves 15 de abril a las 18 horas
en la Casa de las Madres
Piedras 153 1º “A”
“Te hemos encontrado gracias a la labor increíble que hacen los antropólogos; con mi sangre y la de tu hermana lograron ubicarte. Después de casi treinta y cuatro años de lucha y desesperación por no saber qué te habían hecho ni dónde estabas desaparecido”. Palabras de Carmen Lorefice, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, a su hijo Enrique Jorge Aggio.

miércoles, 14 de abril de 2010

LOS HIJOS DE MELITÓN HABLAN DE SUS SENTIMIENTOS EN EL JUICIO DE SU PADRE



“Nuestro padre dejó de ser un desaparecido”

Miércoles 14 de Abril de 2010 Salta

HERMANOS / SONIA, SANDRA Y RAUL BUSTOS VISITARON AYER EL TRIBUNO.

Sonia (42), Sandra (47) y Raúl (48), los hijos de Melitón Bustos celebraron ayer la condena a 20 años de prisión que la Justicia federal de Salta le aplicó a los coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Angel Zírpolo por el secuestro y homicidio de su padre. Los tres nacieron en Salta y tras la desaparición del escribano tuvieron que radicarse en Santa Fe, de donde eran oriundos su padres. “Yo creo que cumplí con Melitón, porque desde los 16 años vengo luchando para que se haga Justicia”, expresó Raúl, quien fue testigo del rapto de su padre. Indicó que “estos 32 años fueron una pesada carga para mi, y ahora siento que puedo planificar mejor las cosas, muchas de ellas dejadas a mitad de camino”. Contó que su padre lo tenía al tanto de las amenazas que venía soportando y que lo preparó por si le ocurría algo grave. “Cuando los secuestradores llegaron a casa dijeron que eran gendarmes, pero cuando a mi padre se lo llevaban alcanzó a decirme que eran del Ejército. Por eso en el juicio dije que Melitón no estaba criando un hijo tonto”.
“Ahora siento una profunda tranquilidad, porque se que el crimen de mi padre no está impune”, subrayó Sandra, quien es docente y vive con su hijo de 10 años luego de haber quedado viuda. Con emoción resaltó la figura de su madre, Juana Bolaños, quien no pudo venir por razones de salud.
“Ella fue la gran artífice de nuestra crianza; gracias a ella pudimos estudiar y pudimos salir adelante”, afirmó. También remarcó que “pasamos muchas necesidades y lo más importante es que nos crió sin odio ni rencores”. Sandra sostuvo que “jamás me pude olvidar de Salta, pero las circunstancia determinaron que tuviéramos que irnos. Quiero expresar mio agradecimiento a toda la gente que tan bien nos recibió, en especial a la familia de Lucrecia Barquet y a los hijos de mi tio Heraldo, quien tanto luchó para ubicar el paradero de su hermano”.
Por último la abogada Sonia Bustos manifestó que se siente orgullosa del padre que tuvo, porque su valores quedaron grabados como una impronta en la retina de quienes lo conocieron. “El eligió Salta para vivir y siempre luchó por sus convicciones”, dijo. Puso de relieve que Melitón era un firme defensor de las instituciones de la República y a pesar del momento que se estaba vivienda en aquella época, siempre creyó en el Estado. “Nunca pensó que ese Estado lo iba a hacer desaparecer, por esa razón decidió regresar de su exilio en Bolivia”, señaló.
Finalmente los hermanos Bustos resaltaron la tarea del fiscal Eduardo Villalba, de los querellantes David Leiva y Tania Kiriaco, de las organizaciones de derechos y de todos aquellos que colaboraron para que se conozca la verdad de lo ocurrido con su padre.


Fuente: Pagina 12

EL PAIS › EL JUICIO POR LA DESAPARICION DEL ESCRIBANO ALDO MELITON BUSTOS EN 1978
La primera condena en Salta
El Tribunal Oral Federal salteño dispuso una pena de veinte años de prisión para los coroneles retirados Carlos Arias y Luis Zírpolo. Familiares y abogados de la víctima destacaron el fallo, pero pidieron prisión perpetua.


Sonia Bustos, hija de la víctima, dijo que se trató de un fallo “a favor de la memoria”.
El Tribunal Oral Federal de Salta condenó ayer a la pena de veinte años de prisión a los coroneles retirados Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo, por el secuestro y la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos en 1978. Se trata de la primera sentencia por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura. El tribunal que condujo el juicio durante más de cinco meses decidió no modificar el lugar de detención hasta la confirmación de la sentencia: Zírpolo continuará preso en su casa de Tucumán, y Arias, en la Unidad 34 de Campo de Mayo, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, donde ningún juez federal del país realizó nunca una inspección ocular.
Sonia Bustos, hija de la víctima, manifestó su satisfacción por la condena y destacó que se trata de un fallo “a favor de la memoria, la verdad y la justicia”. “Es un triunfo para las organizaciones de derechos humanos, la familia de Bustos y la sociedad”, celebró la abogada querellante Tania Kiriaco. “Es un triunfo, pero a medias. Se probó la participación de dos personas en crímenes de lesa humanidad, el Tribunal debió haber avanzado en la prisión perpetua”, sostuvo su colega David Leiva, quien cuestionó el maltrato a los testigos por parte del presidente del tribunal, Roberto Frías, y la negativa a permitir la filmación de la lectura de la sentencia.
Aldo Melitón Bustos fue secuestrado en su casa de Tartagal en la madrugada del 2 de febrero de 1978. El principal testigo fue su hijo Raúl Federico Bustos, que tenía dieciséis años y reconoció a Arias entre los captores. Un segundo testigo, Juan Domingo Javier, declaró que vio desde treinta metros cuando dos hombres llevaban por la fuerza a un tercero e identificó a Arias y a Bustos, a quienes conocía del bar donde trabajaba. Javier declaró que cargaron a Bustos en un auto Opel amarillo o naranja, similar al que utilizaban los grupos de tareas del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal, que comandaba en forma interina Zírpolo.
Al igual que en los cinco meses que duró el juicio, la jornada comenzó con más de una hora de demora. Ambos imputados hicieron uso del derecho a sus “últimas palabras” antes de escuchar la sentencia. Arias las utilizó para responderle al abogado Leiva y para manifestar su enojo con el fiscal federal Eduardo Villalba. “No soy el Viejo Vizcacha”, aseguró, en referencia a las palabras del querellante, que había criticado su actitud de “buscar un palo en el que rascarse”, por su intento de congraciarse con los jueces durante su indagatoria. Cuando el presidente del tribunal le pidió que se limitara a hablar sobre los hechos que se le imputaron, manifestó que se consideraba inocente. “Voy a seguir reclamando y clamando ante este tribunal mi absoluta inocencia y la prescindencia de todo lo que se me acusa”, sostuvo. Zírpolo habló con menos rodeos: “Lo único que voy a ratificar es mi inocencia total de lo que se me acusa. Y pienso y creo que la actitud de mi coimputado (en referencia a la mala fama que Arias se había ganado por su maltrato sistemático a los conscriptos) ha dado lugar a la incriminación de subalternos que son inocentes”, agregó.
Al mediodía, luego de una breve deliberación, el Tribunal que también integran Jorge Luis Villada y Marta Liliana Snopek dio a conocer el veredicto y anunció que el 20 de abril se conocerán los fundamentos. Los militares escucharon el fallo sin manifestar ningún tipo de emoción, con el gesto adusto que intentaron exhibir durante toda la audiencia. Desde el público se esbozó un tibio aplauso que pronto dio paso al canto que ya es símbolo en los juicios a represores: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.
“Siento una alegría tremenda, aunque esperábamos una condena a perpetua. Queda un largo camino por recorrer porque en Tartagal hubo muchos desaparecidos”, destacó el testigo Javier. Leiva criticó al tribunal por las largas esperas a las que sometió a las partes. “Todo era para desalentar al público”, afirmó, y cuestionó que los jueces no permitieron la transmisión en vivo ni la grabación de la lectura .

Fuente: Nuevo Diario de Salta

Salta

Veinte años a dos represores por la desaparición de Aldo Melitón Bustos
Carlos Arias y Luis Zírpolo, ambos imputados en el caso de desaparición del escribano tartagalense Aldo Melitón Bustos, fueron condenados a 20 años de prisión por privación ilegitima de la libertad como coautores legalmente responsables de ese delito, agravado por el uso de la violencia en concurso real con el delito de homicidio simple en el grado de partícipes necesarios.

El Tribunal Oral Federal y los acusados por la desaparición de Aldo Melitón Bustos.

La sentencia, que dejó un sabor amargo entre los abogados querellantes, familiares e integrantes de organismos de Derechos Humanos, será apelada según lo adelantado por la querella a Nuevo Diario. Esto se realizará tras la lectura de los fundamentos, que se hará el 20 de este mes a las 12.
A pesar de las primeras impresiones, se calificó de "importante" la condena decidida por el Tribunal Oral Federal presidido por el juez Roberto Frías, quien fuera acompañado en el proceso por Marta Liliana Snopek, y Jorge Luis Villada, además de Renato Rabbi Baldi Cabanillas como cuarto juez.Tras la lectura de la sentencia, solo se escucharon algunos aplausos y los cánticos de los integrantes de organismos de Derechos Humanos mientras Zírpolo y Arias abandonaron la sala de audiencias custodiados por los guardiacárceles del Servicio Penitenciario Federal.
Aunque no escucharon lo que esperaban, los familiares de desaparecidos que acompañaron este proceso se mostraron emocionados de que por primera vez en 32 años de espera (al menos en esta caso, ocurrido en febrero de 1978), haya llegado la condena para represores en un juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar."Esto por lo menos, sirve de mensaje a los gobiernos y las generaciones futuras de que estos delitos que cometió el Estado, no quedan impunes", dijo una de las familiares que estuvo en la audiencia.
Entre las causas por delitos de lesa humanidad que deben ser elevadas a juicio oral y público, se indicaba ayer que la próxima podría ser la que investiga el secuestro y asesinato de Eduardo Fronda, a la que le seguiría la que espera esclarecer el secuestro y desaparición del ex gobernador, Miguel Ragone.
Clamando "inocencia"Antes de pasar a deliberar para dar la sentencia, el Tribunal dio a los imputados la posibilidad de decir sus últimas palabras. Arias, el primero en hablar, hizo referencia a la comparación "despectiva" que hizo el abogado David Leiva, querellante de los familiares de Bustos, al encuadrarlo en la figura del "viejo vizcacha", personaje del Martín Fierro. "No es escuché al fiscal decir nada", fue la recriminación que le hizo el imputado a Villalba, sin que se entienda la razón por la cual el letrado tendría que intervenir en los alegatos de Leiva, momento en el que se hizo la comparación aludida. Cuando empezó a ver que sus últimas palabras podrían convertirse en un discurso largo y tedioso, Frías le pidió al imputado que se "circunscriba" al hecho por el cual se hacía el debate.
Arias entonces se dirigió al Tribunal "reclamando y clamando mi absoluta inocencia y presidencia de todo lo que se me ha imputado". Zírpolo por su parte, ratificó su "inocencia total de los hechos". "Pienso y creo que la actitud del coimputado ha dado lugar a la incriminación de subalternos que son inocentes", agregó.