miércoles, 31 de julio de 2013

PROHIBEN SALIR DEL PAIS AL EX JUEZ FEDERAL RICARDO LONA Y LO CONSIDERAN COAUTOR DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD




El país | Viernes, 22 de marzo de 2013
PROHIBEN SALIR DEL PAIS AL EX JUEZ FEDERAL RICARDO LONA Y LO CONSIDERAN COAUTOR DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
Cuando la Justicia es parte de la injusticia
La Cámara de Casación revocó el último sobreseimiento que le quedaba al ex magistrado salteño y agravó los cargos contra Lona, acusado de delitos de lesa humanidad. Sesenta y siete magistrados se excusaron por sus vínculos con el ex juez.

Ricardo Lona estuvo varios años imputado sin resolución en tres grandes causas vinculadas con delitos cometidos durante la última dictadura.
Por Adriana Meyer

Fue casi como mover una montaña, pero se logró. La Cámara de Casación revocó el último sobreseimiento que le quedaba al ex juez federal Ricardo Lona, acusado por delitos de lesa humanidad en tres procesos judiciales, y le prohibió la salida del país. Además, los jueces de ese tribunal agravaron los cargos contra Lona en la causa por supuesto “encubrimiento y prevaricato” en once denuncias por secuestros y homicidios, antes y durante la dictadura cívico-militar. “Consideraron que su actuación no fue sólo de encubridor, sino también de coautor de los hechos junto con los militares y policías imputados y, por lo tanto, podría recibir una pena más grave, pero como paso previo le impidieron que salga del país”, explicó a Página/12 el fiscal federal Horacio Azzolin. Casación ya había revertido dos sobreseimientos dictados por la Cámara Federal de Salta que favorecieron a Lona y ahora vuelve a estar imputado, pero en un escenario en el que 67 magistrados salteños se excusaron por sus vínculos con el ex juez. El fallo no es un caso aislado, se enmarca en el avance del juzgamiento de los autores civiles del terrorismo de Estado, y más específicamente de su capítulo judicial.

Los jueces de la Sala II del máximo tribunal penal del país hicieron lugar a un planteo de los fiscales Azzolin y Javier De Luca, de la Unidad Especial que coordina Jorge Auat. Lona había sido sobreseído el 23 de junio de 2010 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en un fallo que ayer fue revocado y calificado de “arbitrario” por los camaristas Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Mariano Borinsky. “Se advierte que en la resolución impugnada se desvincularon los delitos atribuidos a Lona del contexto en el que habrían ocurrido. Tal escisión es arbitraria toda vez que no contiene un análisis valorativo de los elementos de juicio colectados que sustenten el aserto” de que los delitos atribuidos al ex magistrado estaban prescriptos. A Lona se le atribuye no haber investigado once denuncias que llegaron a su conocimiento como único juez federal de Salta, sobre desaparición de personas, homicidios y privaciones de la libertad antes y durante la dictadura. Según quedó establecido, “no realizó investigación ni diligencia alguna” hasta el retorno democrático. Los camaristas mencionaron en su fallo uno de los argumentos que había expuesto el fiscal De Luca: “Con tristeza estamos descubriendo que esos abogados fueron nombrados jueces federales para cumplir el rol de denegar justicia a cualquiera que mediante su reclamo cuestionara o revelara el plan sistemático de eliminación de oponentes políticos”.

Lona estaría en Buenos Aires y, según fuentes judiciales, asistió a la audiencia de lectura del fallo. Pese a ello se ordenó al Juzgado Federal 2 de Salta instrumentar la prohibición de salida del país y, además, “con la celeridad y resguardos que el caso reclama”, continuar la investigación. En este sentido, la Justicia podría dictar alguna otra medida para con el ex magistrado.

La Cámara salteña había cerrado la causa por considerar que no se trató de delitos de lesa humanidad y, por ende, estaban prescriptos, pero Casación entendió que los cargos que se atribuyen al ex juez deben analizarse “en el contexto ocurrido”. Según los jueces de la Sala II de Casación, la Cámara de Salta “ha cancelado indebidamente la investigación de otros comportamientos que podrían constituir delitos de lesa humanidad, imprescriptibles”. Tras calificar como “arbitrario” el sobreseimiento definitivo de Lona, ordenó devolver la causa al Juzgado Federal 2 de Salta para que se reactive la pesquisa.

Lona estuvo varios años imputado sin resolución en tres grandes causas: la que investigó la denominada Masacre de Palomitas –ocurrida el 6 de julio de 1976 cuando un grupo de presas y presos políticos del penal de Villa Las Rosas fueron asesinados en el paraje de ese nombre–, la que lo investigó por el presunto encubrimiento y la omisión de sus deberes en la investigación por la desaparición del gobernador Miguel Ragone, y el expediente en el que acaba de expedirse Casación por once casos en los que Lona recibió las denuncias y miró para otro lado.

“Los jueces de instrucción salteños avanzaron de a poco contra Lona, con sus tiempos, pero lo indagaron y lo procesaron en su momento. Sucede que la Cámara de Salta consideró que todos esos delitos estaban prescriptos, pero ahora Casación dijo no, hay que investigarlo, en tres resoluciones dijeron que puede ser partícipe directo. Hay que tener en cuenta que Lona es muy poderoso en Salta porque fue juez federal por mucho tiempo, tiene vínculos y amigos, incluso entre los militares”, describió Azzolin. El fiscal agregó que “Lona es un apelador sistemático, como sucedió en el caso de (el crimen de Walter) Bulacio, y llegó al punto de hacer renunciar al abogado que lo defendió durante años el mismo día de la audiencia en Casación, con la intención de que fuera levantada. Pero no lo logró porque estos jueces no le hicieron el juego a esa estrategia que bastardea los principios del derecho a la defensa”.

En febrero de 2004 el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura no reunió los votos necesarios para la destitución del magistrado y ordenó reintegrarlo en sus funciones, en una audiencia que culminó con un tibio aplauso, mientras los familiares de las víctimas de Palomitas le gritaban “torturador”. Para evitar el juicio, había renunciado, pero el ex presidente Néstor Kirchner no había aceptado la dimisión para que el proceso siguiera su curso. Sin embargo, la avaló dos días después de la absolución y así Lona tuvo que ir a buscar empleo.


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                                                          MARIA ELENA GOMEZ
Testigo 96: Declara Yamila Argañaraz

Comienza agradeciendo la situación de justicia que representa el juicio: "Tengo mucho para hablar, no se si son cosas importantes, pero no quiero dejar de agradecer la posibilidad de estar acá, es un dia histórico para mí y mi familia, que estén en el banquillo de los acusados los asesinos de mi madre. Agradecer a los organismos de Derechos Humanos por la lucha por la búsqueda de justicia y la lucha y gracias a la decisión política de un presidente que permitió que esto sea posible".
Un testimonio que deja registro de los efectos de la desaparición en una familia que fue desvastada por la dictadura. Yamila tenía 8 años cuando secuestraron a su mamá, una tarde de junio de 1976.
"Para entonces la familia estaba destruida, muertos, desaparecidos, presos y un bebé, el hijo de mi tía Mechi, que mi abuela Otilia buscó hasta la muerte. Qudamos mis primitos Martin y Ramiro, de 2 y 3 años; y mi hermano Ernesto y yo, de 10 y 8. Ese era el panorama en el año 1978"


11:06 El secuestro

Yamila tenía 10 años cuando secuestraron a su mamá. Era el 1 de junio de 1976, y les había dicho que si se demoraba en buscarlos de la escuela la esperaran en la casa de la abuela, que vivía al frete de su casa. "Mi madre era una artista, era muy detallista, nos había puesto de punta en blanco para ir a la escuela ese día.
Según lo que la familia pudo reconstruir mas adelante, salió de la casa en dirección a Barrio Alta Córdoba donde debían retirar un mueble o algo así. La secuestró una patota de policías o militares, ella se encontraba junto a un compañero en una casa donde participaba de reuniones de militancia.


11:08 Elena y "el Chechi"

Yamila trajo a la audiencia una foto de su mamá: hermosa, de cabello oscuro enmarcando un rostro que parece pintado por un artista. "Mi madre era ya grande, una mujer de 37 años, que llamaba la atención por su belleza". Muestra la foto al Tribunal. Ella espera que los imputados la reconozcan, le digan algo de lo que pasó con ella, y que así, pueda dejarde estar tan desaparecida, "aunque sea un poco"
"A partir dela muerte de mi padre, para reivindicar su lucha, mi madre abraza la mlitancia en la parte de prensa del PRT, haciendo volantes" cuenta Yamila, y agrega que su padre, Cesar Justino Argañaraz, fue asesinado en una acción del Ejercito Revolucionario del Pueblo en Villa María, en 1974.
Ambos eran militantes de izquierda.

11:11 Embarazada

Una de las testigos afirma que Maria Elena Gomez estaba embarazada, de un embarazo incipiente. "En principio creíamos que era una confusión, creíamos que estaba confundiéndola con mi tía Mechi, desaparecida en Mar del Plata, de quien sí sabíamos estaba embarazada, en estado avanzado. Pero al mostrarle fotos, al reconstruir su pas por La Perla, no quedan dudas que era ella", afirma con firmeza Yamila.
Elena llegó muy malherida, y contó que hacía poco habían matado a su marido en Villa María. Por ello "en su estado anímico estaba muy lastimada".


11:20 Hija de desaparecidos

"No se si se puede explicar lo que significa vivir toda la vida con la mamá desaparecida, que no es la mamá muerta. La vamos a buscar siempre, eso se transforma en un modo de vida. No sólo fue victima mi mama que murio torturada y tirada en algun lado. Nosotros somos víctimas permanentes hasta que aparezca"
Ante la pregunta de la Dra Lyllan Luque, de la querella de H.I.J.O.S. y Familiares, sobre cómo fue posible reconstuir su vida, a Yamila le atraviesa la mirada un destello de memorias que mezclan sensaciones. Seguramente se ve a la distancia entre primos, con su abuela, con los tíos que quedaron. Recuerda las ausencias pero también la fortaleza de una familia que siguió adelante a pesar del dolor.
"Fue muy difícil para nosotros. Mi hermano no pudo ni siquiera venir hoy, pero cada uno lo canalizó como pudo. Yo me hice contructora de casas, creo que fue por mi convicción de que tenemos que construir la verdad siempre. Mi hermano se hizo médico, para sanar las heridas que nos dejó tanto dolor. Mis primos se hicieron abogados, entre otras cosas para meter presos a los responsables.
El dolor está, pero vamos recuperando cosas. Con la justicia estamos recuperando la confianza en nuestro país. El orgullo de saber que nuestros padres tenían razón, luchaban por una causa justa. Y levantamos las banderas de todos los miembros de mi familia que encabezaron esta lucha. Especialmente mi abuela."


: Salta: Fiscalía y querellantes ampliaran acusaciones + Tucuman: Organismos de DH respaldaron al fiscal Camuña









A pesar de los inconvenientes la jornada fue útil para que el ex legislador provincial Héctor Canto confirmara que en el Ejército existió un centro clandestino de detención y para que relatara que, a pesar de que los detenidos estaban en una situación de clandestinidad, los militares llevaban expedientes. Eso fue al menos lo que pasó en su caso.
Por otra parte, se adelantó que la Fiscalía ampliará la acusación en contra de algunos de los 17 hombres que están siendo juzgados en este proceso. Ricardo Toranzos no adelantó sobre quiénes recaerán las acusaciones más graves; en cambio, el abogado David Leiva, querellante por la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, anticipó que ampliará la acusación contra el teniente Isidro Benjamín de la Vega, quien está siendo imputado en relación a la desaparición del conscripto Víctor Brizzi.
Las demoras, y la novedad de las ampliaciones acusatorias, cambiaron las estimaciones sobre el final de este proceso, según explicó el secretario del Tribunal Oral, Mariano García Zavalía. Ahora se prevé que la sentencia podría conocerse en septiembre, o tal vez en octubre.
Ayer el fiscal pidió que se incorporen nuevas pruebas: un expediente que se abrió en 1976, tras la desaparición del estudiante Enrique Mosca Alsina, y 4 testimonios en relación al secuestro y homicidio del ex diputado provincial Eduardo Rizo Patrón, entre ellos el de su hijo, Luis Rizo Patrón, que fue secuestrado para obligar a entregarse a su padre, cuyo cuerpo fue dejado en la plaza de Metán, el 13 de julio de 1976.
Leiva también pidió que declare un hermano de René Russo, un militante comunista detenido el 24 de marzo de 1976 en Orán y desaparecido en Salta de la Central de Policía. El pedido surgió luego de que Canto dijera que por ese hermano supo que Russo había desaparecido luego de que lo dejaran en libertad, desde la Central.
Canto militaba en el Frente Peronista en 1976. Residía en Güemes. La madrugada del 24 de marzo Canto fue detenido por una comisión de policías entre los que estaba el inspector Julio Correa, juzgado en este proceso. Enseguida fue llevado a la Central de Policía en Salta, donde le ataron las manos y lo vendaron tan fuertemente que le sangraron los ojos y creyó que iba a quedar ciego. Luego lo llevaron a un centro clandestino de detención que funcionó, está seguro, en dependencias del Ejército. Allí había otros muchos detenidos, por lo que escuchó, sabe que muchos fueron torturados. “37 días estuve incomunicado (en el Ejército)”, recordó. Finalmente fue trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas, donde vio a Russo, y donde el mayor temor se generaba “cuando venían los helicópteros” con militares.
En agosto el coronel Joaquín Cornejo Alemán, que está siendo juzgado ahora, le comunicó la decisión de dejarlo en libertad. Le mostró un expediente y le dijo: “De todas las cosas que figuran acá no le hemos podido comprobar nada, porque si no, usted no sale con vida de acá”. Y le recomendó que se fuera de Güemes, “porque no podía garantizarme la vida”.
La audiencia se retomará recién el 12 de agosto, con los testigos que restan.

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Comunicado de abogados, organizaciones y militantes
Organismos de derechos humanos de Tucumán respaldaron al fiscal Camuña


Frente a la denuncia realizada por el senador Gerardo Morales, los organismos de la región manifestaron su "total apoyo y respaldo al trabajo que viene desarrollando" la Unidad Fiscal y señalaron que se trata de una maniobra dirigida a un "uso político y electoral".

Abogados, militantes y organizaciones de derechos humanos de Tucumán expresaron su respaldo a la actuación del fiscal Pablo Camuña en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado.

El respaldo fue dado a conocer a través de un comunicado luego de que el fiscal fuera denunciado por el senador Gerardo Morales (UCR) por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en causas en las que se encuentra involucrado el general César Milani.

Los abogados Pablo Gargiulo, Bernardo Lobo Bugeau, Daniel Weisemberg, Julia Vitar, Inés Lugones, Valentina Garcia Salemi y las organizaciones Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) de Tucumán, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (A.N.D.H.E.S), APDH Tucumán, Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, la Secretaria de Derechos Humanos CTA de los Trabajadores de esa provincia, Renée Ahualli, la Agencia de Derechos Humanos y las militantes Silvia Sandoval, Stella Garbarino, Andrea Camerlingo y Claudia Sanchez suscribieron el comunicado en el que manifiestan su "total apoyo y respaldo al trabajo que viene desarrollando" la Unidad Fiscal de Tucumán, a cargo de Camuña.

En referencia a la denuncia de Morales, el colectivo señaló: "Creemos que la actuación de ciertos sectores políticos y mediáticos, responde a una estrategia tendiente a lograr réditos electorales y no a contribuir al sostenimiento y la profundización del proceso de juzgamiento a los responsables del genocidio sucedido en nuestro país entre los años 1975-1983".

En ese sentido, remarcaron la política criminal de la Procuración General de la Nación, que con la reapertura de las investigaciones en 2003 creó unidades especiales en diferentes lugares del país para investigar los crímenes de lesa humanidad. "Nuestra lucha recibió un importante impulso que posibilita que hoy en día se lleven adelante a lo largo del país numerosos juicios en donde se investiga la responsabilidad penal de los personeros del terrorismo de estado", destacaron.

Y agregaron al respecto que "la Unidad Fiscal de Tucumán, y por lo tanto el Fiscal Ad Hoc Camuña, forman parte de este proceso de búsqueda de juicio y castigo a los genocidas en nuestra provincia".

En el comunicado, los firmantes reseñan y desechan cada uno de los puntos de la denuncia de Morales. En ese sentido, indican que el archivo solicitado por Camuña de la denuncia presentada contra Milani por su intervención en tareas de inteligencia durante el Operativo Independencia responde a que "la Fiscalía no encontró elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal en la comisión de delito de lesa humanidad alguno durante ese período previo al golpe militar".

Por otro lado, en relación al caso que tiene como víctima al conscripto Alberto Agapito Ledo, remarcaron que la causa "no se encuentra archivada, como no se encuentra archivada ninguna causa por desapariciones de personas u otros delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado". Y agregaron: "Sin desmedro de lo expresado, entendemos que de surgir elementos que permitan atribuir responsabilidad penal a César Milani o imputarle algún tipo de participación o autoría en crímenes de lesa humanidad, estos hechos deberán ser investigados y aquel deberá responder ante la justicia".

Finalmente, aseguraron: "No avalamos el uso político y electoral de nuestra lucha por Memoria, Verdad y Justicia, ni tampoco que con estos fines se desinforme, se mienta y se desacredite el trabajo de los funcionarios a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de nuestra provincia".
Ver comunicado de los organismos de DDHH.pdf



Fuente: http://fiscales.gob.ar/





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domingo, 21 de julio de 2013

UN EX PRESO POLITICO RATIFICO EN LA RIOJA LAS DENUNCIAS QUE INVOLUCRAN AL JEFE DEL EJERCITO





EL PAIS › UN EX PRESO POLITICO RATIFICO EN LA RIOJA LAS DENUNCIAS QUE INVOLUCRAN AL JEFE DEL EJERCITO
Milani también fue al tribunal tucumano

El militar habló de una “campaña de desprestigio”. Reiteraron ante la Justicia una acusación en su contra.

El jefe del Ejército, César Milani, ayer, en los tribunales federales de Tucumán.

Al igual que lo hizo días atrás en La Rioja, el jefe del Ejército, César Milani, se presentó ayer ante la Justicia federal de Tucumán y negó haber participado en cualquier tipo de violación a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Cuando faltan dos días para que empiece a tratarse en el Senado el pliego de su ascenso, Milani se acercó espontáneamente al juzgado para entrevistarse con el juez Daniel Bejas, ante quien negó estar involucrado en la desaparición del soldado Alberto Ledo. Posteriormente, el jefe del Ejército denunció “una campaña de desprestigio” para perjudicarlo a él, dañar la imagen del Ejército y del gobierno nacional. Por su parte, el ex preso político Ramón Olivera ratificó ante el juez de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, las denuncias sobre la responsabilidad de Milani en el secuestro de su padre y en hostigamientos sufridos por él durante un interrogatorio en sede judicial. Desde el gobierno nacional salió a defenderlo el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien remarcó que Milani ya había sido ascendido en tres oportunidades sin que se generara esta situación.
El lunes a las 9 de la mañana la Comisión de Acuerdos del Senado comenzará el tratamiento del pliego de Cesar Milani, que en las últimas semanas se convirtió en blanco de críticas de la oposición y de algunos organismos de derechos humanos como el Serpaj, liderado por Adolfo Pérez Esquivel. Tras la difusión de dos testimonios, el de Olivera en La Rioja y el ex conscripto Alvaro Illanes en Tucumán, Milani salió a dar respuesta.
“Niego la veracidad de todos y cada uno de los hechos que algunos medios de comunicación (difundieron) en forma malintencionada, montando una campaña de desprestigio, difamatoria, con el objetivo de perjudicar mi trayectoria militar, mi buen nombre y honor, por consiguiente la imagen del Ejército y en última instancia persiguiendo un fin político, que es perjudicar al gobierno nacional”, aseguró el jefe del Ejército al salir de su encuentro con el juez Bejas, quien también se reunió ayer con una comitiva de diputados y senadores radicales que le pidieron la reapertura de la causa judicial por la desaparición del soldado Ledo.
Milani relató ayer que estuvo hace 36 años en la localidad de Monteros, en Tucumán. “Tenía 21 años y estaba en la Unidad de Ingenieros de Construcciones. Estábamos en una escuela en construcción en la localidad de Monteros con máquinas y equipos viales y nuestra tarea era reparar caminos cuando sacaban la caña y pintar escuelas. A eso nos dedicamos los 40 días”, sostuvo el jefe del Ejército y agregó que todos los que estuvieron con él eran ingenieros en construcción. “Nunca jamás tuvimos nada que ver con Inteligencia o con la parte operativa o con nada”, completó Milani, rechazando las acusaciones de Illanes, quien señaló que Ledo era su asistente.
Así como el jefe del Ejército se presentó espontáneamente ante el juez de La Rioja, Olivera se presentó ayer ante Herrera Piedrabuena y reiteró ante el magistrado lo declarado en 1984 ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos. En esa oportunidad, Olivera indicó que Milani había encabezado el operativo por el cual fue secuestrado su padre, liberado dos días después. Olivera sostuvo que reconoció a Milani porque, luego del allanamiento en que se secuestró a su padre, lo volvió a ver en el auto que lo trasladaba a él desde un centro clandestino de detención al juzgado de Roberto Catalán. Allí, el secretario del juzgado, de apellido Armatti, le preguntó a Milani por su ascendencia y en ese momento se mencionó el apellido del ahora jefe del Ejército. Según cuenta Olivera, en aquel interrogatorio, Milani lo hostigó para que se autoincriminara. Posteriormente estuvo detenido por cuatro años y medio.
Según la información recogida y difundida por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Milani no se encontraba hasta ahora imputado en ninguna causa. Habrá que esperar los próximos pasos del fiscal Horacio Salman y el juez Herrera Piedrabuena en La Rioja y del fiscal Pablo Camuña y el juez Bejas en Tucumán.
El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Domingo Bordón, consideró que “no se trata de creer o no creer” sino que la Justicia debe investigar el caso, aunque calificó como “operación taquillera” la actitud de legisladores nacionales de la UCR y de dos dirigientes “menemistas”. “A la Justicia hay que ir con testimonios y pruebas, nadie puede exigir si no tiene pruebas, si las hay tendrá que ir al juzgado que corresponda”, concluyó Bordón. El gobierno de La Rioja, a cargo de Luis Beder Herrera, anunció que contrató al abogado Bernardo Lobo Bugeau de Tucumán para que se presente como querellante en la causa por la desaparición de Ledo, que se sigue en el juzgado tucumano.

Fuente: Pagina 12

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20.07.2013 | el militar se presentó ante la justicia de tucumán y habló por primera vez de las acusaciones
Milani denunció que es víctima de una campaña de desprestigio

El jefe del Ejército volvió a negar los hechos que se le atribuyen ante el juez Bejas. En La Rioja, el ex preso político que lo acusa de haber participado de un operativo, ratificó su testimonio.

Por: 
Martin Piqué

El general César Milani aseguró que existe una "campaña de desprestigio, una campaña difamatoria" en su contra, montada por algunos medios con el objeto de perjudicar su trayectoria militar, la imagen del Ejército y, en última instancia, también al gobierno nacional. El flamante jefe del Estado Mayor Conjunto realizó estas declaraciones en San Miguel de Tucumán, adonde ayer viajó para ponerse a disposición del titular del Juzgado Federal Nº 1, Raúl Bejas. En su presentación ante el juez, Milani "negó absolutamente los presuntos hechos que se le atribuyen" durante su desempeño como subteniente de la unidad de ingenieros de construcciones que se instaló en la ciudad tucumana de Monteros, en el marco del Operativo Independencia. Ayer, en diálogo con un periodista, Milani dio su versión de lo que habrían sido sus tareas mientras estuvo destinado en Tucumán. "Nunca jamás tuve nada que ver con Inteligencia, ni con la parte operativa, ni con nada", subrayó el jefe castrense.
La mención al área de Inteligencia puede dar lugar a confusiones porque el propio Milani ingresó en el Batallón 601 de Inteligencia, aunque esa incorporación se produjo muchos años después: fue el 1º de diciembre de 1983. Ayer, en su contacto con la prensa, Milani aportó algunos detalles de sus actividades en Tucumán, durante aquel cruento año de 1976, como parte del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141. "Yo tenía 21 años. Estábamos en una escuela en construcción, con máquinas y equipos viales. Nuestra tarea era reparar el ripiado de caminos, por donde se sacaba la caña, y pintar escuelas. A eso nos dedicamos los 40 días. Toda la gente que estaba conmigo eran ingenieros en construcciones", aseguró. 
La polémica por el historial militar de Milani podría complicar la aprobación de su pliego por parte del Senado. La sesión en la cual se votará la aceptación o rechazo de su ascenso está programada para el miércoles 31 de julio. El primer paso para la votación tendrá lugar este lunes, cuando la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta discuta el dictamen que incluya su foja de servicios y la propuesta de ascenso por parte del Ejecutivo. Una de las denuncias que pesa sobre él corresponde a un ex preso político, Ramón Olivera, quien asegura que Milani dirigió un operativo en el que allanaron su domicilio y detuvieron a su padre. En declaraciones periodísticas, Olivera llegó a decir que el hoy jefe del Ejército lo interrogó en persona y ante un juez federal de la época. Ayer, el propio Olivera se presentó ante el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, para ratificar sus dichos ante la justicia. 
El mismo magistrado había recibido a Milani 48 horas antes, el miércoles por la mañana. En esa ocasión, el titular del Estado Mayor se puso a disposición del juez y negó todos los hechos que se le imputan. El viaje de Milani a La Rioja y Tucumán fue autorizado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. La otra denuncia que se le atribuye, aunque la acusación no figura en ninguna causa, le asigna responsabilidades en la desaparición del conscripto Alberto Ledo. En el gobierno siguen con atención el flanco judicial y sostienen que, si llegara a prosperar alguna acusación en los Tribunales, la carrera militar de Milani tendría un final inevitable. Mientras tanto, como en la justicia no hay elementos, en el FPV decidieron avanzar con la aprobación del pliego. En el oficialismo consideran que la controversia en torno al pasado del jefe militar está motorizada por los sectores conservadores del Ejército, a partir de su compromiso ideológico con la reindustrialización del país y la reconstrucción del Estado. 
En su discurso de asunción, Milani llamó al Ejército a "acompañar el proyecto nacional", una convocatoria que no pasó desapercibida para otros altos oficiales presentes en el acto. Milani también tuvo cortocircuitos con algunos camaradas de armas: hace unos años se enfrentó con el ex secretario general del Ejército, general Hugo Bruera, quien terminó desplazado, y además colaboró en la desarticulación de una red de espionaje ilegal que la Armada había montado en la base de Trelew. Milani se especializó en Inteligencia desde su ingreso al Batallón 601, en 1983. En los últimos años llegó a ser jefe de Inteligencia de la fuerza: durante su actuación en ese cargo salieron a la luz pública los listados con los nombres del personal encubierto que se había desempeñado como Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la dictadura

Fuente: Tiempo Argentino
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Familiares de la Masacre de Margarita Belen repudian sanción de la ley en el Senado que actualiza









Nos preguntamos por que en la Dictadura no se le abonó indemnizaciones a quiénes, militares y soldados murieron en el intento de copamiento del Reg 29 de Monte de Formosa si es que les correspondía? Hubo una pensión con grado más alto que el que tenían al momento del hecho del 5 de octubre del ‘75  que se les pagó y continúa a la fecha ajustado a derecho.  Dar una indemnización “supra” ahora viola lo que el país votó como que solo habra reparación para quiénes fueron secuestrados y desaparecidos por la criminalidad del estado y que fueron ratificados por fallos de Procuración Fiscal Nación, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia asi como Justicia Universal.
Recordamos que aun están insepultos 11 cuerpos de militantes que continúan desaparecidos bajo la construcción de un edificio y no se puede verificar que sus familiares hayan podido saber la verdad, recuperar sus cuerpos y cobrar dinero como indican periodistas de Perfil y otros. A los senadores que pusieron o pondrán sus firmas en la ley les señalamos que no olvidamos ni perdonamos la injusticia ni la inequidad con quiénes fueron víctimas del terror, inermes y no sujetos a derecho..

Mirta Clara
Familiar de la Masacre de Margarita Belén



Contra la vuelta de la  “Teoría de los Dos Demonios”

Los militantes y organismos de DDHH de Tucumán,abajo firmantes, repudia la media sanción del proyecto de ley que pretende equiparar los efectos de la lucha armada de las organizaciones revolucionarias de la década del 70 con los crímenes del Terrorismo de Estado y llama al movimiento de DDHH y las fuerzas políticas populares a redoblar sus esfuerzos para impedir que este proyecto se convierta finalmente en ley en el Senado, previsto para la proxima sesión.

Con 135 votos a favor y 18 en contra, la Cámara Baja aprobó y giró al Senado un proyecto de ley el año pasado presentado por diputados radicales y peronistas de Formosa que manda a indemnizar a víctimas de la acción de la Organización Montoneros realizó al Regimiento de Infantería de Monte,  Formosa en 1975.

El proyecto significa un verdadero retroceso que remite a los tiempos de la sanción de los decretos 156 y 157 del gobierno de Ricardo  Alfonsin que establecieron en primer lugar el juzgamiento penal a los responsables de las organizaciones político militares y luego a los jefes de las Juntas que integraron los sucesivos gobiernos dictatoriales genocidas. Ese fue el inicio de un esquema oficial tendiente a circunscribir la cuestión de  las violaciones sistemáticas de derechos humanos exceptuando cómplices e instigadores civiles, religiosos y de toda índole comprometidos con el plan político, cultural y económico del terrorismo de Estado  que se institucionalizaría la denominada “teoría de los dos demonios” con el prólogo que redactar el escritor Ernesto Sábato al informe “Nunca Más” de la CONADEP.
La anulación en 2003 de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas por los crímenes de lesa humanidad  concretada por el presidente Néstor Kirchner permitió reiterar una prolongada normativa y jurisprudencia supranacional, constitucional y local que estableció la imposibilidad de equiparar en cuanto a consecuencias y calificación la acción represiva y terrorista del Estado con los actos de particulares. La aprobación de este proyecto contrario a los valores de Memoria, Verdad y Justicia, se inscribe entonces en el marco de un revanchismo de los sectores de derecha que pretenden desoir y borrar los importantes avances logrados con el juicio y castigo a los responsables del genocidio de los últimos años.
Una vez más, llamamos a todo el movimiento de DDHH, las fuerzas populares, progresistas y democráticas de nuestra sociedad a repudiar el voto al proyecto de indemnización de Ricardo Buryaile (UCR) y  Juan Carlos Díaz Roig (FpV)aprobado en Diputados y evitar que el Senado lo convierta en ley.


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MADRES Y FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DE JUJUY.
                               Personería Jurídica Nº 4965/09.
                           
                                   LA NOCHE DEL APAGON.

Seriamente preocupados por la campaña mediática y extorsiva desatada por la Empresa Ledesma a raíz del procesamiento de su titular, Carlos Pedro  Blaquier y  de su ex administrador  Lemos como presuntos cómplices en los secuestros de 29 personas durante el mes de Julio del año 1976,  estamos  convencidos  que a treinta y siete años de la fatídica noche del Apagón es hora  que se haga Justicia para sus víctimas.
Desde las organizaciones de Derechos Humanos durante estos treinta y siete años, nuestro principal objetivo es la búsqueda de Justicia, y no de venganza, para ello hemos esperado pacientemente todos estos años.
El impulso y activación  que se le ha dado a las causas por delitos de lesa humanidad desde el Ministerio Publico,  ha implicado en muchos casos  reabrir  expedientes  dormidos y empantanados,  por más  treinta años en los archivos judiciales.
Ha significado  investigar a fondo la implementación de ese genocidio y sus mecanismos de ejecución, juzgar a los cómplices civiles que se beneficiaron con la instauración de la dictadura. Es decir  que por primera vez en la Argentina se está llevando a cabo una política  de verdad memoria y justicia que, desde los organismos  hemos venido reclamando a través de nuestras denuncias y testimonios.
Nos preocupa entonces enormemente que algunos sectores de la clase política, a través de sus denuncias y cuestionamientos a la tarea que vienen desarrollando los fiscales ad hoc, en todo el país, estén intentando frenar el avance de los delitos de lesa humanidad que tanto nos ha costado como sociedad.
En nuestra provincia claramente el avance en las investigaciones en los delitos de lesa humanidad se debe al impulso que desde la fiscalía ad hoc viene  realizando, logrando destrabar causas  como la de la Noche del Apagón.
En el dpto. Ledesma, entre 1959 y 66, los reclamos salariales de los trabajadores del azúcar fueron continuos; el paro más largo duró desde julio a octubre de 1965, obteniendo más del 60% de aumento en sus salarios. Entre 1972 y 75, las huelgas, encabezadas por un sindicato combativo que tenía en jaque a la empresa, se sucedían unas tras otras ante el menor incumplimiento de las obligaciones patronales. La gestión del sindicato entre 1970 y 75, produjo una significativa mejora en las condiciones de vida de la clase obrera. Sin embargo este fue intervenido en 1975 y la resistencia obrera fue mermada mediante la represión y la detención de alrededor de 300 personas, entre las que se encontraban dirigentes sindicales  y obreros de la empresa Ledesma. Como consecuencia de la intervención del sindicato  y el terrorismo de estado  desatado por la dictadura, la actividad sindical combativa de la zona se neutralizo. La represión garantizó el silenciamiento de las masas obreras, y permitió a la empresa retraer toda conquista obtenida por el movimiento obrero.
Este pasado reciente nos muestra claramente que  la empresa Ledesma fue cómplice y beneficiaria de las políticas de exterminio instaladas  por la última dictadura cívico militar.
Ante el avance de la justicia, el pueblo trabajador  de Ledesma, vuelve a ser preso del poderío de esta empresa, que mediante  el chantaje y amenazas  de pérdida de los puestos de trabajo, mediante la manipulación mediática de la opinión pública, intenta provocar divisiones y enfrentamientos en la sociedad, sembrando la duda  y el odio entre sus pobladores.
Esto  implica poner a sus pobladores en una falsa disyuntiva de justicia versus fuentes laborales. Queremos dejar en claro que.
NO ESTAMOS EN CONTRA DE LAS FUENTES LABORALES DE LOS OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA LEDESMA
EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA LEDESMA, CARLOS PEDRO BLAQUIER y EL EX ADMINISTRADOR ALBERTO LEMOS DEBERAN RESPONDER ANTE LA JUSTICIA POR SU VINCULACION CON LA TRAGICA NOCHE DEL APAGON OCURRIDA EN 1976.
SOLO LA JUSTICIA DARA LAS RESPUESTAS QUE BUSCAMOS.

                                                              San Salvador de Jujuy, 17 de julio de 2013.







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La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia





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Para el fiscal Parenti, absolución de Villafuerte Ruzo atenta contra la imparcialidad de la Justicia





La Corte ni siquiera opinó sobre el cajoneo de expedientes por el juez federal 

Para el fiscal Parenti, absolución de Villafuerte Ruzo atenta contra la imparcialidad de la Justicia

Villafuerte Ruzo: La Fiscalía le detalló a la Corte todas las causas que estaría deliberadamente demorando.
Pablo Parenti, coordinador de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, fue tajante al opinar en diálogo con Télam que "con la resolución de la Corte, que avala la actuación del juez Villafuerte Ruzo, se pone en riesgo la imparcialidad de la Justicia en San Nicolás. Con este fallo, ahora sabemos que tenemos una Corte Suprema de Justicia que tampoco quiere avanzar en la investigación de las causas pendientes por delitos de lesa humanidad”. La Unidad a cargo del fiscal general Jorge Auat realizó el informe que motivó el dictamen de la procuradora Gils Carbó, en el cual solicitaba apartar a Villafuerte Ruzo en investigaciones de delitos de lesa humanidad, por la posición adoptada por el juez en la investigación y juzgamiento de esos delitos.
Sin embargo, el máximo tribunal no se abocó al tratamiento del caso, que consideró “insustancial o carente de trascendencia". La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus integrantes, desestimó el informe sobre Villafuerte Ruzo, quien fue cuestionado por injustificables demoras en el trámite de los expedientes, presumiblemente por haber asumido "una posición parcial contraria a la persecución penal" --en la opinión de Parenti-- de ese tipo de delitos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus integrantes, desestimó la queja y rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal para apartar de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien fue cuestionado por las infundadas demoras en el trámite de los expedientes a raíz de haber asumido "una posición parcial contraria a la persecución penal" de ese tipo de delitos.

El máximo tribunal no se abocó al tratamiento del caso y rechazó la pretensión fiscal en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que estipula que la Corte, "según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".

Así, el tribunal desechó en tres líneas el dictamen de 41 páginas de la Procuradora General de la Nación, quien había solicitado que se hiciera lugar a la recusación interpuesta en primera instancia por el fiscal de San Nicolás, Juan Patricio Murray. El caso llegó a la Corte tras ser confirmado en todas las instancias anteriores y por una queja interpuesta por el fiscal de Casación.

La recusación había sido planteada por el fiscal Murray en una causa que tiene entre sus imputados al ex comisario Luis Abelardo Patti. El dictamen de Gils Carbó, que acompañó el pedido del fiscal de primera instancia, añadió a las consideraciones un informe de la entonces Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento, hoy Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, sobre las demoras de Villafuerte Ruzo en las investigaciones que versan sobre delitos de miembros de fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura.

La actuación del juez, que la Corte consideró intrascendente analizar, fue cuestionada en la causa en la se investigan los secuestros y homicidios de Osvaldo Agustin Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi, el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum de Rosario, y en la que se encuentra acreditado que una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Luis Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez los mató horas después en un camino vecinal cerca de Zárate.

"En la causa 'Patti' se observa una demora de 6 años entre el primer pedido de declaración indagatoria y el auto del juez que finalmente ordenó la citación. En el transcurso de estos seis años el juez no dispuso ninguna medida significativa para el avance de la investigación", indicó la Unidad Fiscal de Coordinación en el informe que acompañó Gils Carbó a su dictamen ante la Corte.

"La actuación del juez Carlos Villafuerte Ruzo motivó la presentación de más de 30 pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia, recursos de reposición, apelación. y queja por el fiscal a cargo de la Fiscalia Federal de San Nicolás, Dr. Juan P. Murray, y reiterados oficios de esta Unidad Fiscal de Coordinación a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Cámara Federal de Casación Penal y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", abundó la Unidad a cargo del fiscal general Jorge Auat.
Ante esta respuesta de la Corte Suprema, el fiscal Juan Murray entrevistado por Télam sostuvo "Es dificil pedirle explicaciones al cielo, por eso la Corte mo opinó del caso, sólo resolvió". Al mismo tiempo el fiscal de San Nicolás no dudó en afirmar: "Es obvio que la Corte iba a amparar a Villafuerte Ruzo, ya que Petracchi es amigo de él, hasta lo invita a los festejos de sus cumpleaños".

Murray enfatizó que la medida: “Es una facultad totalmente arbitraria que tiene nuestra Corte Suprema, otorgada por artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, netamente inconstitucional que agravia al sistema republicano”.

La Corte Suprema chilena revisa el fallo que autorizó la extradición el ex juez Otilio Romano



La Corte Suprema chilena revisa el fallo que autorizó la extradición el ex juez Otilio Romano

Ante los jueces del máximo tribunal chileno, presentan sus argumentos la defensa el ex camarista y el representante del Estado argentino, el jurista chileno Sebastián Dal Pozzo

La Corte Suprema chilena revisa el fallo que autorizó la extradición el ex juez Otilio Romano Ampliar foto
Foto:Gentileza: La Tercera (Chile)
Por: Erik López (Desde Chile, especial para El Sol Online)
En la sala penal de la Corte Suprema se desarrollan los alegatos por el fallo del ministro Sergio Muñoz, que el 18 de junio pasado, accedió a la petición de la justicia argentina para extraditar al ex juez Otilio Romano.
Ante los jueces del máximo tribunal chileno, presentan sus argumentos la defensa del ex camarista, el abogado Claudio Feller, y el representante del Estado argentino, el jurista chileno Sebastián Dal Pozzo.
Los cargos que remitió el juez federal de Mendoza, Walter Ricardo Bento, el 6 de enero del año pasado, apuntan a privación ilegítima de libertad de 34 personas, privación de libertad de otros 26 detenidos, torturas respecto a 36 personas y allanamiento ilegal en cuatro casos, hechos ocurridos entre 1975 y 1983, durante la dictadura del recientemente fallecido Jorge Rafael Videla.
Entre estos casos aparece la negativa de Romano, en su época de fiscal, de investigar el destino de Rebeca Manrique Terrera, de nueve meses de edad, hija Alfredo Manrique y Laura Terrera, ciudadanos argentinos detenidos-desaparecidos desde 1977.
Romano permanece desde agosto del año 2011 en un departamento en Reñaca con una orden de arraigo y arresto domiciliario nocturno.
Si la Corte Suprema rechaza la apelación anunciada por la defensa del ex juez trasandino, Otilio Romano debe ser puesto a disposición de las autoridades diplomáticas de su país, trámite que debe realizar la cancillería chilena junto a Interpol

viernes, 19 de julio de 2013

Tucuman: Amenazaron a la esposa del abogado Lobo Bugeau. Es por su actuación en la causa Lebbos







 
TUCUMAN
Amenazaron a la esposa de Lobo Bugeau: "Los vamos a hacer desaparecer uno por uno"

Milagros D'Hiriart sufrió anoche otra amenaza por la actuación de su esposo en la causa Lebbos. "Desde marzo vivimos amenazados", denunció

Amenazaron a la esposa de Lobo Bugeau: "Los vamos a hacer desaparecer uno por uno"
Bernardo Lobo Bugeau. Foto: El Siglo
TUCUMAN.- Milagros D'Hiriart, esposa del abogado Bernardo Lobo Bugeau, fue amenazada anoche en la puerta de su casa por un sujeto que la intimó a dejar de "perseguir al Gobernador Alperovich".
 
Anoche, un sujeto golpeó la puerta de la casa de Lobo Buggeau. "Cuando salgo a atender un hombre en moto me pregunta: '¿Está Lobo Bugeau?' Luego me dijo 'cortenla con Lebbos, basta de perseguir al Gobernador Alperovich, porque los vamos a hacer desaparecer uno por uno'. E hizo una seña con su dedo de cortar la garganta", explresó Milagros, esposa del letrado. 

Lobo Bugeau fue el abogado designado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para examinar las más de 12.000 fojas del expediente del caso por el homicidio de Paulina Lebbos, que permaneció en secreto hasta su designación. 

El letrado, luego de analizar el expediente, elevó un informe que resultó demoledor para el Fiscal Carlos Albaca, quien durante siete años no avanzó en ninguna de las hipótesis de la investigación y mantuvo en secreto el expediente al que, a esta altura, le faltan dos cuerpos que están "extraviados".

Milagros D'Hiriart explicó que "no es la primera vez que nos ocurre. Desde marzo (época en la que su marido, Lobo Bugeau, comenzó a auditar la causa) hemos venido recibiendo amenazas. Primero fueron telefónicas, después me siguieron por la calle. Antes de que Bernardo entregue el informe, todas las semanas sufríamos amenazas". 

En todos los casos, las amenazas especifican que son por el caso Lebbos: "me llaman 'zurdita de m... y me dicen que me va a hacer desaparecer a mí, como lo hicieron con mi hermano", señaló D'Hiriart. 

"Hasta se metieron con mi hija de 13 años. Me llaman y me dicen: `Tu hija se bajó de tal colectivo en tal esquina a tal hora. Sigan boludeando y va a aparecer como Paulina en un zanjón". 

D'Hiriart informó hoy en la Fiscalía lo sucedido. "No tenemos miedo, porque no hay que tenerlo", indicó. "Vamos por la verdad, pedimos Justicia. No nos vamos a callar, no nos van a callar". 

Por último, remarcó: "Hago totalmente responsable al Gobierno por lo que pudiera pasarnos a mí y a mi familia". 

Fuente: http://www.elaconquija.com

 

 
 
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Contra la vuelta de la “Teoría de los Dos Demonios”







 
Contra la vuelta de la  “Teoría de los Dos Demonios”

Los militantes y organismos de DDHH de Tucumán,abajo firmantes, repudia la media sanción del proyecto de ley que pretende equiparar los efectos de la lucha armada de las organizaciones revolucionarias de la década del 70 con los crímenes del Terrorismo de Estado y llama al movimiento de DDHH y las fuerzas políticas populares a redoblar sus esfuerzos para impedir que este proyecto se convierta finalmente en ley en el Senado, previsto para la proxima sesión.

Con 135 votos a favor y 18 en contra, la Cámara Baja aprobó y giró al Senado un proyecto de ley el año pasado presentado por diputados radicales y peronistas de Formosa que manda a indemnizar a víctimas de la acción de la Organización Montoneros realizó al Regimiento de Infantería de Monte,  Formosa en 1975.

El proyecto significa un verdadero retroceso que remite a los tiempos de la sanción de los decretos 156 y 157 del gobierno de Ricardo  Alfonsin que establecieron en primer lugar el juzgamiento penal a los responsables de las organizaciones político militares y luego a los jefes de las Juntas que integraron los sucesivos gobiernos dictatoriales genocidas. Ese fue el inicio de un esquema oficial tendiente a circunscribir la cuestión de  las violaciones sistemáticas de derechos humanos exceptuando cómplices e instigadores civiles, religiosos y de toda índole comprometidos con el plan político, cultural y económico del terrorismo de Estado  que se institucionalizaría la denominada “teoría de los dos demonios” con el prólogo que redactar el escritor Ernesto Sábato al informe “Nunca Más” de la CONADEP.
La anulación en 2003 de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas por los crímenes de lesa humanidad  concretada por el presidente Néstor Kirchner permitió reiterar una prolongada normativa y jurisprudencia supranacional, constitucional y local que estableció la imposibilidad de equiparar en cuanto a consecuencias y calificación la acción represiva y terrorista del Estado con los actos de particulares. La aprobación de este proyecto contrario a los valores de Memoria, Verdad y Justicia, se inscribe entonces en el marco de un revanchismo de los sectores de derecha que pretenden desoir y borrar los importantes avances logrados con el juicio y castigo a los responsables del genocidio de los últimos años.
 Una vez más, llamamos a todo el movimiento de DDHH, las fuerzas populares, progresistas y democráticas de nuestra sociedad a repudiar el voto al proyecto de indemnización de Ricardo Buryaile (UCR) y  Juan Carlos Díaz Roig (FpV)aprobado en Diputados y evitar que el Senado lo convierta en ley.


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MADRES Y FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DE JUJUY.
                               Personería Jurídica Nº 4965/09.
                             
                                   LA NOCHE DEL APAGON.
 
Seriamente preocupados por la campaña mediática y extorsiva desatada por la Empresa Ledesma a raíz del procesamiento de su titular, Carlos Pedro  Blaquier y  de su ex administrador  Lemos como presuntos cómplices en los secuestros de 29 personas durante el mes de Julio del año 1976,  estamos  convencidos  que a treinta y siete años de la fatídica noche del Apagón es hora  que se haga Justicia para sus víctimas.
Desde las organizaciones de Derechos Humanos durante estos treinta y siete años, nuestro principal objetivo es la búsqueda de Justicia, y no de venganza, para ello hemos esperado pacientemente todos estos años.
El impulso y activación  que se le ha dado a las causas por delitos de lesa humanidad desde el Ministerio Publico,  ha implicado en muchos casos  reabrir  expedientes  dormidos y empantanados,  por más  treinta años en los archivos judiciales.
Ha significado  investigar a fondo la implementación de ese genocidio y sus mecanismos de ejecución, juzgar a los cómplices civiles que se beneficiaron con la instauración de la dictadura. Es decir  que por primera vez en la Argentina se está llevando a cabo una política  de verdad memoria y justicia que, desde los organismos  hemos venido reclamando a través de nuestras denuncias y testimonios.
 Nos preocupa entonces enormemente que algunos sectores de la clase política, a través de sus denuncias y cuestionamientos a la tarea que vienen desarrollando los fiscales ad hoc, en todo el país, estén intentando frenar el avance de los delitos de lesa humanidad que tanto nos ha costado como sociedad.
En nuestra provincia claramente el avance en las investigaciones en los delitos de lesa humanidad se debe al impulso que desde la fiscalía ad hoc viene  realizando, logrando destrabar causas  como la de la Noche del Apagón.
En el dpto. Ledesma, entre 1959 y 66, los reclamos salariales de los trabajadores del azúcar fueron continuos; el paro más largo duró desde julio a octubre de 1965, obteniendo más del 60% de aumento en sus salarios. Entre 1972 y 75, las huelgas, encabezadas por un sindicato combativo que tenía en jaque a la empresa, se sucedían unas tras otras ante el menor incumplimiento de las obligaciones patronales. La gestión del sindicato entre 1970 y 75, produjo una significativa mejora en las condiciones de vida de la clase obrera. Sin embargo este fue intervenido en 1975 y la resistencia obrera fue mermada mediante la represión y la detención de alrededor de 300 personas, entre las que se encontraban dirigentes sindicales  y obreros de la empresa Ledesma. Como consecuencia de la intervención del sindicato  y el terrorismo de estado  desatado por la dictadura, la actividad sindical combativa de la zona se neutralizo. La represión garantizó el silenciamiento de las masas obreras, y permitió a la empresa retraer toda conquista obtenida por el movimiento obrero.
Este pasado reciente nos muestra claramente que  la empresa Ledesma fue cómplice y beneficiaria de las políticas de exterminio instaladas  por la última dictadura cívico militar.
Ante el avance de la justicia, el pueblo trabajador  de Ledesma, vuelve a ser preso del poderío de esta empresa, que mediante  el chantaje y amenazas  de pérdida de los puestos de trabajo, mediante la manipulación mediática de la opinión pública, intenta provocar divisiones y enfrentamientos en la sociedad, sembrando la duda  y el odio entre sus pobladores.
Esto  implica poner a sus pobladores en una falsa disyuntiva de justicia versus fuentes laborales. Queremos dejar en claro que.
NO ESTAMOS EN CONTRA DE LAS FUENTES LABORALES DE LOS OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA LEDESMA
EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA LEDESMA, CARLOS PEDRO BLAQUIER y EL EX ADMINISTRADOR ALBERTO LEMOS DEBERAN RESPONDER ANTE LA JUSTICIA POR SU VINCULACION CON LA TRAGICA NOCHE DEL APAGON OCURRIDA EN 1976.
SOLO LA JUSTICIA DARA LAS RESPUESTAS QUE BUSCAMOS.
 
                                                              San Salvador de Jujuy, 17 de julio de 2013.







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La justicia federal riojana confirmó que investigará a Cesar Milani



La justicia federal riojana confirmó que investigará a Cesar Milani


El juez Daniel Herrera Piedrabuena ratificó que la presentación voluntaria del jefe del Ejercito, nombrado por Cristina K, fue “espontánea” e “inesperada” en su juzgado el pasado miércoles. En ese marco, adelantó que ahora deberá trabajar la fiscalía en reunir las pruebas que acrediten o no las denuncias contra Milani, a quien le endilgan delitos de lesa humanidad en La Rioja.

El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, ratificó este jueves que la presentación voluntaria del jefe del Ejercito, César Milani, el miércoles en su juzgado fue “espontánea” e “inesperada”, y adelantó que ahora deberá trabajar la fiscalía en reunir las pruebas que acrediten, o no, la denuncia presentada contra el militar.
“Milani se presentó en mi secretaría ante mi presencia y prestó declaración espontánea, presentada por escrito. Su presentación fue inesperada”, dijo el magistrado.
Agregó que Milani “negó los hechos que son de conocimiento publico en dos causas puntuales, la del conscripto (Alberto) Ledo y (el preso político riojano Ramón) Olivera” y que él se limitó “a escucharlo”.
El juez dijo también que Milani se presentó en forma espontánea “haciendo uso de un derecho constitucional”, ya que “se ve implicado en situaciones de delitos graves”.
Según el magistrado, su secretaría ya le remitió la declaración a la fiscalía general, que será la que “deberá promover la acción correspondiente o acumularla a otra causa” de las que se tramitan en el juzgado federal de Piedrabuena por delitos de lesa humanidad”.
Piedrabuena aclaró que no tiene ninguna causa específica que lo mencione al recientemente designado jefe del Ejército, y adelantó que a partir de ahora tendrá que escuchar a Olivera, ex preso político detenido durante la última dictadura, mientras la fiscalía trabaja en la reunión de pruebas.
“Tendré que escucharlo a Olivera, ratificando ese testimonio que dio en su oportunidad, donde él se exprese y pueda decirme cuál fue la situación que vivió él y su padre”, dijo el magistrado riojano.
Según explicó, el paso siguiente tras la declaración espontánea de Milani será “delegar la investigación al fiscal para que sea quien remita pruebas” y le haga a él en su calidad de juez “el requerimiento para avanzar en el proceso y resolver la situación procesal”.
El pliego de la designación de Milani al frente del Ejército se tratará el 31 de julio en el Senado de la Nación.
Por eso, según consignó el juez, “dependerá de la rapidez con la que actúe la fiscalía para determinar la responsabilidad de Milani”, que la resolución llegue antes de esa fecha. La fiscalía deberá determinar si “está todo bien o si encontraron alguna prueba sobre la que conviene indagar”, según explicó Piedrabuena.
Fuente: http://riojavirtual.com.ar
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19.07.2013 | El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, ya remitió a la fiscalía la presentación escrita que entregó el jefe del Ejército en su juzgado
La justicia ratificó que Milani declaró de modo "espontáneo" e "inesperado"

El magistrado señaló que el general "negó los hechos de conocimiento público" en relación con el "conscripto (Alberto) Ledo y (al preso político Ramón) Olivera". El gobierno volvió a respaldar al militar y reafirmó su política de Memoria, Verdad y Justicia.

Por: 
Tiempo Argentino

Mientras la justicia de La Rioja ratificó que la comparencia de anteayer del jefe del Ejercito, César Milani, fue "espontánea" e "inesperada", el gobierno nacional dio un nuevo espaldarazo al militar y reafirmó que la política de Memoria, Verdad y Justicia seguirá siendo, como lo fue hasta ahora, un pilar "inamovible" de la administración de Cristina Kirchner. A la par de ello, la Procuración General de la Nación ya había enviado un documento al Senado en el que se afirma que Milani no está procesado en causas por violaciones a los Derechos Humanos.
En declaraciones radiales, el juez federal riojano, Daniel Herrera Piedrabuena, señaló ayer que la presentación de Milani en su juzgado –el militar viajó a esa provincia cuyana autorizado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi– fue "espontánea" e "inesperada". El magistrado adelantó que remitirá la declaración del jefe del Ejército a la fiscalía y que será esta última la que deba reunir las pruebas que acrediten, o no, las denuncias contra Milani.
"Milani se presentó ayer en mi secretaría y, ante mi presencia, prestó declaración espontánea, presentada por escrito. Su presentación fue inesperada", dijo el juez. Agregó que el jefe del Ejército "negó los hechos que son de conocimiento publico en dos causas puntuales, la del conscripto (Alberto) Ledo y (el preso político Ramón) Olivera". Herrera Piedrabuena –dijo– se limitó "a escucharlo".
Algunas víctimas de la represión de la dictadura, referentes de organismos de Derechos Humanos y parte del arco político opositor le atribuye a Milani responsabilidad en el secuestro y la desaparición de Ledo. Y lo vinculan también al interrogatorio y allanamiento que sufrió Olivera, quien estuvo cuatro años encarcelado aunque logró sobrevivir. A la par de que se conocían las declaraciones de Herrera Piedrabuena, Rossi defendía el nombramiento de Milani al frente del Ejército y ratificaba el compromiso con la política de Derechos Humanos instaurada desde 2003 respecto a los crímenes de la dictadura.
El ministro destacó que Milani se haya presentado "por voluntad propia" ante la justicia. Y enfatizó que el gobierno "nunca se va a mover del lugar donde está parada desde 2003".
Manifestó estar "sorprendido" por las denuncias contra Milani. Recordó que su nombramiento será sometido a consideración del Senado y que, de formalizarse, será el "cuarto ascenso" en su carrera. Y sin ningún cuestionamiento anterior. Milani ascendió a coronel en 2001, a general de brigada en 2007 y, tres años después, a general de división. En 2010, la UCR no dio quórum con el argumento de que tenía vínculos con carapintadas, pero nada dijo de su actuación en la dictadura. 
Respecto a otras de las imputaciones contra Milani, la de presunto enriquecimiento ilícito, en la Casa Rosada también disponen de información que, aseguran, explica el patrimonio económico que el titular del Ejército declaró oportunamente a la Oficina Anticorrupción: fue agregado militar en Perú durante un año y medio, cargo que se cobra en dólares y cuyo salario implica el 80% del sueldo de un embajador. Y cobró una herencia familiar.
Ayer, Télam informó que la Procuración General envió un documento de dos páginas a distintos senadores en el que se afirma que Milani no está procesado en causas por violaciones a los Derechos Humanos. El documento reúne información del ministerio Público Fiscal, como así también otra aportada por fiscales y magistrados de Tucumán y La Rioja.
El ascenso de Milani se debatirá el próximo lunes desde las 9 de la mañana por los senadores que integran la Comisión de Acuerdos
Fuente: Tiempo Argentino

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La Procuradora reenvió la documentación al Senado, que debe aprobar el pliego 

Fiscales de Tucumán y La Rioja ratificaron a Gils Carbó que no hay causas que involucren a Milani

La Procuración General de la Nación envió un documento de dos páginas a senadores en el que se afirma que el jefe del Ejército, Cesar Milani, no se encuentra procesado en causas por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado. El documento que llegó a manos de distintos legisladores, y al que accedió Télam de forma exclusiva, reúne información del ministerio Público Fiscal, como así también otra aportada por fiscales y magistrados de Tucumán y La Rioja, sobre la existencia de causas que involucren a Milani. El ascenso de Milani se debatirá este lunes a las 9 por los senadores de la comisión de Acuerdos, junto con los pliegos de Gastón Erice, quien fue designado como jefe de la Armada, y del nuevo titular de la Fuerza Aérea, Mario Callejo.
En el texto se destaca que, ante un pedido de la Procuración, el titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia nº1 de Tucumán, Carlos Brito, informó que Milani no se encuentra imputado, indagado, con indagatoria pendiente, procesado, elevado a juicio ni condenado en causas por Delitos de Lesa Humanidad en trámite o que hubieran estado en trámite ante la dependencia a su cargo. También se indica que Pablo Camuña, fiscal Federal Ad Hoc a cargo de la oficina del ministerio Público de Tucumán, hizo saber que allí tampoco Milani reviste "carácter de imputado, ni se ha solicitado su indagatoria, ni se encuentra procesado en investigaciones por delitos de Lesa Humanidad". 

En el informe de dos páginas se transcriben además textuales de Camuña en referencia a una denuncia presentada contra Milani por parte de los senadores radicales Gerardo Morales y José Cano, en noviembre de 2012. En la transcripción textual se remarca que los radicales presentaron una denuncia contra Milani "haciendo referencia, en forma genérica, a su presunta participación en tareas de inteligencia durante el llamado `Operativo Independencia´ y a la eventual relevancia penal de dicha conducta". 

Por último, el documento enviado al Congreso, y fechado el 17 de julio, señala que el martes Michel Horacio Selman de la Fiscalía  Federal de La Rioja, informó que hasta la fecha "no obraba imputación en contra de Milani en causas por Derechos Humanos".
Fuente: Telam
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El pliego de Milani

Cuando faltan tres días para que comience el tratamiento parlamentario del pliego del jefe del Ejército, Madres de Plaza de Mayo y presos políticos de La Rioja se manifestaron para que se reabra la investigación sobre la desaparición del soldado Alberto Ledo, en que la según las denuncias podría estar involucrado César Milani. El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, ratificó que la presentación realizada por César Milani en su juzgado fue “espontánea” y adelantó que ya remitió la declaración a la fiscalía general, que será la que “deberá promover la acción correspondiente o acumularla a otra causa” de las que se actualmente tramitan allí. Un suboficial mayor del Ejército negó que Milani tuviera como auxiliar a Ledo. “Nunca (Ledo) fue auxiliar de Milani porque nadie tenía auxiliar. Eramos una compañía de construcciones de casas y caminos en Tucumán”, aseveró el suboficial retirado César Nievas. En declaraciones radiales, el militar admitió que el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja participó en el Operativo Independencia, pero aclaró: “Nosotros fuimos a construir”. Los senadores de la UCR reclamaron ayer que Milani se presente en el Congreso para dar explicaciones.
Fuente: Pagina 12
La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia

ESTE 19 DE JULIO Recordarán a "Robi" Santucho frente a la casa donde vivi






ESTE 19 DE JULIO
Recordarán a "Robi" Santucho frente a la casa donde vivi

Publicado el 17/07/2013 - El viernes 19 a las 18 en Absalón Rojas 926 será recordada la figura de “Robi” Santucho al cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición ocurrida en 1976. 
Rodolfo Santucho señaló que en la oportunidad también serán recordados Carlos, Francisco, Chicho y Manuela Santucho. “Será un homenaje para sus cuatro hermanos también, organizado por el Colectivo Juicio y Castigo, y van a participar organismos de derechos humanos, familiares, organizaciones sociales, políticas y centros de estudiantes”. 
La idea de realizar el acto en el lugar mencionado es “marcar los sitios de memoria en nuestra ciudad, porque en donde ahora es un sanatorio, antes fue su hogar”. 
Algo similar ya ocurrió con los espacios donde vivieron otras víctimas santiagueñas de la dictadura, como Carmen Santiago Bustos, Gloria Figueroa Nieva y tantos otros. 
“Se trata de una fecha importante, es el día en que debemos recordar la desaparición forzada de una persona, por eso nos vamos a reunir en el boulevar que está al frente del sanatorio, allí será el acto en el que harán uso de la palabra familiares y miembros de las organizaciones participantes”, comentó Rodolfo Santucho en declaraciones a EL LIBERAL
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DETIENEN A CAMPESINOS POR DEFENDER SUS TERRITORIOS. PALMA SOLA, JUJUY






DETIENEN A CAMPESINOS POR DEFENDER SUS TERRITORIOS. PALMA SOLA, JUJUY
el dia 14 de julio detuvieron a tres jovenes por defender su
territorio. Fueron detenidos sin causa judicial
en la comisaria de palma sola, a cargo del fiscal Blanco. El domingo los jovenes se dieron con la sorpresa de que sus tierras habian sido usurpadas por empleados del empresario Canido, que habian roto sus alambrados y est...aban posteando con la intecion de despojar a los campesinos de su posesion. Los jovenes campesinos se vieron increpados por los empleados del empresario que estaban armados, lo que devino en
un enfrentamiento. Al llegar a la comisaria de palma sola para
denunciar al empresario, son detenidos ya que el administrador JoseTolaba, habia llegado antes y habria denuciado a los jovenes. Hace tiempo que venimos denunciando el accionar de Canido y Tolaba que estan alambrando y desalojando a campesinos de sus tierras. La Jusitica dicto una medida cautelar para que el empresario deje de accionar y la dirección de desarrollo sustentable inicio sumario por haber desmontado de manera ilegal. Nada de ello es eficaz frente a la voracidad del capital! 
Basta de atropellos a las familias campesinas! 
Organización Tierra Fértil.
Movimiento Nacional Campesino Indigena

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PODER POLITICO, JUDICIAL Y EMPRESARIO EN PALMA SOLA:
QUIÉNES ESTÁN TRAS LA EXPULSIÓN DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS Y LA DESAPARICIÓN DEL BOSQUE NATIVO.
Los Pueblos Indígenas y Campesinos que habitan parte del territorio de nuestra provincia padecen al día de hoy el desconocimiento histórico de sus derechos territoriales. Este desconocimiento es fruto de una política que apunta a la desaparición del sector, imponiendo su “integración” a una economía capitalista que los necesita como mano de obra barata de las grandes industrias locales como la minería y los ingenios azucareros. En la actualidad a esta problemática se suma el corrimiento de la frontera agrícola con la plantación de extensas zonas de monocultivo de soja, poroto y caña. Esto trae aparejado la perdida de extensas zonas de monte chaqueño y la expulsión de poblaciones campesinas e indígenas de sus tierras.
La vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos es posible por la articulación de los poderes provinciales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los poderes facticos (grandes corporaciones empresariales ligadas en su mayoría de las veces a políticos locales).
La localidad de Palma Sola es escenario de conflictos cotidianos entre familias campesinas que habitan ancestralmente la zona y empresarios del agronegocio que llegaron en la última década con la intensión de desmontar para plantar soja. De ello podemos mencionar al menos tres situaciones que muestran un actuar conjunto del Poder Judicial, ejecutivo y económico.
Caso del Paraje Santa Fe: en diciembre de 2009 son detenidos cuatro campesinos (tres de ellos mayores de 70 años) por defender su posesión frente al administrador de la empresa CRAM S.A. que quería cerrar el paso de la familia al lugar donde pastorean sus animales. Cuando los campesinos se presentan a la Comisaria a denunciar el atropello de la empresa son detenidos, teniendo que pasar la noche de año nuevo en la comisaria. El Poder Judicial de San Pedro intervino  en distintas instancias fallando en contra de las familias poseedoras. El dueño de la empresa CRAM S.A. es  pariente directo del Dr. Macedo, quien fuera diputado provincial, embajador argentino en Bolivia y su hijo, al momento de los hechos, era Secretario General de la Gobernación, ambos apoderados legales de la empresa. Luego de intensos conflictos  y de desmontar cerca de 1.000 has de monte nativo, el Tribunal Contencioso Administrativo anulo las autorizaciones de desmontes a la empresa, por un amparo presentado por las familias campesinas. Actualmente la causa se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Es preciso poner de resalto que integra este tribunal el Dr. Sergio Jenefes, hermano del actual vice gobernador y quien tiene en la misma zona de conflicto miles de hectáreas de desmontes autorizadas para realizar mono cultivo de soja, lo que lo convierte en uno de los mayores empresarios del agronegocio en la provincia.
En el Paraje Las Vertientes existe un pedido de 12.000 has de desmonte, allí fue apresado un campesino para que en los días que estuvo detenido la empresa La Jujeña S.A.I.F.Y G. ingresara topadoras con el fin de alambrar su posesión.
La empresa La Jujeña S.A.I.F.YG.[1] tiene como Vicepresidente y director titular a Néstor Virgilio Cervera, quien obtuvo amplias extensiones de tierra en el Dto. Anta, provincia de Salta, en sociedad con Alfredo Olmedo.  Asimismo, es director suplente David Utin, pariente de Amalia Fortabat.  La Jujeña es la empresa con mayor extensión de tierras en la zona de Palma Sola, habiendo adquirido la tierra en la década de los años 70, poseía 45.000 has, las que luego fue vendiendo. En el paraje Santa Fe (caso mencionado anteriormente) vendió 10.000 a la empresa La Gran Largada S.A., quien luego vende esas tierras a la empresa CRAM S.A. de propiedad de la familia Macedo. Asimismo La Jujeña vende 17.000 has a la empresa Agropecuaria El Mistol S.A. quien finalmente solicita la autorización de desmonte de 12.000 has. en el paraje Las Vertientes. Agropecuaria El Mistol S.A. (que nace como escisión de La Jujeña) es de propiedad de Cervera y Agroganadera San Rafael S.A. y tiene como presidente a David Utín, Director Titular Nestor Virgilio Cervera y su esposa Olga Azucena Zurita es directora suplente. 
En este caso, al igual que en el anterior, la Justicia de San Pedro  falló en contra de las familias poseedoras negado sus derechos territoriales. Asimismo, dos abogados, Juan Zenarruza (apoderado de La Jujeña) y Gustavo Fiad (quien oficio esta vez de apoderado de las familias, pero que en realidad es abogado de sojeros como el caso de los Macedo) hicieron que las familias firmaran convenios con la empresa bajo amenaza de desalojo, donde renuncian a todos sus derechos territoriales, a cambio de dinero y escasas hectáreas.
Actualmente las familias campesinas organizadas han realizado denuncias en la Secretaria de Gestión Ambiental y solicitaron participar en el proceso de autorización de desmonte, a fin de poder dar su opinión y ejercer los derechos que como familias campesinas les corresponde. A la fecha no han podido acceder al expediente y por lo tanto se ha negado la participación e información en este proceso.
Por último mencionamos el caso del empresario Orlando Canido, quien ya obtuvo de la Secretaria de Gestión Ambiental numerosas hectáreas de desmonte para realizar mono cultivo de caña. En la zona del Paraje Agua Salada, también de la localidad de Palma Sola, sin autorización alguna, se metió en campos de campesinos ganaderos con topadoras, usurpando parte de sus territorios, con la intención de alambrar y desalojar a los compañeros. Se hicieron denuncias en Colonización y Secretaria de Gestión Ambiental, pero a la fecha no se obtuvieron respuestas de las autoridades; lejos de ello, desde el Instituto de Colonización avalan las acciones usurpadoras del empresario. La Dirección de Desarrollo Sustentable no ha frenado las actividades ilícitas de desmontes que lleva adelante Canido pese a que desde noviembre de 2012 se han denunciado estos atropellos. Canido fue denunciado en la Provincia de Santiago del Estero por asociación ilícita, ya que con abogados, ex policías y empresarios usurparon tierras de campesinos en la zona de Quimilí. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE Via Campesina) lo ha denunciado por haber desalojado a campesinos en el año 2004 utilizando topadoras para tirar sus casas.
Para cerrar denunciamos el accionar judicial que permite el saqueo del bosque nativo en el departamento San Bárbara, habiendo dejado sin efecto una medida cautelar que prohibía que se continúe desmontando en todo el departamento hasta tanto se resuelva un proceso judicial donde se discute la validez del Plan de Ordenamiento  para Áreas Boscosas aprobado primero por decreto del Poder Ejecutivo y luego refrendado por ley. Luego de que una decena de jueces y abogados de la matricula se excusaran de intervenir, dos abogados que actuaron como jueces ad hoc levantaron la medida cautelar argumentando que se ponía en riesgo la economía regional. Con esta connivencia actúa también el Instituto de Colonización de la provincia, quien adjudica a módicos precios la tierra fiscal a empresarios para que desmonten y hagan monocultivo, y a los campesinos les intima a pagar por sus tierras altos precios.
Nos preguntamos si estos señores serán quienes traerán el mentado progreso que auguran políticos y empresarios para nuestra zona. Claramente traerán mayores saqueos y desolación.
Organización Campesina Tierra Fértil – Palma Sola, Jujuy
Mayo de 2013.

[1] Su Presidente y Director Titular es Santiago Maria Juan Antonio Nicholson y Director Suplente Juan Antonio Nicholson (hijos de Juan Antonio Nicholson uno de los dueños del Ingenio Ledesma) y apoderada legal María Blaquier, nieta de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, actualmente procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy.

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