martes, 29 de septiembre de 2015

El lunes comenzará otro juicio por delitos de lesa humanidad


Hector Rios Ereñú

El lunes comenzará otro juicio
por delitos de lesa humanidad

El próximo lunes, 5 de octubre comenzará el noveno juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados en la provincia durante la última dictadura cívico militar. Así lo confirmó ayer el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta.
En este caso serán juzgados tres ex militares, un comandante de Gendarmería y dos policías retirados, por delitos cometidos en perjuicio de 25 personas, 19 de las cuales han sido asesinadas o se encuentran desaparecidas.
Los acusados son los ex jefes de Policía Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz; el ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil; el ex jefe del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, Héctor Ríos Ereñú; y el comandante principal retirado de Gendarmería Diego Alejandro Varas y el inspector mayor retirado de la Policía Arturo Madrigal. Los cuatro primeros son reconocidos por sus acciones de terrorismo de Estado y ya cuentan con condenas, los dos últimos serán juzgados por primera vez por su supuesta participación en delitos de lesa humanidad.
Entre las víctimas se cuentan militantes políticos del norte provincial y docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta. Entre los primeros se cuentan el secuestro y asesinato de Nicolasa del Valle Montilla, en Tartagal; los secuestros y desapariciones de los militantes Mario Bernardino Luna Orellana, de Orán; Sergio Wenceslao Copa, sacado de la casa de su madre en el paraje El Ocultar; Santos Abraham Garnica, raptado de su casa en Orán, igual que David Reina León Paz; y la desaparición de Silvia Ruth Sáez de Vuistaz, secuestrada de su domicilio en Embarcación. También se juzgará la desaparición de Benita Giménez de Medina, secuestrada en Colonia Santa Rosa; y el secuestro de Raúl Araujo secuestrado en Orán.
Y volverán a tratarse, entre otros, los crímenes cometidos en perjuicio de Luis Risso Patrón, Oscar Alberto Bianchini, Néstor Díaz, Raúl Benjamín Osores, Felipe Burgos y las hermanas Torres. También será objeto de este debate la desaparición del estudiante Gregorio Tufiño Ruiz.
Se estima que la sentencia en este proceso se conocerá recién el año próximo, dado que deben declarar unos cien testigos.

Testigo sostuvo que Levín estuvo en la Comisaría donde fue torturado


Testigo sostuvo que Levín estuvo en
 la Comisaría donde fue torturado

El testigo Jorge Arturo Romero aseguró ayer que vio al empresario Marcos Jacobo Levín en la Comisaría 4°, donde él y otros trabajadores de La Veloz del Norte habían sido torturados y obligados a firmar una declaración en la que reconocían una supuesta estafa a la empresa.
“Estando en la Comisaría lo vi al señor Levín, lo vi en dos oportunidades”, siempre después de las 21. Aunque desde su celda Romero no veía la puerta de acceso a la oficina del subcomisario Víctor Hugo Bocos, que también está siendo juzgado en este proceso, el testigo sostuvo que la dirección del empresario hacía pensar que iba a esta oficina.
A sus tareas de policía Bocos sumaba una ocupación incierta en La Veloz del Norte. Varios testigos han afirmado que lo veían siempre en la empresa, al punto que pensaban que era empleado. Romero afirmó que lo vio con el uniforme de La Veloz. Y Ciriaco Norberto Justiniano, otro ex empleado que declaró en la víspera, dijo que ni siquiera sabía que Bocos era policía, para él era un inspector de la compañía que solía andar en el automóvil Ford Falcon celeste de la firma.
Romero, Justiniano y otros trabajadores fueron detenidos en enero de 1977, a raíz de una denuncia de Levín, que aseguraba haber sido víctima de una estafa por parte de algunos empleados.
Justiniano contó que existía una lista, y que si bien eran muchos los empleados citados a la Comisaría, los que estaban señalados con una equis en la lista quedaban detenidos, y fueron torturados, hasta que firmaron declaraciones confeccionadas con anterioridad en las que aceptaban responsabilidad en la acusación. Justiniano afirmó que los que detenidos eran los que participaban de actividades gremiales, que acompañaban al delegado interno, Víctor Manuel Cobos, en las acciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Este juicio es precisamente para determinar la responsabilidad de Levín y de los policías retirados Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón en la detención irregular y las torturas a Cobos. Los hechos de los que fueron víctimas otros empleados de la firma están tramitándose en otra causa.
Romero fue detenido en la empresa, Cardozo y otro policía de apellido Figueroa lo llevaron a la 4°. Pasó la primera noche en una celda. Al otro día “temprano” lo llevaron a “una piecita, hicieron arrancar una moto, prendieron una radio”, le vendaron los ojos y comenzó el interrogatorio: querían que hablara del supuesto fraude, como lo negó, recibió los primeros golpes. Al otro día se repitió la escena, solo que esta vez le preguntaron también por las actividades gremiales, volvió a negarse y se repitieron los golpes. El tercer día fue interrogado, golpeado y sometido a una picana. Así siguieron “hasta que tuve que hacerme cargo para que dejaran de torturarme”. Entonces lo llevaron a la oficina de Bocos, donde firmó la primera “confesión”. Luego firmó otra en presencia del juez Trincavelli (fallecido).
Y luego fue trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas, donde fue amenazado de muerte, con un arma en la cabeza, por negarse a continuar con una práctica de saltos de rana.
A Justiniano también lo torturaron desde el segundo día. Los verdugos eran Bocos, Cardozo, Figueroa y “Sapo” Toranzos: “Nos sacaban desnudos, nos mojaban, nos picaneaban por todo el cuerpo”. Y también firmó una declaración, en presencia del juez, de Bocos y Cardozo.
También el testigo Rubén Vrh contó que fue detenido y torturado en dependencias de la Comisaría 4°, y que fue obligado a firmar una declaración.



“Yo maté a
San Martín”

Veinte o 30 días después Jorge Romero recuperó la libertad, y volvió a La Veloz del Norte para completar una paradoja: Marcos Levín le preguntó si era cierto que le había robado, Romero dijo que no, “¿Por qué te hiciste cargo entonces?”, quiso saber el empresario: “Por la tortura” fue la obvia respuesta; “si me hubiesen preguntado si yo maté a San Martín hubiera dicho que sí”, recordó Romero que le dijo.
Levín “esbozó una sonrisa, me dijo que le presentara la renuncia. Y me quedé sin trabajo”.


Inspección

El próximo lunes el Tribunal Oral de Salta inspeccionará el lugar donde funcionaba la Comisaría 4° de esta ciudad, en Lerma 656. Ese lugar figura en el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) como un centro clandestino de detención.
Ahí fueron torturados los empleados de La Veloz del Norte denunciados por el empresario Marcos Levín.
La inspección se hará con el aporte de testigos que serán propuestos por los fiscales y las querellas.

lunes, 28 de septiembre de 2015

Necedad y estupidez. por Elena Corvalan


Necedad y estupidez
 
La estupidez insiste siempre, advierte Albert Camus en La Peste. Lo comprobamos una y otra vez. La semana pasada tuvimos en Salta la visita de Alfredo D’Angelo, el escriba de gente tan insistente como Cecilia Pando, la misma que considera “presos políticos” a los criminales que asolaron al país en la década del 70, en lo que ellos llamaron Proceso de Reorganización Nacional.
Es un golpe a la razón escuchar o leer a Pando, D’Angelo y compañía, incluidos tantos que aprovechan el anonimato de Internet para expectorar su odio. Dos palabras bastan para describirlos: necedad y estupidez.
Necio es aquel, o aquella, que no sabe lo que pudo o debió saber; es también el que es imprudente o falto (o falta) de razón y es terco (terca) y porfiado (porfiada), en lo que hace o dice. Es una descripción bastante certera de lo que hacen y dicen los que rodean a Pando, incluidos los que se tomaron el trabajo de presentar en Salta el libro de D’Angelo bajo el falso tamiz de un debate serio y respetuoso sobre los acontecimientos de la década del 70.
Nada más falso, porque desde el momento en que quienes detentaban la suma del poder público eligieron la ilegalidad, la mentira, el falseamiento, el robo consuetudinario, la tortura, los vejámenes, las muertes escondidas, anularon toda posibilidad de debate. Sobre el cuerpo destrozado no se puede debatir sobre si era bueno o malo, si era delincuente o buen vecino. Porque esos actos perpetrados por los criminales de la dictadura fueron, son, definitivos. Pero estas verdades no entran en ciertas cabezas, ni hablar de los corazones.
Ya lo dice el diccionario: estupidez es “torpeza notable en comprender las cosas”.
Pero también, y eso es lo más doloroso, tanto la necedad como la estupidez son expresiones de la maldad, en cuanto lo malo es lo dañoso o nocivo para la salud, o lo opuesto a la razón o la ley. Ya lo decía Cicerón: “La necedad es la madre de todos los males”. De la estupidez se puede decir otro tanto.
Como, muy a pesar de los deseos de los necios y estúpidos, se sabe lo que pasó, es bueno que la historia los refute. Lo que sigue son expresiones de los resultados de la necedad y la estupidez, de la maldad. Expresiones que deberían ser incontrastables pero que, sin embargo, los necios (las necias) y estúpidos (estúpidas) insisten en contrastar con cuestiones tan tontas como preguntar cuántas fueron las víctimas del terrorismo estatal, como si no bastara un muerto para convertir a alguien en asesino, como si no bastara un torturado para convertir a su torturador en un verdugo, como si no bastara una persona violada para convertir al autor en violador.
 
“Parece ser que él (Luciano Jaime) quiso escapar y lo mataron. Le pusieron una bomba en el pecho”. Estaba tan destrozado que un conocido de la familia, Juan Carlos Ríos, que era bombero y fue con la patrulla que iba a levantarlo, se descompuso y tuvo que ser traído a la ciudad en una ambulancia. Le llevó una semana reponerse de la impresión. “Yo sé que la Policía lo mató”. Del relato de Irma Rosa Chica, viuda de Luciano Jaime, secuestrado el 12 de febrero de 1975.
 
“Él (Eduardo Del Valle) cobraba dos sueldos en la época del Proceso: de la Dirección de Tránsito (de Metán) y de la Policía”. Del testimonio de Miguel Adolfo Morales, quien en 1984, como secretario de Gobierno de Metán, instruyó un sumario contra Del Valle, al que se lo investigó “por todas las irregularidades que él hizo en el Proceso”. Expte. N° 788/07.
 
La casa de la familia Bustos, en Metán, fue allanada dos días después de la desaparición de Mario Monasterio. El policía Mario Coronel encabezaba la patota: “Gritaba ‘dónde está Mario, dónde están las armas’”, patearon todo, “dieron vuelta todo, destrozaron todo en mi casa” y hasta levantaron el colchón de la abuela paterna, que estaba enferma. Del relato de Teresa Bustos. Causa Metán. 
 
En abril de 1981 Eduardo Del Valle la hizo llevar a su oficina: le ofreció llevarla a una “fiesta de militares” en Salta Capital, le propuso que hiciera “favores sexuales, total vos, agua y jabón y listo”. Teresa se negó y él le dijo que su hermano, José Bustos, “lo iba a pagar”. En mayo su hermano fue detenido, su negocio fue allanado (“dieron vuelta todo, se llevaron plata, pagarés, cheques”) y también fue allanada la casa familiar. Del testimonio de Teresa Bustos, juicio Causa Metán.
 
“Así fue la vida de mi familia, de puro terror. Mi mamá se arrodillaba, ella tenía unos santitos, siempre fue muy religiosa, prendía unas velas y rezaba para que a nosotros no nos pasara nada, que no desapareciéramos como los chicos”. En su casa, que quedaba retirada, se paralizaban los corazones cuando pasaba un vehículo “porque sabíamos que en cualquier momento iban a patear la puerta”. Del testimonio de Teresa Bustos, juicio Causa Metán.
 
En Metán vivieron una etapa de terror “por todos los abusos que hacía esta gente de noche, los allanamientos, las golpeadas, todo”. Poco antes de su secuestro definitivo, Tuqui Velázquez fue detenido por Del Valle, Perelló, Soraire y otro policía, posiblemente Máximo García, lo llevaron al costado de un río y lo golpearon exigiéndole que contara “quiénes eran los zurdos” del pueblo. Del testimonio de Luis Paz, juicio Causa Metán.
 
El día del secuestro de Tuqui Velázquez la casa de Paz fue allanada por un grupo armado que integraban también Del Valle, Soraire, Perelló  y un tal Millán, revolvieron todas sus cosas, los golpearon e insultaron y se llevaron “del cabello” a su madre, Severina Pérez. “Del Valle me la llevó, la llevaron presa. La han maltratado verbalmente, la han golpeado” de tal manera que aún hoy, a sus 84 años, le teme a los policías. Del testimonio de Luis Paz, juicio Causa Metán.
 
“Me empezaron a pegar, vi mis valijas (…) tiradas ahí con todas las cosas rotas, fotos, todo lo que traía para mostrar a mi familia de mi cumpleaños, estaba todo tirado, y me golpeaban, y me decían que con quien venía. Y este señor me agarró de los pelos y me metieron en una oficina, ahí me pegaban, y me decían que diga quien más venía conmigo, quién me estaba esperando, no… no conocía a nadie, no conocía a nadie, le decía”. Del testimonio de ERG, ex detenida de identidad protegida que fue secuestrada en diciembre de 1976, a la edad de 15 años y fue reiteradamente violada y esclavizada hasta que fue vendida a un finquero. Causa Metán.
 
“Llegó un grupo de personas. Yo los vi cuando entraban por la fuerza a la casa, rompieron la puerta. Estaban encapuchados. Nos levantamos y nos llevaron a la galería, a cada uno nos apuntaban con armas. Después nos separaron. Me preguntaban el nombre a cada rato”. Del relato de Nimia Colqui. Juicio Expediente 3764/12.
 
“Yo vi que sacaron gente de la caballeriza y se la llevaron y nunca más supimos” qué pasó con ellos. “Fue familiares a preguntar, pero la guardia tenía la orden de no contestar. Teníamos que permanecer ciegos, sordos y mudos”. Del testimonio del ex conscripto Juan Carlos Herrero. Juicio Expediente 3764/12.
 
Fernández Nouel solo tiene retazos de recuerdos: los restos de la celebración de los asesinos, la cara de un muerto puesta frente a su rostro, ella misma contra una pared y sus captores disparando a su alrededor exigiéndole que identificara a los muertos. Del testimonio de Alicia Fernández Nouel, juicio Expediente 3764/12.
 
“Luego del golpe de estado (1976) se le prohibieron todas las visitas, salidas a recreos, lectura de diarios, libros o revistas y progresivamente se los aisló de a uno por celda, llegando al extremo que se les impedía hablar a viva voz, razón por la cual utilizaban el sistema de los sordomudos, o sea hablaban con la manos. Que al darse cuente de este hecho, (los carceleros) decidieron tapar con madera terciada, los ventanucos rectangulares con barrotes, por donde se venía entre los internos.” Del testimonio del ex detenido Vicente Enrique Spuches, Juicio de la Verdad, mayo de 2001.
 
“En la dependencia de la Policía federal, (…) el oficial (Juan Carlos) Alzugaray participaba de las sesiones de torturas a la que fue sometido y solía acompañar al jefe de la repartición el entonces comisario (Federico) Livy, quien también participaba de las sesiones de ‘picanas’”. Del testimonio del ex detenido Eduardo Tagliaferro. Juicio de la Verdad, diciembre de 2000.
 
La impresionó Livy “por lo bruto que parecía, y violento”. En cambio, Alzugaray “en mi caso se hacía el seductor, me sentaba en una mesa y me hablaba al oído, me susurraba: que era linda, que no permitiera que me estropearan”. Ese grotesco de seducción no impidió a Alzugaray abusar sexualmente de Julia cuando era sometida a la picana eléctrica, en una cama de hierro, desnuda, con los brazos y piernas atados. Del testimonio de Julia García, Megajuicio Salta, 2012.
 
Estas son apenas muestras del horror de los hechos perpetrados por los criminales que dominaron nuestro país en la década del 70. Si lo que se lee resulta duro, es todavía más horroroso pensar que quienes acometieron estas acciones, y los que los respaldaron, y respaldan, son capaces de pensar, y expresar, sin rubores, que lo suyo es justificable y, aún más, tiene una aureola de heroicidad. Solo una gran dosis de necedad y estupidez (es decir, maldad) puede llevar a realizar tal interpretación.
Elena Corvalán 

miércoles, 23 de septiembre de 2015

BALDOSA X LA MEMORIA DE MARTIN MIGUEL COBOS






A 39 años de LaMasacre del 24 y 25 de Setiembre de 1976
El próximo viernes a las 10 de la mañana, se  colocará una  baldosa por  La Memoria en la casa de la Familia Cobos, ubicada en General Güemes 1979 Salta Capital.
 Al  conmemorarse los 39 años del  asesinado de Martin Miguel Cobos y en el marco de la realización del VIII  juicio de lesa humanidad, causa en la que se investiga la participación en torturas y apremios ilegales a Levin, Cardozo, Bocos y Almiron, las  organizaciones de derechos humanos, familiares y vecinos recordaran a Martin Miguel Cobos  en el lugar  donde  fue asesinado por el terrorismo de estado.
Martin Miguel Cobos fue un joven de 18 años que cursaba el quinto año de secundaria en la escuela pública Hipólito Yrigoyen. Era un ser solidario, sensible y le gustaba pasar largos ratos con sus amigos. Le apasionaba el deporte y fue compasivo con los animales.
En la noche del 24 y madrugada del  25 de septiembre de 1976 grupos de tareas conformados por policías y militares realizaron un operativo en el que secuestraron a cinco compañeros militantes de la juventud peronista y de la tendencia. Ellos son Gema Fernandez, Guilo Gamboa, Carlos Figueroa, Silvia Aramayo y Daniel Loto.
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTE!!!
                                     CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A LOS GENOCIDAS!!!


lunes, 21 de septiembre de 2015

Juicio a Levín: dudas sobre la continuidad de la jueza Snopek


Juicio a Levín: dudas sobre la
continuidad de la jueza Snopek
Hoy a partir de las 14,30 deberían continuar las declaraciones de los testigos convocados en el juicio contra el empresario Marcos Levín, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, pero es posible que haya planteos de las querellas y la Fiscalía sobre la continuidad de la presidenta del Tribunal, la jueza Marta Liliana Snopek.

Por Elena Corvalan

Es que desde que ha surgido la duda respecto del futuro accionar de la magistrada luego de que se difundieran dos denuncias policiales realizadas por la abogada Rosana Rivas Vázquez, en las que asegura que el defensor de Levín, René Gómez, le prestó dólares a la jueza.
Rivas Vázquez es la ex esposa de Gómez, a quien denunció en febrero y marzo últimos acusándolo de violencia verbal y amenazas. En la segunda denuncia la abogada hizo constar que le reclamó a su ex esposo que “le devolviera el dinero en dólares que le prestó la dicente para que el acusado le prestara a la doctora Liliana Snopek, dinero que hasta la fecha no le retribuyó”. En declaraciones periodísticas posteriores, Rivas Vázquez precisó en dos mil dólares el monto del préstamo y sostuvo que Gómez y Snopek tenían trato frecuente, amistoso, al punto de intercambiarse regalos y que el abogado le prestó un inmueble para que se alojaran invitados de la jueza.
Aunque para algunos resta verificar si los hechos son tal cual los presentó la ex esposa del defensor de Levín, para los querellantes, la jueza debió haberse inhibido. En tal sentido el abogado David Leiva recordó que cuando el expediente de la causa contra Levín llegó al Tribunal Oral en lo Federal Criminal (TOF) Snopek se inhibió por entender que el querellante la había denunciado ante el Consejo de la Magistratura (aunque luego cambió de parecer tras interpretar que la presentación elevada al Consejo no era en realidad una denuncia). En esta línea de razonamiento, los querellantes sostienen que la jueza debió inhibirse si el defensor de Levín es su amigo y tiene una deuda con él.
Las revelaciones de Rivas Vázquez vinieron a echar más leña al fuego. La víctima, Víctor Manuel Cobos y sus abogados ya tenían con reservas luego de que el Tribunal rechazara pedidos de pruebas de la Fiscalía y ellos mismos, algo inusual en juicios por delitos de lesa humanidad. Una de los testimonios rechazados era de una persona que asegura haber sido torturada en dependencias de la empresa La Veloz del Norte, que era de Levín.
A Levín se le atribuye haber instigado la detención ilegal y torturas que en 1977 padeció Cobos, empleado suyo en La Veloz. Los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón están siendo juzgados por estos mismos hechos: a los dos primeros se les atribuye la autoría material, y a Almirón la autoría mediata.
En 1977 Levín acusó a una veintena de empleados por una supuesta estafa, esta denuncia dio lugar a las detenciones ilegales y torturas que padecieron la mayoría de ellos. 


martes, 8 de septiembre de 2015

Juicio de Lesa Humanidad a Marcos Levin


Lesa humanidad: juicio a Levín
 
“Creo que tenían una lista de
 los que iban al Sindicato”
 
Un testigo ratificó ayer que en 1977 fue torturado en la Comisaría 4° y obligado a firmar una declaración cuyo contenido desconocía, bajo amenaza de hacerlo desaparecer. Acusó a los policías Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo, Flores y Figueroa. Y dijo que vio en la Comisaría al empresario Marcos Jacobo Levín, de quien dijo que tenía un gran poder e “impunidad”. Dijo que lo interrogaron por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por lo que cree que “tenían una lista de todos los que concurrían al Sindicato” y los detuvieron.
“Yo no sé si él (por Levín) nos habrá hecho pegar, pero de que estábamos ahí por la denuncia que él hizo, estoy seguro”, afirmó Carlos Lídoro Aponte. En 1977 tenía 22 o 23 años y trabajaba en la transportista La Veloz del Norte. Una denuncia de Levín lo involucró en una presunta estafa a la empresa.
Aponte abrió la lista de solo tres testimonios que se escucharon ayer en el juicio por delitos de lesa humanidad a Levín y los policías retirados Bocos, Cardozo y Víctor Hugo Almirón, por la detención ilegal y los tormentos a Víctor Manuel Cobos, que era empleado de La Veloz y era delegado gremial. En 1977, luego de una medida de fuerza, una veintena de trabajadores de la transportista fueron detenidos, acusados por Levín. Tras la intervención policial, la lucha obrera se desarticuló.
Aponte fue uno de los acusados. Espontáneamente se presentó en la Comisaría 4°. Ni bien entró encontró a un compañero, Báez, esposado, la cara contra la pared, llorando. Quiso saber qué le pasaba, pero Flores le dio una cachetada. Lo guió atrás, le puso una capucha y lo llevó a una pieza oscura donde fue recibido a golpes; enseguida alguien hizo arrancar una moto y se encendió una radio a todo volumen.
Mientras le pegaban escuchó a su compañero Alonso, tirado en el piso, lo reconoció “por la voz”: “Pedía por favor que no le peguen más”. “Veo una lucecita así y era la picana (a Alonso), entonces me aplican a mí aquí (señalándose el estómago). Me acuerdo clarito porque me oriné. Me preguntaban qué hacía en el Sindicato”.
Aponte contó que “una sola vez” le preguntaron por el supuesto robo a La Veloz y que luego, durante la hora y media de tortura, lo interrogaron siempre sobre el Sindicato (la Unión Tranviarios Automotor, UTA), que querían saber quiénes iban a sus reuniones, qué hacían. De esa tortura participaron “Bocos (que daba las indicaciones) Cardozo, Toranzos, Figueroa y un tal Flores”.
A los dos días fue conducido ante un juez y le ordenaron firmar una declaración. Cardozo y Bocos le advirtieron que si no firmaba lo llevarían “para el lado de San Cayetano, al mirador, y me iban a hacer desaparecer”.
Días después, junto a otros compañeros detenidos, fue llevado a la cárcel de Villa Las Rosas, donde los sometieron durante una hora a la acción de una manguera de alta presión. “A los que se caían los golpeaban”, a tal punto que a Miguel Rodríguez “le han partido el paladar de una patada”.
Aponte dijo que mientras estuvo en la Comisaría vio dos veces a Levín, cerca de la medianoche, cuando entraba a la oficina de Bocos, y dijo que éste “andaba por lo general” en el Ford Falcon celeste de La Veloz del Norte, que solía ir a la empresa de civil, con “un sombrero grande tipo cow boy”.
 
 
(p/recuadro)
Rechazan nuevos testigos
 y pedidos de informes
 
El Tribunal Oral, integrado por los jueces Marta Snopek, Federico Díaz y Gabriel Casas, rechazó ayer dos pedidos de prueba de la acusación y que tendían a comprender mejor el contexto en el que fueron detenidos y torturados una veintena de trabajadores de La Veloz del Norte, que junto con Atahualpa eran en la década del 70 las dos empresas de transporte de pasajeros de larga y media distancia más importantes de la provincia.  
Los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila habían pedido que se permitiera declarar a cuatro personas que durante la última dictadura cívico-militar fueron detenidas y torturadas. Tres fueron sometidas a tormentos en la Comisaría 4°, y también refirieron el uso de una moto y de la radio para tapar los gritos de dolor. Un cuarto afirma haber sido torturado en dependencias de La Veloz del Norte. El Tribunal consideró que el pedido era “extemporáneo”, y lo rechazó.
En otro caso el Tribunal se negó a solicitar al Ministerio de Trabajo de la Nación que informara si Marcos Levín participó en 1976 de las negociaciones paritarias con la UTA. El pedido era del querellante David Leiva, en un intento por probar que Levín integraba la Federación de Empresarios del Transporte (FESTAP), y que esta entidad propiciaba la represión al gremio. Es que en su edición del 20 de marzo de 1976 el diario El Intransigente da cuenta de que la FESTAP envió una carta al jefe de Policía, el represor Miguel Raúl Gentil, “solicitando se aplique a la UTA la ley de seguridad del Estado”, cuando el gremio estaba inmerso en una medida de fuerza. Esta ley permitía la represión a las actividades comunistas. El Tribunal tampoco lo permitió, pero el testigo Carlos Aponte recordó que la FESTAP pidió “que se reprimiera a los choferes” y añadió que si no recuerda mal “Levín era el presidente de FESTAP

Una camilla para Bocos
 
El acusado Víctor Hugo Bocos tuvo que abandonar su casa ayer y asistir a Tribunales, para permitir que se escuchara a 3 de los 5 testigos que se presentaron a declarar.
Es que, luego de los planteos y respuestas del Tribunal, la audiencia estuvo a punto de naufragar porque no se establecía la conexión de la videoconferencia. El abogado querellante David Leiva pidió que se trajera a Bocos a la sede del Tribunal, con atención médica. El defensor oficial Federico Petrina se opuso, recordó que el médico forense Raúl Zóccoli no lo aconsejaba y que ayer mismo su médico particular le había dado 15 días más de reposo, dado que fue intervenido quirúrgicamente el 10 de julio último.
La Fiscalía adhirió al planteo de las querellas y añadió que Gendarmería Nacional estaba lista para ir a buscar al imputado. El Tribunal accedió. Hubo que esperar hasta las 18 pero al final Bocos llegó. Sin embargo, cuando el testigo Carlos Aponte estaba a punto de comenzar a declarar, el defensor oficial Juan Pablo Lauthier, interrumpió para recordar que su defendido “tiene que estar en reposo” y por lo tanto correspondía que se le diera una camilla para que estuviera en la sala contigua, escuchando las alternativas del debate. La presidenta del Tribunal, Marta Snopek, le hizo notar que desde su casa Bocos seguía el juicio sentado, pero los defensores insistieron, Lauthier llegó a inferir que “al Tribunal no le importa” el estado de salud del acusado; la secretaria Denise Blajent Bent recordó que un médico había dicho que Bocos estaba en condiciones de permanecer en el Tribunal, y Snopek le recordó que estaba acompañado permanentemente por un médico del SAMEC, le recomendó al defensor ir a hablar con él para interiorizarse de su estado de salud y cerró la discusión.