sábado, 31 de julio de 2010

DON JORGE CIPERNIC


Por Osvaldo Bayer

Desde Bonn, Alemania

Se nos murió don Jorge. Ya han pasado dos semanas. Quise dejar pasar todos estos días antes de escribir esto. Leer todo lo que en estos días se escribió sobre él. Y entonces, sí, dedicarle estas páginas a quien lo mereció. Don Jorge Cepernic, gobernador de Santa Cruz en aquellos años cruciales donde se iba a definir el futuro de los que buscábamos otra Argentina. Don Jorge Cepernic, gobernador de Santa Cruz elegido por su pueblo. Pero gobernador por pocos meses. Una historia argentina.

Fue en el año 1970 que lo conocí.Viajé a Santa Cruz para iniciar la investigación de las huelgas rurales de los años 1920-22.

viernes, 30 de julio de 2010

MASACRE CAPILLA DEL ROSARIO

Cómo es la emboscada judicial que impide que se esclarezca una matanza cobarde

A 33 años de la Masacre de Catamarca la justicia habla de “hipotéticos episodios”

El 10 de agosto de 1974, en el marco de su estrategia política, el PRT-ERP a través de la Compañía “Decididos de Córdoba” atacó y copó la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María, de esa provincia. Además de tomar dos toneladas de armas y municiones, ese día registró la pérdida en combate, del periodista César Arganaraz (corresponsal del diario El Mundo), Iván Brolo, y José Luis Buscaroli, al volcar uno de los vehículos en la retirada. Mientras tanto, en Catamarca, integrantes de la Compañía del Monte “Ramón Rosa Gimenez”, con base operativa en Tucumán, fueron descubiertos cuando se aprestaban a copar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada.

jueves, 29 de julio de 2010

LEDESMA.

EL PAIS

“Me pidieron que perdonara”

Tenía 19 años cuando una patota del Ejército, la policía y Gendarmería la detuvo en el pueblo a oscuras, dominio del ingenio Ledesma. Simularon fusilarla, la torturaron, la violaron durante el año y medio que la mantuvieron detenida.

Todos los años, los organismos de derechos humanos recuerdan los más de 250 secuestros de esa noche.

lunes, 26 de julio de 2010

Las historias de tres nuevas víctimas que se suman a los listados oficiales.

Más luz sobre los desaparecidos

Por
Enrique Arrosagaray
Y a la derecha: José Carballo, también montonero.

"UN GRITO MURAL!


Los cumpas de Alpargatas no dejan de sorprendernos! bien!! por lo que decidimos difundir sus trabajos


Hola amig@s, desde el Centro de Actividades Juveniles nº 5071 de barrio limache, salta capital, compartimos nuestras actividades con uds....
... y nuestro proyecto para esta s
LA CIENCIA ESTÁ SERVIDA"...
esta vez, juegos matemáticos y cocina solar






egunda mitad del año en:
en facebook: grupo "UN GRITO MURAL"
sumate...
difundí...

sábado, 24 de julio de 2010

EL PAIS › MURIO EL REPRESOR ADEL EDGARDO VILAS, QUE FUE SEGUNDO COMANDANTE DEL V CUERPO DEL EJERCITO
El jefe del primer centro clandestino
Estuvo al frente del Operativo Independencia, ensayo general de la represión ilegal en Tucumán, en 1975. Falleció sin rendir cuentas en la Justicia.

Adel Vilas, responsable del centro clandestino La Escuelita de Famaillá.

APAGON DE LEDESMA




MADRES Y FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DE JUJUY
DOCUMENTO

LOS APAGONES DE LEDESMA
DIA PROVINCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Se conmemora el 20 de julio como DIA PROVINCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, institucionalizado por Ley 5516, en memoria de los apagones ocurridos en Calilegua y Ledesma en julio de 1976, en el marco de los operativos represivos implementados por la dictadura militar en Jujuy.
SIN JUICIOS ORALES
Jujuy es una de las pocas provincias donde no se ha avanzado en el juzgamiento a los represores y sin fecha probable de juicio oral. Denunciamos ante la Justicia 127 detenidos desaparecidos- la mayoría de la zona- cientos de ex detenidos que pasaron por centros clandestinos de detención y miles de afectados después de los apagones. El Ingenio Ledesma tuvo participación activa en esas noches siniestras, brindando vehículos y trailers para cargar a mas de 200 personas durante las noches oscurecidas y uno de sus dueños, Pedro Blaquier fue recibido como amigo por el ex ministro de facto Martínez de Hoz, cómplice civil de la dictadura y detenido por delitos económicos.

jueves, 22 de julio de 2010

Inspeccionaron el campo donde habrían arrojado a desaparecidos
Un testigo acompañó a todo el tribunal hasta la localidad de El Usillal. Contó que cuando era conscripto, en 1976, era chofer de una camioneta del Ejército y le ordenaron hacer dos viajes "sospechosos" a esa zona.

Reconstrucción de un viaje de hace más de 30 años.

La jornada de ayer del juicio oral por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en San Rafael,

sábado, 17 de julio de 2010

DUHALDE "EL CABEZÓN"

La investigación apunta a las relaciones de Duhalde con la Triple A y con su órgano de prensa, la publicación El Caudillo. También hace referencia a la denominada "Matanza de Pasco", que sucedió cuando Duhalde era intendente de Lomas de Zamora. lo curioso es que, durante este período al frente de la municipalidad de Lomas de Zamora, Duhalde no fue elegido por el pueblo para ese puesto, sino que fue un golpe institucional, muy parecido a lo que ocurrió en 2001 cuando ejerció la presidencia de la Argentina.


Hay rastros de sangre, muertos y desaparecidos en la carrera política del Dr. Eduardo Duhalde.
Ex intendente de Lomas de Zamora, ex gobernador de la pProvincia de Buenos Aires, vicepresidente de Carlos Saúl Menem y ex presidente provisorio, y que hoy aspira nuevamente a la presidencia, comenzó su carrera política de la mano de los fascistas de la Triple A y El Caudillo, la revista del terrorismo de estado dirigida por Felipe Romeo.
La burocracia sindical de la UOM (Victorio Calabró, entonces Gobernador después de la renuncia forzada de Bidegain, y Lorenzo Miguel, de las 62) derrocaron al intendente provisional de Lomas de Zamora, Pablo Turner, quien era apoyado por la JP, el 15 de mayo de 1974. En su lugar pusieron a un oscuro concejal, el entonces joven abogado de la burocracia sindical, Eduardo Duhalde
Bandas armadas presionaron a otros dos concejales para que renunciaran al puesto, mientras la Triple A desembarcaba en Lomas de Zamora para liquidar a Pablo Turner y sus partidarios de la Juventud Peronista que eran fuertes en la Universidad local y en algunos barrios.

LA MASACRE DE MARGARITA BELEN



EL PAIS › EL TESTIMONIO DE EX PRESOS SOBRE LA MASACRE DE MARGARITA BELEN
La lista de la muerte
Jorge Giles detalló ante el tribunal cómo un agente penitenciario le había anticipado los nombres de quienes iban a ser fusilados en diciembre del ’76. También dieron su testimonio Eusebio Esquivel, Juan Carlos Goya y Jorge Migueles.

Por Marcos Salomón
Desde Resistencia, Chaco
El ex preso político Jorge Giles, autor del libro Allí va la vida, en el que relata la Masacre de Margarita Belén, contó ante el tribunal cómo un agente del Servicio Penitenciario le anticipó los nombres de los detenidos que iban a ser fusilados. Detalló las últimas horas de los presos, que fueron sacados de la U7, para llevarlos a ser torturados en la alcaidía policial, subidos a un convoy militar para ser trasladados a Formosa, y fusilados en el camino, cerca de Margarita Belén, fraguando un intento de fuga, el 13 de diciembre de 1976. En el último día de audiencias previo al receso invernal también declararon Eusebio Esquivel, Juan Carlos Goya y Jorge Migueles. Cruces entre las partes signaron una jornada en que la sala estaba abarrotada de familiares.
La lista
A Giles, en realidad, lo arrestan en el interior provincial, en Villa Angela, en abril de 1975. Luego de torturarlo lo llevan a la alcaidía de Sáenz Peña, de allí a la Brigada de Investigaciones, donde sufrió más torturas, para después pasarlo a la alcaidía de Resistencia y finalmente a la U7.
Mucho antes de diciembre, los presos políticos alojados en el penal federal ya analizaban el peor de los escenarios, por tres razones:
1. Por una radio, escondida clandestinamente, se habían enterado de fusilamientos de presos políticos aplicando la Ley de Fugas.
2. Lo trasladan a Néstor Sala a Formosa, en el camino lo torturan y lo devuelven a la U 7.
3. Traslado del misionero Miguel Sánchez en el baúl de un automóvil. Tiempo después, entregaron el cadáver a su familia (relato ya conocido por otros testigos).
Pero, en realidad, el dato preciso lo dio un suboficial del Servicio Penitenciario Federal, quien le entregó a Giles un papel con la lista de presos políticos que iban a ser ejecutados, en una fecha aún no precisada, esquela que en la jerga carcelaria se denomina “paloma”.
El listado, de más de veinte personas, era encabezado por Sala y el propio Giles, así como también figuraba Aníbal Ponti. Sin embargo, ambos se salvan del traslado.
La despedida
Ese fatídico domingo 12 de diciembre, el Ejército rodeó la U7 e, inesperadamente, llegó el oficial Casco, de la guardia dura, que no debía estar de turno. Fue el propio SPF el que dio la noticia. Y fue Giles quien debió despertar a Sala, que estaba durmiendo la siesta en su celda, para comunicarle el traslado.
Antes de que los trasladados abandonaran el pabellón, el testigo, junto con Miguel Bampini, trató de pedir explicaciones. Pero no hubo respuesta, la orden estaba dada y el macabro plan de traslado ya estaba pergeñado. Fue en ese momento en que se produce la histórica despedida de Sala: “Compañeros, sé que éste no es un traslado más, es un traslado hacia la muerte. Les pido que les cuenten a mis hijos, a mi esposa, a mi pueblo, que muero con dignidad”. Entonces, grita la famosa frase de José de San Martín: “Libres o muertos, jamás esclavos”.
Entonces, los presos políticos llenaron la U7 con la Marcha Peronista, mientras veían cómo Sala se iba saludando con la V de la victoria. “No había sensación de miedo, sino de pérdida”, recordó Giles.
El después
La noticia del supuesto enfrentamiento del 13 de diciembre llegó por la radio clandestina, sintonizando una emisora brasileña: “Cada uno había perdido 10, 20 kilos, no estábamos en condiciones ni de jugar un partido de fútbol, mucho menos de intentar una fuga”, relató.
Más adelante, Giles tuvo la oportunidad de denunciar la masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También lo intentó hacer ante el ex juez federal de Resistencia Luis Angel Córdoba, pero éste se limitó a decir: “No es mi competencia”.
Ya en democracia, con las leyes de impunidad y los indultos, llevó la denuncia ante el juez español Baltasar Garzón. El final fue con aplausos (incluido el irónico de Horacio Losito, imputado en la causa). Giles se abrazaba emocionado con el ex preso político Carlos Aranda.
Tras el receso invernal, continuará el desfile de testigos que darán cuenta sobre la planificación de los fusilamientos en el descampado de las afueras de la capital chaqueña.
“Tenía una herida donde lo picaneaban”
Eusebio Esquivel fue detenido el 28 de julio de 1976. Poco tiempo antes había sido dado de baja en el servicio militar. Por entonces el servicio “a la Patria” era obligatorio, pero él había ido en forma voluntaria.
Lo llevaron a la Brigada de Investigaciones, le sacaron la venda y en los calabozos pudo ver a Tierno, Manuel Parodi Ocampo, Franzen, Luis Barco y Cuevas, “que tenía una herida de bala en la pierna derecha, donde lo picaneaban”. Y los ubicaron en la sala de tortura a dos de los imputados: Luis Alberto Petetta y Aldo Martínez Segón.
El abogado Pujol le pidió al Tribunal que le retirara el papel ayudamemoria que Esquivel tenía en sus manos y consultaba de vez en cuando. El Tribunal accedió (antes de este caso, incluso después, otros testigos sí pudieron tener consigo sus anotaciones).
Ya en la alcaidía policial de Resistencia, Esquivel vio muy golpeados a Lucho Díaz, Fernando Piérola, Roberto Yedro y se enteró de que Néstor Sala estaba en un calabozo, herido de un bayonetazo.
Tras conocer la noticia de la Masacre, los presos políticos “realizamos una jarreada” (golpear los jarros de metal contra los barrotes). “Motín”, murmuró uno de los imputados. Los mandaron a callar.
La desnudez del obispo
El cirujano Jorge Migueles, que también declaró en el juicio por la causa Caballero, contó una “confidencia” que le había hecho el ex obispo de Goya, monseñor Devoto, que visitaba a presos políticos en las cárceles.
“Voy a contar algo que me relató en una reunión con sus allegados más íntimos: durante una visita a presos políticos lo obligaron a desnudarse durante la requisa”, recordó Migueles, un secreto develado para demostrar las duras condiciones carcelarias de la dictadura cívico-militar.
Migueles vio cómo torturaban a dos víctimas de la Masacre de Margarita Belén: Arturo Franzen y Patricio Blas Tierno. “No entiendo por qué tanta saña contra ellos. A Franzen lo torturaron cinco veces más que a mí. Y a Tierno, diez veces más”, afirmó. Ya en la U7, Migueles fue alojado en el Pabellón 3, donde compartió celda con otra víctima de la Masacre: Mario Cuevas, que “tenía muchas dificultades para caminar por los golpes y las picaneadas en las piernas”.
Fuente: Pagina 12


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Procesan con prisión preventiva a cuatro acusados por más de 150 secuestros en "El Vesubio"
Lo resolvió el juez Daniel Rafecas. Se trata de tres ex militares y un ex agente penitenciario, imputados por delitos cometidos en aquel centro clandestino de detención. El magistrado también trabó embargos de hasta seis millones de pesos. Fallo completo

Fallo completo 4069.22 Kb.


El juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, procesó con prisión preventiva a cuatro acusados de más de 150 privaciones ilegítimas de la libertad, cometidas en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, durante el último gobierno de facto.
La medida recae contra los ex los ex tenientes coroneles Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, y contra el ex agente penitenciario Néstor Norberto Cedón.
Además, Rafecas ordenó trabar embargos sobre los bienes de los imputados por 2 millones 250 mil pesos (Minicucci), 2 millones 600 mil pesos (Svencionis), 3 millones de pesos (Crespi) y 6 millones de pesos (Cendón).
Todos se encuentran acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas e imposición de tormentos.
En el fallo, el magistrado afirma que “las víctimas fueron detenidas en operativos clandestinos garantizados en muchos casos por la liberación de la zona en la cual se iban a ejecutar los mismos; y que luego de ello, fueron mantenidas en cautiverio en el CCDT 'El Vesubio'”.
Fuente: http://www.cij.gov.ar/
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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

DESDE DICIEMBRE 2007 COMO RED DE NOTICIAS DH

viernes, 16 de julio de 2010

NIEVE EN SALTA

foto Miguel Vargas
















Imagenes del Monumento a los Masacrados en Palomitas. Congelado igual que su causa hace 34 años!!!!

JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES!!!!!

martes, 13 de julio de 2010

CAUSA RAGONE


Azzolín será el fiscal de la causa Ragone
El abogado Horacio Azzolín, de actuación en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires y La Plata , será el fiscal actuante en el juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, informaron fuentes vinculadas a la causa.
La novedad fue comunicada a las partes la semana pasada. Azzolín, que tuvo actuación en otras causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, estará acompañado por la abogada Josefina Martínez Vásquez, integrante del Ministerio Público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta. Fuentes judiciales vinculadas a la primera parte del proceso que se sigue por el secuestro y desaparición de Ragone, cometido el 11 de marzo de 1976, estimaron que el juicio podría comenzar en septiembre. Antes se prevé que se lleve a cabo el debate por los tormentos y el homicidio del militante justicialista Eduardo Fronda, cuyo cuerpo fue encontrado en el camino a Lesser el 8 de enero de 1975. La designación de Azzolín (que esta semana vendría a Salta para estudiar el expediente) y Martínez Vásquez no ha sido impugnada hasta ahora ni por las querellas ni por las defensas. Lo que sí ocurrió con los otros fiscales propuestos. En principio, se había previsto que el Ministerio Público iba a ser representado en el debate por los fiscales Mario Snopek y José Héctor Pérez, pero este último fue recusado y apartado, y Snopek se inhibió de actuar.

La designación recayó entonces en los fiscales federales de primera instancia de Salta, Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba, pero también fuero recusados por las defensas de los acusados. Con la designación de los fiscales se van completando los pasos previos a la realización del debate. Para la ocasión el tribunal también se completará con jueces venidos de otros puntos del país.
La Cámara de Casación Penal ya resolvió que a Liliana Snopek, la única titular del Tribunal Oral local, le acompañarán los Luis Giménez, de Tierra del Fuego, y Adolfo Guzmán, que vendrá desde Catamarca. Quedan otras cuestiones organizativas por decidir: se estima que el Tribunal dispondrá que el juicio se lleve a cabo en una sala distinta a la del Tribunal Oral, muy pequeña para un proceso de la magnitud de la causa Ragone, en la que hay ocho acusados. Ya en el juicio por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, entre fines del año pasado y comienzos de este, la sala, con unos 20 asientos, resultó
extremadamente pequeña para albergar al público interesado. En esta causa serán juzgados el ex jefe del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía, Miguel Gentil; el ex jefe de Seguridad, Joaquín Guil; el ex vocero de la Triple A , Jorge Héctor Zanetto, y los ex policías Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.

Fuente: Nuevo Diario de Salta

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Lesa humanidad: niegan arresto domiciliario a ex agente de inteligencia de Ejército
La Cámara Federal porteña confirmó un fallo que había rechazado un pedido de la defensa de Carlos Somoza. En la causa se investiga la responsabilidad de los miembros del Batallón de Inteligencia 601 durante la “Contraofensiva” de Montoneros, en 1980
Fallo completo 10.14 Kb.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó un fallo que había denegado el pedido de arresto domiciliario realizado por la defensa de Carlos Somoza, un ex agente de inteligencia del Ejército acusado de privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita, en la causa en donde se investiga la responsabilidad de los miembros del Batallón de Inteligencia 601 durante la “Contraofensiva” de Montoneros, en el año 1980.
Somoza, que se encuentra detenido desde enero de este año por orden del juez federal Ariel Lijo, había fundado el pedido de detención domiciliaria en base a la norma que dispone que se podrá otorgar ese beneficio cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario.
En primera instancia, el juez Lijo había rechazado el planteo en base a que la detención de Somoza en un establecimiento penitenciario “no impide que se trate adecuadamente su enfermedad”.
Apelada esa decisión, la Cámara aseguró que “los informes colectados hasta el momento en el incidente de estado de salud formado en la causa avalan la decisión del instructor”.
Indicó que “se ha brindado a Somoza la medicación adecuada para afrontar su enfermedad, efectuándose controles periódicos al respecto; que cuando fue necesario conducirlo a un centro asistencial se cumplió con ello; que se cuenta con exámenes del Cuerpo Médico Forense según los cuales el Servicio Penitenciario posee la infraestructura necesaria para tratar la dolencia del imputado… y que en la actualidad ha sido trasladado al Complejo Federal I de Ezeiza tal como lo requiriera su defensa”.
“Todo lo anterior persuade a esta Sala de la improcedencia de la solicitud bajo estudio, sin perjuicio que, frente a las alegaciones de la parte, podría requerirse una nueva opinión médica”, concluyó.
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Confirman el procesamiento de Etchecolatz, Saint Jean y Smart por delitos en “Pozo de Banfield”
Lo resolvió la Cámara Federal de La Plata. Están acusados por delitos de lesa humanidad. La medida alcanza además a tres ex jefes policiales. El tribunal también ratificó la prisión preventiva de Smart y le revocó su arresto domiciliario. Fallos
Fallo completo 157.94 Kb.Fallo "Smart"(excarcelación) 40.13 Kb.Fallo "Smart" (arrestodomiciliario) 41.94 Kb.
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento del ex comisario Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Banfield” durante el último gobierno de facto.
Además de Etchecolatz, la medida afecta a Juan Miguel Wolk, Ibérico Manuel Saint Jean, Jaime Lamont Smart, Rodolfo Aníbal Campos y Raúl Carlos Rodríguez. Todos están procesados con prisión preventiva, acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de torturas, sustracción y ocultamiento de menor de diez años, todos en concurso real.
El centro clandestino “Pozo de Banfield” funcionó en las instalaciones del local de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora.
Revocan arresto domiciliario de Smart La Cámara también revocó una resolución que había concedido el arresto domiciliario a Jaime Smart, ex ministro bonaerense durante el último gobierno de facto, en el marco de la causa “Pozo de Banfield”. En el caso, el tribunal destacó que el beneficio había sido otorgado a Smart en base al artículo 32, inciso d, de la ley 24.660, en cuanto dispone que “el condenado mayor de setenta años ... podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente”.
Sin embargo, indicó que esa previsión resulta facultativa para el juez de la causa, por lo cual ello permite considerar otros elementos para tener en cuenta a la hora de resolver la situación del solicitante del beneficio de la detención domiciliaria.
“En este punto, cabe significar que los delitos por los que se encuentra procesado el encartado requieren una atención particular, en el sentido de que más allá de asegurar el debido proceso a los imputados, se trata de delitos de gravedad institucional extrema, delitos de lesa humanidad que, tal como se refiere, se rigen por carriles paralelos a los dispuestos en las leyes penales nacionales, considerados por el derecho internacional y custodiados por nuestro derecho constitucional para asegurar el descubrimiento de la verdad y el cumplimiento de la pena por parte de los responsables”, señaló.
Por otro lado, la Cámara confirmó un fallo que había rechazado el pedido de excarcelación que presentó la defensa de Smart.
Para ello, el Tribunal señaló que “se ha valorado la posibilidad cierta de riesgo procesal, por la gravedad de los hechos ‘prima facie’ calificados”, y destacó que “el interés social en la realización de la justicia se impone mediante ciertas restricciones a la libertad ambulatoria del imputado con el propósito de asegurar su presencia en los actos del proceso y evitar que entorpezca sus investigaciones. Esto, con carácter transitorio, como medida cautelar y en la medida que resulte razonable”.
Fuente:
www.cij.gov.ar


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lunes, 12 de julio de 2010

CURSO: TERRORISMO DE ESTADO Y SALUD MENTAL


CURSO
TERRORISMO DE ESTADO, SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS
Aportes para la construcción de políticas públicas en Salud mental y DDHH.

Organizan:
- Residencia de Psicología Comunitaria
- Colegio de Psicólogos de Salta
- Plan Nacional de Acompañamiento a Testigos, Querellantes y Víctimas del Terrorismo de Estado. Programa Verdad y Justicia. Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH de la Nación.


Fecha y Horario: Miércoles de 14 a 17 hs
Duración: 8 encuentros
Frecuencia: Quincenal
Lugar: Complejo de Bibliotecas Provinciales.
Av. Sarmiento y Av. Belgrano.
Comienza: 14 de Julio de 2010
Consultas e Inscripción: saludmentalyddhh@gmail.com
Fecha: domingo, 11 de julio de 2010, 11:31
LA MASACRE DE PALOMITAS
La causa pendiente
Por Werner Pertot
El fiscal Jorge Auat denunció por mal desempeño a Carlos Olivera Pastor, a cargo del Juzgado Federal de Jujuy, por el nulo avance de las causas de derechos humanos, entre ellas, la de la Masacre de Palomitas. Olivera Pastor tiene desde hace dos años las condiciones para dictar una sentencia, pero su principal medida fue liberar a uno de los responsables de la masacre, Hugo César Espeche. “Liberaron a un asesino confeso, porque me pidió perdón en el ámbito judicial”, recordó Nora Leonard, ex presa política y hermana de una de las fusiladas en la masacre.
En la cárcel de Salta se cortaron todas las visitas el 24 de marzo de 1976. El 6 de julio los vinieron a buscar para un supuesto traslado a Córdoba. El capitán Espeche ordenó que apagaran las luces externas del penal de Villa Las Rosas. Como diría Roberto Bolaño: con ellos, entró la noche, salió la noche. Y con la noche se fueron Benjamin Avila, María Alonso de Fernández, Evangelina Botta, Georgina Droz, Amaru Luque, Roberto Oglietti, Pablo Outes, José Victorio Povolo, Rodolfo Usinger, Alerto Sabransky y Celia Leonard. Los obligaron a amontonarse en dos autos que un operativo comandado por Joaquín Guil había robado esa noche y los mataron. La primera investigación por Palomitas empezó con la causa 13 en el Juicio a las Juntas. La condena a los represores salteños fue frenada por las leyes de impunidad, lo que no le impidió a Nora Leonard presentarse en 1998 ante el juez español Baltasar Garzón. “Estamos en un lugar muy conservador. Hacer cada cosa nos tomó un esfuerzo enorme. Somos predicadores en el desierto”, explica. El 19 de diciembre de 2001, mientras el país estallaba, Leonard y Espeche se volvieron a ver la cara en un juzgado. “Yo empecé a gritarle que la mató a mi hermana con un bebé de 4 meses y medio. Le dije que destruyó a mi familia. El se agarró la cabeza y me dijo: ‘No sabe lo que es vivir con esto. Yo era joven. Las órdenes eran secretas, no sabía para que me mandaban. Yo le pido perdón a usted y a su familia’”, relata.
Luego de que se anularon las leyes de impunidad, el juez Ricardo Lona renunció en medio de un jury por su complicidad en la masacre. Allí comenzó lo que Leonard define como “una historia kafkiana, porque en el Poder Judicial estaban los amigos de Lona”. Todos los jueces y fiscales de Salta se excusaron en la causa Palomitas.
Para intentar agilizar la causa, se la dividió en tres partes: “Palomitas I”, la que llegó hasta la instancia en que se puede dictar sentencia tiene como acusados a Espeche, a Carlos Alberto Mulhall y a Miguel Raul Gentil. Las otras dos, mucho más atrasadas, incluyen a Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, además de a Guil. “La causa tuvo muchísimos incidentes, que implicaron ocho años más de instrucción. Es la vergüenza más grande para la Justicia federal salteña”, señaló a Página/12 la abogada Tania Nieves Kiriako, quien viene siendo amenazada: le dejan grabaciones de marchas militares en el contestador del estudio.
La causa cayó en manos de Olivera Pastor, quien liberó a Espeche cuatro días antes de que se terminara el plazo para que la fiscalía apelara el pedido de libertad condicional. Sí se habían presentado la Secretaría de Derechos Humanos y los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Salta. Cuando la fiscalía le pidió que lo volviera a detener, no hizo nada. Auat lo denunció por su “invariable actitud en las investigaciones por crímenes contra la humanidad”.
LOS JUICIOS POR LAS MATANZAS DE PRESOS POLITICOS
Los fusilados
Se están realizando los procesos por Margarita Belén, la U9 de La Plata y la UP1 de Córdoba. En cambio, la causa por Palomitas, en Salta, está paralizada. Las historias de los presos y los asesinatos.
Por Werner Pertot
“Una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias.” Rodolfo Walsh se refiere a un aspecto del terrorismo de Estado que durante muchos años fue opacado por la denuncia de los campos de exterminio. Se trata de las masacres de presos políticos y del rol que cumplieron las cárceles. Las tres principales matanzas de presos están siendo juzgadas: los fusilamientos en Córdoba, la masacre de Margarita Belén, en Chaco, y los pabellones de la muerte de La Plata. El único que sigue en suspenso es el de la Masacre de Palomitas, en Salta (ver aparte).
Por las cárceles de la dictadura pasaron entre 10 y 12 mil presos políticos, en paralelo a los desaparecidos. No se trató de dos realidades separadas: las cárceles y los campos clandestinos de detención y exterminio formaron un “continuum represivo”, según la denominación que encontró Pilar Calveiro. La politóloga (y sobreviviente de un campo) señala entre otras características comunes: los asesinatos en forma impune de prisioneros; la clasificación en “recuperables”, “casi recuperables” e “irrecuperables” y el “traslado” como eufemismo del asesinato.
La dictadura dividió el país en zonas, subzonas y áreas para organizar la represión. Hubo masacres de presos políticos en la zona 1 (los pabellones de la muerte), en la zona 2 (Margarita Belén) y en la zona 3 (los fusilamientos en Córdoba y la Masacre de Palomitas, además de los asesinatos de detenidos en Santiago del Estero y Jujuy). “En la Argentina no hay presos políticos. Quienes se hallan detenidos no lo son con motivo de sus ideas o de sus discrepancias con el gobierno sino por la comisión de gravísimos delitos”, afirmaba el dictador Jorge Rafael Videla ante el diario Clarín el 16 de junio de 1979.
Con la venia de Videla
Cuando lo detuvieron en 1973, Gustavo Tissera era obrero fabril y militante del PRT-ERP en Córdoba. Tras las torturas en una comisaría, fue a parar a la Cárcel de Encausados. “Inauguramos la cárcel”, recuerda Tissera. Los llevaron a la Cárcel de Encausados y los dejaron entre los presos comunes. “Ustedes son la pesada gil, porque roban pero para otros”, le decía un preso común. Los presos políticos tenían un régimen autoimpuesto. “Nosotros nos levantábamos tempranísimo, hacíamos gimnasia, estudiábamos. Luego de la caída del gobernador peronista Ricardo Obregón Cano trasladaron a los presos políticos a la Unidad Provincial 1 (UP1), en un pabellón especial. En diciembre de 1975 tuvieron la primera requisa pesada y el día del golpe se suspendieron todas las visitas. Los militares desembarcaron en la cárcel el 1º de abril. Los sacaron al patio a los golpes y culatazos. Les dejaron la celda pelada. “Lo único que nos quedó era una frazada”, recuerda Tissera.
El general Juan Bautista Sasiaiñ fue personalmente, entró a la celda de Tissera. Sasiaiñ miró un plato de caldo con dos o tres fideos. “Claro, así cualquiera es subversivo”, dijo y pateó el plato. “Están condenados a muerte. Pero no se pongan contentos, porque van a morir lentamente, de manera que se arrepientan de haber nacido”, les dijo. Golpeó a un preso y se fue. Desde entonces las diferencias entre lo que ocurría en esa cárcel y lo que pasaba en los campos se angostaron. Les tapiaron las ventanas y les dieron un tacho para hacer sus necesidades. Las guardias quedaron a cargo de la policía militar, la Gendarmería y los militares. Se generalizaron las palizas colectivas, las torturas, los simulacros de fusilamiento.
El capitán Gustavo Alsina era uno de los que más se ensañaba con las mujeres, a las que obligaron a entregar a sus bebés a las familias. “Despedite de tu hijo, porque no lo vas a ver más”, le dijo a una de ellas el represor Enrique Pedro Mones Ruiz, el mismo que llamó en el juicio “ese terrorista” al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
El 5 de junio de 1976, en una de estas sesiones de tortura, en las que los obligaban a hacer ejercicios militares, Raúl “Paco” Bauducco recibió un golpe en la cabeza y cayó al suelo. El cabo Miguel Angel Pérez, que lo había golpeado, sacó su arma y se la puso en la cabeza. “No doy más”, le respondió Bauducco, cuando le ordenó levantarse. Pérez miró a su superior, Mones Ruiz, quien asintió. Y lo fusiló frente a cincuenta testigos.
En tandas, sacaron a grupos de presos y los fusilaron. A Eduardo Bártoli lo llevaron de la cárcel al centro clandestino de detención D2, donde lo mataron el 30 de abril junto a dos desaparecidos. No fue el único caso de conexiones entre cárcel y centros clandestinos: el oficial de inteligencia Carlos Yanicelli sacó de la cárcel a Diana Fidelman y la llevó al D2, donde se ensañaron con ella en la tortura por ser judía. “Te vamos a hacer jabón”, le decían. La salida la autorizó el juez Adolfo Zamboni Ledesma, lo que demuestra que la complicidad del Poder Judicial con el terrorismo de Estado está lejos de ser un patrimonio sólo de Mendoza.
El 17 de mayo fue el primero de los “traslados”. Diana Fidelman había estado bailando todo el día. Con las otras presas, hicieron una obra de teatro donde satirizaban a los represores, como forma de resistir las torturas diarias. Se la llevaron junto a Miguel Mozé, José Svagusa, Ricardo Verón, Eduardo Hernández, Ricardo Yung. Antes de que la fusilaran, ella los miró con sus ojos azules y les gritó: “No sean cobardes. Mátenme de frente”. El barrio escuchó los sonidos secos de los disparos.
El siguiente “traslado” fue el 28 de mayo. Una patota militar fue en busca de dos presos del ERP, Carlos Sgandurra y José Angel Pucheta. En el enfrentamiento fraguado en el que los fusilaron también mataron a José Osvaldo Villada, un desaparecido al que hicieron pasar como un miembro del “bando atacante”. El 19 de junio se llevaron a Claudio Zorrilla, Miguel Angel Barrera, Esther Berberis y Mirta Abdón. A las presas las tuvieron que sacar en andas. “Nos quieren matar”, gritaba La Turca Abdón. El 30 de junio fusilaron a José Cristian Funes y Marta Rosetti, quien antes de irse repartió su ropa entre todas sus compañeras.
El 14 de julio de 1976, Alsina sorprendió a José René “Turco” Moukarzel recibiendo un paquete de sal de un preso común. Lo desnudaron y lo estaquearon en un patio, donde le tiraron agua fría, mientras lo golpeaban. Lo dejaron una noche helada, hasta que murió. Alsina fue a la enfermería a ver el cuerpo y golpeó al enfermero que estaba intentando asistirlo. “Dejá que se atienda solo. Total, es médico”, le dijo.
El 12 de agosto de 1976 el teniente Osvaldo Quiroga retiró de la cárcel a Eduardo de Breuil, Gustavo de Breuil, Miguel Vaca Narvaja e Higinio Toranzo. Los encapucharon a todos. En un momento el vehículo se detuvo en un lugar donde había militares entrenando.
–Teniente D’Aloia, ¿va a jugar el sábado contra la escuela de aviación? –preguntó un soldado.
–Callate, que acá tenemos unos subversivos. Después te veo –contestó, irritado, el teniente Francisco D’Aloia.
Los vehículos volvieron a avanzar. Tiraron una moneda para decidir a cuál de los hermanos De Breuil dejaban vivo. A Eduardo lo obligaron a ver el fusilamiento de su hermano, de 21 años: “Ahora volvés a la cárcel y les contás esto que viste. Les va a pasar a todos”, le dijeron. El 20 de agosto fusilaron a Ricardo Tramontini y Liliana Páez y el 11 de octubre a Florencio Díaz, Pablo Balustra, Jorge García, Miguel Cevallos, Oscar Hubert y Marta González de Baronetto.
En el juicio están acusados, además de Videla y Luciano Benjamín Menéndez, otros 31 represores, incluidos Yanicelli, Quiroga, D’Aloia, Pérez, Alsina y Mones Ruiz.
Margarita Belén
Los presos políticos de la cárcel de Resistencia (Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal) tuvieron una larga discusión. Se habían enterado, gracias a un guardia, de que iban a fusilar a algunos de ellos. Incluso tenían una lista. La pregunta era: ¿Resistir colectivamente o dejar que sacaran a un grupo de presos? “Es mejor que maten a veinte y no a los doscientos que somos, compañeros”, argumentó Néstor Sala.
En la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976 el oficial Oscar Casco se acercó a la reja y nombró a los que tenían que salir.
–¿Qué pasa, señor? –se le acercó Jorge Giles.
–Traslado, Giles, traslado.
–¿Un día domingo, celador?
–Yo sólo cumplo órdenes.
Afuera estaba lleno de camiones del Ejército. Casco dio un ultimátum: “¿No los quieren dejar salir? Yo me retiro y entra el Ejército. Pero no entran a buscarlo a Sala, sino para matarlos a todos por el delito de motín”. Néstor Sala salió, no sin antes dar un discurso ante los otros presos. “Hoy nos sacan para matarnos. Les pido que se lo cuenten a mi mujer, a mi hijo y al pueblo. ¡Viva Perón, carajo!”, gritó. Con él, se llevaron a Luis Angel Barco, Manuel Parodi Ocampo, Carlos Duarte, Luis Fransen, Mario Cuevas y Patricio Tierno.
Los llevaron a la Alcaidía donde los torturaron salvajemente. Luego, los juntaron con un grupo de desaparecidos y marcharon hacia Margarita Belén. Todos los militares y policías de la comitiva dispararon, en un pacto de sangre. Luego se sentaron a comer un asado en el lugar de la masacre.
En Chaco están siendo juzgados por esto Horacio Losito, Germán Riquelme, Guillermo Reyes, Athos Renés, Rafael Sabol, Luis Alberto Pateta, Ernesto Simoni, Aldo Martínes Segón y Luis Eduardo Chas. Norberto Tozzo está en trámite de extradición, preso en Brasil. “Tanto la causa de Córdoba como la de Chaco sustentaron la causa 13, del Juicio a las Juntas, porque allí están todas las huellas de la cadena de mandos”, planteó a Página/12 Jorge Giles, ex preso político y director del Inecip.
Pabellones de la Muerte
Eduardo Jozami llegó a La Plata en un traslado de Devoto en octubre de 1976. En diciembre, asumió un nuevo director: Abel Dupuy. El 13 de diciembre de 1976, el mismo día de la masacre de Margarita Belén, los sacaron a todos de la celda. “Nos hacían caminar entre dos filas de milicos con palos. Esa requisa fue la señal de que cambiaban las cosas en la cárcel. Fue de una violencia exagerada”, recuerda Jozami. Luego de su acto de asunción, Dupuy ordenó sacar todos los libros que les habían secuestrado (cerca de cinco mil) y los quemó en frente de la cárcel.
A partir de allí, se generalizaron las torturas: les hacían sacar la cabeza por el pasaplatos para golpearlos o pincharles los ojos, alternaban palizas con baños de agua helada. En una de estas sesiones, a Marcos Ibáñez Gatica lo dejaron en estado vegetativo y murió a los pocos días.
Lo mismo ocurrió en los casos de Juan Barrientos y Alberto Pintos.
El 3 de enero de 1977 organizaron a los presos según su procedencia política y su grado en las organizaciones armadas. En el pabellón 1 colocaron a los dirigentes de Montoneros. En el 2, a los del PRT-ERP. Los presos políticos los llamaron “los pabellones de la Muerte”. No se equivocaron. A las cinco de la tarde del 5 de enero de 1977 vinieron a buscar a Dardo Cabo y Rufino Pirles, dos dirigentes de Montoneros. Los raparon y los sacaron para un “traslado” a Sierra Chica. “El día que los sacan nos pareció medio raro. Dardo hacía preguntas: ‘Che, qué raro un traslado a esta hora’. Al otro día nos enteramos de que los habían matado. Después de eso cada vez que salías del pabellón te daban por muerto. A mí una vez me sacaron para ver un abogado y cuando volví, me recibieron como si hubiera resucitado”, relata Jozami, actual director del centro cultural de la memoria Haroldo Conti.
El 27 de enero se llevaron a Julio César Urien y Angel Georgiadis. Militante de Montoneros, Urien era marino y provenía de una familia militar, que hizo gestiones con el general Albano Harguindeguy y consiguió que no lo mataran. Luego de dos días encapuchado, lo subieron a una camioneta, lo colgaron de los pies y lo llevaron a la cárcel. “Apareció” en Sierra Chica. En su lugar, volvieron a La Plata y se llevaron a Horacio Rapaport, que estaba en una celda de castigo por haber reclamado por los otros dos presos que habían sacado.
La existencia de los pabellones de la muerte fue denunciada internacionalmente, lo que llevó a los represores a cambiar la metodología. “Nos volvió a tomar de sorpresa cuando lo sacan a Domínguez y a los dos compañeros del pabellón 2”, plantea Jozami. A Guillermo Segalli, Abel Carranza y Miguel Alejandro Domínguez los liberaron en febrero de 1978 (estaban a disposición del PE nacional). Afuera los esperaba una patota, que los secuestró. Poco después, el juez Eduardo Marquard le dio la libertad a Jorge García, que era en realidad Juan Pettigiani (estaba preso con un nombre falso). También lo secuestraron. La metodología se repitió el 21 de marzo de 1978 a las once de la noche, cuando dejaron salir al abogado Juan Carlos Deghi. Se lo llevaron dos Falcon verdes a cien metros de la salida de la cárcel. Sus hijas lo estaban esperando con las velitas en su casa para festejar su cumpleaños.
“Proceder inhumano”
A Fermín Rivera lo sacaron de la cárcel y lo torturaron para que revele dónde habían enterrado a dos guerrilleros en 1974, luego del copamiento del regimiento de Villa María por parte del PRT-ERP. Lo metieron en un baúl de un auto y lo llevaron a una finca, cercana a Río Tercero. Allí montaron un show periodístico. El 4 de abril de 1978, el diario La Nación afirmó que “la ubicación de la vivienda y el hallazgo de la tumba fue posible por la declaración de un extremista actualmente detenido, quien se avino a cooperar con la acción judicial”. Luciano Benjamín Menéndez, en un despliegue de cinismo, defendió ante los periodistas el derecho de los padres a enterrar a sus hijos: “Este proceder de por sí inhumano es todavía más execrable cuando se piensa que esos muertos son después usados para engañar a desprevenidos y hacerlos pasar como desaparecidos, reclamando sobre el paradero de individuos que los propios delincuentes subversivos han enterrado”.

domingo, 11 de julio de 2010

SANTA FÉ

Diario Uno....Santa Fe
“Es inaceptable que el PJ tenga represores afiliados”
Lo denunciaron ex detenidos políticos, respecto de Mario Facino y Eduardo Ramos. Jorge Fernández, vicepresidente del partido, dijo que serán expulsadosLa Constitución Nacional sostiene en su Artículo 38 que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Nº 23.298) les asigna el carácter de “instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional”. Pero en Santa Fe, desde hace más de una década, ex presos políticos, denuncian una contradicción “flagrante” a esa institución democrática. Es que los represores Mario Facino y Eduardo Ramos –condenados por delitos de lesa humanidad– aún hoy figuran en el padrón de afiliados del Partido Justicialista.Un reclamo que fue archivado Corrían los finales de los 90, cuando Anatilde Bugna realizó el primer pedido formal al PJ para que expulse a esos afiliados, pero nunca recibió una respuesta. “Les envié una carpeta con todas las denuncias que habíamos formulado ante la Conadep desde el retorno de la democracia sobre la participación de esta gente (Ramos y Facino) en la pirámide represiva. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina (del PJ) nunca se reunió para analizar el caso”, aseguró una de las principales testigos de la causa Brusa, el histórico juicio que condenó a cinco policías y a un ex juez federal y que dejó probado cómo funcionó el plan sistemático de persecución política en la ciudad durante los años de plomo. Pero el escenario político de aquellos años, no tenía fisuras que permitieran una oxigenación suficiente como para que se corriera lugar al pedido. Víctor Brusa contaba con el respaldo de Carlos Reutemman para ser juez federal de la Nación y el ex suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe, Nicolás Correa (procesado por delitos de lesa humanidad, falleció en el 2007, antes de llegar a juicio) era el número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia durante el primer gobierno de Jorge Obeid (1995 -1999). El deber de rendir cuentas En septiembre de 2009, volvieron a alzar la voz del reclamo. Tanto en el marco de la causa Brusa, como en la causa Facino –que actualmente se tramita en los tribunales federales de la ciudad– José Schulman, testigo, e integrante del partido comunista reiteró la denuncia en la sala de audiencias, y en Diálogo con Diario UNO explayó sus fundamentos. —¿Es una contradicción a la democracia que represores condenados por delitos de lesa humanidad estén afiliados a un partido político?—Admitir que esta gente permanezca inscripta en sus padrones es una contradicción flagrante con los principios generales de los partidos políticos, desde todos los puntos de vista. El sistema democrático da a los ciudadanos la oportunidad de ocupar cargos publicos, pero también los obliga a rendir cuentas, y ese deber, no sólo debe ser entendido desde el aspecto de la corrupción económica. Se insiste en tratar a estos imputados como delincuentes comunes y ésa es una de las razones fundamentales de que la lucha contra la impunidad sea tan lenta.—Estos casos, ¿deben debatirse en el plano de lo ético o de lo político? —Acá se cruza lo ético con lo político y lo trasciende. Cuando decimos que la impunidad genera nuevos hechos delictivos, hay una forma concreta de demostrarlo: una institucion de seguridad –como la policial– tiene reglas, normas y sistemas de conduccion y una cultura organizativa. Mario Facino conducía la seccional Cuarta con el ejemplo. Si él permitió que violaran a Alicia López en el patio de la comisaría –como lo denunció un policía que prestaba funciones en esa sede en 1976– ¿cuál es el mensaje que les daba a los subordinados? Que se podía violar. —¿Se puede trasladar ese ejemplo al partidio Justicialista?—Es que si Reutemann avala a Brusa, y Obeid avala a Correa y si nadie lo expulsa a Facino y a Ramos, ¿cuál es el mensaje del partido justicialista? Que la democracia con la impunidad son compatibles. En Santa Fe, hubo un obispo violador como Storni, un juez torturador como Brusa, un gobernador inundador como Reuteman. Todas esas impunidades, se complementan, se potencian unas a las otras. No se trata de un problema simbólico. El PJ debe expulsarlos (a Ramos y a Facino) como muestra de respeto a todos sus militantes peronistas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, y al conjunto de la sociedad. Además, hay también una arista jurídica que debe ser analizada. La ley de los partidos políticos establece como su función la defensa de derechos humanos. En este caso, podría considerarse que se está infringiendo la ley al mantener como afiliados a dos condenados por delitos de lesa humanidad.—¿Hay un mayor vínculo entre el PJ y personajes sombríos de la dictadura?—La dictadura se vinculó con muchos partidos políticos, sin embargo, a mi me parece que yo le adjudicaría mayor responsabilidad a la cúpula del PJ en no ir a fondo en cortar la continuidad de la cultura represora de la policía y en otras organizaciones. Para ser justos, ahí sí hay una responsabilidad muy contundente que la hemos denunciado en los juicios. -- Liga Argentina por los Derechos del Hombre
www.liga.org.arwww.laladh.wordpress.com

sábado, 10 de julio de 2010

TUCUMÁN

El Tuerto Alvornoz
El paísViernes, 9 de julio de 2010
EL REPRESOR LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ FUE SENTENCIADO A PERPETUA POR CUARTA VEZ
Condenas para represores inmutables
El ex jefe de inteligencia de la policía tucumana también recibió cadena perpetua y fue enviado a una cárcel común. Otros dos policías juzgados tendrán que cumplir dieciocho años de prisión y tres en suspenso.
Por Ramiro Rearte

El ex jefe del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez, escuchó su condena sin inmutarse.“El Tuerto” Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, también recibió perpetua.
Desde Tucumán
Luciano Benjamín Menéndez escuchó la condena en su contra sin inmutarse. Siguió con la mirada fija sin hacer caso de la palabra del secretario del tribunal, que estaba leyendo su sentencia. Su abogado defensor, Horacio Guerineau, fue el primero en retirarse del edificio y, para evitar los abucheos de miembros de organismos de derechos humanos que hacían vigilia en la puerta, se fue por una salida lateral. Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, tampoco se alteró al conocer que deberá cumplir cadena perpetua en el penal de Villa Urquiza.
Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Josefina Curi y Gabriel Casas dieron a conocer su decisión ayer al mediodía. Menéndez y Albornoz recibieron la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán. Los jueces decidieron mantener por el momento el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Se quedará en el country Jockey Club en Yerbabuena hasta el lunes. Ese día volverá a Córdoba, donde afronta otro juicio junto al dictador Jorge Rafael Videla. Allí será alojado en la cárcel de Bower.
También fueron condenados los policías Luis y Carlos De Cándido. El primero recibió dieciocho años de prisión y su hermano, tres de ejecución condicional. Durante la dictadura cumplieron, respectivamente, funciones de carceleros y apropiadores de casas de personas secuestradas.
Los cuatro represores fueron juzgados y condenados por la muerte y desaparición de veintidós personas en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, durante la década del ’70, cuando Menéndez se desempeñaba como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
Menéndez fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes, todos delitos de lesa humanidad, dice el fallo. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército –que abarcaba las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Tucumán– ya tiene otras tres condenas perpetuas en su haber: dos en Córdoba y otra en Tucumán.
El represor Roberto Heriberto Albornoz recibió la condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, por ser autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes”.
Luis De Cándido fue condenado a “dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada, violación del domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas seguida de muerte y usurpación de domicilio”.
Carlos De Cándido recibió la condena de “tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de las reglas de conducta por ser autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación”.
En esta causa también estaba acusado originalmente Antonio Domingo Bussi, pero fue luego excluido por razones de salud. Otros dos represores involucrados en el expediente, Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo, murieron mientras se desarrollaba el debate.
La lectura de la sentencia se vivió con mucha tensión en las inmediaciones del tribunal. Se montó un fuerte operativo de seguridad con doble vallado para el ingreso a la sala, ubicada a tres cuadras de la Casa Histórica. Gendarmería Nacional se encargó de la custodia externa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), de la custodia interna del recinto.
Si bien se descontaba que los genocidas iban a ser condenados, se pretendía que todos fueran a cárcel común. A diferencia del juicio en el que se condenó a Menéndez y a Antonio Domingo Bussi en agosto de 2008, en este proceso los familiares de las víctimas del centro clandestino no ocultaron sus emociones durante toda la jornada. Pasaron desde la alegría por conocer la condena a Albornoz hasta la sorpresa por los tres años de prisión para uno de los De Cándido y el llanto al recordar a los familiares que no están, y fueron nombrados en cada imputación.
Los últimos en dejar la sala fueron los condenados, quienes esperaron a que los militantes de los organismos de derechos humanos se fueran del lugar para subir al móvil de la Policía Federal que los esperaba en la puerta. Durante la siesta tucumana, Menéndez, Albornoz y De Cándido se fueron sin nadie en las calles que los abuchearan, pero cargando sus condenas.

La lista de los desaparecidos
Uno de los momentos de mayor conmoción que se vivieron durante el proceso judicial en Tucumán fue cuando el mes pasado el testigo Juan Carlos Clemente aportó de manera sorpresiva dos biblioratos con documentación confidencial de los represores que manejaron el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”. La documentación histórica que entregó Clemente no sólo develó la lista con las 293 víctimas que estuvieron secuestradas en la ex jefatura, sino también quiénes fueron los oficiales, suboficiales y agentes que integraron la “patota” del Servicio de Información Confidencial (SIC), liderada por el represor Roberto “El Tuerto” Albornoz, ahora condenado en el juicio oral y público que se sigue por violaciones a los derechos humanos cometidos en ese centro clandestino de detención. Los documentos secretos fueron publicados por Página/12.
Clemente contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, narró que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después lo obligaron a ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata. En los dos libros también figuran fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución” que contiene los nombres de 28 personas, otra titulada “Nómina de DS que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas. La lista de las 293 personas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura generó conmoción en los familiares. Al lado de 195 nombres figura la sigla DF, es decir, “disposición final”, es decir, que habían sido asesinados.
Voces sobre la sentencia
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, estuvo en la audiencia y afirmó que ante “el discurso arrogante y amenazante de Menéndez sobre el terrorismo de Estado”, el fallo “es la mejor demostración de la veracidad de las acusaciones”. “Son asesinos sádicos y seriales. Fue un juicio donde los procesados han tenido todas las garantías procesales que les correspondían. Y sin lugar a dudas, que la cárcel común siempre es un anhelo en todos estos juicios. Es un paso más hacia adelante y seguiremos impulsando los restantes juicios en todas las provincias para que ningún asesino quede impune”, agregó. La ex diputada Vilma Ripoll aseguró que “lo que se vivió es histórico y si bien en algunos casos, con los tres años no conforman, creo que lo esencial es que se ha dado una señal al conjunto y a la dinámica de los juicios y demostrando que la verdad y la justicia pueden permitir dar pasos contra la impunidad”. Daniel Posse, secretario de Derechos Humanos de Tucumán, afirmó que la sentencia tiene características ejemplificadoras: “Es muy bueno que la Justicia llegue, es muy bueno que se condene a estos nefastos personajes, pero también es bueno recordar lo que han hecho. Perseguimos que se haga justicia y se lo logra con el cumplimiento efectivo de la cárcel porque es increíble que por delitos menores las personas vayan al penal de Villa Urquiza y que por hechos de tal gravedad puedan ser eximidos de cárcel común”. Alfredo Terraf, fiscal general del juicio, aseguró que “nada ni nadie les podrá devolver a los familiares a sus seres queridos y el dolor y la angustia que han vivido por la ausencia. Pero es un fallo histórico y estoy muy satisfecho que vayan a la cárcel estos violadores y asesinos y torturadores. Albornoz nunca fue un perejil. Los perejiles éramos nosotros y lo seguimos siendo. Ellos eran los dueños de la vida, de nosotros, de la casa de los bienes, de la felicidad, ellos entraban de noche, arrancaban de las casas a las personas. Estamos en condiciones de decir hoy, que tarea cumplida con respecto a ellos”.

jueves, 8 de julio de 2010

CORDOBA

Continuaron las declaraciones de los represores en Córdoba

La culpa está en otra parte

Un ex comisario responsabilizó a los juzgados federales por la actuación de la policía durante la dictadura. Otro ex agente alegó que lo confundieron con “un homónimo”. Videla y Menéndez se quedaron dormidos.

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Jorge Videla y Luciano Menéndez mientras declaraba un policía en el juicio de Córdoba.

El ex comisario Yamil Jabour, imputado por el asesinato de nueve presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, afirmó que la policía provincial “seguía las directivas de los juzgados federales” durante la dictadura y que las órdenes incluían el traslado de detenidos “esposados y con los ojos vendados”. El ex miembro del Departamento de Informaciones declaró durante la tercera audiencia del mayor juicio por delitos de lesa humanidad de la historia argentina, que incluyó una profunda siesta del dictador Jorge Videla y de su ex subordinado Luciano Menéndez, quien partió al mediodía hacia Tucumán, donde mañana podría escuchar su cuarta condena a prisión perpetua.

Durante las últimas dos audiencias tuvieron oportunidad de declarar veinte de los treinta y un imputados del juicio. Tras las reivindicaciones de la dictadura de Videla y Menéndez, el lunes, ayer fue el turno de los policías. Jabour negó su responsabilidad en los nueve asesinatos que se le imputan, descalificó la investigación en primera instancia y responsabilizó a la Justicia de la época por el accionar policial. “No sólo se seguían las directivas de los juzgados federales, sino que en esa función (la represión) estaban subordinados a los juzgados”, dijo.
Jabour nombró en particular al actual juez de la Cámara Federal Luis Rueda. Como “escribiente en la fiscalía 2”, dijo, el funcionario había “ordenado” que “los detenidos debían ser trasladados por personal policial que los custodiaba permanentemente y debían permanecer esposados y con los ojos vendados”. Consultado por La Voz del Interior, Rueda contó que en abril de 1977 ingresó como “pinche” en la secretaría civil del juzgado federal 2. “Nunca pertenecí ni estuve en el uno, que es donde están investigando todas estas cosas”, aclaró. “En 1978 me desempeñé en la secretaría penal como pinche y en noviembre de 1979 y (durante) 1980 fui secretario penal del juzgado. Cuatro años después de los hechos que se están juzgando”, destacó. Agregó que “las causas que quedaron en el juzgado 2 eran viejas” porque “desde el 24 de marzo de 1976 no entraron más causas de la subversión (sic) a la Justicia federal”.
Entre los argumentos para desacreditar las acusaciones, Yabour señaló que durante una misión de la Cruz Roja tuvo que realizar “entrevistas a todos los detenidos de la UP1” sin que “ninguno” de los presos políticos “haya formulado ninguna denuncia o comportamiento fuera de lugar”. El comentario generó exclamaciones de reprobación en la sala. Yabour giró la cabeza para mirar al público y terminó reprendido por el juez Jaime Díaz Gavier, que también exigió silencio a los presentes.
Luis David Merlo, otro ex D2, aseguró que desconocía la existencia de detenciones ilegales porque “no tenía acceso” a la dependencia, dada su condición de recién ingresado a la fuerza. Sugirió que durante la instrucción de la causa “se cometió un error de identidad” entre él y un oficial principal al que consideró “homónimo”, llamado Luis Ricardo “El Moro” Merlo, a quien sí identificó como miembro de las brigadas especiales y quien por supuesto está muerto. El juicio continuará el martes.




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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

miércoles, 7 de julio de 2010

Antonio Domingo Bussi

Antonio Bussi

El ex represor Antonio Bussi está grave y no será condenado

Antonio Domingo Bussi está grave y fue internado anoche en un sanatorio privado en la provincia deTucumán. Los problemas cardíacos que padece impidieron que sigan los juicios que tiene en su contra. De hecho, mañana no estará presente en la lectura del fallo en el que se condenará a Menéndez y la resolución no lo afectará. Bussi fue apartado de este juicio por sus problemas de salud, en marzo.

Luis José Bussi, el hijo del militar de 84 años, explicó: "Durante los últimos días, mi padre presentaba agitaciones y problemas respiratorios. Luego se le llenaron de agua los pulmones y su médico decidió que había que internarlo. Aunque ahora está mejor,
su pronóstico es malo".

Bussi fue internado 48 horas antes de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal comunique la sentencia a los cuatro imputados por la desaparición de 22 personas en la ex Jefatura de Policía provincial durante la dictadura militar.

Bussi dijo que al fallecer no quiere ser

velado ni enterrado en Tucumán

Miércoles 7 de Julio de 2010 | Así lo indicó su hijo José Luis. El genocida está internado desde ayer en terapia coronaria en el Instituto de Cardiología.



Lo señaló su hijo José Luis. El ex gobernador fue internado ayer en grave estado. Dijo a su familia que cuando muera no desea ser velado en Tucumán.

Antonio Bussi está internado desde ayer en terapia coronaria en el Instituto de Cardiología.

En diálogo con el periodista Angel Suárez, por Radio Rivadavia, el legislador José Luis Bussi expresó: "mi padre está muy grave. estamos preparados para un desenlace natural. Tiene mucho líquido en los pulmones. Está en una situación límite".

"Su insuficiencia coronaria es cada día peor. Si llegara a salir de esto, no será por muchos días, pero ya los médicos nos prepararon para el peor desenlace."

"La voluntad de mi padre es que, al producirse el desenlace final, sus restos sean trasladados a Buenos Aires, no quiere ser velado ni enterrado en Tucumán", manifestó José Luis.