viernes, 24 de mayo de 2013

“Hooft impone a sus acusadores cargos criminales pero es él quien debe responder”


“Hooft impone a sus acusadores cargos criminales pero es él quien debe responder”

El Fiscal General subrogante que interviene en la causa que investiga al Magistrado marplatense defendió las actuaciones realizadas hasta el momento.

Hooft fue citado una vez más a prestar declaración indagatoria el próximo 4 de junio. (Foto: Marcelo Núñez)
A menos de una semana de que la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó apartara al fiscal Claudio Kishimoto de la causa que investiga la actuación del suspedido juez Pedro Federico Hooft durante la dictadura, el fiscal general subrogante, Pablo Larriera, y la secretaria de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, Romina Trinidad Cavallo, defendieron las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento.
Cabe mencionar que luego de que faltara en reiteradas oportunidades a los llamados a indagatoria, el juez Martín Bava citó una vez más al cuestionado magistrado a prestar declaración el próximo 4 de junio y si aún no solicitó su detención es porque entiende que hasta que no concluya el jury, Hooft mantiene sus fueros.
En primer lugar, Larriera y Cavallo hicieron hincapié en el hecho de que “Hooft impone a sus acusadores cargos criminales cuando es él quien debe responder por las imputaciones que le formulan” jueces de la democracia y advirtieron que a pesar de su condición de funcionario de la justicia se rehúsa a asistir a prestar declaración indagatoria; actitud que consideraron “cuanto menos paradójica” ya que se trata de “un juez que incumple reiteradamente las citaciones de otro juez”.
Inclusive, enumeraron las distintas estrategias a las que acudió con el propósito de eludir su presentación ante la Justicia. “El imputado ha pedido la nulidad de su citación a prestar declaración, recusó al juez ahora actuante y finalmente, luego de presentar una supuesta grabación subrepticia al fiscal de la causa que pidió su indagatoria, denunció penalmente el pasado 15 de abril a la totalidad de los fiscales, al juez y al abogado querellante César Sivo por asociación ilícita, un día antes del último llamado a indagatoria”, indicaron.
A su vez, recordaron que el juez Bava lo citó a indagatoria en tres oportunidades entre julio del año pasado y abril último, pero nunca concurrió amparado por sus fueros. “Antes de que ello ocurriera seis jueces federales de la jurisdicción se excusaron de intervenir en el expediente. El primer pedido de la Fiscalía para que se lo cite en calidad de imputado es del 1 de noviembre de 2011”, agregaron.
Y subrayaron que el Tribunal Oral Federal de La Plata que juzgó en esta ciudad los crímenes en la causa Base Naval II, también ordenó investigar el accionar de Hooft durante la última dictadura militar, “lo cual confirma una vez más las firmes sospechas que fundan el llamado a declaración indagatoria que impulsa la Fiscalía”.
En lo que respecta a los antecedentes de la causa, Larriera y Cavallo afirmaron que la investigación fue iniciada el 6 de marzo de 2006 por una denuncia del fallecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Esa presentación contó con la adhesión de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y de representantes de las asociaciones de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de la Asociación de ExDetenidos Desaparecidos y de familiares de víctimas y la agrupación Hijos.
Hooft está imputado por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, delitos perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, durante lo que posteriormente se denominó "La Noche de las Corbatas".
Para la Fiscalía, esos delitos no hubiesen podido perpetrarse, o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior “sin el aporte esencial” prestado por el juez Hooft, quien tramitando los hábeas corpus presentados en beneficio de las víctimas y las causas en las que debieron investigarse las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios de algunas de ellas, proporcionó “adecuada cobertura judicial a los autores de tales hechos, evitando a la vez que los sucesos fueran investigados en los estrados competentes”.
“La calidad y la cantidad de las infracciones cometidas por Hooft permite inferir a la fiscalía que no se trata de meros errores en la gestión judicial sino de tolerancia y/o colaboración con las prácticas del aparato represivo del Estado”, enfatizaron. 
En ese marco, dejaron en claro que tanto los miembros de la Fuerzas Armadas y de seguridad como las autoridades de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, a cargo de la Subzona Militar 15, “contaron con una garantía de impunidad que les brindó Hooft”.
Al momento en que se sucedieron los hechos conocidos como “La Noche de las Corbatas”, Hooft era el juez de turno en el departamento judicial de Mar del Plata y, en ese carácter, rechazó los hábeas corpus presentados en favor de Jorge Candeloro, Marta García de Candeloro, Norberto Centeno, Hugo Alais, Camilo Ricci, Tomás Fresneda, Mercedes Argañaráz de Fresneda, Carlos Bozzi y Salvador Arestín. Puntualmente en el caso de Candeloro y en el de Centeno, el rechazo de hábeas corpus se produjo cuando aún estaba pendiente la respuesta de las autoridades de la Subzona militar 15 en relación con esas víctimas.
Por otro lado, en el caso de Centeno, Alais, el matrimonio Fresneda, Bozzi y Arestín, el juez Hooft tramitó además las causas en las que debieron investigarse sus privaciones ilegítimas de la libertad, pero en todos los casos se omitieron todas las medidas de instrucción que podrían haber resultado útiles para el esclarecimiento de los hechos.
Tampoco Hooft declinó la competencia a favor del fuero federal y, transcurrido un mes y medio de los hechos, remitió las causas a la Subzona Militar 15 por entender que se relacionaban con casos de supuesto origen subversivo. “Es decir, envió los expedientes para su investigación a la fuerza armada que había secuestrado y tenía bajo su órbita de poder a las víctimas, lo cual ya fue acreditado en dos juicios orales”, explicaron.
En ese sentido, evaluaron que “es importante poner de resalto que a la fecha de la remisión de los expedientes a las autoridades militares los abogados estaban aún con vida sometidos a condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención denominado “La Cueva”. Todas esas causas desaparecieron sin que hasta hoy haya podido obtenerse información acerca de su destino”.
“A ello se agrega que, en relación puntual con la detención ilegal de Ricci, Hooft se comprometió a efectuar gestiones personales y el letrado fue liberado al día siguiente, lo cual demuestra sus aceitados contactos con las estructuras del Ejército que intervenían en la represión ilegal”, argumentaron por último.
Fuente: http://www.0223.com.ar
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Discrepancias entre el gobierno y la Comisión de la Verdad en Brasil El organismo recomendó el inició de juicios contra militares represores. Pero el ministro de Defensa, Celso Amorim, dijo que el Ejecutivo de Dilma Rousseff "no estimulará ninguna sanción" ni la derogación de la Ley de Amnistía.


 Se cumplió un año desde que comenzó a funcionar
Discrepancias entre el gobierno y la Comisión de la Verdad en Brasil

El organismo recomendó el inició de juicios contra militares represores. Pero el ministro de Defensa, Celso Amorim, dijo que el Ejecutivo de Dilma Rousseff "no estimulará ninguna sanción" ni la derogación de la Ley de Amnistía.

Por: 
Tiempo Argentino

Un día después de que la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil recomendara el inicio de procedimientos penales contra los represores de la última dictadura militar (1964-1985) por considerar que sus crímenes son imprescriptibles, el ministro de Defensa Celso Amorim rechazó esa posibilidad y dijo que el gobierno de Dilma Rousseff "no propondrá, no impulsará y no estimulará ninguna sanción ni tampoco la revocación de la Ley de Amnistía". El ministro se apuró a diferenciar el trabajo de la Comisión nombrada por la presidenta, de su propia gestión. "No quiero oponerme a la comisión, que hará lo que quiera. Lo único que no quiero es que piensen que es el gobierno el que está sugiriendo el juzgamiento", afirmó.
"Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Las amnistías no valen ante el derecho internacional", afirmó la abogada Rosa Cardoso, quien asumió ayer la coordinación de las investigaciones de la CNV, en lugar del diplomático Paulo Sergio Pinheiro. Cardoso recordó que Brasil reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y por esto debe cumplir las sentencias de la organización, que en 2010 decidió que "las autoamnistías son nulas", como es el caso de la ley dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.
El debate, que ya lleva varios años, se actualizó luego de que la Comisión anticipara, en la presentación de los resultados parciales de su investigación, que en el informe final del año próximo se solicitará la apertura de juicios a los responsables. En ese acto, la CNV destacó además que los órganos de represión comenzaron a torturar mucho antes de que surgiera la lucha armada en el país.
Los integrantes de la Comisión dijeron haber analizado documentos que demuestran que los perseguidos políticos eran torturados desde 1964, año del golpe militar que derrocó al presidente João Goulart, pese a que las leyes de excepción que instituyeron la represión fueron dictadas por el régimen militar en 1968. Según la CNV, en aquel primer año de la dictadura ya había al menos 32 centros clandestinos en siete diferentes estados del país que estaban operativos.
Según el balance parcial presentado ayer, la comisión escuchó hasta ahora 268 testimonios, entre ellos los de 37 militares acusados de violaciones y los de 207 víctimas del régimen. Pinheiro, que ofició de coordinador de la Comisión durante su primer año de investigación, aseguró que en el escaso tiempo de trabajo el grupo descubrió la existencia de 250 "estructuras de inteligencia" que funcionaban en los ministerios y los establecimientos públicos. Agregó que la Comisión, cuyo mandato se extiende hasta diciembre de 2014, recopiló pruebas que demuestran la práctica de violencia y de tortura durante la dictadura, incluyendo documentos militares que admiten que hasta los propios uniformados que se oponían al régimen fueron sometidos a represión física que los dejó "incapacitados". «
                                            dpa, Efe y Ap
Fuente: Tiempo Argentino, jueves
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La Comisión de la Verdad de San Pablo escucha el testimonio del ex soldado Valdemar Martins de Oliveira sobre el encarcelamiento y ejecución del matrimonio Catarina Helena Abi-Eçab y João Antônio Santos Abi-Eçab en noviembre de 1968, el jueves. Foto: Marcelo Camargo, Abr
A medio vestir

Comisión de la Verdad brasileña develó la existencia de 36 centros de tortura en sólo siete estados.
Documentos revelan que en Brasil la tortura comenzó antes que la lucha armada con los grupos opositores a la dictadura, e incluso previo a que se aprobara la ley que avalaba la represión, señaló la Comisión de la Verdad en un balance de su primer año de trabajo.
La Comisión de la Verdad de Brasil cumplió su primer año el 16 de mayo, y lo celebró presentando un balance de los avances que ha logrado en la búsqueda de una versión oficial de lo que sucedió en un período que abarca a la dictadura en ese país (1964-1985). Los 21 años de gobierno militar llevaron la mayor cantidad de tiempo de trabajo de este equipo de siete personas, y así se reflejó en el balance presentado el martes.
“La práctica de la tortura en Brasil como técnica de interrogatorio en los cuarteles es anterior al período de la lucha armada; comienza a ser utilizada en 1964”, indicó la historiadora Heloísa Starling, asesora de la comisión, en referencia a lo que se considera la lucha armada de los grupos que se oponían al régimen, que comenzó en 1968. Destacó que lo importante es notar que la tortura no empezó en 1969, tal como “supone buena parte de la bibliografía”. “Ya en 1964 es posible identificar centros de detención y tortura”, aseguró. La tortura se convirtió “en la fuerza motriz de la represión en Brasil, y llevó a una política sistemática de asesinatos, desapariciones y secuestros”, añadió.
La comisión identificó 36 centros de tortura en siete estados, incluidos dos universidades y dos barcos-prisión. “Identificamos que hubo personas que fueron detenidas dentro del campus universitario y que también fueron víctimas de violencia allí”, continuó Starling.
En el primer año se analizaron miles de documentos y escucharon 268 testimonios -37 de colaboradores del régimen militar y presuntos torturadores, 24 de militares que sufrieron represalias de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y 207 víctimas o familiares de víctimas-, cerca de 50.000 personas fueron presas sólo en 1964, el año del golpe, en los estados de Guanabara (hoy Río de Janeiro), Minas Gerais, Pernambuco, Río Grande del Sur y San Pablo.
Otro descubrimiento de la Comisión de la Verdad fue que al menos la segunda línea del gobierno militar estaba al tanto de la tortura. Las cúpulas militares siempre aseguraron que no sabían de las torturas, y entre los objetivos que se estableció la comisión está el de refutar esa aseveración, por lo que debe continuar en ese camino para demostrar que la primera línea también estaba al tanto. En este sentido, Starling señaló que entre 1970 y 1973, durante el gobierno de Emílio Médici, se radicaron 730 denuncias de tortura.
Además, la comisión reveló que la Marina ocultó información sobre las muertes en la dictadura, que según datos oficiales habían sido entre 200 y 300, versión que siguió sosteniéndose ya en democracia, cuando en 1993 fue consultada por el gobierno de Itamar Franco. En ese entonces, la Marina aseguró no estar al tanto de ninguna muerte o desaparición, pero Starling reveló un documento de la Marina, de 1982, que demuestra el conocimiento de la muerte de 11 personas por la tortura, que hasta ahora figuraban como desaparecidas. Tras el informe de la comisión, la Marina se pronunció mediante un comunicado en el que aseguró que todos sus registros habían sido entregados al Ministerio de Justicia en 1993.
Consultada por los medios brasileños, la coordinadora de la comisión, Rosa Cardoso, dijo que el trabajo del equipo puede abrir el camino para una revisión de la Ley de Amnistía, que perdona los delitos cometidos durante la dictadura. “En relación a los crímenes contra la humanidad hay una norma internacional en el sentido de que esos crímenes no prescriben. Son tan graves que deben ser objeto de juzgamiento, sin importar en qué momento sean descubiertos”, agregó. Informó que su intención es que en las recomendaciones finales de la comisión, que se esperan para mayo de 2014, se incluya la de derogar la Ley de Amnistía.
Fuente: www.ladiaria.com.uy


La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia

Uruguay - Semproni dispuesto a negociar con militares presos


 TEMA PLANTEADO POR MUJICA

Semproni dispuesto a negociar con militares presos

Tras las primeras muertes de militares presos, el diputado entiende que hay que tratar de obtener información antes de que ocurran nuevos decesos, informó Búsqueda


El diputado y extupamaro Víctor Semproni está  dispuesto a negociar con militares presos para obtener información sobre desparecidos. El planteo, que ya fue propuesto por el presidente José Mujica, surge luego de la muerte de militares presos, informó Búsqueda.
Con los decesos del exdictador argentino Jorge Rafael Videla y del coronel retirado uruguayo Carlos Calcagno, jerarcas y dirigentes políticos reflexionaron sobre que otros militares presos seguirán el mismo camino por las condenas que cumplen.
Ante esa situación, Semproni consideró que es el momento de negociar. “Estoy totalmente dispuesto a ir a negociar con los militares que están en Domingo Arena”, señaló a Búsqueda. El diputado agregó que el objetivo “es conocer el destino de las víctimas para cerrar una etapa”.
“Usted me da el dato, yo lo confirmo y usted se va para su casa con prisión domiciliaria”, agregó el extupamaro a Búsqueda el explicar su propuesta. Agregó que es posible que el Frente Amplio no esté “maduro” para esta idea, pero que se debería “reflexionar”.
“Sería mucho más importante que se diera con el destino de las víctimas, aunque estos tipos estuvieran en la casa”, manifestó.
Propuesta de Mujica
El presidente José Mujica ya había hecho comentarios sobre esta propuesta y dijo estar dispuesto a perdonar a militares “que asuman la verdad” sobre las muertes y desapariciones durante la dictadura, según dijo a El Observador el 18 de febrero de 2009.
Búsqueda consultó al mandatario esta semana y expresó que mantiene su posición. “Sigo pensando lo mismo que pensaba antes. Creo que no tiene gollete tener gente anciana presa, salvo en casos marcadamente patológicos. Creo que no tienen ningún sentido. Eso lo digo en general, para todos los ancianos (presos)”, dijo.

Presentan Hábeas Corpus colectivo para familiares y víctimas de violencia institucional en San Pedro de Jujuy


Presentan Hábeas Corpus colectivo para familiares y víctimas de violencia institucional en San Pedro de Jujuy

Jueves, 23 de Mayo de 2013 03:27

En la mañana de ayer, organismos de Derechos Humanos, familiares y víctimas de torturas en comisarías de San Pedro presentaron ante los tribunales de la ciudad de San Salvador una acción de Habeas Corpus colectivo con fines preventivos.
La presentación se realizó en  el Tribunal en lo Criminal N° 2  y tiene  como objeto proteger a las víctimas y sus familiares frente a las “ilegítimas, arbitrarias e indiscriminadas persecuciones, restricciones de circulación, detenciones y torturas”  en comisarías registradas en forma sistemática y reiterada. El Hábeas Corpus denuncia  que los  hechos son producidos  por personal de la Policía de la provincia de Jujuy y tienen lugar debido a  la falla y/o ausencia  de todo control administrativo  y jurisdiccional  serio por parte de los órganos del Estado provincial.
Si bien la acción se realiza por 38 víctimas, continúan las denuncias a organismos de Derechos Humanos por nuevos casos.
Cabe recordar que uno de los casos emblemáticos sobre estas denuncias es el de Martín Gómez, conocido como "Sonrisa", que tomo repercusión nacional hace pocos días. Martín, según cuenta su padre Juan Gómez, era un chico laburante, pero que se vino abajo por culpa del paco. Que cuando empezó a fumar se le fue desdibujando la sonrisa, estaba más callado y había días en que no volvía a la casa. Que todo se desmadró cuando la policía lo empezó a usar de "mula" para trasladar la droga de Bolivia a Jujuy. Que cuando quiso dejar de hacerlo lo amenazaron. Y que cuando se animó a dejar de hacerlo lo mataron.
Además, Gómez asegura que no pudo encontrar respuesta a nivel provincial y tuvo que recurrir a instituciones nacionales como así también a los medios nacionales para que el caso tomará alguna relevancia.

Qué se pide

A través de la medida  organismos y familiares solicitaron el cese inmediato de todo acto de hostigamiento policial, persecución, restricción de circulación y  permanencia en lugares, cese de las detenciones  sin orden escrita de autoridad competente y  cese de los tratos crueles, inhumanos y degradantes durante las detenciones en comisarías.

Antecedentes de las denuncias

Las denuncias tomaron estado público en el mes de septiembre pasado a partir del testimonio de una testigo víctima en el juicio oral y público por delitos de  Lesa Humanidad frente a los jueces del  Tribunal Oral Federal, ya que –según explicó esta testigo- ella  observaba en su localidad prácticas  semejantes a las vivenciadas en tiempos de la dictadura, cuando fue apresada. En ese acto denuncia  las persecuciones y torturas por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad contra jóvenes de barrios y sectores vulnerables  de San Pedro de Jujuy.
De allí la denuncia fue derivada a la Secretaría de DDHH de la provincia, al ministro de Gobierno Oscar Insausti y a juzgados federales y provinciales.
A pesar de todas estas presentaciones, al día de la fecha  y del tiempo transcurrido, hasta el momento  no se conoció  ninguna acción efectiva por parte del Estado para detener los hechos  denunciados.
Frente a la inacción de los funcionarios provinciales, familiares y víctimas concurrieron  al Encuentro Nacional Contra la Violencia Institucional, el viernes 3 de mayo pasado en Buenos Aires. Allí se presentó un documento detallando  la situación de San Pedro. Posteriormente se presentaron denuncias a diversas instituciones como el Ministerio de Justicia de la Nación, la Secretaría de DDHH de la Nación, el Ministerio de Defensa, al Ministerio Público Fiscal  y de  la Defensa, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), la CAdeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) y el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Fuente: http://www.lavozdejujuy.com.ar

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IMPERDIBLE LA CRONICA DEL DIARIO EL PREGON.
Habrían denunciado supuesto abuso policial

22 de Mayo de 2013 | 22:55 hs.
Un grupo de abogados habría presentado un “habeas corpus” colectivo y preventivo contra la presunta “violencia policial” de la que habrían resultado víctimas treinta y ocho personas en la ciudad de San Pedro de Jujuy, una de los cuales falleció.

Al parecer los individuos mencionados habrían sido víctimas de “apremios ilegales, torturas y tormentos” y en la presentación se hablaría de “ilegítimas, arbitrarias e indiscriminadas persecuciones, restricciones de circulación, detenciones y torturas”, que habrían ocurrido en comisarías de San Pedro de Jujuy.
 En el marco de estas situaciones, muchos sampedreños, al enterarse del caso, recordaron los problemas que “padece la gente tanto en esa ciudad como en otras ciudades del interior de la provicia, por causa de los delitos perpetrados en muchos casos por los mal llamados menores de edad, que son muchachos ya de más de quince años en general y saben bien lo que hacen, y cuando los detienen entran por una puerta y salen por otra, para seguir delinquiendo, sin que sus progenitores se hagan cargo de ellos, y después vienen las quejas y las acusaciones contra los que cumplen el deber de proteger a la comunidad de los delincuentes”, refirió uno de los vecinos “que estamos cansados ya de tanta impunidad”.
 “Lo mismo pasa en las escuelas, cuando los maestros les ponen nota baja a los burros que no estudian, salen los padres a querer golpear a los maestros; ahora también los padres de los malvivientes atacan a las comisarías; tiene que haber alguna solución para evitar este tipo de cosas que averguenzan a la comunidad, no puede ser que los derechos de los delincuentes sean más importantes que los de la ciudadanía a vivir en paz; hay gente que se vive quejando de la inseguridad, pero resulta que cuando la policía actúa, la acusan de esto y de aquello; entonces qué quieren, que los malvivientes hagan lo que quieran?”, indicaron.
 Subrayó también que “no sé si será verdad eso de los policías, si es verdad, que se jodan, pero a quíen le tenemos que creer?, si han obrado mal, que vayan presos, pero si no lo han hecho, que vayan presos los que los denuncian falsamente, porque sería una lástima, una injusticia, porque después quien va a querer meter presos a los delincuentes; una cosa es el derecho y otra muy distinta el abuso del derecho, que en realidad, es un delito; los delincuentes son los que más abusan del derecho y claro, la cargan contra los que los que cumplen con su deber de ponerlos tras las rejas; los jueces y fiscales deberían tener en cuenta esto también; no es que se defienda a los policías malos, que seguramente los hay, pero tampoco es cuestión que se hable mal de toda la policía, porque hay, y muchos, policías que realmente cumplen con su deber”, estimaron.
Fuente: http://www.pregon.com.ar

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LA DENUNCIA YA REALIZADA
Jujuy La entrevista a MERCEDES ZALAZAR

“Sin justicia no podemos avanzar en nada”

15.05.13 Es integrante de la Asociación de Expresos políticos de San Pedro de Jujuy. Fue una de las panelistas en el Encuentro Regional del NOA por una Justicia Legítima, donde expuso sobre la violencia institucional en aquella localidad.

Fotos (1)

“Sin justicia no podemos avanzar en nada”

-En el panel expuso sobre el abuso de poder de la policía a jóvenes en San Pedro…
-Había que instalar este tema de violencia institucional porque sin Justicia no podemos avanzar en nada. Era dar a conocer la violencia que se vive en la zona de San Pedro que para mí es una zona muy caliente; porque la Policía de la Provincia sigue usando los mismos métodos que usaban en el tiempo de la dictadura. A los jóvenes de escasos recursos los torturan, los jóvenes que están marginados, los llevan a las comisarias y los torturan con picanas eléctricas, les ponen bolsas en la cabeza, los asfixian, los hunden en los tachos de agua, los llevan al río y también los ahogan, los llevan a los cañaverales y les hacen simulacros de fusilamiento. La familia que quiere hacer una denuncia en Fiscalía no se las reciben, en ningún momento les recibieron la denuncia, incluso los mandan a la misma Policía para que hagan una denuncia. Nadie toma denuncias. La gente está totalmente desprotegida. Nosotros pedimos que se revierta de una buena vez esta situación desde el cambio en la cúpula de las fuerzas de seguridad y en la formación.  El ministro de Gobierno y Justicia Oscar Insausti debe tomar cartas en el asunto. Como dije los chicos se incorporan en la escuela de Policía, muy entusiasmados porque es una salida laboral; pero el problema es que los chicos ingresan mediante todos los estudios que hacen pero llegan a un punto que los destruyen psicológicamente. Es decir, en base a eso van haciendo la formación que ellos quieren para largarlos a la calle. Y cuando los chicos salen reciben órdenes de los superiores y tienen que cumplir, torturas  y maltratar. Entonces ahora en el espacio de Justicia Legítima, y la participación amplia expresamos esta necesidad de que se escuche a la gente más vulnerable, por eso desde los organismos de derechos humanos exigimos que la justica tome cartas en el asunto.
-Ud. dio su testimonio en el primer juicio de lesa humanidad y también denuncio públicamente esta situación “el pasado me tortura el presente” en referencia a lo que padeció durante el terrorismo de estado y hoy la situación sigue vigente en la Policía…
-Sí lo hice ante el Tribunal Oral Federal esto realmente no me lo podía callar, no se puede vivir de esta manera, sino estaríamos permitiendo que ocurra lo que sucedió en otras épocas y cuando se torturaba al lado en una casa vecina y era un Centro Clandestino, y después mucha gente decía “yo no sabía” que se torturaba. Por eso desde este espacio quiero que se sepa lo que se hace desde y en las fuerzas de seguridad cómo aplican sistemáticamente la violencia institucional.
-Desde el Estado provincial hubo algún avance tras las denuncias, ¿se modificaron las cúpulas policiales, hubo algún acompañamiento?
- No, ningún tipo de cambio es más, familiares de estos chicos han sido golpeados, amenazados para que no continúen con las denuncias.  A mí me mandaron a la Fiscalía de San Pedro me citaron, me atendió un empleado, sólo me dijo que debía agregar “más pruebas”. La verdad que eso no es mi deber, eso ya es tarea de ustedes, está la denuncia realizada  y son ellos los que  deben investigar para esclarecer esta situación. Después con mucho esfuerzo porque los familiares están muy aterrorizados  como las víctimas. En cambio nosotros sí trabajamos con estas personas  vulneradas en sus derechos y logramos que algunos puedan realizar las denuncias en la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia; pero en realidad en ningún momento hubo un compromiso de parte de la Secretaría. No hubo respuesta, ni por lo menos que se iban a presentar las denuncias ante la justicia y todo quedo ahí, nadie se hizo cargo de nada. Con mucho esfuerzo las denuncias se trasladaron al nivel nacional para que se conozca la realidad de las instituciones policiales.

-¿La testimonial que pasó a Fiscalía General de la Provincia prosperó?
-Tampoco avanzó en nada, hasta el momento nadie me citó nuevamente, todo sigue con una total impunidad. Los fiscales socios cómplices desde el juez, los policías es todo un poder muy perverso que atenta a la sociedad.
Fuente: El Tribuno



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Megacausa Jefatura II - Arsenales II El cura Mijalchyk daba misa en latín en Arsenales


Megacausa Jefatura II - Arsenales II

El cura Mijalchyk daba misa en latín en Arsenales

Una nueva audiencia en el marco de la Megacausa Jefatura II – Arsenales II se realizó ayer con impactantes testimonios. El testigo Santos Juárez reconoció al padre Pepe en Arsenales, quien deba misa a los gendarmes. También declaró la jueza Alicia Noli.
La audiencia en la Megacausa Jefatura II – Arsenales II se inició con retraso debido a que el imputado Godoy tiene una “neumonía bilateral”. Estuvo estable pero al ser “un paciente tabaquista” puede necesitar asistencia mecánica, explicaron. Marcelo Godoy fue señalado por muchos testigos como 'El indio', el más cruento torturador.
Santos Juarez fue el primer testigo en declarar. Lo secuestraron el 10 de junio de 1977. Estuvo 20 días detenidos – desaparecido en Arsenales. 
Dijo que en un camión lo trasladaron, junto seis personas más, entre ellas Sixto Villarreal. También escuchó los nombres de Narciso Veliz, Oscar Verón, Lauro Fuensalida, Juan Francisco Cabrera.
Al igual que otros testigos dijo que recibían periódicamente la visita de un cura. Escuché a dos soldados hablar pidiendo que llamen al cura, decían que lo traigan a Pepe.
A su vez indicó que vio a Hugo Bustos, "le habían quemado el bigote". También destacó: “escuché a uno que se identificaba como hijo del dueño de Méndez Automotores”.
Juárez precisó que "trajeron a una chica, le pegaron muy feo, le hacían daño con un palo en la vagina". 
En otro pasaje del testimonio comentó que cuando lo liberaron exclamó "si me van a matar tírenme cerca de Los Ralos".
En medio de la audiencia otro imputado tuvo problemas de salud, fue Chuchuy Linares que de inmediato fue transferido al hospital. Tuvo una descompensación.
La audiencia continuó su rumbo, Santos Juarez sostuvo que la guardia en Arsenales la hacía Gendarmería Nacional. "Ellos se identificaron como gendarmes".
Respecto al padre Pepe aseveró que fue tres o cuatro veces al Arsenal. “El cura hizo oraciones en latín con tonada tucumana”.
Luego el abogado defensor Maggio preguntó cómo el tribunal consiguió el teléfono del testigo, cómo lo llamaron. “Los testigos de la doctora Laura Figueroa vienen y señalan a uno de nuestros defendidos”, expresó.
Juárez entonces sostuvo “siento que me están interrogante sobre un tema en el que yo padecí". 
Luego llegó el turno de  la jueza María Alicia Noli. Brindó un testimonio detallado y preciso acerca de lo que pasó el 16 de setiembre de 1976, cuando tres hombres jóvenes, armados, entraron a su casa de Ecuador al 1000, en la capital tucumana, y secuestraron a su esposo, Enrique Sánchez. 
"Dijeron que eran de la Policía Federal, el más chico tendría 18 años y los otros 23, y lo llevaron en un Renault 12 blanco, sin patente", recordó la jueza que desde ese momento se comprometió en la lucha por la búsqueda de las víctimas del terrorismo de Estado y fue abogada de familiares de desaparecidos. 
A Sánchez le decían "Villita", era estudiante universitario y cuando lo secuestraron tenía 23 años, estaba casado con Noli y ambos tenían un hijo de un mes. 
 "Decían que eran combatientes armados cuando en realidad estaban armados por sus ideales", destacó al recordar a su esposo desaparecido, quien según el relato de testigos fue visto con vida por última vez en el Arsenal "Miguel de Azcuénaga". 
 Además de llevarse a su marido, Noli contó que saquearon la casa y también el departamento donde vivía su madre. "Se llevaron desde el calefón, que lo desprendieron, hasta el canasto de la ropa sucia. Todo menos las fotos y los libros", relató la jueza. 
También brindó su testimonio Hector Galván, que fue secuestrado en Santiago del Estero cuando tenía 18 años y lo alojaron en el centro de detenciones conocido como el Arsenal. 
Entre los duros momentos que vivió en cautiverio, Galván recordó que estuvo con una mujer embarazada que le decían "la Panzona". 
 "Una noche la sacaron y la volvieron a traer cuando había nacido el bebé. Ella suponía que la iban matar. Y así fue", expresó. 
 "Nosotros sabíamos que los que sacaban de noche iban a morir porque los gendarmes decían `esta noche hay fiesta`", relató. 
 Por su parte, Margarita Lacowski, quien aclaró que es "testigo, víctima y querellante", señaló que en el Arsenal "todo era muy perverso y muy siniestro, tanto que tardé años en hablar de esto". 
 "En ese lugar había todos los olores del mundo, pero el más fuerte era el del miedo", indicó. 
 La megacusa, proceso que tiene a 41 imputados por la desaparición de 222 personas en la década del 70, continuará hoy con la segunda jornada semanal que incluirá nuevos testimonio de víctimas y testigos.  
Fuente: Tucuman Hoy


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martes, 21 de mayo de 2013








EL PRÓXIMO MARTES 28 DE MAYO

Corrientes: Por primera vez juzgarán a dos civiles por crímenes cometidos durante la última dictadura militar

Dos exagentes civiles irán por primera vez a juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Corrientes durante la última dictadura militar, en una causa que tiene como tercer imputado a un exteniente del Ejército en la ciudad de Paso de los Libres, Héctor Mario Juan Filippo.

Los tres procesados se sentarán el martes 28 de mayo, a las 8:30, en el banquillo de la sala juzgadora del Tribunal Oral Federal 5 de la Capital correntina, que lo juzgará por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos contra tres militantes, en 1976.

Esta es la quinta causa por crímenes de la dictadura en territorio correntino que va a juicio oral y la primera que lleva al banquillo de los acusados a dos exagentes civiles, Carlos Faraldo y Rubén Daría Ledesma, quienes habían sido contratados por el Ejército y cumplían funciones en el Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres.

Según la investigación judicial, ambos actuaban bajo las órdenes del exmilitar Filippo en las persecuciones y detenciones que ejercían en grupos de tareas del plan represivo de la dictadura.

Los tres imputados están actualmente en libertad, luego de haber conseguido el beneficio de la excarcelación hace dos años, aunque las penas que podrían solicitar van de los 15 a los 18 años de prisión.

Los hechos que se juzgan son tres privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra Carlos Lossada y su esposa Rosa Noemí Cotto, quienes fueron torturados durante 48 horas, y su hermana Lilian Ruth Lossada, quien estuvo cuatro años detenida entre el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes capital y la cárcel porteña de Villa Devoto.

Estos tres sobrevivientes son los primeros que prestarán declaración en el juicio, en una lista de al menos 20 testigos que involucraron a los acusados durante la investigación en primera instancia.

Los presos políticos de la dictadura en Paso de los Libres, generalmente, eran alojados y torturados en un campo privado conocido como "Estancia La Polaca", que lo utilizaba el Ejército en comodato.

Fuentes judiciales explicaron a Noticias Argentinas que el proceso podría solo dos semanas porque solamente están previstas tres audiencias, por lo que a mediados de junio el Tribunal daría su veredicto.

El Tribunal está presidido por el juez Víctor Alonso e integrado por los vocales Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni, quienes ya sentenciaron a penas de prisión perpetua y 25 años a otros represores en cuatro causas anteriores que fueron a juicio entre 2008 y 2011 en Corrientes.

Fuente: Corrientes Hoy

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Lesa humanidad: procesaron a ex directivos de la empresa Ford


Lo dispuso la jueza federal Alicia Vence. Alcanza a Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Jesús Sibilla. En la causa se investiga el secuestro de 24 obreros de esa compañía automotriz, ocurridos entre el 24 de marzo y 20 de agosto de 1976


Fallo completo 657.03 Kb.
La jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Jesús Sibilla, ex directivos de la empresa Ford, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En la causa se investigan los secuestros de 24 obreros de esa fábrica automotriz, ocurridos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976.
Los tres acusados fueron considerados partícipes primario de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 24 hechos, nueve ellas agravadas por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos, reiterado en 24 ocasiones, todos los cuales concurren realmente entre sí.
Asimismo se ordenó trabar embargo sobre sus bienes, cada uno hasta cubrir la suma de $750.000, y se les impuso el cumplimiento de las siguientes condiciones bajo apercibimiento de revocar el beneficio de la libertad provisional: no ausentarse de su domicilio por un lapso mayor de 24 horas y comunicar cualquier cambio de residencia, comparecer mensualmente a la delegación de la Policía Federal Argentina con jurisdicción en su domicilio del 1° al 10° día de cada mes.
Según la resolución, se les imputa a Müller -en su carácter de gerente de Manufactura-, Galarraga -en su carácter de gerente de Relaciones Laborales- y Sibilla -en su carácter de jefe de Seguridad-, el haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar, al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a los delegados y empleados Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán, de la empresa Ford Motors Argentina SA, para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa.
Se destaca que también debió haber sido llamado a proceso Nicolás Enrique Julián Courard, quien se habría desempeñado como presidente de la empresa Ford pero, según consta en autos, habría fallecido en el año 1989 en la República de Chile.
“Concretamente, a los nombrados se les imputa el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías -glosadas a sus Legajos personales de la empresa- y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos. Así también se les endilga, el haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo de Recreativo y/o de Deporte, para que en sus dependientes fueran interrogados. Allí fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”, indica.
Fuente: www.cij.gov.ar


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EL PAIS › EL SECUESTRO DE EDUARDO MARIN Y MARIA CRISTINA SOLIS, EX TRABAJADORES DEL DIARIO LA NACION

Los delegados que dieron vuelta a Mitre

En el juicio por los delitos en la ESMA, los hijos de Marín y Solís, Pedro y Eva, contaron cómo fueron secuestrados sus padres, dos de los más de noventa trabajadores de prensa incluidos en la causa. También está desaparecido el padre de Solís.
En una toma, los trabajadores pusieron cabeza abajo el retrato de Mitre en el despacho del director.

Por Alejandra Dandan
Eduardo Marín y María Cristina Solís, La Negra, su esposa, trabajaron en el diario La Nación hasta 1975. Eran delegados por la administración, parte de la comisión gremial interna. Durante una toma dieron vuelta el cuadro de Bartolomé Mitre en el despacho del director y fueron candidatos por la Lista Naranja en las elecciones de la Asociación de Periodistas de 1974, “frustradas elecciones”, así las recuerda el libro Con vida los queremos, dado que se abortaron por la intervención al gremio de José López Rega. A Eduardo y La Negra los secuestraron después del golpe de Estado, en dos momentos distintos. Sus hijos Pedro y Eva Victoria declararon en el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Eva llegó a la audiencia con una foto de Eduardo en la cartera: él está sentado en el piso del diario La Nación, feliz, durante una asamblea. Cuando lo secuestraron, Eva estaba con él. “Fue en mayo de 1977 –dijo–, más exactamente el día 15 de mayo, hace 36 años. Estamos en la calle, cruzando unas vías, una barrera, yo en ese momento tenía tres años, así que lo que conté en ese momento fue que un hombre se tiró encima de papá, lo estaba esperando cerca de las vías del tren cuando íbamos a cruzar. Lo que recuerdo es que había dos o más autos, que a él lo suben en un auto y a mí en otro. Que yo en ese momento, con mi corta edad, les decía que quería irme con mi papá.”
La sala en silencio. Eva dejó de hablar. Se le cayeron unas lágrimas. Un fiscal le preguntó si podía seguir. Ella siguió. “Lo que puedo contar es que lo vi como dormido; él estaba en el otro auto, inconsciente. Por otros testimonios, supe después que a mí me ven llegar a la ESMA, yo voy con una tarjeta identificatoria donde estaba la dirección de mi abuela y lo que dicen los testigos es que mi papá llega muerto”, dijo, y otra vez tuvo que parar.
A Eva la devolvieron en ese momento a la casa de su abuela Rosa, la madre de su madre, cuya dirección contenía esa tarjeta de identificación con la que entró a la ESMA. No fue la única vez que estuvo en el centro clandestino de los marinos, en la máquina de matar: volvió con su hermano un año más tarde, cuando los secuestradores se los llevaron con su madre.
“Yo fui testigo porque estuve presente cuando secuestraron a mi mamá”, dijo. “El hecho sucedió el 10 de agosto de 1978, nosotros estábamos en la casa donde vivíamos, sinceramente no sé la dirección, no sé dónde era, lo que recuerdo es que era de noche, lo único que recuerdo. Estábamos mi mamá, mi hermano y yo en la casa. Yo tenía cuatro años, mi hermano dos y lo que puedo recordar es a mi mamá poniéndose muy mal, se sienten ruidos, la casa estaba siendo rodeada, mi mamá nos saca afuera de la casa, mi hermano lloraba mucho, ella nos vuelve a ingresar a la casa y recuerdo a hombres armados. No mucho más. Nos llevaron a otro lugar que después supe que era la ESMA. Nos separaron, a mi mamá no la vi nunca más y después, tampoco sé cuánto tiempo estuve ahí, fuimos llevados mi hermano y yo a la casa de mi abuela materna.”
–¿Sabe la dirección de su abuela? –le preguntó un fiscal.
–En la calle Pinto, en Saavedra.
–¿Y recuerda algo de ese momento?
–Recuerdo muy poco –dijo Eva–. Sé que nos dejaron en la puerta de la casa, éramos dos pulguitas porque teníamos dos y cuatro años, no sé siquiera si tocaron el timbre ellos; sé que estaba oscuro a la noche, nos dejaron en la casa de mi abuela. Y digo mi abuela porque mi abuelo ya había sido secuestrado dos años antes, por eso no dije “abuelos”.
Al abuelo, Pedro Solís, padre de María Cristina, lo habían secuestrado en agosto de 1976 mientras buscaban a los Marín. “En realidad yo sé que eran perseguidos mis padres, que mi abuelo, simplemente había firmado una garantía de un alquiler de mis papás y entonces lo vienen a buscar a su casa, para que diga dónde estaban mis padres. El lo desconocía, igualmente era ya un hombre de 76 años que no estaba bien de salud, tenía arteriosclerosis. Lo que pude saber es que rodearon la casa, hombres armados, que había gente en los techos, en las casas vecinas, revolvieron la casa, como decía mi abuela: aunque lo hubiera sabido, mi abuelo no hubiese dicho dónde estaba mi padre. Bueno, se lo llevaron y por testigos sé que estuvo en la ESMA.”
Su hermano Pedro declaró antes que ella, y también habló de ese momento. “Por dichos de mi abuela, sé que buscaban a mi mamá, y al no encontrarla, dijeron: ‘Llevá al más viejo’. Y se lo llevaron a él. Hace poco, un señor que vive en una esquina me dijo que había visto francotiradores en los techos y muchos movimientos de la policía.”
Eduardo y María Cristina se habían conocido de Ciencias Exactas. La Negra entró en La Nación en 1972 y después entró Eduardo. Integraron la comisión interna. Sus historias aparecen en ese libro que recoge las historias de los trabajadores de prensa “que necesitaba silenciar la dictadura”. Allí, Lilia Ferreyra contó que mientras ella trabajaba en La Opinión, “nos llaman a mí y a otros compañeros, Eduardo y La Negra, para contarnos que habían tomado el diario. Corrimos hasta allá. No te imaginás la cara de los dos: radiantes. Eduardo nos condujo al despacho del director y ahí estaba el retrato de Bartolomé Mitre dado vuelva. Nos reímos. Era una revancha”.
Perseguidos, los dos dejan el diario en 1975. Militaban en el Bloque Peronista de Prensa. Sobrevivieron dando clases de física y matemática. Cuando secuestraron a Eduardo, Cristina empezó a mudarse con los dos hijos. “Era un compañero muy querido y en aquellas épocas, primeros años ’70, nuestro gremio de prensa tenía un peso muy importante”, dice ahora Patricia Walsh, que estuvo sentada en la audiencia. “Los trabajadores de prensa –que así nos gustaba ser llamados– no hacíamos diferencia entre los periodistas y los otros oficios de un diario y es por eso que muchos delegados importantes, como fueron el negro Marín y Cristina, eran referentes importantes para un gremio muy presente en las luchas de ese tiempo.”
Los nombres de Eduardo y María Cristina son parte del listado de más de noventa trabajadores de prensa que son “causa” en este juicio. Pedro, su hijo, dijo que eran de Montoneros cuando le preguntaron por la filiación política de sus padres. Eva los situó, en cambio, dentro de la actividad sindical, como estableciendo causas y efectos en ese territorio.
Días pasados, declaró Marta Alvarez en las audiencias. A ella le preguntaron entre decenas de nombres por Pedro Solís. “Pedro Solís era el padre de una compañera que se llamaba María Cristina Solís de Marín –dijo–, que fue una responsable mía dentro de la militancia durante mucho tiempo. La buscaban ansiosamente a ella y a su marido, Eduardo Marín. Y secuestraron al padre de María Cristina, que era una persona mayor y había sido policía. Sí, lo escuché en Capucha –contó Alvarez–: escuché a una persona mayor a la que le pegaban mucho. Y sé que está desaparecido.”

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EL PAIS › VECINOS Y ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS MERCEDINOS REPUDIAN QUE EL DICTADOR VIDELA SEA ENTERRADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Los vecinos de Mercedes no lo quieren ver ni muerto

La versión de que lo llevarían al panteón que su familia tiene allí disparó las reacciones. Desde ayer a la tarde, el cuerpo está disponible para la inhumación. El municipio colgó paneles con los desaparecidos locales.


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El municipio colocó en el cementerio 22 paneles con los nombres y las historias de los desaparecidos mercedinos.

Por Laura Vales
Los vecinos de Mercedes no quieren que Jorge Rafael Videla sea enterrado en su cementerio. La versión de que su cuerpo podría ser llevado al panteón que tiene ahí su familia movilizó a las fuerzas políticas y organismos de derechos humanos, que salieron a repudiar la figura del dictador. La Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad colgó de lado a lado en la entrada del cementerio 22 paneles en los que se puede leer la historia de los desaparecidos mercedinos. Los carteles van a quedar en el lugar, para que si Videla es llevado al panteón, el cortejo deba pasar junto a los nombres de sus víctimas.
El cementerio es municipal y muy antiguo; casi todas las familias que tienen o tuvieron peso en Mercedes cuentan con su bóveda. Los Videla tienen una donde están los restos del padre del dictador, Rafael Eugenio Videla, y le quedan dos sitios libres. No necesitan de la autorización del municipio para llevar ahí el cuerpo, aunque sí deben informarlo previamente. Hasta ahora no han realizado el trámite.
Ayer, el juez federal Pablo Salas notificó a la familia de Videla que a partir de las 16 podían retirar el cuerpo para su inhumación, aunque como la causa sobre el fallecimiento todavía está abierta, no tienen autorización para cremarlo.
El informe preliminar de la autopsia determinó que Videla murió el viernes como consecuencia de un paro cardíaco derivado de las lesiones y fracturas que sufrió cinco días antes, al caerse cuando se bañaba.
Según el estudio, Videla tuvo el domingo “una caída mientras se duchaba en uno de los baños del Penal de Marcos Paz, que le habría producido fracturas en el pubis y en una de sus costillas”. El preso estaba tomando medicación anticoagulante, lo que, con las fracturas provocadas por la caída, le produjo una hemorragia interna que derivó en un paro cardíaco.
El juez Salas ordenó, junto con la autopsia, una serie de estudios complementarios, entre ellos uno toxicológico, que estará terminado recién dentro de 20 días. Por esto, los familiares no tienen autorización para la cremación, como era su intención inicial. En el juzgado no descartan, por otra parte, la posibilidad de que la familia pueda pedir nuevas pericias, por lo que los restos no pueden incinerarse.
Las reacciones ante la posibilidad de que sea llevado a Mercedes atravesaron todo el arco político de la ciudad. Desde La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro, parte de una familia mercedina con varios desaparecidos, no se opuso a que sea enterrado allá, pero apuntó que le hubiera gustado que el represor “dijera dónde están enterrados los cuerpos de nuestros familiares desaparecidos para poder llevarles una flor, cosa que no podemos hacer nosotros y sí podrán los familiares de él”.
“No tengo resquemor de que esté en Mercedes, porque cuando uno muere, se terminó quien era”, dijo en el mismo sentido Juan Carlos Benítez, actual edil de Mercedes y ex detenido-desaparecido del centro clandestino El Vesubio. Otros vecinos pidieron a través de las redes sociales a la intendencia “que haga algo para que no traigan” a Videla al cementerio local.
El tema es especialmente doloroso porque en el cementerio donde está el panteón de la familia Videla están tres de los padres palotinos asesinados en la masacre de San Patricio: Pedro Duffau, Alfredo Leaden y Alfredo Kelly, recordó ayer el director de Derechos Humanos local, Marcelo Melo. Sus nombres, junto con una reseña de cómo murieron, están entre los paneles que la intendencia mandó a instalar ayer en la puerta, en una mañana fría y nublada. “Hasta ahora habíamos usado los paneles como muestra itinerante. Los llevamos al cementerio después de hablar con la gente de la Comisión de familiares y amigos de desaparecidos, con la intención de hacer un gesto que mostrara que tenemos memoria y estamos a favor de la justicia.”
Videla ya era persona no grata en Mercedes, la ciudad donde había nacido el 2 de agosto de 1925. En 1998, el Concejo Deliberante, por unanimidad, había votado esa declaración de indeseable, que compartía con Emilio Eduardo Massera. El dictador no había vivido en Mercedes muchos años, ya que ingresó siendo muy joven a la escuela militar. Cuando era presidente de facto hizo una visita oficial que estuvo rodeada de la acostumbrada fanfarria que acompañaba sus llegadas a las ciudades del interior; pero tras la caída de la dictadura, verlo en las calles de la ciudad donde vive su única hermana, María Videla de Espil, no fue lo habitual.
En el debate hubo dirigentes que se mostraron abiertamente en contra de que la tumba de Videla se instale en su ciudad. “No queremos que Mercedes se convierta en el lugar de paseo y reverencia de la derecha fascista, ni que el genocida sea enterrado al lado de compañeros que perdieron la vida durante su dictadura”, planteó José Luis Pisano, del Partido Socialista.
En el local de su partido, conocido como la Casa del Pueblo, durante la tarde se reunieron los dirigentes de la izquierda local para discutir una respuesta común. Acordaron realizar, mañana a las siete de la tarde, un acto en la plaza principal para repudiar a la figura de Videla. Además del socialismo participarán el Partido Comunista, Nuevo Encuentro, la asamblea popular de Mercedes, el Partido Obrero y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
“Estamos satisfechos de que Videla haya muerto condenado”, sostuvo José Lasalle, de la Liga, en ese sentido, “pero al mismo tiempo no debemos olvidar que su muerte no es un punto y aparte, porque hay que continuar con las investigaciones. Desgraciadamente murió sin dar ninguna información con respecto a tantos nietos de los que no sabemos el paradero”.
EL PAIS › EL DEBATE EN MERCEDES > MARCELO MELO

“No estamos de acuerdo”

Ya cayó la noche sobre Mercedes y el secretario de Derechos Humanos del municipio, Marcelo Melo, está en la puerta del cementerio. “Acá hay guardia, no se puede hacer nada sin un permiso, no es cierto que lo hayan traído a la madrugada”, explica sobre el traslado de los restos del dictador Jorge Rafael Videla a esa ciudad. Hace dos años que ejerce el cargo que creó la actual gestión comunal, pero recién ayer se enteró de que una hermana de Videla estaría viviendo en Mercedes.

–¿Tiene información sobre el eventual entierro que la familia pretendería hacer en el cementerio municipal?

–No hay nada, estamos hablando de supuestos, este lugar está cerrado y no se abre hasta las 8. Estoy con el jefe del cementerio, si van a traer un cuerpo, él lo sabría. Sabemos que pueden llegar a traerlo porque tienen dos bóvedas, pero si bien el cementerio es municipal, ellos son dueños de esas bóvedas. No tenemos legalmente nada que pueda impedirlo, no estamos de acuerdo, y vamos a marcar una política de repudio al hecho, pero otra cosa no podemos hacer. En realidad, es una forma de demostrar que no somos lo mismo que ellos, por más que se me revienten las tripas, es mejor dejar que lo entierren donde quieran. Como mercedino, ya llevo la mochila de que también fue el peor genocida de la historia, independientemente de que el cuerpo esté aquí o no.

–¿Pero cuál es el sentimiento de los demás actores vinculados con la lucha por los derechos humanos y los familiares de las víctimas de la dictadura?

–En la Comisión por la Memoria lo charlamos y todos repudian. A todo el mundo le jode, hay un rechazo, pero por más que estés en contra no podés hacer nada, él va a tener la posibilidad de que lo vengan a llorar, cuando los familiares de los desaparecidos no la tienen. Para mí el cuerpo es una cáscara, lo que hizo en vida fue un terrible, pero lo que le pase una vez muerto, me es indiferente.
EL PAIS › EL DEBATE EN MERCEDES > DIANA MANOS

“No podemos hacer lo mismo”

Diana Manos integra la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Asesinados de Mercedes y cuenta que con la creación de la Comisión Municipal por la Memoria el espacio “se institucionalizó”. Como mercedina sabe que los Videla tienen dos bóvedas familiares, la de ellos y la de los Redondo Ojea, por parte de la esposa del dictador. “En mi opinión hay que dejar que lo entierren acá, no podemos hacer lo mismo que hizo con los 30 mil desaparecidos, tiene que tener su lugar y va a ser muy cerca de los curas palotinos, que están en el cementerio municipal”, dice Manos al referirse a las víctimas de la denominada Masacre de San Patricio. “Otra de las víctimas de la dictadura enterradas ahí es un sobrino del brigadier Ramón Agosti. No es importante que Videla no esté acá, no podemos negarle lo que él nos negó a mucha gente”, agrega.

–Sin embargo, en Mercedes hay expresiones de repudio.

–Hay diferentes opiniones, algunos piensan que sería una vergüenza para Mercedes que estuviera acá. Su familia en realidad era de El Trapiche, de San Luis. Su papá vino acá, se estableció cuando estaba el Regimiento 6, estuvo en el Colegio Nacional y de muy chico se fue al Colegio Militar. No sabíamos si lo iban a traer o no, quizá todo era un poco de humo mientras lo llevaban a otro lado.

–¿Qué cree que piensan sus vecinos?

–Hay mucha gente acá que repudia a Videla y su historia, otros dicen que su mamá era una persona muy buena. Como en todo pueblo chico, a pesar de que son 70 mil habitantes, hay de todo. Cuando se hizo una marcha hace unos años, porque tenemos a Videla pero también a Agosti y a (Julio César) Caserotto (NdR: el médico que atendía a las detenidas embarazadas en Campo de Mayo y cuyo testimonio motorizó la orden de detención contra Videla en 1998), se hizo una marcha impresionante, de repente la ciudad está dividida. Pero, insisto, no hagamos nada que se parezca a lo que él y su entorno hicieron. Nosotros no tenemos un lugar para ir a llorar. Además, va a estar acompañado por los compañeros que están enterrados en el mismo cementerio.

Fuente: Pagina 12


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18ª Marcha de Silencio, anoche por la Avenida 18 de Julio. Foto: Nicolás Celaya
Aún

Ayer se realizó la 18ª Marcha del Silencio, en un clima de malestar por percepción de retrocesos en la búsqueda de verdad y justicia.
La sensación entre los miles de manifestantes era la de que hubo un retroceso. Desde la Marcha del Silencio del 20 de mayo del año pasado hasta la de ayer todo lo relacionado a la búsqueda de verdad y con los procesos judiciales a los responsables de crímenes en la última dictadura no ha sido alentador para los militantes por la defensa de los derechos humanos.
El traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil y la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de caducidad golpeó duramente a quienes luchan desde hace años por verdad y justicia. Ese estado se podía percibir entre los presentes en la previa al inicio de una nueva Marcha del Silencio, desde Rivera y Jackson. Se notaba en las charlas y en las pancartas y carteles. “Basta de palabras. Juicio y castigo”, rezaba uno firmado por la Corriente de Estudiantes del Pueblo. “No son delitos comunes, son crímenes de lesa humanidad”, afirmaba otro, en referencia al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró prescriptibles los crímenes denunciados por las organizaciones de derechos humanos. “
Ninguna confianza en esta Justicia”, “apertura de los archivos de la dictadura”, “la muralla de la impunidad caerá”, decía el cartel de Plenaria Memoria y Justicia, mientras que el pasacalle principal expresaba el lema de la convocatoria de ayer: “En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?”. Se trataba, en esos casos, de mensajes que era posible encontrar en otras ediciones de la marcha, pero hubo dos que, de algún modo, marcaron la tónica de la de ayer.
Al final, un enorme pasacalle decía: “Señores del gobierno y la Corte, con su sangre hagan los pactos que deseen, pero no le permitimos pactar con la sangre inocente de nuestros seres queridos”, firmado por “Hijos, familiares y amigos de Aldo Chiquito Perrini”, uno de los casos que el fallo de la SCJ dejó sin sentencia (ver http://ladiaria.com.uy/ACKr). Unas cuadras más adelante, a la altura de la Plaza de los Treinta y Tres, otro enorme cartel daba cuenta del cambio de ánimo que provocaron los fallos de la SCJ: “¿Hasta cuándo marcharemos en silencio?”, era la pregunta. A la hora de arrancar se podía apreciar una concurrencia importante, que desafiaba al frío y a un cielo nublado y amenazante. Había dirigentes del Frente Amplio (FA) como el diputado Felipe Michelini, Daniel Martínez, el embajador itinerante Julio Baráibar, el ex ministro de Salud Pública Jorge Venegas, la ex ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, el ex vicecanciller socialista Roberto Conde, el ex director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Víctor Giorgi, el integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos Juan Faroppa. También, el ex embajador argentino en Uruguay Hernán Patiño Mayer y los militantes Jorge Marenales y Jorge Zabalza, entre otros.
Cuando comenzó la marcha, alguien gritó que el responsable de que no hubiera justicia era el FA, lo que motivó que un integrante de la organización le pidiera que se retirara. El hombre retrucó diciendo: “No me metas nada que la calle es libre”. Un par de cuadras después, a la altura de la Facultad de Derecho, se escucharon gritos contra Tabaré Vázquez, José Mujica y otros dirigentes del FA. El que los profería era un hombre que simulaba hablar desde un público, y que molestó a los manifestantes porque estaba rompiendo la consigna de marcha en silencio. Entonces, el hombre dijo su última frase: “Hola, ¿Jefatura? Acá hay un grave caso de droga y tortas fritas”. Luego, colgó el tubo y se retiró.
Al llegar a la altura de la explanada municipal, en la pantalla de la fachada del edificio de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales se emitía un spot alusivo a la marcha, que decía “Escuchalos”, mostraba algo escrito en lenguaje de señas y remataba con un gran “Están”, en letras blancas sobre fondo negro.
Como todos los años, al llegar la cabecera de la marcha a las inmediaciones de la Plaza Libertad, se enunciaron los nombres de los detenidos desaparecidos, y ante cada uno de ellos, los concurrentes gritaron “presente”. Al llegar a la plaza, se entonó el Himno Nacional, y a la altura de las últimas estrofas comenzó a caer una suave e imperceptible llovizna. Parecía que todo terminaba ahí, pero no fue así. Integrantes de algunas organizaciones, entre ellas Plenaria Memoria y Justicia, hicieron un caceroleo en la sede de la SCJ. Los manifestantes sólo llegaron hasta una valla que no permitía acceder a la puerta del edificio.
Dos manifestantes se paseaban por la plaza: una mujer disfrazada de Justicia, con los ojos tapados con un trapo que decía “Frente Amplio”y la boca con un bozal que decía PITCNT; otro, disfrazado de coracero y portando un escudo que decía “SCJ”, llevaba atada a la primera. Otros se quejaban, indignados, porque un policía que estaba del otro lado de la valla se reía. Los demás golpeaban cacerolas, cucharones, latas de conserva vacías, canillas, al tiempo que entonaban consignas como “no hubo errores, no hubo excesos; son todos asesinos los milicos del proceso” y “se va a acabar, se va a acabar la impunidad en Uruguay”.
Con el correr de los minutos, la protesta en las inmediaciones de la sede de la SCJ se fue disipando. En la plaza quedaba mucha gente que no se había sumado al caceroleo. El senador Rafael Michelini declaraba a la prensa que confía en que la Justicia determine “quiénes son los responsables y actúe con las garantías del caso”, y que mientras haya un caso impune “el Estado estará en deuda, por eso hay que seguir”. Óscar Urtazún, integrante de Familiares, declaraba que el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro “lo único que ha hecho es entorpecer las investigaciones y jugarse siempre por la inocencia de los asesinos”. Valentín Enseñat, de Hijos, afirmaba: “Algo que nos anima y nos alienta es ver cuáles han sido las consecuencias de eso, y ver que los fiscales y los jueces, a pesar de estas resoluciones, han tomado decisiones de acuerdo a lo planteado por el derecho internacional”. La llovizna seguía cayendo, no se notaba pero seguía, y de puro perseverante, mojaba.

Fuente: www.ladiaria.com.uy
Nacional - DERECHOS HUMANOS

Tras la Marcha del Silencio, protesta frente a la Suprema Corte

Luego de llegar a la Plaza Libertad, un grupo enfiló hacia la Suprema Corte para protestar por las recientes decisiones del organismo: "Hay que anular, hay que anular, sino la Corte se va a quemar", cantaron


Con la consigna "En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?", miles de personas marcharon en la noche de este lunes por el Centro de Montevideo, en una nueva edición de la Marcha del Silencio, convocada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Como todos los años la concentración y marcha fue en silencio, sin banderas ni consignas partidarias. De todos modos, varios dirigentes políticos se hicieron presentes, mayormente del Frente Amplio.

La concentración, como es habitual, partió del Espacio de Homenaje a los detenidos desaparecidos en América Latina, en Rivera y Guayabo,  para posteriormente marchar por unos dos kilómetros hasta la Plaza Libertad.

Al finalizar la marcha, con el tradicional canto del himno y la mención al nombre de todos los detenidos desaparecidos seguidos del grito “presente”, el grueso de los manifestantes se dispersaron, pero un grupo importante enfiló hacia el edificio de la Suprema Corte, a pocos metros de allí, para protestar.

"Hay que anular, hay que anular, sino la Corte se va a quemar", cantaron, además de entonar: “Los queremos todos presos, los milicos del proceso", en referencia a la decisión de la SCJ que declaró inconstitucional la ley que derogó los efectos de la Caducidad.

“Respuesta” de la Justicia.
Oscar Ortazum, uno de los integrantes de Madres y Familiares dijo el domingo que los miembros del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial "deberían dar una respuesta" por esa falta de justicia.

Los 20 de mayo, desde 1996, las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos marchan por la capital uruguaya para reclamar conocer "toda la verdad" sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

La fecha elegida se debe a que el 20 de mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires, donde se habían exiliado, los legisladores uruguayos Zelmar Michelini (senador) y Héctor Gutiérrez Ruiz (diputado), junto con los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw en casos nunca aclarados.

Cifras oficiales sitúan en 37 las personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura en Uruguay, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que son más de 200.

Hace diez días la Justicia uruguaya condenó al general Miguel Dalmao, a 28 años de prisión por los crímenes cometidos durante la dictadura.

El general Dalmao, de 61 años, se convirtió en el primer militar en actividad condenado y fue encontrado responsable del homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, de 24 años y profesora de literatura, en una unidad militar en 1974.
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EL MUNDO › DIFUNDEN DOCUMENTOS INEDITOS SOBRE LA DICTADURA DE BRASIL
Escuela de represores

La Escuela Nacional de Informaciones fue creada por los militares y siguió funcionando en democracia, hasta 1989. Pasaron por allí los que hoy están acusados de ser torturadores.

La escuela fue creada durante la dictadura de Garrastazú Médici.

Documentos inéditos revelan que la dictadura brasileña (1964-1985) creó un centro de formación de represores similar a la Escuela de las Américas, que Estados Unidos montó en su base en Panamá. La Escuela Nacional de Informaciones (ESNI), en la que se dictaron cursos de formación para la represión ilegal de la oposición política, fue creada en 1972 bajo el gobierno del presidente de facto Emilio Garrastazú Médici (1969-74), según documentos revelados ayer por el diario brasileño O Globo.
La ESNI funcionó hasta 1989, cuatro años después del fin del régimen militar, bajo el gobierno de transición de José Sarney. Según los documentos, a los que el periódico brasileño accedió en virtud de la Ley de Transparencia, estuvo inspirada en la Escuela de las Américas que funcionó entre 1946 y 1984 en Fort Gullick, territorio estadounidense en el Canal de Panamá, para formar a agentes latinoamericanos en la represión ilegal de la oposición bajo el pretexto del combate al comunismo durante la Guerra Fría.
“Por estas escuelas de represión pasaron los que hoy están acusados de ser torturadores, y en sus clases los represores aprendían a disfrazarse, a penetrar en residencias sin dejar vestigios, y a pensar como guerrilleros, leyendo estrategia del Che Guevara y de Mao Tse Tung”, escribió O Globo.
La ESNI ofreció 83 cursos durante sus 17 años de actividad. Algunos se llamaban “Interrogatorio” o “Vigilancia”. “Los clases de Interrogatorio representaron el más importante número de horarios de la disciplina”, publicó el medio. Los cursos tenían como asistentes a los agentes civiles y militares del Servicio Nacional de Información (SNI), y el objetivo era formar cuadros para los diferentes niveles de la red represiva.
Después de la escuela, muchos de los alumnos entraron al Destacamento de Operaciones de Informaciones (DOI) o al CODI (Centro de Operaciones para la Defensa Interna). Según O Globo, entre los inspiradores de la ESNI figura el brigadier Joao Paulo Burnier, ex comandante de la base aérea del aeropuerto internacional de Río de Janeiro y uno de los 60 mil militares entrenados en la Escuela de las Américas, acusado por la desaparición del militante brasileño-estadounidense Stuar Angel Jones, que fue miembro del grupo armado MR-8 e hijo de la diseñadora de modas Zuzu Angel.
El caso de la ESNI, que tuvo su sede central en un barrio de la zona sur de Río de Janeiro, al lado de la playa Copacabana, se conoció en medio del avance de la Comisión de la Verdad instalada hace un año por la presidenta Dilma Rousseff, quien fue guerrillera y estuvo presa por la dictadura, que la torturó. Brasil tuvo a sus últimos tres presidentes como víctimas de la prisión o exilio bajo la dictadura. Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Rousseff.
La Comisión de la Verdad no descarta que su informe final sobre lo que pasó durante los años de plomo en Brasil, que será entregado en mayo de 2014, a 50 años del golpe y antes del Mundial de fútbol, pueda contribuir a que se derogue la Ley de Amnistía sancionada en 1979 por el último presidente de facto, el general Joao Baptista de Figueiredo.
En los últimos días, militares retirados que tuvieron gran parte de su formación dentro de la democracia, fustigaron los trabajos de la Comisión de la Verdad, como el interrogatorio realizado al ex coronel Carlos Brilhante Ustra, jefe de la represión en San Pablo, que negó los 50 casos de torturas seguidas de muerte bajo su comando.
Uno de los casos fue el del general Luis Sodré de Castro, que hasta 2011 fue el comandante militar de la casa de gobierno, el Palacio del Planalto, que consideró el caso de Ustra como revanchismo.
Sin embargo, la vigencia de la Ley de Amnistía fue ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal (STF). Esta ley, que impide la apertura de procesos contra los autores de violaciones a los derechos humanos, convirtió a Brasil en el país más atrasado respecto de sus vecinos sobre la investigación y castigo a los responsables de cometer crímenes desde el Estado.
Según Gilney Viana, coordinador del Ministerio de Derechos Humanos, la nueva generación de militares adopta parte de los sentimientos de la más antigua, que participó activamente en la represión surgida del golpe de Estado contra el presidente constitucional Joao Goulart.
“Recientemente los egresados de la academia militar Agujas Negras fue bautizada como Médici (tercer presidente de la dictadura). Los instructores y los manuales militares todavía tienen otra visión de la historia y la enseñan de acuerdo con su conveniencia”, sostuvo el funcionario.
Fuente: Pagina 12, lunes

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