sábado, 27 de febrero de 2010

CRIMEN DE ANGELELLI

DELITO DE LESA HUMANIDAD. APUNTAN CONTRA JORGE RAFAEL VIDELAPiden elevar a juicio oral la causa por el crimen de Angelelli
Abogados, familiares y miembros de la Secretaría de Derechos Humanos actúan como querellantes en la causa, donde se investiga el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, durante la última dictadura militar.


La causa por la que se investiga la muerte de Monseñor Enrique Angelelli durante la dictadura militar del año ‘76, se encuentra en las últimas instancias, ya que se pide a la Justicia que se la eleve a juicio oral a 14 imputados, pertenecientes a las fuerzas armadas de aquella época.
En conferencia de prensa, se anunció ante los medios de prensa que los abogados patrocinantes por la querella, entre los cuales se encuentran familiares y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y La Rioja, pedirán a la Justicia que se eleve a la juicio oral la causa por el asesinato de Monseñor Angelelli, teniendo en cuenta los elementos judiciales que la querella tiene en manos para imputar a 14 ex militares que actuaron durante el proceso.
Entre los presentes, se encontraba una hermana y una sobrina del cura mártir, quienes se encontraban acompañadas por el secretario de Derechos Humanos de la Provincia Domingo Bordón y los abogados patrocinantes por las tres partes, incluidos dos letrados en representación del Obispado riojanos.
También se encontraba en la sala, Luis Miguel Baronetto, representante del Centro Tiempo Latinoamericano de Córdoba, integrando la querella.
La gran ausencia fue la del Monseñor Enrique Rodríguez, quien sólo mandó los representantes de la institución, los abogados Goyochea y Sánchez.
Al momento de explicar las razones del llamado a conferencia, Baronetto expresó "queremos presentar al Juzgado la imputación de 14 personas en base a los hechos de la causa largamente demorada por la Justicia".
En este sentido, el representante del Centro Tiempo Latinoamericano de Córdoba hizo hincapié en que la muerte de Angelelli fue un delito de Lesa Humanidad, perpetrado por miembros de las fuerzas armadas actuantes durante los años de inicio del Golpe Militar.
Los imputados
La causa, caratulada como "Angelelli, Enrique Angel s/ homicidio", Expedientes Nº 5144/06 fue presentada ante el Juzgado Federal de La Rioja, y en ella se imputan como autores del hecho a los siguientes ex militares: Jorge Rafael Videla, Albaro Harguindeguy, Luciano Benjamín Menéndez, Osvaldo Héctor Pérez Bataglia, Jorge Pedro Malagamba, quienes ejercían la jefatura del Ejército de la Provincia de La Rioja, Roberto Luis Nanziot, Lázaro Antonio Aguirre y Luis Estrella a cargo de la Guarnición Área de Chamical, provincia de La Rioja, Di Cesare, entonces jefe de la Policía de La Rioja, y por las mismas razones al sub jefe inspector general de la Policía de La Rioja, Vicente Herrera, al jefe de la Delegación en La Rioja de Gendarmería Nacional, al jefe de la Policía Federal, filial La Rioja, a Cerutti, entonces capitán del Ejército y miembros de Servicios de Inteligencia y de Coordinación y Enlace de la Provincia de La Rioja, Antonio Jorge Tadarelli, entonces miembro de los Servicios de Inteligencia del Estado.
De los mencionados, el que ahora se encuentra dentro de los imputados y es el nombre más resonante dentro de los militares, se presume actuaron en el asesinato de Monseñor Angelelli, es Jorge Rafael Videla, quien fuera la principal figura del Golpe de Estado perpetrado en Argentina en 1976, quien se encontraba al mando durante el homicidio del obispo riojano.
La presentación ante la Justicia da cuenta también de la causa donde se investiga el homicidio en grado de tentativa del excura vicario que acompañaba a Monseñor Angelelli, Arturo Aldo Pinto.
En la causa se da cuenta además, del testimonio de Rodolfo Fernández ex policía que era empleado del Ministerio del Interior, a cargo de Albaro Arguindeguy, quien relata que dos días después de los hechos, llegaron carpetas con papeles pertenecientes a Monseñor Angelelli, que fueron recibidas por el propio Arguindeguy y estudiadas. Parte de esos documentos quedaron en el lugar del crimen, y otra se llevaron los autores del hecho, y son las pruebas más fehacientes de que no se trató de un accidente sino más bien de un hecho premeditado.
Fuente:http://www.nuevarioja.com.ar/

@@@@-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

"EL VESUBIO"



EL PAIS › COMENZO EL JUICIO POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN EL CENTRO CLANDESTINO VESUBIO
Con el propósito de hacer justicia
Los acusados son los militares Humberto Gamen, Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli y cinco guardias penitenciarios del que fue uno de los mayores centros de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército. Por ese campo pasaron unos 2500 secuestrados.


Los represores Ricardo Martínez, Ramón Erlán, Diego Chemes y Pedro Durán Sáenz.


Por Diego Martínez
A poco menos de treinta y cuatro años del golpe de Estado, un cuarto de siglo desde el juicio a los ex comandantes y tres años desde que los torturadores Miguel Etchecolatz y Julio Simón comenzaron a rendir cuentas ante un tribunal, los juicios a represores de la dictadura comienzan a afianzarse como una sana costumbre de la democracia argentina. Ayer, en menos de noventa minutos, los policías que custodiaban la sala de audiencias de Comodoro Py vieron partir con esposas a los marinos Acosta, Donda, Astiz & Cía., imputados por crímenes en la ESMA, e ingresar a los militares Durán Sáenz, Gamen y Pascarelli, menos conocidos pero acusados por idénticos delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Vesubio.
El primer juicio oral y público a un grupo de ocho jefes y guardias de uno de los mayores campos de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército, por el que se estiman pasaron dos mil quinientos secuestrados, sufrió varias postergaciones y comenzó en un momento del día atípico, el atardecer, por problemas que ya son costumbre: las dificultades de los poderes Judicial, Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura para cubrir en plazos razonables las vacantes en los tribunales y para encontrar salas de audiencias acordes con el interés que generan los procesos de lesa humanidad.
La última postergación fue por la jubilación de la jueza María San Martino, que no puede dejar el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) hasta que se lean los fundamentos del fallo por la tragedia de LAPA, y se solucionó con la designación como subrogante de Pablo Bertuzzi, quien acababa de ser desginado en La Plata. La falta de salas era un problema ostensible al menos desde abril pasado, cuando se reasignaron las causas acumuladas en el TOF5. El tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demostró que con voluntad un juicio se puede realizar en un gimnasio. El ejemplo no cunde en Py: hasta ahora el tribunal que juzga Vesubio compartirá la sala con los de ESMA y Atlético-Banco-Olimpo. Pocas audiencias semanales para centenares de testigos eternizarán los juicios y obligarán a excarcelar más represores por exceder los plazos con prisión preventiva. Cambió el motivo, no el problema, y no aparece la solución.
La política del avestruz
La jornada de ayer arrancó en la calle, al mediodía, con actividades organizadas por H.I.J.O.S.. Entre banderas de organismos y de agrupaciones a las que pertenecieron algunos de los desaparecidos vistos en Vesubio, como el Partido de la Liberación o Vanguardia Comunista, se mezclaron sobrevivientes, familiares y allegados a las víctimas, con artistas como Juan Palomino, el músico Eduardo Schmidt o Fabián Matus, hijo de la fallecida Mercedes Sosa.
“Los amigos de los asesinos de la ESMA decían recién que falta poco, que esto se termina pronto. Hay que estar atentos, compañeros”, advertía micrófono en mano Lita Boitano, histórica de Familiares, desde un trailer reservado a expositores. A las cinco de la tarde militantes y periodistas vieron salir el camión del Servicio Penitenciario Federal con Donda, Astiz & Cía. y se aprestaron para el comienzo del nuevo juicio. Detalle no menor: a diferencia de la costumbre que impuso el TOF5 en tiempos de Guillermo Gordo, cuando los periodistas debían firmar una papeleta en la que certificaban que el tribunal garantizaba el principio de publicidad que en la práctica incumplía, ayer ni siquiera fue necesario acreditarse. A las 17.55 el murmullo viró en silencio: de saco y corbata, esposados, con las manos adelante, ingresaron cinco penitenciarios que supieron ser guardias del Vesubio y hoy promedian sesenta años: Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Zeolit, Diego Chemes y Ricardo Martínez. Detrás, sin esposas, entraron el general Humberto Gamen y los coroneles Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli. Los tres están libres. El fiscal Félix Crous reclamó que sean detenidos durante el juicio, argumentó que la cercanía de la sentencia puede incentivar las fugas, citó el antecedente Febres para destacar que en caso de confesar la verdad, la libertad los pondría en riesgo, recordó que el criterio se aplicó en Córdoba, Santa Fe, Neuquén y San Martín, pero no conmovió al TOF4, que también integran Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini.
Cuando vio ingresar a la docena de fotógrafos, el coronel Pascarelli, 82 años, ex jefe del área militar 114 dentro de la que funcionó Vesubio, se escondió detrás de su abogado, que sonrió para las cámaras. Cuando los reporteros buscaron el filón para disparar, Pascarelli se cubrió la cara. Un periodista lo comentó en la bandeja superior y la mujer de un imputado, de ceño fruncido y blusa almidonada, reivindicó al soldado:
–¡Claro que se cubren! ¡Lo bien que hacen!
–¿Le parece bien que se escondan como avestruces?
–Claro que sí –ratificó la mujer, con un rosario en las manos, mientras el joven que la acompañaba la observaba con pena.

EL PAIS › EL REPRESOR DIJO QUE RODOLFO WALSH SE SUICIDO Y QUE “LA GUERRA NO TERMINO”
Un nuevo zarpazo del Tigre Acosta
En contra de lo dicho por sus camaradas, mencionó que en el cuerpo del escritor había “vestigios de la pastilla de cianuro”, pero no dijo qué hicieron con su cadáver. Calificó su Carta Abierta como “un arma de la guerra civil revolucionaria terrorista”.
Preso con prisión preventiva en el penal de Ezeiza, sin computadora pero con papel y birome, abundante tiempo libre y los recuerdos que cada semana le dispara la lectura de la acusación por los crímenes en la ESMA, el capitán retirado Jorge Eduardo Acosta se refirió en una carta al Tribunal Oral Federal Nº 5 a la muerte del escritor y periodista Rodolfo Walsh. El ex jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 no dijo qué hizo la Armada con el cadáver, no dijo quién se robó los originales de su obra secuestrados en la casa del Tigre donde pasó sus últimos días, pero contrariando las confesiones de sus camaradas a los secuestrados en la ESMA, según las cuales Walsh murió acribillado mientras se defendía con una pistola calibre 22, Acosta escribió que el escritor “se suicidó”. En tono amenazante advirtió que “la guerra no terminó”.
Acosta admitió haber encabezado el grupo de tareas de la ESMA, calificó al escritor como “un importantísimo miembro de la organización Montoneros”, y apuntó que “Walsh estaba dispuesto a morir, sí o sí, porque llevaba una pistola calibre 22”. Como sustento de su hipótesis mencionó también “vestigios de la pastilla de cianuro”, afirmación que cuanto menos certifica que la Armada realizó una autopsia sobre el cadáver de Walsh. Agregó que los elementos de análisis que él conoce pero oculta a la sociedad “no dejan duda alguna de la intención de no permitir su detención con vida”.
En el escrito, una decena de carillas manuscritas, el capitán de fragata retirado se quejó de la “persecución política” que a su criterio existe “contra algunos de los que derrotamos a los terroristas, para restablecer la paz”. También renegó de las fotografías “con primeros planos”, que el TOF Nº 5 autorizó a registrar luego de años de resistencia.
El procesado dijo que se sintió “intimidado” por el “aplauso cerrado” que provocó en la sala de audiencia la lectura de la Carta Abierta a la Junta Militar, que Walsh alcanzó a despachar el 24 de marzo de 1977, antes de ser emboscado y asesinado. La carta que el colombiano Gabriel García Márquez calificó como una obra maestra del periodismo universal “es un documento pero también un arma de la guerra civil revolucionaria terrorista”, escribió el Tigre Acosta. Agregó que el aplauso que generó la lectura significa para él que “la guerra no terminó”.
En el escrito dirigido al TOF Nº5 Acosta lamentó, además, no poder recibir ayuda espiritual en las misas de los días jueves. “Está suficientemente probado que yo he sido el jefe de Inteligencia de la UT (léase unidad de tareas) 3.3.2 desde enero de 1977, y por ello he participado en la guerra fratricida que no inicié ni definí en su contenido”, consignó el procesado, quien manifestó sentir respeto por todas las víctimas, “entre ellas Rodolfo Walsh”, quien “de no haberse suicidado, estaría declarando como testigo en mi contra”.
El TOF Nº 5 prosiguió ayer con la lectura de la acusación contra los diecisiete procesados en el primer juicio significativo por los crímenes en la ESMA, que continuará el próximo miércoles a partir de las diez de la mañana. A pedido del abogado Alfredo Solari, se leerá también el auto de elevación a juicio del juez Sergio Torres, por lo que recién en dos semanas los defensores podrían plantear las cuestiones preliminares y comenzarían a declarar los testigos.
EL PAIS
Extraditan a un represor
El gobierno español aprobó ayer la extradición a la Argentina del represor Jorge Alberto Sosa, ex subcomisario de la Policía Federal en Neuquén, quien está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Sosa, de 73 años y con doble nacionalidad argentina-española, fue detenido por orden del Juzgado Federal de Neuquén a través de Interpol el 8 de julio de 2009 en la localidad de Onteniente, Valencia, donde residía con su familia desde 1992. Tras su detención, la Audiencia Nacional de España dictó orden de prisión provisional, pero desde el 15 de octubre de 2009 el represor se encuentra en libertad al haber depositado una fianza. Sosa está imputado por asociación ilícita, 18 delitos de detención ilegal cometidos por funcionario público, agravada por su duración mayor de quince días, y 17 torturas y otros delitos contra la integridad moral.Fuente: Pagina 12-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

viernes, 26 de febrero de 2010

CAUSA EX CENTRO CLANDESTINO "EL VESUBIO"

Hoy viernes comenzarán a ser juzgados ocho represores del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "El Vesubio", donde hubo alrededor de 2.500 compañeros/as detenidos-desaparecidos y sólo alrededor de 200 pudieron sobrevivir y serán testigos en el Juicio.Los genocidas imputados son: Pedro Alberto Durán Sáenz, Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli, Ramón Antonio Erlán, José Néstor Maidana, Roberto Carlos Zeolitti, Diego Salvador Chemes y Ricardo Néstor Martínez.Se los juzgará sólo por 156 de sus víctimas, entre ellas: Haroldo Conti, Héctor G. Oesterheld y Raymundo Gleyzer.Una vez más, invitamos a acompañar los Juicios a los genocidas, porque los juzga un Tribunal, pero los condenamos todos.Convocamos el viernes 26/2 a las 12:30 horas en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py 2002, Retiro (la audiencia está prevista para las 17:00 hs.).H.I.J.O.S15 añosHijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el SilencioRegional Capitalhttp://www.hijos-capital.org.ar/http://ar.mc1105.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hijos@hijos-capital.org.arPONETE LA CAMISETA POR EL JUICIO Y CASTIGO

MASACRE DE TRELEW

EL PAIS › FUE DETENIDO AYER EN MIAMI UNO DE LOS REPRESORES QUE PARTICIPO DE LA MASACRE DE TRELEW
Bravo, el que pegó los tiros de gracia
El teniente de navío retirado Roberto Bravo fue capturado en Estados Unidos, donde vive desde los ’70. Tres sobrevivientes de la masacre lo señalaron como el encargado de rematar a las víctimas. Ahora se inicia el proceso de extradición.

En agosto de 1972 fueron fusilados dieciseís presos políticos en la base Almirante Zar. El juicio a seis acusados empezaría en abril próximo.

Por Diego Martínez
A treinta y siete años, seis meses y tres días de la Masacre de Trelew, cuando oficiales de la Armada fusilaron a dieciséis presos políticos en la base Almirante Zar, fue detenido ayer en Miami el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, sindicado por los tres sobrevivientes como quien recorrió los calabozos para darles el tiro de gracia a las víctimas. La captura de Bravo, radicado en Estados Unidos desde los años ’70 y presidente de una empresa que factura millones de dólares a cambio de servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas, fue solicitada dos años atrás por el juez federal de Rawson, Hugo Sastre. El juicio oral a seis imputados por la masacre del 22 de agosto de 1972, a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, comenzaría en abril en el teatro Verdi de Trelew.
El 19 de febrero de 2008, tras la orden de detención, Página/12 informó que el Ñato Bravo vivía en Miami, donde preside RGB Group Inc. Un empleado informó que “entra y sale todo el tiempo”, pero fue imposible obtener su palabra. Igual que en los años que siguieron a la masacre, cuando se escondió en la base naval de Puerto Belgrano y luego en la Agregaduría Naval en Washington, Bravo prefirió guardar silencio.
El juzgado de Rawson tardó diez meses para traducir las pruebas. En marzo pasado el agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos formuló “recomendaciones”, que con el respaldo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería se lograron satisfacer en dos meses. El pedido de extradición se presentó ante el Departamento de Estado el 15 de julio. El 20 de enero, a pedido de un juez de Florida, se enviaron las huellas dactilares del marino. Ayer fue detenido y hoy probablemente se sepa si la Justicia le concede la posibilidad de pagar una fianza para permanecer en libertad durante el proceso de extradición, que podría durar varios meses, sobre todo porque Bravo tiene ciudadanía norteamericana.
Los imputados en condiciones de ser juzgados son los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Marandino, los tres como autores directos de dieciséis homicidios agravados por alevosía y premeditación, más tres en grado de tentativa, por los sobrevivientes María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de Alejandro Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, y el jefe de la base Zar, capitán Rubén Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la falacia del intento de fuga, capitán Jorge Bautista, será juzgado por encubrimiento.
Engordar o matar
Gracias al testimonio de los sobrevivientes, a quienes el poeta Francisco Paco Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973, el comportamiento del teniente Bravo está documentado desde hace tres décadas. Cuando se hizo cargo de su primera guardia ordenó que los sacaran a comer de a uno, con varios soldados apuntando, y fijó un límite máximo de cinco minutos.
–¡Si seremos boludos! –pensó en voz alta–. En lugar de matarlos estamos engordándolos.
Camps recordó que Bravo “se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”.
Bravo “buscaba excusas” para sancionarlos. “La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espalda en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos”, contó Camps. Otra tortura era impedirles dormir. “Recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados”, agregó.
Con Mariano Pujadas tenía una saña particular. Le hacía barrer el piso desnudo.
–¿Hace frío? –preguntaba, y largaba la carcajada.
Clarisa Lea Place se negó a ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la martilló y se la puso en la cabeza:
–Vas a morir, hija de puta –le advirtió. Poco después cumplió.
La madrugada de la masacre, Bravo era jefe de turno de la guardia. Despertó a los presos a las 3.30.
–Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero –les advirtió.
Los hicieron salir de los calabozos, formar en dos filas y dieron una orden que nunca antes habían dado:
–Mirar al piso.
La primera ráfaga de ametralladora impactó en la hilera de la derecha. Entre quejidos y puteadas, Sosa y Bravo, pistola en mano, recorrieron los calabozos para dar los tiros de gracia.
Camps recordó que junto con Mario Delfino se tiraron cuerpo a tierra a tiempo. Aún estaban ilesos cuando “llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario. Tiró desde la cintura con pistola”.
Berger llegó a escuchar cuando inventaban la versión que luego difundirían la Armada y Lanusse:
–Bueno, vos tenías una metra y Pujadas intentó quitártela.
Haidar escuchó la explicación de Bravo cuando llegaron los primeros marinos que no habían participado:
–Aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán, se quisieron fugar.
http://ar.mc1105.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dmartinez@pagina12.com.ar



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miércoles, 24 de febrero de 2010

ASUMIÓ COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DDHH EN DIPUTADOS VIKI DONDA

A las 14 horas en la Sala 7 del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación asumió como presidenta de la Comision de Derechos Humanos y Garantías la diputada nacional Victoria Donda de Libres del Sur, en tanto que el diputado nacional del FpV Remo Carlotto como vicepresidente.

Integraran la comisión además de Donda y Carlotto:

Bloque Frente para la Victoria

Raul Barrangui,Entre Rios
Stella Maris Cordoba,Tucumán
Viviana Damilano Grivarello,Chaco
María de la Rosa, Formosa
Juliana Di Tullio, Buenos Aires
Dante Gullo,Capital Federal
Sandra Mendoza, Chaco
Hugo Perie, Corrientes
Julia Perie, Misiones
Silvia Risko, Misiones
Adela Segarra, Buenos Aires

Bloque de la UCR

Ricardo Alfonsin, Buenos Aires
Ulises Forte, La Pampa
Ricardo Gil Lavedra, Capital Federal
María Storani, Buenos Aires
Silvia Storni, Cordoba

Bloque de la Coalición Civica

Hector Flores, Buenos Aires
Elsa Quiroz, Buenos Aires
Elisa Carca, Buenos Aires
Juan Carlos Vega, Cordoba

Bloque del PRO

Claudia Rucci, Buenos Aires
Soledad Martínez, Buenos Aires

Bloque Peronismo Federal

Cesar Albrisi, Cordoba
Celia Arena, Santa Fe

Bloque Partido Socialista

Miguel Barrios, Santa Fe

Bloque GEN

Fabian Peralta, Santa Fe

Bloque SI por la Unidad Popular

Veronica Benas, Santa Fe

Bloque Encuentro Popular y Solidario

Jorge Rivas

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lunes, 22 de febrero de 2010

SE REANUDÓ EL JUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE ALDO MELITÓN BUSTOS

Por Elia Fernandez
En la jornada de hoy, Lunes 22 de Febrero, en el juzgado Federal de Salta y en la causa donde se investiga el secuestro y desaparición de Aldo Melitón Bustos, se escucharon dos testimonios. Rafael Eduardo Cullell y Lidia Alemán. El Dr. Cullell vivió en el mismo domicilio de Bustos y compartió con este el estudio en calidad de abogado.
Lidia Alemán fue una de las secretarias de la escribanía de Bustos, que presenció algunos de los allanamientos que el Ejercitó realizó tanto en el domicilio como en la escribanía.

El Dr. Cullell llegó a Tartagál en enero de 1977, luego de recibir en Córdoba instrucción militar por estar afectado al servicio militar obligatorio de la época. Como ya contaba con el título de abogado, cumple servicio en asuntos legales de la componía “Comando y Servicio” del Remte 28 , su jefe en dicha compañía fue Petricic.
Por una antigua relación que unía a su padre con Bustos es que Eduardo Cullell llega a convivir en la misma vivienda del escribano y comparten algunos aspectos de sus vidas profesionales. Cullell pide permiso en el regimiento para ejercer la profesión en sus tiempos libres, lo que se le concede luego que Petricic se entrevistara personalmente con Bustos en el estudio de este último-esta parte del relato dió pié al fiscal Villalba para solicitar al presidente del tribunal Dr. Frías un careo entre Petricic y Cullell, puesto que el primero negó ante este mismo tribunal haber conocido al escribano desaparecido- a partir de compartir aspectos laborales Cullell entabla amistad con Aldo Melitón Bustos hasta llegar a ser una persona de su confianza.

Le tocó el turno al Teniente Bruno

…”lo sabia todo el mundo en Tartagál,no tenia reparo en amenazarlo delante de quien sea..”

Con estas palabras el Dr. Cullell describió cual era el tono de las amenazas que sufría Bustos en manos de Bruno. Cuenta que una vez, mientras estaban almorzando con Aldo Bustos y Friquín Sanson, en la confitería del hotel Espinillo de Tartagál se presento el Teniente Bruno y le dijo al escribano "que se largara del la ciudad porque en cualquier momento podía desaparecer”.
Estas amenazas Bustos las tomaba con mucha angustia y temor, lo que generó que una madrugada despertará a Cullell para que lo llevara a Jujuy. Durante el viaje Melitón fue escondido en el asiento trasero, del fiat 1500 color aceituna que le pertenecía, tapado con una manta. A los dos días de que lo dejara en Jujuy, el escribano lo mando a llamar nuevamente para que esta vez lo llevará al aeropuerto de Salta donde se dirigió a santa Cruz de la Sierra(Bolivia), no sin ante advertirle que no dijera a nadie en Tartagál donde se hallaba, por prevención…
Cuando secuestran a Aldo Melitón Bustos,Cullell estaba camino de regreso a Salta capital donde iba a ver a su esposa, al llegar a la ciudad se entera de lo sucedido. “Todos en Tartagál comentaban lo que pasó, la mayoría pensamos que no lo volveríamos a ver…”
La próxima audiencia fijada, por el momento, es el 8 de Marzo del corriente año. El Dr. Leiva abogado de la querella solicito al Presidente del Tribunal Dr. Frias que se fijaran audiencias mas proximas unas de otra, aún mas si fuera posible trabajar en este juicio de forma prolongada hasta llegar a su fin. A lo que el Presidente contestó que el Tribunal hace lo que puede ya que sus integrantes tienen múltiples tareas que atender aparte de presente juicio.

TUCUMÁN. BUSSI EL PREGUNTON!





Un tribunal le permite a bussi hacer preguntas a los testigos
Represor con licencia para interrogar
Es una decisión inédita en los procesos por violaciones a los derechos humanos que fue admitida por el tribunal que juzga los delitos de lesa humanidad ocurridos en Tucumán. Las organizaciones de derechos humanos piden que se revea la medida.

M.N.
22.02.2010

Ya no llora. Bussi hizo preguntas con voz firme en la audiencia del jueves último.
–¿Cómo es que está vivo? ¿O fue usted un detenido privilegiado? –El único privilegio que teníamos era respirar.Esta vez Antonio Domingo Bussi no lloró. Al formular la pregunta, rememoró su rol de jefe del terrorismo de Estado tucumano y desde el banquillo de los acusados interrogó a uno de los testigos. En una decisión inédita en juicios por delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral le dio luz verde. De traje oscuro y pecho inflado, el represor miró a los ojos al sobreviviente Osvaldo Pérez y avanzó. La querella y los organismos intentaron frenar el interrogatorio. “La actitud es intimidante. Exponer a las víctimas a sus verdugos es revictimizarlos”, se indignó Julia Vitar, abogada de la agrupación HIJOS. La escena se vivió el jueves pasado en la segunda audiencia del juicio oral que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán. Además de Bussi, el proceso cuenta con otros imputados, como el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y los ex militares Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo.Si bien no existe una normativa penal que le impida a los acusados hacer preguntas a los testigos, una decena de organismos tucumanos alertaron sobre la resolución del tribunal compuesto por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi: “Nos encontramos ante delitos que, por su especialidad, requieren de parte de sus juzgadores una actitud de especial cuidado y respeto”. En el mismo comunicado, pusieron especial énfasis en lo “gravísimo” que es, psicológicamente, “que una víctima vuelva a soportar las preguntas intimidatorias de sus verdugos”. La necesidad de preservar a víctimas, familiares y sobrevivientes de delitos de lesa humanidad, y de darles un tratamiento diferenciado respecto de las víctimas de delitos comunes, fue reconocida internacionalmente en numerosas oportunidades, por ejemplo, por Naciones Unidas en 1985. El Tribunal Oral tucumano decidió ignorar estas recomendaciones y privilegiar un estricto derecho a la defensa que, técnicamente, los imputados podrían delegar en sus abogados. El jueves, el “Chaqueño” Pérez respondió inmutable las preguntas de Bussi. Incluso, cuando el ex general le discutió cómo estaban ubicados los polvorines en el arsenal donde Pérez estuvo secuestrado. “Eso no se lo voy a discutir –respondió el sobreviviente–. Usted lo sabe mejor que nadie. Usted era dueño y señor de ese lugar”.

Fuente: http://www.criticadigital.com/.

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Causa La Jefatura: "En el Arsenal fusilaron entre 800 y 1000 personas"
Declaró el testigo de la querella Osvaldo Pérez quien estuvo detenido durante un año en el ex Arsenal Miguel de Azcuenaga. Aseguró que lo vio a Bussi y Zimmerman entrar a ese antro de torturas. Relató las condiciones a que eran sometidos los detenidos. Vio morir a compañeros. En varias oportunidades “sentí olor a carne quemada”, destacó.
Y reveló que mientras estuvo detenido vio embarazadas y chicas menores.
Una larga jornada, fue la tercera en el juicio por el centro clandestino de detención que funcionaba en la jefatura de policías durante la última dictadura militar. Ayer comenzó la ronda de testigos y Osvaldo Humberto Pérez fue el último en declarar. Su testimonio tuvo solidez. Incluso le respondió sin tapujos, al verdugo de su gente, Antonio Domingo Bussi, que sobre el final quiso recordar viejos tiempos de torturas psicológicas.
Pérez estudiaba Ciencias Económicas en Tucumán desde 1972. Nació en el Chaco y pertenecía a una agrupación estudiantil llamada Grupo de Base Independiente (GBI) de su facultad. En el 76 fue detenido. Pasó por varios lugares hasta desembocar en el ex Arsenal Miguel de Azcuenaga. Estuvo allí un año entero.
El testigo solicitado por la abogada querellante, Laura Figueroa comentó que mientras estuvo detenido observó traslados de personas desde diferentes provincias y lugares. Incluso gente que era llevada desde La Jefatura hasta el Arsenal.
Aseveró que entre tantos desaparecidos vio a la familia Rondoletto, a Leandro Fote, al senador Márquez, a Canto hermano de quien ahora canta en el Dúo Coplanacu y lo que más llamó la atención fue cuando describió a Víctor Zafaró. Precisó que era militante de un movimiento estudiantil y fue trasladado desde La Jefatura hasta el Arsenal. Llegó con el brazo quebrado “y de a poco se le hizo gangrena”, estableció. “No teníamos ningún tipo de atención. Nunca lo curaron, nosotros muchas veces le sacábamos los gusanos. Finalmente murió en el Arsenal”, dijo.
Sobre la familia Rondoletto dijo que por el jefe de la guardia se enteró que al padre e hijo lo fusilaron juntos en el Arsenal.
Lo más sorprendente fue cuando el testigo precisó que “en el ex Arsenal se fusilaron entre 800 y 1000 personas”. También sostuvo que durante su estadía sintió en varias oportunidades “olor a carne quemada”.
Entre las personas que vio en ese centro clandestino de detención nombró a Bussi, al coronel Zimmerman, Lamas y al militar Augusto Nemme. A varios jefes de la gendarmería, ya que el lugar era custodiado por esa fuerza.
Cuando la querella preguntó sobre las condiciones en que estaba detenido, Pérez relató que “no había higiene, nos tenían atados de pies y manos, con los ojos vendados. Pero a medida que pasaba el tiempo se fueron calmando las cosas y nos dejaban cocinar”.
También destacó que conversando con Juan Martín Martín se enteró de que en La Jefatura se producían torturas con picanas, golpes, etc y que estaba al mando “el tuerto” Albornoz acompañado por los hermanos De Cándido.
En su declaración indicó que vio mujeres embarazadas, chicas menores y personas mayores. Y fue elocuente al decir “nuestra perspectiva de vida era el día, la noche la muerte”.
Lo particular fue cuando la querella pidió que los genocidas no le realicen preguntas al testigo debido a que fue víctima. Además solicitaron que esto se extienda al resto de los testigos que están en situaciones similares. El tribunal deliberó la respuesta durante 20 y decidió que si podían preguntar, pero solo siendo concretos, sin arengar.
Luego de que los abogados defensores hicieron sus respectivas preguntas, Bussi tomó la palabra. ¿Cómo hizo para sobrevivir si fusilaron a mil personas?, a lo que Pérez respondió “no tengo idea”.
¿Usted dijo que lo tenían con los ojos vendados y atado, entonces cómo podía ver a los que llegaban o cocinar, usted tenía privilegios? “Si cocinar para los detenidos y después darle la comida a los perros, o lavar las camisas de los gendarmes para que luego te den un poco de yerba es un privilegio…se lo dejo a criterio del tribunal", finalizó.
Sebastián Ganzburg
Fuente:http://www.tucumanhoy.com/ viernes

domingo, 21 de febrero de 2010

TUCUMÁN











TOF, compuesto por Carlos Jiménez Montilla , Gabriel Casas y Josefina Curi

Los Organismos de Derechos Humanos de Tucumán queremos hacer conocer a la opinión pública tucumana nuestro parecer respecto de la situación vivida por testigos de las querellas en el Juicio que se lleva adelante por la megacausa "Jefatura de Policia", que investiga los crímenes cometidos en ese Centro Clandestino de Detención.
Nos encontramos con EL ÚNICO tribunal del país que permite que los imputados -los genocidas- interroguen directamente a testigos sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención.
Consideramos que esta situación es inadmisible ya que la mayoría de los testigos de estos procesos tienen un doble carácter al ser también VICTIMAS de estos aberrantes delitos. Tanto los familiares que presenciaron los secuestros de sus seres queridos, como los que sufrieron la desaparición, aún sin ser testigos directos de los hechos, se encuentran absolutamente afectados por lo vivido. Esta situación se ve profundamente agravada en el caso de los SOBREVIVIENTES del horror, a los que se expone a una revictimización debiendo enfrentarse a sus propios verdúgos y aceptar sus preguntas intimidatorias y provocadoras. Tal es el caso de lo vivido el día jueves en el Tribunal Oral Federal Nº1 de Tucumán.
Nos encontramos ante delitos que por su especialidad, requieren de parte de sus juzgadores, una actitud de especial cuidado y respeto en su tratamiento. Esto por cuanto se trata de violaciones masivas a los derechos Humanos cometidas desde el Estado con la suma del poder público. Este tratamiento especial, no significa de manera alguna menoscabar el derecho de los imputados a ejercer plenamente su defensa, pero a través de sus abogados, y no buscando amedrentar con sus preguntas a quienes tienen el valor de relatar los horrores vividos durante el Terrorismo de Estado.
La necesidad de preservar a víctimas, familiares y sobrevivientes de delitos de lesa humanidad, y de darles un tratamiento diferenciado respecto de las víctimas de delitos comunes, fue reconocido internacionalmente en numerosas oportunidades, e inclusive la Organizacion de las Naciones Unidas emitio la "Declaración sobre principios fundamentales de justicia para victimas de delitos y del abuso del poder", adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34 del 29 de Noviembre de 1985.
Los imputados tiene garantizada su legítima defensa a través de sus defensores técnicos, no existiendo necesidad de que deban hacer uso de su defensa material. Se da una restriccion menor en el ejercicio de su defensa, en pro de los derechos de las victimas. Psicológicamente que una victima deba soportar las preguntas intimidatorias de sus verdugos es GRAVISIMO.
Hemos sostenido desde siempre la necesidad de que estos procesos se desarrollen con normalidad y pleno respeto de los derechos y garantías de AMBAS PARTES, nuestra posición no se ha modificado.
Desde siempre insistimos en que no deben exponerse a las victimas-testigos del genocidio, que brindan su voz, su memoria y su valor en estos procesos a lo largo y ancho del pais. Insistimos en la necesidad de unificar causas para así no exponer a los testigos a reeditar una y otra vez el horror vivido. Y esta vez insistimos en que es absolutamente inadmisible y gravisimo que los victimarios intenten amedrentar y provocar a las victimas. Y seguiremos insistiendo toda vez que se continúe revictimizando a los sobrevivientes.
A 41 meses de la desaparición del testigo Jorge Julio López, seguimos exigiendo Justicia y cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas.

H.I.J.O.S. Tucumán
(Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
FA.DE.TUC.
(Familiares de Desaparecidos de Tucumán)
A.T.C.I.
(Asociación Tucumana Contra la Impunidad)
A.N.D.H.E.S.
(Abogados y Abogadas del Norte Argentino por los Derechos Humanos y Estudios Sociales)
Asociación Madres de Plaza de Mayo-Filial Tucumán
Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán
A.P.D.H. Tucumán
(Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)

ULTIMOS TESTIMONIOS EN EL JUICIO POR LA DESAPARICION DE ALDO MELITÓN BUSTOS


Mañana 22 de Febrero darán testimonio, en la causa que se lleva a cabo en el juzgado Federal de Salta, por el secuestro y desaparición de Aldo Melitón Bustos, su secretaria en la escribanía, un abogado que vivía en la casa del contador y que a la vez prestaba servicio militar obligatorio en el Rente 28.



Luego de la jornada de mañana está previsto que el juicio se re inicie en Marzo, el día 8. Las espectativas para esa fecha, es que se de lectura a los alegatos.

IMPUNIDAD PARA MEDINA

Consejo de la Magistratura le aplicó una sanción disciplinaria

Rechazan el pedido de enjuiciamiento del juez Miguel Medina


En una reñida votación los legisladores kirchneristas no pudieron reunir los votos para llevar a juicio al magistrado salteño.
Viernes 19 de Febrero de 2010 Salta

MEDINA DURANTE SU DESCARGO ANTE LA COMISION DE DISCIPLINA.

Cabral dio crédito al descargo de Medina en que nunca ejerció la defensa material de Soraire como defensor del imputado.Finalmente el juez federal de Salta Miguel Antonio Medina no será sometido a juicio por su desempeño en la investigación del caso Ragone, pero sí recibió una sanción disciplinaria por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación. “Esto demuestra que no he cometido ninguna irregularidad”, dijo el magistrado al ser consultado por El Tribuno. En tanto que Fernando Pequeño Ragone, uno de los denunciantes, sostuvo que “el hecho de que lo hayan sancionado evidencia que su proceder no ha sido tan cristalino”.El plenario, con sus 13 miembros, sesionó ayer a la mañana en el edificio de la calle Libertad 731, en Capital Federal, para analizar los tres dictámenes emitidos oportunamente por la Comisión de Disciplina del cuerpo. En primer lugar se votó el informe del consejero Mariano Candioti, a través del cuál se propiciaba que el juez Medina sea sometido al jurado de enjuiciamiento. Seis miembros votaron a favor y siete en contra. Luego se puso en consideraron el dictamen del consejero Luis María Bunge Campos, que aconsejaba el rechazo de las denuncias presentadas por Pequeño, nieto del desaparecido gobernador constitucional Miguel Ragone; por la abogada Liliana Mazone y por el publicista Martín Grande. El resultado fue: 2 votos a favor y 11 en contra.Finalmente, se expuso el dictamen del presidente del Consejo de la Magistratura Luis María Cabral, que propiciaba la aplicación de una sanción disciplinaria para el magistrado salteño. En este caso el pronunciamiento del tribunal fue de 11 votos a favor y 2 en contra, con lo cual se dio por terminado el debate. De esta manera Miguel Medina podrá continuar ejerciendo su función como juez federal Nº 2 en Salta.Los dictámenesEn el seno del Consejo de la Magistratura quedó demostrado que las opiniones respecto a la suerte del juez Medina estaban muy divididas. Los legisladores kirchneristas eran los que propiciaban el juicio al magistrado, pero a la hora de la verdad no pudieron reunir el caudal de votos para lograr su propósito. En su dictamen, el consejero Mariano Candioti expresó que está probado que en 1986 Medina actuó como defensor del policía Andrés Soraire, uno de los procesados por el caso Ragone, y pese a ello no se excusó cuando tomó a su cargo la investigación de la desaparición del ex gobernador. Por ello consideró que el juez incurrió en el delito de mal desempeño al no haberse apartado de la causa en tiempo y forma. En su descargo el magistrado aclaró que su tarea como patrocinante de Soraire fue fugaz y que renunció a los 20 días por diferencias con el codefensor Víctor René Martínez. “En ese lapso no hubo ninguna actividad profesional mía en nombre de Soraire ni de las otras personas que estaban acusadas de un doble homicidio en la zona de Metán”, aseguró.En tanto, el informe del consejero Luis María Burge refirió que no había elementos suficientes que hicieran presumir que Medina incurrió en mal desempeño en la causa Ragone, al haber cumplido con las diligencias que la investigación requería. De la misma manera, refutó los cuestionamientos que le hicieron los denunciantes sobre la vinculación del magistrado como ex socio del abogado Raymundo Sosa. En su descargo, Medina remarcó que como juez se excusó en todas las causas en las que intervino ese letrado.Por último el dictamen de Cabral advierte que “desde una apreciación objetiva coincido con el consejero Bunge Campos en que el magistrado imprimió al caso Ragone el trámite previsto por las normas vigentes, sin excepciones ni interpretaciones que pudieran generar alguna sospecha.Empero, desde el punto de vista de la actuación subjetiva, la conducta del doctor Medina merece reproche”. Y remarca que “el hecho que lo relacionó con el imputado Soraire era conocido por él y pese a ello omitió tomar algún recaudo al respecto”. Lo que dijo el magistrado"Estoy contento porque el tribunal no encontró elementos para someterme a ningún juicio", expresó el juez Miguel Medina, minutos después de conocer el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura. No obstante expresó sus reservas respecto a la sanción disciplinaria que le aplicó el tribunal. "Ese es un tema que lo van a resolver mis abogados", dijo, refiriéndose a los penalistas porteños, María Angélica Gelli y Gustavo Trovato. Medina dejó entrever que van a apelar la medida, al señalar que "oportunamente hicimos reserva expresa de recurrir ante los organismos internacionales, solicitando que se desestimara esta denuncia". Apuntó que "lo importante es que se demostró que en la investigación de la causa Ragone no cometí ninguna irregularidad. Lo que sí lamento es el tiempo que se demoró para resolver este tema. Tres años fueron demasiado".Por su parte Fernando Pequeño Ragone sostuvo que "yo rescato como positivo el hecho de que al juez se le haya aplicado una sanción. La votación fue de 11 a 2 y eso demuestra que el tribunal tuvo una idea clara respecto al proceder de Medina en la investigación por la desaparición de mi abuelo". Adelantó que "tomando como base el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura vamos a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".Pequeño remarcó "todo esto nos da fuerza para seguir luchando en pos de nuestros objetivos para hacer posible que el caso Ragone no quede impune y para que los procesados sean condenados".
Fuente: El Tribuno

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Un juez salteño con sanción leveEn el plenario de ayer, la voluntad del oficialismo tampoco pudo cumplirse con respecto al destino del juez federal de Salta, Miguel Medina. Acusado de haber obstaculizado una investigación por delitos de lesa humanidad, el magistrado sólo recibirá una sanción disciplinaria de parte del Consejo de la Magistratura. El dictamen de mayoría que llegó a la reunión del pleno aconsejaba la apertura del procedimiento de remoción del juez por mal desempeño. Según la denuncia, Medina “no fue imparcial”, ya que evitó que la investigación sobre el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone se dirigiera contra uno de los imputados, a quien el mismo juez había defendido como abogado tiempo atrás. El magistrado salteño también estaba acusado, entre otras irregularidades, de no haberse excusado en la causa que investiga la Masacre de Palomitas, pese a que fue defensor de una persona involucrada.Para los consejeros Luis María Cabral, Oscar Aguad, Luis María Bunge Campos, Miguel Ángel Gálvez, Santiago Montaña, Pablo Mosca y Ernesto Sanz, las pruebas no fueron suficientes para enviar al juez a un jury. Y sólo lo retaron.

Fuente: http://www.criticadigital.com/

viernes, 19 de febrero de 2010

TUCUMÁN


Los represores
"TUERTO" ALBORNOZ Y
BUZI

JUICIO MEGACAUSA CENTRO CLANDESTINO EX JEFATURA DE POLICIA


DERRIBÓ LOS ARGUMENTOS DE LOS REPRESORES
Una experta dijo que el Ejército armó un plan secreto que tenía como blanco al pueblo

La especialista en legislación militar, Mirtha Mantaras, echó por tierras los argumentos de los represores y aseguró que el Ejército tenía un plan que no tenía que ver con la defensa nacional sino con atacar a su propio pueblo. “El objetivo no era la guerrilla sino hacer un cambio radical económico y político. Así, el plan del Ejército fue una radiografía del golpe de Estado del ‘76, con el día D y la hora H”, señaló ante la mirada molesta del ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi y sus ex subordinados, sentados en el banquillo de los acusados. También aclaró que el polémico decreto de Isabel de Perón no ordenó aniquilar a los guerrilleros sino dejarlos sin su capacidad operativa. Mantaras, quien cubrió como periodista especializada el histórico juicio a las Juntas Militares (en 1985), fue la primera testigo en declarar ayer en el juicio oral y público.
Como si hubiese dado cátedra a los jueces del Tribunal Oral y a los abogados tanto querellantes como defensores de los represores, la experta en legislación militar Mirtha Mantaras detalló ayer cómo se gestó el Operativo Independencia y de qué manera el Ejército, fuera de sus propios reglamentos, armó un plan secreto para cumplir con un objetivo, que no era -según la especialista- eliminar la guerrilla, sino adueñarse del poder. “El plan del Ejército fue una radiografía del golpe de Estado del ’76, con el día D y la hora H”, lanzó entre sus afirmaciones más categóricas, ante la mirada atónita del ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi y sus ex subordinados, sentados en el banquillo de los acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 22 víctimas en la ex Jefatura de Policía durante los años sangrientos de la última dictadura.
La abogada vino desde Capital Federal fue la primera testigo que declaró ayer frente al Tribunal Oral, propuesta por la querellante Laura Figueroa. En su extensa trayectoria, precisó que cubrió como periodista especializada el histórico juicio a las Juntas Militares (en 1985) y declaró ante el juez español Baltasar Garzón en diversas causas de lesa humanidad. De esta manera, Mantaras aportó conceptos clave y especializados sobre la legislación y organización militar.
Sobre el polémico decreto 261/75, que fue firmado, –según la experta- en un clima de presión creado por los empresarios y la Triple A, por la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, aclaró que no ordenó aniquilar a los guerrilleros sino dejarlos sin su capacidad operativa. “En el Juicio a las Juntas (la llamada Causa 13/84), los jefes militares y ex ministros coincidieron en que no se había mandado a aniquilar en el sentido de eliminar sino en parar la actividad”, subrayó. Así, para la especialista en ese debate histórico quedó claro que no hubo una guerra.
En ese contexto, una vez creados los decretos reglamentarios, sostuvo que las Fuerzas Armadas empezaron a tomar directivas que no pasaban por el Consejo de Seguridad Interno, presidido por Martínez de Perón. “El objetivo no era la guerrilla sino hacer un cambio radical económico y político. Con ver el reglamento militar uno toma noción de cuál era el objetivo”, insistió y luego agregó que por ello el temor más grande de los militares fue la resistencia civil.A esto agregó, que en ese entonces, Isabel de Perón ya había adelantado las elecciones para octubre de 1976, pero en vez de campañas electores, los militares se dedicaban a consumar el golpe de Estado.
La autora del libro “Genocidio en Argentina” (editado en 2005) también reprodujo dichos del general Acdel Vilas, el primer jefe del Operativo Independencia, en el marco de una declaración en una causa abierta en Bahía Blanca y de escritos en su diario (publicados en Internet, según la testigo) que destierran algunas creencias populares de lo que había sucedido en ese entonces. “Vilas nunca fue al monte, ese es un mito inexistente. Vilas se dedicó a hacer Inteligencia, le importaba actuar en la ciudad porque el objetivo era accionar sicológicamente sobre la población”, lanzó.
“En Bahía Blanca, Vilas quiso demostrar que había luchado con los reglamentos pero terminó develando un plan que sólo conocían 50 oficiales y que no tenía que ver con la defensa nacional sino con atacar a su propio pueblo. Y no fue solo un ataque para sembrar el terror sino también de humillación, volteaban al piso al hombre de la casa, manoseaban a las mujeres y se llevaban a las chicas jóvenes”, recordó. Hoy, Vilas tiene problemas de salud mental y vive recluido en una vivienda de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Desde su lugar de testigo, Mantaras dejó en claro que el eje militar era la labor de inteligencia, cargado de un accionar psicológico que tenía como blanco la población. “Para ello se adoptó la doctrina francesa, que tenía la tortura como método y la división del país en diversas zonas de operaciones. Este fue un accionar cívico-militar como si fuera una bicicleta conducida en forma conjunta”, explicó en las casi dos horas que expuso ante el Tribunal Oral Federal.
Bussi salió al cruce de la abogada
Después de escuchar a la experta en derecho militar Mirtha Mantaras, el ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi no ocultó su malestar y quiso retrucarla preguntándole irónicamente si estuvo en Tucumán entre 1975 y 1976, cuando sucedieron los hechos que hoy son juzgados. Ante la insistencia del militar retirado, la abogada respondió que tomaba sus preguntas como una provocación y le pidió al Tribunal Oral que terminase su testimonio.
Antes, los abogados defensores Edgardo Berttini, Roberto Flores, Ezequiel Avila Gallo, Eduardo Brandán y Horacio Guerinau, también quisieron, cada uno por su lado, retrucar a la especialista, pero ninguno pudo lograr su objetivo.

EL MISMO LIBRETO
Menéndez: “Nunca atacamos a la población civil”

El represor Luciano Benjamín Menéndez se animó a decir que no se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y volvió a justificar el accionar militar en el contexto de una guerra contrarrevolucionaria. A través de una teleconferencia, el ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército leyó ayer el escrito que tiene cada vez que es sometido a un juicio por delitos de lesa humanidad. Se adjudicó la responsabilidad de la actuación de sus “dignos subordinados” y desconoció al Tribunal que lo juzga. “Seré pues víctima de esta inseguridad jurídica… pero no seré un títere más de este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”, culminó.
Como lo hace cada vez que le toca hablar en cada juicio de delitos de lesa humanidad, el represor Luciano Benjamín Menéndez se negó a declarar y leyó un escrito en el que sostiene que el juicio que se le sigue por los crímenes cometidos en la ex Jefatura de Policía cuando cumplía el cargo de ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército es “inconstitucional” y que en ese entonces se había desatado una guerra en la que, según el militar retirado, “nunca” se atacó a la población civil.
Condenado ya tres veces a prisión perpetua (una en Tucumán y el resto en Córdoba) por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el último gobierno de facto, Menéndez negó que las fuerzas militares hayan ese tipo de delitos reconocidos por el Derecho Internacional. “Se ha tergiversado el concepto internacional de delito de lesa humanidad, adjudicándonoslos, siendo que nunca atacamos a la población civil”, se animó a decir, acompañado de su abogado Horacio Guerineau.
“Como comandante, soy el único responsable de la actuación de mis tropas. Por eso, a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada, y menos, privarlos de su libertad como ilegalmente se ha hecho con muchos de ellos”, señaló y fuera de libreto, agregó: “algunos de los cuales están aquí, presos”. En el banquillo de los acusados lo escuchaban Antonio Domingo Bussi (ex jefe de la V Brigada de Infantería del Ejército), Alberto Cattáneo (segundo comandante de la V Brigada), Mario Alberto Zimmermann (ex coronel a cargo de la Jefatura de Policía), Roberto “El Tuerto” Albornoz (ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía) y los hermanos Luis y Carlos De Cándido, ex agentes policiales de aquella época.
“Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. La ley vigente cuando la subversión marxista inició el asalto armado a nuestra Patria, era la Nº 14.029-Código de Justicia Militar. Tan vigente estaba, que han tenido que derogarla ahora, por ley del Congreso, para que, en el futuro, cesen sus efectos. Esa ley designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el tribunal que me juzga es incompetente”, dijo Menéndez a través de una teleconferencia que se realizó desde una sala del primer piso del Tribunal Oral Federal, para argumentar su negativa a declarar. Menéndez sigue el debate desde ese lugar debido a recomendaciones médicas tras haber permanecido internado por 11 días en el Hospital Militar de Córdoba por un cuadro de neumopatía aguda.
Por último, después de mencionar algunos artículos de los diarios La Voz del Interior y La Nación en los que se habla de la presión del gobierno kirchnerista para acelerar las causas a los represores, el militar retirado se adjudicó el papel de víctima: “Seré pues víctima de esta inseguridad jurídica con que se burla a la República, se perturba la vida de los ciudadanos, y se abre el camino a la tiranía. Pero no seré un títere más de este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”.

SE LEYERON SUS DECLARACIONES

Para Cattáneo, no existieron los centros clandestinos de detención

El represor Alberto Cattáneo, ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería, se negó a declarar pero se conocieron declaraciones que realizó en 2006 y 2007 ante la Justicia Federal. En esas oportunidades negó todas las acusaciones y desmintió que hayan existido centros clandestinos de detención durante la última dictadura. “Las denuncias de su existencia son falsas, magnificadas, marcando errores producto de la imaginación, rayando la ficción”, dijo en mayo de 2007.

Alberto Cattáneo, ex segunda autoridad militar después de Antonio Domingo Bussi en la provincia durante la última dictadura militar, se abstuvo de declarar ayer ante el Tribunal Oral Federal pero se conocieron detalles de las declaraciones que realizó durante 2006 y 2007 ante la Justicia Federal. En esas oportunidades, negó que hayan existido los centros clandestinos de detención y aseguró que las denuncias sobre su funcionamiento “son falsas, magnificadas, marcando errores producto de la imaginación rayando la ficción”. A esto agregaba: “era ilógico que en un predio militar, sobre todo en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, pudiese un elemento de esas características”.
En todas las indagatorias leídas desde la secretaria del Tribunal, negó las acusaciones en su contra y aseguró, al igual que sus ex jefes militares, que en ese entonces existió una guerra revolucionaria. “No entender esto es cambiar la realidad histórica porque en la provincia de Tucumán la subversión quería segregar su territorio operando en superficie y avanzar en los valles calchaquíes para hacer una tierra socialista hacia una conquista para el resto del país”, dijo en su declaración del 15 de mayo de 2007.
En esos dichos, Cattáneo también desconoció la competencia del Juzgado y aseguró que sólo puede ser juzgado por la Justicia Militar. Además, no aceptó los cargos por delitos de lesa humanidad ni por genocidios al sostener que no existen dentro del Código Militar ni en el derecho penal del país.
Se calificó como un soldado empleado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón para dar cumplimiento del Operativo Independencia, asumiendo como segundo comandante de la V Brigada de Infantería, cargo que cumplió entre el 16 de diciembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.
En sus declaraciones dijo desconocer los casos de desapariciones de Diana Oestherheld, Carlos Araldi y de Marta y Rolando Coronel, (víctimas de este juicio) debido a que en el momento de los hechos ya no ocupaba el cargo de segundo comandante sino que había sido trasladado a Buenos Aires para desempeñarse como general Jefe de Finanzas del Ejército. En todos los casos dijo que las acusaciones en su contra corresponden a un “compendio de falsedades”.
Fuente: http://www.primerafuente.com.ar/

NUEVAS IDENTIFICACIONES




From: maria coutoune

Reconocieron el cuerpo de mi hermana.
Hacía desde el 85 que 15 cuerpos rescatados de San Vicente partido de San Isidro pcia. baires zona norte,fueron desenterrados y despues de que algunos fueron reconocidos por huellas digitales y otros no, por orden del juez padilla los demas no había elementos con que reconocerlos, los dejaron abandanonados y dejados de lado, deteriorandose sobre todo desde 1990 y 1998, sobre todo al decir de comenterio verbal del forense, luego tendré el informe escrito etc.
Los antropólogos insisten en estudiar a los que quedaban y mandan 5000 muestras de adn que cotejan con esos cuerpos y no se si otros.....a los Estados Unidos, asi es que al cotejar con nuestros adn, se encuentran que es mi hermana, muerta el 31 de diciembre de 1976, en un supuesto enfrentamiento.
estaba embarazada de tal manera que matan a los dos.
cuando tenga datos por escrito les doy detalles aunque no se si vale la pena, está todo dicho.
Es una gran conmoción, y tb. una verdad, que deja espacio para seguir peleando.
Cuando me entreguen lo que exista de ese cuerpo avisaré para tal vez una ceremonia de entierro. no lo sé. mañana sabré mas.
por hoy a todos mis amigos y cros. les regalo mi cuerpo porque no se bien lo que siento.
Una BROONCA!!!!!, BASTA DE COBARDES QUE SE ESCONDEN DE LAS VERDADES.Y PEOR AÚN LO QUE ESCONDEN VERDADES PARA DISCIPLINAR AL PUEBLO.
LA OTRA: HICE TODO LO QUE ESTUVO A MI ALCANCE , TODO DE TODO, Y EL RESULTADO FUE BUENO. ESO ME DA COMO CIERTA PAZ.

a seguir peleando. maría silvia
RECUPERACION DE LOS RESTOS DE JUAN CARLOS AGUIRRE.

LOS INTEGRANTES DE MEDEHS (MEMORIA DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD) INFORMAMOS A LA COMUNIDAD QUE EL SABADO 20 DE FEBRERO A LAS 18 HS SERAN INHUMADOS, EN EL CEMENTERIO LOMAS DE PAZ DE GOYA, LOS RESTOS DE NUESTRO COMPAÑERO JUAN CARLOS AGUIRRE ,ASESINADO POR FUERZAS REPRESIVAS DE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EL 12 DE JULIO DE 1976, EN TUCUMAN, E IDENTIFICADO POR EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGIA FORENSE.(EAAF).

JUAN CARLOS ESTUVO DESAPARECIDO DURANTE 33 AÑOS PERO NUNCA SU FAMILIA NI SUS COMPAÑEROS DEJARON DE BUSCARLO Y DE RECLAMAR JUSTICIA ,LA APARICION DE SUS RESTOS NOS DEMUESTRA
QUE LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA .

HOY RENDIMOS NUESTRO HOMENAJE A ESTE ENTRAÑABLE COMPAÑERO ,COMPROMETIDO CON LA CAUSA POPULAR ,CON EL PROCESO REVOLUCIONARIO DE LOS SETENTA ,CON EL PERONISMO ,CON EVITA ,CON EL MOVIMIENTO CRISTIANO DEL TERCER MUNDO ,CON LA LIBERACION DE SU PAIS Y CON SU PAGO CHICO , AL QUE AÑORABA ENTRAÑABLEMENTE A TAL PUNTO QUE , CUANDO TUVO QUE PASAR POR LA EXPERIENCIA DE LA CARCEL, LOS COMPAÑEROS LO APODABAN “YACARE “.

EL RETORNO DE JUAN CARLOS NOS IMPULSA CON MAS FUERZA A CONTINUAR LA BUSQUEDA DE LOS GOYANOS AUN DESAPARECIDOS ,MUJERES Y VARONES QUE ENNOBLECEN CON SU EJEMPLO LA HISTORIA DE LA CIUDAD QUE LOS VIO NACER Y CRECER ,LA QUERIDA GOYA .


COMISION DIRECTIVA ME.DE.H.S. GOYA


Primer aniversario con Justicia
Carta enviada por su hermana Charito
Ya lo enunciaba hace unos años, al cumplirse el 16 de febrero del año 2001 los 25 años del secuestro de cuatro jóvenes en la esquina de Moreno y Salta de nuestra ciudad, que la noticia de ese ominoso hecho, jamás apareció en los diarios ni en ningún medio público. Era la característica de la época, la oscuridad de los procedimientos, el silencio, el no dar la cara por los actos horrorosos que se cometían desde el gobierno y sus estamentos represivos. Tenían el objetivo del ocultamiento, así cumplían el propósito de actuar con total impunidad en la tortura y desaparición de personas, por el tiempo que ellos decidieran, sin ningún impedimento moral ni legal. Mientras tanto las familias peregrinaban por las distintas reparticiones militares, policiales, judiciales, buscando a sus seres queridos con resultado negativo. Y así siguieron los días, meses, años, indefinidamente… hasta que el 23 de noviembre de 2009, un Tribunal Oral ejemplar, compuesto por los Dres. Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni emitió un fallo ejemplar condenando por fin al único responsable que hasta hoy se pudo probar dado el tiempo transcurrido y las circunstancias: el ex Comisario Diego Manuel Ulibarrie.Ya nos hemos expresado sobre la satisfacción de familiares, compañeros y amigos por ese magno resultado y el agradecimiento a nuestros abogados, instituciones y personas que colaboraron en ello. Al recordarse el 34º aniversario de aquel día en que nos arrebataron a nuestros seres queridos renovamos esos sentimientos y deseamos hacer recordar a toda la ciudadanía que las calles que los nombran , junto a otros detenidos-desaparecidos, se encuentran en el Barrio “José María Ponce”, un barrio humilde y trabajador de Corrientes. Allí estamos desde el año 2006 y seguimos con nuestra Biblioteca “Manduá” porque creemos que la educación y la cultura es la mejor herencia que ellos pueden dejar en niños y jóvenes a los que nadie podrá engañar sobre sus deberes y derechos. La generosa familia Blanco-Sotelo nos presta su comedor para que allí funcione. Agregamos algo muy auspicioso que ha ocurrido en estos años: la Asociación Civil “Integración Solidaria” conducida por Víctor Ocampo, Leticia Gauna, Graciela Ocampo y otros, están colaborando con nosotros desde 2007 con un intenso trabajo de periodismo comunitario, creando la Revista barrial “La verdad del barrio”, una genuina expresión de éste y otros barrios con sus problemas y logros cotidianos. Ellos han sabido despertar en esos niños y jóvenes la inquietud social, ambiental y desde lo periodístico lo comunican cada vez mejor gracias al trabajo tesonero de esos compañeros militantes de la justicia y los Derechos Humanos. Manduá ya no está sola, ahora somos muchos más los que nos ocupamos de una memoria activa, en movimiento hacia la justicia y la cultura popular. Hay una revista, hay un noticiero barrial, hay proyectos espléndidos de promoción de los jóvenes junto a su escuela, Centro de Salud y la Biblioteca. Esta es una noticia feliz que grandes dolores han hecho nacer porque las vidas de Vicente Víctor “Cacho” Ayala, Julio César Barozzi, Diego Orlando Romero y Jorge Saravia Acuña con su ejemplo de entrega y compromiso nos estimulan siempre, como tantos otros compañeros muertos y desaparecidos. Ahora estamos esperanzados en la construcción de un Centro Integrador Comunitario, lo cual nos fue informado por autoridades de la Municipalidad de Corrientes. Éste se construiría en el terreno que nos fue otorgado por esa Institución en diciembre del 2008. Esta noticia nos llenó de alegría, así los logros se van sumando. De nuevo, gracias Víctor Ocampo, además autor del primer documental sobre los desaparecidos correntinos.Por ahora está todo dicho, con el recuerdo imborrable de aquella trágica jornada y la presencia permanente de todos nuestros compañeros en este querido barrio con la alegría de las voces juveniles y la esperanza de grandes concreciones.-
16/02/1976-------------16/02/ 2010
Cacho Ayala
Cacho Barozzi
Diego Romero
Jorge Saravia Acuña
¡¡¡¡¡P R E S E N T E S ¡!!!!! Ahora y siempre…MARÍA DEL ROSARIO AYALA(Hermana de Vicente “Cacho” Ayala)

lunes, 15 de febrero de 2010

LOS JUICIOS LOS HACEMOS ENTRE TODOS

Los Juicios los hacemos entre todos y todas. Les enviamos las fechas de las próximas audiencias, para concurrir y difundir:

Juicios a los genocidas: los juzga un Tribunal, los condenamos todos
Acreditaciones: mayores de 18 años con DNI o cédula, media hora antes de las audiencias

Audiencias:

-ABO (Club Atlético, Banco, Olimpo).

Continúan las AUDIENCIAS TESTIMONIALES: 15,16,22,23,24/2- 9:00 hs. Comodoro Py 2002, Retiro. Acreditación: 6º piso, TOF Nº 2.

http://www.juicioprimercuerpodeejercito.blogspot.com/

-ESMA. Continúa la lectura de los delitos imputados: 17, 18 y 19/2- 10:00 hs. Comodoro Py 2002, Retiro. Acreditación: 6º piso. TOF Nº 5.

http://www.cels.org.ar/esma/

-Campo de Mayo. Continúan los ALEGATOS: 18, 23, 24, 25/2. Hipólito Irigoyen 4595, Florida.

http://www.juiciocampodemayo.blogspot.com/

-Rosario: Causa Guerrieri–Amelong. Comienzan los ALEGATOS: lunes 15/2. Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario.

http://www.hijosr.blogspot.com/

Transmisión online en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/video?cat=video_juicio_vivo


-Salta: Juicio por el secuestro y desaparición forzada de Aldo Melitón Bustos.22 de Febrero y 8 de Marzo(8hs) Juzgado Federal de Salta. http://www.hijossalta.blogspot.com/

-Tucumán: comienza el 16/2, 9:00 hs. Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Crisóstomo Álvarez y Ayacucho.

http://www.hijos-tucuman.blogspot.com/


Transmisión por Radio Nacional http://www.radionacional.com.ar/

REPRESOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA



Detienen a un profesor de la Universidad Católica por delitos de lesa humanidad
Argentina - Salta
Martín Rodríguez, ex director y actual profesor en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), fue detenido el viernes acusado de delitos de lesa humanidad. Quedó alojado en el penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Relación de la UCASAL con militares imputados en diversas causas.No es la primera vez que la Universidad Católica de Salta (UCASAL) pasa por una circunstancia similar. El actual vicerrector administrativo de esa casa de estudios, Manuel Cornejo Torino, se encuentra acusado en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia, durante la gestión del ex presidente Carlos Saúl Menem.
Otros militares, actúan o actuaron como profesores en la UCASAL lo que despertó suspicacias de sectores estudiantiles y sospechas de organizaciones de derechos humanos ante la posibilidad de que varios de esos militares pudieran estar involucrados en causas relacionadas con delitos de les humanidad.
Ahora, esas sospechas se vieron confirmadas con la detención del ex director y actual profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de esa universidad, Martín Rodríguez, acusado de delitos de lesa humanidad, según informó el diario Página/12, en su edición de este sábado.
El matutino aseguró que Rodríguez se presentó en el juzgado de San Martín, en provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Manuel Yalj quién, tras tomarle declaración, ordenó la detención del profesor universitario.
Según el mismo diario, "hace treinta años, como capitán del Ejército, Martín Rodríguez interrogaba a secuestrados en Campo de Mayo. Tras el retiro se recibió de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Kennedy y se radicó en Salta. Fue entrenador de rugby del Jockey Club y dirigió la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica, que encabeza el arzobispo Mario Antonio Cargnello. Una investigación de Pablo Llonto, abogado de los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, permitió identificarlo".
Un ex sargento relató que el "nombre de guerra era Toro y pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos" y agregó que "terminó procesado por un asunto de robos de autos. Entre sesión y sesión de tortura les hacía firmar a los prisioneros un formulario de transferencia para quedarse con los vehículos".
El diario Página/12 detalló que "la segunda pieza la aportó Juan José Fernández, secuestrado junto a Muniz Barreto en febrero de 1977. Ambos pasaron por las manos de Luis Patti y luego fueron trasladados a El Campito. El 6 de marzo, adormecidos, fueron arrojados al fondo de un arroyo en el interior de un Fiat 128. Fernández sobrevivió y, antes de exiliarse, declaró ante un escribano. Dejó constancia de un diálogo telefónico que escuchó en cautiverio:
-Habla el capitán Rodríguez, comuníqueme con el coronel Sambrano -grabó en su mente.
Luego el capitán transmitió información arrancada bajo torturas. Con esos datos, Llonto preguntó al Ejército cuántos capitanes Rodríguez había en Campo de Mayo en 1977. Respuesta: uno. Citado a declarar, Ibáñez no dudó al ver la foto del represor. ‘Era el más salvaje', agregó".
Rodríguez fue alojado en el penal bonaerense de Marcos Paz, tras prestar declaración cerca de las 11 del viernes. Unas dos horas después, salió esposado rumbo al penal. Cuando lo subieron al patrullero, el profesor de la UCASAL exhibió sus muñecas esposadas a los fotógrafos.
Martín Rodríguez tiene 63 años. Nació en Posadas, Misiones y cuando se produjo el golpe militar, ostentaba el grado de teniente primero y a fines del mismo año, ascendió a capitán. Página/12 detalló que "en 1976 y 1977 alternó destinos entre la Escuela de Servicios General Lemos y el Comando de Institutos Militares. Sus calificaciones a fines de 1977 demuestran que tenía un óptimo concepto por parte de sus superiores. ‘Un brillante oficial que prestigia al instituto', escribió el coronel Eugenio Guañabens Perelló, que ahora afronta su primer juicio por crímenes de lesa humanidad".
El decano de la Facultad de Derecho de la UCASAL, Armando Isasmendi, le comentó a Página/12 que ignoraba que Rodríguez tenía una citación judicial. Sin embargo, Agensur.info pudo saber que el ex militar había comentado en la universidad (seguramente a los más cercanos a él) que tenía una citación judicial por delitos de lesa humanidad. Incluso, Rodríguez habría dicho, en esas oportunidades, que se iba a presentar a declarar "porque yo no tengo nada que ver con ninguna causa" relacionada con violaciones a los derechos humanos.
Lo que sí llamó la atención, es la certidumbre del hombre cuando expresó que "seguramente me van a detener hasta que hagan todas las investigaciones; si eso sucede, voy a pedir licencia sin goce de sueldo". Por eso, al menos resulta extraño que el decano Isasmendi no haya sabido que Rodríguez tenía una citación judicial, si éste ya estaba adelantando un posible pedido de licencia y sus comentarios, si no los hizo directamente al decano, varios ya lo habían dejado trascender en el ámbito universitario, al punto tal de que hasta algunos estudiantes conocían la situación.
Informe: Agensur.infoImagen: Martín Rodríguez, profesor de la Universidad Católica de Salta, exhibe sus esposas, al ser detenido acusado de violaciones a los derechos humanos. (Foto: Rolando Andrade-Página/12)

miércoles, 10 de febrero de 2010

INSPECCION OCULAR EN TARTAGAL

Inspeccionaron el lugar del secuestro de Aldo Melitón Bustos.
Foto: El Juez Villada (centro) , los abogados de la defensa Petrina y Tobio ( a la izquierda) y el abogado de la querella Leiva (derecha). Fuente: Miguel Vargas

El primer juicio que se lleva a cabo en la provincia de Salta para juzgar crímenes cometidos durante la última dictadura militar continuó hoy, 9 de febrero, en la norteña ciudad de Tartagal, adonde se trasladaron las partes para participar de una inspección ocular en el lugar de secuestro del escribano Aldo Melitón Bustos y en el Regimiento de Infantería de Monte 28.
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En opinión de la querella, que impulsan los abogados David Leiva y Tania Kiriaco en representación de Raúl Federico Bustos, hijo del escribano desaparecido el 2 de febrero de 1978, la inspección fue útil para ratificar los dichos del testigo Juan Domingo “Cacho” Javier.
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Javier sorprendió a los participantes del debate al afirmar que había sido testigo del secuestro y ofrecerse a declarar ante el Tribunal. Su testimonio se escuchó el pasado 3 de este mes. Sostuvo que la madrugada del 2 de febrero de 1978 estaba cruzando la calle San Martín por la esquina de la calle Rivadavia, a unos treinta o cuarenta metros de donde vivía Bustos, sobre la San Martín, y vió que el escribano era llevado casi en andas y en calzoncillos, también cruzando la calle hacia un automóvil, por el ahora coronel retirado Carlos Alberto Arias, que está siendo juzgado en este proceso, y por otro hombre al que no pudo identificar.
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Javier dijo que un foco alumbraba a los secuestradores y por eso pudo verlos y reconocer al entonces teniente Arias, al que conocía porque solía ir a la confitería bailable Maracatú, donde Javier trabajaba de mozo y de donde, precisamente, salía esa madrugada.
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El relato de Javier ratifica los dichos del principal testigo del proceso, el propio hijo del escribano desaparecido, que desde 1978 viene sosteniendo que Arias y otro hombre al que no reconoció se llevaron a su padre del inmueble que servía como vivienda familiar y escribanía a la vez. Bustos hijo, que en 1978 era un adolescente, asegura que su padre fue cargado en un automóvil Dodge 1500 que había sido estacionado frente a su casa y donde esperaba un tercer hombre que oficiaba de chofer. Un automóvil similar era de propiedad del Regimiento de Monte 28 de Tartagal.
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El escribano Bustos había recibido amenazas de muerte de miembros del Ejército.
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Los participantes de la inspección, el juez de cámara Jorge Luis Villada (único miembro del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta que viajó hasta Tartagal), el fiscal Eduardo Villalba, la secretaria de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal Nº 2, Paula Gallo; los abogados defensores Pablo Tobío, Federico Petrina y Edgardo Sola; los letrados de la querella y los propios acusados, el también coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo y Arias, pudieron apreciar que alguien que estuviera en el lugar que dice haber estado Javier pudo haber visto claramente cuando Bustos era retirado de su casa.
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El escribano alquilaba la casa de la calle San Martín, actualmente la vivienda sigue alquilada pero sus ocupantes prefirieron dejarla sola durante la inspección que, de todos modos, se hizo fuera de la morada, donde peritos judiciales realizaron mediciones.
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Cuando la inspección se trasladó al Regimiento de Monte 28 los acusados comenzaron a hablar informando sobre la ubicación de las distintas dependencias en la época histórica en que se ubica la investigación. La verborragia de los coroneles retirados, que hasta ahora se han negado a declarar en del debate, fue interrumpida por la querella, que advirtió que no correspondía que la inspección se basara en los datos aportados por los propios acusados.
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El juez Villada acogió la oposición de la querella y el resto del recorrido por el Regimiento se hizo ya sin el aporte de Arias y Zírpolo. La inspección tuvo un fruto impensado: dentro del Regimiento se conserva una placa colocada en 1977 que da cuenta de la plana mayor de la época, todo un dato si se tiene en cuenta que la casi totalidad de los militares convocados como testigos exhibieron memorias más que débiles a la hora de recordar la época en que ocurrió el secuestro.
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Asesinos
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Aunque de la inspección solo participaron el juez, las partes y los acusados, el operativo tuvo el acompañamiento de un grupo de militantes de la organización de derechos humanos Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de la localidad de Orán. También participaron familiares de víctimas de la represión estatal de la ciudad de Salta y de Tartagal y ex presos políticos de esta última ciudad.
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Cuando la inspección llegó al Regimiento los militantes de derechos humanos avanzaron con banderas y pancartas e hicieron pintadas en las calles con las leyendas “El ‘Papón’ Arias y el ‘Ronco’ Zírpolo son asesinos”.
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Por otra parte, el fiscal Villalba escuchó el relato espontáneo de la ex presa política Eva Garnica, que confesó sentirse “un poco culpable” del secuestro de Bustos porque, recordó, junto a otros militantes peronistas, utilizaron los servicios del escribano para dejar constancia de una toma de la municipalidad de Tartagal, lo que habría generado el enojo de miembros del Ejército. Se indicó que es posible que Garnica sea convocada a prestar testimonio en el debate.
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Está previsto que la próxima audiencia se lleve a cabo el 22 de este mes.
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Fuente: Lucho Soria

lunes, 8 de febrero de 2010

Mañana 9 de Febrero se realizarán inspecciones oculares

los imputados (Zírpoloy Arias)

Inspeccionarán la casa donde secuestraron a Melitón Bustos
El Tribunal Oral se trasladará a Tartagal
Mañana martes a las 11, los jueces, el fiscal, la defensa, la querella y los imputados se constituirán en la morada del escribano.

JORGE LUIS VILLADA.

El Tribunal, en pleno con los acusados incluidos, se constituirá en ese lugar donde, hace 32 años, dos hombres de civil, a punta de pistola, se llevaron por la fuerza a Bustos, en presencia de su hijo de 16 años. El testigo reconoció a Arias como uno de los secuestradores y, hasta el momento, aparece como el más comprometido con este hecho ocurrido en plena dictadura militar. Su situación se complicó más aún el miércoles pasado, con el testimonio del ex piquetero Juan Domingo Javier, quien declaró que vió cuando al escribano lo sacaron de su domicilio, aquella madrugada del 2 de febrero de 1978. Javier aseguró que entre los raptores alcanzó a reconocer la figura del entonces teniente Arias.

Habrá dos paréntesis
De acuerdo con la resolución del Tribunal Oral Federal, luego de la inspección ocular en Tartagal, el juicio a los dos militares se reanudará el 22 del corriente; pero habrá otro paréntesis hasta el 8 de marzo. La medida fue dispuesta debido a que el juez Jorge Luis Villada se ausentará de la jurisdicción. Es que fue designado para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el proceso que se sigue contra el juez federal Faggionato Marquez. También, los imputados y sus defensores fueron notificados para que informen la asistencia en la inspección. Es a los efectos de disponer las medidas de seguridad necesaria, para el traslado a la cuidad norteña.
Fernando Petrina y Pablo Tobío, los defensores de los coroneles Arias y Zírpolo, manifestaron que los imputados expresaron su firme voluntad de asistir a la medida judicial de mañana martes.
El juicio a los coroneles retirados, Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gastón Zírpolo va llegando a su fin.
Fuente: El Tribuno

Medina afectó la credibilidad de la Justicia

Medina afectó la credibilidad de la Justicia, afirman en el Consejo de la Magistratura
Según el dictamen mayoritario de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que aconsejó abrir el procedimiento de remoción del juez federal Nº2 de Salta, Miguel Medina, el magistrado debió haberse excusado de actuar en las causas Ragone y Palomitas por haber defendido con anterioridad a uno de los imputados -Andrés Soraire- y en las causas en que actuó su socio y amigo, el abogado Raimundo Sosa.
Juez federal Miguel Medina

Un extenso y duro escrito firmado por el consejero Mariano Candioti -juez de Cámara de Casación- y respaldado por otros cuatros consejeros, será puesto a consideración del plenario del Consejo.


Allí el magistrado llegó a la conclusión que debido a que no quiso apartarse de las causas, resulta impensado que los salteños que conocen la relación de Medina con Soraire y con Sosa, "crean que en las investigaciones judiciales llevadas adelante por el magistrado hayan tenido como objetivo la dilucidación de los terribles actos que enlutaron a nuestro país y cuya recomposición durará años, seguramente más de los debido por la actuación del doctor Medina".

Abogado de SoraireEn más de veinte páginas, el magistrado considera probado que Medina trabajó como abogado para el policía Andrés Soraire en 1988, y no solamente de manera "formal", como intentó argumentar el magistrado salteño en su defensa.Soraire es un ex policía que trabajaba en la Guardia del Monte que quedó imputado en el homicidio, en 1977 de José Lino Salvatierra y Oscar Rodríguez, dos jóvenes que conducían un camión con carbón hacia Salta y cuyos cuerpos fueron arrojados en un paraje cercano a Metán, con un cartel que decía "por cuatreros".
Con otros policías integraban entonces la llamada "Guardia del Monte" de la Policía provincial que aunque supuestamente creada para combatir el cuatrerismo, se dedicó a la persecución ideológica. Logró permanecer prófugo durante veinte años en Tucumán.Durante su defensa que ejerció en diciembre pasado, Medina había argumentado que entre el escrito su designación como abogado de Soraire y el de su renuncia -por diferencia de criterios con su colega Víctor Martínez- sólo hubo veinte días en los que no tuvo ninguna actuación profesional.

Lider del grupoSin embargo, Candioti sostuvo que el propio Medina admitió que tuvo una entrevista con Soraire -"porque era el que lideraba el grupo", con lo cual, según el integrante del Consejo, "ya está demostrando conocimiento sobre el accionar y jerarquía del grupo involucrado en distintas causas relacionadas con delitos de lesa humanidad".Pese a esos antecedentes, Medina actuó entre 2004 y 2007 y durante dos años y medio, en la causa Ragone, en la que estaban imputados, además de Soraire, Santos Acosta y Miguel Angel Corvalán, también miembros de la Guardia del Monte que había patrocinado.
Sin embargo, en 1999, según Candiotti, ya había empezado a "violar su deber de excusación", cuando comenzó a desempeñarse en la causa Palomitas, que instruyó hasta 2005. Medina intentó convencer que en esa causa Soraire no estaba como imputado, pero Candioti consideró probado que el ex policía estaba sospechado, y que eso bastaba, según la jurisprudencia, para considerarlo imputado y para que Medina se excuse.

Tono negativoUn efecto negativo tuvo en los consejeros el tono que utilizó el juez salteño en su defensa, cuando calificó como una "excursión de pesca" las auditorías que se realizaron en su juzgado luego de las primeras denuncias en su contra."Tales consideraciones llevan a esta instrucción a sostener que el doctor Medina tiene un desacertado concepto de lo que es la cosa pública en un Estado y en una Sociedad que se definen como modernos, republicanos y democráticos", dice el dictamen.
Tampoco ayudaron a Medina otros antecedentes que puso de manifiesto Candioti en su propuesta: entre ellos, el de haber sido designado en la década del 70 como funcionario judicial por el gobierno de facto de Roberto Augusto Ulloa. Y el de que su antecedente como defensor de Soraire fue desconocida por la Comisión de Acuerdos y Asesora de la Magistratura al momento de tratar su designación como magistrado federal.

Fuente: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/