martes, 16 de diciembre de 2014

AL BANQUILLO


AL BANQUILLO
Detuvieron en La Pampa a un ex militar tucumano acusado de delitos de lesa humanidad
Roberto Naranjo Medrado actuó en el Operativo Independencia. Fue arrestado por la Policía Aeroportuaria.


FOTO TOMADA DE DIARIOTEXTUAL.COM.AR


SANTA ROSA, La Pampa.- La Justicia federal detuvo ayer en Santa Rosa, en La Pampa, a Roberto Naranjo Medrado, un ex militar acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante el llamado "Operativo Independencia" desplegado por las fuerzas armadas en 1975 en la provincia de Tucumán. El procedimiento se desarrolló a las 12, en la calle Antártida Argentina al 600, al noroeste de la capital pampeana.

Al detenido se lo investiga por su posible participación contra la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Tucumán en el llamado "Operativo Independencia". Naranjo Medrado llevaba tiempo en el lugar y su esposa se desempeña como docente de un conocido colegio secundario privado de la ciudad.

Vecinos relataron a la prensa pampeana que el detenido alquilaba la casa en la zona norte y aseguraba ser propietario de un negocio que se dedicaba a la fotografía en pleno centro santarroseño. La detención fue realizada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria radicada en la provincia de Córdoba.

El despliegue de la fuerza en La Pampa se hizo de manera conjunta con otros allanamientos en varios puntos del país en busca de personas acusadas de haber cometido delitos de lesa humanidad.

A través del "Operativo Independencia" -autorizado por el gobierno de la presidenta peronista María Estela Martínez de Perón mediante el decreto Nº262/7556-, el Ejército y la Fuerza Aérea fueron habilitados legalmente para aniquilar a la compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), que operaba en el norte de Tucumán.

En 2013 la Justicia federal autorizó la búsqueda de uniformados que participaron del "Operativo Independencia" por considerar que se trató de un "plan criminal estructurado en una cadena de mandos" y que bajo el argumento de combatir a la subversión "violó el orden constitucional, implantó el terrorismo de Estado, y produjo la supresión sistemática de los derechos y garantías individuales", indicó la Cámara Federal de Apelaciones en su fallo, consignó DyN

http://www.lagaceta.com.ar/nota/620334/politica/detuvieron-pampa-ex-militar-tucumano-acusado-delitos-lesa-humanidad.html

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Causas de Lesa Humanidad.Chaco

Este martes 16 de diciembre , Exhumaran los restos de un Estudiante asesinado en las calles de Resistencia durante la Dictadura.
El Homicidio se produjo días antes de la Masacre de Margarita Belén y se intento encubrir como un Accidente.
Ademas deben exhumarse los cuerpos de 2 dirigentes de ligas agrarias asesinados tambièn en la vía pública en supuestos enfrentamientos ; son los casos de Raúl Gomes Estigarribia en Corzuela en 1977 y Carlos Picolli en Sáenz Peña en 1979 .

La Investigación por la muerte del estudiante universitario Pablo Alberto Martinelli ocurrida en el centro de Resistencia en noviembre de 1976 , fue iniciada meses atras de Oficio por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de la ciudad de Resistencia Chaco
La Investigación tuvo su origen en un Memorándum encontrado en un Expediente tramitado por el Juzgado Federal del Chaco en los años 70 , en el cual el Jefe de la Dirección de Investigaciones Inspector General Carlos Thomas le informa al Área de Inteligencia 233 del Ejercito , que en la fecha 7 de noviembre de 1976 , en oportunidad de llevarse a cabo un procedimiento de fuerzas conjuntas del ejército y la policía local para proceder a detener a una persona sospechosa en el centro de la ciudad de Resistencia , esta intenta darse a la fuga y es abatida a las 2 cuadras.


El citado informe policial refiere que las fuerzas de seguridad, habrían llegado al lugar informadas de que iba a producirse una cita entre militantes políticos en horas del mediodía y culmina precisando que identificaron de la persona asesinada como Pablo Martinelli.

El cuerpo de Pablo Martinelli fue entregado días después a su familia en la ciudad de paso de los Libres, con documentación firmada por el Médico policial Grillo que acreditaría que el fallecimiento se habría producido en un accidente en la ciudad de Resistencia, lo que se contradice abiertamente con el Informe Policial.
En la causa testimoniaron familiares , allegados y empleados de una empresa funeraria de Paso de los Libres y ademas se solicitaron diversas documentales a instituciones publicas.

La causa actualmente esta radicada en el Juzgado Federal de Resistencia y su titular el Dr Skideslky respondiendo a una solicitud de la Fiscalia , ordeno la exhumacion del cuerpo de Pablo Martinelli los que estan depositados a una tumba familiar en la ciudad de Paso de los Libres Corrientes. 

La diligencia se concretarà este martes 16 de diciembre y estará cargo del Juzgado Federal de la ciudad de Paso de los Libres y los trabajos y estudios seran llevados a cabo por el Equipo de Antropología Forense.
Se repite la sistematica de la Masacre de Margarita Belen. Supuestos Enfrentamientos. 

En lo que respecta a la denominada Causa Ligas Agrarias , la Unidad de DD HH de la Fiscalia Federal ha solicitado la exhumacion de cuerpos de 2 dirigentes de las Ligas Agrarias del Chaco .


En ambos casos fueron asesinados en supuestos enfrentamientos y la Fiscalia sostiene que existen fuertes indicios para pensar que fueron fraguados y que pudieron ser literalmente ejecutados , repitiendo la sistematica de la Masacre de Margarita Belen.

Son los casos que son los casos de Raul Gomez Estigarribia asesinado por fuerzas conjuntas a cargo del Oficial Betolli en la localidad de Corzuela en febrero de 1977 y quien se encuentra actualmente enterrado en el Cementerio de corrientes capital y el caso de Carlos Sevando Picoli asesinado por agentes de la policia del Chaco en la zona rural de Saenz Peña en 1979 y dopositado en la actualidad en el Cementerio de esa localidad.

En el caso de Gomes Estigarribia el medico policial Grillo aparece firmando una autopsia donde determina como la causa de muerte un homicidio provocado por heridas de arma de fuego y días despues un certificado de defuncion otorgado a la familia donde certifica que el deceso se produjo por accidente de transito.

Lesa humanidad, el séptimo juicio sigue hoy


Lesa humanidad, el
séptimo juicio sigue hoy

Por Elena Corvalan
Esta tarde (martes 16/12), a partir de las 15,30, continuará el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito provincial entre abril de 1975 y septiembre de 1976, en perjuicio de 18 personas, nueve de las cuales fueron asesinadas o desaparecidas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta ya informó que, además de la formalidad de declarar abierto el debate en relación a la causa Ragone II, se comenzarán a escuchar los testimonios sobre el asesinato del policía Carlos César “Topogigio” Martínez.
Ocho testigos están convocados para hoy, entre ellos la hermana y la viuda de la víctima.
Martínez fue secuestrado el 18 de marzo de 1976 a las 4 de la madrugada, cuando se encontraba descansando en su casa del barrio Vélez Sárfield de esta ciudad. Un grupo de de tres hombres, de civil, robustos y con pelucas que les cubrían las caras, armados, y que decían ser policías federales lo sacaron de su hogar y se lo llevaron en una camioneta verde claro. Al día siguiente partes de su cuerpo, sometido a una explosión, fueron encontrados por el policía Juan Carlos Vilte a unos 20 metros del camino Abra del Gallinato, en el departamento La Caldera.
Por este hecho están siendo juzgados el ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, y el ex jefe de la Policía, Miguel Raúl Gentil, ambos ya convictos por otros delitos de otros delitos de lesa humanidad. A ambos se les atribuye autoría mediata en la privación ilegal de la libertad y homicidio, ambos delitos agravados.
La historia de Martínez está vinculada a la de otras dos víctimas del terrorismo estatal: Eduardo Fronda, secuestrado por un grupo de tareas y cuyo cuerpo apareció el 8 de enero de 1975 y el del periodista Luciano Jaime, secuestrado el 12 de febrero de ese mismo año y cuyo asesinato (también con explosivos) se cometió entre esa fecha y el 14 de febrero. Jaime trabajaba en el diario El Intransigente y, además de su militancia en el peronismo revolucionario, investigó el homicidio de Fronda, otro militante del peronismo revolucionario; por lo que se sabe, uno de sus informantes habría sido Martínez, que también militaba en el peronismo.
Para este juicio se han reunido diez expedientes. En nueve de ellos están acusados Guil, Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, el sucesor del anterior en la jefatura de Policía y que también cuenta ya condenas. En el último expediente incorporado, referido a la segunda parte de la investigación por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, están acusados los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro. En esta causa se investiga también el asesinato del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, testigos involuntarios del secuestro de Ragone.
La audiencia seguirá mañana (miércoles 17/12) y luego habrá un cuarto intermedio hasta febrero de 2015.


El fiscal de San Nicolás pide información al Vaticano en la investigación por la muerte de Ponce de Leon +Contra las maniobras a favor de Massot


El obispo falleció en 1977 en un incidente de tránsito cuando se dirigía a Buenos Aires
El fiscal de San Nicolás pide información al Vaticano en la investigación de la muerte de Ponce de León


Se trata de la primera solicitud de cooperación diplomática luego de las reformas legislativas en la Santa Sede impulsadas por el Papa Francisco. El fiscal aspira a conseguir documentos que abonen las sospechas sobre un atentado de la dictadura contra el obispo que denunciaba violaciones a los derechos humanos.

https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/el-fiscal-de-san-nicolas-piden-informacion-al-vaticano-en-la-investigacion-de-la-muerte-de-ponce-de-leon/
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EL PAIS › LA RECUSACION DE LOS FISCALES Y LA PROTESTA DE LOS ORGANISMOS EN BAHIA BLANCA
Contra las maniobras a favor de Massot

Después de que la defensa del director de La Nueva Provincia lograra apartar al juez Coleffi, los fiscales recusaron por falta de imparcialidad al juez subrogante Santiago Martínez y a su secretario Mario Fernández Moreno.
Por Diego Martínez
Las maniobras de funcionarios judiciales de Bahía Blanca a favor de la impunidad de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, están en la mira del Consejo de la Magistratura. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia recusaron por falta de imparcialidad en las causas de lesa humanidad al juez subrogante Santiago Martínez y a su secretario Mario Fernández Moreno, caras visibles del ardid que le permitió al defensor del empresario apartar al juez Alvaro Coleffi cuando debía pronunciarse sobre la situación de Massot y de Hugo Sierra, íntimo amigo de Martínez. También los recusaron la APDH e Hijos, entre otros organismos, que anoche marcharon para denunciar la negativa de la corporación judicial a investigar a los civiles partícipes del terrorismo de Estado. Familiares de Enrique Heinrich, dirigente gremial asesinado en 1976 tras enfrentar al multimedio, se presentarán hoy ante el Consejo para reclamar la designación de un juez ad hoc de otra jurisdicción.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-262064-2014-12-16.html


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Está a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Gonella: el procesamiento es “endeble, arbitrario y vergonzoso”

El titular de la PROCELAC anticipó a Infojus Noticias que el jueves apelará el procesamiento que dispuso hoy Marcelo Martínez de Giorgi. El juez federal acusa a Gonella y a un colaborador del fiscal de perjudicar deliberadamente la investigación por lavado de dinero en la causa contra el empresario Lázaro Báez.
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/gonella-el-procesamiento-es-endeble-arbitrario-y-vergonzoso-6801.html


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 LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL ELIGIO A SUS NUEVAS AUTORIDADES
Una mayoría cada vez más reducida

Por un ajustado margen de 6 votos a 4, los integrantes de Casación eligieron como presidenta del tribunal a Ana María Figueroa. Además, ratificaron la continuidad como subrogante de Luis Cabral.
Los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, con una mayoría cada vez más reducida, eligieron como presidenta del tribunal para el año 2015 a la jueza Ana María Figueroa. Tras una extensa deliberación, definieron además la continuidad como subrogante de Luis Cabral, designado en 2011 sin sorteo, y volvieron a rechazar la posibilidad de que las cuatro vacantes en Casación fueran cubiertas con los jueces que formarán la Cámara de Casación Penal ordinaria; es decir que las subrogancias seguirán estando a cargo de integrantes de la actual Casación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-262043-2014-12-16.html

Pie de pagina: Ana María Figueroa preside la Comisión... de Derechos Humanos de la ....Asociación de Magistrados que preside Luis Cabral.



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Memoria, Verdad y Justicia ¿ Donde están los cuatro detenidos-desaparecidos en la Tablada?


Memoria, Verdad y Justicia


¿ Donde están los cuatro detenidos-desaparecidos en la Tablada?

Para los compañeros Carlos Samojedny, José Alejandro Díaz, Iván Ruiz Sánchez y Francisco Javier Provenzano, primeros desaparecidos en democracia en 1989.



Los abajo firmantes: organismos de derechos humanos, Madres, Abuelas, Familiares, Hijos/as de detenidos-as/desaparecidos, ex-presos/as políticos/as, organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y gremios, personalidades de la cultura, el periodismo, el deporte, medios de prensa, instituciones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos,
Denunciamos las violaciones a los derechos humanos, torturas, fusilamientos extrajudiciales y desapariciones forzosas de los 4 compañeros mencionados, integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), ocurridas durante y con posterioridad al intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada III de La Tablada, La Matanza, Prov. de Bs. As., el 23 y 24 de enero de 1989.
Reclamamos una investigación completa e imparcial sobre los hechos ocurridos, que permita saber el destino de los desaparecidos, y responsabilizar y juzgar a los integrantes de las fuerzas militares y de seguridad actuantes involucrados en las torturas, fusilamientos, y posteriores desapariciones de Carlos Samojedny, José A. Díaz, Iván Ruiz Sánchez y Francisco J. Provenzano. Los cuatro fueron capturados al interior del Regimiento, existiendo como prueba de ello registros fotográficos, fílmicos y testigos que afirman haberlos visto con vida. Estas aberraciones se produjeron por agentes del Estado, con total abuso de poder, y su impunidad fue garantizada y avalada por el accionar de la Cámara Federal de San Martín durante casi 25 años, integrada en el año 1989, y durante varios años, por los jueces Jorge Barral, Hugo Fossati y Marta Herrera; y por el juez que actuó en la instrucción Gerardo Larrambebere.
Señalamos a Alfredo Manuel Arrillaga, General que comandó el operativo, como el principal responsable. El ex General cuenta con tres condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar, en la conocida “Noche de las Corbatas”. Se repite en la Tablada, a su cargo, la represión y desaparición forzosa de personas. El Mayor Jorge Eduardo Varando, a cargo de la represión en la Tablada y señalado por los fusilamientos de Iván Ruiz y José Díaz, también actuó en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. 
Después de tantos años transcurridos sin respuestas, celebramos el reciente dictamen (con fecha 19/06/2014) de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que rechaza el sobreseimiento por “prescripción de la acción penal” sobre Arrillaga emitido por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Con ello esperamos un nuevo impulso de la causa judicial, en el marco a su vez de lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe 55/1997, que por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas recomienda al “Estado argentino realizar una investigación independiente, completa e imparcial al respecto”, y haciendo cumplir, además, el decreto N° 1578/2008, firmado por la presidenta Cristina Fernández, 07/10/08, pidiéndole a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional que aporten datos y documentos a la investigación.
Ambicionamos que además del juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, encontremos los restos de los 4 compañeros desaparecidos. Por eso convocamos a todas las organizaciones y personas comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos de ayer y de hoy a acompañarnos en este reclamo por Memoria, Verdad y Justicia por Francisco J. Provenzano – Carlos Samojedny – Iván Ruiz Sánchez – José A. Díaz, el miercoles 17 a las 11 horas en la presentación de esta solicitada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Comisión de Familiares y compañederos de los detenidos-desaparecidos en La Tablada

Adhesiones: 4desaparecidostablada@gmail.com

38 AÑOS DE LA MASACRE DE MARGARITA BELÉN


38 AÑOS DE LA MASACRE DE MARGARITA BELÉN

(13.12.76 - 13.12.14)

38 años atrás, la última dictadura cívico militar asesinaba al menos a 22
presos políticos provenientes de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires. Hoy vivimos la satisfacción que uno más de ellos, Julio Andrés “el Bocha” Pereira, pudo volver a estar entre los suyos
luego de ser identificados sus restos hace pocos días, dando a sus familiares y compañeros la posibilidad del realizar un necesario duelo.

Sin embargo, no olvidamos que estos 22 Jóvenes militantes fueron encarcelados,torturados y asesinados para aniquilar el proyecto de país que representaban; el país de
revolución para lograr la justicia social.
El país de las Ligas Agrarias, el país de los movimientos vecinales, de los
sindicatos, del cooperativismo, el país de la educación popular, el país de los curas del tercer mundo, de los movimientos estudiantiles.

El país de la desobediencia ante el atropello.
El país de la resistencia a la opresión del poder.

Reivindicamos y acompañamos las políticas nacionales y provinciales que posibilitan mayor participación, más derechos y mayor distribución de la riqueza.
Vemos con agrado que el Estado Nacional tome los Derechos Humanos como política de Estado, que se constituya en querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad,
que se designen fiscales comprometidos con la búsqueda de justicia, como hizo el Senado con el Dr. Carlos “Turco” Amad, que se desarrollen políticas educativas y
culturales en pos de revalorizar las luchas de nuestro pueblo, que en otro tiempo fue sojuzgado por el tan nefasto terrorismo de Estado. Que acompañe procesos como el de
las Abuelas, que hace pocos días hicieron posible la recuperación de un hermano más: el hijo de la chaqueña Ana Rubel.

Pero creemos que esto sólo puede hacerse con el fortalecimiento de los organismos, quienes constituyen la garantía de que no se tergiverse la historia ni sea utilizada para
intereses mezquinos o particulares. Como así también sostenemos firmemente que los logros alcanzados en la transformación de políticas de derechos humanos en políticas de
estado deben mantenerse, e incluso superarse, y será nuestra exigencia permanente hacia quien tenga una responsabilidad de conducción tanto en el ámbito nacional como
provincial.

Porque no hay que olvidar que ese mismo Estado, que hoy reivindica a nuestros padres desaparecidos, muertos o torturados, es el mismo que detiene sin razón cotidianamente a
nuestros jóvenes por el solo hecho de ser eso, jóvenes. Que sostiene una policía represiva en lugar de preventiva, que no tiene el menor respeto por los Derechos
Humanos de los sectores más vulnerados.

Se puede ver con preocupación como en el Chaco han regresado prácticas de criminalización de la pobreza y de la protesta social desde que el actual vicegobernador ejerce el poder ejecutivo, con silencio cómplice de muchos sectores.
Podemos pensar que la Masacre sucedió hace 38 años, pero se repite todos los días de cada año que pasa cuando siga sin juzgarse a la complicidad civil y demás
responsables, cuando sigan torturando en las comisarías, cuando se reprime la protesta social, cuando los logros transformados en leyes y políticas de estado son amenazados
en su cumplimiento o continuidad, porque el pasado no se termina si no se termina la impunidad.

En este sentido es imperioso señalar:- El retroceso en cuanto a las  políticas de derechos humanos en la provincia, con complicidad y anuencia de algunos funcionarios.
- Los procesos de conquistas en materia de derechos humanos en la provincia del Chaco han sido seriamente resentidos en el último año. Si bien se han sancionado
algunas leyes como la de la independencia de la defensa pública, y son de destacar algunos hechos institucionales como la designación por primea vez de Una Jueza en el
Superior Tribunal de Justicia por el mecanismo establecido en la Constitución, esto contrasta con la realidad de otros hechos. Se ha desarticulado la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia que pasó a ser casi una figura decorativa.
Se ha reprimido sistemáticamente a los sectores que protestan, tanto trabajadores activos, como desocupados y especialmente a los pobladores originarios, por parte de un Gobierno provincial que no respeta ninguna de las normas impulsadas desde la nación durante la última década en materia de derecho a la protesta.
Han vuelto a la provincia los palos, gases, corridas, balas de goma y hasta de fuego en algunos casos, con el triste saldo de un muerto en Tres Isletas en torturas en la comisaría. Victor Hugo Cendrich, cobardemente asesinado por 7 policías que
reprodujeron la violencia impune, como un discurso que baja desde la Vicegobernación:
“Fuertes con los indefensos y débiles con los poderosos”.

 Por eso tampoco sorprende el retroceso y desfinanciación de las políticas e instituciones de contralor en materia de violencia institucional y hasta en políticas de inclusión social
y género.
- Sobre la creación de una universidad militar debemos tener en cuenta que nuestro ejército está lejos de ser un ejército “chavista”
- vemos con preocupación que últimamente existen retrasos en el juzgamiento por la complicidad judicial como así también en la individualización de todos los
responsables, develando y reconstruyendo en toda su dimensión el terrorismo de estado
en el Chaco , siendo los hechos juzgados a la fecha solo una parte de todo lo ocurrido.
- También hacia los poderes económicos y empresas cómplices de la dictadura es
necesario avanzar con juzgamientos.
- Existen en el Juzgado Federal de Resistencia alrededor de un centenar de casos sin llegar a juicio, de víctimas que se refieren al Centro Clandestino de la Brigada de
Investigaciones y a las Ligas Agrarias, hechos por los cuales están imputados por la Fiscalía aproximadamente cien represores.
- La recuperación del Bocha Pereyra también abre nuevas líneas de investigación sobre el destino final de los compañeros desaparecidos, en la que es necesario un mayor
compromiso estatal que acompañe la búsqueda de los familiares, y más aún un mayor compromiso y cese de trabas administrativas judiciales como en los casos de las identificaciones de los compañeros Orianki, Píccoli y Martinelli, entre otros.
- La falta de respuestas concretas y eficientes sobre los reclamos y derechos de los pueblos originarios, los casos de violación de DDHH, la acción de las mineras, la
profundización de los procesos de concentración de las tierras a través de la soja y los agronegocios, y los efectos directos sobre todos los seres que componemos el ambiente, humanos incluidos.
Exigimos tomar medidas urgentes sobre todas y cada una de estas cuestiones, porque la impunidad es el estiércol que abona nuevos genocidios y nuevas injusticias, porque si no resolvemos en el presente las cuentas pendientes con nuestro pasado estaremos condenados a repetir los mismos errores y a padecer calamidades
semejantes en el futuro. Claramente vemos que esto es posible de darse aún hoy, en casos como el del pueblo mejicano, que padece la desaparición de estudiantes de manera totalmente impune.
El GOLPE significó un golpe al trabajo, un golpe a la democracia, un golpe al campo popular y nacional en su lucha por un país más justo y solidario El GOLPE significa aún hoy la desocupación, la marginación y el hambre o condicionesde vida indignas que tantos argentinos sufren en el presente.

Por lo tanto, exigimos un país en el cual la vida, la salud, la educación, y la
justicia estén aseguradas para todos. Un país como aquél por el cual vivieron y lucharon los 22 compañeros salvajemente asesinados.

Por eso, a 38 años de la Masacre renovamos la defensa de la memoria y de la vida en nuestra lucha por la Identidad, y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.
No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos.
¡Juicio Oral Ya!
¡Cárcel perpetua, común, y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices!
Carlos Alberto Duarte
Néstor Carlos Sala
Luis Arturo Franzen
Luis Angel Barco
Julio Andrés Pereira
Carlos Enrique Tereszecuk
Carlos Alberto Zamudio
Luis Alberto Díaz
Manuel Parodi Ocampo
Fernando Gabriel Piérola
Alcides Bosch
Emma Beatriz Cabral
Raúl María Caire
Mario Cuevas
Eduardo Fernández
Delicia González
Raúl Antonio Méndez
Dora Beatriz Noriega
Patricio Blas Tierno
Roberto Horacio Yedro
Reynald Amalio Zapata Soñez
Ramón Luciano Díaz

¡¡¡ 30 MIL COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!
¡¡AHORA!!
¡¡AHORA!!
H.I.J.O.S.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).
Regional Chaco en la Red Nacional.
13.12.08











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viernes, 12 de diciembre de 2014

Rechazan recusación de Blaquier a fiscales


Rechazan recusación
 de Blaquier a fiscales 

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó un planteo de las defensas del empresario del azúcar Carlos Pedro Blaquier y del ex ejecutivo de esta empresa Alberto Lemos, que pretendía apartar a los fiscales que los investigan por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
En una resolución de la antevíspera, la Cámara rechazó un recurso de la defensa en contra de una decisión del juez federal Fernando Poviña, quien había denegado la posibilidad de recusar a los fiscales federales Eduardo Villalba y Francisco Snopek.
Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín, Jujuy, había argumentado que los fiscales no podían intervenir en las causas en su contra porque ambos “integran la asociación civil denominada Justicia Legítima” y como tales “participaron de manera activa en el Encuentro Regional del NOA por una Justicia Legítima", realizado precisamente en Jujuy. Los abogados de Blaquier y Lemos afirmaron que esto provocaba un “temor cierto de que (los fiscales) incurrieran en arbitrariedades”, dado que como resultado de ese encuentro “se labró un documento en el que se expidieron expresamente acerca de la responsabilidad de sus defendidos".
Para las defensas, los fiscales van a actuar “en concordancia de pensamiento con los integrantes de la asociación denominada Justicia Legitima, cuyos integrantes solicitan la detención de sus defendidos en cada oportunidad que tienen de manifestarse en los expedientes y en declaraciones públicas”.
Pero la Cámara de Apelaciones coincidió con el juez de primera instancia en que “el auto que rechaza la recusación deducida en contra del fiscal federal es inapelable”.
En declaraciones a Radio Nacional Salta Villalba recordó que ambos fiscales venían interviniendo desde hace dos años, por lo que “técnicamente” las recusaciones “siempre fueron improcedentes”, dado que “estaban consentidas ya las intervenciones”.  
De todos modos, el fiscal destacó que lo “decisivo” es el fallo que dará la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal respecto de los procesamientos de Blaquier y Lemos. Precisamente, el 4 de este mes se llevó a cabo la audiencia de expresión de fundamentos de la Fiscalía y los defensores, por lo que se espera que la resolución se conozca en breve.
Blaquier está procesado en dos expedientes: uno por el secuestro del médico y ex intendente de Libertador Luis Aredez, y de los trabajadores Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián, y otro por el secuestro de 26 personas, entre trabajadores y vecinos del Ledesma, en la operación represiva conocida como la Noche del Apagón, desplegada del 20 al 27 de julio de 1976.
Si la Cámara confirma los procesamientos, la causa quedaría ya casi lista para ser elevada a juicio oral. 

lunes, 1 de diciembre de 2014

Comienza el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad

Comienza el séptimo juicio
por delitos de lesa humanidad

Hoy a las 12 se llevará a cabo la primera audiencia en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en Salta. Serán juzgados los ex militares Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, ya condenados por otros hechos, igual que el ex comisario Joaquín Guil, mientras que los comisarios retirados Antonio Saravia, Néstor Liendro y Abel Guaymás enfrentarán por primera vez al Tribunal Oral en lo Criminal Federal, en su caso, para responder por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.
Se acumularon diez expedientes, sobre crímenes en perjuicio de 18 personas, cinco de las cuales fueron asesinadas y otras cuatro están desaparecidas, en hechos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976, en plena vigencia del plan sistemático de eliminación de personas que en Salta comenzó a ejecutarse en noviembre de 1974, tras la caída del gobierno de Ragone.
Luis Iñiguez Vázquez estuvo detenido entre el 24 de diciembre de 1974 y el 20 de marzo de 1975, y desde el 29 de diciembre de 1975 hasta noviembre o diciembre del 1976. Guil será juzgado por esto.
El 20 de abril de 1975 un grupo de policías mató a Ramón Antonio Díaz Romero y René Esteban Locascio Terán, oriundos de Tucumán, un crimen que guarda similitud con la matanza de los miembros del Frente Revolucionario Peronista (FRP) Alfredo Mattioli, Marcos y Liendro Estopiñán y Ricardo Tapia, cometida en la madrugada de ese mismo día en Rosario de Lerma. En ambos casos se trató de fraguar un enfrentamiento. Gentil y Guil ya fueron condenados por el cuádruple crimen y ahora serán juzgados en relación a Díaz Romero y Locascio Terán.
El trabajador de Luz y Fuerza Rubén Yáñez Velarde fue secuestrado el 8 de noviembre de 1975, sus restos fueron identificados en el cementerio de Yala, Jujuy. Están acusados Gentil y Guil.
Ragone fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, hecho en el que fue asesinado Santiago Arredes e hirieron a Margarita Martínez de Leal. Saravia, el único que está en prisión preventiva (en la cárcel federal de Güemes), está imputado por dos homicidios calificados y una tentativa de homicidio, mientras que Liendro y Guaymás deben responder por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Saravia era jefe del Departamento de Informaciones Policiales (DIP, inteligencia) de la Policía de Salta, Liendro era subjefe de la Comisaría 1°, con jurisdicción en el área del secuestro; Guaymás era inspector de zona y tenía injerencia sobre la Primera.
El policía Carlos César “Topogigio” Martínez fue secuestrado el 18 de marzo del 76. Restos de su cuerpo, sometido a una explosión, fueron encontrados en El Gallinato, paraje usado como campo de exterminio. Este hecho, por el que están imputados Gentil y Guil, será el primero que se tratará en este proceso.
También se juzgarán las detenciones ilegales de Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos y Nital Díaz (el 24 de marzo del 76), Hugo Maza (entre el 25 y 27 de marzo de 1976), Alfinio Elido Oroño (26 a 28 de marzo), de la militante de derechos humanos Lucrecia Barquet (2 de abril) y del ex juez Ricardo Falú (17 de mayo).
Y tratarán las desapariciones de tres miembros de la familia Colqui: Rolando Colqui, secuestrado el 8 de septiembre del 76; Alfredo Colqui y su madre Lidia Telésfora Gómez, secuestrados al día siguiente. Guil y Mendíaz están acusados.



Quíenes, qué

El Tribunal que participará en el nuevo juicio estará integrado por los jueces titulares Federico Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, y María Alejandra Cataldi, del Tribunal Oral de Jujuy, que actuará como cuarta jueza.
La acusación correrá por cuenta de los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, y serán querellantes los abogados Matías Duarte, en representación de Clotilde Ragone y Fernando Pequeño, hija y nieto del ex gobernador, y Martín Avila y Gastón Casabella, por las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia.
El defensor oficial Oscar Tomás del Campo asistirá a cinco imputados, con la sola excepción de Guaymás, que contará con los abogados Nicolás Ortiz y Federico Rodríguez Spuch.



El olvido

En este juicio se iba a indagar también sobre el destino corrido por Graciela Beatriz Juárez y Gerardo David Giménez Bravo, desaparecidos desde 1976. Pero eso no será posible debido a la muerte del único acusado por estos hechos, Carlos Alberto Mulhall.
Graciela cursaba 3° año en el Colegio Comerical N° 2 y fue secuestrada al salir de clases, el 12 de agosto de 1976. Al día siguiente su casa, en el barrio El Tribuno, fue allanada por el Ejército y su madre fue detenida. Señalando una fotografía de Graciela, el oficial a cargo les dijo a los soldados que lo acompañaban: “Ven, ésta es una montonera enemiga de la patria”.
Gerardo fue secuestrado por un grupo de cinco o seis hombres, algunos de civil, otros uniformados, el 9 de octubre, a la madrugada, desde su casa en Pueyrredón al 1100. Nada más se sabe de ellos.


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