miércoles, 12 de octubre de 2011



Carlos Alberto Mullhall, Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil fueron condenados a cadena perpetua por el crimen del ex gobernador Miguel Ragone. Así lo hizo saber el fallo que se leyó hoy después del mediodía en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial

La lectura del fallo comenzó con la condena de 2 años de prisión condicional y costas a Pedro Javier Herrera y a su hermano Nelson Rubén Herrera (ex suboficiales de la Policía), por ser autor penalmente responsable de la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Acto seguido se absolvió por el feneficio de la duda a Andrés del Valle Soraire ordenando su inmediata liberación. Lo mismo pasó con Jorge Héctor Zanetto, a quien se le levantaron todas las restrictiones cautelares impuestas hasta la fecha.

Luego se condenó al exjefe de la Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, al exjefe de la Policía de la Provincia Miguel Raúl Gentil y al exdirector de Seguridad Joaquín Guil a cadena perpetua, rechazando todas las acciones de prescripciones que realizaron. Se condenó a los tres imputados y solidariamente al estado nacional y a la provincia de Salta al pago de la suma de 50.000 pesos por el daño psicofísico; 15.000 por gastos médicos; y 100.000 por daño moral, además que quitarle rango militar a los imputados.

Causó sorpresa que el exjefe de la Guardia del Monte de la Policía local Andrés del Valle Soraire sea absuelto cuando también se le había pedido prisión perpetua. Lo mismo pasó con el exdirigente de la Unión Obrera Metalúrgica Jorge Zanetto por quien se había solicitado 10 años de cárcel efectiva y terminó siendo absuelto.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 7 de diciembre a las 10.

Los camaristas que firmaron el fallo fueron: Marta Liliana Snopek (Jujuy), Carlos Jiménez Montilla (Tucumán) y Luis Giménez (Tierra del Fuego), más el aporte del juez suplente José Quiroga Uriburu (La Rioja).

Luego de analizar casi cien testimonios y numerosa documentación, el Tribunal deberá resolver los pedidos de condenas y absoluciones que hicieron las partes en sus alegatos. El fiscal Horacio Azzolín, junto a los querellantes David Leiva, Matías Duarte, Martín Avila y la actora civil Verónica Molina, solicitaron condenas a perpetua para el exjefe de la Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, para exjefe de la Policía de la Provincia Miguel Raúl Gentil, para el exdirector de Seguridad Joaquín Guil y para el exjefe de la Guardia del Monte de la Policía local Andrés del Valle Soraire. También pidieron 10 años de prisión para el exdirigente de la Unión Obrera Metalúrgica Jorge Zanetto y dos años para los suboficiales de la Policía Pedro Javier Herrera y Nelson Rubén Herrera.

De acuerdo con el procesamiento dictado por la instrucción y el planteo de los acusadores, los nombrados están imputados de delitos de lesa humanidad. Como cabezas visibles del magnicidio de Ragone, el fiscal y las querellas sindicaron a Mulhall, Gentil y Guil, a quienes consideran “autores mediatos”, por ser las personas que tenían a su cargo, en esa época, el manejo de las estructuras del Ejército y de la Policía. A los siete acusados no solo los responsabilizan por la desaparición del exgobernador, sino por el asesinato del almacenero Santiago Catalino Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal. El primero recibió un balazo en el pecho, cuando aparentemente reconoció a alguno de los captores y trató de evitar el secuestro de Ragone. En tanto que Leal recibió un disparo de ametralladora en el momento que observaba a dos personas cuando sacaban al exgobernador de su vehículo, posiblemente herido de muerte. Federico Petrina, defensor de los principales imputados, descartó que Ragone, Arredes y Leal hayan sido víctimas de delitos de lesa humanidad por considerar que los hechos ocurrieron cuando aún estaba en vigencia el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Por ese motivo solicitó que sean absueltos, y lo propio hicieron Marcelo Arancibia y Roque López Homes, defensores de los Herrera. Sin embargo, los acusadores argumentaron que el terrorismo de Estado había comenzado en el país un año antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

fuente El Tribuno de Salta


sábado, 8 de octubre de 2011


todos a Ciudad judicial
martes 11 de octubre 2011

Ponete la camiseta!
PONETE LA CAMISETA DEL JUICIO!



La Agrupacion H.I.J.O.S Salta, la Red de DDHH, Familiares de Salta y los Organismos de DDHH convocan a toda la Comunidad Salteña y Organismos de DDHH del Pais a concentrarse para exigir justicia en la Sentencia por el secuestro y desaparicion del Ex gobernador Salteño Dr. Miguel Ragone. La cita es para el dia martes 11 de ocubre a las 9 hs en la Ciudad Judicial de Salta.

· EXIGIMOS CADENA PERPETUA PARA LOS GENOCIDAS Y CARCEL COMUN Y EFECTIVA PARA ELLOS Y SUS COMPLICES.
· EXIGIMOS QUE DIGAN DONDE ESTA EL CUERPO DE NUESTRO COMPAÑERO Y GOBERNADOR DR. MIGUEL RAGONE, PORQUE SIN EL CUERPO EL CRIMEN SEGUIRA IMPUNE.
· EXIGIMOS JUSTICIA PARA LOS 240 COMPAÑEROS SALTEÑOS DETENIDOS DESAPARECIDOS
POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO, 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES AHORA Y SIEMPRE¡¡¡

EL PAIS › CADENA PERPETUA PARA LOS ASESINOS DE PACO URONDO:

JUSTICIA POETICA

Por Diego Martínez

| | En el primer juicio por los crímenes de la dictadura en Mendoza, fueron condenados cuatro policías y un militar por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. Entre ellas, el reconocido poeta y periodista.


CINCO CONDENAS Y UNA ABSOLUCION EN EL PRIMER JUICIO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE MENDOZA

Cárcel común para los asesinos de Paco Urondo

Cuatro ex policías del D2 fueron condenados a cadena perpetua, un militar recibió doce años y otro fue absuelto. Se juzgaron delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas, entre ellas el poeta y periodista Francisco Urondo.


Por Diego Martínez
Después del fallo de ayer, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240.
Imagen: Télam.

Frente a un centenar de personas de pie, en silencio, unos con puños apretados, otros con fotos de sus seres queridos en alto, amuchados detrás del blindex que los separaba de los victimarios, el juez Juan Antonio González Macías leyó ayer el veredicto del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza: prisión perpetua en cárcel común para cuatro ex miembros del D2 de la policía provincial, doce años de prisión para un militar (imputado en un solo caso) y absolución para un ex oficial de Inteligencia. “Son asesinos, torturadores, violadores y ladrones”, resumió Silvia Ontiveros, sobreviviente que supo conmover a la sala cuando relató su cautiverio. “Pero tuvieron un juicio justo”, completó ante un periodista local. Con las sentencias de ayer, más la del coronel Alejandro Duret, expulsado de Chile luego de tres días de vacaciones, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240, precisó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.

El proceso que condujo durante once meses el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, en el que declararon más de doscientos testigos, fue el segundo de la provincia y el tercero en Cuyo. Arrancó el 17 de noviembre de 2010 con diez acusados, aunque sólo seis llegaron al final. La pena máxima recayó sobre el ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smahá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió doce años de cárcel, en tanto fue absuelto el entonces teniente coronel Paulino Furió. Durante el juicio quedaron fuera de juego, aunque no de la historia, el fallecido general Juan Pablo Saá, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el ex oficial del D2 Armando Osvaldo Fernández. Los últimos tres fueron sobreseídos gracias a sus problemas de salud.

Las condenas fueron por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. El caso más conocido es el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 en una cita envenenada que terminó con el secuestro de su esposa Alicia Raboy y de su hija Angela, operativo del que René Ahuali logró huir pese a las heridas. También se condenó por las desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres, y por el cautiverio del escritor y dirigente Angel Bustelo.

Un día histórico

Más de 250 personas se concentraron a primera hora frente al tribunal mendocino. Un centenar pudo seguir la sentencia en directo, el resto mediante una pantalla. Alrededor de las 11, la sala se puso de pie para recibir a los magistrados. Detrás de González Macías ingresaron Alejandro Piña y Raúl Rodríguez, que sustituyó a Héctor Cortez, en reposo con tendinitis. “Antes de dar lectura al fallo, quiero reconocer a las partes el alto profesionalismo, el respeto entre ustedes y para con el tribunal. Además reconocer al público el respeto durante las audiencias”, arrancó el presidente. En la sala había sólo tres imputados: Furió, Smahá y Lucero.

El silencio contenido durante la lectura estalló luego en llantos y abrazos. “¡30 mil compañeros desaparecidos!”, “¡Presentes!”, se recordó a las víctimas. “Justicia es esto: condenar con pruebas como se condenó”, celebró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. “Es muy importante que Mendoza haya dejado de ser la provincia más atrasada para ser la única que tiene un proceso contra jueces”, reflexionó ante El Sol online. “Este acto nos permite seguir adelante pero con la paz de saber que no estamos conviviendo con los genocidas en la calle”, reflexionó Angela Urondo, hija de Paco. “Hoy están viejos, lloran y se enferman, pero la gente debe saber que son asesinos y que haber creado la desaparición forzosa, sin saber dónde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante”, explicó María de Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo.

“Las cosas van quedando en su lugar y quienes cometieron los peores crímenes están donde tienen que estar”, reflexionó Alfredo Guevara, querellante e hijo del abogado homónimo que impulsó las causas en los ’80. “Es un día contradictorio: por un lado estoy contenta, pero sentir que Rafael y Nora no están es un dolor inmenso. Yo los extraño como todo el país extraña a los que hoy no están con nosotros”, lamentó Monserrat Olivera, hermana de Rafael.

Quién es quién

- Juan Agustín Oyarzábal, ex segundo jefe del D2, organizó el operativo que terminó con el asesinato de Urondo. Oyarzábal, que ya en 1975 ofreció su Ford Falcon para hacer procedimientos clandestinos, fue distinguido según su legajo por “desbaratar bandas de delincuentes subversivos”.

- Eduardo Smahá Borzuk, alias “Ruso”, encabezaba el sector de operaciones del D2 junto con Oyarzábal y Lucero. Fue reconocido por la testigo René Ahualli entre quienes mataron a Urondo. Oyarzábal y Smahá eran quienes conducían los interrogatorios junto con Armando Fernández, alias “Piqui”.

- Luis Alberto Rodríguez Vázquez, alias “Pájaro Loco”, era el responsable de Inteligencia del D2, que se ocupaba de estudiar a los futuros blancos del grupo de tareas. Rodríguez Vázquez admitió en 1987 que se encargaba de “la sección investigación de la información”, donde se procesaban los datos que obtenían quienes se infiltraban en distintas organizaciones. Su tarea no fue sólo de escritorio. La sobreviviente Ahualli lo reconoció como quien manejaba el auto que persiguió y alcanzó a Urondo.

- Celustiano Lucero, alias “Mono”, cabo primero a mediados de los ’70, fue quien mató a Urondo al golpearlo detrás de la cabeza con su arma reglamentaria, dato que él mismo confesó mientras intentaba defenderse. Un sobreviviente del D2 lo reconoció entre sus torturadores.

- El teniente Dardo Migno, condenado a doce años de prisión, era jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y estaba imputado por un solo caso de secuestro seguido de torturas.

- El entonces teniente coronel Paulino Furió, jefe de la División Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, estaba imputado por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca. Su absolución sería por la falta de certezas sobre dónde ocurrió el secuestro. De todas formas, Furió seguirá con prisión preventiva por otros delitos.

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EL POETA QUE NO SEPARO SUS POESIAS DE LA VIDA

LA PALABRA JUSTA


Por Luis Bruschtein

“Del otro lado de la reja está la realidad, de/ este lado de la reja también está/ la realidad; la única irreal es la reja...” Así dice uno de los últimos poemas de Francisco Urondo, o Paco para sus amigos, cuyos asesinos fueron condenados ayer en Mendoza. En Wikipedia hay una biografía sucinta, una foto de Paco de medio perfil en la que, por algún misterio sus ojos han perdido la picardía de esas salidas picantes que siempre tenía. Dice: “Santa Fe, 10 de enero de 1930-Mendoza, 17 de junio de 1976, escritor, periodista, guerrillero y militante político nacido en Argentina”. Un texto, que también por algún misterio ha perdido esa inquietud vital, la geometría de sus movimientos y hasta la calidez que siempre tenía cuando se relacionaba con otras personas o cuando hacía su vida y decidía cosas y las comentaba generosamente con gran capacidad para hacerse querer.

Habla de sus parejas, Graciela “Chela” Murúa, con la que tuvo dos hijos, Claudia y Javier; de Zulema Katz; de Lilí Mazaferro, y, ya en la dictadura, de Alicia Raboy, con quien tuvo a su hija Angela. No dice que con Lilí Mazaferro eran compañeros de militancia en las FAR, una organización guerrillera que luego se fusionó con Montoneros, y que Alicia Raboy estaba junto a él en Mendoza cuando interceptaron el auto donde se trasladaban y le pegaron dos tiros en la cabeza. Da cuenta de sus numerosos libros, de su trabajo como guionista de cine y televisión. Pero, quizá porque no es tan importante, no hay un relato por ejemplo de cuando recitaba sus poesías y Juan Gelman las suyas, los dos poetas codo a codo, en aquella época no tan conocidos, en algún bar de Buenos Aires, presumiblemente de la calle Corrientes. Algún bar lleno de humo de cigarrillos y de jóvenes que escuchaban a los poetas deletrear palabras entre sus amores y las revoluciones, historias de personas comunes y no tanto, en esos bares de bohemia y poesía.

Primero fue titiritero con Fernando Birri y su primera mujer en el grupo El Retablo de Bartolo. Pero más que nada era poeta y se dedicó a la poesía: en los ’50 estuvo en el Movimiento Poesía Buenos Aires y en los ’60 en Zona de Poesía Americana. Aparte de cinco obras de teatro, una novela, dos libros de cuentos, escribe poesía prolíficamente (dejó ocho libros) y lo dice: “Empuñé un arma porque busco la palabra justa”, o como lo dice en otro poema: “Mi confianza se apoya en el profundo desprecio/ por este mundo desgraciado/ Le daré la vida/ para que nada siga como está”.

En esa confluencia de la palabra con la vida, Paco Urondo se incorporó a las FAR, siguiendo de alguna manera los pasos de su hija Claudia. En el final tumultuoso de la dictadura de Lanusse cayó preso y le tocó compartir la misma celda, la noche previa a la liberación del 24 de marzo de 1973, con los tres sobrevivientes de los fusilamientos de Trelew: Alberto Camps, Ricardo Haydar y María Antonia Berger. El militante, el periodista y el poeta que era se unieron esa noche y de allí salió el libro La patria fusilada.

Paco participó en los proyectos de prensa de Montoneros, pero en 1976 fue enviado a Mendoza. Su amigo Rodolfo Walsh comentó luego su muerte: “El traslado de Paco a Mendoza fue un error. Cuyo era una sangría permanente desde 1975, nunca se la pudo mantener en pie. El Paco duró pocas semanas... Fue temiendo lo que sucedió. Hubo un encuentro con un vehículo enemigo, una persecución de los dos coches a la par...” Tras esa larga persecución y tiroteo, una de sus acompañantes pudo escapar, su esposa Alicia fue secuestrada y desaparecida y a él le dieron dos tiros en la cabeza.

Fuente: Pagina 12







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publicado por NU
Mariú Carreras y Pablo Seidel en las puertas de Tribunales Federales.
Víctimas de la represión esperaron el fallo contra sus represores.
publicado por NU
Víctimas de la represión esperaron el fallo contra sus represores.

En la puerta de Tribunales Federal.

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En la puerta de Tribunales Federal, gran expectación.

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El Juicio: repasá todo lo que dejó el histórico enjuiciamiento a represores mendocinos
Pachy Reynoso / MDZ
Lucero, Furió, Yapur, Smaha y Saá (fallecido), en el primer día.
Desde el 17 de noviembre de 2010, un centenar de testigos relataron lo acontecido en Mendoza durante la etapa más oscura del país. De sus testimonios surgieron nuevas evidencias para acusar a ex policías y actuales magistrados. Mirá lo más importante que dejó el juicio que finaliza hoy.

Hoy, 384 días después del inicio del histórico juicio, el Tribunal Federal leerá la sentencia contra seis ex policías y militares acusados por crímenes de lesa humanidad. La resolución se dará a conocer a las 11, momento en que se sabrá si los jueces dieron lugar al pedido de la Fiscalía: perpetua para cinco imputados y 12 años para un ex teniente.

Por su parte, el martes, la defensa hizo hincapié en los supuestos problemas de salud que afectarían a los imputados y pidió la pena mínima por participación secundaria y que purguen eventuales condenas en sus domicilios. A su vez, la abogada Andrea Duranti solicitó la absolución para el ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza Paulino Furió (78), por el "beneficio de la duda".

A lo largo del juicio, distintos acontecimientos y resoluciones modificaron sustancialmente el escenario que se observó durante las primeras jornadas. Un encausado muerto, menos acusados en el banquillo, un abogado defensor fallecido en extrañas circunstancias, represores inimputables, caída de varias causas y reveladores datos que surgieron de los más de 200 testigos.

Los acusados: sólo tres estarían en el banquillo

El 17 de noviembre de 2010, la mayoría de los diez ex militares y policías estuvieron sentados en el banquillo de los acusados. Hoy, después de un año de debate, sólo tres escucharán in situ la sentencia del Tribunal: el comisario retirado Eduardo Smaha (69), el policía Celustiano Lucero (70) y Furió, para quien la defensa pidió la absolución.

Smaha y el fallecido Saá, en el inicio del juicio.

Del resto, el ex general Juan Pablo Saá falleció durante el transcurso del juicio y tres acusados fueron separados del proceso judicial por cuestiones de salud: el comisario retirado Armando Fernández Miranda, el ex general Mario Lépori y el coronel retirado Tamer Yapur, que a los 88 fue declarado inimputable por "alteraciones morbosas de sus facultades mentales con síndrome demencial".

Otros tres continúan imputados, pero a diferencia de Smaha, Lucero y Furió, no estarían en la sala de debates por problemas de salud. Se trata del ex teniente Dardo Migno (59), el único por el que la Fiscalía no pidió perpetua, el ex policía Luis Alberto Rodríguez Vázquez (71) y el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal (75). Estos tres imputados siguen el juicio con prisión domiciliaria.

Las causas: ocho causas al final del juicio

De las 17 causas que comenzaron a investigarse el año pasado, sólo ocho "sobrevivieron" al desarrollo del proceso judicial, ya que nueve se "cayeron" cuando se declaró inimputable a Fernández Miranda, Lépori y Yapur. Este último, ex gobernador de facto de la provincia, estaba involucrado en la mayoría de las 17 causas iniciales.

Ahualli, durante la reconstrucción del asesinato.

Entre las ocho causas que fueron juzgadas y cuyas sentencias se conocerán hoy se encuentra el asesinato de Francisco Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy (el Tribunal reconstruyó el fusilamiento del poeta con la compañía de la testigo Renée La Turca Ahualli), y el cautiverio del escritor y político mendocino Ángel Bustelo.

Al comienzo del proceso, eran 32 las víctimas que iban a recibir justicia. Ahora, con la caída de la mayoría de las causas, solamente se sabrá qué ocurrió con nueve. Además de Urondo, Raboy y Bustelo, se encuentran Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres.

Mientras tanto, quedarán pendiente las responsabilidades en 23 casos: Lidia De Marinis, Juan Gutiérrez, María Alvarado, los hermanos Hugo y Julio Talquenca, Héctor Brizuela, Antonio García, María Inés Correa Llano, Carlos Jackowezyc, Gerónimo Morgante, María Leonor Mercuri, Juan Domingo Britos, Antonio Molina, Raquel Moretti, Aldo Cassadidio, Arturo Rodríguez, José Alcaraz, Adriana Campos de Alcaraz, Martín Alcaraz, María Silvia Campos, Humberto Bravo, Marcelo Carrera y Adriana Bonoldi de Carrera.

Testimonios de alto impacto

El 2 de diciembre, Sara Gutiérrez, cuyo hermano Juan permanece desaparecido, relató una experiencia que sorprendió a los presentes en la sala de debate. "Las madres de los desaparecidos pudieron hablar con el arzobispo (monseñor Olimpo Santiago) Maresma. Sorpresivamente, éste les sugirió que no gastaran pólvora en chimangos", relató la testigo.

Sara Gutierrez habló de una dictadura "cívico-eclesiástico-militar".

Un mes después, el 11 de enero, Eugenio París recordó que durante su estadía en la facultad, allegados le dijeron que tuviera cuidado con los integrantes de La Guardia de Hierro y de la Concertación Nacional Universitaria (CNU), y relató que en aquellos años se mencionaba que José Luis Manzano y Guillermo Amstutz integraban estas organizaciones que "vendían" a estudiantes. Amstutz lo negó tajantemente.

Por su parte, el recordado David Blanco (falleció el 12 de febrero de un paro cardíaco en su casa de Las Heras) conmovió a todos con su declaración, el 16 de diciembre. El Negro juntó coraje para relatar los tormentos a los que fue sometido en el D2, entre ellos, las violaciones que, según se supo a lo largo del juicio, eran extensivas a varios compañeros de cautiverio.

La complicidad de la Justicia y la imputación de Carlos Rico

Entre los testimonios que complican la situación procesal de Otilio Romano, "refugiado" en Chile, se encuentra el de Luz Faingold, secuestrada en 1975. La testigo relató durante el juicio que, después de ser torturada y violada en el D2, el por entonces fiscal federal Romano la visitó en su cautiverio y no atendió su denuncia.

Rulé reconoció su celda en el D2 y recordó a Rico.

A su vez, Faingold, que por aquel entonces tenía 17 años, contó que posteriormente fue entrevistada por el juez Luis Miret, destituido recientemente por el Consejo de la Magistratura. De acuerdo con su relato, el ex magistrado le negó la libertad a pesar de ser menor de edad. "Me retó y gritoneó durante media hora antes de dejarme salir", agregó.

Otra revelación tiene que ver con el testimonio de Ramón Ábalo, quien sugirió que el actual integrante de la Segunda Cámara del Crimen Roberto Arlington Uliarte habría sido cómplice de la dictadura. Además, en un pasaje de uno de los libros que escribió se lee: "Otro caso es el de Roberto Uliarte, juez de la dictadura", a quien también acusó de ser "empleado" de los Vila.

Por otra parte, antes de que el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos solicitara la imputación de Carlos Rico (la Cámara Federal lo imputó por asociación ilícita destinada a cometer crímenes contra la humanidad), testigos situaron al ex subsecretario de Seguridad de Celso Jaque dentro del D2; entre ellos, Fernando Rulé (quien además dijo que Rico era uno de los violadores) y Alicia Morales.

La muerte del abogado defensor

Apenas unas semanas después de asumir la defensa de Rodríguez Vásquez, el abogado Alejandro Herrero falleció en una comisaría de Godoy Cruz y hasta hoy su muerte continúa siendo un misterio. Según las versiones policiales de aquel entonces, el hombre de 39 años fue detenido porque habría ingresado a un comercio de calle Belgrano "muy exaltado".

Por la trágica noticia, el Tribunal integrado por Juan Antonio González Macías, Héctor Cortez y Alejandro Piña suspendió la sesión que estaba prevista para el día posterior. A partir de ese momento, la fiscal Claudia Ríos tomó la investigación del caso y solicitó los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar donde Herrero fue apresado. Pero, por el momento, su muerte en la comisaría no ha sido esclarecida.

Los números del juicio

Causas: 17 (se redujeron a 8)
Víctimas: 32 (se redujeron a 9)
Acusados: 6 (Eduardo Smaha, Celustiano Lucero, Paulino Furió, Dardo Migno, Luis Alberto Rodríguez Vázquez y Juan Agustín Oyarzábal).
Declarados innimputables: 3 (Armando Fernández Miranda, Mario Lépori y Tamer Yapur).Fallecido durante el juicio: 1 (Juan Pablo Saá).

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El Juicio: el fiscal apunta al rol de la Fuerza Aérea
Fiscal Dante Vega.
Dante Vega es el fiscal del histórico juicio contra seis ex policías y militares acusados por crímenes de lesa humanidad que hoy tendrán sus sentencias. En una entrevista para MDZ Radio, señaló que "sigue siendo oscuro el rol de la Fuerza Aérea". Escuchá el audio.
A horas de conocer la sentencia final para seis ex policías y militares acusados por crímenes de lesa humanidad, Dante Vega, el fiscal de la causa charló con MDZ Radio y dijo que "hubo mucha veracidad en los testigos, conocimos detalles, el terror del D2, cómo comandaba el Ejército pero el capítulo más oscuro es el rol de la Fuerza Área, que lo vamos a esclarecer".


Desde el 17 de noviembre de 2010, Vega es el fiscal de la causa por los crímenes de lesa humanidad y señaló que lo más importante a nivel histórico sería conocer realmente donde están enterrados las víctimas. "Yo intuyo que Eduardo Smaha sabe donde están enterrados pero nunca habló".


También Vega hizo hincapié en el rol de la Iglesia durante la dictadura militar y dijo que fue "significativo" ya que hasta en el día de hoy "la Iglesia sigue sermoneando a los políticos".

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Tras la sentencia, debate y reflexión sobre juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza

La Universidad Nacional de Cuyo junto a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Observatorio de Derechos Humanos de Mendoza organizaron en conjunto una jornada para reflexionar y discutir el proceso judicial vinculado a las causas de Lesa Humanidad que se desarrolló en nuestra Provincia. El encuentro se realizará el viernes 7 de octubre a las 9 en Biblioteca Pública General San Martin, ubicada en Remedios Escalada de San Martín 1843, Ciudad.

La jornada se organizó para pensar y reflexionar sobre los “Procesos de Memoria, Verdad y Justicia: Primer Juicio de Lesa Humanidad en Mendoza”, especialmente en ocasión de que el jueves 6 de octubre se concretará la lectura de la sentencia en la Sala de Debate del Tribunal Oral Federan N° 1. En el acto de apertura estarán presentes Arturo Somoza, rector de la UNCuyo, Marcelo Duhalde de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Belén Álvarez, secretaria de Bienestar Universitario.

Las exposiciones de la mesa encargada de debatir la temática comenzarán alrededor de las 10.15. Entre los ponentes se encuentran Pablo Barbutto, coordinador del Área Jurídica Nacional - Equipo de abogados querellantes del país, de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Dante Vega, fiscal general, representante del Ministerio Público en el juicio; Viviana Beigel y Pablo Salinas, abogados querellantes del MEDH; Pablo Garciarena, abogado querellante de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Mariú Carreras, de los Organismos de Derechos Humanos; Marcelo Stern del Observatorio DDHH; Ángela Urondo, víctima y familiar y Gustavo Arenas, diputado Provincial.


Las temáticas de la jornadas incluirán exposiciones de aproximadamente 15 minutos sobre: Juicios de Lesa Humanidad como política de Estado en el marco del Proceso de Memoria, Verdad y Justicia; Relevancia de la sentencia y situación de las causas en trámite; Sentencia: complicidad civil: Justicia Federal; Estructura de inteligencia del aparato represivo en Mendoza; Ataques sexuales como tortura especifica por la condición de género; Centros clandestinos de detención en Mendoza; Paco Urondo: montoneros en Mendoza.

Fuente: http://www.mdzol.com, jueves


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De: laura roda <tengomeil@hotmail.com>
Fecha: 5 de octubre de 2011 12:24
Asunto: CONFERENCIA


Muchas gracias por mantenernos siempre informados acerca de lo que ocurre en otros provincias y paises de latinoamerica!!
En esta oportunidad, deseando colaborar a tu tarea, compartimos una actividad que estamos organizando en Catamarca.
Abrazos!
Laura


El Equipo de Voluntariado Universitario: “Memorias In-sur-gentes en Catamarca”

tiene el agrado de invitar a Ud. a la conferencia:

ALGUNAS CLAVES METODOLÓGICAS PARA REFLEXIONAR

ACERCA DE NUESTRO “PASADO”:

¿Desde qué concepción de sujeto pensamos hoy la transmisión

de las memorias histórico-políticas?

Lic. Silvia C. Bianchi. Prof. Titular Universidad Nacional de Rosario

La misma se realizará el día 7 de octubre de 2011, a las 18:00hs. en el Salón Amarillo

de la Universidad Nacional de Catamarca (Av. Belgrano 300).

Esperamos contar con su presencia.

Organiza: Proyecto de Voluntariado Universitario: "Memorias in-sur-gentes en Catamarca".

Invitan: Escuela de Arqueología - U.N.Ca.

"Ashpahuasi" Centro de Estudiantes de la Escuela de Arqueología - U.N.Ca.


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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007




martes, 4 de octubre de 2011



Discusiones técnicas y chicanas en la

anteúltima audiencia por Ragone

Los abogados de la acusación y los defensores se cruzaron ayer durante la anteúltima audiencia del juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Hubo discusiones técnicas y políticas, y hasta alguna chicana que elevó los ánimos. El público también participó, repartido entre los familiares de las víctimas y militantes de organizaciones de derechos humanos y los parientes de los acusados. El fallo se conocerá el 11 de este mes.

El fiscal federal Horacio Azzolín abrió el fuego con una larga réplica a los alegatos de los abogados defensores: Marcelo Arancibia y Roque López Homes, por los hermanos Pedro y Rubén Herrera, y los defensores oficiales Federico Petrina y Pablo Louthier, por los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil, los policías Joaquín Guil y Andrés Soraire y el civil Jorge Héctor Zanetto.

Respecto de los alegatos de Arancibia y López Homes, el fiscal insistió en que los hermanos Herrera, que el día del secuestro, el 11 de marzo de 1976, estaban de guardia en la casa de Gentil, a poco más de cien metros del lugar del hecho, tenían que haber visto el hecho, y que debieron haber intervenido. También reiteró que debieron haber escuchado los disparos, como dan cuenta la mayoría de los testigos presenciales. Y criticó a los defensores por introducir en sus alegatos cuestiones que no están contenidas en el expediente, como la afirmación de que los policías estaban desarmados (lo que el fiscal negó) y el llamado a sus superiores para informar del secuestro.

En cuanto al alegato de Petrina, que había pedido la nulidad de las acusaciones afirmando que eran indeterminadas, el fiscal sostuvo que la acusación ha sido correctamente planteada, que los acusados siempre supieron de qué se los acusaba y tuvieron oportunidad de defenderse. Sobre el planteo de que el secuestro de Ragone no puede ser considerado un crimen de lesa humanidad porque se cometió trece días antes del golpe del 24 de marzo de 1976, y por lo tanto está prescripta la acusación, Azzolín recordó que esto ya fue presentado al comienzo de este debate, el 5 de abril pasado. Afirmó en este sentido que el plan sistemático y generalizado de eliminación de enemigos políticos se inició antes del golpe, cuando se dictaron los decretos de aniquilamiento de la subversión. El fiscal recordó también que Petrina había hecho un planteo similar en la causa por el secuestro del escribano Aldo Melitón Bustos, y este mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal lo rechazó (si bien con otra integración). El ayuda memoria no le gustó al defensor oficial: dijo que el fiscal estaba mal informado sobre su planteo de aquella oportunidad.

Los querellantes adhirieron en casi todo a los dichos del fiscal. Matías Duarte, representante de la familia de Ragone, criticó a Petrina porque “con sus alegatos ha echado por tierra con 60 años de avance en la defensa de los derechos humanos”. Y pidió al Tribunal que tenga en cuenta que el cuerpo de Ragone no fue encontrado y que, si es que condena, meritúe esta circunstancia para la aplicación de la pena en cárcel común.

David Leiva, querellante por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se cruzó con Arancibia. Le reprochó que él y López Homes hayan hecho una reivindicación política de Ragone. “Da la impresión de que es al solo efecto de confundir los roles, es apropiarse de la figura de los desaparecidos en Salta desde el lugar desde el que se está pidiendo la impunidad”, sostuvo para entusiasmo de la mayor parte del público.

Martín Avila, querellante por las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia y la Cámara de Diputados, replicó sobre el planteo de prescripción. Fue sintético, explicó que el crimen de lesa humanidad reúne ciertos elementos, “no se trata de una cuestión de fechas”, explicó.

Las réplicas del fiscal y los querellantes fueron cerradas con aplausos.

Cuando les tocó el turno a las defensas Arancibia le respondió a Leiva. Insistió en que no hay pruebas contra sus defendidos y dijo que “jamás” se expresará con animosidad hacia otras partes del proceso. López Homes reiteró conceptos de su alegato.

Y Petrina fue “increíblemente breve”, según sus propias palabras. Dijo que no tenía mucho para decir porque “a pesar de lo extenso” del “nuevo alegato o réplica del señor fiscal”, chicaneó, no había logrado conmover los argumentos de la defensa. En cuanto a los querellantes, les recordó que no pueden pedir cárcel común para los acusados, en caso de que resultaran condenados.

El Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 11, a las 10, cuando los acusados tendrán la oportunidad de decir algo antes de que el Tribunal pase a deliberar para decidir su sentencia, que se conocerá ese mismo día. Organizaciones de derechos humanos están convocando a manifestarse en la sede del Poder Judicial, y se sabe que vendrán militantes de otras provincias.