domingo, 15 de junio de 2014

Juicio Angelelli: La querella pide perpetua y carcel efectiva para los represores imputados





Comenzaron los alegatos del juicio

La querella pide perpetua y cárcel efectiva por Angelelli

Los abogados querellantes Guillermo Díaz Martínez, Lobo Buyó, Mirta Sánchez y Pedro Goyochea (de Der. a Izq.) alegaron ayer.
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En el primer día de los alegatos, los querellantes que representan a la Iglesia, al Estado nacional y la familia de monseñor Enrique Angelelli, solicitaron al tribunal se dicte la pena de prisión perpetua y cumplimiento efectivo para los represores imputados en la muerte del obispo riojano.

Arrancó ayer la última etapa del histórico juicio por la muerte de Monseñor Enrique Angelelli, acaecida el 4 de agosto de 1976, en un extraño accidente vial, sobre ruta nacional 38. 

En ese momento el Obispo investigaba los asesinatos de los curas Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias y del laico Wenceslao Pedernera, que fueron torturados y acribillados a balazos. 

En la oportunidad, luego de que por la mañana se cerrara la etapa testimonial y de pruebas con la declaración del médico Enzo Herrera Páez (Ver aparte); por la tarde, alrededor de las 16 comenzaron los alegatos por parte de los abogados querellantes. 

En primer lugar hizo uso de la palabra Guillermo Díaz Martínez en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lo siguió Lobo Buyó, por la Organización Tiempo Latinoamericano, en suplencia del doctor Miguel Angel Morales que no pudo continuar en el juicio por problemas de salud; y Pedro Goyochea y Mirta Sánchez por el Obispado de La Rioja. 

Díaz Martínez fue muy amplió y explicativo en su alegato, por lo que lo sucedieron se sumaron a lo expuesto por el representante del Estado Nacional, y se dedicaron a detallar algunas cuestiones que no estuvieron en los alegatos que les precedían. 

En este sentido, Díaz Martínez desglosó el accionar de los militares argentinos, que copiaron ideologías provenientes de oriente, en donde las detenciones indebidas, las torturas y las desapariciones eran moneda corriente, poniendo como excusa la lucha en contra de la subversión o la guerrilla. 

Lo mismo se práctico en el país durante los años de la Dictadura Militar, y por eso Díaz Martínez sostuvo que el rol de los Servicios de Inteligencia fue determinante en la muerte del Obispo, el cual fue un asesinato premeditado y sistemático. 

Así también recordó que hay un expediente firmado por el vicecomodoro Estrella que confirma que estaba en plena actividad y conocía cada movimiento de las fuerzas de seguridad, pues era “prácticamente el tercer hombre en el área 314”, región a la que pertenecía La Rioja. 

Asimismo solicitó para Benjamín Menéndez, jefe de dicho escuadrón, por considerarlo “Autor mediato, penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Monseñor Enrique Angel Angelelli; a la pena de Prisión Perpetua”. 

De igual manera pidió la misma pena para Luis Fernando Estrella, a quien también lo responsabilizó del delito de “Asociación Ilícita Agravada, en concurso real, en carácter de autoría mediata”. 

A dicho delitos, tanto los cometido por Menéndez como por Estrella, los calificó como de Lesa Humanidad y pidió al tribunal que las penas sean de cumplimiento efectivo y en cárcel común. Lobo Buyó adhirió a lo solicitado. 

Por su parte, los abogados Goyochea y Sánchez, si bien también adhirieron a la misma pena y coincidieron en lo descripto por Díaz Martínez; solicitaron la revocatoria de prisión domiciliaria con la que cuentan en la actualidad los imputados. 

Además del Homicidio Calificado pidieron que sean juzgados por el delito de “odio religioso” contra la persona de Angelelli, “que se funda por la persecución que sufrió Monseñor a quien se lo tildó de Obispo Rojo, comunista, extremista, tercermundista, incluso habiendo festejado su muerte y brindado por ella, por el jefe Pérez Bataglia, el director del diario El Sol, Ricardo Furey, entre otros”. 

CONTINÚAN LOS ALEGATOS 

El presidente del Tribunal, Quiroga Uriburu, informó que el próximo 27 del corriente se realizarán los alegatos el Ministerio Público Fiscal y la Defensa. 



Fuente: El Independiente

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La imagen fue tomada por el fotografo del diario "El Independiente" en el conocido paraje “El Pastor” sobre la ruta 38, cerca de Punta de los Llanos, en la jornada de la inspección ocular en el lugar donde el obispo Enrique Angelelli perdió la vida el 4 de agosto de 1976.












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LESA HUMANIDAD: 531 condenados y 56 absueltos, el balance actual de los juicios





La estadística releva desde el Juicio a las Juntas en adelante
531 condenados y 56 absueltos, el balance actual de los juicios


En los últimos tres meses se dictaron cinco sentencias condenatorias a 22 acusados y una absolutoria que benefició a otros dos. Once de los condenados ya habían recibido pena en otros juicios. En el mismo período la Cámara de Casación revocó cuatro absoluciones. Los acusados que resultaron libres de culpa y cargo en juicios orales son poco más del 10 por ciento del total de condenados.
Por:
Lucas Miguel
531 condenados por crímenes de lesa humanidad y 56 absueltos son los últimos datos sobre el estado del proceso de juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Los números muestran que, desde el 24 de marzo pasado cuando la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad hizo públicas las estadísticas sobre los juicios, tribunales orales de distintos puntos del país dictaron cinco nuevas sentencias condenatorias a 22 acusados (la mitad de los cuales ya habían recibido condenas en otros procesos) y una absolutoria para otros dos, mientras que la Cámara Federal de Casación revocó cuatro absoluciones y ordenó que en esos casos se fijen penas.
Todas esas variables incidieron para que en poco menos de tres meses los condenados ascendieran de 520 a 531 y los absueltos bajaran de 58 a 56. De esa forma, actualmente las personas que terminaron libres de culpa y cargo en juicios orales son poco más del 10 por ciento de las que resultaron condenadas.
La primera sentencia dictada tras el aniversario 38º del Golpe de Estado de 1976 fue el 14 de mayo, cuando el TOCF de Neuquén condenó a cuatro militares y un policía federal por crímenes en La Escuelita. El ex jefe de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 182, Mario Alberto Gómez Arenas; el ex jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Hilarión de la Paz Sosa, y el ex jefe del personal del Comando de esa unidad, Luis Alberto Farías Barrera, recibieron 25 años de prisión. En tanto, el ex teniente coronel de Inteligencia Jorge Héctor Di Pasquale fue condenado a 17 años de prision y el ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, a seis años y medio.
Quince días más tarde, el 29 de mayo, se dictaron condenas en Jujuy, Tucumán y San Martín. En Jujuy fueron condenados a perpetua el ex interventor del Establecimiento Penitenciario N°1 y ex teniente Antonio Orlando Vargas y a los ex penitenciarios César Darío Díaz y Carlos Alberto Ortiz, mientras que sus colegas Mario Gutiérrez, Carlos Ortiz y Herminio Zárate recibieron condenas de 15, 12 y 9 años de prisión, respectivamente.
En Tucumán fueron condenados a perpetua seis de los homicidas del emblemático caso de Osvaldo De Benedetti: los ex generales Jorge Eduardo Gorleri y Alberto Carlos Lucena; el ex coronel Héctor Hugo Lorenzo Chilo; el ex teniente coronel Jorge González Navarro; el ex mayor y segundo Jefe del Regimiento IXX de infantería y jefe de la Fuerza de Tareas Aconquija, Ángel Colotti, y el ex capitán Ariel Rolando Valdiviezo.
En aquella jornada del 29 de mayo fue condenada en San Martín a ocho años de prisión la obstétrica del Hospital Militar de Campo de Mayo, Lidia Fanni Villavicencio, por su participación en la apropiación de Laura Catalina De Sanctis Ovando, hija de desaparecidos.
El 6 de junio en Santa Fe fueron condenados por asociación ilícita el ex juez Víctor Brusa, quien recibió siete años de prisión; el ex agente de la Policía provincial en el Departamento de Informaciones de la Provincia (D-2), Alberto Ramos Campagnolo, a nueve años de prisión; el ex jefe de la Oficina de Coordinación dependiente del Área Militar 212, Juan Calixto Perizzotti, a ocho años de prisión; y la ex agente María Eva Aebi, a cinco años.
Finalmente, el lunes pasado en Salta fueron sobreseidos por prescripción el ex coronel Carlos Tozzeto Arias y el ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas, quienes en 2008 intentaron deshacerse de un registro de la maternidad del Hospital Militar de Salta. El Tribunal consideró que ese conducta no tiene la categoría de crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, debía prescribir.
Pero los números de condenados y absueltos también variaron por nuevas definiciones en la instancia revisora de sentencias que constituye la Cámara Federal de Casación. El 24 de abril, el tribunal condenó a Juan Carlos Rolón y a Pablo Eduardo García Velasco, quienes inicialmente habían sido absueltos por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y ordenó que el TOCF 5 de la Capital Federal les fije pena.
El 14 de mayo el máximo tribunal penal también revocó las absoluciones del ex almirante Rubén Oscar Franco y del ex agente de la SIDE Eduardo Ruffo en la causa en la que se juzgó en 2012 el Plan Sistemático de apropiación de niños y niñas.

Fuente: http://fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/531-condenados-y-56-absueltos-el-balance-actual-de-los-juicios/




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El Colegio "Mariano Acosta" no olvida a sus 38 detenidos




Su "Espacio para la Memoria" combate el olvido 

El colegio "Mariano Acosta" no olvida a sus 38 detenidos-desaparecidos


 Memoria Verdad y Justicia - Télam
A la Escuela Normal Mariano Acosta asistieron 38 alumnos y docentesque fueron detenidos-desaparecidos por la dictadura, por los cuales se colocaron hace dos años seis baldosas conmemorativas que se encuentran sobre la puerta de la Escuela, en la calle Urquiza 277 del barrio de porteño de Balvanera, están esas hay seis baldosas que los recuerdan."Cinco llevan los nombres de los detenidos-desaparecidos y en la sexta está la leyenda que lo explica", dijo a a Télam Lizel Tornay, coordinadora del Área de Museos del Mariano Acosta. Desde el Espacio de la Memoria que funciona en la Escuela, Tornay, junto con la Coordinadora del Área de Archivo, Luz Ayuso, clasifica la documentación del establecimiento que el próximo lunes cumplirá 140 años.
Ambas buscan preservar la rica historia del colegio en el que estudió y se recibió de maestro Julio Cortázar. Lo hacen, entre otra maneras, entrevistando a los familiares de los ex alumnos  detenidos-desaparecidos por la dictadura, buscando fotos y documentos que, de alguna manera, revivan lo que fueron, lo que hicieron.
Y a la inversa: Tornay recordó la visita de dos mujeres que concurrieron al Acosta y encontraron las libretas de calificaciones de su hermano desaparecido, en búsqueda de "todo objeto que de cuenta de su materialidad como ser humano".
"Ahí es cuando el Archivo empieza a tener sentido", afirmó Ayuso: "Comenzamos un trabajo de selección de papeles viejos y amontonados, y de repente vienen dos personas buscando información de su hermano que había concurrido al Acosta en la primaria".
"Empezamos así a buscar las calificaciones en todos los documentos, y cada vez que encontrábamos algo era una movilización de emociones para esas mujeres", recordó.
"Una por lo general trabaja con tantos papeles, que tienen 140 años, que se pierde en esa limpieza, pero de repente pasa algo como lo de ese día y ya cambia la perspectiva", afirmó Ayuso.
"Tuvimos gran satisfacción simplemente con lo que pudimos devolverle a esas mujeres", subrayó y destacó que "a través de las calificaciones, esas mujeres por un rato estuvieron con su hermano".
Fuente: Telam





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martes, 10 de junio de 2014

Causa Metán: tribunal a domicilio



Escrache organizado por H.I.J.O.S. de Metan, Familiares y Organismos de DDHH

Causa Metán: tribunal a domicilio

Dos testigos declararon ayer en sus domicilios en Metán, hasta donde llegó el juez Federico Díaz, en representación del Tribunal Oral Federal de Salta, ante el que se lleva adelante un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de la provincia.
El Tribunal decidió trasladarse a Metán debido a estos testigos no podían viajar a Salta, por razones de salud, el policía Richard Quiroga, y de edad, en el caso de Felipa Severina Pérez. La presencia de uno de los jueces en esa localidad del sur motivó una movilización de familiares y víctimas del terrorismo estatal, que se concentraron en la puerta del domicilio de Pérez.
Aunque habló poco, Quiroga ratificó que el ex director de Tránsito metanense, Eduardo del Carmen del Valle, visitaba la Comisaría de esa localidad y aseguró que en la Policía había infiltrados, en referencia a miembros de inteligencia que operaban dentro de la misma Policía. Precisamente, se sabe que Del Valle revistaba en la Policía, y se especula que su función era precisamente, la de realizar tareas de inteligencia.
La otra testigo es una víctima: Felipa Pérez sufrió maltratos y detención ilegal por parte de miembros de la Policía de la provincia el 7 de mayo de 1976, poco después del secuestro del militante Hugo Armando Velázquez. Según se informó, la testigo corroboró los dichos de su hijo, Luis Paz, quien ya declaró en este juicio sobre los constantes allanamientos sin orden judicial y “abusos” que cometía la policía metanense.
Luis Paz contó que el 7 de mayo de 1976 su casa, donde vivía con su madre, fue allanada por un grupo armado integrado por Del Valle, Andrés del Valle Soraire, Rafael Rolando Perelló  y un tal Millán, que revolvieron todas sus cosas, los golpearon e insultaron y se llevaron “del cabello” a su madre. La detención y los maltratos sufridos por Felipa Pérez ya están siendo investigados por la Justicia Federal.
Este juicio, en el que están siendo juzgados Del Valle, Soraire, Perelló, el también policía Marcos Honorio Medina y los ex militares Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil, continuará el próximo 26 de este mes, con más testimonios, pero ya en la sala de audiencias. 

Fuente: Agencia de Noticias DDHH








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Sobreseen a ex militares que trataron de destruir libros del Hospital Militar




Sobreseen a ex militares que trataron
de destruir libros del Hospital Militar


Por Elena Corvalan




El Tribunal Oral Federal de Salta declaró ayer que la destrucción de documentos públicos de la época de la dictadura cívico militar no constituye delito de lesa humanidad.
El pronunciamiento del Tribunal integrado por los jueces Marcelo Juarez Almaraz, Marta Snopek y Federico Díaz se dio en el marco del juicio oral y público que se seguía contra los ex militares Carlos Fernando Tozzeto Arias y Juan Manuel Gestoso Presas, que estaban acusados de haber intentado destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar Salta.
Luego de declarar que se trata de delitos comunes, no vinculados a los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del plan sistemático de eliminación de personas, el Tribunal sobreseyó a Tozzeto Arias y a Gestoso Presas por prescripción de la acción penal, es decir que venció el plazo que tenía el Estado para perseguir los delitos que se les atribuían.
Es que ambos ex militares venían acusados por delitos leves: incumplimiento de los deberes de funcionario público para el caso de Tozzeto Arias, y tentativa de destrucción de elementos destinados a servir como prueba en el caso de Gestoso Presas, y el plazo máximo para la persecución penal era de 2 años y 8 meses, la pena máxima por este último delito, aunque esta cuenta no es literal porque en un proceso hay actos que suelen suspender el efecto suspensivo. Según el conteo del abogado de Gestoso Presas, el defensor oficial Oscar Tomás del Campo, ese plazo venció en diciembre de 2013.
Pero los fiscales federales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila planteaban que estos hechos estaban vinculados a delitos de lesa humanidad, porque habían sido llevados a cabo con intención de entorpecer la investigación del terrorismo estatal. Por eso habían pedido una pena de multa de $12 mil pesos para Tozzeto Arias y de un año y 4 meses de prisión para Gestoso Presas.
Los sucesos objetos de este debate ocurrieron el 15 de mayo de 2008 en el Hospital Militar Salta. Tozzeto Arias, que era el director del Hospital, encontró dos libros de la guardia (de las salas de Maternidad y de Suboficiales) durante un recorrido y, en lugar de seguir el procedimiento establecido (avisar a su superior y archivarlos), los entregó al jefe de la Compañía de Inteligencia 5, que era Gestoso Presas. Éste dispuso destruirlos, a pesar de que para entonces el Hospital Militar había recibido ya dos pedidos de informes sobre nacimientos producidos en septiembre de 1975, tramitados por el Ministerio de Defensa de la Nación a solicitud de la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad (CONADI).
Para la Fiscalía, los militares no podían no tener presente estos pedidos cuando decidieron la destrucción de ambos libros; máxime, teniendo en cuenta que esas solicitudes recibieron como respuesta que no se contaba con esa información porque la documentación había sido incinerada.
Ayer, al pronunciar sus últimas palabras antes de la sentencia, Tozzeto Arias insistió con su inocencia: dijo que “en ningún momento” pensó que esos pedidos eran “para buscar una cosa tan grave como desaparecidos durante el Proceso. Pensé que era para buscar nada más que un nacimiento”.
Gestoso Presas prefirió contestarle al testigo principal de este proceso: el capitán Silvio Manino Leal, quien recibió la orden de destruir los libros y, en cambio, los escondió y los entregó a Defensa, dando inicio a esta causa. “Yo no comparto en absoluto un golpe de Estado”, dijo el ex teniente coronel en respuesta a la afirmación del testigo acerca de que compartía la ideología de los militares golpistas.
Por estos hechos Tozzeto Arias y Gestoso Presas fueron sometidos a un sumario administrativo que terminó con su baja del Ejército. Ahora perseguían una reivindicación del Poder Judicial. La impresión de que la recibieron la dio tras la lectura de la sentencia el propio Tozzeto Arias: “Se hizo justicia”, exclamó antes de ser felicitado por sus defensores, los abogados Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortiz.

lunes, 9 de junio de 2014

Tucuman: Santa Lucía: CCD: Imagenes del horror






El centro clandestino de detención
“Santa Lucía: arqueología de la violencia”: imágenes del horror

En el predio donde funcionó primero un ingenio y luego una base militar se halló esta semana un sótano donde funcionó un centro clandestino. El fotógrafo Daniel Aráoz realizó entre 2001 y 2008 un ensayo documental sobre el lugar.


Fotos: Daniel Aráoz.  

Por: Infojus Noticias



Se halló esta semana uncentro clandestino que funcionó en el sótano de una base militar, en Tucumán. Es un predio donde antes había funcionado el ingenio Santa Lucía. Ubicado sobre la ruta provincial Nº 307, que lleva a Tafí del Valle, el pueblo sufrió en carne propia dos nefastas medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional que marcarían a fuego su destino. Una muestra del centro clandestino hoy fue realizada por el fotógrafo Daniel Aráoz. Se llama “Santa Lucía: arqueología de la violencia”. Se trata de un ensayo documental “que trata sobre las heridas que quedaron encerradas en el aire, en el espacio y en el tiempo”. Fue realizado entre agosto de 2001 y abril de 2008.
El Operativo Tucumán fue llevado a cabo por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía y provocó el surgimiento de diferentes  movimientos sociales que comenzaron a luchar en contra de estas medidas. El “Operativo Independencia” comandado por el general Acdel Vilas y concluido por Antonio Domingo Bussi, habría de consumar el crimen. Transformado en una gran base militar y centro clandestino de detención en 1975, el ingenio azucarero albergó a las tropas que participarían en la ejecución y aniquilamiento físico de todo individuo que cuestionará las políticas del poder.
Gran cantidad de hombres, mujeres y niños desaparecieron y nunca más se supo de ellos. Han pasado más de treinta años, pero aún persisten los temores. 
A continuación, algunas de las imágenes de “Santa Lucía: arqueología de la violencia”.





                    
                     












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Tucuman: Tribunal dice que De Benedetti era un "objetivo a eliminar" . Lo fusilaron con tiros en su corazon y cuello



JUICIO ORAL | LESA HUMANIDAD
Un tribunal dice que De Benedetti era un “objetivo a eliminar”

El miembro del ERP fue asesinado en 1978

Por Gaby Baigorri


La víctima era un “objetivo a eliminar” por su actividad política como miembro de jerarquía del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Fue asesinada mediante la acción conjunta de la IV Brigada de Infantería de Córdoba y la V Brigada de Tucumán. Esa fue una de las conclusiones clave a las que llegó el Tribunal Oral Federal (TOF) en relación con la muerte de Osvaldo De Benedetti, en 1978, durante el terrorismo de Estado. El TOF dio a conocer este jueves los fundamentos de la sentencia que condenó a perpetua a los seis militares retirados imputados en la causa. El estrado también revocó la prisión preventiva domiciliaria de cuatro de los ex uniformados. 

Los jueces Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga enumeraron las circunstancias que acreditaron que el militante fue ejecutado por personal del Ejército y no abatido durante un supuesto intento de fuga, tal y como indicaba la versión oficial de su deceso. Entre ellas, destacaron las percepciones de la víctima y de sus compañeros de cautiverio de que su vida terminaría (a partir de amenazas); la imposibilidad de los presos de fugarse en las condiciones en las que eran trasladados -atados y vendados- y que en esa época era frecuente que las fuerzas armadas “enmascararan” las ejecuciones de detenidos. 

Los magistrados hicieron hincapié en las características de las heridas que presentaba el cuerpo de De Benedetti (una en el corazón y otra en el cuello -sería el tiro de gracia-). “Quienes se fugan reciben, normalmente, disparos por la espalda”, explicaron. 

El TOF expresó que los responsables del traslado de De Benedetti fueron Alberto Lucena, Héctor Chilo, Jorge Gorleri y Jorge González Navarro (sentenciados como autores mediatos). Mientras que Camilo Colotti (mediato) y Ariel Valdiviezo (autor material) fueron responsabilizados por el operativo mediante el que la víctima fue retirada de la cárcel de Villa Urquiza para, supuestamente, “reconocer un depósito de armas” en la zona de Caspinchango (Monteros). 

En cuanto al monto de las penas, Casas votó en disidencia. El juez había expresado el mismo criterio en fallos anteriores: el de la obediencia debida militar como atenuante de culpabilidad. Había propuesto que cumplieran entre 12 años y 18 años de encierro (con la excepción de Valdiviezo, para quien requirió la pena máxima). 

El juicio del caso “De Benedetti” es el octavo por delitos de lesa humanidad celebrado en el TOF. De Benedetti había sido detenido con 30 años en Tucumán, en 1974 (estaba a disposición de la Justicia Federal local y del Poder Ejecutivo Nacional). Durante cuatro años cumplió un derrotero de traslados -junto a otros presos políticos- en calidad de “rehén” (lo amenazaban con que sería eliminado si había algún ataque contra las autoridades militares). En julio de 1978, salió del penal - Valdiviezo firmó el egreso-. Horas después, fue ejecutado.

Fuente: La Gaceta

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 application/pdfFallo completo 1249.35 Kb.


Fuente: www.cij.gov.ar





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Blanca: El encubrimiento del Arzobispo Guillermo Garlatti al ex capellan Aldo Vara: Un caso de injusticia divina





EL PAIS › EL ENCUBRIMIENTO DEL ARZOBISPO AL EX CAPELLAN ALDO VARA
Un caso de injusticia divina

La Justicia de Bahía Blanca investiga al arzobispo Guillermo Garlatti por encubrir y financiar mientras estuvo prófugo al ex capellán del Ejército relacionado con la dictadura, fallecido la semana pasada en Paraguay.

El arzobispado de Bahía Blanca dijo estar “espiritual e ideológicamente en las antípodas” del ex capellán Aldo Vara.
Por Diego Martínez
La muerte del ex capellán Aldo Vara en su refugio paraguayo termina de blindar la impunidad de los sacerdotes que participaron y consintieron con su silencio el terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Sin embargo, la decisión consensuada entre dos diócesis de la Argentina y Paraguay para esconderlo en una parroquia de Ciudad del Este, donde el obispo lo calificó el jueves como un perseguido político, vuelve a poner a la Iglesia Católica en la mira de la Justicia, ya no por secuestros o torturas sino por encubrir a un prófugo. Una instrucción judicial a paso cansino permitió que el arzobispado de Bahía Blanca y el apoderado de Vara tuvieran tiempo de seleccionar papeles antes de los allanamientos. Pero los datos que surgen de la investigación para dar con el prófugo más los aportes de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, que ante el primer indicio de complicidad fueron a la Curia y lograron la confirmación por parte de su administrador, acotan el margen de maniobra de quienes buscan evitar que el arzobispo Guillermo Garlatti sea citado a indagatoria. La decisión está en manos del juez subrogante Santiago Martínez, quien se ha distinguido por su obstinación en frustrar el avance de las causas de lesa humanidad con imputados civiles y por estos días disfruta de las Rutas del Vino de España junto a entrañables amigos de la cofradía judicial de Bahía Blanca.
Ex capellán del Batallón de Comunicaciones 181 con el grado de capitán, con funciones definidas por el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército, Vara fue el único sacerdote compañero de andanzas de Vilas, Azpitarte & Cía., que antes de morir llegó a estar imputado por los crímenes del Cuerpo V. El arzobispo bahiense era entonces Jorge Mayer, que en 1977 condecoró a cinco militares “que se destacaron en la lucha contra la subversión” y fustigó a “una guerrilla terrorista que ha violado constantemente la más elemental convivencia humana”. Dos de los cinco condecorados fueron condenados, dos están prófugos y el quinto era el fallecido Julián “Laucha” Corres, que administraba la picana en el centro clandestino La Escuelita, a 200 metros de donde Mayer bendecía las medallas. Su vicario general era Emilio Ogñenovich, que en los ‘80 militaría contra la Ley de Divorcio y en los ‘90 celebraría el desguace del Estado a cambio de subsidios para su diócesis. “Los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas”, predicaba en 1976, mientras se burlaba de madres de desaparecidos: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”. “La sociedad está cansada de inútiles declaraciones sobre derechos humanos”, rezongó en 1977. El capellán del comando era Dante Vega, quien durante la dictadura admitió ante madres de secuestrados que sus hijos estaban en La Escuelita (“No me nombren porque me comprometen, pero insistan”, aconsejó) y en 1983 juró por la Biblia no conocerlas.
El arzobispado de Bahía Blanca, que nunca manifestó arrepentimiento ni pidió perdón por avalar el terrorismo de Estado, está desde 2003 a cargo de Garlatti, quien por medio de su abogado intentó tomar distancia de Vara con un escrito en el que dijo estar “espiritual e ideológicamente en las antípodas” del ex capellán. El problema del arzobispo, más allá del espíritu o las ideas, pasa por hechos y pruebas. De la investigación para encontrar a Vara surge que salió del país el 15 de agosto de 2011, un mes y medio después del comienzo del primer juicio a represores bahienses, donde se repetirían los testimonios que lo incriminaban, que podían costarle su inmediata detención. El obispo que le dio cobijo en Ciudad del Este, Rogelio Livieres Plano, confesó luego de que Interpol descubriera el escondite que Vara “fue recibido a pedido de su obispo”, léase Garlatti. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, blanqueó el motivo el párroco Ecar Rolón para justificar el encubrimiento consensuado por ambas diócesis. Ante los requerimientos del juez federal Alvaro Coleffi, tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y los arzobispados de Mendoza, San Rafael, La Plata y Bahía Blanca dijeron desconocer el paradero de Vara. Garlatti agregó un dato sugestivo, que destacó el periodista Diego Kenis en la agencia Paco Urondo: dijo que Vara no había elevado ninguna solicitud para trasladarse al exterior. Omitió, en cambio, aportar la información que habría acelerado la captura y que su administrador Bruno Cuchetti admitió ante la súbita aparición de Nebbia y Palazzani: que un apoderado cobraba todos los meses, incluso los ocho en que estuvo prófugo, el “Fondo de Solidaridad (Fides)” que la CEA paga a curas mayores de 68 años. Mientras el pedido de captura era público y el Estado ofrecía una recompensa a cambio de información, Garlatti firmaba mes a mes la misma papeleta en la que el empresario Leopoldo Bochile, apoderado de Vara, hacía constar el cobro para el amigo en desgracia.
A favor del arzobispo y del empresario juega la escasa vocación del Poder Judicial cuando los acusados no son morochos pobres y la buena vida de sus señorías. Nebbia y Palazzani presentaron la denuncia el martes 29 de abril, un día después de la captura de Vara. El 30, el fiscal Antonio Castaño pidió el allanamiento del arzobispado. El eterno subrogante Martínez lo rechazó y dejó pasar una semana, hasta el miércoles 7, cuando le delegó la investigación. Castaño reiteró el pedido y el allanamiento se concretó el 9, cuando la denuncia por encubrimiento ya había recorrido el mundo y la Curia había tenido diez días para elegir los papeles que sobrevivirían. De los cuatro sobres que se llevó la Policía Federal sólo trascendió que contenían el poder de Vara a Bochile & Sra., firmado en 2001, y las planillas con las firmas de los recibos por los pagos del Fides.
Ante la licencia de Castaño, de viaje por España, lo reemplazó el fiscal general Alejandro Cantaro, a quien organismos de derechos humanos de Bahía Blanca repudiaron en marzo por dar un reportaje al diario La Nueva Provincia días antes de que su director Vicente Massot debiera prestar declaración indagatoria y por “poner en duda la validez de las imputaciones” contra el ex secretario judicial Hugo Sierra, con quien escribió un libro de derecho penal y a quien acusan por delitos de lesa humanidad los mismos fiscales a quienes Cantaro dice valorar. Luego de escuchar la declaración de tres miembros de organismos para confirmar la veracidad de una respuesta del arzobispado que llevaba meses circulando por redes sociales, el fiscal general pidió el allanamiento a la casa de Bochile, que se concretó el 27 de mayo, tres semanas después de que Página/12 publicara su nombre como encubridor del prófugo. Cantaro reiteró los pedidos de indagatoria pero la respuesta deberá esperar cuanto menos hasta que el juez Martínez y un selecto grupo de enófilos de la familia judicial bahiense, incluido el propio fiscal, retornen de su paseo por el País Vasco.
diemar75@gmail.com
Fuente: Pagina 12





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martes, 3 de junio de 2014

Salta: Causa Hospital Militar: Detectan posible apropiación de un niño en la Maternidad de esa unidad militar




Detectan posible apropiación en
 archivos del Hospital Militar

Por Elena Corvalan  


Los libros de la guardia del Hospital Militar Salta que intentaron destruirse contienen registros que consolidan la sospecha de que al menos un niño nacido en la sala de Maternidad de ese centro asistencial fue apropiado en el marco del terrorismo estatal imperante en la década del 70. Por este motivo los fiscales federales Eduardo Villalba, Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila requirieron la intervención de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado.
La novedad se conoce en vísperas de los alegatos en el juicio que se sigue contra los ex militares Carlos Fernando Tozzeto Arias y Juan Manuel Gestoso Presas, que están acusados por incumplimiento de los deberes a su cargo y tentativa de destrucción de elementos que podrían servir como prueba, respectivamente, porque en mayo de 2008 intentaron destruir dos libros de registro de los pacientes atendidos en las salas de Maternidad y de Suboficiales del Hospital Militar entre principios de 1975 y mediados de 1990. Tozzeto Arias era director del Hospital Militar Salta y Gestoso Presas, jefe de la Compañía Inteligencia 5.
El Tribunal Oral Federal de Salta tiene previsto escuchar hoy los alegatos de las partes, los fiscales Snopek y Sivila y los abogados defensores Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortiz Saravia (por Tozzeto Arias) y el defensor oficial Oscar del Campo (por Gestoso Presas). Aunque no se informó oficialmente, se estima que también podría conocerse la sentencia.
En el pedido de intervención de la Unidad Especializada en Casos de Apropiación de Niños, que coordina el fiscal federal Pablo Parenti, los fiscales de Salta advirtieron que se está ante la posible comisión de delitos de competencia de esa Unidad. Es que, en respuesta a un pedido del Tribunal, la CONADI informó que en los registros de los libros existen coincidencias con casos en los que se sospecha de apropiaciones indebidas de niños en el marco de la represión estatal.
Entre éstos se destaca un trámite iniciado a instancias de una persona que sospecha que fue apropiada en el Hospital Militar Salta. Respecto de este trámite la CONADI informó que en la compulsa detectó “tres asientos del Libro III (Maternidad) vinculados con el nacimiento” de esa persona En dos de esos asientos hay coincidencias en las fechas, el apellido materno y el número de documento, el apellido del médico interviniente y el sexo del recién nacido, además de inexactitudes en el registro que fortalecen la sospecha.
Los libros fueron encontrados en el sector Lavandería del Hospital Militar, en un carrito debajo de ropa sucia. En vez de seguir el procedimiento establecido para estos casos, Tozzeto Arias los entregó a Gestoso Presas, que dispuso su destrucción. La incineración no se concretó porque el capitán Silvio Manino Leal entendió que estaba ante una orden irregular y lo denunció.
Meses antes del intento de quema de los libros, Tozzeto Arias había respondido negativamente un pedido de informes de la CONADI, que intentaba verificar si había constancias de nacimientos producidos en el Hospital de Salta en septiembre de 1975. La respuesta fue que los registros habían sido quemados, lo que se intentó hacer después. 

Fuente: Agencia de Noticias DDHH

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La Fuerza Aérea también

El ex miembro de la Junta Militar entre 1979 y 1981 y otros dos miembros de la Fuerza Aérea están involucrados en la desaparición de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, quienes estuvieron secuestrados en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-247663-2014-06-03.html









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