martes, 18 de septiembre de 2012







Ordenaron al colegio católico que conmemore La Noche de los Lápices

Inspectores enviados por la ministra bonaerense Nora de Lucia se hicieron presente en el colegio San Carlos Borromeo donde constataron que no se les autorizó a los alumnos a recordar lo sucedido el 16 de septiembre de 1976.
 
 
Por Alfredo Silletta 

La Dirección General de Cultura y Educación envió ayer dos inspectores para corroborar la denuncia que publicó Diagonales.com el fin de semana. En la misma afirmaba que los alumnos del colegio San Carlos Borromeo no pudieron conmemorar La Noche de los Lápices como lo ordena la resolución 4302/11, que obliga a todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, tanto públicos como privados, a recordar a los jóvenes secuestrados y asesinados por la dictadura militar en 1976. 

La flamante ministra de Educación, Nora de Lucia, instruyó hoy por la mañana a la directora provincial de gestión de Educación Privada, Nora Pinedo a que investigara lo sucedido en el colegio de la ciudad de La Plata. 

Los funcionarios provinciales se hicieron presentes y comprobaron que no se había realizado el recuerdo por el 16 de septiembre y ordenaron que se genere el espacio de reflexión por el hecho a pesar de que quedara extemporáneo. Las autoridades del colegio aceptaron. Con relación a la negativa para constituir el Centro de Estudiantes, los funcionarios bonaerenses le recordaron la ley provincial que permite a los alumnos participar y tener un centro de estudiantes. Desde la institución católica informaron que se pondrán en diálogo con los alumnos para cumplimentar el centro en un futuro no muy lejano. 

Finalmente fuentes provinciales de la Dirección General de Educación afirmaron que realizarán un seguimiento específico en dicho establecimiento para que cumplan con las últimas directivas brindadas
 
Fuenet: Diagonales

-- @@@
 
 
audiencia clave en la causa por crímenes de lesa humanidad en la plata

Provocativos testimonios de los imputados por el Circuito Camps

El ex jefe de Investigaciones de la Policía platense, Fernando Svedas, afirmó que un grupo de desaparecidos no dejaba su lugar de detención "por propia voluntad". La versión de Etchecolatz.

Por: 
Tiempo Argentino
No se fueron porque no se querían ir." La frase con que uno de los imputados se refirió a un grupo de detenidos desaparecidos en uno de los centros clandestinos que funcionó en la última dictadura cívico militar en La Plata, sonó como un insulto para el público que asistió ayer a una nueva audiencia del juicio por los crímenes de lesa humanidad en el denominado Circuito Camps. En la jornada fueron indagados cinco imputados a quienes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal les amplió la acusación por el delito de homicidio.
En la audiencia de ayer fueron indagados el ex comisario de Investigaciones de la Bonaerense y mano derecha de Ramón Camps, Miguel Etchecolatz; el ministro de Gobierno durante la dictadura, Jaime Smart; y los ex policías Carlos García y Fernando Svedas. El último, que fue jefe de la Brigada de Investigaciones de Policía de La Plata donde en la dictadura funcionó un centro de tortura, dijo que el grupo de desaparecidos conocido como Grupo de los 7 estaba "retenido" en ese lugar y que no dejaban el lugar por propia voluntad. 
Svedas consideró a esos prisioneros como "propia tropa" y afirmó que "no miraba" ni le interesaba lo que ocurría en la dependencia que estaba bajo su mando. "No quería meter las manos en agua hirviendo", intentó explicar y desligarse de los hechos, pero no pudo explicar qué significaba ese hervor. De haberlo hecho, hubiera admitido que sabía que en ese lugar se mantenía secuestrado a los disidentes políticos y que se los torturaba.
Con el mismo grado de cinismo Etchecolatz apeló a la obediencia debida y dijo que se "hacía cargo" de las imputaciones de la causa a pesar de que entendía que "no se corresponden con la verdad", pero pidió que se desligue a sus subalternos.
El ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura, Jaime Smart, único civil procesado en la causa, no se defendió de la acusación por el homicidio de Jorge Rubistein, mano derecha de David Graiver, y apuntó al testimonio del ex legislador de la Juventud Peronista de Bahía Blanca, Mario Medina, quien dijo que al salir de la sala de torturas vio al por entonces ministro. Dijo que era mentira y que debió confundirlo. Hoy continuarán las indagatorias. 

La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia






ESTUDIOS

Perito cardiólogo de la Corte examinará hoy al represor Musa Azar Curi

Su diagnóstico será trascendente para saber cómo continuará el juicio de la Megacausa de Derechos Humanos.
Perito cardiologo de la Corte examinara hoy al  represor Musa Azar Curi
PARATE. Se suspendió el debate hasta la recuperación de Azar Curi.
Publicado el 18/09/2012 - Un perito cardiólogo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el forense Cristian Rando, examinará hoy al represor Musa Azar Curi para definir si está en condiciones de continuar asistiendo a las audiencias del juicio de la Megacausa, en la que se ventilan 44 casos de secuestros, torturas y desapariciones, delitos de lesa humanidad cometidos en los 70, y a los que luego se agregaron cargos por abusos sexuales. 
Los nuevos estudios al ex jefe de la “Side” santiagueña permitirán establecer un diagnóstico sobre su actual estado de salud, luego de que estuviera internado en el sanatorio Alberdi, donde un equipo médico recomendó 30 días de reposo para el jefe de los grupos de tareas represivos. 
El informe de Rando será elevado al Tribunal Oral Federal que integran Graciela Fernández Vecino (presidenta), Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís (vocales). Con esta información, el TOF decidirá cómo continuarán las audiencias públicas que se desarrollan en el cuarto piso de Tribunales de la provincia, en el Salón de Usos Múltiples.
Previo al arribo del perito, al represor se le practicaron estudios médicos, que habían sido solicitados por los jueces. 
Como se recordará, a fines de agosto Musa Azar Curi fue internado en el centro médico privado y de acuerdo con un diagnóstico elaborado por los médicos del sanatorio Alberdi, el ex jefe de Inteligencia debía guardar reposo absoluto, psíquico y físico durante 30 días. 
Asimismo, se consignó que el 4 de septiembre, Musa Azar “fue dado de alta” y volvió a ser alojado en un pabellón del hospital Independencia, donde cumple sus condenas.
 
Fuente: El Liberal
 
 
@@@
  • TESTIMONIO POR VIDEOCONFERENCIA

    Desde Madrid

 Por Sonia Tessa
Desde la Embajada Argentina en Madrid, por videoconferencia, Pablo Leonardo Martínez declaró ayer en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Martínez recordó su secuestro, el 4 de mayo de 1977, cuando estaba tomando el ómnibus en el barrio número 2 de Somisa. "Dos personas me interceptaron, una de ellas con algo en la mano, y me dijeron: 'quedate quieto o te quemo'. Me arrojaron a un vehículo y me llevaron a una casa donde fui sometido a torturas", contó. Allí estuvo dos días, y después de las torturas lo llevaron a una habitación donde había otras personas, entre las que recordó a las hermanas María Cristina y Raquel Alvira y a Horacio Martínez, esposo de la primera. En 1984, cuando declaró ante la Conadep, también había mencionado a Coca (Rosa Baronio) y Polo (Eduardo Reale), pero ayer le costó rememorarlo. Cuando el fiscal Juan Murray le leyó lo que había dicho entonces, Martínez fue contundente: "Lo que declaré en ese momento es estrictamente cierto. Había transcurrido mucho menos tiempo, tenía los recuerdos mucho más claros y había tenido mucho tiempo para pensar". Pablo estuvo seis años presos. Antes, había dejado claro lo que significa para los sobrevivientes del terrorismo de estado declarar después de 35 años. "Hay cosas que recuerdo y otras que he querido olvidar", expresó.
Por la desaparición de las hermanas Alvira, Horacio Martínez, Baronio, Reale y María Regina Spotti está acusado Manuel Fernando Saint Amant, que fue jefe del Area 132 del Ejército, y como tal comandó la represión ilegal en el norte de la provincia de Buenos Aires. Pablo Martínez escuchó, en el tercer sitio de su detención ilegal, que uno de sus captores le decía a un compañero: "Ahí viene Saint Amant". Luego, siempre vendado, sintió que le mostraban a alguien su estado físico, en una especie de inspección.
El testigo contó que durante su privación ilegítima de la libertad lo tuvieron en tres sitios diferentes: el primero era una casa. Allí lo torturaron, primero a él y luego siguieron con José María Budassi, que era su compañero de colegio y fue secuestrado tres horas después, también en la calle. En el mismo lugar pudo intercambiar unas palabras con Gerardo Cámpora, que también había estudiado con él. Cámpora continúa desaparecido, y su caso es parte de la causa de los ex alumnos del colegio Don Bosco de San Nicolás, en el que Budassi es querellante.
El segundo lugar de secuestro fue la Unidad 3 de San Nicolás, donde permaneció 10 días. El traslado fue con Cámpora, las Alvira y Martínez. Mientras Cámpora fue llevado con él a la cárcel, a las otras tres personas las bajaron en la comisaría de San Nicolás. A Cámpora volvieron a trasladarlo, y no supo más de él. Después de diez días en una condición absolutamente irregular en la cárcel -"las autoridades tenían que saber que yo estaba ahí"-, Pablo Martínez fue llevado a otra casa, cerca de la fábrica Protto, en el camino a Villa Constitución. Allí volvieron a torturarlo, y escuchó nuevamente que Horacio Martínez estaba allí, cautivo como él.
Finalmente, en un procedimiento irregular, él y Budassi fueron dejados en un descampado, los obligaron a subir a un auto, y fraguaron una detención por llevar "elementos subversivos", que derivó en su blanqueo en la comisaría de Junín. Pablo permaneció seis años detenido, y al salir de la cárcel reconstruyó quiénes fueron sus compañeros de cautiverio. Ayer, después de 35 años, lo ratificó en un juicio oral y público.
También declaró ayer el perito médico de la Cámara Federal de Paraná, Armando González, que participó de la inhumación de los restos de Omar Amestoy y Ana María Fettolini, en el cementerio de Nogoya, en 2011. El matrimonio fue asesinado en la masacre de la calle Juan B. Justo, el 19 de noviembre de 1976, junto a Ana María Granada, y los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años. El único sobreviviente de esa masacre, Manuel Goncalves Granada, es querellante en la causa. Por esa masacre están procesados, además de Saint Amant, el ex militar Antonio Bossie y el ex jefe de la policía Federal de San Nicolás, Jorge Muñoz.
Fuente: Rosario 12
 
 

-- 
La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia






"La Masacre de Trelew fue un hito en el plan clandestino de represión", afirmó la querella

La Masacre de Trelew fue "un hito en el plan clandestino de represión, que alcanzó su máxima intensidad durante la última dictadura" de 1976-83, afirmó la querella al comenzar los alegatos finales en el juicio por el fusilamiento de 19 presos políticos perpetrado en 1972.
"Estamos en la etapa final de este juicio por la Masacre de Trelew, luego de más de 30 años de silencio e impunidad", dijo Eduardo Hualpa, uno de los abogados de la querella de familiares de víctimas de la Masacre del 22 de agosto de 1972.
Hualpa expuso los hechos previos al fusilamiento que causó 16 muertes y heridas graves a otros tres prisioneros en la base Almirante Zar de la Armada, desde la fuga, una semana antes, de 25 detenidos del penal de Rawson, la capital de Chubut.
Seis participantes de esa fuga completaron la huida en avión a Chile, mientras que otros 19, cercados por tropas militares en el viejo aeropuerto de Trelew, pactaron su rendición con garantías el 15 de agosto, en presencia de un juez y periodistas.
El letrado expuso luego la secuencia que derivó en la ejecución de los prisioneros y relató también hechos posteriores, como la persecución a sobrevivientes, familiares de las víctimas, abogados y miembros de la Comisión solidaria con los presos políticos, integrada por vecinos de Rawson y Trelew.
"Representamos en este juicio a nueve familias marcadas y algunas diezmadas, por quienes estamos alegando", dijo Hualpa, sobre la querella que integra junto a las abogadas Carolina Varsky y Daiana Fusca, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Hualpa dedicó parte del alegato a desmontar la versión oficial de la dictadura y la Armada sobre que el prisionero Mariano Pujadas hubiese arrebatado un arma a la guardia y comenzado a disparar en un supuesto nuevo intento de fuga.
Dijo además que los cinco marinos acusados en el juicio que se desarrolla en Rawson "están imputados por gravísimos delitos que configuran sin duda crímenes de lesa humanidad", aunque tocará a Varsky este martes la calificación de los mismos y el pedido de penas.
Por su parte, Fusca expuso sobre el contexto histórico de la Masacre de Trelew, durante la dictadura de 1966-73 y su Doctrina de la Seguridad Nacional, que definió un "enemigo interior llamado subversión".
En ese marco, citó normativa y reglamentación "reservada" o secreta, incorporada al expediente, que preveía el uso de tormentos, con eufemismos como "método de la acción compulsiva" para obtener información e "interrogatorios estrictos".
Esa documentación del régimen dictatorial preveía también que la población "podrá sufrir las consecuencias de la represión militar", a la vez que confirma que ya entonces existían los Grupos de Tareas clandestinos, generalizados a partir de 1976.
La abogada recordó además la creación del fuero antisubversivo y de El Camarón, como se conoció a la Cámara Federal en lo Penal conformada en 1970, un tribunal ad hoc sin derechos a apelación, concebido como parte del aparato represivo.
La "motivación ideológica comunista, calificación encomendada a la SIDE", servía para perseguir a militantes estudiantiles, políticos, sindicales, sociales y sacerdotes, añadió Fusco.
Como contrapartida, aludió a "la movilización social", con expresión saliente en el Cordobazo del 29 de mayo de 1969, "a la aparición de organizaciones revolucionarias y a las agrupaciones de defensa de los presos", como la surgida en las principales ciudades de Chubut en torno a detenidos en el penal de Rawson.
Fusco recordó que entre los presos de la Unidad 6 de Rawson se hallaba el sindicalista Agustín Tosco, principal líder del Cordobazo, y que Pedro Bonet, asesinado el 22 de agosto, había dicho una semana antes a la prensa: "somos hijos de mayo de 1969, somos hijos del pueblo".
Citando testimonios y documentación reunida durante el juicio, la abogada señaló que la represión en la Argentina cobró forma bajo la influencia de la estadounidense Escuela de Panamá, donde se formaban oficiales latinoamericanos, y de la "escuela francesa".
"El plan clandestino de represión" se conformó entre fines de los `60 y comienzos de los `70, incluidos doctrina y cursos, también "los primeros secuestros y asesinatos", por los que "todo estaba listo" para ponerlo en ejecución con la Masacre de Trelew, señaló Fusco.
Además de los familiares de las víctimas, también es querellante en el juicio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por los abogados Germán Kexel y Martín Rico, que alegarán al parecer el miércoles próximo.
Según estimaron fuentes de la causa, el jueves pronunciaría su alegato el fiscal federal Fernando Gelvez. Después vendrá el turno de la defensa de los cinco marinos acusados: Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Jorge Enrique Bautista, Luis Emilio Sosa y Rubén Norberto Paccagnini, y la sentencia se conocería a mediados de octubre próximo.
Fuente: telam
 
 
 
 
 
Masacre de Trelew: los militares sabían que se preparaba una fuga de la Unidad 6 de Rawson
 
Los abogados de las familias ratificaron que los presos fueron fusilados por la Armada y que fue “un crimen de lesa humanidad” necesario para imponer una nueva estructura económica. La inteligencia militar sabía que se prepara una fuga de la U-6 de Rawson pero no logró impedirla.
Diez horas. Es lo que durará en total el alegato del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a las familias. Ya consumieron casi cuatro y hoy terminarán su turno en Rawson.
El Centro de Estudios Legales y Sociales consideró probado que los 19 fusilamientos de la Masacre de Trelew fueron “gravísimos crímenes de lesa humanidad” que dejaron “familias marcadas y diezmadas”. Y que el episodio fue “un hito en el plan clandestino de represión, que tuvo su máxima expresión con el terrorismo de Estado posterior”.
Con la complicidad de parte de la sociedad civil, el objetivo era imponer una nueva estructura económica que necesitaba el “disciplinamiento” de la población, en especial la militante. Trelew fue la primera ejecución del esquema represivo.
Al cierre de esta edición el CELS, que representa a los parientes de los muertos, seguía con su alegato. En total durará unas 10 horas. Llevan casi cuatro y terminará hoy, cuando el proceso se reinicie a las 10. Así se abrió la parte final del histórico juicio en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson. Hubo medio centenar de personas escuchando.
“La conclusión irrevocable es que los 19 presos fueron fusilados y rematados por personal de la Armada Argentina”, aseguró el abogado Eduardo Hualpa. Según la versión de la querella, a las 3.30 del 22 de agosto de 1972, los guerrilleros detenidos fueron despertados con gritos y patadas en las puertas.
Presos en la Base Almirante Zar de Trelew, el cabo Carlos Marandino les abrió celda por celda. El capitán de fragata Luis Sosa y el teniente de navío Roberto Bravo ordenaron formar delante de los calabozos, con la cabeza gacha. “Luego de uno o dos minutos y sin mediar hecho desencadenante alguno, el personal de la Armada abrió fuego sobre el grupo de prisioneros”, relató Hualpa en el silencio del recinto. “Después del fusilamiento recibieron tiros de gracia”.
El alegato repasó que Pedro Bonet fue asesinado con un tiro de gracia al mediodía de ese día, 9 horas después de haber sido herido; María Angélica Sabelli tenía un tiro mortal en la nuca; Jorge Ulla un disparo a quemarropa debajo de la tetilla izquierda y Susana Lesgart, un orifico de bala sobre el pecho, efectuado desde muy cerca.
La peor parte se la llevó Mariano Pujadas: 17 impactos de bala provenientes de dos líneas de tiro, una a la altura de las piernas y otra a la altura del abdomen. Según la autopsia el último disparo lo recibió en la cabeza, a no más de 30 centímetros y caído en el piso.
Pausado, casi teatral, Hualpa leyó los nombres de cada muerto, su edad y el motivo de su presidio. Recordó que Ana María Villarreal de Santucho “fue asesinada con más de 5 meses de embarazo”. Y que por intencionada falta de atención médica murieron 3 de los 6 sobrevivientes. Para graficar su hipótesis utilizó una pantalla de fondo naranja y proyectó un Power Point con el relato de los hechos.
Además de Marandino y Sosa, Emilio Del Real, Jorge Bautista y Rubén Paccagnini escucharon la descripción muy atentos e impasibles. A veces negaron con la cabeza. Otras agacharon la frente o estiraron el cuello para oír mejor. Se sentaron más cerca del centro del escenario y no se ocultaron en las cortinas.
Según el alegato, el trato a los presos de la Base “empeoró con el tiempo y fue especialmente cruel con Pujadas”. En su semana de encierro los guerrilleros fueron extensamente interrogados por la Marina y la Policía y “sufrieron sesiones de maltrato y verdugueo a cargo de Bravo”. Según los documentos militares, “tenían un gran entrenamiento mental, un cerrado mutismo y una actitud desafiante”. Iban al baño esposados y manos en la nuca, y les apuntaban con armas sin seguro y cargador extra. “Sosa solía visitar los calabozos y avalaba los maltratos”.
Hualpa repasó las 4 versiones oficiales acerca del episodio, las intimidaciones a los testigos y la investigación de Bautista, el juez militar ad-hoc de la época. También las represalias militares.
Un dato se escuchó en el juicio por primera vez: dos semanas antes de la fuga del 15 de agosto del ´72, el entonces capitán de fragata Paccagnini tenía información de inteligencia acerca de que las organizaciones guerrilleras planeaban un copamiento o bien un asalto de la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson.
Las investigaciones de las fuerzas armadas ya le advertían una “concentración de elementos subversivos” en el Valle. Se allanaron pensiones y hospedajes. El entonces jefe de la Base Zar incluso habló del tema con el gobernador de Chubut y le aseguró que el asunto estaba “totalmente clarificado”.
Según la querella, Paccagnini –acusado de cómplice de los 19 fusilamientos- “temía un posible intento de fuga entre el 1º y el 10 de agosto”. Tomó medidas de prevención. Pero aunque el espionaje militar de la época anticipó el movimiento sospechoso de los grupos armados, no adivinó que la toma del penal sería desde adentro. “Esa fue la sorpresa”, dijo Hualpa.
Tras el escape esos partes de inteligencia se multiplicaron. Se fichó a todos los involucrados de alguna forma con la Masacre. Hubo seguimientos a guerrilleros, abogados, familiares y vecinos de Trelew y Rawson que dieron apoyo a los presos políticos. Los datos constan en el material que se guardaba en la ex Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, y que aportó al tribunal la Comisión por la Memoria. Esta recolección de información sirvió para la variedad de represalias que llegarían tras los fusilamientos

Fuente: la Jornada

@@@
 
Causa: La "Escuelita" II

Tres acusados negaron detenciones y tormentos

00:50 18/09/2012
Los imputados que declararon ayer en las indagatorias rechazaron los delitos que les adjudican. Algunos arremetieron con virulencia contra el juez instructor de la causa, Guillermo Labate, y sus denunciantes. Sostuvieron que fueron inculpados con pruebas falsas. No aceptaron preguntas de los miembros del tribunal ni de los querellantes ni del fiscal. Un militar y un policía están involucrados en los hechos denunciados de la comisaría de Cipolletti.

Gendarme (r) Emilio Jorge Sacchitella  
Gendarme (r) Emilio Jorge Sacchitella
Gendarme (r) Emilio Jorge Sacchitella  
Gendarme (r) Emilio Jorge Sacchitella
"Los señores de la vida y de la muerte eran 50 tipos"
NEUQUÉN (AN).- "No detuve ni torturé a una persona y tampoco hubiera permitido que torturan", dijo ayer el oficial retirado Gustavo Vitón, quien estuvo a cargo del comando del Ejército que intervino la comisaría de Cipolletti el 24 de marzo del 76.
Cargó contra el juez Guillermo Labate, al cuestionar que no haya dirigido la investigación como a su parecer correspondía, ordenando allanamientos en dependencias militares para recuperar documentación.
Apuntó a desincriminarse de una de las acusaciones por la que llegó al juicio, que es la de integrar una asociación ilícita. En ese sentido dijo que los que realmente comandaron el proceso fue un reducido grupo de militares, de mucho más jerarquía.
"Los señores de la vida y de la muerte eran 50 tipos", remarcó para delimitar responsabilidades.
Agregó: "nosotros tuvimos dos de esos en Río Negro. Uno era (Acdel) Vilas (por ese entonces comandante del Quinto Cuerpo del Ejército) y otro (Néstor Rubén) Castelli", interventor militar en la provincia.
En la misma línea señaló que "los ideólogos de esa asociación ilícita y el golpe fueron -entre otros- los generales Osiris Villegas, (Benjamín) Rattembach. Rattembach fue el que tras el derrocamiento de Perón prohibió que se publicara el nombre de Perón y que en su lugar se usara 'el tirano'".
Vitón reivindicó su pertenencia al grupo de los "33 Orientales", el grupo de militares que se opuso al golpe del 76. "Oponerse al golpe era jugarse la vida", dijo.
En cuanto a quienes lo acusan dijo que no los reconocía y aún cuando de algunos no cuestionaba que lo que dijeron fuera verdad, señaló. "Niego haber tenido alguna participación (en detenciones y torturas) en la comisaría de Cipolletti".
"Me dijo que conocía 'La Escuelita'"
NEUQUÉN (AN).- La dirigente de la APDH neuquina, Noemí Labrune sostuvo que Vitón "a mí, me dijo que él conocía la existencia de La Escuelita", pero que luego se desdijo cuando debió declarar en 1987 cuando se iniciaba la causa conocida como los Juicios por la Verdad, en la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Replicó que "si quería colaborar con la verdad, hizo todo lo contrario" antes de estar imputado.
Explicó que cuando no estaba acusado por los delitos que se investigaban en esta causa, el militar dado de baja en 1980 se ofreció ante la APDH para testimoniar, pero cuando lo hizo, "se sentó con otros militares ese día, y había una especie de director de orquesta, que era un auditor militar que estaba de civil y todos dijeron lo mismo".
Añadió que "las declaraciones están en la causa y es como si hubiesen conocido de memoria el libreto: nadie conocía ese lugar en el fondo del batallón, que estaba deshabitado".
Labrune sostuvo que en esa ocasión Vitón "hizo un falso testimonio", porque juró decir la verdad ante los jueces bahienses.
"No soy el personaje que construyó Labate"
NEUQUÉN (AN).- El comisario rionegrino retirado Oscar Del Magro volvió a responsabilizar de su situación procesal al juez de instrucción Guillermo Labate y negó los secuestros ilegales y torturas de los que está acusado. Planteó que "no fui un represor ni un genocida".
Debido a que la víctima Raúl Sotto lo involucró en los hechos que se le imputan replicó gran parte de su testimonio y sostuvo que cuando le endilga "perseguir a los compañeros" en 1973, él estaba en la escuela de cadetes. Dijo que no estuvo uniformado porque desde octubre del 75 a octubre del 76 pertenecía a la brigada de investigaciones para dedicarse a "hechos contra la propiedad". Insistió en que "niego la detención ilegal, no podía detener sin orden oficial.
Del Magro, que fue candidato a intendente en Valle Medio por el PJ, dijo que Sotto no tenía militancia política en la época del golpe y que conocía el interior de la comisaría de Cipolletti porque había sido detenido en 1974 por robo.
Para respaldar sus dichos ejemplificó que en los tiempos en los que se perseguía a la ciudadanía por lo que pensaban, "ayudé a quemar libros" al hermano del abogado Segovia, de los derechos humanos. "Suponiendo que quería un ascenso, hubiera denunciado la tenencia de esa bibliografía", dijo. "Qué relación pude tener con los militares", se quejó. Sostuvo que sufrió represalias al negarse a participar con el Ejército y la gendarmería en los operativos en los que se perseguía a indocumentados chilenos en la zona.
"A Joubert lo denunció su concubina"
NEUQUÉN (AN).- El gendarme Emilio Sacchitella utilizó la mayor parte de los veinticinco minutos de su declaración que realizó a desacreditar las imputaciones que le hizo Ernesto Joubert, caso por el cual está acusado. En particular que todo su accionar en la detención del citado se rigió con el más estricto respeto por la ley.
"Joubert fue detenido porque lo denunció su concubina y así se hizo porque era lo que correspondía, no hacerlo hubiera significado incumplimiento de funcionario público", dijo en el inicio de su declaración, que leyó en su totalidad. Previamente informó que no respondería preguntas.
"No fue detenido frente a la escuela -como dijo en alguna declaración la víctima-, sino en su casa, porque lo denunció su concubina Olga Bustos, y él mismo lo reconoce", sostuvo el imputado para marcar una de las que a su juicios son contrariedades de Joubert.
También señaló como falaz la declaración del denunciante respecto de las armas que portaban los gendarmes.
"Dijo que Sacchitella lo trataba como un prisionero. Eso no es veraz. Se lo interrogó por escrito y declaró que pidió leer su declaración y no lo dejaron. En las normativas de Gendarmería se le pregunta si la quiere leer y si dice que no se le lee en voz alta ", remarcó.
En rechazo de las acusaciones indicó que lejos de violentar las normativas la cumplió a rajatabla y en cuanto a manejarse en la ilegalidad también replicó con firmeza. "El mismo dijo que lo llevaron al hospital, pero que no estaba enfermo", comentó Sacchitella en un intento por desvirtuar la denuncia de Joubert.
 

-- 
La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia



Sosa se reivindicó amigo de Guil

 y se fastidió con la testimonial 
Alberto Raymundo Sosa.

Alberto Raymundo Sosa.


 El abogado Alberto Raymundo Sosa fue el protagonista de la jornada de la víspera (17-09-12) en el juicio oral y público que se sigue en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978. El ex asesor legal de la Policía de Salta y que figura como “miembro civil”, con el número de legajo 92036, en el listado de represores de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), se reivindicó “amigo” del ex jefe de inteligencia Joaquín Guil, que está siendo juzgado en este proceso y que ya cuenta con condenas por violaciones a los derechos humanos. El abogado también reconoció que hasta que fue dejado cesante de la fuerza portaba un arma reglamentaria calibre 38. 
Sosa fue convocado a dar su testimonio porque el también testigo Carlos Melián dijo que un compañero de militancia en el justicialismo, posiblemente Víctor Hugo Delgado, le comentó que el abogado podía saber del destino corrido por el ex policía federal, y agente de inteligencia, Juan Carlos Parada de Mallo y su esposa, Marta Beatriz Cascella, detenidos y desaparecidos de la Central de Policía en marzo de 1978.  
Sosa aseguró ayer que se enteró de la existencia de Parada de Mallo cuando fue convocado a testificar en el juzgado de instrucción. “Allí di todas las explicaciones de que a esta gente no la conocía”, sostuvo. 
Contó que fue asesor de la Policía desde noviembre de 1974 (el mes en que cayó el gobierno de Miguel Ragone) hasta el 31 de marzo de 1976, cuando fue cesanteado por haber ayudado a escapar al ex ministro de Gobierno ragonista, Enrique Pfister, “una historia larga y poco conocida”. El “día del golpe” de Estado, contó el testigo, recibió un llamado del entonces juez Héctor Reynaldo Yarade: “Me cuenta que dentro de la lista de las personas que iban a ser detenidas por el golpe estaba mi amigo Enrique Pfister”. El juez le preguntó si podía ayudarlo. Sosa fue en su propio automóvil, un Ford Falcon, a buscar a Pfister al barrio El Tribuno y lo llevó hasta la ciudad de Santa Clara, en Jujuy, donde unos parientes del abogado lo ayudaron a llegar a Buenos Aires, desde donde salió del país. 
De regreso en Salta, Guil lo puso sobre aviso: “Me dice: ‘Negro, parece que hay problemas con vos porque ha surgido un informe de inteligencia que dice que vos lo ayudaste a escapar a Enrique Pfister, por lo tanto están preparando el decreto para dejarte cesante’. Y así fue”, recordó. 
Ante la insistencia del fiscal Ricardo Toranzos para que diera precisiones: ¿de dónde había sacado Yarade la lista de futuros detenidos? ¿quiénes más figuraban ahí? ¿había otras listas? ¿se hacían informes de inteligencia? ¿quiénes los confeccionaban?, Sosa negó todo conocimiento y prefirió poner el acento en la ayuda a Pfister: “De alguna manera era jugarse el pellejo sacarlo de Salta. (…) No era una cuestión fácil”.  De la misma manera, negó saber sobre actos de represión y detenciones por razones políticas, a pesar de que reconoció que la Dirección Jurídica estaba cerca de los calabozos. “Asesoría Jurídica no tuvo, no podía tener jamás que ver con el tema de detenidos”, rechazó. “No recuerdo ni sé nada al respecto”, añadió sobre la relación entre el Ejército y la Policía. Sobre las vinculaciones con la Federal concedió que “todo el mundo sabía que se hacían operativos conjuntos con la Policía Federal”, pero aseguró desconocer cualquier hecho concreto. 
A esas alturas, el fastidio del testigo era evidente: dijo que, siendo penalista, le causa  “sorpresa tremebunda” declarar sobre dichos; “pareciera que se me está investigando a mí”, se quejó a continuación, y terminó, levantando la voz, con una reprimenda al fiscal: “Doctor, soy penalista y usted se está excediendo”. El fiscal, que venía insistiendo para que Sosa opinara sobre las razones por las que se había dicho que él podría conocer el destino de desaparecidos, prefirió dar por concluido el interrogatorio. 
Testigos que declararon en el Juicio por la Verdad vinculan a Sosa con los negocios llevados a cabo bajo el calor de la represión. La concejala Lucrecia Lambrisca denunció que el abogado le pidió dinero y un automóvil para liberar a su madre, Lucrecia Barquet. El ex preso político Oroño sostuvo que el abogado visitaba el lugar donde era torturado. Y en 2007 Mario Zenzano aseguró que durante la dictadura pidió a Sosa que intercediera ante la Policía para que se llevara a cabo un allanamiento ordenado por la justicia y que el abogado le dijo que iba a hablar con Guil pero le adelantó que éste iba a pedir “a cambio, algo”, por lo que terminó transfiriéndole un terreno. 

Sosa se reivindicó amigo de Guil

 y se fastidió con la testimonial 
Alberto Raymundo Sosa.

Alberto Raymundo Sosa.


 El abogado Alberto Raymundo Sosa fue el protagonista de la jornada de la víspera (17-09-12) en el juicio oral y público que se sigue en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978. El ex asesor legal de la Policía de Salta y que figura como “miembro civil”, con el número de legajo 92036, en el listado de represores de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), se reivindicó “amigo” del ex jefe de inteligencia Joaquín Guil, que está siendo juzgado en este proceso y que ya cuenta con condenas por violaciones a los derechos humanos. El abogado también reconoció que hasta que fue dejado cesante de la fuerza portaba un arma reglamentaria calibre 38. 
Sosa fue convocado a dar su testimonio porque el también testigo Carlos Melián dijo que un compañero de militancia en el justicialismo, posiblemente Víctor Hugo Delgado, le comentó que el abogado podía saber del destino corrido por el ex policía federal, y agente de inteligencia, Juan Carlos Parada de Mallo y su esposa, Marta Beatriz Cascella, detenidos y desaparecidos de la Central de Policía en marzo de 1978.  
Sosa aseguró ayer que se enteró de la existencia de Parada de Mallo cuando fue convocado a testificar en el juzgado de instrucción. “Allí di todas las explicaciones de que a esta gente no la conocía”, sostuvo. 
Contó que fue asesor de la Policía desde noviembre de 1974 (el mes en que cayó el gobierno de Miguel Ragone) hasta el 31 de marzo de 1976, cuando fue cesanteado por haber ayudado a escapar al ex ministro de Gobierno ragonista, Enrique Pfister, “una historia larga y poco conocida”. El “día del golpe” de Estado, contó el testigo, recibió un llamado del entonces juez Héctor Reynaldo Yarade: “Me cuenta que dentro de la lista de las personas que iban a ser detenidas por el golpe estaba mi amigo Enrique Pfister”. El juez le preguntó si podía ayudarlo. Sosa fue en su propio automóvil, un Ford Falcon, a buscar a Pfister al barrio El Tribuno y lo llevó hasta la ciudad de Santa Clara, en Jujuy, donde unos parientes del abogado lo ayudaron a llegar a Buenos Aires, desde donde salió del país. 
De regreso en Salta, Guil lo puso sobre aviso: “Me dice: ‘Negro, parece que hay problemas con vos porque ha surgido un informe de inteligencia que dice que vos lo ayudaste a escapar a Enrique Pfister, por lo tanto están preparando el decreto para dejarte cesante’. Y así fue”, recordó. 
Ante la insistencia del fiscal Ricardo Toranzos para que diera precisiones: ¿de dónde había sacado Yarade la lista de futuros detenidos? ¿quiénes más figuraban ahí? ¿había otras listas? ¿se hacían informes de inteligencia? ¿quiénes los confeccionaban?, Sosa negó todo conocimiento y prefirió poner el acento en la ayuda a Pfister: “De alguna manera era jugarse el pellejo sacarlo de Salta. (…) No era una cuestión fácil”.  De la misma manera, negó saber sobre actos de represión y detenciones por razones políticas, a pesar de que reconoció que la Dirección Jurídica estaba cerca de los calabozos. “Asesoría Jurídica no tuvo, no podía tener jamás que ver con el tema de detenidos”, rechazó. “No recuerdo ni sé nada al respecto”, añadió sobre la relación entre el Ejército y la Policía. Sobre las vinculaciones con la Federal concedió que “todo el mundo sabía que se hacían operativos conjuntos con la Policía Federal”, pero aseguró desconocer cualquier hecho concreto. 
A esas alturas, el fastidio del testigo era evidente: dijo que, siendo penalista, le causa  “sorpresa tremebunda” declarar sobre dichos; “pareciera que se me está investigando a mí”, se quejó a continuación, y terminó, levantando la voz, con una reprimenda al fiscal: “Doctor, soy penalista y usted se está excediendo”. El fiscal, que venía insistiendo para que Sosa opinara sobre las razones por las que se había dicho que él podría conocer el destino de desaparecidos, prefirió dar por concluido el interrogatorio. 
Testigos que declararon en el Juicio por la Verdad vinculan a Sosa con los negocios llevados a cabo bajo el calor de la represión. La concejala Lucrecia Lambrisca denunció que el abogado le pidió dinero y un automóvil para liberar a su madre, Lucrecia Barquet. El ex preso político Oroño sostuvo que el abogado visitaba el lugar donde era torturado. Y en 2007 Mario Zenzano aseguró que durante la dictadura pidió a Sosa que intercediera ante la Policía para que se llevara a cabo un allanamiento ordenado por la justicia y que el abogado le dijo que iba a hablar con Guil pero le adelantó que éste iba a pedir “a cambio, algo”, por lo que terminó transfiriéndole un terreno. 
------------------------
Comienza la causa
 de la UNSa


Testigo. Cristina Cobos, con una de las imágenes de su esposo y su hermano
Testigo. Cristina Cobos, con una de las imágenes de su esposo y su hermano


 Cristina Cobos y Mariana Gamboa, dos militantes de organizaciones de derechos humanos, se cuentan entre los principales testimonios que se esperan para la jornada de hoy (18-09-12), cuando el Tribunal Oral comenzará a analizar las desapariciones de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta. 
El tratamiento de estos hechos tenía que haber comenzado el 10 de septiembre, pero fue pospuesto por enfermedad del militar Ubaldo Tomislav Vujovich Villa, quien estaba acusado por la desaparición del soldado Víctor Brizzi. Vujovich Villa falleció el viernes último, en San Miguel de Tucumán, informó ayer su abogado, Orfeo Maggio, con lo cual quedó habilitada la continuidad del proceso, aunque se da otra vez el caso de que alguien sospechado por crímenes de lesa humanidad muere antes de que haya un pronunciamiento judicial. En esta causa ya pasó eso con el policía Abel Vicente Murúa. 
Cobos era esposa de Brizzi, y hermana de Martín Miguel Cobos, adolescente asesinado en septiembre de 1976. Gamboa es hija de la docente Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y del comerciante Héctor Gamboa, secuestrados en septiembre de 1976. 



-- Por Elena Corvalan
@@@
EN EL JUICIO POR EL ASESINATO DE LOS CURAS DE CHAMICAL, EL REPRESOR PODRA NO ESTAR PRESENTE

Menéndez seguirá juzgado a la distancia

A medida que avanza el juicio en La Rioja, Luciano Benjamín Menéndez acusó problemas de salud. Llamativamente, su malestar se acentuó cada vez que un cura o ex cura detalló su relación con la Iglesia. El tribunal decidió que siga el juicio desde Córdoba.

Luciano Benjamín Menéndez está cumpliendo prisión domiciliaria en Córdoba.

Por Alejandra Dandan
Uno tras otro, los testigos del juicio por los curas de Chamical van inscribiendo a Luciano Benjamín Menéndez en el corazón de lo que el obispo Enrique Angelelli alguna vez explicó como esa espiral que se cerraba porque quería su cabeza. En esas escenas, Menéndez aparece diciéndole a Angelelli que buscaba que la Iglesia lo nombre “cruzado” para “acabar con los marxistas y sus descendientes”. O negándose a rezar un Padrenuestro con el obispo porque “no gasto ni un Padrenuestro con subversivos”. El viernes, cuando uno de los ex curas declaró sobre ese episodio, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército se descompuso. Luego de un examen médico, su defensa pidió, como otras veces, que lo aparten del juicio. Fiscales y querellantes se opusieron. Pidieron como alternativa que continúe la prisión domiciliaria en su casa de Córdoba. El TOF aceptó. Menéndez ahora seguirá el debate a través de un sistema de videoconferencia.
“Lo que Menéndez no logra soportar no es un juicio más –dice Viviana Reinoso, abogada por la querella de las hermanas del cura Carlos Murias–. Lo que no acepta es un juicio que por primera vez lo tiene en el banco de acusados por la persecución a los hombres de esa Iglesia de la que él manifiesta profunda devoción.” Esa línea, en la que el problema de Menéndez sería aparecer pegado a la responsabilidad por la muerte no sólo de los curas sino del obispo Angelelli, que es de lo que se habla en cada audiencia, es compartida por Ramiro Fresneda, de la Secretaría de Derechos Humanos. Convencido de que la estrategia de la defensa, además, es intentar una y otra vez apartarlo del juicio por esas razones de salud, Fresneda cree que el traslado a Córdoba por lo menos garantiza que el juicio deje de tambalearse o suspenderse para exámenes médicos y abra las chances de llegar a donde cree que hay que llegar: la sentencia.
En ese punto, sin embargo, las posiciones no son todas iguales. Los fiscales y los abogados querellantes optaron por ese camino, el del traslado del represor a Córdoba, sobre todo por dos motivos: para garantizar las condiciones de las que deben gozar los detenidos en cualquier tipo de proceso jurídico y para evitar así nuevas demoras. Para las hermanas de Carlos Murias, en cambio, la mirada es distinta. En ese universo, donde la presencia de los represores en las salas también tiene una dimensión de reparación para las víctimas, aparecen preguntas y sospechas sobre la validez de unos exámenes que se hicieron en una institución en la que no confían.
Esta vez, Menéndez se descompuso el viernes alrededor de las diez de la mañana, justo media hora después del comienzo del debate, mientras declaraba el ex sacerdote Juan Aurelio Ortiz, canciller del entonces obispo Angelelli, clave para la causa, convocado sólo hace una semana, luego de que Menéndez decidiera aclarar en el juicio que nunca vio personalmente al obispo Angelelli. Dicen que como nunca, el represor está pendiente de lo que se dice en la sala para salir a retrucarlo como si se le volviese imposible sostener la lógica de la guerra en un escenario donde las víctimas son integrantes de la Iglesia. Ese día, como sucedió una semana antes con el ex cura Julio Guzmán, el ex canciller del obispo confirmó que se conocieron. Habló de un encuentro entre los dos. Contó que durante una misa, el obispo le pidió a Menéndez rezar juntos un Padrenuestro, porque “pensamos diferente, pero somos cristianos”. Y recordó que Menéndez no aceptó: “No lo hago con subversivos”, dijo que le respondió.
Hasta entonces, el militar seguía el debate conectado a una pantalla desde otro piso del Tribunal. Se descompuso. El TOF ordenó que lo trasladen al Hospital Enrique Vera Barros con la indicación de que el centro de salud destine médicos especialistas en cardiología y neumonología. En el hospital lo evaluaron, los médicos advirtieron que no tenían profesionales para atenderlo, pero indicaron que el cuadro revestía alguna gravedad, tenía presión alta y una afección crónica en los pulmones, para lo cual prescribieron nebulizaciones cada cuatro horas.
La defensa de Menéndez aprovechó la movida para insistir con el apartamiento, el Tribunal lo rechazó por unanimidad, un gesto valorado por las querellas. El fiscal Edgar Darío Illanes; Ramiro Fresneda, de la Secretaría de Derechos Humanos, y Ana María Mercado Luna, de la querella de Murias, pidieron como alternativa que continúe con la domiciliaria, pero en su casa de la provincia de Córdoba, y asista a las audiencias del juzgado federal donde deberá seguir el juicio a través del sistema de cámaras que provee el área de derechos humanos del Consejo de la Magistratura. Fresneda consideró que ante el cuadro “grave” que describen los “médicos”, Menéndez debía ser trasladado para garantizar sus derechos.
En esa evaluación, las partes consideraron los análisis que oportunamente había hecho el Hospital de Clínicas de Córdoba. Le hicieron el examen antes del juicio, dijeron que sí estaba en condiciones de ser juzgado, pero prescribieron cierta cantidad de horas de permanencia en los debates y recomendaron cautela. Ese escenario de fondo marcó la posición de las querellas y fiscales, pero no alcanzó para descomprimir las sospechas y la angustia de los familiares de las víctimas.
El corazón de esas preguntas tiene que ver con el examen que se le hizo en el hospital público de La Rioja, donde fue examinado Menéndez el viernes pasado. El lugar es blanco de críticas desde el comienzo del juicio. La dirección está enlazada a una trama de relaciones de parentesco que habitualmente se convierte en llave para explicar demoras, dilaciones y la impunidad con la que vivieron y, en algunos casos, murieron los responsables de los crímenes.
Vale la pena echar una mirada a esas relaciones para entender de dónde viene tanta sensación de sospecha sobre el avance del juicio. Como se dijo alguna vez en estas páginas, la dirección depende del Ministerio de Salud de La Rioja, que está a cargo del hijo de un integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia; el juez a su vez es hijo de Víctor Luna, intendente de Chamical durante la dictadura. Víctor Luna está casado con la hermana de la mujer de Domingo Benito Vera, ex comisario de Chamical en la dictadura y acusado en el juicio de la ejecución de los curas. Vera a su vez tiene un hermano que es camarista de Chamical. Su abogado defensor es hermano de otro integrante del Superior Tribunal de Justicia. Vera estuvo libre hasta diez días antes del comienzo del juicio pese a las acusaciones que desde el primer momento pesaron sobre él. Lo examinaron en el hospital público de La Rioja antes del debate; los querellantes y acusadores están convencidos de que si no hubiese ido un médico perito de parte –que fue desde Catamarca a ver ese examen– no habrían conseguido juzgarlo.
En ese contexto, aparecen las quejas de las hermanas de Carlos Murias. “Lo que tiene no es grave, ya lo dijeron los médicos del Hospital de Clínicas de Córdoba –dice Cristina–. Es una enfermedad crónica de los pulmones, seguramente un enfisema leve ya que está obligado a moverse con oxígeno y la presión no le sube por eso sino a partir de que decidió responderme a la declaración y dijo: ‘Esa mujer miente, yo a Angelelli no lo conocí’. Yo hablé de una versión que había leído sobre la visita de Angelelli a Menéndez, una versión que después fueron confirmando todos los curas que declararon. Con eso le subió la presión. Yo misma la tuve más alta y ni siquiera fui al médico.”
Fuente: pagina 12


La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia


miércoles, 5 de septiembre de 2012








Cruce por la detención de Otero Álvarez

El juez Díaz Gavier defendió a su par, acusado de colaborar con la dictadura. Un querellante le pidió que se calle y deje de presionar.


La detención del ex camarista federal Carlos Otero Álvarez, acusado de haber sido funcional a la represión ilegal durante la última dictadura, disparó una polémica entre un par suyo, que salió a defenderlo, y familiares de desaparecidos que cuestionaron duramente su accionar durante los años de plomo.
Otero Álvarez fue detenido el pasado sábado y enviado el penal de Bouwer por orden del juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien actúa subrogando al Juzgado Federal N°2, en la causa que investiga precisamente el desempeño de jueces en la dictadura.
Sobre ese ex juez pesan cargos de omisión de deberes y complicidad con la represión por no investigar 93 denuncias por violaciones a los derechos humanos mientras fue secretario penal del juez Adolfo Zamboni Ledesma.
Al menos, dentro de la propia Justicia Federal de Córdoba, Otero Álvarez tiene quién lo defienda. El presidente del Tribunal Oral Federal N°1, Jaime Díaz Gavier, salió ayer a remarcar su “convicción” de que el ex magistrado (se jubiló en 2009) “está sufriendo una injusticia” por una denuncia “que no está fundada en pruebas”.
Díaz Gavier dijo estar “muy compungido” y “dolorido” por la situación de Otero Álvarez, al que calificó como un hombre “de bien”,” de conducta transparente” e “intachable”. “Tengo la certeza de que aquellos episodios de los cuales se lo acusa son infundados”, opinó.
Luego ensayó una divisoria de responsabilidades, en el ámbito de la Justicia, entre jueces que sí tenían posibilidades de actuación y sus dependientes, que no resolvían los planteos.
“Quienes reciben las denuncias son el juez y los fiscales. Son ellos los que tenían que proceder en consecuencia. El secretario no puede resolver absolutamente nada. Si no, imagínese, cada acto que emita un juez o decida un juez también sería responsabilidad de los secretarios. Se nos van a querer ir todos. Fíjese qué grave”, agregó.
Le salió al cruce el abogado querellante Miguel Ceballos, quien reclamó a Díaz Gavier que “se llame a silencio” y deje actuar a la Justicia, sin ejercer presiones corporativas.
“Lo que le corresponde como juez es tener un poco de prudencia. Hablamos de una causa en la que interviene otro juez, que está en etapa preliminar de investigación y en la que ni siquiera nosotros pudimos participar en la indagatoria a los acusados. Le pido públicamente que haga silencio”, reclamó.
Ceballos se permitió sugerirle la receta a Díaz Gavier para defender a Otero Álvarez. “Es muy fácil, que renuncie a su cargo de juez, reasuma la profesión de abogado y se constituya en defensor del acusado, así quedamos en igualdad de oportunidades. La actitud corporativa que asumió, con una causa en trámite, no me parece muy sana para las instituciones de la República”, evaluó.
Por último, Ceballos especuló que “si un juez como Díaz Gavier sale a decir públicamente lo que dice, no quiero imaginar las presiones que recibirán el juez de la causa y el fiscal”.
Sobre el tema, también se expidió el querellante Luis Baronetto, ex director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, quien resaltó que la represión ilegal “no podría haberse llevado a cabo con la intensidad que tuvo, sin contar con un brazo judicial”
“Ellos sabían que los militares, cuando pedían autorización para sacar a un preso de la cárcel, era para matarlo”, dijo, en referencia a la participación funcional que les cupo a magistrados como Otero Álvarez durante la represión ilegal.
En las dos veredas
Carlos Otero Álvarez está detenido por presunta complicidad con la represión mientras fue secretario penal de un juzgado, durante la dictadura. Y en 2008, integró el tribunal que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez.
Opiniones cruzadas
Jaime Díaz Gavier, juez federal de córdoba: “(Carlos Otero Álvarez) Es un hombre de bien y de una conducta intachable. Tengo la certeza de que aquellos episodios de los cuales se lo acusa son infundados”.
Miguel Ceballos, querellante en causas por derechos humanos: “Díaz Gavier es juez y está opinando sobre una causa en trámite. Le pido que guarde silencio, o que renuncie a su cargo y asuma como abogado defensor de Otero Álvarez”.
Miguel Baronetto, familiar de desaparecidos: “Ellos (por los jueces) sabían que los militares, cuando pedían una autorización para sacar presos de la cárcel, era para matarlos, y no investigaron nada”.
Fuente: La Voz del Interior, martes

@@@

El fiscal Gonella consideró "positivo" el desarrollo de la causa

“Se ha recepcionado la indagatoria a los cinco acusados y se han proveído las medidas cautelares que había solicitado la Fiscalía", dijo.



El fiscal federal Carlos Gonella  calificó “positivo” el avance de la causa judicial en la que se investiga la actuación de magistrados y funcionarios durante la última dictadura militar.
“Se ha recepcionado la indagatoria a los cinco acusados, se ha terminado con esa ronda de indagatorias en la semana pasada y se han proveído las medidas cautelares que había solicitado la Fiscalía”, señaló Gonella en declaraciones a Radio Universidad.
“Así que en términos procesales yo evalúo como positivo el desarrollo hasta ahora de este juicio”, precisó el funcionario judicial.
En el marco de la investigación el pasado sábado quedó detenido el ex juez federal Carlos Otero Álvarez, quien integró el tribunal que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Cinco detenidos. Además de Otero Álvarez se encuentran detenidos el ex juez federal Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo y los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro.

Fuente: La Voz del Interior, lunes

@@@

“Una reacción corporativa de la Sagrada Familia” 



El abogado querellante rechazó las expresiones del magistrado, que salió a hacer una defensa mediática de Carlos Otero Álvarez, ex juez detenido por complicidad con la represión. “Qué no se meta si no tiene acceso a la causa"”, señaló. 



2012-09-04 -
Por Guillermo Posada (*)
Tras el silencio mediático que cubrió a las detenciones de funcionarios judiciales federales detenidos la semana pasada, en la llamada ‘Causa de los magistrados’, ayer se conoció una polémica reacción del Juez Jaime Díaz Gavier, que respaldo a su colega, señalando que no había pruebas en su contra. 
Miguel Ceballos es abogado querellante en la causa e hijo de uno de los fusilados de la UP1. “Como puede ser que diga que no hay pruebas. Él fue el presidente del tribunal en el juicio por los fusilamientos de la penitenciaria de barrio San Martín y escuchó personalmente como los testigos señalaban permanentemente la complicidad de los funcionarios judiciales con las torturas, los traslados y los operativos que derivaron en la muerte de los 30 presos políticos. Como abogados querellantes en dicho juicio pedimos que todos aquellos testimonios se trasladen a la causa de los magistrados”, acusó el letrado.
Díaz Gavier puso en tela de juicio, indirectamente, la actuación del juez riojano Daniel Piedrabuena, quien asumió como subrogante la titularidad del Juzgado Federal nº 3, tras el desplazamiento de Alejandro Sánchez Freytes por los retrasos que evidenciaba la causa y los desmanejos para encubrir las complicidades de los funcionarios judiciales.
De la misma forma, Gustavo Vidal Lascano debió apartarse después que la Cámara de Apelaciones reprochara el tratamiento de la investigación judicial y se supiera que omitió investigar a Otero Álvarez a cambio del nombramiento de una de sus hijos, Julieta Vidal, en el tribunal oral Nº1, a pesar de ser estudiante de arte. En su lugar quedó designado el fiscal Carlos Gonella.
Esta situación, que da cuenta de las trabas que sufrió el proceso, se ve reforzada ahora por la posición de Díaz Gavier. Así lo entiende Ceballos al señalar que “es una reacción corporativa clara en un marco de desesperación y zozobra que envuelve a la Sagrada Familia Judicial cordobesa que ve caer la impunidad sobre sus complicidades en el genocidio que sufrió la sociedad cordobesa”.
En ese sentido, recordó la sugerencia que hizo en declaraciones a La Voz del Interior, donde recomendó a Díaz Gavier que renuncie a su cargo y ejerce “de frente la defensa de su colega”. “Nos causó indignación porque se inmiscuye en una causa que le es ajena. Cómo puede saber que no hay pruebas. ¿Accedió a las indagatorias que nosotros como querellantes no pudimos presenciar? Alguna prueba debe haber para que en Córdoba, por primera vez, haya funcionarios detenidos por delitos de lesa humanidad”, afirmó.
Ya el año pasado, Diez Gavier salió tocado en una investigación periodística de la Revista El Sur, de Río Cuarto, donde se denunciaba la cantidad de parientes que el funcionario tiene designados en la "Torre Federal", al igual que Otero Álvarez.
Ceballos finalizó asegurando que el juez “habló con liviandad. Por el contrario, nosotros hemos sido respetuosos de los procedimientos del sistema judicial y sólo pedimos justicia”.
(*) Secretario de Prensa del Cispren-CTA

@@@

Díaz Gavier defendió al ex juez Otero Álvarez

El magistrado dijo que Otero Álvarez es un hombre "de bien" y de "conducta intachable". El sábado quedó detenido en una causa por supuesta complicidad con la dictadura.


El magistrado federal Jaime Díaz Gavier defendió hoy al ex juez Carlos Otero Álvarez, que fue detenido luego de declarar en una causa judicial que investiga la actuación de magistrados y funcionarios durante la última dictadura militar (ver Detuvieron al ex juez federal Otero Álvarez y fue trasladado a Bouwer).
Díaz Gavier dijo estar “muy compungido” y “dolorido” por  la situación de Otero Álvarez, al que calificó como un hombre “de bien”,”de conducta transparente” e “intachable”.
“Tengo la certeza  que aquellos episodios de los cuales se lo acusa son infundados, claramente no ajustados a derecho”, opinó al tiempo que sostuvo que “no ha habido por parte de Otero tal complicidad”.
El ex magistrado se desempeñó durante la dictadura como secretario penal del difunto juez Adolfo Zamboni Ledesma.
“Hay que distinguir absolutamente la responsabilidad institucional de jueces, que si tienen capacidad de decisión y que eran quienes en definitiva recibían a través de declaraciones de los detenidos y acusados en esa época, cuando tenían la suerte por cierto de ser detenidos y acusados, y no simplemente desaparecidos”, consideró en declaraciones a Mitre 810.
“Pero quien recibe esa declaración, esa denuncia es el juez, son los fiscales, y son ellos los que tenían que proceder en consecuencia. El secretario no puede resolver absolutamente nada en ese sentido. Sino imagínese cada acto que emita un juez o decida un juez también es responsabilidad de los secretarios. Se nos van a querer ir todos. Fíjese qué grave”, agregó.
Juicio. Díaz Gavier, junto a Otero Álvarez, integró el Tribunal Oral Federal Número 1, que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en Córdoba durante la dictadura militar (Menéndez, perpetua en cárcel común).
Otero Álvarez fue detenido el sábado a la tarde y trasladado a la cárcel de Bouwer luego de completar la indagatoria ante el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, subrogando el Juzgado Federal N° 2.
Antes del comienzo del primer juicio a Menéndez, la querella de Hijos pidió recusarlo. Cuando se puso en marcha, también fue recusado por la Defensoría Oficial y en esa circunstancia la querella se opuso para no interrumpir el juicio.
Jubilación. Otero Álvarez solicitó su jubilación, que fue aceptada por la presidenta, Cristina Fernández, en 2009.  El ex magistrado se jubiló luego de las recusaciones que presentó el entonces secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Baronetto, viudo de una de las víctimas de la "causa UP1".
El ex juez fue cuestionado por el Consejo de la Magistratura "habría adoptado un rol absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas al momento de recibir declaraciones indagatorias y declaraciones testimoniales".
El Consejo dijo además que "Otero Álvarez habría autorizado el traslado de detenidos sin contar con la orden del magistrado", un traslado "funcional a las prácticas de torturas y homicidios perpetradas por funcionarios policiales".
Cinco detenidos. Además de Otero Álvarez se encuentran detenidos el ex juez federal Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo y los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro.
Fuente: La Voz del Interior, lunes
@@@

untos. Otero Álvarez (de bigotes) y Díaz Gavier (de costado), durante el juicio que en 2008 condenó a Menéndez (Ramiro Pereyra / Archivo).  
Juntos. Otero Álvarez (de bigotes) y Díaz Gavier (de costado), durante el juicio que en 2008 condenó a Menéndez (Ramiro Pereyra / Archivo).


-- 
La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria,