lunes, 30 de septiembre de 2013

Salta: Megacausa: comienzan los alegatos




Megacausa: comienzan los alegatos

Por Elena Corvalan
 
El Tribunal Oral en lo Federal de Salta tiene previsto comenzar hoy con los alegatos de las querellas, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que viene desarrollándose desde mayo del año pasado.
Para la jornada de hoy el Tribunal ha dispuesto un orden de temas a tratar. Primero, los abogados defensores contestarán las ampliaciones de imputaciones realizadas en la última sesión por el fiscal federal Ricardo Toranzos y el querellante David Leiva. 
Luego se leerán algunos testimonios de personas que por distintos motivos no pudieron venir a declarar en persona en este proceso y han testificado antes ante un juez.
Una vez incorporada toda la prueba, se les dará la oportunidad a los acusados para que presten declaración indagatoria. Algunos de los 17 hombres que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad ya han expresado su intención de hablar ante el Tribunal, entre ellos los militares retirados Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, Fernando Chaín Diego Gatto.
Finalmente, si queda tiempo, el Tribunal ha previsto que comenzarán a escucharse los alegatos de los querellantes: los abogados Susana Aramayo, Matías Duarte, Tania Kiriaco, Gastón Casabella y Carlos “Uluncha” Saravia, además de Leiva.
Se sabe que Saravia, que participa en representación de los familiares de Eduardo Fronda, asesinado en enero de 1975, pidió alegar en primer término.
Si es que el Tribunal decide que se alegue siguiendo un orden cronológico, en segundo lugar deberían alegar los abogados Duarte y Kiriaco, que representan a la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) en la querella por el periodista Luciano Jaime, secuestrado y asesinado en febrero de 1975. El crimen contra Jaime se investiga en la misma causa en la que se tramita la averiguación por la matanza de los jóvenes militantes Alfredo Mattioli, Ricardo Tapia, Marcos Estopiñán y Liendro Estopiñán, asesinados por la Policía de Salta en abril de 1975.
Los alegatos, aún de las querellas, serán necesariamente extensos porque en este juicio se investigan delitos cometidos en perjuicio de 34 personas, 30 de las cuales están desaparecidas o han sido asesinadas. 
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sábado, 28 de septiembre de 2013

Tucuman: Tras 37 años, un soldado y un secuestrado volvieron al monte






›› DERECHOS HUMANOS | MEGACAUSA
Tras 37 años, un soldado y un secuestrado volvieron al monte

El ex conscripto Jerez y la víctima Quinteros reconocieron la base de Caspinchango. El TOF recorrió dos ex asentamientos militares del sur. En Santa Lucía, sobrevivientes hablaron de un sótano y de túneles.




EL SÓTANO. Ante la mirada de los jueces, Reynoso ubicó dónde estaba el lugar en el que estuvo secuestrado. LA GACETA / FOTOS DE JORGE OLMOS SGROSSO



- Aquí, en este lugar es donde te torturaron a vos. 

- Sí, aquí tenían el tacho y la roldana con la que nos bajaban para torturarnos. Domingo Jerez y Juan Manuel Quinteros estuvieron hace 37 años en la pequeña base militar de Caspinchango (Monteros). El primero era un joven conscripto que cumplía funciones allí y el segundo, uno de los lugareños secuestrados en ese centro clandestino de detención (CCD), emplazado en pleno monte. Protagonistas del diálogo, participaron ayer como testigos en la inspección que el Tribunal Oral Federal (TOF) celebró allí y en la ex base de Santa Lucía, como parte de la megacausa por delitos de lesa humanidad "Arsenales II-Jefatura II". 

El objetivo fue que testigos y víctimas reconocieran los sitios. Las localidades estuvieron ocupadas por las fuerzas armadas desde 1975, por el llamado "Operativo Independencia". Los secuestros, las torturas y las desapariciones fueron sistemáticos, de acuerdo con centenas de testimonios dados ante la Justicia. 

"Enterramos dos allá" 
Poco queda de galpón y el dispensario en los que estaban alojados los detenidos en Caspinchango. El lugar en el que aterrizaban helicópteros, sin embargo, permanece despejado. Igual que una fosa sobre la que arreglaban camiones. En eso coincidieron tanto Jerez como Quinteros. 

"Era una base bien armada. Sabemos que es aquí por la 'chimenea mota', que se llama así porque nunca la terminaron, que era del ingenio San José", describió Quinteros. Estuvo en cautiverio allí a mediados de 1976 y fue sometido a cruentas torturas, según había relatado al TOF. Como el submarino, que consistía en sumergir a los detenidos de cabeza  en un barril con líquidos y desperdicios. En este caso, mediante una roldana. 

Jerez, que estuvo 16 meses entre 1976 y 1977, habría sido testigo de su secuestro y de los maltratos que sufrió, según varias declaraciones judiciales. En una de esas oportunidades, el hombre oriundo de Aguilares afirmó que había sido obligado a pegarle un culatazo a Quinteros. A la víctima lo acusaban de haber participado del supuesto ataque a una ambulancia militar en el que fue asesinado Juan Toledo Pimentel. 

"Enterramos dos por allá. Eran hombres mayores. Los obligaron a saltar de un camión con las manos atadas y les dispararon. Nos hicieron sacar nafta del camión y quemar los cuerpos", recordó. También relató haber visto varias embarazadas en el dispensario. "Tiraban agua en el piso y les daban picana. También vi a un sacerdote. Estaba (Ariel) Valdiviezo aquí", dijo en relación a uno de los 41 imputados. Jerez había declarado en 2010 que había visto al propio Antonio Domingo Bussi dar órdenes y matar personas "a garrotazos" en la zona. 

En Santa Lucía, la medida llamó la atención de los vecinos. Participaron víctimas y la historiadora Lucía Mercado. Muchos, habitantes, inclusive, siguieron el recorrido y se ofrecieron para aportar datos. Si bien el predio del ex Ingenio en el que funcionó el CCD fue modificado, todos pudieron reconocerlo. 

Entre los que se presentaron espontáneamente estuvieron Antonio Reynoso y Lucía Aguilar. Aguilar, una docente vecina de la fábrica azucarera, pudo describir dónde se ubicarían el sótano y los túneles. En esas dependencias habrían estado los secuestrados. "Cuando era chica, saltaba la tapia. Recorrí una parte del sótano. Hay un ventiluz, hace poco metí una cámara y filmé", describió. Pidió a los jueces que preservaran el lugar y el TOF ordenó que quedara una custodia. 

Reynoso, secuestrado en 1975, relató que vio cuando un helicóptero hizo varios viajes cargando "bolsas" en el ingenio que luego llevaba rumbo a los cerros. "Creo que eran cuerpos, se deshacían de ellos. Qué otra cosa podría ser...". 

Fuente: La Gaceta






26/09/2013 - Megacausa Jefatura II - Arsenales II
La Megacausa entra en la recta final

Ayer se realizó la última inspección ocular en el marco de la Megacausa Jefatura II – Arsenales II, con visitas a dos Centros Clandestinos de Detención (CCD) en el departamento Monteros. Hoy continúan las testimoniales.
Abogados, integrantes del tribunal y testigos recorrieron ayer los sitios donde funcionaban dos Centros Clandestinos de Detención (CCD) en el departamento Monteros. En el ex Ingenio Santa Lucia funciono la Base, primer CCD del país, y en Caspinchango, al norte de dicho ingenio. La inspección ocular es parte del juicio por los crímnes de secuestros, torturas y desaparición de personas, entre otras violaciones a los derechos humanos, que se sigue en Tucumán contra 41 imputados.
Los testigos Antonio Domingo Jerez y Juan Quinteros recorrieron el lugar y reconocieron los lugares donde se mantenían secuestrados a los detenidos desaparecidos y donde se los torturaba.
El juicio, conocido como Megacausa Jefatura II – Arsenales II, está en su etapa final. Ya se hicieron reconocimientos en la Escuela de Educación Física (hoy Facultad), en El Reformatorio, en la Escuelita de Famaillá, en el ex ingenio Nueva Baviera, la comisaría de Monteros y en el Pozo de Vargas, el Reformatorio y la ex Jefatura de Policía.
Testigos que conocieron el campo de concentración que funcionaba en un galpón abandonado de la fábrica azucarera de Caspinchango lo describieron como lugar escondido, al borde de la selva, del que nadie salía con vida. Uno de los testigos que declaró en el juicio contó que vio a Antonio Domingo Bussi torturar personalmente a los detenidos.
El ingenio Santa Lucía fue sede, desde febrero de 1975, de la base que albergaba a 3.000 soldados del Operativo Independencia. El pueblo entero se militarizó y se sometió a toque de queda y requisas periódicas.
Etapa final
Para hoy están previstos testimoniales y documentales. Se estiman que los alegatos serán a fines de octubre.
En el TOF se juzgan las responsabilidades que tendrían 41 imputados en 206 casos sobre privaciones de libertad, torturas, homicidios y delitos sexuales. Los hechos habrían tenido como escenario los centros clandestinos del Arsenal y la Jefatura de Policía. 

Fuente: Tucuman Hoy

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EL FISCAL GUILLERMO MARIJUAN IMPULSO UNA CAUSA CONTRA UN FISCAL AD HOC DE JUJUY


EL PAIS › EL FISCAL GUILLERMO MARIJUAN IMPULSO UNA CAUSA CONTRA UN FISCAL AD HOC DE JUJUY
En sintonía con la estrategia de Blaquier

El abogado que representa al empresario sostiene que la actuación del fiscal Pablo Pelazzo no es válida. Ya lo impugnó sin éxito en Jujuy, donde el dueño de Ledesma está procesado en dos causas. Ahora lo hizo en la Capital Federal.


El empresario Blaquier está procesado por crímenes de lesa humanidad.

 Por Irina Hauser
El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que se investigue penalmente a Pablo Pelazzo, el fiscal ad hoc que lleva adelante en Jujuy la acusación contra Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo, precisamente, a pedido del abogado que representa al empresario en las causas donde fue procesado por los secuestros de 29 personas entre marzo y julio de 1976, quien sostiene que la actuación de Pelazzo no es válida porque no tiene cargo de fiscal nombrado por concurso y acuerdo del Senado, sino que es secretario. La presentación de Marijuán es una ampliación de su requerimiento de investigación contra otra veintena de fiscales y contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aunque esta vez también incluyó a su antecesor, Luis González Warcalde.
El defensor de Blaquier, que es el ex camarista del Juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz, decidió recurrir a la Justicia federal porteña después de que fracasaran sus ataques al fiscal Pelazzo en los tribunales jujeños. Intenta evitar el juicio oral o directamente derribar la causa. El empresario está procesado en dos causas allí: una es por el secuestro de tres dirigentes sindicales, entre ellos el ex intendente Luis Arédez, que era médico y asesor de los empleados azucareos; la otra es por el secuestro de otras 26 personas en las llamadas Noches del Apagón, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, algunas relacionadas con trabajadores del azúcar y movimientos sociales. Al procesarlo, el juez Fernando Poviña habló de una persecución de parte del ingenio.
El abogado de Blaquier primero recusó a Pelazzo –quien dirige la unidad fiscal de derechos humanos en Jujuy– en los tribunales locales, pero su planteo fue rechazado en primera y segunda instancia. Después pidió la nulidad de todo lo que hizo, algo que el juez Poviña rechazó y ahora está en Cámara. Sus cuestionamientos tienen tres puntos clave: que Pelazzo fue querellante en la causa; que un fiscal ad hoc no es un verdadero fiscal, sino un cargo inventado y que, por lo tanto, no valen sus actos; y que su designación se hizo para desplazar al fiscal anterior, Domingo Batule. Hasta ahora, todos los jueces que resolvieron consideraron que no es incompatible haber sido querellante (de hecho, la querella acusa en nombre de la víctima, igual que la fiscalía, en nombre de la sociedad); admitieron que los nombramientos ad hoc responden a la falta de fiscales o la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para cumplir con la obligación estatal, remarcada por la Corte Suprema, de que deben avanzar los casos contra represores; y que Batule no fue desplazado sino que sigue actuando.
Con este panorama adverso a su interés, Valerga Aráoz se presentó en la Justicia federal porteña, donde hay una causa abierta contra una veintena de fiscales y contra Gils Carbó, precisamente por nombramientos de fiscales ad hoc. Ese expediente, que está a cargo de Sebastián Casanello, se abrió por una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla. El propio Blaquier ha dicho que sus aliados políticos están en el radicalismo.
El fiscal Marijuán en su momento impulsó aquella denuncia que apuntaba a varios de sus colegas y a la gestión de la actual procuradora. Inicialmente, el juez Casanello archivó el caso al concluir que los nombramientos de interinos y ad hoc están previstos por la ley de Ministerio Público ante la falta de fiscales, de manera que no habría delito. El juez decía que el mismo mecanismo había sido aplicado por otros procuradores y que precisamente habían sido pioneros en cuestionarlo los abogados de los acusados por crímenes de lesa humanidad. De todos modos, el expediente fue reabierto por orden de la Sala I de la Cámara Federal, que le dijo que no había investigado suficiente. En teoría, todo lo que le queda por hacer a Casanello es analizar qué buscaban los legisladores cuando, al redactar la ley, previeron formas de sustitución de los fiscales en casos de necesidad.
El hecho es que con el expediente ahora abierto, Valerga Aráoz fue también al ataque allí y Marijuán decidió ampliar su requerimiento de instrucción original e imputó a González Warcalde y a Pelazzo por la presunta designación irregular e incumplimiento de los deberes de funcionario. Otro antecedente que ha envalentonado presentaciones del mismo tenor fue una resolución de la Corte Suprema que declaró la ilegalidad de la designación de una secretaria como fiscal provisoria ante ese tribunal. Los jueces supremos no anularon sus intervenciones pasadas, pero advirtieron que el cargo debía ser ocupado por alguien concursado.
Ante la novedad de la imputación en su contra, Pelazzo le dijo a Página/12 que “se trata de un intento más por deslegitimar el proceso (contra Blaquier) cuando realmente lo que hay es el cumplimiento por parte del Estado de la obligación que tiene en el avance de las causas de derechos humanos”.
En la procuración recuerdan que todas las denuncias del mismo tipo naufragaron. Entre algunas de las más recientes mencionaron la que cuestionaban al fiscal Juan Murray en su intervención en la causa contra el ex jefe de policía de Santa Fe Hugo Tognoli; a Pablo Camuña y Patricio Rovira en las causas de derechos humanos en Tucumán y a José Nebbia en Bahía Blanca. Colaboradores de Gils Carbó sintetizan: “Para nosotros hay un reconocimiento jurisprudencial amplio y consolidado respecto de la actuación de fiscales ad hoc, que fueron nombrados para atender necesidades urgentes, insatisfechas, en este caso en causas de lesa humanidad y otros procesos penales. La denuncia de estas designaciones sólo tiene intencionalidad política y algunas hacen pensar que apuntarían a proteger a personajes poderosos acusados de algún delito”.

Fuente: Pagina 12



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viernes, 27 de septiembre de 2013

Salta: Poviña investigará al ex juez Lona por Ragone y la Masacre de Palomitas


Poviña investigará al ex juez Lona por
Ragone y la Masacre de Palomitas

Por Elena Corvalan
El juez federal Fernando Poviña investigará al ex juez federal Ricardo Lona en relación al secuestro del ex gobernador Miguel Ragone y a la Masacre de Palomitas. Y existe la posibilidad de que también asuma la investigación en una tercera causa en la que se acumularon las denuncias que tiene el ex magistrado en relación a otras violaciones a los derechos humanos cometidas en Salta durante la última dictadura cívico-militar.
La información fue confirmada ayer por el fiscal federal Ricardo Azzolín, que interviene en estos procesos y viene demandando que Lona sea investigado como partícipe del secuestro y la desaparición de Ragone, el homicidio del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de la empleada de comercio Margarita Martínez de Leal, quienes fueron baleados cuando observaban el secuestro del ex gobernador, el 11 de marzo de 1976.
Azzolín también plantea que Lona tiene debe responder en calidad de partícipe de la matanza de 11 presos políticos cometida el 6 de julio de 1976 sobre la ruta nacional 34, a la altura del paraje Palomitas, unos 50 y pico kilómetros al sur de la ciudad de Salta.
Azzolín informó en declaraciones a Radio Nacional Salta que el juez federal Nº 1 de esta ciudad, Miguel Medina, se excusó de intervenir en las causas en las que está imputado Lona y las remitió al juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña, quien se hizo de las dos primeras, Ragone y Palomitas, y estudia si asume la investigación en la tercera causa, que le fue remitida más tarde.
La llegada de Poviña a este proceso encendió luces de esperanzas en los familiares de víctimas del terrorismo de Estado y, aunque todavía no hay fechas para la indagatoria, se espera que la novedad surja en breve. Ayer el fiscal recordó que antes habrá que resolver un planteo de nulidad presentado por la defensa del ex juez, pero consideró que habrá una indagatoria en breve: “Una vez que el juez estudie el tema y tome las decisiones, no tendría que pasar el año sin que Ricardo Lona declare como imputado”, sostuvo.
Las causas contra Lona se abrieron en 2005. Si bien Lona fue procesado por encubrimiento, Azzolín señaló que la Fiscalía viene cuestionando esta acusación porque considera que el ex juez tuvo una responsabilidad mayor en los hechos que se investigan. “Ahora estamos en un empezar otra vez para tratar de que Lona sea indagado como responsable directo de los hechos, pero bueno, estamos desde 2005 con esto dando vueltas, son muchos años”, recordó.  

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Amenazaron de muerte a un testigo de la Megacausa Recordaron la llamada Masacre del 24 y 25 de Septiembre de 1976


Amenazaron de muerte a un testigo de la Megacausa
 Recordaron la llamada Masacre del 24 y 25 de Septiembre de 1976.
Amenazaron de muerte a un testigo de la MegacausaAmenazaron de muerte a un testigo de la Megacaus

Al cumplirse 37 años de la denominada “Masacre del 24 y 25 de Septiembre” (del año 1976), la Comisión Megacausa, la Asociación Lucrecia Barquet; la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Orán; la agrupación Oscar Smith, del Sindicato de Luz y Fuerza Salta y la agrupación Hijos Salta recordaron ayer al mediodía la noche trágica cuando grupos de tareas secuestraron y luego fusilaron a 6 jóvenes salteños.
Germán Lozano y Mariana Gamboa abrieron la conferencia de prensa organizada en la sede del sindicato de Luz y Fuerza recordando y nombrando a Martín Miguel Cobos, Carlos Figueroa Rojas, Silvia Aramayo, Daniel Loto Zurita, Gemma Fernández Arcieri y Héctor Domingo Raúl Gamboa.
“Los salteños debemos recordar el horror que fue el secuestro y fusilamiento de estos jóvenes militantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado implantado en nuestra provincia por fuerzas de seguridad militares y civiles”, dijo Mariana, quien perdió a Gemma y Héctor, sus padres, esa noche trágica de hace 37 años.
Aprietes
En la segunda parte de la conferencia Víctor Cobos denunció públicamente la existencia de amenazas sobre su persona.
Cobos declaró en el marco de la Megacausa Salta en la que 17 represores están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia.
El exsindicalista estuvo hablando sobre el tema en un programa televisivo el jueves último y el viernes ya recibió los aprietes de desconocidos.
“Sé que soy una materia pendiente para los represores y para los civiles cómplices. Porque a mí me dejaron vivir”, dijo Cobos.
Cobos radicó la denuncia el lunes en la Fiscalía del doctor Eduardo Villalba por cuatro mensajes de textos recibidos a su teléfono celular desde una página de internet. 
“En los mensajes me dicen que lo que me hicieron antes es poco con lo que me van a hacer ahora. Y que voy a tener la muerte del sapo: con la boca cerrada”, amplió.
La víctima de las amenazas detalló que nadie del Ministerio de Derechos Humanos ni del Gobierno provincial se acercó al menos a dar muestra de solidaridad.
“El único que me llamó es el doctor Pedro García Castiella (del programa Memoria y Justicia) para ofrecerme su solidaridad. Yo siento que quedamos (testigos y familiares) desamparados”, dijo Cobos.
En ese sentido dijo que “nosotros exponemos nuestras vidas, caminamos por las calles y nadie nos protege”, y agregó que “por eso necesitamos más apoyo especialmente a nivel provincial, porque desde la Nación sabemos que tienen una política ampliamente desarrollada en el tema”, concluyó Cobos.

“La historia se puede repetir”
“Nosotros sabemos que las fuerzas que impulsaron el golpe de Estado del ’76 aún continúan operando en nuestra sociedad. Por eso denunciamos ante la prensa la gran desprotección que tenemos. Es más, tuvimos que desarrollar un sistema de autoayuda entre los familiares y la víctimas”, dijo ayer Cristina Cobos, la hermana de Víctor.
En un encendido discurso, Cobos detalló la serie de condicionantes que desarrollaron los imputados en la Megacausa para dilatar los tiempos del juicio, ya que en el que primero había 20 imputados y hoy solo quedan 17 represores en el banquillo de los acusados.
También recordó las amenazas a testigos en el caso Aramayo, en el que el principal imputado (Ovalle) está libre.
En el mismo sentido Cristina Cobos también cuestionó los condicionantes del Tribunal Federal, al frente del debate, a quien tildó de “jueces itinerantes” y en quienes endilgó de alguna manera la imposibilidad de contar con los documentos y libros de los militares.
“Todos sabemos que sin verdad y sin condena de la Justicia es muy probable que volvamos a repetir la historia”, dijo Cristina, y se encargó de aclarar que muy seguramente esa sentencia llegue para los tiempos de Navidad de este año.







Masacre de Capilla del Rosario “Nakagama me dijo que con su arma había matado a mis compañeros”




Masacre de Capilla del Rosario
“Nakagama me dijo que con su arma había matado a mis compañeros”

Lo aseguró uno de los sobrevivientes que declaró en la última audiencia. El 4 de octubre, los alegatos.


“Nakagama me dijo que con su arma había matado a mis compañeros”
Los imputados fueron situados en el lugar de los hechos.
En la sala de audiencias del Tribual Oral Federal de Catamarca, tuvo lugar la última audiencia del juicio por la “Masacre de Capilla del Rosario”, como se conocen los hechos en los que resultaron aniquilados 16 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.
A lo largo de la misma, declararon varios testigos propuestos por la secretaría de Derechos Humanos -constituida en querellante-, representada por el abogado Guillermo Díaz Martínez, quienes reafirmaron la hipótesis sostenida por esa parte desde el inicio del debate, que indica que los tres imputados -Mario Nakagam; Carlos Carrizo Salvadores y Jorge Exequiel Acosta- fueron los que dieron la orden de aniquilamiento y que los jóvenes pertenecientes al ERP se encontraban desarmados y trataron de rendirse al ser encontrados por los militares y policías, en agosto de 1974.
Los tres sobrevivientes, Raúl Lescano, Alfredo Mustafá y Gutiérrez, se separaron del grupo antes de la noche del sábado 10 de agosto, con  órdenes de llevar a uno de los heridos en ese enfrentamiento para que sea asistido en Banda de Varela.
Los testigos, a su vez, identificaron, a través de fotografías, al cuerpo de Antonio “El Negrito” Fernández, el líder de la misión guerrillera que también perdió, junto al resto de sus compañeros, en la masacre.
En un momento de su relato ante el Tribunal, Mustafá aseguró que, cuando estaba privado de su libertad, luego de la muerte de sus compañeros en la Jefatura de Policía, el mismo Nakagama se acercó a él, en momentos en que lo trasladaban para hacerle unas curaciones, y le dijo expresamente, mientras le exhibía su arma: “Con ésta maté a tus compañeros. Si también la querés, salí corriendo”, en lo que él interpretó como una clara amenaza, con intención de que corra para dispararle desde atrás.
Manzanelli
Posteriormente, declaró el periodista corresponsal de Clarín en Córdoba, Gustavo Molina, que en 2006 realizó una serie de entrevistas al exrepresor Luis Alberto Manzanelli, en las que se desprendió parte del accionar de los imputados, en relación a los hechos de Capilla del Rosario.
El testimonio de Manzanelli sitúa a los tres imputados en el lugar de los hechos, específicamente, a Nakagama y Carrizo Salvadores en la quebrada ubicada en esas inmediaciones. Para obtener de boca del testigo la confirmación de estos dichos, el Tribunal se constituirá en su lugar de detención, el 30 de septiembre.
Por su parte, Liliana Calliso, que estuvo presa en el Centro de Detención de La Perla, en Córdoba, aseguró que, en el marco de la impunidad que le otorgaba el hablar con alguien que no pensaba que fuese a salir, el propio Acosta le dijo que había participado de la masacre.
Otro detenido en ese centro, Piero Vinotti, aseguró, asimismo, que uno de los militares le dijo que “nos convertimos en asesinos a partir de Catamarca”.
El militar Carlos Suárez, testigo presentado por la defensa, terminó reconociendo que la orden recibida era la de “aniquilamiento”; pero, a partir de su testimonio, la Querella ordenó que se investigue al exmilitar, por su posible responsabilidad en los hechos.
Tramo final
Luego de la audiencia a Manzanelli, se esperan los alegatos, que tendrán lugar el 4 de octubre, por parte de los integrantes de la Querella, y el 7, para la defensa de los tres imputados, Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Acosta.

Fuente: http://www.elesquiu.com



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Tucuman: Tras la megacausa, habría una decena de juicios. Dos ya tienen fecha de inicio en noviembre



DERECHOS HUMANOS | CRíMENES DE LESA HUMANIDAD
Tras la megacausa, habría una decena de juicios

"Arsenales II-Jefatura II" podría tener sentencia en noviembre; otros dos procesos ya tienen fecha para ese mes.

Tras 10 meses de testimonios desgarradores, de relatos de ausencias y de encendidas confrontaciones entre las partes; de pruebas científicas, de descripciones de contexto y de recorridas por los sitios que albergaron el terror, la megacausa "Arsenales II-Jefatura II" entró en la recta final. El juicio por delitos de lesa humanidad más grande celebrado en la provincia será seguido por una decena de procesos orales por crímenes ocurridos en los 70', durante el terrorismo de estado. 

De no mediar inconvenientes, está previsto que en las audiencias de esta semana se concluya con la etapa clave del juicio, la de producción de pruebas. El jueves, se celebrará la última inspección ocular a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. 

El Tribunal Oral Federal (TOF) se trasladará a donde funcionaron las bases militar de Santa Lucía y Caspinchango, según explicó el secretario del TOF, Mariano García Zavalía. El funcionario judicial detalló además que el viernes los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas, Juan Carlos Reynaga y Hugo Cataldi (sustituto) podrían recibir las últimas pruebas testimoniales y documentales. 

Según trascendió, ese día algunos de los imputados podrían pedir hablar. Sería en relación a la valoración de la prueba. Los sospechosos tendrán esa posibilidad nuevamente después de que se esgriman los alegatos. 

"Podríamos comenzar con los alegatos el jueves 10 de octubre. Los primeros serán los querellantes y luego el Ministerio Público Fiscal. Por último, lo harán los defensores", subrayó García Zavalía. Los abogados querellantes se ordenarán de acuerdo al número de casos que representen, de mayor a menor. Mientras que los defensores (públicos y particulares) lo harán de acuerdo a la cantidad de imputaciones de sus encartados, de menor a mayor número. 

Esta etapa, estimó el secretario, podría extenderse hasta la segunda semana de noviembre. Luego, el TOF pasaría a deliberar para pronunciar la sentencia. 

La megacausa es el sexto juicio por violaciones a los derechos humanos que se celebra en el TOF. Es inédita porque reúne 215 víctimas y 41 imputados. Además, entre los acusados, por primera vez hay tres civiles. Se trata del escribano Juan Carlos Benedicto, del sacerdote José Mijalchyk y del personal civil de inteligencia Francisco López Guerrero. También hay dos mujeres: la ex policía María Luisa Acosta de Barraza y María Elena Guerra. 

Individuales y megacausas 

A "Arsenales II-Jefatura II" le seguirán dos juicios más pequeños, según puntualizó el fiscal federal a cargo de la oficina Tucumán de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Pablo Camuña. Detalló que de las ocho causas que están en el TOF, dos ya tienen fijada la fecha de inicio para noviembre. 

La primera de ellas, explicó, es el proceso que juzgará a los presuntos responsables del secuestro y asesinato del militante cordobés Osvaldo De Benedetti. La causa se había elevado en el TOF de Córdoba en 2010 y luego había sido remitida a la provincia. "De Benedetti estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y lo trasladaron por distintos penales, hasta que llegó a Villa Urquiza", resumió. De acuerdo con la acusación, dijo, uno de los militares imputados (Ariel Valdiviezo), lo habría sacado de allí. La víctima apareció muerta en el sur de la provincia tras un simulacro de enfrentamiento. Además de Valdiviezo, entre los imputados se encuentran Luciano Benjamín Menéndez, Héctor Chilo, Jorge Gorleri, Carlos Lucena, Jorge Navarro y Camilo Colotti. 

El otro debate oral sería por el caso "Toledo de Ygel". Camuña expresó que el único imputado vivo es Menéndez (también lo estaba el represor Antonio Bussi). De acuerdo con los investigadores, la familia Toledo-Ygel habría sido amenazada de muerte para donar las tierras sobre las que se levantó Capitán Cáceres (Monteros), uno de los pueblos fundados por el gobierno de facto. 

Otra de las causas elevadas-aunque aún sin fecha- es la que tiene como víctima al ex presidente del Senado provincial, Dardo Molina.Varios de los imputados coinciden con los de la megacausa en desarrollo, dado que, tal como aludió Camuña, el dirigente fue visto en Jefatura y en el Arsenal. También cuentan con elevación expedientes que tienen como víctimas a Osbaldo Muñoz; Germán Cantos; Ramón Miguel Molina, Antonio Molina, Enrique Rodríguez, Dionisio Valdéz; Francisco Ismael Serrano y Ramón Rufino Gómez.

Luego, le seguirían megacausas resonantes como "Villa Urquiza" y "Operativo Independencia", "Jefatura III" y "Arsenales III".

Fuente: La Gaceta


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Plan Condor: Dictaminan a favor de la reextradición del represor chileno Herrera Jiménez por el fusilamiento de presos politicos en 1974



Cooperación interestatal
Dictaminan a favor de la reextradición del represor chileno Herrera Jiménez


El procurador fiscal Eduardo Casal avaló la solicitud del Estado chileno, que solicita juzgar al imputado por los fusilamientos de siete presos políticos en 1974, anteriores a los hechos que motivaron su extradición. El acusado cumple actualmente condena a perpetua en Chile por dos homicidios.
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció a favor de la ampliación de la extradición del ciudadano chileno Carlos Herrera Jiménez, para que sea juzgado por su participación en los fusilamientos de siete presos políticos ocurridos en enero de 1974.
Herrera Jiménez había sido extraditado desde Argentina en 1994 por los crímenes de dos personas, y por los que actualmente cumple condena a prisión perpetua en Chile.
Pero como el país vecino ahora impulsa el juzgamiento del imputado por hechos anteriores a su extradición, que no estuvieron incluidos en el pedido originario, solicitó el pedido de "reextradición", trámite previsto en la Convención sobre Extradición de Montevideo, de 1933, normativa que regula la cooperación internacional de Argentina y Chile en esta materia.
Es sobre esa solicitud que acaba de expedirse el procurador fiscal, tras el recurso de la defensa contra la resolución del juez de primera instancia que validó el pedido del Estado chileno.
Casal desestimó la apelación del abogado defensor al considerar que los delitos no prescribieron porque “las constancias que el Estado requirente añadió a la solicitud de reextradición sugieren que los homicidios imputados a Herrera Jiménez no sólo constituyen crímenes graves sino que podrían configurar delitos" contra el derecho internacional público.
El procurador fiscal tuvo en cuenta el planteo que el fiscal de la Suprema Corte de Chile, Juan Manuel Escandón Jara, realizó en el pedido de la ampliación de la extradición. Allí, el magistrado chileno afirmaba que “la acción penal no está prescripta por tratarse de crímenes de lesa humanidad o de guerra”, según los Convenios de Ginebra de 1949.
Además, Casal justificó su dictamen citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al referirse a la extradición, señala que, ante la necesidad de erradicar la impunidad, la comunidad internacional tiene el deber de implementar la cooperación interestatal.
Herrera Jiménez (H, 116, XLVIII Fdo: Eduardo Ezequiel Casal, el 27/08/2013)

Fuente: http://fiscales.gob.ar

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domingo, 22 de septiembre de 2013

BLAQUIER/LEDESMA: La lucha de Rita Eulogia Cordero de Garnica y su familia devastada por la dictadura por Alejandra Dandan





Cuando se presentó  en la Biblioteca Nacional el libro "Cuentas Pendientes. Los cómplices de la dictadura", libro de Horacio Verbistky y el jurista Juan P. Bohoslavsky, en el que participaron mas una veintena de especialistas. Entre ellos, la periodista Alejandra Dandan, quien en la oportunidad se refirió al capítulo de la empresa Ledesma y el procesamiento de Blaquier y cerró con la revelación de un diálogo en la casa de Rita Eulogia Garnica.

      
"El capitulo está incluido dentro de un capitulo mas amplio llamado DESAPARICIONES A PEDIDO DE EMPRESAS. Allí esta el caso Ford, Mercedes Benz, Acindar y Techint y Ledesma. El artículo de Ledesma lo trabajé con Hannah Franzki, una alemana, amiga, que conocí en Jujuy y hace su doctorado en derecho en Londres desde una perspectiva crítica (suele preguntarse cómo hace el derecho desde su lógica punitiva e individual para capturar la complejidad de estas tramas).

En términos de la dimensión micro y macro que estos casos ponen en juego, Ledesma muestra una dimensión mas micro que es investigada en la causa penal: los aportes de vehículos que la empresa hizo durante la dictadura por ejemplo para el traslado de prsioneros. Pero hay una variable que surge también del propio expediente y da cuenta de una mirada mas de estructura al incorporar el contexto histórico. Esa mirada de estructura abre preguntas sobre la relación entre Ledesma y el Estado. Esto es lo que trabajamos nosotras. El artículo analiza el expediente judicial justamente en esa línea, y explora el auto de procesamiento a Blaquier para pensar desde una perspectiva crítica (y tambien como aporte) cómo las causas judiciales están explorando la relación entre empresas y el estado terrorista. Y no solo en este caso.

Sobre ese eje agrego sólo un dato. El juez federal Fernando Poviña procesó a Blaquier y a Lemos, el administrador del campo, en noviembre de 2012 por el aporte de vehiculos y choferes para el secuestro de 29 personas en marzo y julio de 1976. A la hora de configurar la  responsabilidad,  los situó como “participes” o “cómplices” de un delito cuyo “dominio” o autoría quedaba puesto en OTRO LADO, en este caso en manos de las fuerzas de seguridad.

Acá es donde nos detenemos. La hipótesis que planteamos es que justamente el expediente aporta elementos para pensar que el caso LEDESMA muestra BORRONEADOS los límites tradicionales entre Estado y Empresa privada. Para señalarlo analizamos los testimonios de las víctimas, pero también de los abogados de Blaquier e incluso lo que va diciendo el juez al incorporar el análisis histórico. El análisis del expediente está documentado en el capítulo, pero quisiera contarles algo que quedó fuera del libro pero explica de alguna manera el origen de las preguntas.

La escena es de mayo de 2012. Blaquier había sido llamado a indagatoria después de un largo y luchado proceso de justicia. No se presentó en la indagatoria. Era la primera. Sus abogados dijeron que estaba afuera del país haciéndose exámenes médicos. Ya estábamos en Jujuy capital, pero viajamos especialmente a  la localidad de Libertador General San Martín donde está el Ingenio a ver a una de las mujeres secuestradas en julio de 1976: Rita Eulogia Cordero de Garnica. Como la causa algo había avanzado imaginamos encontrarla alegre, al menos esperanzada, pero no fue así.

Rita apareció en el patio de la casa. Arrastraba un bastón, estaba casi ciega. Lo primero que dijo fue que sólo si me acercaba bastante podía llegar a verme por el costado de un ojo. Conmigo estaba un abogado de los organismos y un viejo militante y periodista. Con ella, dos mujeres. Le preguntamos qué sentía en ese momento.

            “Es lo que siempre decía yo: éste se va a mandar a mudar en cualquier rato. Yo sabía que se iba a mandar a mudar y no sé si va a llegar a juicio. Es mi conciencia que me dice así, ahora no sé, otros piensan de otra forma”. 

Rita tiene varios desaparecidos en la familia. Antes del golpe, detuvieron a su marido Agustín Donato Garnica, dirigente del Sindicato de Obreros Azucareros de Ledesma. Luego del golpe le secuestraron a un hermano y el 20 de julio de 1976 los vehículos que levantaron a un numero aún no definido de personas se la llevaron a ella y a 2 hijos: Miguel Angel y Domingo Horacio Garnica. Rita estuvo secuestrada en el centro clandestino de Guerrero, luego pasó a la cárcel de Devoto y fue liberada en marzo de 1977. Su marido estuvo 7 años preso y fue liberado. Sus dos hijos en cambio probablemente hayan sido asesinados y están desaparecidos. Pese a todo, ella fue una de las testimoniantes emblemáticas de la zona. Declaró en el Juicio a las Juntas, y cuando tuvo que hacerlo. Pero ese día parecía vencida. 

            “¡Después de tanto tiempo...! Treinta y seis años llevo esperando, yo ya no puedo.... ¿Por dónde no he andado? Y sola.  Y nunca he podido saber dónde están mis hijos. Pero yo ahora   no puedo más. Les dije el otro día a los abogados que se acabó: yo ya no salgo más, si tengo     que declarar, preséntenme todos los escritos. ¿Qué voy a hacer? Y son 36 años, ¿no? Y si en    36 años no se ha hecho nada... Yo ya estoy perdiendo la esperanza: viviré con el recuerdo de mis hijos y nada más, que los mataron..., qué se va hacer”. 

Nos quedamos mudos. De pronto, otra de las mujeres se puso hablar. Contó que también a ella la habían secuestrado: El 21 de julio de 1976 a la madrugada, se acercó a la “comisaría” del pueblo porque habían detenido a uno de sus hermanos. Cuando entró no la dejaron salir. Pasó  la noche y al amanecer escuchó movimientos y se acercó a una ventana desde donde vio camionetas de Ledesma trasladando a la gente que estaba en ese lugar. Mientras hablaba se había puesto a llorar, realmente aterrorizada. El abogado le preguntó si alguna vez había dicho eso en la justicia. Si estaba dispuesta a hacerlo. Ella dijo que no había declarado y que no quería declarar.

            “Yo tengo miedo, porque demasiado ya he pasado. Yo la he pasado horrible. Nosotros no dormíamos.... Pasaba una noche, cortaban una luz, pasaban dos días, cortaban la luz y    llevaban a otro. ¡No sabíamos si nos tocaba a nosotros o a otros hermanos! ¡O a mi esposo, que casi se lo llevan también! Yo tenía a mi chiquita de diez meses. Y no lo han llevado a mi esposo no sé por qué, porque tuvo un Dios aparte, sino esas criaturas hubiesen terminado  solas. Cuando yo llegué de vuelta a mi casa, estaba mi esposo con la casa toda dada vuelta.        Y él me dice: ‘A mí me tenían atado’. Yo tenía miedo. (Después) iba a esperar a mis hermanos: a ver si aparecían o no aparecían, como hacíamos todos, como se hacía con los      que venían de la guerra: ahí, a la Plaza, íbamos desesperados para esperar a ver si ellos venían”. 

Los hermanos no volvieron. Están desaparecidos. Pero mientras la mujer hablaba lo que nos sorprendió fue que adelante nuestro y en ese momento, frente a la línea de calle, pasó un trailer de Ledesma. Es cierto que el Ingenio estaba cerca. El patiecito de Rita daba a la calle. Los trailers seguramente se siguen usando para el trasporte de mercaderías. Pero en ese momento y en esa escena, esos vehículos tendían inevitablemente un puente entre presente y pasado. Hacia unos minutos, Rita nos había contando que había conseguido algo de dinero extra en esos días porque había alquilado el patio de su casa a un vecino para estacionar el auto. Pero cuando empezaron las noticias de la reapertura del caso Blaquier, el vecino se fue y ella perdió el negocio. Luego pasó otro vecino para chucearla. Le dijo que “tenga cuidado” porque los “dinosaurios andan sueltos”. Y le nombró a Julio López.

             “Así me dijo. Y yo le respondí: “Y bueno, una vieja menos”. El estaba sentado ahí y yo acá. Si me llevan, que me lleven. Lo lamento porque van a quedar mis otros hijos y mis nietos por criar. Eso es lo que siento. Le dije que a mí no me hable más de esas cosas, que si quería preguntar vaya a otro lugar. Se fue, no volvió nunca más”.

La escena condensaba varias cuestiones. La lógica de tiempo continuo con el llanto de las mujeres en tiempo presente. El miedo de ese vecino que deja de estacionar el auto. El Trailer. Pero sobre todo, abrió una pregunta por quién tenía aún el dominio de los espacios. Esa mujer que lograba hablar en el espacio doméstico de una casa, no podía hacerlo aún en esos espacios de lo público que aparecía ocupado, como esas calles, por quienes sí podían hacerlo.

Volviendo al eje del artículo, esto que de alguna manera también hablaba de un “estado de excepción” que todavía seguía vigente en un “espacio” dispararon preguntas acerca de lo que significa Ledesma en la dimensión de lo “vivido” cotidianamente por quienes viven todavía alrededor del Ingenio. Ledesma suele aparecer configurada aún en términos de DOMINACIÓN pero no sólo por los sobrevivientes o familiares de los desaparecidos o por quienes viven ahi sino incluso por el propio discurso de la EMPRESA. Este es uno de los puntos de partida a través de los cuales vamos a decir en el articulo que al incluir la dimensión histórica, Ledesma no sólo aparece como un actor mas sino como parte de un Estado que fue un Estado macrocriminal, un bloque de poder integrado por militares y civiles. 

Estuvo dotada incluso de una Fuerza de seguridad y tuvo poder de mando sobre la Gendarmería. Una línea que así la aleja de la condición de partícipe para situarla en la del autor"

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Posdata:

"Me prometes que lucha es hasta el final. No hay que aflojar", le dijo Rita Eulogia mientras le tomaba la mano al militante en una de sus habituales visitas hace un par de semanas atrás al hospital de Libertador San Martín donde esta internada. "SI" fue la respuesta. Un si que se escapó por las ventanas y recorrió todos los aires jujeños donde el compromiso de que la lucha es hasta el final y no tiene lugar a ninguna tregua.

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NUESTROS AÑOS SESENTA



libros
Domingo, 8 de septiembre de 2013
Quién de nosotros

La edición definitiva de Nuestros años sesentas de Oscar Terán devuelve la lucidez de un texto que, sin escapar a la objetividad del ensayo crítico, incluyó con apasionamiento la autobiografía y el balance generacional. La visión de una década pautada por dos golpes militares y la inserción de un grupo intelectual ligado a las revistas, las ideas y los dramas políticos de la Argentina.




Por Juan Andrade
Un texto imprescindible de la historia de las ideas local vuelve a las librerías en su edición definitiva. Nuestros años sesentas (La formación de la nueva izquierda intelectual argentina), de Oscar Terán (1938-2008), publicado originalmente en 1991, traza una cartografía exhaustiva y completa del mapa conceptual de una época, poniendo la lupa sobre ese sujeto social, cultural y político emergente al que alude el subtítulo. El recorrido de esta arqueología del saber abarca distintos campos, que van de la filosofía al periodismo, pasando por la literatura, la plástica y otras disciplinas. Lejos de entenderlos como compartimentos estancos, el autor conecta a unos con otros y logra captar a las ideas en pleno movimiento, interactuando con el contexto, siguiendo una dinámica tan estimulante como vital.
Uno de los rasgos que distinguen al libro es su particular equilibrio entre la rigurosidad del ensayo y su propio componente autobiográfico: el testimonio personal no se diluye, sino que se potencia con la distancia crítica que establecen las ciencias sociales respecto de su objeto de estudio. “¿De quién son ‘nuestros’ estos años sesentas; cuál es el ‘nosotros’ que se dibuja sobre un escenario sin duda también habitado por otros actores que legítimamente se resistirían a reconocerse en la imagen que el espejo de este texto les propone?”, plantea Terán. La pregunta es lo primero que se lee entre las “Advertencias” del prólogo. Pasión y reflexión, entonces, se revelan de movida como indisolubles claves de acceso al material. En ese sentido, resulta coherente la periodización establecida: un comienzo y un final demarcados por sendos golpes de Estado, el de 1955 y el de 1966. Algo que Terán enfatiza, cuando señala que “las condiciones de la producción intelectual destinada a dar cuenta de la realidad nacional fueron altamente sensibles a los acontecimientos políticos”. Una demarcación que, a su vez, coincide con los hitos de su propia trayectoria, como confiesa en una conversación con Silvia Sigal (autora de Intelectuales y poder en la década del sesenta, otro libro fundamental) incluida a modo de apéndice final: por un lado, su “llegada a Buenos Aires en 1956, cuando se superponen el impacto de la vida urbana sobre alguien que viene de provincia, y el descubrimiento del peronismo”; por el otro, “la segunda referencia vivencial es más cercana y tiene que ver con una curva bastante análoga a la de muchos: coincide con el momento en que decido incorporarme, hacia 1966 o 1967, al ‘partido cubano’”.
A partir de la primera persona del plural, siempre compleja y rica en matices, Terán dispone el desarrollo de una acción con sus actores protagónicos y secundarios, que encuentra en la cuestión del peronismo y la Revolución Cubana su telón de fondo: dos grandes factores que aglutinan y, a la vez, provocan cismas. Su reconstrucción del itinerario de ese núcleo de intelectuales a los que denomina “contestatarios”, “críticos” o “denuncialistas”, subraya entonces en el segundo capítulo, “Peronismo y modernización”, la franja abierta por la revista Contorno, ese emblemático proyecto editorial en el que confluyeron varios de los nombres que irían cobrando protagonismo al calor de los debates que por entonces agitaban y dividían las aguas: los hermanos Ismael y David Viñas, Oscar Masotta, León Rozitchner, Juan José Sebreli y otros.
Precisamente, son las revistas (Contorno, pero también Centro, Pasado y Presente, Sur, Primera Plana, etcétera) las fuentes que nutren su análisis de ese apasionado y apasionante proceso de renovación de las ideas. Un caso paradigmático: la forma en la que se abrían paso el existencialismo y la teoría del “compromiso” de Sartre, un “intelectual faro” de la época según Terán, mientras en el ámbito académico se privilegiaban, dentro de la misma corriente filosófica, las vertientes encabezadas por Jaspers o Heidegger. El ida y vuelta que se establece entre las publicaciones, las discusiones que levantan la temperatura de sus páginas, le permiten a Terán dar cuenta de los síntomas que evidencian la profundidad de los cambios producidos. Uno de ellos: el paralelo ascenso del periodismo modernizador de Primera Plana y del Instituto Di Tella como polo artístico, frente a la pérdida de hegemonía cultural de Sur.
En su operación de rescate del “clima de ideas”, del “aire de los tiempos” a los que se refiere en distintos tramos del capítulo dedicado al “Antiliberalismo”, se sumerge en la lectura de los artículos que aparecen en publicaciones como Sur, Pasado y Presente, Fichas o Criterio. Pero también incluye a obras de teatro como Esperando a Godot de Beckett, Los pequeños burgueses, de Gorki, y el “realismo reflexivo” de Roberto Cossa o Ricardo Halac; el cine de Ingmar Bergman y de Leopoldo Torre Nilsson; la literatura de Sartre, Cortázar, Arlt y hasta Manuel Gálvez. “En 1961, desde el fondo de su venero católico tradicionalista –escribe Terán–, el viejo Manuel Gálvez revelaba asimismo en ‘La gran familia de los Laris’ su radical escepticismo acerca de la posibilidad de que el patriciado de este país pudiera superar los tiempos horribles de irrefrenable decadencia que le ha tocado vivir.”
La centralidad de la obra de una figura como Sartre –que hacia el final del texto aparece opacada por las teorías de Gramsci, Lévi-Strauss, Lacan–, no le impide a Terán marcar ciertas contradicciones en su prédica a favor de la libertad. “En un relato de la visita de Sartre a Cuba publicado entre nosotros en 1960 –recuerda–, el filósofo francés introdujo la siguiente aseveración: ‘Tengo a bien aclarar que creo que los que están en contra de la Revolución no tienen derecho a hablar, lo que quiero saber es si los que están a favor pueden hablar, porque es allí donde comienza la libertad de prensa’.” Palabras que son interpretadas como indicio del “maniqueísmo”, la “polarización” y las “trincheras” que comienzan a asomar detrás de las “intervenciones teóricas”.
Nuestros años sesentas. Oscar Terán Siglo XXI 288 páginas
La mirada lúcida y autocrítica de Nuestros años sesentas tal vez sea uno de sus principales legados a la hora de repensar un tiempo rico en simbolismos y mitologías. Terán reconstruye los mecanismos que hicieron posible que una vanguardia intelectual que partió desde los márgenes lograra impactar, finalmente, en el centro del saber institucionalizado y de la vida política local. Y hay algo más que el libro sugiere, al concluir su repaso histórico con la interrupción del orden institucional encabezada por Onganía: muchas de esas ideas de avanzada terminaron sembrando el campo sobre el que germinaría la lucha armada en la década siguiente. Terán lo explicita en la conversación con Sigal: “Yo diría que buena parte de lo que escribí estuvo animado por la pregunta sobre si los discursos conducían inexorablemente a la serie de catástrofes posteriores. Esta es, tal vez, la hipótesis fuerte de mi trabajo. Si ella se desmiente, el trabajo podría desmoronarse. He tratado de argumentar largamente que, si bien ese escenario estaba instalado, los acontecimientos que se suceden a partir de 1966 son los que vienen a realizar un conjunto de profecías que los intelectuales habían enunciado, pero solamente enunciado, en los años anteriores”.
Fuente: Pagina 12





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Mendoza: "El paso del tiempo corre a favor de la impunidad". Organismos de DH piden unficar causas y acelerar los juicios






"El paso del tiempo corre a favor de la impunidad", manifiestan en el escrito 

Mendoza: El colectivo de DDHH pidió a la Justicia unificar causas y acelerar los juicios


 Memoria Verdad y Justicia - Télam
Mendoza.- Integrantes de Madres de Plaza de Mayo y de otras organizaciones de Derechos Humanos marcharon en el mediodía de ayer hasta el Tribunal Federal para pedir la unificación de causas que investiguen a ex funcionarios judiciales y a militares en el próximo juicio por delitos de lesa humanidad que comenzará en esta capital el próximo 11 de noviembre. En el escrito presentado pidieron unificar las causas, lo que permitiría que imputados que son comunes a distintas causas sean juzgados en un solo proceso y debate oral, el cuarto a realizarse en esta provincia. De este modo, podrìa entrar en la agenda el juicio al ex camarista Otilio Romano, recientemente extraditado desde Chile.
"Queremos resaltar que compartimos y acompañamos las iniciativas que permitieron llegar a tres juicios por crímenes de Lesa Humanidad, y reconocemos que los miembros de la justicia federal han sido respetuosos con las víctimas", manifestaron en el comunicado. 
    
Asimismo, insistieron en que "a lo largo de este proceso, la principal estrategia de los represores ha sido la dilatación ya que en definitiva, el paso del tiempo, corre a favor de la impunidad". 
    
El pasado jueves, voceros oficiales de Tribunal Federal indicaron a Télam que "los jueces aún están por resolver la posible unificación de causas", pedido al que también se sumaron los abogados querellantes y el Ministerio Fiscal. 
    
Hace unos días, el Tribunal Oral Federal N 1 de Mendoza fijó para el próximo 11 de noviembre el inicio de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en el que se abordará la causa 076, que contempla los delitos de privación abusiva de la libertad y torturas de Roberto Vélez, Martín Lecea y Oscar Guidone, y lesiones gravísimas, en el caso de éste último. 
    
Detenido en junio del 76, Guidone fue hospitalizado para ser intervenido quirúrgicamente del bazo debido a las tremendas golpizas que recibió en la dependencia militar. Los magistrados determinarán la responsabilidad de Enrique Gómez Saa en la comisión de aquellos delitos cuando se desempeñaba como miembro de la División de Inteligencia G2 de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, perteneciente al III Cuerpo de Ejército que, por esos años, conducía Luciano Benjamín Menéndez. 
    
Para llegar al veredicto serán citadas como testigos 32 personas, y la defensa del acusado estará a cargo del doctor Carlos de Casas. El Tribunal Oral estará presidido por el doctor Alejandro Piña, acompañado de los doctores Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade.
Fuente: Telam



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DERECHOS HUMANOS | MEGACAUSA Una clase en la calle y un repudio en la puerta


DERECHOS HUMANOS | MEGACAUSA
Una clase en la calle y un repudio en la puerta

Las partes confrontaron por un testigo



PARA LOS CHICOS. Estudiantes aprendieron sobre el proceso oral en el TOF. LA GACETA / FOTOS DE INéS QUINTEROS ORIO



Desde adentro de la sala podían escucharse ayer la clase pública y también una sirena. Mientras la agrupación "Hijos" celebraba una reunión informativa para estudiantes, familiares de imputados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de estado se manifestaban en la puerta del Tribunal Oral Federal (TOF). 

Militantes, querellantes, profesores universitarios, familiares de víctimas y sobrevivientes explicaron a media centena de alumnos secundarios qué ocurre "puertas adentro" del TOF durante las audiencias de la megacausa "Arsenales II-Jefatura II". Natalia Ariñez, de Hijos, explicó que los menores no pueden asistir al debate. Esa situación se conjugó en la actividad con la conmemoración de la "Noche de los Lápices" y el pedido de justicia por Julio López (testigo desaparecido), añadió. 

"Las mayores pruebas materiales están en la memoria y valentía de los testigos, por eso invitamos a Renée Ahualli, que declaró en tres causas", ejemplificó. El querellante Pablo Gargiulo se refirió a los carteles que llevan los allegados de los imputados y que denuncian que el juicio sería "injusto" y parcial. "Es una campaña para deslegitimarlo. Los juicios se hacen en un marco de legalidad. Tienen defensores y los que lo necesitan, están en una penitenciaría con hospital (Ezeiza). Muchos ni siquiera irán presos tras la sentencia, si se los condena, por su salud. Como tucumanos deben sentirse orgullosos de estos juicios", alentó. 

Historias y polémica 

Durante la mañana, se habían escuchado una de las últimas tandas de testimonios. Marta Rodríguez relató cómo fue el secuestro de su hermano José Manuel Rodríguez, de 32 años, en septiembre de 1976. Afirmó que militares armados se lo llevaron de su casa y que pudo visitarlo en la Brigada. Rodríguez permanece desaparecido. 

El testigo Pedro Solórzano, presentado por la defensa del imputado Ariel Valdiviezo, generó un revuelo. El médico y militar retirado relató el episodio en el que fueron asesinados el subteniente Juan Toledo Pimentel, el sargento Alberto Lai y el soldado Carlos Cajal, el 17 de mayo de 1976. Afirmó que se desempeñaba en la junta médica del Comando de la V Brigada y que ese día asistió a la base de Caspinchango para atender a soldados enfermos (Valdiviezo habría estado a cargo). "Cuando regresábamos en la ambulancia fuimos atacados por un grupo que estaba en el camino. Cuando intentamos pasar por un puente de madera, explotó una bomba. Fuimos ametrallados. Perdí el conocimiento. Me dieron  por muerto. Desperté en una zanja, con dos cadáveres arriba: Toledo Pimentel y Lai", relató. Luego añadió: "Toledo Pimentel muere en mis brazos, tratando de reanimarlo". Los querellantes Laura Figueroa y Bernardo Lobo Bougeau requirieron que se lo impute por falso testimonio, al entender que había caído en contradicciones. Ciro Lo Pinto, defensor oficial, reclamó que el juicio no siguiera por los canales de la legalidad y acusó a Figueroa de amedrentar a testigos. "No hay contradicciones", espetó. 

Antes del final de la audiencia, se escuchó el desgarrador testimonio de Emma Aguirre, por cuyo secuestro y tortura fue condenado a 13 años de prisión en el ex comisario de León Rougés, Miguel Moreno, en 2012. Cuando estuvo en el centro de Nueva Baviera, Aguirre pudo ver a Juan Ángel Jiménez, víctima de la megacausa cuyos restos fueron hallados en las fosas del Arsenal. Mientras que Moreno habría participado del secuestro de otras víctimas: Pedro y Juan Rodríguez (padre e hijo). 

La megacausa suma 215 víctimas y 41 imputados. Los delitos se habrían cometido en los centros de detención y exterminio del Arsenal y la Jefatura de Policía. 

Durante la tarde de ayer, el Tribunal Oral Federal (TOF) efectuó una inspección ocular en el llamado "Pozo de Vargas", en el marco de la megacausa "Arsenales II- Jefatura II". En la fosa clandestina se habrían arrojado cadáveres de víctimas del terrorismo de estado entre 1975 y 1980. Peritos ya recuperaron e identificaron restos de 12 desaparecidos. 

Fuente: La Gaceta






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Megacausa Jefatura II - Arsenales II Emotiva inspección ocular al Pozo de Vargas



Megacausa Jefatura II - Arsenales II
Emotiva inspección ocular al Pozo de Vargas

El viernes se realizó una inspección ocular al Pozo de Vargas, fosa común que funcionó entre 1975 y 1980, donde se arrojaban cuerpos de detenidos - desaparecidos. Fue en el juicio en el marco de la Megacausa Jefatura II – Arsenales II. Por la mañana se realizó una clase pública sobre delitos de lesa humanidad, en las inmediaciones del TOF.
En el Marco de la Megacausa Jefatura II – Arsenales II se realizó el viernes una visita ocular, del Pozo de Vargas. Se trata de una fosa común clandestina ubicada en una finca de Tafí Viejo (a la altura de Francisco de Aguirre al 4.700), que funcionó entre 1975 y 1980. Era un antiguo y profundo aljibe, a la vera de las vías del ferrocarril,  que se usaba para alimentar de agua a  locomotoras- fue abierta hace una década y pasaron muchos años de lenta excavación hasta que se dio con los primeros restos humanos.
Ante una importante cantidad de público, y ante los jueces, fiscales, abogados defensores y querellantes los peritos del Centro Antropología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), explicaron que con el correr del tiempo se evidenció una “dinámica de alteración del espacio, con una clara intención de ocultamiento”.
A su vez mencionaron que al realizar las investigaciones antropológicas se recuperó material textil en un buen estado de conservación de donde se pudo extraer muestras de sangre humana y también se halló en las vigas del pozo. Según explicaron los peritos estaría faltando excavar 10 metros más. 
Al término de la visita ocular familiares de detenidos – desaparecidos abrazaron el Pozo de Vargas, mientras exclamaban "queremos justicia y cárcel común". También dijeron “no lograron que desaparezcan. No vamos a parar". 
En este lugar ya se identificaron restos de 9 personas. Los peritos, ayer, estimaron que deben haber enterrado alrededor de 23 personas.
Clase pública sobre delitos de lesa humanidad
Los delitos de lesa humanidad, la desaparición de Julio López y el aniversario de la "Noche de los Lápices" fueron los temas que se debatieron en la clase pública que se realizó el viernes, mientras transcurría la audiencia en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, frente al TOF.
Hablaron el abogado querellante Pablo Gargiulo; la docente de Comunicación Social e integrante del blog para la difusión del juicio Megacausa Tucumán, Mary Esther "Tina" Gardella; René Ahualli, testigo en juicios por delitos de lesa humanidad; y militantes de la agrupación HIJOS.
El juicio entró en su recta final, esta semana, además de la inspección ocular del Pozo de Vargas, se visitó el ex Ingenio de Nueva Baviera, la Comisaría de Monteros y la Escuelita de Famaillá. En jornadas pasadas la Facultad de Educación Física, el Reformatorio y el ex Jefatura de Policía.
El jueves que viene se realizará inspección ocular en  “Caspinchango” y  “Santa Lucía”, con salida desde el tribunal a las 9.00. El viernes 27 testimoniales y documentales. Además de declaración de imputados. Los alegatos están previstos para el 10 de octubre.
En el TOF se juzgan las responsabilidades que tendrían 41 imputados en 206 casos sobre privaciones de libertad, torturas, homicidios y delitos sexuales. Los hechos habrían tenido como escenario los centros clandestinos del Arsenal y la Jefatura de Policía. 
Fuente: Tucuman Hoy

Mardel: Los fiscales le pidieron a la Cámara que termine las dilaciones y que el juez Hooft sea indagado





Lesa Humanidad
En Mar del Plata
Los fiscales le pidieron a la Cámara que terminen las dilaciones y que Hooft sea indagado


Jorge Auat y Horacio Azzolín expusieron ante la Cámara Federal y solicitaron el rechazo de la recusación del juez de instrucción y la pretensión de nulidad del llamado a indagatoria. El imputado, que presenció la audiencia, también recusó a los fiscales.
El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y el fiscal de la Procuración, Horacio Azzolín, solicitaron ayer a la Cámara Federal de Mar del Plata que rechace la recusación de la defensa de Pedro Federico Hooft al juez federal Martín Bava y que valide su llamado a declaración indagatoria.
Los fiscales insistieron ante los camaristas Alejandro Tazza y Jorge Ferro que ambos recursos constituían "maniobras dilatorias" de la defensa para evitar la declaración indagatoria del suspendido juez correccional, quien en forma paralela a la tramitación de esta causa está siendo sometido a un jury pero conserva los fueros que impiden su detención. El magistrado marplatense fue convocado cuatro veces a prestar declaración indagatoria en el último año y nunca concurrió. La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la semana pasada la prohibición de salida del país del imputado para evitar su fuga.
Auat y Azzolín recordaron a los jueces en la audiencia de ayer que tanto la recusación de Bava como la nulidad del llamado a indagatoria ya fueron rechazadas por la Cámara Federal en noviembre y diciembre del año pasado, y remarcaron que se estaban reeditando cuestiones ya zanjadas por el tribunal. En esa línea los representantes del Ministerio Público le pidieron a la Cámara que pusiera "coto a las dilaciones innecesarias".
Antes de realizar ese pedido los dos fiscales debieron contestar las recusaciones que en el comienzo de las audiencias les hizo la defensa del imputado y luego esperar a que la Cámara Federal resolviera. Los jueces Ferro y Tazza, finalmente, rechazaron la pretensión de Hooft de apartar a Auat y Azzolín.
Por eso, la de ayer fue una larga jornada que se inició cerca del mediodía y terminó a las 18.00, con la presencia del juez imputado, quien acompañó a sus abogados.
Recusaciones y dilación
La Cámara Federal de Mar del Plata había fijado audiencia a las 11.30 y las 12 de ayer para que las partes expusieran sus posiciones en torno a dos incidentes iniciados por la defensa del juez correccional suspendido.
Pero el tratamiento de las cuestiones se demoró porque la defensa de Hooft recusó a los fiscales Auat y Azzolín, por distintas razones. A Azzolín le endilgaron haber adelantado su opinión sobre la causa a través de su cuenta de Twitter en mayo y junio. Prolijos, los abogados de Hooft llevaron impreso el "timeline" (perfil con mensajes) del fiscal Azzolín, donde reprodujo y enlazó las notas de Fiscales sobre el caso.
Cuando Azzolín señaló que entonces podía seguir actuando Auat en la audiencia, los defensores también recusaron al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Dijeron que se encuentra denunciado por integrar una asociación ilícita con funcionarios del Ministerio Público para perjudicar a su cliente.
Al contestar su recusación, Azzolín señaló que si se cuestionaba sus tweets de mayo y junio pasado “el plazo para plantear este recurso está holgadamente vencido”, pero igualmente aclaró la razón de su publicación en esa red social: “No hice otra cosa que hacer saber el accionar del Ministerio Público Fiscal, como parte de un paradigma de administración de Justicia que tiende a difundir sus decisiones. Además, la propia defensa, aunque luego lo haya borrado, respondió por esa misma vía. No dije más que cuestiones objetivas que tramitan en el expediente. Está en ustedes (por los jueces) poner coto a las dilaciones innecesarias para desalentar estas prácticas”, reprodujo el portal www.0223.com.ar las palabras del fiscal.
La actuación de Azzolín en este proceso data de julio pasado, luego de que la defensa de Hooft también recusara al fiscal marplatense Pablo Larriera, quien había llegado allí tras la recusación de otros dos fiscales por parte de la defensa.
Auat, a su turno, señaló que la recusación “no puede fundarse en un miedo, sino en datos objetivos”. Y recordó que la defensa de Hooft "recusó a todo el Ministerio Público Fiscal y a los jueces. Y a esto es que le llamamos dilación”.
Fuente: http://fiscales.gob.ar


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 “En el proceso de juzgamiento hay dos espadas. Una la tiene la fiscalía y otra la defensa. Del cruce de esas espadas surge la chispa de la verdad. Pues crucemos las espadas”,  Jorge Auat



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