lunes, 31 de marzo de 2014

Jujuy y Salta: Repudio de organismos de DH ,Sociales y políticos a las maniobras dilatorias del empresario procesado Carlos Blaquier




                                                     REPUDIO A LAS MANIOBRAS DILATORIAS DE BLAQUIER

El grupo de abogadas/os querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad de Jujuy, la Asociación Jujeña de Ex presos políticos (AJEP); H.I.J.O.S. Jujuy, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy-Línea Histórica; Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional de Jujuy, Organización Barrial Tupac Amaru, la Red de Organizaciones Sociales, el Frente Unidos y Organizados, la Asociación de Derechos Humanos “Lucrecia Barquet”, H.I.J.O.S. Salta, Comisión de apoyo a las causas de Salta (Megacausa) queremos manifestar nuestro más enérgico repudio en contra de las constantes maniobras intentadas por el procesado Carlos Pedro Blaquier y sus defensores, quienes sistemáticamente intentan forzar una declaración de nulidad de la causa que lo tiene como responsable de Delitos de Lesa Humanidad en la provincia de Jujuy, para eludir de este modo las respuestas de fondo a los requerimientos de la justicia.

Manifestamos nuestra preocupación por el continuo, persistente, y obcecado intento que ejerce la defensa del acusado, en cuestionar las decisiones de la Justicia Argentina. Y también, por sus intentos constantes por confundir a  la opinión pública, al tergiversar la verdad de los hechos ocurridos en nuestra provincia en los años de la última dictadura cívico-militar. Una verdad que desde hace varias décadas vienen reconstruyendo los testigos, víctimas, y sobrevivientes de la tristemente conocida en nuestra historia regional, como la “Noche del Apagón”.

Una vez más, y recurriendo ahora a un especialista internacional en materia de derechos humanos, pretende por todos los medios que tiene a su alcance, desacreditar la figura del Fiscal Ad-hoc, Dr. Pablo Pelazzo,  lograr con ello que se aparte definitivamente de la causa, y cuestionar a todos los jueces intervinientes.

En esta oportunidad, el empresario echa mano al “Amicus curiae” (amigos del Tribunal). Esta figura legal, en rigor, tiene en mira que el tribunal escuche la opinión objetiva de terceros ajenos a la disputa que se acercan al proceso justificando su interés en la resolución del litigio.

Lejos de ello, la defensa de este empresario, pretende legitimar su posición, recurriendo a un uso tergiversado de esta figura. En esta ocasión, recurriendo a un jurista de nivel internacional, que llega de la mano de la defensa para expedirse en su favor. Todo lo cual pone en evidencia que se trata de una nueva maniobra con la que se pretende legitimar el interés particular de este empresario, procesado ya en dos instancias judiciales de nuestro país.

Nuevamente, en su estrategia, aparecen los grandes medios de comunicación que difunden la maniobra con pretendida objetividad, y colaboran con la estrategia de Blaquier, propiciando una campaña en contra de la loable decisión del Estado Argentino de llegar a la verdad, con justicia. Decisión asumida con firme voluntad política, y autentico compromiso en materia de derechos humanos. Cumpliendo así con la obligación asumida internacionalmente de perseguir, investigar y sancionar los delitos cometidos durante la dictadura cívico militar ocurrida en nuestro país durante 1976-1983.

Los organismos de derechos humanos, y todos quienes constantemente luchamos con Memoria, por la Verdad y la Justicia, no cejaremos en la defensa de la política de derechos humanos que nuestro país logró afianzar en pos del castigo a los responsables militares, civiles y eclesiásticos de las desapariciones y asesinatos de los 30.000 detenidos desaparecidos. Por quienes continuamos pidiendo JUSTICIA.-

Fuente: Agencia de Noticias DDHH

La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico

Salta: Comienza el debate en la causa Metan por doce militantes asesinados o desaparecidos. Imputados militares y policías.






Lesa humanidad: comienza
el debate en la causa Metán

Por Elena Corvalan

Hoy comienza en Salta un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia en los años 70. Se trata de la conocida como Causa Metán, que reúne cuatro expedientes acumulados sobre hechos perpetrados en la jurisdicción de esa localidad (en el sur de la provincia) de los cuales fueron víctimas 12 personas, diez de ellas asesinadas o desaparecidas. Serán juzgados seis hombres, dos ex militares y cuatro policías retirados.
El Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Federico Díaz, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, convocó para las 8,30 de hoy, en la sala de audiencias de los Tribunales Federales, sobre la calle Deán Funes, en pleno centro de la ciudad.
Dos de los acusados ya cuentan con condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad: el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall y el ex jefe de la Policía de Salta, comisario Miguel Gentil. En virtud de la sentencia que recibieron en diciembre último, en el marco de la Megacausa, ambos están en prisión, el primero en Ezeiza y el segundo en Marcos Paz.
Los policías acusados esperan el debate en sus casas, sea porque cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria, como es el caso de Andrés del Valle Soraire y Eduardo del Carmen del Valle, o porque están excarcelados, como es el caso de Rafael Rolando Perelló y Marcos Honorio Medina.
Las víctimas de los crímenes que se juzgarán a partir de hoy eran en su mayoría militantes políticos.
Entre los asesinatos, hay dos casos que se destacan: el homicidio del joven Ángel Federico Toledo y la tentativa de asesinato de su hermano, Carlos Lucas Toledo, quienes fueron baleados cuando se encontraban en la vereda de su casa. El otro caso es el del crimen, en 1977, de Los Arbolitos, el apodo con el que eran conocidos los jóvenes José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez, muertos a tiros en la zona rural de Metán. Durante años este último hecho se investigó como un delito común, e incluso se llegó a una sentencia, pero finalmente fue declararlo delito de lesa humanidad, por lo que será juzgado Soraire, uno de los sospechosos que hasta ahora había logrado evadir dar una respuesta por este hecho.
De las otras víctimas se encuentran desaparecidos Pedro Francisco Núñez Apaza, Luis Roberto Ortega, José Napoleón Ortega, Gerónimo Concha Conseca, Orlando Ronal Molina, Mario Monasterio Sánchez y Hugo Velázquez.
Esmeralda Ramona Guerrero es la otra sobreviviente de la represión en Metán y participará de este proceso en calidad de querellante y actora civil, representada por el abogado Oscar Pedro Guillén, que fuera secretario de Derechos Humanos de la provincia.
Lucas Toledo, el otro sobreviviente, también será querellante, representado por el abogado Andrés Ruarte, ex detenido político. Y los hermanos de Oscar Rodríguez, Domingo Nolasco y Segundo Bernabé, participarán representados por el abogado Juan Carlos Galli. Los hermanos Rodríguez fueron los impulsores de la investigación del crimen de Oscar y de Lino Salvatierra.
Del juicio participarán los fiscales federales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila.
En las defensas, el defensor oficial Oscar Tomás del Campo tendrá el mayor trabajo: asistirá a Mulhall, Gentil, Perelló, Soraire y Medina. El abogado Gustavo Martínez será el defensor de Del Valle.
En esta primera audiencia se leerá la requisitoria fiscal de elevación a juicio, que incluye la acusación, y se escucharán planteos preliminares, si los hubiera. Luego se pasará a un cuarto intermedio hasta el 7 de abril, día en que empezarán los testimonios en relación a los delitos en perjuicio de los hermanos Toledo.


Fuente: Agencia de Noticias DDHH

La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico

domingo, 30 de marzo de 2014

COMIENZA EL JUICIO POR LOS COMPAÑEROS DE METAN


Este lunes 31 de marzo comienza el juicio de lesa humanidad,   donde se investigan crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en la ciudad de San Jose de Metan.
En esta primera audiencia se leerán las requisitorias de elevaciones a juicio. Este sera el cuarto juicio oral y publico de lesa humanidad que se llevara a cabo en la provincia de Salta. Para poder entrar a la sala de audiencia, que sera en la sala de juicios del Juzgado Federal de Salta sito en calle España, los ciudadanos interesados deberán realizar una acreditación llevando sus DNI. 
Los imputados, en estas causas acumuladas en virtud del criterio de ser crímenes cometidos en el marco del terrorismo de estado en el periodo que va desde 1975 a 1983 en la ciudad de Metan,  son Carlos Alberto  MULHALL (c/Pris. H.P.EZEIZA);Miguel Raul  GENTIL,(c/Pris. C.P.II“MARCOS PAZ”); Rafael Rolando PERELLÓ, (Exc.-Metán);Andres del Valle  SORAIRE,  (c/Pris. Dom.-Metán); Marco Honorio  MEDINA, (Exc.-Metán) y Eduardo del Carmen  DEL VALLE,  (c/Pris. Dom.-Metán).-

Las Victimas 


Ángel Federico Toledo, Carlos Lucas Toledo, Hugo Armando Velázquez, Esmeralda Ramona Guerrero, Orlando Ronal Molina, Gerónimo Concha Canseco, Mario Domingo Monasterio Sánchez, Pedro Francisco Núñez Apaza, José Napoleón Ortega, Luis Roberto Ortega, José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez.

El Tribunal Oral quedo integrado por los jueces Marcelo Juarez Almaraz, Federico Diaz y Marta Snopek.
La Fiscalia estara a cargo de el Dr. Francisco Santiago Snopek y el Dr. Juan Manuel Sivila. Las defensan seran represebntadas por el defenson publico  Dr. Oscar Tomás Del Campo por Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil, Rafael Rolando Perelló, Andrés del Valle Soraire y Marcos Honorio Medina y  en defensa de Eduardo del Carmen del Valle el Dr. Gustavo Fernando Martínez.
las querellas particulares estaran representadas por el Dr. Andrés Ruarte por Carlos Lucas Toledo Fernández; Dr. Oscar Pedro Guillén por Esmeralda Ramona Guerrero y Dr. Juan Carlos Galli por Domingo Nolasco Rodríguez, Segundo Bernabé Rodríguez y Adelaida Petrona Rodríguez de Salvatierra.-









viernes, 28 de marzo de 2014

la comisión nacional de la verdad presentará un primer informe los próximos días


la comisión nacional de la verdad presentará un primer informe los próximos días
Investigan la complicidad empresaria

El golpe de Estado del 1 de abril de 1964, en Brasil, fue apoyado, como tantos otros en América Latina, por amplios sectores del mundo empresarial. Sin embargo, las fluidas relaciones entre el régimen militar y las compañías nacionales e internacionales que acompañaron –logística y financieramente– a la dictadura, nunca fueron puestas bajo la lupa a nivel oficial.


Por: 
Tiempo Argentino

Por esa razón, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) se puso como objetivo identificar a todos los cómplices civiles de los militares y presentar los primeros resultados de este relevamiento en los días en que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado que dio inicio a una cruel dictadura que habría de durar hasta 1985.
Un grupo de académicos de diferentes universidades, centros de estudio y organizaciones sociales inició, desde hace algunas semanas, una serie de reuniones en Río de Janeiro para integrar el "Grupo de Estudios Más Verdad", con el fin de investigar "el papel de grupos económicos en la preparación y la conducción del golpe". 
Además de intentar identificar a los empresarios y empresas que apoyaron el golpe, los expertos convocados por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) también investigarán "la variación del patrimonio de estos grupos en los últimos 50 años y sus relaciones históricas con el Estado brasileño".
"A fines de marzo queremos divulgar un primer comunicado sobre el apoyo de empresarios a la dictadura. Las empresas apoyaron el golpe, pero también apoyaron el proceso represivo con dinero, armas, autos, gasolina", aseguró la abogada criminalista Rosa María Cardoso, una de las integrantes de la CNV.
Por su parte, la historiadora Martina Spohr, investigadora del Núcleo de Documentación de la Fundación Getulio Vargas, recordó que "esta búsqueda no es de ahora, ya que hay muchas investigaciones académicas sobre el apoyo civil al golpe. Lo que diferencia los análisis de ahora es la búsqueda específica de empresarios que apoyaron no sólo el golpe sino también la represión."
Al igual que en la Argentina, entre las empresas que apoyaron el golpe de 1964 se encuentran muchos medios de comunicación. Un de ellos es la poderosa cadena O Globo, la cual, y a través del diario homónimo, festejó la intervención militar. Lo mismo hicieron otros periódicos, como Folha de São Paulo y Jornal do Brasil. 
Fuente: Tiempo Argentino 

mas info:

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/comissao-da-verdade-quer-responsabilizar-empresas-que-colaboraram-com-a-ditadura-8874.html

Empresas y Dictadura: Molinos Rio de la Plata: Nuevos testimonios del secuestro y desaparición de 22 trabajadores


Continúan las indagatorias en la causa por los trabajadores desaparecidos de Molinos

El juzgado federal 3 de La Plata siguió con la ronda de declaraciones testimoniales en la causa en la que se investiga el secuestro y desaparición de 22 trabajadores de la firma Molinos Río de la Plata, durante la última dictadura cívico militar.
La etapa indagatoria comenzó el 26 de febrero con la declaración del hermano de un ex trabajador de la planta, y continuó ayer con el testimonio aportado por dos familiares de trabajadores secuestrados, y ayer con la declaración de un ex empleado.

En la primera audiencia testimonial en el Juzgado Federal de La Plata, uno de los testigos relató que su hermano, asesinado el 24 de agosto de 1977, "debió renunciar (en mayo de 1976) porque figuraba en una lista que un directivo de Molinos le entregó a Videla con los nombres de trabajadores de la empresa que tenían actividad gremial".

En la presentación judicial realizada en septiembre pasado por familiares de las víctimas se solicita que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en el marco del plan sistemático de desaparición de personas instrumentado a partir del 24 de marzo de 1976 y "la responsabilidad que en tales hechos pudiera haber correspondido a propietarios, directivos,
administradores y/o gerentes de la empresa Molinos Río de la Plata S.A.".

La presentación da cuenta de los hechos "enmarcados en una situación de conflicto que se vivió en el ámbito laboral de las víctimas, trabajadores y/o representantes gremiales, dentro de la firma", y advierte sobre "el incremento de la persecución laboral y gremial luego de la muerte de Perón y con la proximidad del golpe de Estado". 

Fuente: Telam

Neuquen: Piden penas maximas para los represores














Las querellas piden penas máximas 

Los abogados de la APDH, el Ceprodh y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron prisión perpetua y cárcel de 12 a 25 años para los cinco imputados.




Neuquén > Las querellas de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación solicitaron ayer en sus alegatos prisión perpetua y penas de prisión de 25 a 12 años contra cinco represores en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar.
El abogado de la APDH, Juan Cruz Goñi, pidió prisión perpetua para el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 182, Mario Gómez Arenas; para el ex integrante de Inteligencia, Jorge Di Pasquale, y para quien se desempeñaba como jefe de Sanidad del Comando de la Sexta Brigada, Hilarión de la Pas Sosa. En tanto, solicitó 25 años de cárcel común para el ex jefe de Personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera, y para el ex subjefe de la delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza.
Según Goñi, las figuras penales que le corresponden son delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio, asociación ilícita agravada, privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de torturas agravada. Además requirió que se incluya la figura de homicidio agravado con alevosía para Di Pasquale y de la Pas Sosa por el asesinato de José Luis Albanesi durante las sesiones de tortura en el centro clandestino de detención La Escuelita.
En tanto, el Ceprodh solicitó prisión perpetua por el delito de genocidio para los cinco imputados y reclamó que las penas se cumplan en prisión efectiva y no domiciliaria.
Marcelo Medrano, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cerró la ronda de alegatos, solicitando 18 años de prisión para Farías Barrera y Gómez Arenas; 16 para Di Pasquale, 13 para Pas Sosa y 12 para Soza.

San Nicolas: Juicio muerte del obispo Ponce de Leon. Apartan al juez Martín Martinez




El caso tiene claras semejanzas con el asesinato de monseñor Angelelli 

Juicio que no llega: Apartan al juez que debía investigar la muerte del obispo Ponce de León


Memoria Verdad y Justicia - Télam
Carlos Ponce de León: su caso es demasiado parecido al caso Angelelli
Rosario.- La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió apartar al juez federal de San Nicolás, Martín Alberto Martínez, de la causa que investiga la muerte durante la 
última dictadura del obispo de esa diócesis bonaerense, Carlos Ponce de León, informaron hoy fuentes de la querella. Dado que anteriormente había sido recusado el otro juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, la causa quedó sin juez, por lo que la Cámara de Casación Penal deberá designar uno nuevo, añadieron los 
informantes, que explicaron que la sala IV de la Cámara de Casación revocó el rechazo dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario a un pedido de la fiscalía para el apartamiento del juez Martínez, considerándolo parcial.
El entonces fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, había recusado al magistrado porque "existe temor de parcialidad del juez Martínez en relación con la presente" causa, explicaron a Télam fuentes de la querella. 

La fiscalía pidió el apartamiento del juez Martínez porque en un escrito consideró al testigo y víctima Víctor Martínez, quien viajaba en el auto en el que murió Ponce de León en un dudoso accidente ocurrido en 1977, como "imputado" en vez de querellante. 
    
Murray consideró que "el temor de parcialidad" por parte del juez se vio "agravado" al "ordenar una pericia psicológica respecto del testigo-víctima Víctor Martínez, lo que en opinión del recucurrente puede revictimizar al testigo". 
    
"Para nosotros es una buena noticia, porque ya sea por convicción ideológica o por cuestiones de condicionamiento sociocultural local, es mejor que la causa la traten fuera de San Nicolás", dijo a Télam José María Budassi, integrante de la Mesa de la Memoria de la ciudad bonaerense. 
    
El obispo Ponce de León murió el 11 de julio de 1977 cuando viajaba en un Renault 4 desde San Nicolás a Buenos Aires por la ruta nacional 9 junto a Víctor Martínez, que realizaba el servicio militar en la Prefectura nicoleña. Una camioneta Ford se cruzó en el camino del vehículo que conducía el obispo, quien primero fue atendido en Ramallo y luego trasladado a un hospital de San Nicolás, donde finalmente falleció. 
    
Fuentes judiciales señalaron que la causa por la muerte de Ponce de León se cerró sin una exhaustiva investigación y recién fue reabierta hace diez años bajo la hipótesis de un asesinato intencional, como ocurrió también durante la última dictadura con el obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli. 
    
La causa "tiene gran cantidad de testimonios en relación con la hipótesis del atentado, todos los que declararon manifiestan su convicción de que fue un atentado", dijo Budassi. Añadió que también "hay documentación de inteligencia de la DIPBA y de la Secretaria de Culto de la Cancillería" que avala la hipótesis de un atentado contra el obispo, referenciado en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.
Fuente: http://memoria.telam.com.ar

@@@


Juicio por el centro clandestino de detención "La Escuelita"
Neuquén: los fiscales solicitaron 25 años de prisión para cuatro militares y 20 para un policía

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron las penas por privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita en perjuicio de 56 personas. El juicio comenzó en octubre.
Los fiscales Adrián García Lois y Marcelo Walter Grosso solicitaron penas de 25 años para cuatro militares y de 20 para un policía por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita en perjuicio de 56 personas en la jurisdicción de Neuquén. Los acusados son el ex teniente coronel de Inteligencia Jorge Héctor Di Pasquale, de 66 años; el ex jefe de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 182 Mario Alberto Gómez Arenas, de 82; el ex jefe del personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, Luis Alberto Farías Barrera, de 83; el ex jefe de la Sección Sanidad de Unidad Militar, Hilarión de la Paz Sosa, de 82, y el ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, de 76. Los representantes del Ministerio Público Fiscal también pidieron la inhabilitación perpetua para los cinco acusados, y que a Gómez Arenas se le revoque la prisión domiciliaria.
Grosso se hizo cargo del alegato contra Farías Barrera, Soza y Pas Sosa; en tanto que García Lois contra Gomez Arenas y Di Pascuale.
En el juicio, que comenzó el 17 de octubre pasado, se tratan delitos cometidos en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” de Neuquén, ubicada en los fondos del Batallón Ingenieros de Construcciones 181, sobre terrenos bajo jurisdicción del Ejército Argentino.
El Tribunal, integrado por el titular del juzgado Federal de Bariloche, Leónidas Moldes; el integrante de la Cámara Federal de General Roca Richar Fernando Gallego, y el miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal Diego Gustavo Barroetaveña; también abordó privaciones ilegales de la libertad ocurridas en Río Negro, tanto en General Roca como en Cipoletti, en este último caso en un centro de detención que funcionaba en la Comisaría 4ta.
En su alegato, el fiscal Grosso destacó que “las víctimas no actúan como actuaron en su momento las Fuerzas Armadas y de seguridad; las víctimas actúan buscando justicia y no venganza, como suelen argumentar algunos de los que se encuentran hoy sometidos a juicio con todas las garantías”.
Con respecto a la investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que “se acreditó que la Delegación Neuquén de la Policía Federal puso sus instalaciones a disposición de personal civil de inteligencia a efectos de concretar maniobras vinculadas a la reunión de información; y que de ello da cuenta la asidua concurrencia a la Delegación por parte de Raúl Guglielminetti, quien junto con las autoridades de la dependencia, se ocupaba de llevar a cabo los interrogatorios a los detenidos, quienes eran víctimas de aberrantes maltratos".
Por otra parte, García Lois dijo que ”lo que se está juzgando concretamente es el accionar del aparato estatal, a través de sus agentes y con elementos del estado, quienes cometieron los delitos enrostrados; es decir ataques generalizados a la población civil”.
El fiscal concluyó que “luego de haber presenciado la incorporación de toda la prueba producida durante el debate, y apreciada la misma de acuerdo a las reglas de la sana crítica, considero que no existe lugar a la más mínima duda sobre la responsabilidad de Jorge Héctor Di Pascuale y Mario Alberto Arenas en los hechos en que se los acusa".
Fuente: http://fiscales.gob.ar
@@@




lunes, 24 de marzo de 2014

"Señores jueces: nunca más" por Pablo Parenti






“Señores jueces: nunca más”



La opinión de Pablo Parenti *



Por estos días no dejo de pensar que aquella frase con la que terminaba el alegato del fiscal en el histórico juicio a las juntas puede ser entendida de otra manera.
El avance de los juicios está permitiendo documentar cabalmente el rol del sistema judicial en el terrorismo de Estado. No sólo se está poniendo en crisis la idea de que el terrorismo de Estado fue sólo el poder militar (idea que todavía perdura), sino que empieza a derribarse el mito de que el Poder Judicial fue simplemente impotente frente a poder avasallador. Mito que no sólo es falaz, sino que es perverso en tanto trastoca los roles y pretende colocar en el lugar de víctimas a funcionarios que de diversos modos avalaron el terrorismo de Estado.
Si ya la CONADEP cuestionó duramente el rol del sistema judicial, hoy tenemos mayores evidencias sobre diversas formas de integración del sistema judicial al terrorismo de Estado en casi todo el país: rechazos masivos de hábeas corpus (más de 14.000 en Capital y provincia de Buenos Aires), muchas veces con costas, sistemática falta de investigación de hechos denunciados o evidentes (como el número de cadáveres “aparecidos” en las calles, convalidación de detenciones en condiciones inhumanas y tortura de presos a disposición de jueces, uso judicial de declaraciones bajo tortura, funcionarios judiciales que incluso participaron en torturas o visitaron lugares de detención clandestina; asesinato de presos “legales” en supuestos intentos de escape, sustracción de hijos de desaparecidos mediante trámites de adopción manipulado, miles de detenciones por decretos PEN en los que se renunció al control judicial (verdaderas penas sin juicio) y muchas otras variantes.
Esto no llama la atención si se repara en la historia del Poder Judicial en la convalidación de golpes de Estado, persecuciones y masacres (ejemplos: acordadas de 1930 y 1943; la Corte y el Procurador Soler decidiendo la competencia militar de la matanza de 1956 en José L. Suárez; el “Camarón” formado en 1971; el juez Quiroga y la Masacre de Trelew, etc.) , y en los “ajustes” que hizo la dictadura en el sistema judicial, sobre todo en el fuero penal. La dictadura hizo cesar en sus cargos a los jueces de la Corte y los tribunales superiores, puso en comisión a todos los jueces y decidió quiénes seguían, quiénes dejaban sus puestos y quiénes regresaban (varios se habían ido en 1973 durante el gobierno de Cámpora) o eran llamados para ocupar puestos clave. El Poder Jdicial de la dictadura fue un poder reconfigurado a su medida. Esto no implica igualar todas las situaciones, ni impide reconocer diferencias, muchas veces importantes (no todos los jueces actuaron igual y no todos estuvieron en puestos sensibles) y hasta encontrar actitudes encomiables, como la del juez Pagliere en el caso del abogado Carlos Moreno.
Seguramente tampoco fueron idénticas las motivaciones que llevaron a tantos funcionarios a adaptarse a las necesidades del régimen: algunos sin duda compartían su ideario, otros habrán preferido acomodarse y mantener sus puestos, en lugar de renunciar. Más allá de las diferenciaciones y matices, no es posible negar hoy que el sistema judicial fue una de las caras del terrorismo de Estado. Y esto no es privativo de Argentina. Hace pocos días escuché un fiscal brasileño decir que el Ministerio Público Fiscal de su país tenía que pedir perdón a las víctimas por haber convalidado las atrocidades de la dictadura.
Por todas estas cosas, no dejo de pensar que aquella frase (“Señores jueces: Nunca Más”) incluida en el alegato final del juicio a las juntas y leída por el fiscal -antes fiscal federal de la dictadura-, vuelve como un boomerang admonitorio: “Señores jueces –y señores fiscales-: Nunca Más!”.
* Coordinador de la Unidad Especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (Procuración General de la Nación).

Fuente: www.bae.com

La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico


viernes, 21 de marzo de 2014

Salta: El juez Julio Bavio elevó a juicio la causa contra el empresario Marcos Levin. El primero en sentarse en banquillo en el país.





Se elevó a juicio la causa contra Levín

Por Elena Corvalan


El juez federal Julio Leonardo Bavio elevó a juicio la causa en la que se investiga al empresario Marcos Levín por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado imperante en la década del 70.
A Levín se le atribuye haber instigado la persecución, detención irregular y torturas de las que fuera víctima Víctor Manuel Cobos, cuando trabajaba en la firma La Veloz del Norte y era representante gremial de sus compañeros. Junto con el empresario están acusados también los policías retirados Víctor Manuel Bocos, Enrique Víctor Cardozo, y Víctor Hugo Almirón. A los dos primeros se los acusa como coautores materiales de  torturas. Y a Almirón, que era jefe de la Comisaría 4°, se le atribuye participación primaria en estos mismos hechos. En la resolución de elevación a juicio el juez rechazó un pedido de sobreseimiento realizado por la defensa oficial de Bocos, Cardozo y Almirón y rechazó también un planteo del abogado René Gómez, que asiste a Levín. Entre fines de enero y principios de febrero de 1977, los policías participaron en la detención de una veintena de empleados de La Veloz del Norte, los que fueron trasladados a la Comisaría 4° de esta ciudad (donde funcionó un centro clandestino de detención), donde fueron torturados y obligados a firmar declaraciones en las que se responsabilizaban de un presunto fraude contra la empresa.
 Para los fiscales Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila, de esta manera Levín se valió de su estrecha relación con integrantes del aparato estatal represivo para acallar los reclamos de mejoras laborales y reivindicaciones laborales de sus empleados. Entre los detenidos se contaron Cobos, que integraba la directiva de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, y era delegado de los empleados de La Veloz en Salta, y Enrique Vázquez, delegado de los empleados en Tucumán. El juez sostuvo que el análisis de la responsabilidad de Bocos se halla ligada a la de Levín, dado que  “está fehacientemente acreditado que el primero de los nombrados cumplía funciones en la Policía de la Provincia de Salta, a la vez que también trabajaba para la firma La Veloz del Norte”.
 La relación era tal, que Levín fue visto, u oído, en la Comisaría por varios de los empleados detenidos. “Levin usó como nexo para reprimir a sus empleados (…), a Víctor Bocos” que “a su vez era subjefe de la Seccional Cuarta de la Policía de la Provincia de Salta”.En el entendimiento de Bavio, Bocos le fue funcional a Levín para obtener “confesiones” de sus empleados con el fin de despedirlos sin indemnización. Los testimonios señalan que Bocos dirigió las sesiones de tortura, y que Cardozo, Ramón Inecio Figueroa y el “Sapo” Toranzos (fallecido) eran los ejecutores. Por estos hechos también estaba imputado quien fuera jefe de Personal de La Veloz, José Antonio Grueso, pero obtuvo un sobreseimiento que fue revocado por la Cámara Federal de Apelaciones, por lo que ahora Bavio formó otra causa para investigar la presunta responsabilidad del directivo, a quien los empleados señalan como quien habría armado las listas de quienes eran problemáticos para la empresa. También debe continuar la investigación sobre los tormentos sufridos por 15 trabajadores de La Veloz, que también fueron detenidos y torturados en la Comisaría 4°, algunos de ellos fueron detenidos por la Brigada de Investigaciones de Tucumán y trasladados a Salta en un colectivo de La Veloz del Norte. Como al resto, se los llevó a la Comisaría 4 y fueron torturados. 


Fuente: Agencia de Noticias DDHH

La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico

martes, 18 de marzo de 2014

Hoy Vicente Massot al banquillo, en tanto comenzo el jury contra Hooft. Intimaron a la principal testigo Marta García de Candeloro





Hooft

Para la fiscalía, el medio integró el aparato de inteligencia militar
Declarará Vicente Massot, imputado por crímenes del terrorismo de Estado


El director del diario La Nueva Provincia deberá comparecer este martes a las 10.30 en los tribunales federales de Bahía Blanca. El juez Coleffi le recibirá su descargo por la imputación de haber integrado desde la empresa una asociación ilícita con la Armada y el Ejército para "eliminar un grupo nacional".
El director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, deberá presentarse mañana martes a las 10.30 en la sede de los tribunales federales de Bahía Blanca para realizar su descargo en la causa que lo tiene imputado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
El juez Federal subrogante de la ciudad Bonaerense, Álvaro Sebastián Coleffi, le fijó audiencia en cumplimiento de una orden de la Cámara Federal local, ante un recurso de los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en los casos de terrorismo de Estado en la zona.
El empresario periodístico fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, “instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”, y de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Massot se encuentra acusado de integrar “junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”. Según los fiscales, La Nueva Provincia y otros medios del grupo habrían operado “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses”.
Massot prestará declaración "espontánea", en los términos del artículo 279 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula que cualquier persona "contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar". El mismo artículo prescribe que "la presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda".
Massot se había presentado espontáneamente en el juzgado cuando se hizo pública la imputación que le formularon los fiscales pero en su momento el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez se negó a recibirle declaración.
Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y revocada por la Cámara, de forma que ahora es el juez Coleffi quien finalmente llevará a cabo el acto. Martínez fue recusado por la fiscalía y decidió, por su parte, excusarse de intervenir en este proceso, dado que ya había emitido su opinión.

Fuente: http://fiscales.gob.ar


@@@


Es juzgado desde hoy
Empezó el jury contra Hooft por su rol durante la última dictadura

Terminó hoy la primera audiencia en la que un jury de enjuiciamiento podría destituirlo del cargo. La primera denuncia se presentó hace siete años. Hooft está acusado de archivar habeas corpus, no informar sobre la muerte de detenidos-desaparecidos y cerrar causas penales por secuestro, sin citar a los testigos.












Por: Pablo Waisberg



Por primera vez Pedro Federico Hooft se sentó del otro lado: el juez provincial de Mar del Plata es juzgado desde hoy por su actuación como magistrado durante la última dictadura. Siete años después de la presentación de la denuncia, un jury de enjuiciamiento podría destituirlo del cargo. Esto habilitaría a la Justicia Federal a avanzar en la causa penal donde se investiga si archivó las denuncias penales y los habeas corpus presentados por familiares de los trece secuestrados durante la “Noche de las corbatas” y otros cinco hechos ocurridos en 1977. En ese expediente, el juez ahora suspendido se negó sistemáticamente a declarar y, por sus fueros, sus colegas federales no han podido obligarlo a hacerlo. El jury se realiza mientras en todo el país avanzan diferentes causas que tienen en el banquillo a ex funcionarios del Poder Judicial.
La audiencia empezó fuera del horario estipulado. El motivo: uno de los jueces se demoró en un embotellamiento. Hooft estuvo hoy acompañado junto a sus abogados: su hijo Federico y Héctor Granillo Fernández. Enfrente, en la mesa de acusación, estuvieron el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, y los abogados Cesar Sivo, Natalia Messineo y Eduardo Salerno.
La estrategia de la querella, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos y  organizaciones de derechos humanos y sociales, buscará demostrar que Hooft incumplió sus tareas como juez: archivó hábeas corpus, no informó sobre la muerte de los detenidos-desaparecidos (como en el caso del abogado Jorge Candeloro) y cerró las causas penales por secuestro sin citar a los testigos. Además de la prueba documental –que incluye una copia certificada del habeas corpus por Candeloro y el informe del Ejército diciendo que estaba muerto-, los querellantes presentarán una serie de testigos que aportarán elementos sobre la relación del magistrado con la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, donde el Ejército tenía alojados a varios detenidos-desaparecidos en proceso de legalización, y con la conducción de la Subzona 15.
La copia del hábeas corpus por Candeloro, que Hooft archivó antes de recibir la respuesta de la policía y el Ejército, fue hallada por su viuda, Marta García, en 1980. La encontró mientras tramitaba su pensión. Junto a ese papel presentado en julio de 1977, estaba la respuesta del jefe de la Subzona 15 del Ejército, el coronel Alberto Pedro Barda, fechada en octubre de ese año. Allí informó que Candeloro había sido “abatido” el 28 de junio, el mismo día en que Marta García lo escuchó morir en medio de la tortura, en el radar donde funcionó el centro clandestino conocido como La Cueva. Así Marta García se enteró, esta vez por una fuente oficial, que su marido estaba muerto. Ambos papeles habían sido archivados juntos y la investigación no se había reabierto.

“Es paradigmático el caso del matrimonio Candeloro-García, ya que el primero aparecía con frecuencia en los informes de inteligencia (ella también pero en menor medida) y había sido perseguido con cierta insistencia por los miembros del CNU (Concentración Nacional Universitaria), grupo con el que al menos congeniaba Hooft y con el que había compartido la Administración de la Universidad en el tiempo en que ellos eran parte de su gobierno”, indicó la querella en su pedido de enjuiciamiento.
El señalamiento de la relación del magistrado suspendido con la CNU no es casual: en el secuestro y desaparición de los abogados y varias de sus mujeres, que concretó la dictadura entre junio y julio de 1977, está involucrado ese grupo parapolicial. La denominada “Noche de las corbatas” fue el secuestro de once personas en 48 horas: los abogados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, y José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-, María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo sobrevivieron José Verde y su esposa, Ricci y Bozzi. Pero ese megaoperativo había comenzado un mes antes con el secuestro en Neuquén de Candeloro y Marta García, que fueron detenidos por pedido del Ejército y enviados a Mar del Plata unos días antes del secuestro del otro grupo.
Por su parte, la defensa de Hooft, que encabezan sus abogados y familiares, ancló su estrategia en que el magistrado suspendido es víctima de una suerte de complot en su contra. Incluso, Hooft sostuvo que es parte de una “venganza” personal. Sobre esa hipótesis, recién el 15 de abril del año pasado –siete años después de la presentación de la querella penal- denunció una “asociación ilícita” ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Allí estarían actuando “miembros de la Justicia Federal, del Ministerio Público Fiscal y un abogado para el armado de la causa penal”, indicaron en una gacetilla de prensa. Si bien los defensores no explicaron el objetivo ni el sentido de ese armado, basaron la denuncia en una grabación de una conversación mantenida por el abogado Federico Hooft (hijo mayor y uno de los defensores del juez acusado) con el fiscal Claudio Kishimoto. Allí se lo escucha a Kishimoto decir que la causa era “un gran verso”. Y el fiscal relató, en una entrevista en Página 12, la amenaza que le soltó Hooft hijo en ese encuentro sorpresivo: “No sé qué vamos a hacer con vos... no sé si no te vamos a llevar puesto”. Además, Kishimoto explicó que desde la Procuración se había definido una especie de protocolo ante una situación de presión y dijo que sus dichos eran parte de esa estrategia: “En la Procuración, cuando hay algo que nos está atorando o molestando, (Jorge) Auat (el titular de la Unidad de Coordinación de los juicios sobre el terrorismo de Estado) siempre dice ‘háganme responsable a mí’. Es para descomprimir nuestra situación”.
Todos esos elementos, son algunas de las pruebas y testimonios que tendrá que analizar el jurado, que preside el ministro de la Corte bonaerense, Juan Carlos Hitters, y que se integró con los abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemina. También lo componen los diputados Lucía Portos, Abel Eduardo Buil y Guido Lorenzino Matta y los senadores Héctor Luis Vitale y Luciano Martini.
El juicio político a Hooft se lleva adelante al mismo tiempo que otras investigaciones sobre miembros de Poder Judicial. Eso es lo que está ocurriendo en la mega causa Mendoza, donde hay 5 ex jueces entre los 37 imputados de participar en delitos de lesa humanidad. Se trata del segundo juicio tras la condena al ex magistrado santafesino Víctor Brusa, que marcó el inicio de un proceso en el cual la Justicia se investiga a sí misma.
Ahora, los integrantes del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense que evaluará la situación de Hooft tendrán casi dos meses –según el cronograma de audiencias- para escuchar a los testigos y analizar las pruebas presentadas. Todos esos documentos fueron producidos hace más de treinta años. Allí está la clave de la conducta de Hooft en los casos que se investigan en este juicio político.

Fuente: http://www.infojusnoticias.gov.ar


@@@



Hoy debía declarar, pero no lo hizo
Intimidaron a la principal testigo del jury contra el juez Hooft

Se trata de Marta García de Candeloro. El domingo a la madrugada intentaron romper con un taladro la cerradura de la puerta de su casa, en Mar del Plata. No sólo es una de las principales testigos en su contra, sino que aportó pruebas sobre su incumplimiento de tareas como magistrado. Se alertó al programa de protección de testigos.

18.03.2014 | está acusado por complicidad con la dictadura militar
El suspendido juez Hooft comenzó a ser juzgado

En su primera audiencia, el jury de enjuiciamiento escuchó en La Plata a varios testigos. Todos ellos responsabilizaron al magistrado.

Fuente: http://tiempo.infonews.com/2014/03/18/argentina-120704-el-suspendido-juez-hooft-comenzo-a-ser-juzgado.php

@@@

18.03.2014 | el ex juez está involucrado en un secuestro en 1977
Revocaron falta de mérito a Sarmiento y lo procesaron

La Cámara Federal de La Plata revocó la falta de mérito del ex juez federal de la Capital Federal durante la dictadura cívico-militar, Rafael Sarmiento, y ordenó su procesamiento por considerarlo partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad del ex ministro de Economía de la provincia, Ramón Miralles, quien fue secuestrado en su juzgado en 1977 cuando fue a consultarlo por el trámite de un habeas corpus preventivo con el que le había solicitado protección.

Fuente: http://tiempo.infonews.com/2014/03/18/argentina-120703-revocaron-falta-de-merito-a-sarmiento-y-lo-procesaron.php


EL PAIS › EL JUEZ DE MAR DEL PLATA PEDRO HOOFT ESTA ACUSADO DEL MAL DESEMPEñO
Comenzó el jury contra Hooft

El magistrado suspendido está denunciado por su actuación durante el terrorismo de Estado. Ayer se escucharon testimonios sobre el manejo de los hábeas corpus y sobre su reacción contra los Juicios por la Verdad.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-242043-2014-03-18.html

@@@

PAIS › SARMIENTO ESTA ACUSADO COMO PARTICIPE DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El ex juez terminó procesado

La Cámara Federal de La Plata revocó la falta de mérito del ex magistrado de la dictadura Rafael Sarmiento y dictó su procesamiento como “partícipe necesario” del secuestro del ex ministro de Economía bonaerense Ramón Miralles en 1977.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-242044-2014-03-18.html






Catamarca: Reactivan causa por la expropiacion de una empresa en dictadura. Antes el juez Ricardo Moreno la rechazo porque "no se trataba de un..... delito de lesa humanidad"



Causa Gómez Chavero: la víctima declaró 33 años después de las vejaciones

“Busco verdad y Justicia”, aseguró el hombre que fue encarcelado y despojado de todas sus pertenencias en la dictadura.

Causa Gómez Chavero: la víctima declaró 33 años después de las vejaciones


En horas de la mañana de ayer tuvo lugar en el Juzgado Federal, la audiencia en la que prestó su declaración testimonial Noel Gómez Chavero, el empresario que sufrió vejaciones durante el gobierno de facto en la provincia y cuya causa se instruye por estos momentos en la Fiscalía de esa órbita por tratarse de un delito de lesa humanidad.
El hombre que fue víctima de distintos hechos violatorios a sus derechos, y que ahora tiene 91 años, se presentó ayer para ratificar todo lo anteriormente expuesto en ámbitos de la justicia, y en esta oportunidad, para que dicha declaración sea adjuntada a la causa que se instruye por parte del fiscal Federal Rafael Vehils.
Acompañado por el abogado querellante Guillermo Díaz Martínez, quien ha desempeñado ese rol en diversas causas por los derechos humanos por temas acontecidos en la provincia, el denunciante reafirmó y brindó detalles de los hechos que lo tuvieron como protagonista desde 1979 hasta el año 1980, en el que, finalmente, pudo huir de Catamarca en un total estado de pobreza.
Extorsión y amenazas
Según informaron fuentes allegadas a la minuciosa investigación que tras más de tres décadas se desarrolla en la provincia, Gómez Chavero, quien cumple el doble rol de testigo y querellante, declaró enumerando los hechos que lo tuvieron como víctima.
El anciano relató que en el año 1979 se radicó en la provincia y trabajó junto a la empresa constructora, que llevaba su nombre, en varios emprendimientos, entre los que cabe destacar la construcción de la ENET Nº2, ubicada en la intersección de las avenidas Belgrano y Alem, pero al cabo de cierto tiempo, comenzó a recibir amenazas y puntualmente “aprietes” por parte de gobernador de facto Oscar María Bárcena y el jefe de Policía Juan Bochatey.
Según atestiguó el empresario, luego de que estuviese a punto de estar finalizada la obra del destacamento policial en Antofagasta de la Sierra, para lo que concursó en una licitación pública, fue llamado a presentarse en Casa de Gobierno, donde lo “entrevistaron” el primer mandatario y Bochatey.
En un primer momento, los funcionarios lo felicitaron por la obra, pero muy pronto le habrían sugerido que entregue el 50% de las ganancias obtenidas por la misma.
Gómez Chavero aseguró que ese fue un momento de desconcierto ya que no entendía lo que estaba sucediendo, pero sus interlocutores insistieron, incluso el jefe de la policía le colocó un arma en la cabeza.
“Somos jueces y partes y dueños de la verdad”, le espetó el funcionario, “si no cumple va a ser encontrado muerto con un FAL a su lado y junto a publicaciones subversivas y nadie podrá decir nada”.
A pesar de las graves amenazas, el empresario de la construcción se negó a hacer entrega del dinero solicitado. Pero la negativa le valió represalias inesperadas.
Por una parte, un grupo de policías realizó un allanamiento en su domicilio, tras lo cual fue alojado en la División Investigaciones y luego en la Cárcel -en ese momento ubicada en avenida Güemes.
Durante 18 días, el hombre fue privado ilegalmente de su libertad y al dejarlo salir volvió a recibir una visita del ahora fallecido jefe de la policía, quien volvió a amenazarlo, en este caso asegurándole: “Si deja la provincia es hombre muerto”.
Gómez Chavero pudo abandonar Catamarca gracias a la ayuda de un amigo, pero quedó completamente en la ruina financiera, ya que su empresa pasó a manos de quienes lo estaban extorsionando y debió regresar a Mendoza con las manos vacías, a pesar del duro trabajo y el dinero invertido en las importantes obras que concretó durante su estadía en Catamarca.
Imputados
La investigación está abocada por estos momentos a reunir elementos probatorios con todos los datos aportados por el testigo y la responsabilidad por los hechos recaerá a la cadena de mando que encabezaban Bárcena y Bochatey, quienes ya fallecieron. Podrían quedar imputados, entonces, quienes respondieron a las órdenes de éstos, por lo que estarían incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

Lesa humanidad

Con la llegada de la democracia y durante el gobierno de Ramón Saadi, Gómez Chavero se hizo presente nuevamente en la provincia para tratar de recuperar su patrimonio económico, pero su reclamo no fue escuchado.
Algunos años después, el juez Ricardo Moreno rechazó la causa, considerando que no se trataba de un delito de “lesa humanidad”; pero recientemente, tras una apelación de la querella, se decidió que la misma sea caratulada de esta manera.



La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico

domingo, 16 de marzo de 2014








EL PAIS › LOS ARCHIVOS ENCONTRADOS DE LA DICTADURA PERMITEN ENTENDER LA NACIONALIZACION DE AUSTRAL
Una operación para salvar a los privados

La estatización decidida por Martínez de Hoz fue para rescatar a los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo, y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura.




Por Sebastián Premici
El próximo 20 de marzo, el Ministerio de Defensa a cargo de Agustín Rossi publicará los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, perteneciente a la Fuerza Aérea. Aproximadamente, el diez por ciento de toda la documentación hallada tiene que ver con el caso de la empresa Austral, “nacionalizada” por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1980. La historia de Austral da cuenta de cómo el poder económico de entonces, encabezado por Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Hacienda, compró las acciones de una compañía quebrada con el solo objetivo de evitarle a sus accionistas privados el pago de la deuda que mantenían con el Estado. Los empresarios rescatados por Martínez de Hoz eran los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura cívico-militar (1979-81). Con esta operación no sólo evitaron pagar su deuda con el Estado, sino que recibieron una compensación por la “nacionalización” de la compañía. Martínez de Hoz intentó venderle la empresa a Franco Macri, del Grupo Socma, y a Carlos P. Blaquier (Ledesma).
Esta historia fue reconstruida a partir de los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, analizados por el equipo de derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores, integrado por Celeste Perosino, Bruno Napoli y Walter Bosisio. Para los investigadores que tuvieron un primer acceso a estos archivos, el caso Austral ejemplifica cómo las Fuerzas Armadas estaban subordinadas al poder económico y a las decisiones que se tomaban desde el Ministerio de Economía, comandado por Martínez de Hoz y Guillermo Klein, dos representantes del establishment, uno por la Sociedad Rural y el otro por la Bolsa de Comercio.
La Fuerza Aérea no quería nacionalizar Austral. En cambio, el equipo económico de entonces estaba dispuesto a llevar adelante su concepto de “subsidiariedad del Estado”, es decir, garantizarle a las empresas privadas y a los empresarios su subsistencia. Para comprender esta puja dentro de la propia dictadura cívico-militar basta con algunos ejemplos. Dentro de la documentación analizada por el equipo de la CNV, surgen varias actas con declaraciones del comodoro (R) Larghi. “Se tomaron medidas políticas que, como ya lo expresara, no debieran dejar entrever que sólo apuntaron a proteger el pretendido buen nombre de William Reynal, quien a través de la vía mas cómoda y barata para él, se había desprendido, sin ninguna responsabilidad, de sus obligaciones naturales de empresario”, escribió Larghi el 6 de noviembre de 1980. En otro pasaje, sostuvo: “Me violenta tener que repetir que no hay que comprar Austral”.
William Reynal es el primo de Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central y hoy dueño del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados). El tenía más del 70 por ciento de las acciones de Austral. La aerolínea aparece casi en quiebra desde 1979, a pesar de los continuos préstamos que recibía del Banade. “Hay un empecinamiento de Martínez de Hoz y su equipo para salvar a sus amigos, lo ves en la tensión con la Fuerza Aérea, que quiere declarar la quiebra, pero ellos siguen poniendo plata que nunca apareció”, sostuvo a Página/12 Walter Bosisio.
El principal acreedor de Austral era el Estado y el único privado era el Banco Latinoamericano (BLA), cuyo titular era Eduardo Saiegh. El BLA tenía acciones de la aerolínea en caución, por siete millones de dólares. Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y torturado durante una semana en la dependencia de la Policía Federal del Banco Nación. Saiegh acusó a Reynal (Alejandro) de ser el instigador de su secuestro, con el objetivo de quedarse con las acciones de Austral. Una vez liberado, fue obligado a liquidar su banco.
“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestra condición de accionistas de Austral a fin de precisar el ofrecimiento que efectuáramos por nota el 10 de septiembre de 1980”, puede leerse en una carta enviada por los dueños de Austral a Martínez de Hoz. Esa oferta consistía en la “transferencia de las acciones y la totalidad de los derechos patrimoniales y políticos correspondientes”. Varios meses antes de aceptar esa oferta, el equipo económico de la dictadura cívico-militar se sentó a negociar con Franco Macri y Carlos P. Blaquier.
Entre los documentos del Edificio Cóndor existe una carpeta que da cuenta de una oferta hacia Macri y al grupo Socma, con la posibilidad de quedarse con el 60 por ciento de la empresa, mientras que el restante 40 por ciento seguiría en manos de Reynal. Luego de un intercambio de ofertas, la Fuerza Aérea consideró que la propuesta de Franco Macri no era suficiente. “Siendo que Franco Macri tiene posible acceso a la presidencia de Austral se solicita se investiguen antecedentes personales y comerciales”, escribió en un documento el brigadier Francisco Salinas, fechado en mayo de 1980.
Tras el fracaso de esas negociaciones, el 23 de octubre de 1980, hubo un almuerzo entre la cúpula cívico-militar con Carlos P. Blaquier y el doctor Marangoni, del Grupo Ledesma. Esa oferta tampoco prosperó. “Fue un negocio que ni siquiera los militares pudieron parar, a pesar del rechazo de la Fuerza Aérea. El Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esta estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado. Fue un negocio redondo”, concluyó Bruno Napoli.
spremici@pagina12.com.ar



Fuente: Pagina 12, sabado



La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico




Stella Segado, directora de ddhh del ministerio de defensa: ·"Estos hallazgos abren un monton de puertas"





Por: 
Franco Mizrahi y Gerardo Aranguren


  Apesar del paso de los años, las huellas de la burocracia que puso en movimiento el terrorismo de Estado aún pueden encontrarse en los recovecos menos pensados de los edificios militares. El jueves, la sociedad vivió un ejemplo de ello, cuando el ministro de Defensa, Agustín Rossi, difundió el hallazgo de unos 7000 legajos de personas que estuvieron detenidas en el penal militar de Magdalena entre la década del '50 y mediados de los '90. Entre aquellos documentos se encontraron muchos de civiles apresados durante la última dictadura. Se trata del segundo archivo sensible revelado por las Fuerzas Armadas. El primero fue un nutrido corpus de la Junta, que se encontraba lleno de polvo en un subsuelo del Edificio Cóndor, sede la Fuerza Aérea. En esta ocasión, el material fue hallado en la cárcel de encausados de Campo de Mayo a fines de diciembre. "Hay información administrativa que no se puede borrar. Se pueden quemar informes de inteligencia pero a la larga se terminan reconstruyendo", aseguró a Tiempo Argentino la directora nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, Stella Segado. 
"Los legajos aparecen (en Campo de Mayo) porque el año pasado después de la fuga de los represores (Jorge) Olivera y (Gustavo) De Marchi del Hospital Militar Central, todos los presos que estaban en la cárcel de encausados de Campo de Mayo (a cargo desde 2006 del Servicio Penitenciario) se fueron trasladando a Marcos Paz. Cuando se entrega definitivamente la cárcel se encuentran los legajos dentro de una habitación. En el medio de la mudanza, había sucedido lo del Edificio Cóndor y la posterior resolución del Ministerio de Defensa instruyendo a los jefes (de las fuerzas) de que busquen documentación en lugares no habituales", explicó Segado. "Al ver de lo que se trataba, el jefe del Ejército, César Milani, le comunica al ministro (Agustín Rossi) el hallazgo, quien me pidió que fuera a ver el material. Nos encontramos con una impresionante cantidad de legajos", afirmó la funcionaria a este diario. 

–¿Cómo estaban guardados los documentos?
–Estaban bastante ordenados en una piecita cerrada como si fuera un garage, como si hubieran construido un lugar para guardar eso. Hasta ahora, lo que estamos viendo es que son todos (presos del penal) de Magdalena, pero creemos que en ese montón deben estar también los de Campo de Mayo.
–¿Son 7000 legajos?
–Estimamos que sí. Y al menos 300 corresponden a civiles. Lo  interesante es que los legajos de Magdalena comienzan con presos de 1950. Hay muchos presos que eran militares peronistas que fueron detenidos después de la (Revolución) Libertadora. Y llegan hasta la década del '90. Todos los que fueron detenidos por delitos de lesa humanidad en los años '90 también estaban ahí: está el legajo de (Jorge Rafael) Videla, (Reynaldo) Bignone, porque todos estuvieron primero en Magdalena  y después pasaron a cárcel común. Así que el material es muy interesante porque es todo el transcurso de la historia. Otro dato ilustrativo es que en una cárcel que era destinada a militares entre 1976 y 1983 hubo civiles, no en los otros años. Esto habla también de una situación fuera de lo normal para la cárcel, que se usó como un centro de detención. Creo que el penal de Magdalena se utilizaba como un lugar de legalización (de los secuestrados por la última dictadura). Así es que pasaron por allí (Jacobo) Timerman, (Rafael) Ianover, (Lidia) Graiver, todos provenientes de un centro clandestino de detención.
–¿Cómo es el contenido de los legajos?
–En general, todos tienen fotos y datos personales del preso y la familia; las credenciales que les daban a los que iban a visitar al preso. También hay cartas del detenido solicitando que alguna persona que no fuera del círculo familiar pudiera visitarlo.
–Es como un registro de su paso por ahí.
–Claro. El legajo de (Julio César) Urien tiene mucha documentación, más que lo que tienen los otros. También figura con quién llega preso. En el caso de Urien, se menciona que entra con (Mario Guillermo) Galli. El de (Jorge Alberto) Taiana tiene cosas muy emotivas: hay varias cartas de alguien que se llama Lino Mestroni (ojalá haya algún familiar). Era maestro, fue el primer bibliotecario de bibliotecas escolares y fue maestro de Taiana. Entonces le escribe cartas al director del penal solicitándole ver a Taiana porque había sido su mejor alumno. Habla maravillas de Taiana. Se ve que el director no le contestaba, entonces le escribe nuevamente. La cosa es que hay un montón de cartas y en una de las últimas, queda claro que ya fue a visitarlo. En esa carta, insiste en que quiere verlo otra vez. Tiene un nivel de ternura muy grande. Yo igual creo que, tal vez, era un compañero que iba a pasarle datos. Es muy emotivo igual el legajo de Taiana.
–¿Cuál es el valor que le otorga a la documentación encontrada?
–Queda claro cuál es el valor simbólico que tiene, pero también sirve como valor probatorio. Hay muchos legajos de conscriptos que estaban presos por ser testigos de Jehová y hay una causa judicial de testigos de Jehová, por lo que esta documentación puede ayudar a demostrar que estuvieron presos cuando hacían el servicio militar porque eran objetores de conciencia. En algunos casos estuvieron presos cuatro años. Es decir que puede servirle a la gente que se ha presentado en leyes reparatorias y necesita demostrar que fue presa (en dictadura) y no sabe las fechas en que entró y salió. O en el caso de Timerman o cualquiera que estuvo preso legalmente, para poder demostrar que estuvo preso antes de forma clandestina. Nosotros, en la dirección, recibimos muchas presentaciones y teníamos una hace un año, la de un soldado voluntario que estaba pidiendo una pensión. Él decía que había sido perseguido por peronista y por eso lo habían echado de la fuerza. Buscábamos, pero no encontrábamos información de aquel soldado. Como estuvo preso en Magdalena, apareció su legajo entre el montón. Ahora va a poder hacer el reclamo en el Ejército para que le paguen una pensión. Desde lo reparatorio, lo judicial, es importante. Además de que irán surgiendo novedades a medida que avancemos en el análisis de la información.
–De los 7000 legajos, ¿se sabe cuántos pertenecen al período 1976-1983?
–No, todavía no sabemos. Tenemos que diferenciar los civiles de los militares. 
–Con el antecedente del Cóndor y ahora este hallazgo: ¿cree que seguirán apareciendo documentos?
–Nosotros siempre estamos buscando. El equipo (de investigación de la dirección) funciona pensando en que la reconstrucción es la reconstrucción de la burocracia (de la última dictadura militar). Se trata de una cuestión metodológica. De todas maneras, cada vez que aparece documentación como esta, se abren un montón de otras puertas. La información que se halló en el Cóndor nos permitió entender algo por dónde nunca habíamos andado: las secretarías generales. Ahora tenemos muchas puntas para continuar la reconstrucción burocrática (del terrorismo de Estado). Por lo que sí, creo que seguirán apareciendo documentos. Es muy difícil borrar la burocracia. Hay cosas administrativas que no se pueden borrar. Se pueden quemar informes de inteligencia, pero a la larga se terminan reconstruyendo. Cada vez que se hacía un informe de inteligencia, se enviaban copias a toda la comunidad informativa: a la Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), a la Prefectura, a la Policía. Si seguimos trabajando en esos archivos, vamos a terminar reconstruyendo el informe inicial. Hay muchos documentos que son imposibles de borrar. 

Fuente: Tiempo Argentino





La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico


A Hooft le llegó la hora del jury







El suspendido juez Pedro Hooft.

El jury de enjuiciamiento al suspendido juez marplatense Pedro Federico Hooft, acusado por delitos de lesa humanidad, comenzará este lunes en el Salón de Audiencias de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Al menos un centenar de testigos declarará en las audiencias que se desarrollarán los lunes y miércoles.
Hooft ocupó la titularidad del Juzgado de Transición 1 del Departamento Judicial Mar del Plata hasta marzo de 2013, cuando fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses. La decisión marcó el final de una causa que comenzó en 2006 por las denuncias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.
El magistrado está acusado por su accionar durante la última dictadura en las causas conocidas como Noche de las Corbatas, caso Candeloro, Prandina, Bourg e Ibáñez-Barboza, además de haber realizado visitas a centros de detención y mantener una relación directa con ex jefes a cargo de la represión en Mar del Plata.
La investigación se demoró por recusaciones y excepciones interpuestas por Hooft, en las que hasta los ministros de la Suprema Corte provincial fueron recusados.
Tras una larga demora por esos recursos, la causa se reactivó el 14 de febrero de 2013, cuando se conformó el Jurado de Enjuiciamiento que suspendió a Hooft y embargó el 40 por ciento de su sueldo.
El jurado que lo enjuiciará estará presidido por el ministro de la Suprema Corte provincial Juan Carlos Hitters, los conjueces abogados Héctor Martín, Eduardo López Wesselhoefft, Atilio Rossello, José Núñez y José Nemina, además de los legisladores Lucía Portos, Abel Buil, Guido Lorenzino Matta, Héctor Vitale y Luciano Martini.

Fuente: Pagina 12, sabado

@@@


Una cita

El  martes sucederá un hecho inédito en el marco de los juicios por lesa humanidad: Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, declarará como imputado. “La causa se deriva de la de ‘Bayón’, y se investigará su participación en diferentes planos del plan criminal de la dictadura en nuestra provincia. Será un suceso muy importante, porque es la primera vez que se tratará la parte civil, lo que nos permitirá avanzar en la recolección de pruebas en relación a la matriz ideológica del terrorismo de Estado”, dijo el fiscal Palazzani.

Y agregó: “La Nueva Provincia fue la que formateó la matriz subjetiva de la sociedad bahiense y tuvo participación concreta en la acción psicológica sobre la población. Hay otro hecho grave: el asesinato de dos obreros gráficos que trabajaron en los talleres del diario. Se trató de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, que protagonizaron en los ‘70 una lucha por reivindicaciones salariales. Fueron secuestrados en junio de 1976 y fusilados el mes posterior, a 20 kilómetros de la ciudad. El diario solo publicó una breve noticia de su muerte al otro día y nunca más sacó nada”.
Para Palazzani, Massot integró el “grupo decisional” de La Nueva Provincia junto a su madre y a su hermano, ya fallecidos. “Nos tomó tiempo lograr su imputación. La pata civil es la más difícil, pero es un lugar clave, donde incluso la presencia militar fue determinante. Dilucidar esa connivencia es un arma imprescindible para conocer con detalle cómo actuó la dictadura en Bahía Blanca”.
En su sentencia de septiembre de 2012, el Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó a 17 genocidas y ordenó investigar el rol de los directivos de La Nueva Provincia.
Descargar: miguel-palazzani-causa-massot-28-2-14_md_2877807_1.mp3


La imputación

Vicente Massot está imputado, entre otras cosas, por haber sido parte del plan criminal, clandestino e ilegal, implementado para perseguir, secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas y haber efectuado aportes esenciales en ese sentido a través de acción psicológica generando en la opinión pública un estado mental de anomia legal que permitió el ejercicio brutal de la violencia irracional complementando las tareas de inteligencia de las fuerzas armadas.
Para ello, aprovechó “el amplio margen de credibilidad que le daba ser el multimedios monopólico en Bahía Blanca” ignorando la aparición de cadáveres, la desaparición de personas, la apropiación de criaturas nacidas en cautiverio; deslegitimando el reclamo de familiares y víctimas propagandizando el régimen genocida a nivel nacional e internacional desde las páginas de La Nueva Provincia, la Radio LU2 y Telenueva Canal 9 y la Sociedad Interamericana de Prensa.
Particularmente, Massot es señalado por los fiscales como coautor por reparto de roles en el homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, “instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”.
“Todos los hechos imputados son crímenes contra toda la humanidad. El rol de el multimedios La Nueva Provincia produjo un inconmensurable daño individual y colectivo proyectado sobre la sociedad bahiense con ramificaciones y vestigios que llegan a la actualidad”.
massot causa efemedelacallemassot causa efemedelacalle
About these ads

Mas info
Juicio V Cuerpo Ejército Bahía Blanca






La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico


Tucuman: Mañana Pablo Llonto participara de una conferencia denominada "La reparación de la memoria a través de los juicios"





Pablo Llonto dará una conferencia en el mes de la Verdad, la Memoria y la Justicia


El reconocido periodista y abogado, invitado por la UNT, brindará una conferencia denominada "La reparación de la memoria a través de los juicios".
Llonto brindará una conferencia el próximo lunes a las 19.30.
Llonto brindará una conferencia el próximo lunes a las 19.30.

El prestigioso periodista y abogado Pablo Llonto brindará una conferencia denominada “La reparación de la memoria a través de los juicios”, en el marco del mes de la Verdad, la Memoria y la Justicia.

El encuentro se realizará en el Centro Cultural Virla el próximo lunes 17 de marzo, a las 19.30, y contará con la participación del director de Radio Nacional, Ramiro Rearte, como mediador. También expondrán la Dra. Valentina Garcia Salemi; el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Humerto Rava; el diputado Marcelo Santillan; y el Dr. Pablo Camuña.

Llonto integró los equipos de abogados que colaboraron ad honorem con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1985 en los juicios por desapariciones de personas durante la dictadura militar argentina y actualmente representa a familiares de desaparecidos en las causas penales de la ESMA, Campo de Mayo, Automotores Orletti, La Tablada y Superintendencia de Seguridad Federal.

Fuente: http://untnoticias.unt.edu.ar





La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico

sábado, 15 de marzo de 2014

Un año de Justicia Legitima por Mario Alberto Portela, Juez de Tribunal Oral de Mar del Plata





EL PAIS › OPINION
Un año de Justicia Legítima


Por Mario Alberto Portela *
Se cumplió un año del momento en que un grupo numeroso de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales decidimos agruparnos porque advertimos que nuestras respectivas asociaciones habían dejado de representarnos. Nos dimos cuenta de que sólo se dedicaban a defender intereses propios, bajo el escudo del respeto a la Constitución, y que siempre tenían como referencia los problemas de los jueces con competencia en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, las propuestas que surgían de esos círculos de amigos nunca eran novedosas ni estaban destinadas a cambiar un estado de cosas que, como en Dinamarca, “olían mal”.
Ese numeroso conjunto reunido en la Biblioteca Nacional sabía por experiencias propias que los poderes judiciales no funcionan de consuno con las exigencias de una democracia republicana en serio, no la mediática. La mayor parte de nuestros jueces ha tenido mucho que ver con el manto de impunidad en juicios de lesa humanidad, en muchos casos por participación directa y en otros por complicidad. Además, muchos magistrados tienen una mentalidad homocéntrica que los sigue llevando a descreer de los casos en los que las mujeres son víctimas de delitos de género, o se niegan a seguir los protocolos de la Corte Suprema en los casos de abortos no punibles, retrasando la solución debida hasta hacerla inviable.
Por otra parte, muchos jueces son pasibles de ser encandilados por los faros mediáticos que los llevan a abusar de instituciones como el amparo o las medidas autosatisfactivas con las que favorecen a poderes concentrados, o, peor aún, alientan la rentable industria del juicio que enriquece a muchos abogados. Con esto se llevan la elogiosa primera plana de algunos diarios, las alabanzas de los colegios profesionales y por supuesto el aplauso de la corporación que los hacer creer jueces “independientes”.
Todo ello se potencia en tanto desde los estrados judiciales en general se tiene en cuenta a las partes que pueden hacer escuchar su voz y se deja en estado de cuasi indefensión a los que no lo logran por su estado de vulnerabilidad. Los trabajadores precarizados que tratan de vender al menudeo mercadería adulterada y se enfrentan a poderosos estudios, corresponsales de quienes defienden marcas internacionales; las víctimas de trata que son mal preguntadas en los debates o dejadas a merced de defensores poderosos que rápidamente las sacan de la cancha; los trabajadores que tratan de seguir con fábricas o comercios quebrados y abandonados por sus dueños; las poblaciones originarias que luchan infructuosamente contra monocultivadores de soja y grandes latifundistas; los consumidores adictos irrecuperables. Hay que dejar necesariamente a salvo la intervención en los juicios y debates del Ministerio Público de la Defensa, ejemplar en lo que toca a la defensa de los intereses de sus representados, ya que lo que aquí se intenta señalar es una característica general de los jueces corporativos, mediáticos y funcionales a los poderes dominantes.
Estos nunca proponen una investigación hacia arriba, hacia los lugares donde existe un lucro económico con estas actividades. Por ello jamás hay una condena a los financistas del negocio de la droga o de la trata. Los presos por estos delitos son consumidores, mulas, vendedores al menudeo, generalmente adictos. Siempre ganan las grandes empresas o los bancos, nunca los clientes, los maridos que se pueden pagar los mejores abogados para que sus mujeres queden en la calle para así conseguir la tenencia de sus hijos menores. Y la lista sigue.
Ese fue el motivo de la primera reunión, multitudinaria y caótica, en la Biblioteca Nacional, que después se replicó en La Plata, Tandil, Mar del Plata, Córdoba, Neuquén, Jujuy y tantos otros lugares donde estas preocupaciones podían salir a la luz. Y vaya que salieron, en forma tumultuosa, de reclamos comunitarios, de gente que necesitaba justicia y que no la encontraba en los magnos estrados donde la diosa de la balanza la inclina y observa a través de uno de sus ojos liberados de la venda.
Y claro, se tocaron intereses poderosos que no se arredran ante la existencia de los mejores jueces posibles designados en la Corte Suprema a partir del año 2003. Es muy difícil el acceso a ese tribunal y a los poderosos les alcanza con dominar a los magistrados de las instancias inferiores. El final de la ley de medios lo demuestra claramente.
Es cierto que el Poder Judicial no se democratizó como trabajosamente trata de hacerlo la sociedad civil. Es triste que los magistrados se oculten en sus fueros para resistir investigaciones que los tienen como sujetos, que recurran a espacios no judiciales para protegerse y se abracen a legisladores fogoneados por los medios o caigan directamente en sus brazos y salten de interponer recursos de amparo a camiones televisivos de exteriores o a lujosos salones legislativos (¿y la independencia judicial?).
También hemos visto con sorpresa que se da curso a denuncias disparatadas que provienen de conductores televisivos, que hay legisladores que denuncian en los estrados porque leen hechos absurdos en los diarios que luego no pueden ratificar. Y todo esto es celebrado, difundido, comentado por opinólogos enojados de rostro ceñudo que afirman que ha llegado o está al llegar el fin de la república.
Y por el contrario cuando algún magistrado medianamente lúcido advierte esas maniobras, inmediatamente algunos medios “denuncian” que “pertenece a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima”. Todos nosotros sabemos que cargamos con tal sambenito y consecuentemente asumimos la mochila ya que la lucha por conseguir que se cuele un poco de aire fresco dentro del vetusto sistema judicial no tendrá fin.
Hay muchos caminos para impulsar el cambio: a largo plazo la reforma de la enseñanza en las facultades públicas de derecho, que son las que contribuyen con su acriticismo a fomentar el desarrollo de las mentalidades funcionales a lo establecido. A mediano plazo, las reformas de los Códigos de fondo (pareciera que el Civil y Comercial ya está casi listo, el Penal, en proyecto avanzado) y de forma para instalar el procedimiento acusatorio en serio (que no es dar más poder a los fiscales como suelen decir los que no conocen el derecho) y alguna forma de juicio por jurados para que entre la ciudadanía a las salas de Justicia. A corto plazo, trabajar legislativamente para mejorar el sistema cautelar, que los jueces paguemos nuestros impuestos, que haya alguna suerte de participación popular en la designación y remoción (acelerando tiempos y con nuevas causales) de los magistrados.
En síntesis, cualquier Justicia para ser legítima tiene que ser democrática, olvidar el corporativismo, dejar de mirarse en los espejos de los medios y mantener una prudente distancia de los poderosos y sus múltiples encantamientos, auspicios, becas, viajes, honores y aplausos de compromiso.
* Juez de Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.




La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico