viernes, 12 de noviembre de 2010

Massera

YA NO ESTARÁS RIÉNDOTE SOLO!!!

la Justicia condenó a 39 represores en lo que va del año

09-11-2010 / También en el 2010 se cerraron diez juicios por crímenes de lesa humanidad, mientras en otros doce se está juzgando a 130 acusados. Además, en los próximos meses se iniciarán siete nuevos procesos ya que el número total de imputados por violaciones a los DD.HH. asciende a 783.
Un total de 39 represores de la ultima dictadura fueron condenados en los que va del 2010, año en el que se cerraron ya diez juicios por crímenes de lesa humanidad, mientras en otros doce se está juzgando a 130 acusados.

Según un relevamiento realizado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, con estas cifras hasta el momento los condenados por delitos de lesa humanidad suman 131 de los 145 juzgados, con 14 absoluciones.

El relevamiento indica que en los próximos meses se iniciarán siete nuevos juicios, mientras que el número total de procesados por violaciones a los derechos humanos asciende a 783, 149 más que a fines de 2009, cuando había 634 procesados.

En análisis estadístico muestra un notable aceleramiento de estos procesos ya que los 166 acusados que fueron o están siendo juzgados en procesos orales este año representan un 461% más que en 2009, la cifra más alta desde que se reimpulsaron los procesos.

De los 39 condenados este año, 36 recibieron su primera condenados mientras 6 ya tenían condenas anteriores.

Del total de 783 procesados registrados por esta unidad fiscal dependiente de la Procuración General de la Nación, 377 ya tienen al menos una causa elevada a juicio oral.
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Juicio por la verdad en Mendoza: realizan chequeos a los imputados para evitar el "efecto Massera"
Un cuerpo de médicos enviados por la Corte Suprema de la Nación llegó a la provincia para confirmar que todos los imputados por casos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones puedan estar presentes en el juicio que comienza el 17 de noviembre.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultos de la época menemista y las diferentes maniobras dilatorias impulsadas desde un sector de la justicia federal en nuestro país permitieron que, tal como Emilio Eduardo Massera, muchos de los represores que actuaron durante la última dictadura militar encontraran la muerte como salida para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

Mendoza sirve como ejemplo. Del listado original de imputados por los casos secuestros, torturas, homicidios y desapariciones que comenzarán a juzgarse a partir del 17 de noviembre, hay dos menos: Orlando Dopazo y Eberto Villegas murieron impunes. Los cargos en su contra quedaron en la nada a partir de sus fallecimientos. Y, de ese modo, el accionar judicial quedó trunco.

Como si fuese un mecanismo de autodefensa, los restantes acusados por crímenes de lesa humanidad en la provincia quisieron apelar a la compasión. De un momento a otro, comenzaron a presentar certificados de salud. Problemas cardíacos, problemas psiquiátricos, problemas… ¿El objetivo? Encontrar la manera de zafar del juicio oral.

Frente a esta situación, las autoridades del Tribunal Oral Federal 1 -que tendrá a cargo el debate- pidieron la intervención de una comisión especial de Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de la Nación, para evitar el bombardeo de certificados médicos de dudosa procedencia.

Los imputados fueron citados a los tribunales federales para ser sometidos a una serie de exámenes clínicos y psiquiátricos entre lunes y martes. Los peritos de la Corte tendrán la última palabra y, del informe que emitan, dependerán el lugar físico y la manera en que cada uno de los acusados “vivirá” el juicio.

Por el momento, y si bien falta la confirmación médica, se sabe que el 17 de noviembre Tamir Yapur, Eduardo Smaha, Armando Fernández, Celustiano Lucero, Luis Alberto Rodríguez, Juan Pablo Saá, Dardo Migno y Paulino Enrique Furió estarían en condiciones de afrontar el juicio.

La realidad de Juan Augusto Oyarzabal y Mario Ramón Lepori es diferente: padecen serias dificultades para poder trasladarse y por eso se implantaría una serie de medidas tecnológicas para que puedan seguir el proceso desde lugares especialmente acondicionados.

El antecedente más cercano de la relación que existe entre la avanzada edad de los imputados y las complicaciones que esto puede generar en el desarrollo del juicio, es el del debate que se está desarrollando en San Rafael y que está a una semana de sentencia. José Martín Mussere falleció en una celda común de la cárcel sureña un mes después de iniciado el debate. Unos días más tarde, Cristóbal Ruiz Pozo falleció en el hospital Schestakow. Ambos se quedaron sin sentencia.

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