jueves, 21 de abril de 2011



Un amigo del ex Gobernador dijo que lo alertó del secuestro, horas antes
Hubo testimonios de altísimo voltaje en el juicio por Ragone“El entonces jefe de Policía, Miguel Gentil, lo odiaba ”, aseguró el dirigente justicialista Juan Carlos Villamayor.
miércoles 20 de abril de 2011 Salta

HIJA Y NIETO CLOTILDE RAGONE Y SU HIJO FERNANDO.
Con las declaraciones de Damián Mendoza y Juan Carlos Villamayor, la quinta audiencia del juicio a los acusados del secuestro y desaparición del ex gobernador constitucional Miguel Ragone, alcanzó un altísimo voltaje, a pesar de que ninguno pudo concluir su testimonio. Ambos se emocionaron hasta las lágrimas al recordar los entretelones del hecho y los 35 años que tuvieron que esperar para que esta causa llegara a los estrados judiciales.
Mendoza fue el último amigo que vio con vida a Ragone. Fue la persona que le advirtió que lo iban a secuestrar cuando en las últimas horas del 10 de marzo de 1976 llegó a su domicilio con la noticia que había recibido. “Un militar amigo me llamó desde Córdoba y me avisó que dos comandos habían salido de esa provincia, en una coupé Chevy de color rojo, para colaborar con el plan”, afirmó el testigo. Relató que cuando le trasmitió la información, el ex mandatario “estaba con su hijo Miguelito y éste me hizo señas de que estaba loco y eso me puso mal”. Dijo que Ragone trató de calmarlo y lo invitó a la cocina para que tomaran unos mates y que en esas circunstancias le manifestó que “lo que me decís no puede ser; no te olvides que yo fui Gobernador y manejo mejor información que vos”.
El testigo recordó que la respuesta fatalista de su amigo “me destrozó”, y por ese motivo no pudo conciliar el sueño. Mendoza explicó que al otro día se levantó temprano y se fue a su negocio y que alrededor de las 8.30 su esposa lo llamó por teléfono y le comunicó que secuestraron a Ragone y que ella había presenciado el crimen. A partir de ese momento se generó un encendido debate cuando Matías Duarte, abogado de la familia Ragone, le pidió al testigo que diera el nombre del militar que lo alertó de que Ragone iba a ser secuestrado.
“Si usted quiere honrar la memoria de su amigo, tiene que decir quién le dio la información”, le expresó el letrado, a lo que el testigo respondió: “Me comprometí que no iba a delatar a esa persona y no lo voy a hacer, porque soy un hombre de palabra”. Duarte y los querellantes David Leiva y Martín Avila le recordaron que como testigo estaba bajo juramento y obligado a decir la verdad, pero Mendoza se mantuvo en su postura. Como consecuencia, el Tribunal dispuso suspender su testimonio por considerar que el hombre no estaba en condiciones de seguir declarando.
Los abogados de las querellas sostienen que si Mendoza insiste en mantener el secreto, su testimonio puede ser interpretado como carente de credibilidad. “Si quieren meterme preso, háganlo, pero a este secreto me lo llevo a la tumba”, desafió el hombre.


POR ELENA CORVALAN



Causa Ragone

Testigo habló de un plan para
secuestrar al ex gobernador


El sacerdote Carlos Escobar Saravia, presidente del club de gallos que frecuentaba Miguel Ragone, sabía días antes del 11 de marzo de 1976 que el ex gobernador iba a ser asesinado. El dato se lo había pasado el entonces juez federal Ricardo Lona. Así lo aseguró hoy (20 de abril) el testigo Damián Mendoza, quien declaró en segundo término en la séptima jornada del juicio contra ocho represores acusados por este hecho, y por el homicidio de Santiago Catalino Arredes y las lesiones Margarita Martínez de Leal.
Mendoza es la persona que la noche antes del secuestro fue a la casa de Ragone a advertirle que debía huir, porque lo iban a secuestrar. Durante la investigación de este hecho iniciada en 2004 declaró con identidad protegida. Hoy, con dificultades de audición y tenso, contó que este dato se lo pasó un militar, amigo suyo y de Ragone, que provenía de Córdoba pero que por entonces estaba prestando servicio en la Guarnición Ejército Salta.
Mendoza conocía al ex gobernador desde hacía años, la amistad había nacido por la afición que ambos compartían por la riña de gallos. Al cura Escobar Saravia, que era párroco del Ejército en Salta, lo conocían porque frecuentaban el mismo club de gallos.
Mendoza relató que el militar, cuyo nombre se negó a brindar debido a que dio su palabra de que no lo iba a “meter en problemas”, le avisó: “Salvá a tu amigo, porque va a suceder esto” y le contó que existía un plan para secuestrar a Ragone. Incluso le dijo que para apoyar a los que iban a cometer ese hecho desde Córdoba estaban viniendo dos comandos, “en una Chevy roja”.
El testigo dijo que se apresuró a advertir a su amigo. Llegó a su casa alrededor de las 23 del 10 de marzo, pero Ragone lo desalentó: “No te olvidés que yo he sido gobernador. Yo tengo mejor información que vos, a mí nadie me va a hacer nada”, le dijo antes de recomendarle que se tranquilizara.
Tiempo antes de que se cometiera el secuestro, en el club de gallos, mientras buscaba agua para los gallos que criaba, Mendoza había escuchado que Escobar Saravia le comentaba a otro hombre, de apellido Leonardi y residente en El Quebrachal, “que sabía por Lona que a Ragone lo iban a asesinar”. “Escobar Saravia sabía muchas cosas por la información que le daba Lona”, añadió el testigo. El ahora ex juez está imputado precisamente por no haber investigado el secuestro de Ragone, entre otros delitos de lesa humanidad que se le atribuyen.
Mendoza tiene presentada una denuncia por amenazas contra el sacerdote. Es porque cuando en el Juzgado Federal Nº 1 se reabrió la causa por el secuestro y desaparición del ex gobernador, Escobar Saravia le dijo al hijo del testigo: “Decile a tu tata que no se meta en la causa Ragone”.
El testigo relató que el 19 de noviembre de 1976 fue secuestrado, encapuchado y golpeado y que tras negociar con sus captores ofreciéndoles entregas de dinero, lo liberaron en Pampa Blanca. Dijo que desde entonces lo expoliaron.
Por el secuestro de Ragone están siendo juzgados el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil; el ex jefe de Seguridad de la Policía provincial, Joaquín Guil; los ex policías Andrés del Valle Soraire, Javier Herrera y Pedro Herrera, y el civil Héctor Zanetto.


Procedimiento anormal

El policía retirado Silvio Mariscal, que inició el sumario por el ataque contra el ex gobernador Miguel Ragone, el comerciante Santiago Arredes y Margarita Martínez de Leal, reconoció hoy (20 de abril) que hubo situaciones “anormales” en el procedimiento que se siguió.
Entre ésas, contó que estuvo poco tiempo a cargo del sumario porque le ordenaron “rápido” que lo enviara a la Jefatura de Policía. Y, mientras tuvo a su cargo el sumario, el entonces juez federal Ricardo Lona se hizo presente cuando tomaba declaración a testigos. El hecho es llamativo porque se trataba de una investigación a cargo de la policía de la provincia de Salta, es decir que debía intervenir un juez de la provincia, no el juez federal, que finalmente se quedó con la causa y la cerró prácticamente sin llevar a cabo diligencias.
En el sumario realizado por Mariscal consta también que el cuerpo de Arredes fue entregado a sus familiares sin realizar pericia alguna. Esto fue consentido por su hermano, el oficial de Policía Roberto Arredes, que por entonces tenía un alto rango en la fuerza.
Otro hecho que el testigo calificó como “anormal” fue que el radiograma a toda la provincia informando sobre los automóviles en los que habían huido los captores de Ragone recién fue transmitido a las 18,40, más de diez horas después de ocurrido el hecho, cuando se suponía que se trataba de cerrar las salidas para atrapar a los secuestradores. Hoy también declararon el médico Julio Montellano, que atendió a Margarita Martínez de Leal en el Hospital San Bernardo; y quien fuera secretario de Prensa de Ragone, Juan Carlos Villamayor, que tuvo que truncar su testimonio debido a una descompostura

miércoles, 20 de abril de 2011

de esta causa es el de Rojas y que lo declarado por otras personas no tienen entidad.

La causa por la desaparición de Brizzi y Aramayo, en sus tramos finales

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta fue ayer sede de una nueva audiencia en el marco de causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad. Esta vez fue por apelaciones de las defensas del ex segundo jefe de la Guarnición Ejército Salta, Joaquín Cornejo Alemán, de los ex instructores Fernando Chaín y Diego Marcelo Gatto, y del civil Juan Manuel Ovalle.

La Cámara dará a conocer su resolución el 28 de abril. Ya hay un pedido del fiscal Eduardo Villalba para que la causa sea elevada a juicio.

Cornejo Alemán, Chaín, Gatto y Ovalle están imputados en la causa en la que se investiga la desaparición del soldado Víctor Brizzi, el 8 o 9 de marzo de 1976, y de la docente Silvia Benjamina Aramayo, secuestrada de su casa en septiembre de ese mismo año.



El abogado de Cornejo Alemán, Martín Diez, sostiene que no hay elementos para procesar a su defendido por el delito de homicidio doblemente calificado, en relación a Brizzi, y pide que se dicte una falta de mérito y que la causa vuelva para que, en todo caso, se aporte más prueba.

Lo del defensor oficial Martín Bomba Royo, que asiste a Chaín, Gatto y Ovalle, es un poco más complicado y viene siendo motivo de discusión: el defensor apeló el rechazo a un pedido de sobreseimiento que había realizado a favor de los acusados. Ocurre que sobre los tres pesan procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones. A Chaín y a Gatto se les imputa ser partícipes secundarios de privación ilegítima de la libertad (por Brizzi) y a Ovalle, ser partícipe del secuestro de Aramayo.

En teoría la cosa debía terminar con la confirmación de los procesamientos y a los acusados solo les quedaba esperar llegar a juicio para tratar de hacer caer la acusación que pesa en su contra. Sin embargo, el defensor pidió el sobreseimiento con el argumento de que se habían agregado nuevas pruebas luego de que la Cámara confirmara el procesamiento. Como el juez de primera instancia lo rechazó, fue en apelación.

Esto motivó cruces con el fiscal general, José Pérez, quien consideró que en realidad el defensor estaba intentando que se volviera a revisar la prueba.

La expresión de agravios (de los argumentos) de las apelaciones, y los motivos para rechazarlas, se realizan de manera verbal, en audiencias públicas. En este caso hubo audiencias, el lunes pasado y ayer; en la tercera, el jueves 28 de este mes, se conocerá la decisión del tribunal.

En las exposiciones hubo cruces entre el fiscal y la querella, representada por los abogados Tania Kiriaco y David Leiva, y los defensores.

Por estos hechos también están procesados Carlos Alberto Mulhall, Joaquín Guil, Benjamín Isidro de la Vega y Ubaldo Domislav Bujovich Villa (estos dos últimos solo en relación a Brizzi). Por Aramayo también están procesados Víctor Modesto Mendíaz y Abel Vicente Murúa.

Fuente: Nuevo Diario



Las víctimas fueron un soldado y una docente
Debaten una apelación por otros dos desaparecidos
La próxima semana la Justicia federal emitirá su dictamen. Si se confirma el procesamiento, los acusados irán a juicio.


lunes 18 de abril de 2011 Salta

EN EL RECINTO OVALLE, GATTO Y CHAIN (DE IZQUIERDA A DERECHA) CON EL SONRIENTE DEFENSOR BOMBA ROYO.
En la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se realizó ayer la segunda audiencia oral y pública para resolver un recurso extraordinario presentado por los defensores de tres militares y un civil que fueron procesados por la desaparición del soldado Víctor Brizzi y la docente Silvia Benjamina Aramayo.

Los rastros del primero se perdieron entre el 8 y 9 de marzo de 1976 cuando cumplía el servicio militar en la Guarnición Ejército Salta. Por este hecho fueron procesados el jefe de la Unidad Carlos Alberto Mulhall, el subjefe Joaquín Cornejo Alemán y los oficiales Fernando Antonio Chaín y Marcelo Diego Gatto.

Mulhall, que está siendo juzgado por el caso Ragone, no apeló la resolución, pero sí lo hicieron los tres restantes. El querellante David Leiva planteó que Brizzi fue una víctima más del terrorismo de Estado que imperó en el país entre 1976 y 1983, ya que estaba considerado como un hombre de izquierda. Dijo que Cornejo Alemán era el jefe de la plana mayor y del departamento de inteligencia del Ejército y que su función era asesorar, organizar y vigilar las órdenes de Mulhall. El letrado señaló que siendo el Ejército una institución verticalista, la orden para hacer desaparecer al conscripto debió ser trasmitida de Mulhall a Cornejo Alemán y de éste a Chaín y Gatto. También el querellante se respaldó en el testimonio del coronel Rubio, quien declaró que el subjefe era responsable de lo que pasaba del regimiento hacia adentro y el jefe lo que ocurría hacia afuera. Esto hace presumir que Brizzi fue ejecutado en el predio militar. El fiscal José Pérez coincidió con Leiva, y destacó que el procesamiento de los imputados no tiene fisuras. Al mismo tiempo manifestó su desacuerdo con la decisión de la Cámara de haber hecho lugar al pedido de la defensa para que la apelación sea analizada en dos instancias.

Adolfo Diez, defensor de Cornejo Alemán, expresó que éste jamás pudo haber participado de este hecho porque a partir de febrero de 1975 estuvo abocado al operativo Independencia en Tucumán. “Es probable que el juez se haya sentido motivado por situaciones externas al dictar el procesamiento”, opinó. En tanto que el defensor oficial Martín Bomba Royo apuntó que Chaín y Gatto eran subtenientes y cumplían tareas de instructores, por lo que su función se limitaba solo a eso.

La causa de la profesora

El Tribunal federal, integrado por los jueces Luis Renato Rabi-Baldi Cabanillas, Jorge Luis Villada y Roberto Loutay Ranea, también deberá resolver la situación de Juan Manuel Ovalle, quien fue procesado por privación ilegítima de la libertad agravada, por la desaparición de la docente de la Universidad Nacional de Salta, Silvia Benjamina Aramayo. La víctima fue secuestrada de su domicilio, en septiembre de 1976, y nunca más se supo de ella.

La situación de Ovalle se comprometió con el testimonio de Brunilda Rojas, madre de la víctima, quien reconoció su voz cuando cuatro sujetos armados ingresaron a la vivienda y se llevaron a la profesora. La mujer aseguró que el imputado visitaba con frecuencia la casa, ya que era amigo de Silvia y nunca se imaginó que pudiera hacerle daño. El defensor oficial Bomba Royo señaló que el único testimonio que se puede rescatar


Causa Ragone

Testigos confirmaron que el

secuestro no se investigó

Los hijos de Miguel Ragone y una hermana del comerciante Santiago Arredes, asesinado durante el secuestro del ex gobernador, el 11 de marzo de 1976, confirmaron hoy (19 de abril) que estos hechos no fueron investigados ni por la Policía ni por el Poder Judicial.

Los testigos que declararon en la sexta jornada del juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal contra ocho represores también dieron cuenta de que la llegada a la presidencia de María Estela Martínez de Perón implicó un giro a la derecha con el que empezó una persecución contra el gobierno de Ragone. Y aseguraron que los ideales del ex gobernador eran contrapuestos a los de la última dictadura militar.

Seis de los ocho testigos que se presentaron ayer dijeron que nunca fueron convocados ni por la Policía ni por el juez a cargo de la “investigación”, Ricardo Lona, a prestar declaración sobre estos hechos. Algunos fueron por primera vez en 2004, cuando se reabrió la causa, y otros recién vinieron a este juicio. Los hijos del ex gobernador contaron que recibieron amenazas antes y después del secuestro.

La sexta jornada se inició con el demorado testimonio de la abogada Sandra Siegrist, que en 1976 era una estudiante vecina de Ragone y vió el secuestro cuando iba camino al Colegio Nacional. La testigo observó a tres hombres en el lugar del hecho, aunque cree que había un cuarto al que no pudo ver bien. Uno de ellos corría, medio de costado, como rengueando, desde la calle Apolinario Saravia, donde había sido asesinado Arredes, hacia el pasaje San Lorenzo; llevaba un arma que a Siegrist le pareció una ametralladora Uzi. Los otros dos arrastraban el cuerpo exánime de Ragone desde el asiento delantero al trasero de su propio automóvil. Este vehículo estaba en el medio de otros dos, que aparentemente lo habían encerrado.

Siegrist fue llamada a declarar en la Policía ni bien ocurrió el hecho pero luego nunca más se la consultó.

Hoy fue el día de los testimonios de tres de los cuatro hijos del ex gobernador: Clotilde, Alfonso y Miguel Ragone, y del yerno, Jorge Fernando Pequeño. Dieron cuenta del estado de destrucción en que quedó la familia tras el secuestro. Clotilde dijo que se retiró a una finca porque sentía que la sociedad los había abandonado.

La mujer recordó el 11 de marzo de 1976 como el día “más triste de mi existencia”. Contó que se enteró del secuestro a media mañana, para entonces unos policías habían ingresado a su departamento y lo habían dado vuelta, sin darle explicaciones. Ya en la casa de su madre le quedó grabada la presencia del juez Lona, que les llevó un zapato de su padre y les dijo que estaban haciendo lo posible por encontrarlo. Pero “fue una gran desilusión”, porque era amigo de su padre y no investigó.

Emocionados, Clotilde y Alfonso recordaron que su padre estaba enemistado con miembros de la Policía de la provincia por la depuración que en mayo de 1973 había iniciado quien fuera su primer jefe de la Policía, Rubén Fortuny, asesinado en noviembre de ese mismo año. Clotilde memoró que el ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, quien está siendo juzgado ahora, estaba entre el grupo de torturadores que habían sido exonerados o enviados a dependencias del interior de la provincia.

Ambos hijos y el yerno, recordaron que el ex gobernador también tenía una mala relación con el entonces jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil, otro que está siendo juzgado ahora. Pequeño contó que por un amigo, Luis Roberto Gutiérrez, supo que miembros “de la pesada” de la Policía habían comentado que el cuerpo de Ragone había sido dinamitado camino a Aguilares. Por este mismo amigo supo que Misael Sánchez, que integraba el grupo de “la pesada” le dijo a un tal un hombre que tenía una cadena con las iniciales JP que a ésos “yo los hago…”, frase que acompañó pasándose el dedo por la garganta.

Ni Clotilde, ni Alfonso, ni Miguel, ni Pequeño fueron convocados a declarar poco después de ocurrido el secuestro.

Ayer también declaró, por primera vez en 35 años, Justina Arredes, hermana de Santiago. Se lamentó de que el cuerpo de su hermano había sido dejado “solito” en la vereda del almacén, en la esquina de Del Milagro y Apolinario Saravia: “Lo han dejado como a perro”, y dijo que nunca supo en qué circunstancias murió. Otro hermano, Roberto Arredes, que entonces ocupaba un alto cargo en la Policía, le aseguró que no sabía nada.

“Roberto Romero era el

enemigo público nº 1”

Cuatro testigos se refirieron hoy (19 de abril) a los enemigos políticos del ex gobernador Miguel Ragone. Entre ellos rescataron al ex gobernador Roberto Romero (ya fallecido), quien fuera propietario del diario El Tribuno.

“Otra contra muy grande que tuvo Ragone fue El Tribuno con Roberto Romero. El enemigo público número uno de Ragone era Roberto Romero. De eso no me cabe ninguna duda”, sostuvo Néstor Antonio Finetti, que fue asesor de Ragone durante su gobernación. Añadió que Romero y Ragone “no se tenían la más mínima simpatía. Todo lo contrario”.

Finetti señaló entre los enemigos al sindicalismo tradicional, “la burocracia sindical” (entre los que mencionó a Ramos, de los panaderos), reunida en la CGT, que declaró persona no grata al entonces gobernador. Añadió que los peronistas de más avanzada edad consideraban que el de Ragone era “un gobierno de zurdos” y que lo ubicaban como integrante de Montoneros, porque éstos apoyaban su gestión. “Y no era así, no era subversivo, pero sí recibió apoyo de ellos”. Dijo que Ragone recibía presiones del Ministerio del Interior, a cargo de Alberto Rocamora. En esa línea se objetaban algunos funcionarios del gobierno provincial, como el ministro de Gobierno, Enrique Pfister Frías; el intendente de Salta, Gerardo Bavio (sindicados como montoneros), y su jefe de Policía, Rubén Fortuny (del Frente Revolucionario Peronista, FRP). Sin embargo, el testigo dijo que no cree que estos se organizaran para llevar a cabo el secuestro y desaparición del ex gobernador.

Entre los que dañaron el gobierno ragonista, Finetti también incluyó a los entonces jóvenes Armando Jaime y Juan Carlos Salomón, integrantes de la lista Verde, que encabezaba el gobernador, porque tomaron la CGT y “fue un problema para Ragone”, por las presiones del gobierno nacional para que los reprimiera.

El testigo Luis Iñiguez, que se identificó como cofundador de la lista Verde, también incluyó a Roberto Romero en la lista de enemigos de Ragone; enumeró, entre otros, a quien fuera interventor del PJ salteño, Humberto Podetti, a Horacio Bravo Herrera y a Juan Emilio Marocco, al que calificó de “mitómano” porque, según dijo, enviaba cartas a Buenos Aires con mentiras que trataban de desprestigiar a Ragone. Iñiguez afirma que en una de las detenciones que padeció, el propio Joaquín Guil le advirtió que debía hablar si no quería que le pasara lo mismo que a Ragone.

Alfonso Ragone destacó asimismo a Roberto Romero como adversario de su padre. Y su hermana Clotilde mencionó a Ricardo Falú, que era presidente del PJ salteño, y a Bravo Herrera. “Se querían quedar con el gobierno de mi padre, querían sacarlo”, sostuvo.

lunes, 18 de abril de 2011


Causa Ragone

Otra vez se frustró la audiencia,

ahora por problemas técnicos

La quinta jornada del juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Catalino Arredes y las heridas a Margarita Martínez de Leal se frustró nuevamente ayer, esta vez por inconvenientes con la comunicación por videoconferencia con el domicilio particular, en Tucumán, desde el que sigue el juicio el represor Luciano Benjamín Menéndez.

El comienzo de la audiencia había sido previsto para las 9,30 pero ni bien se inició, y cuando la testigo Sandra Siegrist se preparaba para hablar, tuvo que ser suspendida debido a desperfectos en la conexión con San Miguel de Tucumán. La secretaria del Tribunal Oral en lo Federal de Salta, Denise Blajean Bent, informó que desde Tucumán pedían diez minutos para solucionar el inconveniente y al tribunal no lo quedó más que pasar a un cuarto intermedio.

La espera se fue prolongando sucesivamente hasta que cerca del mediodía el tribunal concurrió a la sala de grandes juicios, en la Ciudad Judicial, para informar que los problemas no se habían subsanado y que por lo tanto se suspendía la audiencia para hoy, a las 9,30, día en que se intentará continuar con los testimonios.

De las cinco jornadas que debían llevarse a cabo hasta ayer, solo dos se llevaron a cabo. La semana antepasada se truncó la audiencia del jueves cuando se aprestaba a declarar la segunda testigo prevista para ese día, y el viernes no hubo audiencia, porque el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil, tenía que ser sometido a una serie de estudios médicos y no iba a poder escuchar el debate.

La suspensión se decidió por pedido del abogado de Gentil, el defensor oficial Federico Petrina, quien argumentó que si bien el acusado había expresado su intención de no observar todos los testimonios (algo que el Código Procesal Penal de la Nación permite), tenía que tener la posibilidad de hacerlo cuando lo considerara oportuno. De otro modo, dijo el abogado, se podía estar afectando su derecho de defensa.

Mientras que Gentil insiste desde Buenos Aires con la posibilidad de tener acceso a la conferencia cuando lo decida, la mayoría de los otros acusados que están asistiendo en persona al debate decidieron ayer no participar de la audiencia: ni Carlos Alberto Mulhall, ni Joaquín Guil, ni Andrés del Valle Soraire ni Héctor Zanetto estuvieron ayer en la sala del juicio. Los ex policías Javier y Pedro Herrera sí estuvieron esperando que se iniciara el debate.

Las suspensiones vienen sucediéndose desde que comenzaron los testimonios. Del total de 26 testigos que debían haber declarado hasta hoy, solo lo hizo una. En un intento por reacomodar las jornadas, el Tribunal, presidido por Marta Liliana Snopek, decidió intercalar los testigos que quedaron pendientes con los previstos para cada jornada. Ayer debían declarar, entre otros, los familiares directos del ex gobernador: sus hijos Clotilde, Miguel Ragone y Alfonso Ragone, su nieto Fernando Pequeño.

Inicialmente, para hoy estaban previstos once testigos, pero es posible que alguno sea pasado para otro día, con el fin de permitir que declaren algunos de los que han quedado pendientes.

Para Gentil

Las demoras producidas por la decisión del represor Miguel Gentil de asegurarse tener acceso al debate cuando lo considere, generaron que ayer la agrupación HIJOS Salta le dedicara su atención en los folletos y carteles que se instalan en la entrada a la Ciudad Judicial.

“Gentil, no te enfermaste cuando mataste a nuestros viejos”, “Gentil, vení decí donde están los compañeros”, lo increpaban algunos de los carteles. Fuera de la Ciudad Judicial se podía hacer también un repaso por las principales acciones de la vida de Miguel Ragone, en banners que dan cuenta de su vida política, su gestión de gobierno, su (mala) relación con los policías acusados por apremios ilegales (incluido el asesinato de quien fuera jefe de la Policía, Rubén Fortuny) y su vida familiar.

viernes, 15 de abril de 2011


EL PAIS › Nota de tapa

PERPETUA EN CARCEL COMUN

Por Victoria Ginzberg

Luis Patti, el represor que se recicló como intendente de Escobar, recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad. Junto a Bignone y Riveros, fue sentenciado a prisión perpetua por secuestros



EL PAIS › EL REPRESOR LUIS ABELARDO PATTI RECIBIO SU PRIMERA CONDENA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La Argentina ahora es un país más seguro

El ex policía y ex intendente de Escobar recibió prisión perpetua a ser cumplida en un establecimiento del Servicio Penitenciario. Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenados a la misma pena. A un quinto acusado le dieron seis años.


Por Victoria Ginzberg

Los brazos se unieron en los respaldos de las sillas. Los hermanos Gastón y Manuel Gonçalves, Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Soledad D’Amico y sus abogados formaron un lazo que los contenía a todos. Cuando la jueza Lucía Larrandart terminó de leer el fallo, se miraron entre ellos, intentaron secarse las lágrimas que seguían apareciendo, se pararon y se abrazaron. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín acababa de anunciar la condena de Luis Abelardo Patti, Reynaldo Benito Bignone y otros tres represores por los secuestros, tormentos y asesinatos de sus padres.

Patti, Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez recibieron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua más accesorias legales y pago de costas. Al quinto acusado, Juan Fernando Meneghini, le tocaron seis años. Meneghini fue comisario de la 1a de Escobar durante la última dictadura, pero el tribunal consideró que no había tantas pruebas en su contra y no lo culpó por homicidios o tormentos. Más allá de este dato, que los querellantes evaluarán si apelarán o no después del 5 de mayo, cuando conozcan los fundamentos, los abogados, fiscales y familiares de las víctimas se retiraron satisfechos del auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, donde se realizó el juicio.

El dato clave de la decisión judicial de ayer, que fue aplaudido tanto o más que las condenas, lo aportó la jueza cuando comunicó que “el cumplimiento de la pena impuesta a todos los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal” y anuló en el acto la prisión domiciliaria de Meneghini. El policía era el único de los acusados que estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. El resto habría optado por permanecer en una habitación contigua. No se informó si Patti llevaba puesto su disfraz de enfermo terminal –que incluye un cuello ortopédico y una camilla– que lució las pocas veces que se dejó ver durante el juicio. El ex intendente de Escobar está actualmente alojado en la clínica Fleni de esa localidad, donde, se supone, se repone de un accidente cerebrovascular. Según se desprende del fallo, el represor podría seguir internado, pero en prisión. Una opción podría ser Ezeiza, donde hay un centro de salud nuevo.

“Es un show para victimizarse. Tiene algo, pero no es un cuadro de la gravedad que quiere mostrar”, opinaron los fiscales Augusto de Luca y Marcelo García Berro, que junto con Juan Murray fueron los delegados de la Procuración en este juicio y se fueron con la satisfacción del deber cumplido.

“Es un cobarde, como lo demostró todo este tiempo y cuando aparece con la camilla me da vergüenza ajena”, dijo a Página/12 Manuel Gonçalves apenas bajó del estrado. Lo importante para él, en ese momento, era cosechar: “Esto es fruto de tanto esfuerzo y peleas, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, porque aunque hubo momentos de derrota, nuestro objetivo era llegar a este día, en el que un tribunal dicte sentencia. Siendo uno de los protagonistas del avasallamiento de la democracia, Patti usó las instituciones para sostener su impunidad. Tuvimos que trabajar el doble que en otros casos. Nos insultaba a todos queriendo ostentar cargos públicos. Y no hay que olvidarse que sus alianzas políticas, por ejemplo con el duhaldismo, llegan hasta hoy”.

Tanto los familiares de las víctimas como los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto destacaron el largo camino que tuvieron que atravesar para que Patti sea condenado. “Fue un caso muy difícil, más complejo que otros, tuvimos que pelear para que no sea diputado, ni candidato, tuvimos amenazados a un montón de testigos. Hasta la prueba, que parecía complicada, se demostró que era contundente”, manifestó Oberlin.

“Es un día histórico. Esto es un alivio y fortalece a la democracia. Patti es un emblema, es tan asesino como los demás, pero se sustrajo a la Justicia y engañó a la sociedad. Ahora se terminó de derribar esa patraña que alguna gente creía, ahora ya nadie le puede creer, salvo los que sean como él o les convenga”, dijo a Página/12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras se sacaba una foto con dos muchachas que la abordaron con una cámara digital. Mientras intentaba salir del auditorio y antes de que se acercara otro grupo cámara en mano, agregó: “Cárcel común y cadena perpetua son dos frases para poner en bronce. Es un triunfo del pueblo”.

Víctimas, testimonios, pruebas

Patti, Bignone, Riveros y Rodríguez fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto; el secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti.

El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.

Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la Nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.

Los secuestros de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.

Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.

Patti, representado por Silvio Duarte y el ex juez Alfredo Bisordi, intentó mostrarse como un “perseguido político” pero testimonios y pruebas documentales desarmaron su estrategia. Durante el juicio, por ejemplo, se presentó un volante elaborado en 1975 por la Juventud Peronista –que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– en el que se denunciaba que en la comisaría de Escobar “se atropellaba la dignidad humana” y se mencionaba al oficial “Patti” como uno de los “siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos”.

Canciones

Los acusados tuvieron la posibilidad de decir sus “últimas palabras” por la mañana. Hicieron uso de su derecho Bignone y Rodríguez. El primero aprovechó para criticar a Carlotto, que había narrado, en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés, dos encuentros que tuvo con él. “Me arrepiento de haberle abierto mi casa y mi corazón”, dijo el represor. Carlotto contestó después: “No dijo que se arrepentía de los crímenes que cometió”. Rodríguez, que hasta febrero del año pasado fue profesor en la Universidad Católica de Salta, hizo un largo alegato político que hasta incluyó una queja porque no se había sancionado el 82 por ciento móvil para los jubilados, lo que provocó la risa del público.

La condena a Rodríguez fue ponderada por Llonto. “Hace mucho sabíamos que había un represor al que llamaban ‘Toro’, pero recién el año pasado pudimos identificarlo y ya está condenado. Debe ser el caso que más rápido se resolvió”, señaló.

Juana Muniz Barreto apretaba dos pulseras de mostacillas de colores y pelo de elefante. Se las trajo su papá de Africa, cuando viajó para escapar de persecuciones de la Triple A y las levó al juicio también el día que declaró. Ante las cámaras de televisión que la abordaban después del fallo contaba que ahora le toca hacer de mamá. “Tengo dos hijos y no creo haber sido mala madre hasta ahora. Les dejo el legado de pelear por lo que uno cree justo, pero hasta ahora estuve muy dedicada a mi papá. Ahora es el momento de mis hijos.”

Cuando Larrandart leyó la decisión que ella y sus colegas Horacio Segretti y María Lucía Cassain habían tomado, en el auditorio se escucharon aplausos y gritos. Muchos “bravo” y algún “vamos Argentina”. Se alzaron decenas de fotos en blanco y negro de desaparecidos vistos en Campo de Mayo y se entonó el clásico “Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Afuera se habían montado dos pantallas gigantes y un escenario al que luego subirían Los Auténticos Decadentes. Allí, mientras hablaba la jueza, se escuchó una canción compuesta especialmente para la ocasión: “Miren, miren que alegría/ miren, miren qué emoción/ Luis Abelardo Patti se pasea en tanga por el pabellón”.



EL PAIS

Los otros condenados



Reynaldo Bignone. Fue comandante del Segundo Cuerpo de Ejército durante 1977. Fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín a 25 años de cárcel común por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En dicha ocasión Bignone se responsabilizó por todas las órdenes impartidas a sus subordinados.

- Santiago Riveros. Fue comandante del Comando de Institutos Militares entre 1976 y 1977. Al igual que Bignone, posee una condena del mismo tribunal a 25 años de prisión por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Campo de Mayo.

- Juan Fernando Meneghini. Fue comisario de la Comisaría 1a de Escobar entre 1976 y 1977. Allí era el jefe directo de Luis Patti.

- Martín Rodríguez. Se desempeñó como oficial de Inteligencia del Primer Cuerpo del Ejército y fue jefe del Grupo Especial de Institutos Militares.


EL PAIS › LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEBIERON LUCHAR DURANTE AÑOS PARA LLEVAR A PATTI AL BANQUILLO

Un largo camino hasta conseguir justicia

Hubo muchos momentos de frustración, pero también con varios logros, como cuando en mayo de 2006 el Congreso resolvió cortar su carrera política por “inhabilidad moral”. Hasta ayer, Patti se defendía diciendo que no tenía condena.



Los hermanos Gonçalves y Tati Almeida, de Madres, festejaron ayer el fallo en la puerta del juzgado.


Por Adriana Meyer

“Es que no tiene ninguna condena”, repetían diputados, políticos y juristas autodenominados progresistas y de derecha cuando el Congreso debatía sobre las condiciones que debía tener la impugnación a la banca con la que aspiraba a consolidar su impunidad. Pero fracasó por “inhabilidad moral”, y así llegó finalmente al banquillo que debió haber ocupado muchos años antes. Fue un larguísimo camino para los familiares de sus víctimas, que tuvo momentos de desazón y también de festejo, como aquel 23 de mayo de 2006, cuando el Parlamento truncó para siempre su carrera política. Candidato en campaña o impugnado, diputado electo o inhabilitado, libre o preso, en una cárcel o en una clínica, durante la última década cada uno de estos dilemas hacía fluctuar su estado de ánimo. No pudo ser por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, ni tampoco por las torturas a Bárzola y Guerrero, pero es probable que todos los parientes de sus víctimas hoy sientan que su dolor pesa un poco menos.

Durante aquel proceso en la Cámara de Diputados, el desfile de testimonios del horror generado por Patti evidenció su abultado historial delictivo y mostró que durante la dictadura tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales. Alias “el Loco”, era apenas un oficial de calle en 1975 cuando fue elogiado por sus superiores, que pertenecían al círculo íntimo de Ramón Camps, por su ferocidad. En su legajo policial hay trece sumarios por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra.

En 1976 estuvo imputado por la aplicación de tormentos al detenido Julio Di Battista, pero fue sobreseído. Al año siguiente fue acusado por fusilar a tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. En 1983 estuvo detenido por el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento, pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En enero de 1990, una comisión policial encabezada por Patti mató al joven Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que según el policía Isabelino Miño estaba “en el despacho de Patti con anterioridad, porque siempre hablaba de que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento”, tal como publicó este diario en enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso de gatillo fácil. El 4 de octubre de 1990, Patti se entregó luego de estar prófugo siete meses y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. El ex comisario daba las órdenes durante una sesión que incluyó “submarino seco” sobre un elástico. “Traé la batería”, fue una de las indicaciones que dio. Patti recusó al juez que lo había procesado y cinco años más tarde fue absuelto por prescripción. Al poco tiempo sería electo intendente de Escobar, pero ya había hecho campaña como “investigador” del caso María Soledad en Catamarca, enviado en 1991 por el ex presidente Carlos Menem.

Pasaban los años y crecía su impunidad. Estuvo cerca del banquillo más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia, una Cámara que declaró la prescripción y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares y los sobrevivientes fueron amedrentados por el poder que acumuló el represor, que además persiguió a funcionarios judiciales con falsas denuncias. Por eso al momento de reclamar su banca, Patti podía invocar su presunción de inocencia, que jamás argumentó porque, al ser indagado, se quedaba callado. Sin embargo, luego de la impugnación en el Congreso y, sobre todo, luego de su detención en noviembre de 2007, se activaron los expedientes que lo llevaron a la primera condena, la de ayer.

Desde la cárcel se permitió proclamarse “preso político” y “proscripto”. También mentía Patti cuando vociferaba que no tenía causas abiertas, porque estaba procesado por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva. Y estaba pendiente la reapertura del caso Cambiaso-Pereyra Rossi a pedido del fiscal Juan Murray, quien recordó que Patti confesó en 1983: “Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero en la causa, reabierta recién el año pasado, hay una prueba que indica que los fusiló por la espalda. Su prédica de “mano dura” le valió 400 mil votos en 2005, cuando compartió boleta con Chiche Duhalde, aunque a esa altura ya había hecho apología del delito y se había confesado torturador.

Juana Muniz Barreto tomó coraje de denunciar al asesino de su padre cuando vio los carteles de la campaña del Paufe (Partido Unidad Federalista). Pero Patti no habría llegado siquiera a los afiches si alguna vez la voluntad política hubiera alcanzado para sancionar alguno de los tantos proyectos de ley que hay en Diputados para inhabilitar el acceso a cargos públicos de represores. Ese era el argumento favorito de los funcionarios judiciales, que pateaban la pelota al Poder Legislativo para sacarse la “Patti” caliente de encima.

La abogada Ana Oberlin hablaba de terquedad, y sí, fue esa obstinación, junto a la firmeza de su colega Pablo Llonto, la vehemencia de los Muniz Barreto y los Gonçalves, la valentía de los testigos más recientes. Ellos y todos quienes conocían los detalles del prontuario de Patti aguantaron durante años con impotencia cuando les decían “pero no tiene condena”. Ahora dirán que la histórica sentencia de ayer aún no está firme, porque falta la confirmación de las Cámaras y, eventualmente, de la Corte Suprema. Pero ya tiene condena, que no es poco.

Fuente: Pagina12

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Por los delitos de lesa humanidad cometidos en Escobar durante la dictadura.

Patti fue condenado a cadena perpetua en una cárcel común

Publicado el 15 de Abril de 2011
El ex policía fue hallado culpable del secuestro de un ex diputado nacional y del asesinato de un militante peronista. Recibieron la misma pena el ex dictador Bignone, Santiago Rivero y el ex agente de Inteligencia, Martín Rodríguez.

Los bombos de las personas que se movilizaron para la última audiencia del juicio contra Luis Abelardo Patti retumbaban ayer en el salón del Auditorio Hugo del Carril de José León Suarez, cuando la jueza Lucila Larrandart comenzó con la lectura de la sentencia a cadena perpetua contra el ex policía, quien deberá cumplir la pena en cárcel común.
Adentro y afuera, a través de una pantalla gigante, todos los presentes hicieron silencio para seguir el dictamen con atención. La primera condena fue contra Santiago Omar Rivero, el ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, quien fue sentenciado a prisión perpetua. El auditorio estalló en aplausos. Luego reinó el silencio, hasta que la jueza, titular del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, lo nombró a Patti, a quien sentenció a perpetua por haber secuestrado y torturado al ex diputado Diego Muniz Barreto y su secretario Juan José Fernández, y por el secuestro, torturas y homicidio del militante peronista Gastón Gonçalves. Siguieron los anuncios de las perpetuas para el ex dictador Reynaldo Bignone y el ex agente de Inteligencia del Ejército Martín Rodríguez. También dictó seis años de cárcel contra el ex comisario de Escobar, Juan Fernando Meneghini, el único de los acusados que eligió permanecer en el recinto durante el veredicto.
La máxima pena para Patti llevó alivio al público, pero sobre todo llevó tranquilidad a los rostros de los familiares de las víctimas, que permanecieron tensos en los asientos de las querellas: Manuel y Gastón Gonçalves, junto a Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto y María Isabel D'Amico, hermana de Guillermo y Luis D'Amico, ambos desaparecidos. Todos se habían sentado en fila en el lugar de las querellas y rompieron en llanto y abrazos al conocer la sentencia que durante tantos años habían buscado.
“Al escuchar las condenas a perpetua sentí que ya estaba. Ya cumplí con mi papá, me gradué de hija y ahora me voy a dedicar a mis dos hijos, a quienes creo que les dejo un buen legado”, dijo Juana entre lágrimas. Manuel, a su lado, remarcó su alivio: “Siento que todos estos años en los que nunca claudicamos valieron la pena y de que por fin logramos algo que es para todos. Así como toda la sociedad tuvo que atravesar la impunidad y convivir con los genocidas, esto es una condena que nos excede a nosotros, es algo para toda la sociedad.” También recordó los largos siete años que mantuvieron viva la causa y aseguró que todo ese tiempo, en el que dejaron de lado sus vidas cotidianas para trabajar en el caso, “valió la pena”.
Además de las perpetuas, el Tribunal encuadró todos esos delitos como de “lesa humanidad” y ordenó que todas las penas sean de cumplimiento efectivo en establecimientos del Servicio Penitenciario, revocando la prisión domiciliaria de la que hasta ayer gozaba Meneghini.
Patti, el único de los acusados que permanecía internado en un centro de salud, seguirá en el Instituto Fleni de Escobar hasta que se pueda hacer efectiva la prisión perpetua.
Ante la ausencia de los acusados, el auditorio estuvo repleto de familiares y miembros de organismos de Derechos Humanos. En la sala estuvieron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, acompañando a Manuel Gonçalves, uno de los nietos recuperados.
También estuvo una de las sobrevivientes de la Noche de los Lápices, Emilce Moler, quien identificó al nieto en 1995 junto al Equipo Argentino de Antropología Forense.
Además, presenciaron la audiencia Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, quien fue amigo del ex diputado de la Tendencia Peronista, Muniz Barreto. “La condena me llena de satisfacción porque se trata de un peligroso homicida, aunque haya teatralizado su estado de salud”, dijo el funcionario.
Durante años, la figura de Patti fue un ícono de la impunidad. Cuando todavía no llegaba a los 25 años ya se había convertido en un represor temible, como lo comprobaron en carne propia Muniz Barreto y Gonçalves. “Que digan que participé en la lucha contra la subversión, que digan que soy un torturador; yo no lo niego. Pero no me acusen de chorro y de corrupto”, decía Patti durante los ’90.
En el juicio de ayer, el cuarto que termina en el año, según informó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos, finalizó con esa impunidad y el ex comisario e intendente de Escobar se convirtió en uno más de los 204 condenados en el país por esos delitos.
“Patti fue uno de los íconos de la impunidad, trató de zafar con la inmunidad que le daba el cargo de diputado, pero no lo logró. Todavía falta otro ícono, Ernestina, pero con la misma fuerza de hoy vamos a llegar a ese caso”, sostuvo el abogado querellante Pablo Llonto, minutos después de la sentencia desde el escenario montado frente al auditorio

Fuente: Tiempo Argentino





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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007

Lesa humanidad: elevan a juicio oral causa contra ex oficial de Inteligencia del Ejército


Se trata de Rafael Mariano Braga. La medida fue dispuesta por el juez federal de Jujuy Carlos Olivera Pastor. Es en el marco de una investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, cometidos en perjuicio de una víctima

Fallo completo 88.2 Kb.

El juez Carlos Olivera Pastor, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, elevó a juicio oral una causa en la que se investiga al ex oficial de Inteligencia del Ejército Rafael Mariano Braga, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto.
Se trata de la causa caratulada “ALVAREZ GARCÍA, Julio Rolando s/su desaparición”, donde se investiga a Braga por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio en perjuicio de Julio Rolando Alvarez García, hechos ocurridos en 1976.
Fuente: www.cij.gov.ar

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Juicio por la Masacre de Margarita Belén
Culminaron los alegatos de la querella: “Señores jueces, hagan justicia”

Fue la demanda de Mario Bosch al cierre de su alegato, con un pedido de penas máximas para todos los imputados, prisión perpetua para los 8 militares y 25 años al policía Chas. Se solicitaron nuevas imputaciones por 7 casos de desapariciones.


Querellantes Mario Bosch y Daniel Henaín con Fiscal Jorge Auat


Tal y como estaba previsto la querella solicitó la pena de prisión perpetua para los militares Athos Gustavo Renés, Aldo Martínez Segón, Horacio Losito, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Luis Alberto Patetta, Germán Riquelme, Ernesto Simoni, y 25 años para el policía Alfredo Luís Chas.

La querella precisó las razones por las cuales los imputados deben responder en carácter de co-autores por delitos de lesa humanidad en once homicidios agravados por alevosía y cuatro desapariciones forzadas. (Cabe remarcar que la desaparición es un delito permanente, es decir que se sigue cometiendo hasta tanto no aparezca la víctima).

“Después de casi 35 años llegamos a este momento histórico. Nos toca a nosotros coyunturalmente estar acá, pero podría haber estado aquí el doctor Edwin Tissembaum, o Raúl Tierno (padre de Patricio Blas Tierno)” manifestó el querellante Mario Bosch en el final de su alegato en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Resistencia durante la mañana del jueves durante el cual rescató la participación de familiares, amigos y militantes en la realización de este juicio histórico.

El querellante afirmó que los jerarcas del terrorismo de Estado que adoptaron la escuela francesa de la tortura y desaparición forzada cometieron un error táctico: los genocidas franceses dejaron sus crímenes en Argelia, pero en Argentina los desaparecidos tenían hijos, padres, madres, hermanos y abuelos.

“Hoy estos familiares les reclaman a ustedes, señores jueces, hagan justicia. Y toda la sala irrumpió en un gran aplauso, mientras la presidenta del Tribunal Gladys Yunnes vociferaba por el recato del público bajo pena de expulsión.

La audiencia comenzó a las nueve de la mañana y se desarrolló con total tranquilidad; alegaron Mario Bosch, Daniel Domínguez Henaín, y Sergio Quiroz.

En la segunda parte de su alegato Bosch denunció los casos de detenidos desaparecidos que una alta probabilidad de haber sido asesinados en la Masacre y aportó datos e indicios que descartan de plano la veracidad de un enfrentamiento el 13 de diciembre de 1976.

Luego fue el turno de Daniel Domínguez Henaín – el otro querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación – quién completó el alegato con el marco jurídico y doctrinario para la imposición de las penas y la tipificación de las condenas.

Sergio Quiroz fue el último querellante en alegar, lo hizo en representación de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Quiroz comenzó su acusación cerca del mediodía – desarrolló el contexto histórico de la Masacre - continuará durante la mañana de este viernes conjuntamente con el alegato de los abogados Duilio Ramírez y Ataliva Dinani, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Ambos querellantes anunciaron su pedido de prisión perpetua para los imputados en el marco de un genocidio. Posiblemente el martes de la semana que viene será el turno de los alegatos del Ministerio Público, representado por los fiscales Jorge Auat, Carlos Amad, y José Benítez.

Luego será el turno de la pareja defensora Carlos Pujol – Juan Manuel Costilla y entonces sí será cuestión de que los jueces Gladys Yunnes, Eduardo Belforte y Luis Ramón Gonzáles den a conocer la sentencia.

Nuevas imputaciones por desaparicion forzada

Mario Bosch pidió nuevas imputaciones por los casos de Raúl María Cairé, Carlos Tereszecuk, Raúl Antonio Mendes, Eduardo Fernández, Delicia Fernández, Dora Noriega y Juan Ramón Vargas. Todos sufrieron el cautiverio clandestino en distintos centros de detención y fueron vistos por última vez en cercanías diciembre de 1976.

Permanecen desaparecidos desde entonces. Numerosos indicios manifiestan una alta probabilidad de que hayan sido asesinados en la Masacre de Margarita Belén. Estos nombres se suman a la lista de desaparecidos que integran, Roberto Yedro, Fernando Piérola, Julio “Bocha” Pereyra, y Reynald Zapata Soñéz.

Cairé fue visto en la Alcaidía junto con el grupo de detenidos que fueron “trasladados” el 13 de diciembre. Tereszecuk fue visto por Carlos Aranda a fines de 1976 en un estado calamitoso por las terribles torturas en la Jefatura de Policía y en la Brigada, al igual que Mendes.

El ex detenido Rodolfo Bustamente relató haber visto a Eduardo Fernández en uno de los sótanos de la Brigada, por donde también pasó Delicia Gonzáles, víctima de un trato cruel y denigrante.

Ramón Vargas fue secuestrado durante los últimos días de noviembre de 1976, su caso fue juzgado en la causa RI9, de donde fue retirado en los “pre-momentos de la Masacre” según Bosch. Dora Noriega podría ser la mujer menuda y rubia de la que se habla en varios testimonios sobre los cuerpos exhibidos en el playón del Regimiento.

El último dato cierto sobre ella es del 11 de noviembre de 1976, el día en el cual Horacio Losito la retira del centro clandestino de detención que funcionaba en el Regimiento de Infantería de Corrientes. Es la misma fecha en la cual el general Cristino Nicolaides redacta la orden de “traslado” de los detenidos que serían fusilados el 13 de diciembre.

“Existen indicios serios y suficientes para ordenar que estos hechos sean imputados e investigados en la etapa residual de la causa. No vamos a poder decir que se hizo justicia hasta que aparezcan todos los desaparecidos” afirmó Bosch.

La batalla que no fue

Terminado el pedido de nuevas imputaciones Bosch desarmó punto por punto la mentirosa teoría del “enfrentamiento” con el que se intentó camuflar la verdad histórica.

Describió la inexistencia de motivos de traslado, recordó que ya quedó probado que nunca hubo una posibilidad de motín, y que “es contrario a toda lógica el traslado desde la U7, de máxima seguridad, al presidio de Formosa, casi una colonia penitenciaria”.

Consideró “absolutamente probado el estado de total indefensión y aislamiento de los detenidos, y que “mal podían organizar una emboscada si no podían comunicarse con el exterior y eran trasladados maniatados y con extremas medidas de seguridad”.

Bosch describió que para esa fecha “la capacidad operativa de las organizaciones armadas en la región era nula” y le pareció llamativo en extremo que el Ejército realizara un traslado y hasta se permitió una ironía al relacionar la Masacre de Margarita Belén con la Masacre de Palomitas; “Es una verdadera excepción que el Ejército realice traslados de detenidos, tarea del Servicio Penitenciario Federal. En Salta ocurrió algo parecido, y también hubo una emboscada y todos los trasladados terminaron muertos…”.

Párrafo aparte merece su razonamiento sobre el grupo de militares integrantes del convoy de la muerte: “No se explica cómo puede ser que la totalidad del convoy haya sido integrado exclusivamente por oficiales. Lo habitual es que participen suboficiales y soldados. Todos eran jefes y oficiales de tres unidades de Ejército, de dos provincias, con un importante número de oficiales de Inteligencia. Esto no es otra cosa que un grupo de tareas” sentenció.

Sobre el “enfrentamiento” en sí mismo fue categórico: “Primero los militares son empujados por los detenidos políticos, estos oficiales parecieran boy scouts, iban pertrechados con fusiles de asalto pero los tumban al suelo personas esposadas”.

Luego, el papel de boy scouts es reasignado a los atacantes, siempre siguiendo el relato castrense de los hechos. “Se da una situación de fuego cruzado, y no hay un solo militar herido. Es una batalla en la que todos los muertos pertenecen a uno solo de los bandos, mientras que en el otro grupo todos terminan ilesos; un caso único en la historia bélica de la humanidad, como lo explicó el coronel Horacio Ballester durante su declaración testimonial en la causa” describió.

El marco jurídico

Luego de un cuarto intermedio Daniel Domínguez Henaín prosiguió la acusación. En poco más de una hora el querellante realizó una brillante exposición de los fundamentos doctrinarios y de la jurisprudencia que sustenta el pedido de penas de los militares y su tipificación. Henaín expresó que las víctimas fueron fusiladas sin posibilidad de defensa y cuatro de ellas fueron desaparecidas.

“Estos hechos los vamos a considerar cometidos por los imputados en calidad de co – autores de delitos de lesa humanidad” afirmó, y pasó a explicar que la intervención de cada uno de los imputados “corresponde a un plan común que a su vez forma parte de un plan de mayor amplitud y persecución sistemática de opositores políticos. Este plan culminaba con los fusilamientos”.

Acto seguido dio una lectura legista del mencionado “pacto de sangre” entre los intervinientes en la Masacre: “La participación de cada uno fue relevante y esencial, lo que permite hablar de una co autoría aditiva; todos realizaron la acción en forma conjunta”. Lo hecho de mano propia no es lo único que se les imputa porque también se les imputa lo hecho por los otros porque todos buscan el mismo hecho”.

La consecuencia procesal de este razonamiento es evidente: no importa demostrar ni saber si X mató a tal o cual detenido, o aún si no dio en el blanco.

“El acuerdo de voluntades responsabiliza a todos los intervinientes” explicó.

Para finalizar, Mario Bosch analizó la situación jurídica de Alfredo Luis Chas, (imputado como partícipe secundario, iba en el patrullero que encabezó el convoy). Siguiendo el esquema de su pre-opinante Bosch declaró que el policía “garantizó la escena” y “optimizó las condiciones de cumplimiento del plan criminal”.

Respecto de las desapariciones estimó que debería responder como co – autor, por el codominio funcional de la información sobre el destino final de los desaparecidos, “situación que debe ser mensurada en la pena” afirmó, y pasó a enumerar una serie de agravantes; la extensión del daño causado ( al ser la desaparición un delito permanente) la condición de funcionario público, la indefensión de las víctimas, y como principal factor el carácter de crimen de lesa humanidad; “agraviaron a las víctimas y a la humanidad en su conjunto” declaró.

Informe y foto: Gonzalo Torres
Comisión Provincial por la Memoria Chaco