viernes, 28 de febrero de 2014

Mardel: El jury al juez federal Pedro Hoof, empieza el 17 de marzo. El jurado rechazó las nulidades pedidas por la defensa del magistrado. La causa se inicio en el 2006



 
EL PAIS › EL PROCESO EMPIEZA EL 17 DE MARZO
El jury a Pedro Hooft

 
El juez federal de Mar del Plata Pedro Federico Hooft, suspendido en sus funciones por estar acusado de complicidad de delitos de lesa humanidad con la última dictadura cívico-militar, será sometido desde el próximo 17 de marzo a un jury –Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense– que podrá destituirlo de su cargo. Se realizará en el Salón de Audiencias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, ubicado en el primer piso del Palacio de Tribunales, en la ciudad de La Plata.
Hooft había sido suspendido en marzo del año pasado por el jurado, que también rechazó las nulidades pedidas por la defensa del magistrado. El jury ratificó en esta ocasión que “existe mérito para formar causa” por las denuncias presentadas.
El enjuiciamiento de Hooft había sido iniciado en 2006, promovido por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y por organizaciones de derechos humanos y sociales. Sin embargo, fue demorado por diversas recusaciones que hizo que el caso llegara hasta la Corte Suprema de Justicia.
Los familiares, querellantes de la causa penal y acusadores en el jury tienen como prueba principal de su culpabilidad el testimonio de Marta García de Candeloro, quien reconoció la voz del Hooft mientras estaba secuestrada en un centro clandestino de detención. La mujer señaló que le pidió ayuda, pero el funcionario judicial se la negó.
El jurado estará presidido por el ministro de la Corte Juan Carlos Hitters y oficiarán de conjueces los abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rosello, José Luis Núñez y José Miguel Nemina. También lo componen los diputados Lucía Portos, Abel Eduardo Buil y Guido Lorenzino Matta y los senadores Héctor Luis Vitale y Luciano Martini.
Fuente: Pagina 12
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El testimonio más incriminante es de la sobreviviente Marta García de Candeloro 

La Plata: Comienza el 17/3 el jury al juez Hooft, acusado de colaborar con la maquinaria del terror

 
Memoria Verdad y Justicia - Télam
Hooft: Defendido a ultranza por la "corporación", ahora enfrentará un juicio que puede destituirlo
La Plata.- El juez Federal de Mar del Plata, Pedro Federico Hooft, suspendido en sus funciones por estar acusado de participar en delitos de lesa humanidad, será juzgado desde el próximo 17 de marzo por un Jury de Enjuiciamiento que deberá determinar si lo destituye del cargo. Según informó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires las audiencias orales y públicas comenzarán ese día en la sede del Salón de Audiencias de la Suprema Corte de Justicia, en La Plata. Hooft, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en una causa que le iniciaron el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas, había sido suspendido en marzo del año pasado por el Jurado de Enjuiciamiento.
Ese jurado resolvió también por unanimidad rechazar las nulidades pedidas por la defensa del magistrado, no hacer lugar al pedido de paralización de la causa y el planteo de Hooft de ser oído en la audiencia. 

El jury contra Hooft había sido iniciado en 2006, pero fue demorado por diversas recusaciones y excepciones opuestas por el acusado, por lo que las actuaciones llegaron inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El  jurado de enjuiciamiento ratificó que "existe mérito para formar causa" por las denuncias presentadas. 

Los Familiares, acusadores en el jury y querellantes en la causa penal, consideran a Hooft partícipe de crímenes de lesa humanidad por "visitar los centros clandestinos de detención, pudiendo ser advertida su presencia por Marta García de Candeloro, quien le solicitó ayuda, y éste la ignoró". 
    
Tras esa resolución, el jurado determinó que las audiencias en las que deberá evaluar si destituye al juez federal se realizarán desde el día 17 de marzo los días lunes, martes y miércoles. 

El jurado, presidido por el titular de la Suprema Corte de Justicia, Juan carlos Hitters, está integrado también por los conjueces abogados  Héctor Ricardo Martín,  Eduardo Gustavo  López Wesselhoefft,  Atilio Ricardo Rossello, José Luis Nuñez y José Miguel Nemina. También lo componen los diputados bonaerenses Lucia Portos, Abel Buil, Guido Martín Lorenzino Matta y los senadores  Héctor Luis Vitale y Luciano Martini.

Fuente:  http://memoria.telam.com.ar
 



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Rosario: Indagatoria a represores: pruebas de cinismo



CIUDAD › INDAGATORIAS A REPRESORES
Prueba de cinismo



Durante la mañana, algunos acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura hicieron uso de su derecho a declarar en el juicio a nueve represores de la patota de Feced. El imputado que da nombre a la causa, Lucio Nast (el Ronco, en la foto), fue uno de los que habló. "Centros clandestinos eran los de las organizaciones terroristas", dijo en la audiencia. Ramón Telmo Alcides Ibarra, al que apodaban "Rommel" en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, se preocupó por la falta de un crucifijo en la sala de audiencias. "Puede ser una cuestión política, grave error", opinó el represor. Aún más lejos fue Carlos "Caramelo" Altamirano, acusado por los asesinatos de Conrado Galdame, así como los ciudadanos peruanos Rory y María Antonieta Céspedes Chuang, a quienes sindicó como integrantes de Sendero Luminoso.
La perfecta contracara del cinismo de los acusados fue la dignidad de las dos testigos víctimas que declararon por la tarde. Lelia Ferrarese --detenida ilegalmente desde 1976 hasta 1983-- y Laura Torresetti, secuestrada en mayo de 1976, no dudaron en señalar a sus verdugos. Aunque temblaban, por el dolor de revivir el cautiverio y las torturas, los identificaron sin hesitar. Ferrarese reconoció a Altamirano como uno de sus secuestradores y Torresetti pudo reconocer a Ibarra ("es el de saco verde", dijo) así como a Pedro Travagliante, alias Trava, ("el de remera a rayas").
La causa conocida como Feced II está a cargo del Tribunal Oral número 2, presidido por Noemí Berros, e integrado también por Roberto López Arango y María Ivón Bella. Además de Nast, Altamirano, Ibarra y Travagliante, están acusados Eduardo Dugour (Picha), José Lofiego (el Ciego), Ovidio Olazagoitia (el Vasco), Ernesto Vallejos (Managua), Julio Fermoselle (Darío) y Ricardo Torres. Todos por privación ilegítima de la libertad, torturas y asociación ilícita, imputaciones a las que Altamirano suma los tres homicidios.
En las indagatorias, los acusados intentaron despegarse de las acusaciones. "Niego totalmente haber participado y manifiesto que por mi preparación teológica y filosófica me designaron cumplir funciones en ceremonial", dijo Ibarra. Dugour se victimizó: "En un momento dado se me da la orden de asistir a San Nicolás, donde fui baleado por montoneros y perdieron la vida dos compañeros", expresó. Los más locuaces fueron Altamirano y Nast. "Es importante decirle al Tribunal que es imposible la figura de perseguido político", hizo su peculiar relectura Nast. En cambio, Altamirano admitió que las condiciones de detención en el SI le desagradaban: "El solo hecho de entrar al servicio, el olor a ser humano hombre o mujer, no me entraba en la cabeza como podía ser que estuvieran juntos". Fue justamente por ese desagrado que "no pernoctaba ahí, dormía en mi auto o en el casino de oficiales. Yo era jefe de brigada, estaba a disposición de cualquier tarea que me asignaran, no solo en la lucha antiterrorista", se autoincriminó ayer.
El abogado defensor particular Gonzalo Miño pidió que los imputados no estuvieran presentes en los testimonios pero el fiscal Gonzalo Stara argumentó que debían presenciarlos. Mientras Torresetti hablaba, Altamirano hizo gestos y aplaudió. La presidenta del Tribunal le advirtió que debía respetar a las víctimas.
Fuente: Rosario 12





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El ex juez federal Lona se negó a declarar ante el juez Poviña. A nueve años de la primera citacion a indagatoria




Lona se negó a declarar, pero dijo queen Salta hubo “pocos” desaparecidos 

Por Elena Corvalan

 Casi nueve años después de la primera citación a indagatoria, el ex juez federal de Salta Ricardo Lona fue finalmente indagado por el juez federal Fernando Poviña, quien lo investiga por su presunta participación en el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone y la matanza de 11 presos políticos conocida como Masacre de Palomitas, hechos cometidos en 1976. Al entrar y al salir de los tribunales federales salteños el ex magistrado ahora imputado tuvo que escuchar que familiares de las víctimas le reclamaran la verdad. Para soportar esos disgustos contó con las demostraciones de afecto de empleados y funcionarios del Poder Judicial, que se prodigaron en saludos y abrazos. Ya en la indagatoria dijo que en la provincia hubo “pocos” desaparecidos y que estos hechos “solo” se cometieron hasta 1977, una visión de la época que el fiscal federal ad hoc Juan Manuel Sivila calificó de cuanto menos “incorrecta”. Según informaron los fiscales federales Horacio Azzolín y Sivila, Lona se negó a declarar en ambas causas y, en cambio, entregó un voluminoso memorial que por su extensión todavía no había sido leído por los participantes de la indagatoria. “Tengo la sensación de que se maneja con los mismos criterios de defensa que venía sosteniendo hasta ahora: la imposibilidad de investigar de los jueces (durante la dictadura)”, estimó Azzolín, quien destacó que “lo importante” es que se haya llevado a cabo el acto de la indagatoria, “después de tantas veces que los actos se postergaban por alguna cuestión, que había planteos todos dilatorios, el doctor Poviña tiene  un criterio diferente en eso y vela por la continuidad de los procesos”, sostuvo. La indagatoria se realizó sobre el mediodía, tal como había ordenado el juez Poviña. Lona llegó a las 11,31, ingresó caminando por la entrada de la calle Deán Funes, de traje, acompañado por el defensor oficial Pablo Lhautier. Temprano el defensor oficial Oscar Tomás del Campo, que se unió a la asistencia técnica del ex juez, había intentado una nueva suspensión del trámite con el argumento (“medio dilatorio, medio falaz”, en opinión de Azzolín) de que como se había unido a la defensa recientemente, necesitaba tiempo para conocer la causa. Como cada vez que se lo requiere en la Justicia, Lona añadió otras presentaciones: planteó la nulidad de la participación de los fiscales Azzolín y Jorge Auat, este último titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, porque “son foráneos”.  “Aparentemente es (…) porque no somos de Salta”, estimó Azzolín. “Somos argentinos, no somos foráneos, (pero) parece que nos dispensa el trato de foráneos”, ironizó el fiscal. También temprano el abogado Matías Duarte, que representa a los familiares de Ragone, había pedido que Lona quedara detenido. Poviña no resolvió todavía este pedido y, al parecer, por el momento no hará lugar a esta pretensión. Lona fue citado a indagatoria por primera vez en marzo de 2005, en la causa Palomitas. Pero, como iba a suceder reiteradamente, esquivó el trámite con un recurso de último momento sacado de su bagaje de conocimientos del funcionamiento del Poder Judicial Federal. Recién en julio de 2007 fue indagado por la jueza jujeña Gladis Comas, quien lo procesó, aunque esta decisión terminó cayendo. Finalmente Lona terminó imputado como partícipe de los hechos, tanto en Ragone como Palomitas se le atribuye omisión de investigar y participación en los homicidios.  La indagatoria generó mucho movimiento en el edificio de los Tribunales. Familiares y militantes de organizaciones de derechos humanos y políticas se convocaron en la puerta, con pancartas y carteles recordando a las víctimas del terrorismo de Estado. Los jóvenes coreaban un estribillo: “Lona, Lona botón, en la cárcel de Güemes te están esperando por represor”. Unos diez minutos antes de las 13, Lona abandonó los tribunales, caminando, como había llegado. En el camino Nora Leonard, histórica dirigente de derechos humanos, lo volvió a confrontar reclamándole la verdad.

  “Le dije que nos devuelva el cuerpo, que nos diga lo que sepa” 

El nieto de Miguel Ragone, Fernando Pequeño, impulsor de la investigación del crimen del ex gobernador salteño, le reclamó ayer al ex juez Ricardo Lona que diga dónde está el cuerpo de su abuelo y los cuerpos de los más de 200 desaparecidos de Salta. El encuentro entre querellante y acusado se produjo al final del pasillo del Juzgado Federal N° 1, cuando Lona se dirigía a la Secretaría de Derechos Humanos de ese Juzgado, donde se realizó el acto de indagatoria del ex magistrado, en el marco de las causas Ragone y Palomitas, en las que está acusado de ser partícipe de 13 hechos de homicidio (por Ragone, Antonio Arredes y los 11 detenidos asesinados en la Masacre de Palomitas) y una tentativa de homicidio (por Margarita Martínez de Leal). Pequeño salió conmocionado del encuentro, no tanto por el diálogo, sino por haber sido testigo de la “devoción” que le profesaron al ex juez los empleados y funcionarios del Poder Judicial Federal de Salta. “Fue muy impresionante verlo entrar al ex juez Lona en el pasillo lateral del Juzgado Federal 1 porque absolutamente todos los empleados del Juzgado salieron a saludarlo, a abrazarlo, a besarlo, las señoras grandes con un devoción muy grande. Realmente yo no podía entender porque parece que hay un afuera del mundo donde estamos nosotros y adentro que está el Juzgado Federal donde está Lona que lo protegen y lo cuidan”, contó. “Parece ser que 30 años de noticias en los medios y demás no hacen mella para que la gente que trabaja, que trabajó con él acá, se dé cuenta lo que este hombre ha sido”, reflexionó. Pequeño esperó al ex juez para decirle devuelva el cuerpo de Ragone, que “nos diga lo que sepa”.  “¿Sos Ragone?”, le preguntó Lona y le dijo que quería hablar con él. Pequeño respondió que estaba dispuesto, que desde 2006 intentaba hablar con él: “y me dijo que nosotros no entendíamos nada, que no entendía por qué le hacíamos esto a él. A lo cual le respondí que no éramos nosotros los Ragone, sino que había toda una sociedad salteña a la que le mataron más de 200 personas que quería saber qué había pasado”. Como Lona le preguntó si había leído sus descargos en el expediente, Pequeño le retrucó que prestase atención a las declaraciones de los policías que lo implican. “Me dijo –contó Pequeño- que esos tipos no saben nada, que qué carajo saben, siendo muy despectivo realmente con todos los policías. Yo contesté que si él hablaba de la manera que ellos contaban que hablaba con ellos en los 70 podía hablar igual ahora, que por qué no iba a visitarlo a su compañero (Joaquín) Guil en su casa y le preguntaba, entonces dijo que ese Guil era un hijo de puta y si no había contado a los familiares, qué podía contarle a él”. Guil era jefe del área de Seguridad de la Policía de Salta y ya fue condenado por el secuestro y desaparición de Ragone y por Palomitas. Lona tuvo otro mal trago cuando se retiraba de los Tribunales: “Cuándo se va a hacer cargo de todo lo que ha hecho”, le recriminó Nora Leonard, hermana de Celia Leonard y cuñada de Benjamín Ávila, asesinados en Palomitas. “No me puedo hacer cargo de lo que no he hecho”,  respondió el ex juez, obviando los testimonios, como el que la histórica Coca Gallardo, que dan cuenta del juez arrojando pedidos de hábeas corpus al basurero de su despacho.

Fuente: Agencia de Noticias DDHH

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Salta Está acusado por los casos Ragone y Palomitas

Lona no declaró y presentó un escrito

 El exjuez federal de Salta se presentó al mediodía de ayer ante el juez subrogante Fernando Poviña.



LONA OBSERVA LA BANDERA QUE PORTA NORA LEONARD.
Tal como estaba previsto, ayer se presentó en el Juzgado Federal de Salta el exmagistrado de ese fuero, Ricardo Lona, para ser indagado por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone y por la masacre de Palomitas, ocurridos en 1976.

Lo hizo al mediodía ante el juez tucumano subrogante Fernando Poviña, quien se hizo cargo de estas causas impulsadas por los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Lona se abstuvo de declarar y presentó un escrito con los descargos de ambas imputaciones.

Cuando el exmagistrado ingresaba al edificio de España y Deán Funes, se encontró con Fernando Pequeño Ragone, quien le preguntó dónde está el cadáver de su abuelo. Lona le respondió que nada sabe de lo sucedido con el exgobernador secuestrado y desaparecido en marzo de 1976. A la salida del juzgado,

Nora Leonard, hermana de una de las víctimas de Palomitas, también le pidió una respuesta sobre la matanza de 11 personas en el paraje homónimo, el 6 de julio de 1976. Lona, que se desempeñaba como juez federal en esta época, le respondió en los mismos términos que a Pequeño.

El fiscal Horacio Azzolín señaló que “más allá de que Lona no haya declarado era importante que se dé este paso y ahora esperamos que el juez resuelva sobre las imputaciones en su contra”.
Fuente: El Tribuno
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Pagina 12, edición 06/06/2000

Pecado y penitencia

A 12 AÑOS DEL FUSILAMIENTO DE PABLO OUTES

Por Eduardo Tagliaferro 

En julio del ‘76 el frío era más cruel que en otros inviernos, por ese motivo la voz del director de la cárcel diciéndole a Pablo Outes que se abrigara, no resultó sospechosa. "Va a tener frío, no olvide su gorra", fueron las únicas palabras que se le escucharon decir a Braulio Pérez, un ex sargento del Ejército que dirigía el Servicio Penitenciario en la provincia de Salta. Pablo era un calvo hecho y derecho que se había afeitado la cabeza, en uno de los tantos intentos para que el pelo volviera a crecer con la fuerza de antaño. El viejo, como le decían a Pablo, era un veterano en el oficio de preso político. En 1962 siendo militante de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), fue uno de los manifestantes que repudiaron la visita de Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. El final de la protesta estaba cantado. Mientras Pablo iba en "galera", el cortesano del imperio pedía refugio en la alcoba de Magdalena Nelson de Blaquier, una aristócrata diez años mayor que el duque. 

Los largos años de resistencia peronista fueron la causa de que Pablo rompiera con el radicalismo. Luego de un par de arrestos, adhirió al Frente Revolucionario Peronista que lideraba otro comprovinciano suyo, Armando Jaime. Pablo Outes provenía de una familia tradicional, dentro de la tradicional sociedad salteña. La militancia política lo atraía con un magnetismo al que no podía ni quería resistirse. Magnetismo que lo llevó, la mayoría de las veces, a vestirse con el traje de la oposición. Lo que en la historia de los 60 y 70 es casi lo mismo que decir de los perseguidos.

Cuando el embrujado poder del peronismo sin Perón llevó a su viuda, Isabel, a la cima del gobierno, Pablo ya estaba decididamente luchando por el antiimperialismo y por el socialismo. Lo detuvieron luego de que Isabelita decretara el estado de sitio a fines de 1974 y pudo salir del país utilizando el derecho de asilo previsto en el artículo 23 de la Constitución. Venezuela era un país muy lejano para un hombre que vibraba con los vinos salteños, su familia y la lucha política. En 1975 su calva se paseaba nuevamente por Valderrama y su sombra era seguida de cerca por los parapoliciales de Joaquín Gil, aquel hombre fuerte de la policía salteña precursor de la Triple A. Acorralado, y con la certeza de que si lo detenían nuevamente su futuro sería un asesinato lento y feroz, se presentó ante el juez federal Ricardo Lona. Ese juez, que en esa época recibió gran cantidad de denuncias por torturas, desapariciones y fusilamientos, se desempeña hoy como camarista de la justicia federal salteña, merced a la complicidad del poder político local.

Ricardo Lona, envió a Pablo otra vez a la cárcel, concretamente al pabellón E del penal de Villa Las Rosas. El pabellón era una construcción relativamente nueva y sólo alojaba a los presos políticos. Luego del golpe militar las condiciones de detención cambiaron drásticamente. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, había dispuesto que aquellos presos políticos, a los que calificaba de subversivos, debían estar aislados e incomunicados. 

La noche del 6 de julio del ‘76, antes de las 21, hora en que se apagaban las luces de las celdas, una patota del Ejército comandada por un teniente de apellido Espeche, entró a cumplir una orden del comandante de la guarnición Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall. La comitiva militar marchaba acompañada por el hijo del director del penal, el oficial penitenciario Juan Carlos Alzugaray –un ex oficial de inteligencia de la Policía Federal que, más por miedo que por otra cosa, renunció a la fuerza y se alistó como carcelero–, el oficial jefe de guardia, Eduardo Carrizo y el alcaide responsable del penal, apellidado Soberón. La patota estaba formada por oficiales superiores, que no llevaban sus insignias identificatorias. De a una fueron abriendo las puertas de seis celdas. A Pablo Outes, que todavía se encontraba vestido, le dieron tiempo para tomar su gorra; al resto los sacaron desnudos y en algunos casos hasta descalzos. Todos iban resignados, salvo Rodolfo Usinger, un ingeniero rosarino que comenzó a gritarles "asesinos hijos de puta". Usinger fue uno de los pocos que intuyó el final de ese operativo. A principios del ‘76 una comunicación de la organización Montoneros había alertado sobre un posible "operativo mantel blanco", en el que los militares comenzarían a ejecutar prisioneros políticos. Usinger quizá recordó ese mensaje y por ese motivo opuso toda su resistencia. Roberto Oglietti, José Povolo, Leonardo Avila, Rodolfo Usinger, Alberto Sabransky y Pablo Outes fueron llevados a las celdas de la planta baja.

El penal quedó a oscuras y el barrio lindero a la cárcel también. Como el silencio inundó todos los rincones, el ruido de los motores del camión militar se escuchó nítidamente. Los seis detenidos del pabellón E, fueron subiendo en fila india al camión que estaba estacionado en el campo de deportes. Antes habían subido María del Carmen Alonso, Celia de Avila, Georgina Droz y Amarú Luque de Usinger. Los responsables del operativo los seguían en otro vehículo, entre ellos el hijo del director del penal, que se sumó a la comisión militar. Cuando llegaron a un cruce de la ruta a Tucumán, en la localidad de Palomitas, al sur de la ciudad de General Güemes, todos los trasladados fueron fusilados. La explicación oficial fue la habitual: hubo un intento de fuga. El hijo del director del penal había comenzado a transitar un camino sinuoso, que lo llevaría a consagrarse de verdugo y que tuvo en este fusilamiento la piedra que definitivamente lo llevaría al abismo. La matanza fue tan traumática para él que luego del fusilamiento de Palomitas no hacía otra cosa que repetir los detalles del operativo. Un grupo de tareas lo secuestró y no se supo más de él. En el pecado estuvo su penitencia, diría el antiguo cura de su pueblo. Penitencia que el responsable de esa matanza, el general Luciano Benjamín Menéndez, todavía no cumplió.


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jueves, 27 de febrero de 2014

FALLECIO EL DIRIGENTE DE DERECHOS HUMANOS JOSE FEDERICO WESTERKAMP


EL PAIS › FALLECIO EL DIRIGENTE DE DERECHOS HUMANOS JOSE FEDERICO WESTERKAMP
Científico y luchador

Fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Científico y académico, se convirtió en militante a raíz del secuestro de su hijo Gustavo.

Pipo Westerkamp fue distinguido por la Legislatura como Personalidad de la Ciencia y los Derechos Humanos.
El histórico referente en la lucha por los derechos humanos, socio fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), José Federico Westerkamp, falleció ayer, a los 96 años.
Científico y académico, se convirtió en activo militante a raíz del secuestro de su hijo Gustavo, quien estuvo detenido siete años, desde 1975, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional luego de realizar la revisación médica para el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento Patricios. Fue el primero que compiló la lista de todos los científicos presos y desaparecidos durante la dictadura y la hizo conocer a políticos dentro y fuera del país.
Pipo, como lo llamaban amigos y familiares, fue detenido político en dos oportunidades. La primera de ellas, en 1981, cuando la Junta Militar quiso descabezar el CELS (del cual formó parte hasta el último día como suplente de la comisión directiva) y detuvo también a Emilio Mignone, Augusto Conte, Cristina Caiati, Carmen Lapacó, Boris Pasik y Alfredo Galetti. La segunda vez, por denunciar al juez federal de Rawson como “corrupto e ineficiente”, cuando se denunciaban los malos tratos a los detenidos en esa localidad.
Westerkamp también contribuyó a la formación de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Su casa sirvió como recinto para las primeras reuniones del organismo, y luego hizo gestiones para recaudar fondos y conseguir una sede propia.
Entre su larga lista de actividades en defensa de los derechos humanos figuran también la fundación del Movimiento por la Vida y por la Paz (Movip), del cual fue presidente hasta la actualidad. A su vez, fue miembro honorífico de la organización sin fines de lucro Fundación Síntesis.
En lo que hace a su profesión y vida académica, Westerkamp fue además un militante del cuidado del medio ambiente y un precursor en advertir acerca de los usos de la energía nuclear. Doctor en química y física por la UBA, se le reconocen dos grandes logros científicos relacionados con el láser y con el microondas.
Estuvo casado con Angela Muruzábal, quien falleció en enero de 2012 y con quien tuvo tres hijos. En ese mismo año, la Legislatura porteña lo reconoció como Personalidad Destacada de la Ciencia y los Derechos Humanos.
A raíz de su fallecimiento, distintos organismos para los que prestó colaboración salieron a demostrar su pesar. “Lo recordaremos con profundo cariño y agradecimiento por su coraje e inestimable contribución a la lucha por los derechos humanos y la construcción del CELS”, se expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales.
El copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Miguel Monserrat, afirmó a este diario que Westerkamp fue “un valioso colaborador de la Asamblea cuando se llevaba adelante el duro enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en nuestro país”, y agregó: “Fue un intelectual que hizo su aporte a los derechos humanos para así enfrentar el clima de terror que se vivía en Argentina”, al tiempo que aseguró que brindarán el debido homenaje próximamente.
Por su parte, la presidente de la Fundación Síntesis, Elena Chautemps, definió a Westerkamp como “un amante de la vida”. “Nos acompañó desde 1996 como miembro honorífico junto a su esposa Angela, iba a cualquier acto que se realizara en las escuelas, en cualquier horario, siempre estaba dispuesto a defender al que necesitara ser defendido”, remarcó Chautemps.
Sus restos se velaron en la iglesia Santa Cruz, ubicada en Urquiza y Estados Unidos. Serán trasladados al Cementerio de la Chacarita hoy a las 10.30.
Fuente: Pagina 12
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Juicio Contraofensiva: Detienen al militar Jorge Apa, ex jefe de inteligencia de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejercito Argentino





27.02.2014 | jorge norberto apa, ex jefe de inteligencia
Detienen a otro ex militar en la causa de la Contraofensiva

La jueza federal Alicia Vence ordenó detener ayer al militar retirado Jorge Norberto Apa, en el marco de la causa Contraofensiva Montonera, donde se investiga a 13 oficiales y suboficiales de la inteligencia castrense por 85 desapariciones y 20 secuestros cometidos por el Terrorismo de Estado.


Por: 
Franco Mizrahi

 Apa, quien revistó como jefe de la división inteligencia "Subversiva Terrorista" del departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército Argentino entre 1979 y 1980, se transformó así en el quinto apresado del caso. No obstante, se retiró caminando del juzgado.
Junto a Apa, también estaba citado Carlos Blas Casuccio, quien revistó en el Segundo Jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares entre 1979 y 1980, pero no se presentó porque está viviendo en Mar del Plata y alegó problemas de salud para trasladarse.
Apa ingresó ayer por la mañana a los Tribunales de San Martín para prestar declaración indagatoria acompañado de los abogados Gerardo Ibáñez, conocido defensor de genocidas –participa en el juicio ESMA y Vesubio, por ejemplo–, y María Laura Olea, ex secretaria de la Cámara de Casación Penal. La ex funcionaria judicial conoció los Juicios por la Verdad de cerca: ejerció la defensa legal de su padre, el general de brigada retirado Enrique Braulio Olea, condenado en 2008 a 25 años de prisión junto a otros siete represores que cumplieron funciones en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Asesorado, Apa solicitó ayer la prisión domiciliaria. Al cierre de esta edición la justicia no se la había concedido.
La solicitud no fue azarosa. En la causa ya fueron detenidos –previa declaración indagatoria–: Ricardo Pianta (ex jefe del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín), quien fue Jefe del Departamento Operaciones del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares en dictadura; Raúl Muñoz (ex intendente interventor de Florencio Varela desde el golpe de Estado), quien actuó como Jefe del Departamento Personal del Estado Mayor de aquella dependencia entre 1980 y 1982, acusado por 47 delitos de lesa humanidad; Carlos Alfredo Carpani Costa, quien también revistó en el mismo organismo como jefe del departamento de Inteligencia entre 1979 y 1980, y está involucrado en 90 casos. Y Roberto Dambrosi, quien revistó como jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601 entre 1979 y 1980, imputado por 89 hechos. Tras las indagatorias, la jueza tiene diez días hábiles para determinar el procesamiento de los imputados. Por lo pronto, a todos les concedieron la prisión domiciliaria porque "superan los 70 años de edad y presentaron supuestos problemas de salud", explicaron fuentes judiciales.
Fuente: Tiempo Argentino


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Identifican a una desaparecida santiagueña en Pozo de Vargas Los restos pertenecen a Gloria Susana Figueroa, desaparecida en junio de 1976, cuando tenía 19 años y estudiaba abogacía.





Publicado el 27/02/2014 - El Juzgado Federal de Tucumán envió una notificación a la familia comunicando el hallazgo de los restos y la identificación de los mismos como Gloria Susana Figueroa, una joven santiagueña que a sus 19 años fue víctima de la dictadura militar cuando cursaba la carrera de abogacía en Tucumán. Ella vivía junto a tres compañeras en una pensión de la calle Piedras. 
Sus hermanos, Raúl Enrique y Ana María expresaron sus sensaciones ante las cámaras de Noticiero 7 por la identificación de los restos de Gloria. Raúl manifestó: ‘Es un triunfo de la verdad y poco a poco de la justicia, porque se vence el silencio, la oscuridad y el ocultamiento. Empieza a aparecer la verdad y va tomando fuerza con el tiempo’. 
A su turno, Ana María, visiblemente emocionada dijo: ‘Yo tenía fe en que la iba a encontrar, dónde, no lo sabía, pero tenía fe de que la íbamos a hallar...’, luego se quebró y retomó el diálogo su hermano: ‘Ella es la que más ha luchado para encontrarla, y esto la golpea más porque en cierta manera es como coronar sus esfuerzos’. 
Tanto Ana María como Raúl esperan que el caso de sus hermanos sea incluido en algunas de las megacausas que se encuentran aún abiertas y en proceso: ‘Esperamos conservar estos fragmentos y esperar que continúen los trabajos y en un tiempo breve podamos recuperar los demás restos, y en ese caso llegar a una sepultura. La verdad nos da fuerza para seguir luchando’.

La Rioja. Causa Angelelli: Repudian amenazas realizadas por un funcionario público al testigo Juan “Alilo” Ortiz



Los querellantes Marilé Coseano Angelelli, sobrina del obispo asesinado en La Rioja, y Luis Miguel Baronetto, por Centro Tiempo Latinoamericano (CTL), repudiaron la actitud intimidatoria del funcionario Marcelo Daniel del Moral, Ministro de Desarrollo Social de esa provincia, quien le dijo al testigo vía mensaje de texto: “no hablés de mi padre”.

Tras la audiencia realizada el viernes 21 de febrero, el testigo Juan Aurelio “Alilo” Ortiz, expuso ante el Tribunal la intimidación recibida en la pantalla de su celular.

-Tenía un concepto de Ud., de los muertos no se habla- decía el mensaje, hasta ese momento desconocido

- ¿Quién sos, a qué te referís?- preguntó Ortiz

-Soy Marcelo Daniel del Moral, no hablés de mi padre- respondió el actual Ministro de Desarrollo Social de La Rioja y ex Intendente del Departamento Castro Barros, en cuya jurisdicción se encuentran Aminga y Anillaco, lugares emblemáticos de la acción pastoral del obispo y de la furia de los dueños de la tierra.

El padre del funcionario, Fanor del Moral, participó precisamente de actos agresivos contra el religioso. En 1972, junto a otros terratenientes arremetieron violentamente -en Aminga- contra la casa de las religiosas de la Asunción y la sede de la cooperativa de trabajo CODETRAL; y en 1973, en Anillaco, apedrearon a Angelelli y sus feligreses. “La respuesta pastoral fue la sanción canónica a los instigadores de la agresión, entre los que se encontraba el padre del autor de las amenazas”, afirman.

Los querellantes habían advertido que la realización del juicio que investiga el asesinato de Enrique Angelelli tras 37 años de impunidad iba a ser “difícil y molesto especialmente para ciertos sectores que constituyen resabios del feudalismo riojano y aún ocupan importantes espacios de poder en las instituciones oficiales y privadas de la sociedad riojana. Lo repetimos ante el propio Tribunal cuando nos tocó testimoniar en el juicio a fines del año pasado”, manifiesta el texto.

Y agrega: “Desde la soberbia del poder feudal que sigue confiando en las redes de la impunidad, seguramente no será el único que se animará a intimidar a quienes van testimoniando en este juicio que pretende reparar una deuda histórica con la memoria riojana”.

Finalmente los querellantes de la familia y de CTL reclaman que el Tribunal tome las medidas correspondientes para asegurar la integridad de los testigos para que la “verdad salga a la luz”. Y le pide a los jueces que “sin que les tiemble la mano apliquen el rigor de la ley” para con los que quieren atrasar el reloj de una sociedad que hace treinta años eligió consolidar un camino democrático.

El juicio que comenzó el año pasado se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja integrado por los jueces José Camilo Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón. Los imputados son Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella quienes deben responder por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y asociación ilícita agravada.





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Derechos Humanos Jujuy: la ausencia del abogado defensor postergó la audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad


Derechos Humanos
Jujuy: la ausencia del abogado defensor postergó la audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad

La audiencia del segundo juicio de lesa humanidad que tiene como imputados a un oficial y un suboficial del Ejército y a otros cuatro guardiacárceles, acusados de secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura cívico-militar, pasó para el jueves de la semana próxima.

Fátima Ruiz López, titular del Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy, informó a los fiscales, querellantes y defensores, la ausencia justificada de uno de los abogados defensores, por lo que resolvió la postergación hasta la semana venidera.

Comunicó también que el cuerpo recibió "pruebas ambientales y de antecedentes " de los imputados Carlos Alberto Ortiz y César Darío Díaz.

Los imputados en el proceso son el ex oficial de Ejército, Antonio Orlando Vargas; ex suboficial de Ejército César Darío Díaz y los ex penitenciarios Herminio Zárate, Mario Marcelo Gutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando Ricardo Ortiz.

La semana pasada el Tribunal hizo lugar a un pedido de los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc, Pablo Pelazzo, de ampliación de las imputaciones.

Vargas quedó imputado ahora por homicidio doblemente calificado y el resto de los represores como partícipes necesarios del mismo hecho, además de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, como partícipes necesarios, entre otros cargos.

Las víctimas son Dominga Alvarez de Surta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzón, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur, detenidos desde fines de mayo de 1976 hasta el 10 de junio del mismo año en el principal centro clandestino de detención del Penal de barrio Gorriti.

Todo el grupo fue entregado por los penitenciarios al temible comisario Ernesto Jaig y al suboficial de Ejército Díaz el 10 de junio, según consta en libros del Penal, fecha desde la que están desaparecidos.

El único cuerpo que fue recuperado es el de Dominga Álvarez de Scurta, enterrado como NN en el cementerio de la localidad de Yala e identificado por sus familiares y un morguero del Hospital "Pablo Soria".

"Con la ampliación de las imputaciones tenemos la certeza que hay pruebas suficientes para que los acusados tengan una sanción ejemplar", expresó a Télam Ariel Ruarte, abogado querellante por la familia de Álvarez de Scurta.
Fuente: Telam

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Se suspendió la audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad

Por motivos personales de uno de los abogados defensores se suspendieron las audiencias de hoy y de mañana del segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy. El Tribunal Oral Federal Nº 1 decidió que el proceso se reanude el jueves de la semana que viene. 
Carlos Rodríguez Vega, defensor de dos de los exguardicárceles acusados, los hermanos Carlos y Orlando Ricardo Ortiz, debió viajar a Buenos Aires por problemas personales.
 Además de los Ortiz, los otros procesados son el exinterventor de la cárcel jujeña, Antonio Orlando Vargas; el exsuboficial del Ejército César Darío Díaz, y los expenitenciarios Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez.
 En la audiencia de hoy debían dar testimonio tres exmiembros del Servicio Penitenciario, ofrecidos por las defensas de los represores, mientras que para mañana también estaba previsto que decalararan otros tres excarceleros. Las seis declaraciones pasan ahora para la semana próxima. 
 El juicio está transitando sus últimas etapas. De hecho, las declaraciones pendientes se realizan en el contexto de la ampliación de delitos a los represores, que fue pedida por la fiscalía y las querellas y aceptada por el Tribunal, que preside Fátima Ruiz.
 En este juicio se esta develando que sucedió con el secuestro y asesinato de Dominga Álvarez de Scurta, y las desapariciones de Osvaldo José Giribaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torrez y Jorge Turk Llapur.
 Las víctimas fueron secuestradas a fines de mayo de 1976 y alojadas en el centro clandestino de detención más grande de la provincia, la cárcel provincial, ubicada en el barrio Gorriti de esta capital.
 Fueron sacadas, el 10 de junio de ese mismo año, y entregadas al comisario represor Ernesto Jaig y al suboficial César Darío Díaz, hecho que fue registrado en el libro interno del penal, y en testimonios de algunos testigos.
Fuente: http://www.elsubmarinojujuy.com.ar

Mendoza: Piden investigar medico que emitió certificados para que acusados no presencien el debate. Era agente de la D2 en la dictadura



Delitos de lesa humanidad
Piden investigar a un médico que emitió certificados para que dos acusados no presencien el debate

Se trata de los imputados Luis Alberto Rodríguez y Armando Osvaldo Fernández. El nombre del profesional de la salud está registrado como si hubiera trabajado en el centro clandestino de detención D2.
El tribunal aún no resolvió el pedido de auto defensa de Romano. Ampliar foto
El tribunal aún no resolvió el pedido de auto defensa de Romano. Foto:Noelia Guzmán

Por: Sebastián Salas sebastian.salas@elsol.com.ar
El megajuicio por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar continúa cumpliendo la parte formal del proceso para darle lugar a la etapa testimonial. Pese a esto, algunos pormenores cotidianos han sido noticias en los últimos días y este martes no fue la excepción. La querella pidió investigar a un médico que certificó que dos imputados padecían problemas de salud, ya que habría pertenecido a un centro clandestino de detención.

El tribunal se disponía a continuar con la lectura de las acusaciones, pero desde la querella solicitaron leer un escrito firmado por la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda –no estaba en la sala de debate porque se encuentra en Buenos Aires-.
En la epistolar, la funcionaria solicitó que se investigue al profesional de la salud que certificó los problemas por los cuales los acusados Luis Alberto Rodríguez Vázquez y Armando Osvaldo Fernández Miranda, ambos ex integrantes de las fuerzas policiales, no pueden estar presentes en las audiencias.
Sucede que el médico tiene el mismo nombre de otro doctor que trabajó en el centro clandestino de detención D2 durante la última dictadura militar y eso da a lugar a posibles presunciones sobre la falsedad de las dolencias físicas que padecen.
En caso que se compruebe que se trata de la misma persona, es probable que los magistrados citen a declarar al médico para que dé explicaciones sobre el estado de salud de los acusados, manifestaron fuentes judiciales.
En tanto que la jornada continuó con la lectura de las acusaciones, entre las que se destacaron las que involucran a los ex magistrados juzgados Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo.
El debate continuará el 10 de marzo y se espera que comiencen a tomarse las declaraciones testimoniales de las distintas causas y que el tribunal resuelva el pedido de auto defensa por parte de Otilio Romano
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Y sin embargo se mueve

25 DE FEBRERO 2014, Por: Sebastián Moro

 Y sin embargo se mueve 
El abogado Bernando Calderón, indicó que Romano conoce mejor que él la causa. Fotos Axel Lloret
La segunda semana del megajuicio por delitos de lesa humanidad comenzó con importantes novedades respecto de los imputados. Permitió que el fiscal Dante Vega resumiera los hechos y acusaciones de causas emblemáticas, como la caída grupal de abril de 1977 contra militantes montoneros, y la de las desapariciones de Laura Terrera y Alfredo Manrique junto a la supresión de identidad de Celina Rebeca, hija de ambos. También se evidenció la impunidad con la que se desenvuelven aún los exfuncionarios federales: Otilio Romano presionó al Tribunal por su autodefensa y se confirmó el apartamiento de Gabriel Guzzo, exjuez acusado de 107 violaciones a los derechos humanos.

Tras una semana de iniciado el megajuicio, pudieron finalmente conocerse las esperadas resoluciones que el Tribunal Oral Federal comunicó a las partes, el público y la prensa. Primero se realizó la identificación de los ocho imputados faltantes, con tres de ellos autorizados por sus condiciones de salud a no asistir al debate hasta tanto el TOF 1 pudiera constatar nuevamente sus posibilidades de comparecencia. Ellos son el expolicía Luis Alberto Rodríguez Vásquez, condenado en el segundo juicio por delitos de lesa Humanidad en Mendoza; el exagente de inteligencia del D2 Armando Osvaldo Fernández Miranda, condenado a prisión perpetua en el tercer juicio, y Juan Agustín Oyarzábal, con perpetuas por ambos procesos. A su vez, el expolicía José Antonio Lorenzo se presentó voluntariamente, tras encontrarse en situación de prófugo desde la semana anterior. Alejandro Piña, el presidente del Tribunal, le comunicó que quedaba detenido en virtud de la orden de captura previa. Su lugar de prófugo lo ocupa ahora otro expolicía, Francisco Alberto López Rodríguez, según reconoció el magistrado.
También quedaron aclarados cuatro apartamientos previos al inicio del proceso, en una muestra representativa de la totalidad de los imputados: Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército; el exjuez federal Gabriel Francisco Guzzo y los exmilitares Enrique Gómez Sáa y Roberto Montes Salvarredi. Mientras que los tres últimos quedan apartados por razones de salud, en Menéndez concurren problemas de agenda, ya que rinde cuentas por otros crímenes en otras provincias: los lunes en la Rioja y de martes a jueves en el megajuicio de La Perla, Córdoba.
Los exámenes médicos que el 12 y 13 de febrero realizó a los imputados el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, derivaron además en los apartamientos provisorios de tres expolicías: Alfredo Castro Videla, Timoteo Rosales Amaya y Aldo Patrocinio Bruno Pérez, exjefe del D2, con cadena perpetua. Los dictámenes de las pericias dan cuenta de que, por su avanzadas edades, se encuentran con sus facultades psíquico-físicas deterioradas. Esto afecta la comprensión y el alcance para dimensionar los procesos en su contra y, por tanto, quedan suspendidos y en prisión domiciliaria, con la obligación de sus defensores de remitir análisis médicos mensuales al Tribunal. 

De botas y zapatos
“El que avisa no traiciona”. Así se dirigió a los magistrados el abogado Bernardo Calderón, representante particular de Otilio Romano, una vez que concluyó la identificación de los representantes de las partes, causa por causa, con sus respectivos acusados. Se trató de un nuevo ardid dilatorio y de un intento de presión sobre el Tribunal de parte de quien, al final de la primera audiencia, fue el más exultante de los “profesionales” al celebrar la bravata que Romano y sus colegas, con apoyo de sus familiares, efectuaron de manera provocativa al vitorearse como “héroes”. Ayer Calderón apeló a la victimización y la extorsión:
“Cuando asumí el convenio, lo hice con la convicción de que mi representado ejercería su autodefensa, es decir, una defensa compartida. Además, el doctor Romano no puede ser cuestionado en su conocimiento del derecho penal en general y de esta causa en particular. Si el doctor Romano no fuera aceptado en su defensa no puedo asumir, porque él sabe más que yo, mucho más que yo. Y también porque se trata de una cuestión económica: este es un juicio millonario, los gastos son millonarios, los sueldos (no el mío, desgraciadamente) para algunas de las partes son millonarios, y además es una cuestión muy onerosa para nuestros representados”.

La provocación, la agresión directa a los fiscales y representantes de las querellas, y la apelación al tiempo y al dinero por parte de Calderón derivaron en una manifestación por parte de una de las víctimas de la justicia federal durante el terrorismo de Estado, presente en la audiencia. Dora Goldfarb fue jueza y, tras el golpe de Estado, debió exiliarse junto a su esposo, el entonces periodista de diario Los Andes Pedro Tránsito Lucero y sus hijas. Previamente, Lucero permaneció detenido en el Liceo Militar y la Penitenciaría Provincial, mientras que Miret rechazaba sitemáticamente las denuncias que Dora presentaba. Notoriamente afectada, Goldfarb clamó: “Acá está mi hija Gabriela, ella tenía un mes y me la quitaron, ella fue secuestrada y encerrada”. Su padre, quien falleció el pasado fin de semana, aportó un recordado testimonio en el segundo juicio de Mendoza. 
La solicitud de autodefensa de Romano tiene un antecedente muy próximo, aunque de dudosos beneficios para el interesado: el 28 de abril de 2011, en una audiencia especial convocada en Tribunales Federales, a pocos meses de su destitución como juez federal, Luis Francisco Miret, victimizándose y despreciando por completo al proceso judicial, procedió a su propia defensa a pesar de contar con dos defensores oficiales, a quienes no dejó meter bocado. Allí se trataron las apelaciones que los excamaristas presentaron de la Causa “Fiscal contra Guzzo”, que originalmente integra las denuncias sobre el accionar de los funcionarios durante la dictadura. 
Durante casi dos horas, Miret apeló a una batería de citas y disparatadas interpretaciones del derecho con el fin de, al menos, dilatar los procesos en contra de él y de sus colegas. Entre adscripciones a la teoría de los dos demonios, menciones a “pecadillos que entonces se pudieran haber cometido” y a “postergaciones, no omisiones, en las investigaciones”, y la reculpabilización de las víctimas, Miret, hablando de sí mismo en tercera persona, dijo entonces:
“Ha llevado a Miret horas de reflexión el establecer por qué hombres de derecho y bien intencionados lo han juzgado con anacronismos. Al quejarse de los magistrados actuantes, no se ponían en su lugar al momento de los hechos, tan distinto del actual. Encuentra Miret una situación irremediable: los que hoy lo juzgan no vivieron como adultos lo que ocurrió en 1975 y 1976. Pudo haber excesos en la represión, pero esos hechos deben ser juzgados en razón del tiempo, circunstancias y lugar en que ocurrieron. Yo soy yo y mis circunstancias, y el yo está tan metido en las circunstancias que lo rodean que esas circunstancias lo limitan. Tanto que esos hechos condicionan, abdicionan, limitan al sujeto. Está preso, tan preso que no es libre del todo. Su libre arbitrio es relativo. Existe la aplicación de una ideología visible en quienes acusan a Romano y Miret utilizando algunos derechos humanos para destacar la violación de esos derechos. La ideologización del discurso de las víctimas de la represión es aceptable aunque no se digan exterroristas subversivos. Todo queda escrito. Para juzgarme, quien quiera ser justo, debe ponerse en mis zapatos”.

Abril del 77: la violencia de las horas
El fiscal Dante Vega realizó la presentación resumida de los hechos por los cuales se encuentra imputado Paulino Enrique Furió, exjefe militar ya condenado por otros delitos de lesa humanidad. Las acusaciones llegaron oralmente, también, respecto de otros imputados presentes en la sala, todos expolicías. Tres de las cuatro causas informadas abarcan lo que se conoce como “Operativo de abril de 1977”, efectuado entre los días 4 y 10 de ese mes por la Fuerza Aérea, la Policía Provincial y el Ejército en distintas localidades del Gran Mendoza. El objetivo era el secuestro de militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros considerados “subversivos residuales”, pues el aparato represor no había podido dar con ellos. El factor común de esta caída grupal fue la persecución previa por motivos políticos. Explicó el fiscal:
“Gisela Tenembaun y Ana María Moral se refugiaron en San Juan con sus respectivas parejas, Alfredo Escamez y Roque Moyano, hasta que estos fueron detectados y secuestrados a fines de 1976. Ambos permanecen desaparecidos. Las mujeres regresaron a Mendoza. Si bien el caso de Moral no es objeto de análisis en esta causa, los hechos que terminan con su homicidio tienen estrecha vinculación con los del resto de los casos. Las víctimas de este grupo venían huyendo de la feroz represión en otros puntos del país, como Miguel Julio Pacheco y Luis César López Muntaner, que provenían de La Plata, y el matrimonio de Jorge Alberto José y María del Carmen Laudani, provenientes de Mar del Plata, quienes tampoco forman parte de este debate pero fueron reseñados en requisitoria. Jorge Albino Pérez, Gloria Fonseca, Elvira Orfila Benítez, Billy Lee Hunt y Juan Manuel Montesino eran buscados por su pertenencia ideológica y vivían en la clandestinidad. Pedro Ulderico Ponce, Emiliano Pérez, Manuel Alberto Gutiérrez y María Eva Fernández, militantes de la Juventud Peronista, también fueron secuestrados y desaparecidos por sus vinculaciones con los primeros. Fueron quince personas ultimadas en un lapso de seis días. Solo un trabajo de inteligencia, reflexión y seguimiento sobre las víctimas explica la dimensión del Operativo”.
Pedro Ulderico Ponce era perseguido desde 1974, sindicado por el entonces fiscal Miret como militante de la JP. Ponce trabajaba en la Biblioteca San Martín y el 4 de abril del 77, entre las 11.30 y las 12.00, solicitó permiso para realizar trámites personales en Obras Sanitarias. En la vereda, con un compañero, fue obligado por un grupo de civiles a subir a un furgón donde había una persona uniformada.
Manuel Alberto Gutiérrez y María Eva Fernández de Gutiérrez estaban casados. Él, de 23 años, trabajaba en Coca-Cola; ella, de 24 años, era maestra. La hija de ambos tenía 5 años. Vivían en la calle doctor Moreno 2266, de Las Heras, donde provisoriamente acogían a Juan Manuel Montesino. Eva fue secuestrada en la vía pública el 9 de abril. A las 9 dejó a su hija con un vecino y salió por una diligencia. A las dos horas, civiles que manifestaron ser policías interrogaron a los vecinos por la niña y por las llaves del departamento. Sumaron más hombres al operativo, que se movilizaban en vehículos que cercaban la cuadra. Despejaron el área. A las 13.30 llegó Manuel. Tres vehículos frenaron y la patota lo apuntó en tanto le quitaban su bolso, y se lo llevaron en un auto. Al menos seis efectivos se quedaron en la casa y sus alrededores, en lo que se conoce como ´ratonera´. La niña permaneció con el vecino Patricio Dardo Castillo hasta que sus abuelos la buscaron.
Montesino, de 26 años, estaba clandestino. En noviembre de 1976, Antonio Bonoso Pérez, su compañero de militancia, había sido secuestrado del último domicilio fijado por Montesino. Este trasladó a su familia a General Alvear, en tanto que él se quedó en la ciudad. En el sur detuvieron a su hija y a su compañera, Hilda Núñez, prisionera en el D2 y en la Penitenciaría, y sometida a Consejo de Guerra. Hacia la medianoche del 9 de abril, Juan Manuel arribó al domicilio de los Gutiérrez. Fue interrogado, golpeado y arrastrado hasta la calle, donde por 70 metros escapó de sus captores hasta la esquina de una farmacia. Allí fue baleado y posteriormente depositado en una camioneta policial.

Además de Furió y del entonces vicecomodoro y jefe de la Policía de Mendoza, Alcides Paris Francisca, acusados en los tres hechos por privación de la libertad y de homicidio, están señalados por encubrimiento y asociación ilícita tres expolicías. Se trata de responsables que actuaron ese día en la comisaría 16, seccional claramente involucrada en estos hechos y en otros relacionados con el accionar represivo del D2. Juan Carlos Ponce Ochoa, que provenía del D2, era el subcomisario; Héctor Rubén Camargo, el oficial de inteligencia; y Miguel Ángel Ponce Carreras, el conductor del vehículo “Oscar 47”, que registró varias salidas al lugar de los hechos. Es relevante considerar que la 16 está considerada como centro de torturas y detención bajo jurisdicción de la 4.ª Brigada Aérea.
La de la cordobesa Gloria Fonseca y del alvearense Jorge Albino Pérez era una pareja de militantes montoneros que en 1975 escaparon hacia Mendoza por la represión en Córdoba. Tras varios domicilios pasajeros, recalaron en la casa de Emiliano Pérez, tío de Jorge. Tío y sobrino fueron secuestrados el 6 de abril en ese domicilio. En paralelo se produjeron otros operativos, en casa de Albino, el padre de Jorge, y de una vecina de Emiliano. En todos hubo daños y robos, vigilancia previa y participación del Ejército y la Fuerza Aérea. Isabel Guinchul, la esposa de Emiliano, comenzó las denuncias y fue constantemente hostigada por miembros de esas fuerzas, al igual que el resto de la familia Pérez. Gloria Fonseca, que retornaba el 9 de abril de Córdoba, fue interceptada por dos civiles en cuanto arribó a la Terminal y desde entonces se desconoce su paradero. 
Semanas antes, Pérez y Fonseca habían concurrido a una fiesta de compromiso junto a una amiga, Elvira Orfila Benítez. El novio era un oficial de Aeronáutica; entre los invitados estaba Armando Olimpo Carelli, agente de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Las fotos fueron abundantes. Inmediatamente ocurrida la serie de secuestros, el entorno del grupo dirigió sus sospechas a ese momento, donde las víctimas habrían sido detectadas. Benítez, proveniente con su hija desde San Juan, fue secuestrada el 7 de abril de la casa de Julio “El Lobo” Pacheco. Pacheco pertenecía a la Juventud Peronista de La Plata, y junto a su compañero Luis César López Muntaner, y su esposa embarazada, Nora Otín, llegaron a Mendoza escapando de la represión. 
El 7 de abril, Pacheco salió de madrugada rumbo a su trabajo en una constructora en Godoy Cruz; desde entonces está desaparecido. Otín regresó a la casa el mediodía. Allí fue sorprendida por un grupo caracterizado que la llevó a un lugar desconocido, donde le gatillaron en varias oportunidades y robaron su sueldo, hasta que horas después fue liberada y decidió escapar hacia General Alvear. Allí supo que su casa había sido saqueada, que Elvira había sido secuestrada y que Victoria, su hija, había sido restituida anónimamente a sus abuelos.
Marta Marcucci también estaba embarazada y vivía con Luis López Muntaner en La Plata hasta que, en diciembre de 1976, Francisco, el hermano de César, fue secuestrado y desaparecido en la conocida “Noche de los lápices”, lo cual determinó sus escapes a nuestra provincia. El 8 de abril fue secuestrado Luis y Marta recaló en Alvear, donde el 13 de abril fue madre, el mismo día que Nora Otín. El cadáver sin identificación de su compañero habría sido remitido el 10 de abril a la morgue judicial junto al de Ana María Moral, tras un operativo en las inmediaciones de la iglesia de Fátima y el hospital del Carmen.
Gisela Tenembaun estudiaba Letras en la UNCUYO y Ana Moral cursaba en la UTN. Dada la persecución a Montoneros, en 1976 huyeron a San Juan, de donde volvieron tras las desapariciones de sus compañeros. Ambas tenían pedido de captura librado en febrero de 1977 por la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Regresaron a la casa de calle Italia, de Godoy Cruz, junto a Juan José Galamba. El 8 de abril, Moral fue ejecutada y Tenembaun, desaparecida. Un expediente de la justicia militar consta que la VIII Brigada hizo una prevención sumaria en la que consta que ese día a las 20.00, en las proximidades de la capilla de Fátima, se ordenó la identificación de dos personas, “un masculino y un femenino que huyeron abriendo fuego contra los efectivos”; que la mujer fue gravemente herida y se ocultó en la iglesia, fue desarmada por el cura párroco y falleció posteriormente; que “el delincuente subversivo primero logró huir pero finalmente fue abatido”. Está probado que el hombre que logró huir no era López Muntaner sino Galamba, quien le narró los hechos a Helga Markstein, mamá de Gisela.
Según esa versión, “Gisela y Ana María salieron de una reunión de Montoneros en Las Heras, a la que llegó la policía y escaparon en direcciones distintas. Moral busca refugio en la capilla donde es señalada en la sacristía. Se presentó un grupo de uniformados de civil y disfrazados como hippies que la condujeron y sentaron en la vereda donde un militar puso un pie sobre su pecho y apuntó a su frente. El impacto de bala en su abdomen no paraba de sangrar y se la llevaron. El 4 de mayo de 1977 fueron inhumados sus restos en el cementerio de Capital y luego entregados a su familia. No hay constancia de quién es el cuerpo del otro NN en la morgue, sólo que no se trata ni de Galamba ni de López Muntaner. Los padres de Gisela, que tenían acordada una cita con ella al día siguiente, se enteraron de la agresión a Ana María por la televisión. No volvieron a ver a su hija.
Billy Lee Hunt nació en Estados Unidos en 1948. A Los cinco años se radicó en Argentina junto a su madre y su hermana Evie. Era estudiante de periodismo, presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Periodismo y militante montonero. Tenía dos pedidos de captura y son precisas las pruebas de que se encontraba “fichado”. Los primeros días de abril fue saqueado el departamento donde lo alojaba Rafael Bonino. El día 8 salió del domicilio de su novia María Laura Cremaschi, quien advirtió su ausencia y comunicó a la familia.
María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José también eran oriundos de La Plata y se habían instalado en una casa en San José, donde funcionaba una imprenta de Montoneros. El 10 de abril fueron violentados en un gran operativo con tiroteos, sujetos camuflados, policías, militares y despliegue vehicular. Un oficio del expediente labrado por el Juzgado de Instrucción Militar, revela que, bajo nombres falsos, sus cadáveres fueron remitidos esa noche a la morgue. La necropsia posterior confirmó los hechos: ella fue baleada en la frente; él, en su sien. La prueba del guantelete que determina el uso de pólvora resultó negativa para ambas víctimas. Sus restos finalmente fueron inhumados y recuperados por las familias. De esta manera, Furió acumula acusaciones por 10 privaciones ilegítimas de la libertad, ocho homicidios, una aplicación de tormentos y dos robos, todos delitos agravados.
Fuente: http://www.edicionuncuyo.com/y-sin-embargo-se-mueve


Mas info:

www.juiciosmendoza.blogspot.com




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miércoles, 26 de febrero de 2014

Fiscal Azzolin pide revocar la detención domiciliaria de Ana M. Grimaldos ( esposa del marino profugo Jorge Vildoza) acusada de la sustracción de Javier Gonzalo Peinino Viñas





Estuvo 24 años prófuga hasta su captura en 2012
Piden revocar la detención domiciliaria a una imputada por la apropiación de un niño


El fiscal Horacio Azzolín requirió exámenes médicos para Ana María Grimaldós, acusada de la sustracción de Javier Gonzalo Penino Viñas y de la falsificación de sus documentos. Pidió que, si está en condiciones físicas y psíquicas, sea traslada a un penal. Fundó la solicitud en la proximidad del debate oral y en la "actitud esquiva" de la imputada.
El fiscal Horacio Azzolin solicitó informes médicos y la revocatoria de la detención domiciliaria de Ana María Grimaldos, quien está imputada junto a su esposo, el ex marino prófugo Jorge Raúl Vildoza, de la sustracción, retención y ocultamiento del niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y de la falsificación de los documentos destinados a acreditar su identidad. La víctima es hijo de los desaparecidos Hugo Penino y Cecilia Viñas.
Azzolín presentó su pedido ante el tribunal Oral Federal N°4, integrado por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Nestor Guillermo Costabel y Leopoldo Oscar Bruglia, quienes deben juzgar próximamente a la imputada en el marco de un debate oral y público.
El pedido de la fiscalía al tribunal es para que se encomiende al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional que practique a Grimaldos "amplios y exhaustivos exámenes de estado de salud" para corroborar si aún necesita continuar con un tratamiento de rehabilitación kinesiológica de su cadera, lo cual le permitió acceder oportunamente al beneficio de la prisión domiciliaria.
Azzolín remarcó en su escrito que la solicitud responde a que "ha vencido el plazo establecido por el Hospital Italiano" para realizar tal tratamiento y requirió que los médicos forenses se pronuncien en su peritaje sobre si la atención médica que requiera la imputada "puede ser gestionada por la autoridad médica penitenciaria, tanto en el ámbito carcelario como extramuros".
En ese sentido, el fiscal solicitó que, de corroborarse esa posibilidad, "se revoque la modalidad de arresto domiciliario a favor de la imputada y, en consecuencia, sea trasladada de inmediato a dependencias del Servicio Penitenciario Federal".
"Evitar riesgos procesales"
Tras la radicación de la causa en el tribunal, la fiscalía ofreció prueba el 11 de noviembre de 2013, que "si bien aún no fue proveída, puede afirmarse que la actual etapa procesal está muy próxima a la realización del debate oral y público", indicó Azzolín en su escrito, para fundar su petición.
En tanto, recordó que durante el trámite del expediente se ha discutido en varias oportunidades la modalidad del cumplimiento de la prisión preventiva por parte de la imputada y, en ese sentido, subrayó "la evolución e incremento de los riesgos procesales desde el inicio de esta causa, varias décadas atrás, producto de la actitud esquiva por parte de los imputados". Grimaldos fue detenida en 2012 después de 24 años de permanecer prófuga.
En ese sentido, Azzolín agregó se refirió al "peligro de la prosecución del trámite de la causa" ante una eventual fuga de la imputada y puso de relieve que "podría estar en juego la responsabilidad internacional del Estado", dado que en la causa se juzgan crímenes contra la humanidad, a cuya investigación y sanción se ha comprometido la República Argentina ante el resto de las naciones. 
Matrimonio en rebeldía
Desde el inicio del sumario a mediados de la década del '80 se llevaron a cabo numerosas medidas tendientes a dar con el paradero del matrimonio de Ana María Grimaldos y Jorge Raúl Vildoza, ex capitán de navío y comandante de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1977 y 1978.
El fiscal Azzolín recordó en su presentación que el 11 de junio de 1986 se prohibió la salida del país de la pareja imputada y que el 23 de marzo de 1988 un juez de instrucción decretó su pedido de captura nacional e internacional, medida que fue reiterada el 14 de junio de 2000.
Grimaldos fue detenida el 3 de julio de 2012 por personal de la Sección Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal Argentina, en tanto que Vildoza aún no pudo ser localizado y las versiones acerca de su muerte nunca pudieron ser comprobadas.
En la presentación, Azzolín recordó que al confirmar el procesamiento de la imputada la Cámara Federal porteña concluyó que "no podían descartarse futuras elusiones a la justicia teniendo en cuenta que Ana María Grimaldos mantuvo una actitud esquiva, no manifestando voluntad alguna de presentarse ante el Tribunal a fin de ponerse a derecho hasta la fecha de su detención".
Fuente: http://fiscales.gob.ar




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martes, 25 de febrero de 2014

En un paraje le piden milagros a una joven no identificada arrojada por la dictadura militar desde un avion en un vuelo de la muerte. Hoy tiene un santuario




21.02.2014 | Devoción popular
La Difunta desaparecida

En un paraje de Santiago del Estero,  le piden milagros a una joven no identificada arrojada por la dictadura militar desde un avión. Hoy tiene un santuario.

Por: 

Daniel Enzetti

Dicen que no es un alma en pena, sino alegre. Y que hace milagros. A los estudiantes les da fuerza para que salgan bien en sus exámenes. Cuida a todos los que pasan por la ruta. Y si alguien le deja ofrendas –ropa, flores o collares– le contesta regalándole comida y trabajo. Los pobladores del paraje ubicado entre Villa Jiménez y Tipiro, en el departamento Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero, coinciden en que La Difunta del Camino es una santita linda, de largo pelo claro, que los cuida día y noche. Y que deambula en ese lugar desde 1976, cuando antes de ser santa era una mujer de carne y hueso, joven, luchadora contra la dictadura militar, viva. Hasta que en un "vuelo de la muerte" fue tirada desde el aire, y los genocidas la abandonaron ahí, en el medio de la nada.
De tanto escuchar hablar a los agradecidos, el abogado Luis Santucho, quien encabeza las distintas querellas que tramitan en la provincia sobre delitos de lesa humanidad, decidió presentar una causa sobre aquel hecho, y pedir al juez federal Guillermo Molinari que la incluya en el expediente general iniciado a raíz de varios enterramientos clandestinos ocurridos en la región, desde el golpe del '76. Santucho logró que a finales del año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hiciera los primeros trabajos de remoción de tierra en el lugar. No se hallaron restos, pero fue el primer paso en la tarea de identificar a la militante convertida en santa.
En estos momentos, el Espacio para la Memoria de Santiago recopila nuevos testimonios que serán presentados a Molinari próximamente. "Estamos reuniendo datos –dice Luis Garay, representante del organismo–, sistematizando información, clasificándola. Han pasado muchos años, e incluso hubo cambios en el predio: ya no está más la vieja Ruta 9. Pero no nos falta ni compromiso ni convicción. Buscamos con toda nuestra fuerza a los compañeros que aún están desaparecidos, a pesar de que los culpables se amparen en el silencio para ocultar sus crímenes."
La Difunta tiene un monolito levantado con ladrillos, una cruz de madera lustrosa y obsequios que la gente le acerca a cambio de favores: un empleo, algún amor no correspondido, el plato lleno que esa noche ocupará la mesa, la salud para el nene enfermo. Como paga adelantada se ven ramos de laurel, cuadernos, fotos, estampitas, mechones de pelo o vestidos. "En nuestra provincia –dice Garay– se canoniza a los que sufrieron mucho en vida, o que atravesaron muertes violentas. Las víctimas de la policía o los que se animaron a enfrentarse al poder, por ejemplo, se convierten en personajes milagrosos, pasan a integrar un santoral popular paralelo a lo que conocemos como religión. Pero el rasgo distintivo de este caso es que el santo fue asesinado por la dictadura militar, lo que le da a la cuestión otra carga política y social, más allá de la mitológica." 
Valentín Iñíguez vive cerca de Tipiro. Cuenta que "la gente de los autos, cuando pasa, le tira plantitas. Yo limpié el lugar durante mucho tiempo. Santitos, ropa, hasta velas le ponen. ¿Por qué será que la mataron?" Ernesto Jiménez recuerda que "la encontraron unos carreros que después hicieron la denuncia en la Comisaría 40ª de Las Termas. Dicen que la tiraron desde un avión, y que a partir de ahí clavaron una crucita para que todos se acordaran de ella." 
Otra de las entidades que trabaja para encontrar esos restos es la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Santiago, representada por Cristina Torres. "Es un caso tan difícil –reconoce– que si bien los comentarios de la gente arrancaron hace varias décadas, recién el año pasado se pudo formular la primera denuncia penal, que presentó Luis." "Pudimos avanzar en algunas informaciones a partir de lo presentado en el juzgado federal. Ahora estamos puliendo ese material, para darle a Molinari más herramientas de trabajo", explica Santucho.
La decisión de incluir la causa en un expediente general se debe a las características especiales que tuvo el régimen militar en Santiago del Estero, donde la dictadura sembró decenas de fosas clandestinas en varias localidades y departamentos alejados de la capital. Allí tramitan distintos pedidos para la identificación de restos humanos en los cementerios de Quimilí, Laprida, Villa La Punta, Pozo Hondo y La Piedad; y otras denuncias sobre enterramientos en el paraje Palma Larga, Monte Quemado, el dique Las Pirquitas y la laguna Santo Domingo.
El grupo de antropólogos del EAAF encargado de las tareas de identificación está encabezado por Miguel Nieva, quien dirigió junto al monolito los primeros intentos de remoción. "Fue muy importante esa visita, la vemos como un comienzo", dice Garay. Para Torres, no haber encontrado nada y que las pistas escaseen no es para preocuparse: "Seguiremos adelante, porque todo lo que pueda llevarnos a la identificación de una persona desaparecida es motivo de esperanza."
Alicia Navarro aguanta la vida desde una casita humilde en Villa Jiménez. Y es una de las que más quiere a esa santita joven y de pelo claro: "Le juro que es milagrosa. Todo lo que uno le pide, ella lo concede."
Fuente: Tiempo Argentino



La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico

Se han encontrado los restos de cuatro santiagueños en Pozo de Vargas



 Se han encontrado los restos de cuatro santiaguenos en Pozo de Vargas

Publicado el 25/02/2014 - En la fosa común de Pozos de Vargas también fueron hallados e identificados durante 2013 los restos de tres santiagueños desaparecidos por el terrorismo de Estado: el abogado Luis Alejandro Lescano, Marta Azucena Castillo y Emilio Antonio Ybarra Trejo. 
En el día de ayer, y tras una ardua tarea que llevó adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), familiares de Julio Oscar Zurita pudieron conocer cuál fue el destino del joven santiagueño que hace 38 años atrás fue a la provincia de Tucumán a cursar la carrera de Arquitectura. 
En más de una ocasión, los diferentes organismos de DD.HH. de la provincia, dieron a entender que de seguir las investigaciones en Pozo de Vargas, mayor será el número de santiagueños que aparecerán. 
Lo cierto es que conforme avanza la investigación en el lugar donde eran arrojados los cuerpos de personas asesinadas por integrantes de la junta militar, se espera que aparezcan más comprovincianos.
Fuente: El Liberal





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Lucharon en Los Ralos; terminaron en el “Pozo de Vargas”




Identificaron restos de tres desaparecidos

FOSA. En el ducto de agua fueron identificados restos de 16 desaparecidos.
Tres desaparecidos, cuyos restos fueron hallados en la fosa común del “Pozo de Vargas”, volvieron a reunirse con sus identidades. Mabel Montero, de la línea fundadora local de Madres de Plaza de Mayo, precisó ayer que se trata de Lisandro Díaz, último secretario general del gremio de Textil Escalada; de Domingo “Minguila” Díaz, miembro de la comisión directiva de ese gremio y de Miguel Zurita, un estudiante de Arquitectura oriundo de Santiago del Estero que fue detenido en la provincia. Los tres habían sido secuestrados en 1976, durante el terrorismo de estado.

Desde que comenzó la investigación, suman 16 los casos de identificaciones que fueron dados a conocer por familiares de víctimas tras ser notificados por la Justicia Federal. La semana pasada se había publicado el hallazgo de vestigios del ex vicegobernador Dardo Molina. Su familia plantará hoy un árbol en el predio -Francisco de Aguirre al 4.500- en su memoria.

Lucha sindical
La pelea por la Textil Escalada fue histórica para Los Ralos. Cerrada y reabierta en varias oportunidades por Gobiernos de facto, fue escenario de intensas luchas sindicales. Una docena de vecinos y trabajadores de la zona fueron secuestrados. Durante la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” se conocieron testimonios desgarradores. Dieron cuenta, por ejemplo. del posible paso de los Díaz por el Arsenal “Miguel de Azcuénaga”.  

“Sentimos una mezcla de alegría y tristeza. Estuvimos tantos años sin saber qué fue de él”, afirmó conmovido Alfredo Díaz, hijo de Lisandro. Andrea Díaz, hermana de Domingo, aseguró estar tranquila porque al fin su familiar “descansará en paz”. 

“El Pozo de Vargas es emblemático. Ahora no se puede seguir trabajando, los compañeros están necesitando máscaras especiales por la profundidad del pozo. La ministra de Educación, Silvia Rojkés,  se comprometió a ayudarnos”, añadió Montero. Las extracciones son efectuadas por el Colectivo de Arqueología para la Memoria y la Identidad Tucumana (Camit) y el material, remitido al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El llamado “Pozo de Vargas” es un ducto de agua profundo ubicado en una finca de Tafí Viejo. Se trata de una fosa clandestina común en la que se arrojaron los cuerpos de ciudadanos asesinados en los 70’. Los primeros restos en ser asociados con una identidad, en 2011, habían sido los del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse.


Fuente: La Gaceta

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DICTADURA
"Hoy podemos decir que se cierra una etapa para la familia, porque Julio está muerto"

Rodolfo Bianco, el cuñado de Julio Oscar Zurita, habló con EL LIBERAL y expresó el dolor de la familia al conocer cuál fue el destino del joven, que hace 38 años atrás se encontraba cursando la carrera de Arquitectura. 
 Hoy podemos decir que se cierra una etapa para la familia porque Julio esta muerto
DICTADURA. En este lugar los represores arrojaban los cuerpos de las personas que asesinaban.

Publicado el 25/02/2014 - “Una noche de noviembre de 1976, ingresaron a la pensión gritando, golpeando todo, rompiendo lo que encontraban a su paso, lo tomaron con mucha violencia y lo llevaron. Eso fue lo último que supimos de él hasta el día de ayer, cuando el juez federal Dr. Daniel Bejas nos convocó para darnos una de las noticias más tristes para la familia”, relató a EL LIBERAL Rodolfo Bianco, cuñado de Julio Oscar Zurita, el joven de 20 años que fuera víctima de la última dictadura hace cuatro décadas atrás. 
Los restos de Julio, estudiante de Arquitectura en la provincia de Tucumán, fueron identificados entre las muestras obtenidas en el Pozo de Vargas (Francisco de Aguirre al 4.500) la fosa común que funcionó durante la dictadura, donde ya fueron identificados los restos del senador Guillermo Vargas Aignasse y del vicegobernador Dardo Molina, entre otros. 
Unos de los detalles brindados por el juez que más entristeció a Olga Gladys Gómez de Zurita (mamá), Graciela Zurita de Bianco (hermana) y Luis César Zurita (hermano), fue saber que “no tuvieron ningún motivo para detenerlo y mucho menos para asesinarlo, si no se le comprobó que estuviera dentro de algún partido político o que fuera sindicalista. Sólo tenía intenciones de estudiar”, narró Bianco. 
“El juez nos dio pormenores de la investigación, y entre esos datos no se explica cómo fue una de las personas que sufrió la dictadura en carne propia, porque sólo se trató de un estudiante que nada tenía que ver con alguna actividad que lo relacionara a algún movimiento o filosofía política. Sin embargo fue una víctima más”, ahondó el cuñado, que de una u otra manera vivió de cerca la angustia que llevó durante muchos años la familia Zurita. 
En consonancia a lo expresado, el ingeniero agrimensor recordó: “En noviembre de 1976 vimos por última vez a Julio. Pasaron 38 años sin que supiéramos nada de él, hasta que el juez federal nos informó que sus restos estaban en Pozo de Vargas. Fue enorme la tristeza para toda la familia, porque nunca perdimos la esperanza de encontrarlo con vida”. 
“Hoy podemos decir que se cierra una etapa para la familia, pese al dolor de conocer la cruel realidad, pero la búsqueda llegó a su fin. Hoy podemos decir que Julio está muerto con todo el dolor en el alma y eso lleva a que no debamos buscarlo más”, expresó Bianco con un dejo de tristeza. 
Búsqueda desesperada 
Su papá, Julio César Zurita, apenas supo que su hijo Julio fue secuestrado por los militares, comenzó una búsqueda, y el limite era encontrarlo. Recorrió gran parte del país, pero nunca pudo dar con su paradero. En 2005 falleció sin conocer algún dato que le sirviera para saber qué fue lo que le sucedió a su hijo. “Murió sin conocer lo que pasó”, dijo Bianco.l