viernes, 30 de septiembre de 2011

Convocan a manifestarse para exigir

condena a los acusados por Ragone

Con la consigna de que mientras no se sepa dónde está el cuerpo de Miguel Ragone, su “crimen seguirá impune”, la Agrupacion HIJOS Salta, la Red de Derechos Humanos, la organización Familiares de Salta y otros organismos de derechos humanos están organizando una manifestación para el día en que se prevé que se conocerá la sentencia contra siete represores acusados por el secuestro y desaparición del ex gobernador, hecho cometido el 11 de marzo de 1976.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, integrado por los jueces Marta Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez (más el cuarto juez José Quiroga Uriburu) tiene previsto dictar sentencia el próximo 11 de octubre, en el salón de grandes juicios del Poder Judicial de Salta. Para ese día, a partir de las 9, es la convocatoria de HIJOS y las demás organizaciones de derechos humanos de Salta, que invitan “a toda la comunidad salteña y organismos de derechos humanos del país a concentrarse para exigir justicia en la sentencia por el secuestro y desaparición del ex gobernador salteño doctor Miguel Ragone”.

La consigna de los convocantes es por: “Cadena perpetua para los genocidas y cárcel común y efectiva para ellos y sus cómplices”; exigen también “que digan dónde está el cuerpo de nuestro compañero y gobernador doctor Miguel Ragone, porque sin el cuerpo el crimen seguirá impune”, y reclaman “justicia para los 240 compañeros salteños detenidos desaparecidos”.

En este proceso judicial, en el que se investiga también el homicidio de Santiago Arredes, llevado a cabo por los secuestradores, y la herida de bala que sufriera Margarita Martínez de Leal, están siendo juzgados siete de los muchos acusados por este hecho: contra cuatro de los acusados, los militares Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil, y los policías Joaquín Guil y Andrés del Valle Soraire, pesan pedidos de prisión perpetua. Para el civil Héctor Zanetto se han pedidos penas de diez años de prisión y dos años de prisión para los policías Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera.

Ragone llegó al gobierno de Salta en mayo de 1973. “Su gestión, de neto corte popular fue intervenida en noviembre de 1974 (poco después de que el electorado le diera un amplio respaldo, nuevamente). Ragone era el médico de pueblo, hasta hoy se lo recuerda y reconoce por las reformas profundas de su gobierno con gran presencia popular”, recordaron los convocantes a la manifestación del 11 de octubre.

El comunicado de HIJOS recuerda asimismo que por el secuestro de Ragone está también acusado Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército en el momento del secuestro y que fue apartado de este juicio por razones de salud. Mulhall, era jefe de la Guarnición Ejército Salta; Gentil era el jefe de la Policía salteña, y Guil, “uno de los hombres simbólicos de la represión en Salta, era jefe de Seguridad de la Policía y responsable de los operativos clandestinos”. Además, están siendo juzgados “los integrantes de la patota o de puestos de decisión intermedios tres ex policías”: Soraire y los hermanos Herrera y “también Jorge Héctor Zanetto, ex dirigente sindical, a quien se nombra como vocero de la Triple A y quien, una semana antes del crimen, amenazó a Ragone, luego de exigirle que se bajara de las elecciones internas”.

martes, 27 de septiembre de 2011




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"El sábado 24 de septiembre se rindió el homenaje al militante social Hugo Julián Luna, cuyos restos fueron restituidos a sus familiares, en la plaza de Purmamarca. Estuvieron presentes Familiares de Detenidos Desaparecidos de Purmamarca que organizaban el evento, representantes de Organismos de Derechos Humanos y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Autoridades Municipales, familiares de Hugo Luna y vecinos del pueblo.

El acto fue muy emotivo sus familiares relataron vivencias y aspectos de su vida. Destacaron su voluntad por estudiar y progresar en la vida, cómo asumió un compromiso militante con las cuestiones sociales en Ezpeleta donde residía y de donde fue secuestrado. El momento más significativo fue cuando su madre Dalmira Quival de 93 años se acercó a la urna a despedirse de su hijo.

La Banda de Sikuris Santa Rosa de Lima de la localidad acompañó con su música. Amigos y vecinos de Purmamarca cantaron y la poeta Estela Mamaní recitó una poesía.

La representante de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Purmamarca, destacó que esto pone en evidencia un crimen de lesa humanidad de la dictadura militar, que se asesinó a un militante del pueblo por sus ideales. Reafirmó la continuidad de la lucha por la justicia y la verdad especialmente en la provincia de Jujuy exigiendo la apertura de los archivos.LOS IDEALES DE VIDA DE HUGO Y DE LOS 30000 DESAPARECIDOS, SU COMPROMISO CON LO SOCIAL, SU PELEA POR LA VIDA NO HAN MUERTO. EL SUEÑO POR OTRO MUNDO MAS JUSTO Y SOLIDARIO SIGUE VIVO. SIGUE VIVO EN CADA LUCHA DE LOS TRABAJADORES, EN CADA NIETO RECUPERADO, EN CADA CONDENA DE LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS”

Se reafirmó el NUNCA MÁS A LAS DICTADURAS MILITARES EN LA ARGENTINA!! NUNCA MÁS VUELOS DE LA MUERTE NUNCA MÁS NIÑOS APROPIADOS Y DESPOJADOS DE IDENTIDAD.

RESONÓ EN LA PLAZA EL PRESENTE POR HUGO LUNA Y LOS 30000 DESAPARECIDOS.

Posteriormente todos acompañaron al compañero Hugo Luna al cementerio de la tierra de sus mayores donde finalmente descansará"



Laura Beatriz Vilte - Purmamarca, tierra de colores, mi lugar en el mundo.


lunes, 26 de septiembre de 2011

Juicio por Ragone

Piden la absolución de

Mulhall, Gentil y Guil

El defensor oficial Federico Petrina pidió ayer la absolución de Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil. Sostuvo que como el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone se cometió antes del 24 de marzo de 1976, día en que produjo el golpe de Estado, no puede encuadrarse dentro de los crímenes de lesa humanidad y por lo tanto está prescripto.

De esta manera el defensor insistió en una postura que ya es reiterativa en causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas antes del golpe, sin que hasta ahora haya tenido éxito en los distintos tribunales en los que se han presentado estos planteos.

“La presente causa, si bien es un hecho lamentable, no se encuadra en las leyes de lesa humanidad”, sostuvo. El ex primer mandatario provincial fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, trece días antes del golpe. Petrina añadió que, por lo tanto, no es un delito de lesa humanidad (que es imprescriptible) y la acción penal está prescripta, es decir, ya transcurrió el tiempo establecido por ley para perseguir a los presuntos responsables del hecho, y por eso sus defendidos deben ser absueltos. El pedido alcanzó también al policía retirado Andrés del Valle Soraire, acusado de ser uno de los autores materiales de los homicidios de Ragone y del almacenero Santiago Arredes, y al civil Jorge Héctor Zaneto, al que se le atribuye haber amenazado a Ragone.

Además, Petrina pidió que se declare la nulidad de los alegatos del fiscal Horacio Azzolín y de los querellantes, Matías Duarte, David Leiva, Martín Avila y Verónica Molina “por la indeterminación de las acusaciones”.

El abogado defensor dijo que con estas acusaciones indeterminadas, sin que se precise exactamente qué acciones se atribuyen a los cinco acusados que asiste, se violó el derecho de defensa en juicio, porque ejercerlo se tornó “hasta imposible”. “Se ha manifestado en relato genérico de un hecho histórico”, añadió. Dijo que no está en duda el hecho, sino “quién y por qué (se concretó), cuestiones que no vamos a poder establecer en este juicio”.

La derecha peronista

Petrina sostuvo que por la falta de pruebas “ninguna (hipótesis sobre el secuestro) se impone”, aunque consideró como “la más válida” aquella que afirma que el crimen fue obra de “la derecha peronista representada por la Triple A”,

El defensor afirmó que la hipótesis de la acusación, que sostiene que el ex gobernador fue secuestrado y desaparecido por orden del jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez (apartado de este proceso por razones de salud) y que esta orden siguió hacia abajo, con la intervención de Mulhall, jefe del Ejército en Salta; Gentil, jefe de la Policía, y Guil, jefe de Seguridad de la Policía, “es puramente voluntarista y, por lo tanto, arbitraria”.

Sobre la “hipótesis de la Triple A”, como la llamó, leyó un párrafo del libro “López Rega. La biografía”, del periodista Marcelo Larraquy, en el que se da cuenta de un documento reservado del Consejo Superior Peronista que ordenaba “actuar contra la infiltración marxista”. El defensor enumeró las presiones que recibía el gobierno de Ragone, la declaración de persona no grata hecha por la CGT, la toma de la Casa de Gobierno. “El doctor Ragone tenía enemigos políticos ideológicos que no provenían del Ejército, sino que provenían de su propio partido”, afirmó indignando a parte del público. Recordó que el gobernador tenía también en contra a “medios de comunicación como El Tribuno, encabezado por su entonces director, Roberto Romero”.

El abogado cuestionó asimismo que la acusación haya “hecho un recorte en la pirámide jerárquica” en el jefe del III Cuerpo del Ejército. Señaló en tal sentido que para cuando ocurrió este hecho la comandante en jefe del Ejército era la presidenta María Estela Martínez de Perón. Luego el codefensor Pablo Louthier abundó sobre este aspecto al argumentar en contra de la acusación de autores mediatos de homicidio agravado (en dos hechos) y la tentativa de homicidio que recae sobre Mulhall, Gentil y Guil.

Al final, la solicitud de absolución de los acusados, o que sean condenados por privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa (este pedido alternativo –subsidiario- fue calificado por el propio Petrina de “fantasía jurídica”, algo que –dijo- también hicieron el fiscal y las querellas), fue sellado con un fuerte aplauso de familiares de Guil y de los hermanos Pedro Javier y Rubén Nelson Herrera, que también están siendo juzgados en este proceso.

Los defensores alegaron en una jornada cargada de contratiempos. El inicio de la audiencia había sido previsto para las 9, pero se demoró hasta minutos luego de las 12. Extraoficialmente se dijo primero que estaba demorada la llegada del juez de Tierra del Fuego, Luis Giménez.

Ni bien se inició la audiencia, Petrina tomó la palabra para pedir que se declare la nulidad de todo el proceso oral, basándose en que en agosto pasado la Cámara Nacional de Casación Penal había decretado la nulidad de lo actuado en la causa Ragone en referencia al ex juez federal Ricardo Lona. La Fiscalía y los querellantes se opusieron y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal rechazó el planteo.
Tras eso hubo un cuarto intermedio debido a que Zanetto sufrió una descompostura. La audiencia se retomó pasadas las 16. Los defensores hablaron por más de tres horas.

Cerca de las 20 la presidenta del Tribunal, Marta Snopek, anunció que la audiencia seguirá el martes 4 de octubre. Ese día se escucharán las réplicas del fiscal y las querellas. Luego se pasará a un cuarto intermedio hasta el 11 de octubre, cuando se conocería la sentencia.

(P/recuadro)

Mendaz y… mendaz

El defensor Federico Petrina se valió ayer, reiteradamente, del testimonio de quien fuera secretario de Prensa del gobierno de Miguel Ragone, Juan Carlos Villamayor, para asegurar que Joaquín Guil no estaba enemistado con el ex gobernador.

Dijo que Guil ya dijo que fue reincorporado a la fuerza policial por el propio Ragone, y que Villamayor dio su testimonio sobre eso. Que también dijo que le estaba agradecido a Ragone porque le había salvado la vida a un sobrino suyo, y que de eso también había dado testimonio Villamayor. Y que luego, el día del secuestro, Villamayor había dado cuenta de que Guil los había informado del hallazgo del automóvil del ex gobernador en el matadero de Cerrillos.

Hasta ese punto la valoración del testimonio de Villamayor iba muy bien. Pero, al referirse a la acusación que pesa contra Zanetto, para la que el testimonio de Villamayor es fundamental, el defensor comenzó a poner en duda la declaración del ex funcionario. “Mendaz en uno, mendaz en todo”, aseguró refiriéndose a su testimonio. Enseguida dijo que no pretendía tildarlo de mentiroso, “sino que (quería expresar) que su razón se encuentra obnubilada”.

jueves, 1 de septiembre de 2011

memoria/el juicio por la desaparición de miguel ragone

UN DOCENTE DE LA UNSA CONTO QUE ARMO LISTAS DE SUPUESTOS SUBVERSIVOS

El descargo del filósofo

Cesanteado en 1976, Mario Casalla pidió al Ejército que revirtiera esta decisión. Aseguró que él mismo dio de baja a otros docentes “subversivos”, y que compartió información con miembros de inteligencia policías y militares.


El 21 de mayo de 1976 la intervención militar en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), a cargo de los capitanes Eduardo Alberto Casal y Norberto Antonio Yommi, que había profundizado los efectos de la intervención civil iniciada en 1974 encabezada por Francisco Villada, dispuso nuevas cesantías de docentes. Entre ellos cayó el profesor de filosofía, Mario Casalla, quien hasta el 24 de marzo de 1976 había ocupado el cargo de secretario académico, como parte del gobierno de la anterior intervención.
Inexplicablemente los capitanes incluyeron a Casalla en la lista de indeseables, sobre él hicieron caer la sospecha de ser un “subversivo y/o disociador”. En desacuerdo con esta calificación el docente pidió al Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, con asiento en Salta, que corrigiera el error. A su favor, argumentó que él mismo había armado listas de docentes subversivos e incluso había dado de baja a algunos de ellos, tareas en las que había trabajado de manera “estrecha” con la Policía Federal, la Policía de Salta, Gendarmería y el Ejército. Su caso se hizo público el martes último en la sala de grandes juicios del Poder Judicial, cuando el abogado Matías Duarte, querellante por la familia de Miguel Ragone, lo usó para graficar cómo la Policía y el Ejército realizaban tareas de inteligencia y control sobre los habitantes.
Tras ser cesanteado en la Universidad, Casallal fue a trabajar a la cooperativa láctea Cosalta, y de ahí pasó, en 1977, al diario El Tribuno, donde fue gerente general y ejerció el periodismo con el seudónimo de Hernán Solifrano. Al Ejército le dijo que, entre otros, el subdirector de El Tribuno, el actual senador nacional Juan Carlos Romero, podía dar referencias suyas.
“Me dirijo al señor jefe del Destacamento de Inteligencia 143 de Salta, interesándolo por estos hechos. Más que una carrera universitaria de quince años frustrada, lo que me hiere moralmente es esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes. Tal cual manifestara desde los comienzos de este caso (…), no solo no soy subversivo o disociador, sino que he luchado abiertamente contra esa forma apátrida de agresión a nuestro suelo y sus instituciones, con todas las medidas y fuerzas a mi alcance (tanto como docente, o como autoridad de la UNSa)”. Sostuvo el doctor en filosofía en el pedido de “revisión de informes disponibles sobre mi persona y una correcta caracterización de mi caso”.
El golpe del 24 de marzo de 1976 encontró a Casalla en el cargo de secretario académico, en el que había asumido en septiembre de 1975. Antes, desde diciembre de 1974, había sido director del Departamento de Humanidades. Había llegado al gobierno universitario de la mano del interventor Villada, dispuesta en diciembre de 1974 (mes siguiente a la intervención al gobierno de Ragone) “por las graves irregularidades de todo tipo detectadas durante el gobierno del doctor Holver Martínez Borelli”, perseguido político que estuvo exiliado.
Casalla renunció “inmediatamente” a la secretaría académica y al cargo de docente, pero los interventores le permitieron continuar dando clases. Pero, a pesar de que colaboró “plenamente con las autoridades universitarias” militares y de que “no realizó tarea alguna sin consultar”, en mayo fue dejado cesante.
En su descargo Casalla sostuvo ante el Destacamento de Inteligencia que nunca supo los motivos para que lo rotularan de esta manera, recordó que no existía un proceso en su contra y que las autoridades universitarias y la autoridad militar había resaltado en “reiteradas oportunidades y diferentes círculos la firmeza con el que el gobierno universitario del que formé parte actuó contra la subversión”.
Entre sus antecedentes reseñó sus estudios en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde ejerció la docencia antes de su paso por Salta (y la ejerce actualmente), al igual que en universidades privadas y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, el Colegio Militar de la Nación y el Centro de Estudios de Altos Estudios Militares (CAEM). Detalló haber servido “bajo las órdenes del teniente general (RE) Jorge Rafael Videla” y “del general (RE) Antonio Facundo Serrano”, que fuera gobernador de facto del Chaco. Y añadió que entre los cursantes de filosofía en el CAEM tuvo al “actual jefe de la Policía de Salta y al señor jefe del RIM 28 de Tartagal”. “Son personas de una intachable carrera y autoridad moral”, dijo, que podían referencias sobre él.
Sostuvo que tenía una formación filosófica clásica, “totalmente ajena a la doctrina marxista”. Y que en 1973 ingresó a la Universidad Nacional de Salta “sin mayores conocimientos de la gente que actuaba en la UNSa”, cuyo rector era entonces Martínez Borelli, pero que al cabo de tres meses ya le era “evidente que sus autoridades y buena parte de la comunidad universitaria comenzaron a desviarse cada vez más hacia una tendencia francamente subversiva. Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria, a punto tal que esa conducción subversiva me persiguió por todos los medios, me creó ‘cátedras paralelas’ de orientación montonero-marxista y me colocó bajo juicio académico (popular) pocos días antes de su caída”, subrayó con mayúsculas.
Informó también que cuando estuvo en el gobierno universitario, entre 1974 y 1976, procedió a “depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la Universidad (Humanidades), dí de baja docentes directamente ligados a la subversión (…), revisé y promulgué nuevos planes de estudios dejando de lado los anteriores contenidos marxistas y enfrenté ante la opinión pública del momento las consecuencias de todas estas medidas. De todo ello tienen constancia los organismos de seguridad de la provincia y muy especialmente la Policía Federal (Delegación Salta) entonces comandada por el comisario (Federico) Livi y con el principal Faber al frente de Inteligencia subversiva”:
Dijo que trabajó “estrechamente con todos esos organismos procediéndose a una prolija revisión de antecedentes antes de cualquier baja o alta de personal. Lo mismo puede decirse de la Policía Provincial, de Gendarmería, y de la Guarnición Militar Salta.”
A pesar de todos estos elementos, finalmente las autoridades militares llegaron a la conclusión de que no tenían “certeza absoluta de la verdadera ideología” del filósofo.
Por Elena Corvalan