sábado, 25 de septiembre de 2010

Palomitas II: Duhalde pidió perpetua para Menéndez, Guil y Alzugaray
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, pidió ayer la condena a prisión perpetua del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; del director de Seguridad de la Policía Provincial, Joaquín Guil, y del ex encargado de seguridad externa del Penal de Villa las Rosas, Juan Carlos Alzugaray en la causa Palomitas II, que lleva el juez Carlos Olivera Pastor.

"Aquellas autoridades militares y policiales hoy procesadas, quisieron hacer valer la versión de un enfrentamiento, sin embargo dicha versión fue totalmente descartada, de hecho no existe en Salta oficiales del ejercito ni de la policía muertos ni mucho menos heridos durante ese periodo", señaló el escrito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que actúa como querellante.
La acusación fue presentada mientras se espera la sentencia de Palomitas I, donde están procesados Carlos Mulhall, Miguel Gentil, y Hugo Espeche.

El 6 de julio de 1976, fueron sacados del penal de Villa las Rosas, Benjamín Leonardo Ávila, Celia Leonard de Ávila, Georgina Graciela Droz, María del Carmen Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares, Roberto Luis Oglietti; Pablo Elíseo Outes. Alberto Simón Savransky, Rodolfo Pedro Úsinger, María Amarú Luque de Úsinger y José Víctor Póvolo.

Pocos después fueron encontrados tres cuerpos en Palomitas, donde todos habían sido fusilados, otros tres en Yala, y tres en Ticucho, Tucumán. Pero los de Georgina Graciela Droz, Evangelina Botta de Linares aún no fueron hallados.
Duhalde y Avila alegaron que Menéndez fue quien ordenó el traslado y muerte de los detenidos. "Es así que Mulhall recibe la orden del traslado del III Cuerpo del Ejército el que estaba a cargo del General Menéndez. Mulhall dijo en su declaración, que la orden del traslado la impartió el entonces Jefe del III Cuerpo de Ejército y que cumplió con la orden impartida por su superior".
La Secretaría asegura que fue el "autor mediato", porque que si bien no ejecutó la acción en forma directa y personal, "la manejo provocando el desenlace".
Ejecución del plan

En tanto para probar la participación de Guil, la querella sostuvo que la policía de la Provincia intervino en la producción de los hechos, "no solo como apoyo del vehículo militar para el traslado de los detenidos, sino también en la ejecución del plan que finalizaría con el asesinato de los detenidos".

En esa línea citó el testimonio de testigos que sufrieron el secuestro de automóviles que luego fueron utilizados en el operativo para simular el enfrentamiento.

También citaron el testimonio de Hugo Espeche, -procesado en Palomitas I, quien manifestó que el personal de custodia de los detenidos a ser trasladados no eran del Ejercito, y que estaban vestidos con uniforme azul.
"De la prueba incorporada se desprende que Guil participó en estos hechos, que sabía del accionar de los miembros de la policía y que también conocía el plan que se debía ejecutar por lo que resultaría responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe primario", señalaron Duhalde y Avila.

En cuanto a Alzugaray , que se desempeñaba como jefe de Seguridad Externa de la cárcel de Villa las Rosas, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación citó testigos que vieron cómo, con anterioridad a la masacre, José Póvolo había sido sacado de la prisión por el oficial Alzugaray y llevado a dependencias de la policía federal donde era sometida a torturas.
"Varios testimonios más hacen entender que Alzugaray tenía conocimiento de lo que sucedería. La sospecha de su participación se completa con su extraña convocatoria al penal la noche del retiro de los detenidos. Así como con los dichos del testigo Pasayo quién aludió haber visto en la escena del crimen "uniformados grises" en referencia al personal penitenciario.", resaltó el escrito presentado ayer.

Duhalde y Avila argumentaron además que para los tres procesados caben los agravantes de alevosía y concurso premeditado de dos o más personas. Y pidieron "prisión efectiva".
Fuente: Nuevo Diario de Salta

martes, 21 de septiembre de 2010



EL PAIS › Nota de tapa

EL NIETO 102

Por Alejandra Dandan

| | Las Abuelas anunciaron que recuperó su identidad otro hijo de desaparecidos, del que prefirieron reservar el nombre. Fue criado como “hijo natural” de un miembro de un grupo de tareas de la Fuerza Aérea, que tuvo secuestrada a su madre hasta que dio a luz en la ESMA.
- La investigación del caso duró diez años con el impulso de Abuelas y en él está prófugo el acusado de apropiador.
- Estela de Carlotto denunció la posible complicidad de un jefe policial con los intentos de fraguar los exámenes de ADN.

EL PAIS › LAS ABUELAS ANUNCIARON LA IDENTIFICACION DEL NIETO 102, QUIEN SE NEGO A LAS PRUEBAS DE ADN

“En el fondo, él desea saber quién es”

Estela Carlotto lo anunció ayer en la sede de Abuelas. Es el hijo de los militantes montoneros María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, secuestrados en 1977. No quisieron dar el nombre del joven ni de su apropiador.

Por Alejandra Dandan

“El documento es de una persona que no existe –dijo Estela Carlotto– porque existe otra persona que va a tener que recuperarlo, y eso es obra de la Justicia.” La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo presentó así la noticia de la recuperación del nieto número 102. Un caso que no es sencillo, dijo, porque el joven no aceptó hacerse voluntariamente los análisis genéticos. Después de muchos años y de varios fallos judiciales, confirmaron finalmente que es hijo de María Graciela Tauro y de Jorge Daniel Rochistein, dos militantes de Montoneros secuestrados el 15 de mayo de 1977. El joven, del que no se dijo su nombre, no estuvo en la casa de las Abuelas para la conferencia de prensa. Hubo un dato en la causa que fue especialmente subrayado en Abuelas: la existencia de un allanamiento donde se fraguaron las pruebas con la intervención del mismo comisario que actuó en otros casos similares, como el de los hermanos Herrera Noble. “En el fondo, él desea saber quién es”, dijo Estela. “Y va a seguir amando a quien quiera.” Las Abuelas, siguió, “no pueden decir como dicen livianamente algunos miembros del Poder Judicial cuando dicen ‘pobrecitos’, ‘déjenlos’”, explicó. “Este es un derecho de acción pública: si las Abuelas dicen ‘pobrecito’ están encubriendo un delito, siendo parte, siendo cómplices, por eso tenemos que llevarlo a la Justicia.”

La sala de la sede de Abuelas estaba repleta de cámaras, micrófonos de televisión y voces de cronistas de tonos extranjeros. “Estamos en un país en democracia –explicó Carlotto cuando le preguntaron por el rol de los medios–, donde no tenemos que tener miedo para hablar de una situación que no está resuelta. Los medios pueden ser portadores de la verdad o pueden ocultarla.”

Las Abuelas mencionaron la historia de la causa del nieto 102, pero sobre la identidad del joven apropiado señalaron pocos datos. El joven se crió como hijo natural de un integrante de un grupo de tareas de la Fuerza Aérea, la fuerza de seguridad que mantuvo secuestrada a su madre en Mansión Seré desde donde la llevaron a dar a luz a la ESMA. Anoche, un cable de la agencia DyN divulgó el nombre del comodoro –prófugo de la Justicia desde hace años– que sería el apropiador del nieto recuperado. Pero, como solicitaron las Abuelas, Página/12 no lo dará a conocer para no obstaculizar el proceso de adaptación del joven a su nueva identidad.

Sus padres eran María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein. Ella era “La Gracie” entre sus familiares. Vivía en Bahía Blanca, tenía una hermana más chica, un padre tornero de los talleres del ferrocarril y propietario con su mujer de un quiosco de barrio. María Graciela estudió Bioquímica en la Universidad Nacional del Sur hasta tercer año, viajó a Buenos Aires, trabajó de empleada en una fábrica, era militante de la JUP y luego de Montoneros. Para sus compañeros era Raquel, Chela o Queda. Y era muy linda, dijo Estela, “tenía el cabello oscuro y ondulado”.

Jorge estudió Ciencias Económicas en la misma universidad. Su padre tenía una fábrica de carteras en Coronel Suárez, que luego mudó a Bahía Blanca. Jorge militaba en Montoneros. Entre sus compañeros era El Hippie, Ricardo o Iricardo. Los dos se conocieron durante los años de militancia, se casaron el 30 de enero de 1976 en Buenos Aires, y con los primeros meses del golpe estuvieron en el Gran Buenos Aires. Cuando los secuestraron, el 15 de mayo, ella llevaba cuatro meses y medio de embarazo. Pasaron por la Comisaría 3ª de Castelar, ella estuvo en el centro clandestino de Mansión Seré desde donde la llevaron a la ESMA. En noviembre de ese año dio a luz a un varón, asistida por el médico militar Jorge Luis Magnacco.

Según consta en la causa judicial, a ambos los ejecutaron en forma sumarísima durante un enfrentamiento fraguado de guerrilleros con militares, un procedimiento habitual en la época.

De lo que pasó después, Abuelas casi no dio información. La investigación para recuperar al niño se inició hace unos diez años por los datos de un represor, parte del grupo de tareas donde operó el apropiador del niño. Esa persona estuvo con María Graciela y pudo contar quién se llevó a la criatura. Su testimonio sin embargo cobró valor porque aportó además los datos de otro niño apropiado. Era el caso de Guillermo Francisco Gómez, que rápidamente se demostró que era nieto de Rosa Roisinblit. Ese apropiador, dijo Estela, “se animó por primera vez a hablar, cosa que ojalá todos los que participaron de la represión hicieran. Rosa lo supo hace ya diez años, en este caso demoró más porque el caso era mucho mas difícil”.

Como el joven se negó a realizar el estudio de ADN, el caso llegó a la Corte Suprema que se expidió contra la extracción obligatoria. Como sucede con el caso de los Noble Herrera, el tribunal consideró que se podían utilizar medidas alternativas para obtener la información genética. La causa estaba en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien ordenó un primer allanamiento para obtener muestras de sus objetos personales. “Como también sucedió en otros casos –explicó la presidenta de Abuelas–, las muestras fueron fraguadas y resultó imposible reconstruir el perfil genético.”

Los imputados supieron entre tres y cuatro días antes que se iba a hacer ese allanamiento. De acuerdo con los datos de la causa, le dieron a la Justicia un cepillo de dientes de la apropiadora. Canicoba volvió a convocar al joven. Esta vez, él mismo le compró ropa, ordenó el secreto de sumario y se aseguró de llamarlo después de un día de trabajo. Lo convocó a su despacho y presenció el momento en el que se quitaba y cambiaba la ropa para asegurarse de que no hubiese otro error.

Cuando le preguntaron a la presidenta de Abuelas por esa medida y la relación con el caso Noble Herrera, ella respondió: “La Justicia debiera ordenar la extracción como lo hizo Canicoba”.

Pero las Abuelas mencionaron otro dato. El allanamiento que ordenó Canicoba se hizo en mayo de 2008 y estuvo a cargo del subcomisario Carlos Garaventa de la División de Seguridad de Estado de la Policía Federal. En mayo de este año, Garaventa intervino en el allanamiento de los Herrera Noble. “Casualmente –dijo Estela–, en ambos procedimientos intervino el mismo jefe policial”. Garaventa fue separado de la fuerza el mes pasado (ver recuadro)

Con el avance de las investigaciones en Abuelas, ahora se sabe además que esa misma división estuvo a cargo de otro procedimiento fraguado en el año 2006 en el marco de la causa por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana por el gendarme Víctor Rei. Alejandro estaba ayer en la sede de Abuelas. En su caso, la policía llamó 48 horas antes a su apropiador para avisarle del operativo. Rei llamó a Alejandro a Campo de Mayo para que pase a buscar un cepillo de dientes suyo, un peine, una remera y una toalla. Elementos a los que sumó además el cepillo de dientes de un hijo biológico con la intención de fraguar los resultados. Alejandro declaró sobre el allanamiento hace dos meses en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación de la causa Noble Herrera. Pero declaró en una causa paralela.

“Permitime, que quiero decir una cosa”, le pidió a Estela el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. “En este caso, con todas las dificultades que tuvo, se llegó a saber la verdad: eso nos fortalece la idea de que a pesar de todas las medidas dilatorias la Justicia va a avanzar”, concluyó.

María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, los padres del nieto 102, fueron secuestrados en mayo de 1977.

sábado, 18 de septiembre de 2010

Organismos de derechos humanos marchan hoy en la plata y en capital federal

Sin ninguna pista sobre Julio López, a cuatro años de su desaparición

Publicado el 18 de Septiembre de 2010
“Si no fuera por el reclamo popular, la causa ya estaría archivada”, aseguró la abogada que representó al albañil, desaparecido en 2006, durante el histórico juicio que terminó con la condena a perpetua de Miguel Etchecolatz.

Pasaron 1461 días desde la segunda desaparición de Jorge Julio López, y hoy, en el cuarto aniversario, amigos y compañeros del testigo en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz vuelven a marchar para pedir justicia y su aparición con vida. Como todos los años, se realizarán dos actos centrales, uno en La Plata convocado para las 17 en la Plaza Moreno y una marcha en la Ciudad de Buenos Aires desde el Congreso hasta Plaza de Mayo a las 15:30. En ambas movilizaciones, los organismos de Derechos Humanos y movimientos sociales y políticos van a reclamar por el avance de la causa judicial que, a cuatro años de la desaparición de López, no tiene una pista firme sobre su posible paradero y ni una sola persona detenida o procesada.
“Si no fuera por el reclamo popular, la causa ya estaría archivada”, confesó resignada a Tiempo Argentino la abogada Guadalupe Godoy, quien representó a López en el histórico juicio que terminó con la condena a perpetua contra Etchecolatz y ahora lleva la querella del colectivo Justicia Ya por su desaparición forzada junto a Myriam Bregman.
Desde ese 18 de septiembre de 2006, los organismos de Derechos Humanos denunciaron que la desaparición de López se debía a su rol como testigo de delitos de lesa humanidad y apuntaron contra el entorno de Etchecolatz. Sin embargo, la justicia mantuvo durante tres meses la carátula de la causa como “averiguación de paradero” y aún hoy las pistas sobre el represor se fueron diluyendo en las idas y vueltas del expediente (ver recuadro).
“Desde el primer momento tuvimos la negativa de que se investigue el secuestro, porque el discurso era buscar a López. Tres meses después, la Corte Suprema ordenó que se investigue la desaparición, y un año y medio después logramos que se aparte a la Policía Bonaerense, que puso mucho empeño para hacer todo mal”, recordó Godoy.
En un resumen de los hitos de la causa que realizó la querella de Justicia Ya, se desprenden serias irregularidades durante los meses en los que estuvo al frente la Bonaerense, en ese momento con más de 9000 efectivos en funciones que habían prestado servicio durante la dictadura. Un ejemplo de eso fue un operativo en una finca en Atalaya, en el partido de Magdalena, apenas cinco días después de la desaparición. Previo al allanamiento, un grupo de policías se acercó a merendar con el propietario, Rubén Durso. Por la noche, se realizó un operativo con helicópteros y perros, que reconocieron lugares, prendas y un colchón con rastros de López. Los organismos denunciaron que la policía “plantó” una prueba o frustró la producción de la misma. Dos meses después, las llaves de López aparecieron en el jardín de su casa. Las pericias de Gendarmería y la Bonaerense resultaron contradictorias, una afirmó que hacía poco tiempo que estaban en el jardín y la otra que estuvieron más de tres meses. Los organismos denunciaron nuevamente que se “plantaron” las pruebas o no se había rastrillado la zona correctamente.
Ya apartada la Bonaerense, debieron pasar seis meses más para que Corazza le diera el expediente a la secretaría especializada en delitos de lesa humanidad, que apuntó la investigación hacia los represores interesados en que López no declarara, aunque el envión sólo duró unos meses y dejó algunas pistas inconclusas. “Lo que vimos en los pocos meses que la secretaría especial de Juan Martín Nogueira investigó en ese sentido, con los allanamientos en Marcos Paz (donde estaba preso Etchecolatz), es el entramado de coordinación entre los penitenciarios, la policía, la Marina y los imputados en los juicios”, contó la abogada.
A pesar de las pruebas que se generaron en esos meses, esas líneas de investigación se perdieron y el expediente se paralizó ante el cambio de juez. Durante los primeros dos años, la causa fue instruida por el juez Arnaldo Corazza, quien se apartó en febrero de 2009 con el argumento de la “violencia moral” que le provocó la denuncia que hizo la familia de López contra él por no haber impedido el secuestro. La posta la tomó el juez Manuel Blanco, quien continúa al frente de la investigación. La abogada explicó que actualmente, la causa tiene movimiento, pero es sólo formal. “No podemos decir que no se otorgan las medidas de prueba que pedimos, pero el problema es cómo se cumplen, porque hay una cuestión burocrática que lo que demuestra es que no hay voluntad para investigar”, señaló Godoy. <

Fuente: Teimpo Argentino
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EL PAIS › UN PEDIDO DE LOS ABOGADOS DE LOS NOBLE

Buscando nuevos jueces

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Los abogados de Marcela y Felipe Noble intentan apartar a la Sala II de la Cámara de San Martín, que viene impulsando la continuidad de la investigación para determinar si son hijos de desaparecidos. Lo dejaron en claro el jueves último, en una audiencia en la Cámara de Casación. Habían sido convocados porque ese tribunal debe resolver un pedido del abogado Jorge Anzorreguy para que se anule la resolución que lo separó de la causa, junto con Horacio Silva, por “incompatibilidad de intereses”, ya que ambos, decía, representaban en forma “coordinada e indistinta” a Ernestina Herrera de Noble y a los jóvenes que adoptó en 1976.

La Sala II de la Cámara de San Martín tuvo muchas intervenciones a lo largo de la investigación sobre la adopción de Marcela y Felipe, que se caracterizaron por ir despejando escollos para que el caso avance: apartó al juez Conrado Bergesio por demorar el expediente, que tuvo durante siete años y no llegó a nada; ordenó obtener muestras de ADN de los jóvenes; avaló su entrecruzamiento con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); y rechazó la recusación de Arroyo Salgado. La Cámara de San Martín tiene dos salas, de modo que si fuera apartada la sala actual, sólo quedaría una opción, la Sala I, que suele fallar a favor de los represores y ha insistido con la validez de las leyes de punto final y obediencia debida.

La causa sobre la identidad de los hijos de las dueña de Clarín está llena de vericuetos, y este caso, el de los abogados Anzorreguy y Silva, es uno de ellos. La Cámara de Casación rechazó, por un lado, dos apelaciones que habían presentado sin la firma de Marcela y Felipe. Pero, además, señaló: “Habida cuenta de la incompatibilidad de intereses entre la imputada y quienes se alega serían víctimas (...) corresponde disponer que el juez federal tome las medidas ordenatorias del proceso necesarias para impedir la actuación de esos letrados como abogados, apoderados o patrocinantes simultánea o sucesivamente de los mencionados sujetos”.

Después de aquel fallo, la jueza Arroyo Salgado sostuvo que, como los abogados ya habían actuado “en forma sucesiva”, no le quedaba otra salida más que disponer su apartamiento. Además, los denunció penalmente por prevaricato (actuar o fallar en forma premeditada contra derecho) y ante el Colegio Público de Abogados. Luego, los integrantes de la Sala II de San Martín (Daniel Rudi, Hugo Gurruchaga y Alberto Criscuolo) confirmaron la decisión de la magistrada. Anzorreguy se presentó ante la Cámara de Casación, donde pidió la nulidad.

A la audiencia que se hizo anteayer con los jueces de Casación fueron convocados, además de Anzorreguy y Silva, los abogados actuales de Marcela y Felipe (fueron Alejandro Carrió y Roxana Piña) y los de Herrera de Noble (estuvo Eduardo Padilla Fox). Por Abuelas de Plaza de Mayo fue Alan Iud. En ese contexto, informaron fuentes judiciales, Anzorreguy reclamó apartar a los camaristas de San Martín, con el argumento de que avalaron una decisión de Arroyo Salgado que se extralimitó al correrlo del expediente. Carrió, Piña y Padilla Fox adhirieron al planteo. Casación convocó para otra audiencia el jueves próximo donde anunciará su decisión.

Mientras tanto, la jueza Arroyo Salgado aún debe resolver si ordena alguna nueva medida teniendo en cuenta que con el ADN obtenido en el último allanamiento no se pudo establecer el perfil genético de Marcela y Felipe y fue imposible cotejarlo con el BNDG.

Fuente: Pagina 12

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Boletín Electrónico de noticias y actividades de la AEDD nro 725
COMUNICADO DE PRENSA
Reiteramos el comunicado de prensa que enviamos ayer, 16 de septiembre a las 13 hs, e informamos que el acto frente al Pozo de Banfield se realizó a las 15 hs, sin la presencia de la Presidenta ni del Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tampoco se realizaron los anuncios previstos sobre instalación de un Espacio para la Memoria ni del Centro para atención a embarazadas. El juez Corazza intimó al Gobierno Provincial a que le informe qué es lo que pretende hacer, recordándole que existe la orden de no innovar.
Redoblamos nuestro compromiso de seguir luchando para que la causa judicial avance y para que se constituya un espacio amplio de discusión sobre qué tipo de Espacio de memoria debería instalarse en ese lugar.

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA REDOBLA LA PROVOCACIÓN
PRETENDE INSTALAR UN CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS EN EL POZO DE BANFIELD

Desde el año 2006 pesa sobre el Pozo de Banfield una orden judicial del Dr. Arnaldo Corazza Juzgado Federal N° 3 de La Plata de no innovar que impide la realización de cualquier modificación en el lugar, incluida su fachada.
Desde esa época, la Multisectorial Chau Pozo y organizaciones querellantes en la causa hemos concurrido a diversas reuniones en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia donde se ha discutido la situación del Pozo, reuniones en la que una y otra vez hemos insistido en la constitución de un espacio amplio de discusión –similar al que funciona en otros CCD transformados en lugares de memoria- sobre qué memoria debería construirse en ese lugar, y siempre una memoria ligada a la justicia.


Esta semana nos enteramos por los medios de comunicación que, a 34 años de la noche de los lápices se realizaría un acto en el lugar para instalar allí un centro de Memoria, y simultáneamente, comprobamos el inicio de obras dentro del lugar, el retiro de los carteles de la Multisectorial Chau Pozo, y el reemplazo por unos nuevos, todos hechos que violentan manifiestamente la medida de no innovar dispuesta por el Juez.

Pero mucho más grave es que el proyecto plantea “la instalación de un Centro Materno Infantil destinado a la salud integral de las mujeres embarazadas que lo soliciten, durante el parto y también en el período de lactancia, en honor a las madres secuestradas"; según se publica en el diario La Unión de Lomas de Zamora en el día de la fecha. Esto será anunciado por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner en un acto que se realizará esta tarde frente al Pozo de Banfield.
Repudiamos enérgicamente este macabro proyecto, y consideramos que instalar allí un centro de atención materno-infantil es una resolución perversa, más aún cuando uno de los dos únicos represores condenados por delitos allí cometidos, el médico torturador Jorge Antonio Bergés, está gozando de prisión domiciliaria.
Denunciamos al Gobierno Provincial y a su Secretaría de Derechos Humanos, y exigimos la inmediata suspensión del anuncio y de las obras.
Justicia YA! ha denunciado en la causa Pozo de Banfield esta situación, solicitándole al Juez Corazza que intime a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia a suspender inmediatamente las obras, retirar los carteles instalados, y a abstenerse de realizar anuncios que violan la orden judicial.
Hoy 16 de septiembre de 2010, a 34 años de la noche de los lápices, decimos:
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA
JUICIO, CASTIGO Y CÁRCEL COMÚN A TODOS LOS GENOCIDAS
NO A LA MANIPULACIÓN DE LA MEMORIA EN EL POZO DE BANFIELD NI EN NINGÚN OTRO CCD
Asociación Anahí
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADeP
CTA La Plata-Ensenada
Instituto de Relaciones Ecuménicas
EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial)
Insurrectos, conducción Centro de Estudiantes, Facultad de Trabajo Social, UNLP
La Ciega, Colectivo de Abogados Populares
Liberpueblo
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Multisectorial "Chau Pozo"
Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada
Unión por los DDHH La Plata
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
Patricia Walsh, diputada nacional (MC), Carlos Zaidman

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Masacre de Margarita Belén. Juicio oral-Día 27

El médico de los certificados de defunción sin autopsia

Se trata de Héctor Grillo, el médico policial acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Otro de los testigos, el ex soldado Alfredo Pegoraro casi es acusado de falso testimonio, por sus groseras contradicciones.

El ex médico policial, Héctor Grillo, ayer y hoy

La reanudación del juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén tuvo nuevo cruces entre las partes del proceso, con un condimento extra: la presencia de un grupo de abogados pro dictadura que recorren el país apoyando a los imputados por crímenes de lesa humanidad. La historia del día es la siguien.
El médico Héctor Orlando Grillo, ex médico de sanidad policial denunciado por su participación en torturas a presos políticos, ingresó a la sala rengueando. Se lo vio bastante demacrado, pero en ningún momento demostró nerviosismo; como era de esperarse, durante toda su declaración se ciñó a la historia oficial.

“Fui convocado para certificar el deceso de unos fallecidos que estaban en el Regimiento un lunes a última hora de mi guardia (a las 13 ó 14, aproximadamente)”. Llegó en un patrullero, no recuerda si acompañado o sólo, tampoco la autoridad que lo convocó.
Contó que vio 6 ó 7 cuerpos en el suelo, estaban vestidos, medianamente limpios, no tenían lesiones pero sí múltiples heridas de bala en abdomen y tórax. Todos eran NN. Había una mujer. No había cadáveres con balazos en la cabeza. Después de constatar todo esto, en Sanidad hizo los certificados de defunción. Como la causa de muerte “era evidente” no hizo autopsia.

Cuando se le preguntó por la posibilidad de notar un fémur quebrado sin autopsia, Grillo respondió que en caso de producirse un desvío la fractura es evidente, pero que también puede pasar desaperciba. La pregunta hacía referencia a Carlos Zamudio, asesinado en la Masacre. Zamudio tenía una fractura perimortem en el fémur izquierdo.
Este tipo de lesiones se producen en el momento circundante a la muerte, antes, o muy poco después. El golpe tiene que haber venido desde adelante, se descarta que haya sido originada por un proyectil, y revela que habría sido producida por golpe fortísimo, según las pericias realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
-¿Usted sabía que es obligatorio hacer autopsias en caso de muerte violenta?, preguntó el abogado querellante Mario Bosch.
-No, respondió Grillo, autor de un libro sobre medicina legal, y con una dilatada trayectoria como perito.

Al borde del falso testimonio.
En 1976, Alfredo Pegoraro era un soldado raso en el Regimiento de la Liguria que se desempeñaba como chofer de la batería B del Grupo de Artillería 7.El relato de lo que pudo ver y oír la mañana del 13 de diciembre de 1976 en el Regimiento se desarrolló con avances y retrocesos, siempre al filo del artículo 275 (falso testimonio).
Lo que sucedió es que el relato de Pegoraro no coincidía con su testimonio de octubre de 2006 ante el juez de instrucción: “Cuando estuve haciendo el servicio militar en una oportunidad vi un Peugeot 404 con sangre y unos balazos de FAL, y un camión con la carrocería trasera llena de sangre”, afirmó.
Cuando se le preguntó por la permanencia de detenidos políticos en el cuartel, respondió que había visto a uno, negó haber visto o saber algo de cadáveres tendidos en hilera en el playón del Regimiento y varias veces manifestó no saber ni recordar nada más.
“Que se lea el acta de su declaración anterior porque hay dos contradicciones importantes”, solicitó Bosch. Las contradicciones más importantes eran dos: los cadáveres vistos y el número de personas detenidas.

Lo que sigue son los tramos más importantes del acta que fueron leídos por el secretario del Juzgado Federal, Francisco Randán: “…Nos enteramos de un ataque a la compañía que iba a Formosa…mormuraban que habían traído los cuerpos al playón, eran doce o trece, todos ensangrentados uno al lado del otro… después trajeron un Peugeot lleno de sangre, con muchos balazos… tenía restos de sesos en el techo…”.
Por si esto fuera poco, en el acta, Pegoraro señaló que eran tres los “civiles detenidos” en unas dependencias a la derecha del playón y a quienes después del 13 de diciembre no volvió a ver.
Ante tamaña incongruencia, el testigo en apuros reconoció que haber visto unos cuerpos en la caja de un camión, dijo que “seguro eran más de diez”, por lo que la jueza Gladys Yunes, presidenta del Tribunal Oral Federal, le pidió mayor claridad.

“Lo que usted dijo en el juzgado… ¿Porqué lo dijo? ¿Recordaba más en 2006 o lo que dice ahora se acerca más a la realidad?”, le espetó, pero Pegoraro no supo responder.
Siguieron más preguntas. Pegoraro era la imagen de la soledad, con los imputados mirándolo fijamente a su derecha, casi tan nerviosos como él, que siempre respondió a medias y en más de una ocasión, cuando quiso aclarar, oscureció más aún el panorama, a tal punto que para varios de los presentes el fantasma de un apriete al testigo sobrevoló la sala de audiencia.
Cuando la cosa no daba para más, el fiscal Germán Wiens Pinto manifestó: “En atención a la cantidad de contradicciones esta Fiscalía solicita se lea íntegramente la testimonial en base al artículo 391 inciso segundo del Código Procesal que contempla esta situación”. Y ahí comenzó el primer choque de la mañana.

“Qué masacre…”
“Me opongo, que se termine de entrevistar al testigo antes, porque de otra manera se desvirtúa el principio de inmediatez”, retrucó el abogado de la defensa Federico Carniel. Su colega Juan Manuel Costilla aportó lo suyo: “No hay que refrescar la memoria, simplemente hay contradicciones, pero esta defensa cree que el testigo dice la verdad ahora”, acotó, ante lo cual el Tribunal decidió leer la declaración por tramos y para que el testigo ratifique o manifieste recordar las cosas de manera diferente.
Comienza entonces la lectura por partes del acta en la Pegoraro refiere haber visto que un grupo de soldados y oficiales cargaban los cuerpos (antes había dicho que vio los cadáveres en el camión y nada más), que había dos chicas “completamente destrozadas” y que los soldados murmuraban “qué masacre…”.

Consultado acerca de si había visto o no soldados bajando cuerpos, el testigo reconoció que vio soldados hacerlo, pero no conocía sus identidades, porque pertenecían a otra batería.
Según la declaración del acta, los oficiales al mando de la descarga de cuerpos, eran varios, al que más recuerda es a Luis Alberto Patetta “porque era gordito y petiso”, estaba Athos Rennes, (jefe de la Compañía) y también Baguear (los dos primeros imputados en la causa). Y más contradicciones. Primero: “No los vi en el playón, los vi en la oficina”. Después: “Los ví, pero cerca del playón”.

Entonces, la jueza Yunnes le reclamó que se ponga de acuerdo consigo mismo: “Estoy asombrada pora la cantidad de contradicciones, diga la verdad por favor”. Lo siguiente fue la decisión de Tribunal de llamar a un cuarto intermedio para que el testigo refresque su memoria, después del cual se le explicó que no se lo estaba investigando, y se le preguntó si ratificaba todo lo que había declarado en la audiencia.
Pegoraro respondió que sí y se continuó con la ronda de preguntas. La distancia y el ángulo desde el cual divisó los cuerpos generó un nuevo cruce entre las partes, al punto de que casi hubo que recurrir a las grabaciones de del debate, pero la cuestión ya estaba perimida y el testigo fue desocupado. “Trate de preservar su declaración señor Pegoraro”, fue la seca despedida de la jueza Yunnes.

Abogados castrenses.
El grupo de letrados pro dictadura “Abogados por la concordia” estuvo presente en la sala; 8 señores bien trajeados y una rubia mujer de rostro algo estirado y sonrisa de botox. El jabogado Alberto Solanet, presidente de la asociación, encabezó el grupo, que confraternizó con los imputados como si fueran una gran familia.
Los hombres miraban con gesto adusto y cada tanto comentaban alguna “injusticia” para con los 9 militares imputados. Uno de ellos tenía un librito en la mano al que cada tanto acudía, como para hacer más llevadera tanta ignominia: Dante Vivo” de Giovani Papini, un escritor y poeta italiano fascista y antisemita que se recluyó en un convento franciscano de Verna cuando cayó Mussolini en 1943.

La “Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia” fue fundada en Buenos Aires en 2009 para presionar por la libertad de los militares procesados y detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
Durante el cuarto intermedio en el balcón del Tribunal, dos letrados mantuvieron una discusión con el Chango Orellana, siempre presente. La discusión fue acalorada pero pacífica. No hubo síntesis posible. “Deje nomás, no nos vamos a poner de acuerdo”, se sinceró uno de los letrados, desistiendo de la defensa a los años de plomo y apurado por esperar el reinicio de los debates en la sala de audiencias.




Informe: Gonzalo Torres
Edición: Marcos Salomón

Fuente: Chaco Dia por Dia

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TESTIMONIOS - Presos afirmaron que cuando los bajaban sufrían brutales tormentos
La “Side santiagueña” tenía un sótano acondicionado para torturas
La reconstrucción del edificio se hizo sobre la base de datos aportados por los detenidos ante la necesidad de que se tomara una real dimensión de lo que allí vivieron.

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Durante la instrucción de la causa en las que se investiga la muerte de Cecilio Kamenetzky, varios testigos mencionaron la existencia de un sótano en el edificio del Departamento de Informaciones Policiales o también conocida como la Side santiagueña, al que eran conducidos los detenidos considerados “los más peligrosos”; una vez en el lugar, eran sometidos a crueles tormentos y torturas por parte de los represores que estaban al mando de Musa Azar Curi.
En la declaración realizada el último jueves, el arquitecto Daniel Rizzo Patrón dibujó un croquis, de la construcción ubicada en avenida Belgrano casi Alsina al lado donde el Comité de la UCR funciona actualmente. Además este dibujo, que figura en la causa, describe la distribución de los ambientes en los que se dividía el edificio donde funcionaba la DIP y en el que también fue víctima de una “golpiza brutal” en el sótano.
Rizzo Patrón relató que el día de su detención fue llevado, en primer lugar, a la escuela Industrial y de ahí fue trasladado hacia las oficinas de la Side, en el sótano lo esposaron a una silla “de esas tijeras que se usaban en los bailes” y durante cuatro días no le dieron de comer ni beber.
En ese sentido, el arquitecto contó cruentos detalles de las torturas psicológicas y físicas a las que fue sometido y reveló que “el torturador siempre empezaba a golpear en frío y que a medida que iba pegando cada vez más era como si se fuese excitando, como si llegaran al orgasmo”.

Causa
En el expediente judicial figura el testimonio de Luis Roberto Ávila Otrera, ex preso político, quien también ubicó el edificio y las torturas allí cometidas. En su declaración manifestó que en una oportunidad personal de la DIP le hizo escuchar una clase grabada de Kamenetzky acerca del marxismo, para que les explicara “algunas cosas que ellos no entendían”. Esa noche a Ávila Otrera le llamó mucho la atención el silencio y luego “por primera vez se estremeció” cuando oyó gritos, órdenes de mando y corridas hasta que un momento logró escuchar una voz que dijo “jefe, jefe por ahí va y la voz de Musa que respondió ‘dejame, dejame para mí’”.
Seguidamente, Ávila Otrera contó que se produjo la descarga de una itaka y luego de ello sintió quejidos y alaridos de dolor. “En ese momento apareció un policía, que se hacía el ‘amigable’, en la cocina y me dijo que me iban a trasladar rápido al sótano y me comentó que lo limpiaron al rusito”, relató al añadir que era “Kamenetzky, que lo mataron”.
Otro de los testimonios que surge de la investigación es el de Cristina Torres, quien contó que en el sótano de la DIP, Musa Azar Curi le dijo que debía reconocer todo de lo que se le acusaba y que si no lo hacía le pasaría “lo mismo que a éste”, mostrándole el estado en que se encontraba Mario Giribaldi, junto a otra personas que luego se enteró que era Kamenetzky.
En esa documentación, dejó asentado que al día siguiente fue sacada del sótano y llevada a una habitación contigua con otros detenidos, entre ellos Giribaldi y Kamenetzky, a quien conoció en ese momento. “Tenía 18 años, estaba en buen estado físico y esperanzado en ser legalizado”, contó.
A diferencia de Cecilio, relató que “Giribaldi estaba muy deteriorado, con llagas en las muñecas y tobillos, casi sin pestañas ni cejas” y que le dijo que “era por haber estado vendado mucho tiempo”, con las uñas de los pies y de las manos lastimadas de “forma impresionante”.
Unos días después, Musa Azar Curi la llevó a su despacho, en la sede de la DIP, y le dijo que los tres -por órdenes superiores- iban a ser llevados a un campo a Tucumán. “Nos subieron a un vehículo, nos vuelven a vendar y me sacan un anillo y el reloj, pero el auto finalmente no salió porque no tenía vale para nafta”, declaró.
Luego la retiraron del vehículo, vino nuevamente Musa Azar Curi y le dijo que a ella “no la iban a llevar y que volviera al Penal”.


Testimonio clave

Pero no solo los presos políticos narraron las situaciones de tormentos. Delia Myriam Carreras de Gómez, fue numeraria del Departamento de Informaciones Policiales, y contó ante la Jefatura de Policía, el 25 de junio del año 1985, cómo en aquel entonces, pudo observar “la presencia de numerosas personas detenidas, entre ellas al ciudadano Mario Giribaldi al que únicamente lo conocía de vista, y que fue sacado del Departamento por Musa, “Pirulo” Garbi y Ramiro López Veloso”. Aunque no supo el destino de Giribaldi, Delia dijo que “lo hicieron desaparecer, haciendo figurar a posteriori la evasión”.

El sótano del horror

La entonces policía recordó además que los detenidos en la también denominada Side santiagueña, sabían que iban a sufrir tormentos cuando sus torturadores les avisaban que iban a ser llevados al sótano del edificio. “Los detenidos peligrosos eran llevados a un sótano, pude observar torturas a las que se los sometía”, atestiguó Carreras de Gómez, quien específicamente dijo que vio cómo lo pegaban a Giribaldi. “Le asestaban golpes de puño. El escenario de los hechos era el famoso sótano”, dejó constancia en su exposición.
En su declaración que figura en los expedientes judiciales, señaló que este hecho ocurrió a la medianoche, dos días antes de “hacerlo desaparecer a Giribaldi”, y que fue testigo presencial porque ella estaba de guardia. “Giribaldi se había fugado y lograron encontrarlo, el mismo fue brutalmente sometido a tormentos, acto que se llevaba a cabo en el sótano, en consecuencia durante el día no le daban de comer y era considerado peligroso”, consignó.

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DIPUTADA NACIONAL - Dijo que Azar Curi manejaba un aparato represivo aun en democracia
Diana Conti: “Hoy en Santiago del Estero se respira aire de libertad”
Estuvo en Santiago para dar una charla sobre los “Desafíos de la Justicia” en Casa de Gobierno y expresar su apoyo a la realización del juicio por el crimen de Kamenetzky.
Posición. La ex secretaria de Derechos Humanos de la Nación sostuvo que los condenados por delitos de lesa humanidad tienen que ir a “cárcel común”. Disertó en Casa de Gobierno.
“Vine varias veces a Santiago y ahora la veo linda, se nota que hicieron muchas cosas. Además, hoy se respira aire de libertad”, lanzó Diana Conti, diputada nacional del kirchnerismo, durante un diálogo que mantuvo con EL LIBERAL. Es que recordó que en plena democracia, ella estaba al frente de la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno de la Alianza, y que sabía que Musa Azar Curi manejaba un aparato “represivo”.
Incluso reveló que cuando ella venía a Santiago en función de su cargo, Musa le hacía saber a través de señales o mensajes cifrados, que sabía de todos sus movimientos y que tenía gente en todos los lugares que estuvo.
Conti llegó a la provincia para dar su apoyo a la realización del juicio por el crimen de Cecilio Kamenetzky, el primero de lesa humanidad en la jurisdicción, algo que rescató de sobremanera. “Creo que es muy sano para Santiago y su población que este juicio se realice y que tengan en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad a quien también durante muchos años de la democracia, siguió controlando el aparato estatal que para mi gusto era represivo”, dijo al referirse a Musa Azar Curi.

Intacto
Sostuvo que el largo tiempo transcurrido, casi 34 años, para que se concrete el proceso oral por el asesinato de Cecilio Kamenetzky, se debió a dos motivos: El primero, fueron las leyes de impunidad y los indultos. El restante, a que “aún en democracia, el aparato dictatorial se mantuvo prácticamente intacto”.
“Esto generó –opinó- una falta de desarrollo del pueblo de Santiago, de su gente”. Por ello consideró “muy sano y lógico que ahora un gobierno elegido popularmente, adhiera y respete el valor de que se realice este juicio porque incluso va a hacer que los que están en desacuerdo, reflexionen y sepan que nunca más la Argentina va a ser gobernada por quien no defiende los intereses de todos, en búsqueda de libertad e igualdad a la vez”.
Por último, ante el debate sobre si los represores deben ir a cárcel común o tener un régimen especial de reclusión, Conti fue tajante: “Tienen que ir a una cárcel común; ahora, por supuesto, cada juez se hará cargo de cómo dispone de su detenido”.
Fuente: El Liberal

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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

DESDE DICIEMBRE 2007 COMO RED DE NOTICIAS DH

viernes, 17 de septiembre de 2010

Fue asesinado en 1976

Ordenan excavaciones en busca de restos de Santucho

16-09-2010 / El juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj ordenó excavar un predio donde funcionó un centro clandestino de detención en la última Dictadura, en un nuevo intento por hallar los restos del asesinado ex líder del ERP Mario Roberto Santucho.
Durante la trepidante década del setenta, Santucho comandó el ejército guerrillero más formidable de América latina.
El juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj ordenó excavar un predio donde funcionó un centro clandestino de detención en la última dictadura, en un nuevo intento por hallar los restos del asesinado ex líder del ERP Mario Roberto Santucho.

Las excavaciones en el lugar conocido como "El Campito", que funcionó bajo la órbita de la jurisdicción de Campo de Mayo, estarán a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, informaron fuentes judiciales. El titular del juzgado federal 2 de San Martín allanó el lugar y dispuso el inicio de los trabajos en aproximadamente dos semanas, en respuesta a un planteo de la familia de Santucho.

Esto se concretó a raíz de información que abriría la posibilidad de que sus restos hayan sido enterrados en una de las "piletas" que había en ese predio. Además se buscarán evidencias que avalen los testimonios recolectados en la causa referidos al funcionamiento de ese centro clandestino de detención.

El 19 de julio de 1976, Santucho y el también líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, Benito Urteaga, fueron asesinados por un comando del Batallón 601 del Ejército en un departamento de la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de San Martín.

En el lugar murió también el capitán Juan Carlos Leonetti, un oficial de Inteligencia del Ejército a cargo del operativo, y fueron secuestrados Liliana Delfino, Domingo Mena y Ana Lanzillotto, embarazada de seis meses y aún desaparecidos. Los restos de Santucho y Urteaga fueron buscados ya sin éxito en los últimos años por orden judicial.

PRIMERA VISITA INSTITUCIONAL DE UN GREMIO
La Federación Gráfica Bonaerense visitó el ANM

Cerca de cien delegados y dirigentes de la Federación Gráfica Bonaerense, cuyo titular es el histórico líder sindical Raymundo Ongaro, visitó el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), en el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA). Se trata de la primera visita institucional por parte de un gremio al ANM y posteriormente recorrieron el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE).

Los delegados gráficos fueron recibidos por el director de Prensa y Comunicación del ANM, Marcelo Duhalde, y por la compañera del periodista y militante desaparecido Rodolfo Walsh, Lilia Ferreyra, representante del ANM en el directorio del Ente Espacio para la Memoria. Entre los integrantes del gremio gráfico estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Raul Goldar; el tesorero, Francisco Ozemo; el coordinador de Higiene, Oscar Encina; y el secretario de Juventud, Leonel Núñez.

En un emotivo encuentro, Duhalde y Ferreyra rememoraron los años de lucha de la CGT de los Argentinos, que lideraban Raymundo Ongaro y Agustín Tosco, resaltando la importancia de que un sindicato con la historia de compromiso con el pueblo argentino y la clase trabajadora visite el ANM y el Espacio para la Memoria.

Los delegados gráficos hicieron entrega de una placa en memoria de los 84 trabajadores y trabajadoras gráficos detenidos desaparecidos, que se expondrá en el ANM.

Desde ya, agradecemos su colaboración en la difusión.
Saluda atte.

Marcelo Duhalde
Director
Prensa y Comunicación
Archivo Nacional de la Memoria
Av. Del Libertardor 8151-C.A.B.A
(011)4702-1155

viernes, 10 de septiembre de 2010

Prisión a domicilio
El ex segundo jefe de la Guarnición Ejército Salta, Joaquín Cornejo Alemán, cumplirá su detención preventiva en su casa de Vaqueros, después que el juez federal Miguel Medina le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria.
El juez dispuso su prisión en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición del conscripto Víctor Brizzi, ocurrida en Marzo de 1976, pocas semanas después de haber ingresado al servicio militar obligatorio.

Cornejo Alemán, de 77 años, fue procesado en la causa, lo mismo que el jefe de la Guarnición, Carlos Mulhall. El juez consideró que ambos estaban al tanto y supervisaban todo lo que ocurría en la Guarnición.

Brizzi era un antiguo militante de la Juventud Peronista que apoyó la gestión de Miguel Ragone. Desapareció en los mismos días que el ex gobernador, aunque Cornejo Alemán y Mulhall argumentaron en su momento que se había retirado a ver a su padre enfermo, y que nunca regresó.

Fuente: Nuevo Diario de Salta
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SANTIAGO DEL ESTERO
PERICIAS - Se evalúa su estado físico y psíquico
Este viernes se sabrá si Bussi estará o no en el juicio por Kamenetzky
Aunque resta conocerse el informe del cuerpo forense de la Corte Suprema, en el Juzgado Federal algunos ya dan como un hecho que el ex represor tucumano no será parte de las audiencias públicas.
Las autoridades del Tribunal Oral Federal (TOF) encargadas de llevar adelante el juicio por Kamenetzky, recibirán este viernes el informe sobre el estado de salud físico y psicológico de Antonio Domingo Bussi, ex interventor y jefe militar en Tucumán durante la dictadura militar. Las conclusiones de los estudios serán decisivas para saber si el represor podrá participar de las audiencias por el primer proceso por crímenes de lesa humanidad que se realizarán en Santiago del Estero.
Así lo señaló a EL LIBERAL el secretario del TOF, Mario Martínez Llanos, quien comentó que las pericias sobre Bussi son realizadas por el equipo forense de la Justicia Federal de Tucumán, a pedido del Dr. Cristian Rando, profesional designado por la Suprema Corte de la Nación para evaluar al ex militar, sobre quien ordenó una serie de estudios.
El próximo martes 14 a las 9 comenzará la primera de las audiencias públicas en la que se juzgará a los imputados del secuestro, torturas y asesinato del joven Cecilio Kamenetzky Bulgarelli, el 13 de noviembre de 1976. Ante la premura de contar con los resultados del estudio a Bussi, Rando enviará su conclusión por fax, para no demorar más el trámite que resta para iniciar el juicio.
De todos modos, en los pasillos del Juzgado Federal ya dan prácticamente como un hecho que el ex funcionario castrense -también elegido gobernador durante la democracia- no será parte de las audiencias. Su estado de salud habría empeorado en los últimos meses, con afecciones pulmonares y coronarias. Por este motivo había sido apartado del juicio por los crímenes cometidos en la ex Jefatura de Tucumán, que finalizó semanas atrás.
De esta manera, los debates públicos se iniciarán sin la presencia de los responsables militares del aparato represivo ya que los otros dos imputados, Jorge Rafael Videla (ex presidente de facto) y Luciano Benjamín Menéndez (ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército) son juzgados en Córdoba por los delitos cometidos en esa provincia durante la dictadura. Quienes sí estarán presentes, serán los miembros del aparato represivo local: Antonio Musa Azar Curi, jefe del desaparecido Departamento de Informaciones Policiales (DIP) y procesado en más de 100 causas por delitos de lesa humanidad; y los ex policías Tomás Garbi y Ramiro López Veloso.
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Designan al catamarqueño Adolfo Guzmán como cuarto juez
La Cámara Nacional de Casación Penal determinó que el camarista federal de Catamarca, Adolfo Guzmán, sea el cuarto juez del TOF que juzgará a los imputados del caso Kamenetzky. El cuerpo tiene la particularidad de ser íntegramente femenino, su presidenta es la santiagueña Jofefina Curi, y las vocales las tucumanas Marina Cossio de Mercau y Graciela Fernández. Guzmán fue designada para cubrir a algunas de sus pares, ante cualquier eventualidad que pueda surgir sobre el proceso.
Por otra parte, el lunes llegará a la provincia una dotación especial del Servicio Penitenciario Federal de Buenos Aires con un vehículo, para encargarse del traslado de los imputados Tomás Garbi y Ramiro López Veloso, desde la cárcel federal de Colonia Pinto hacia el Juzgado Federal y viceversa, una vez que culminen las jornadas, en horas de la tarde.
En tanto, los trabajos en el recinto concluyeron, con la instalación de puertas antipánico, la instalación de un nuevo equipo de audio y la eliminación de parte de una baranda de mármol que separa el estrado del público, para permitir que los testigos pasen a dar testimonio. También se está ultimando la sala contigua al recinto en la que los imputados podrán estar si lo desean. Ese ambiente cuenta con video y audio y un baño.

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OPINIÓN - Secretaría de Derechos Humanos

“Se va a determinar cómo funcionó la estructura criminal en Santiago”

Héctor Carabajal, abogado de la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, destacó la trascendencia de realizar en la provincia el primer juicio por delitos de lesa humanidad. Dijo que durante las audiencias “se va a determinar judicialmente cómo ha funcionado esa estructura criminal”, con relación al aparato represivo local que comandó Musa Azar Curi.
“Todos estamos esperando ansiosos que llegue el martes porque después de 30 años vamos a tener en Santiago el primer juicio por lesa humanidad”, confesó Carabajal, quien informó que desde la delegación de la Secretaría nacional se trabaja conjuntamente con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia para realizar un acompañamiento a los testigos del juicio. Sostuvo que este respaldo a los testigos es vital para evitar una “revictimización”, ya que vuelven a confiar en la Justicia tras haberlo hecho en el 84 y se hayan sancionando las leyes de impunidad para los represores. “Es un proceso que no es fácil porque las consecuencias del terrorismo de Estado nos ha tocado como sociedad”, señaló.
En cuanto a la importancia de la concreción del juicio oral afirmó que “no se puede cerrar el pasado sin justicia, no puede haber un punto final como dijo la Corte, sin que sean juzgados los responsables de los graves crímenes que han ocurrido en nuestro país, en particular en Santiago”.

Diana Conti viene para apoyar los procesos contra los represores

El próximo viernes 17 de septiembre llegará a Santiago del Estero la diputada nacional del Frente para la Victoria, Diana Conti, para apoyar la realización del juicio oral por el asesinato del joven estudiante, Cecilio Kamenetzky, ocurrido durante la dictadura militar y que tiene como imputados a represores locales y nacionales.
Conti es integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y además en su visita a la provincia disertará sobre Las Perspectivas de la Justicia en la Argentina, en un lugar a confirmar, según informó el apoderado de la Fundación Liga de Derechos Humanos de Santiago del Estero, Luis Horacio Santucho, entidad que organiza el arribo.
En su función como legisladora, Conti presentó varios proyectos vinculados a las problemática de los Derechos Humanos y de la Legislación Penal. Fue designada miembro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en diciembre del año 2005.

Fuente: El Liberal

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Subject: Actividades I Congreso MNCI-Movimiento Nacional Campesino Indígena
Date: Tue, 7 Sep 2010 22:58:26 -0300

Cronograma de actividades

Primer Congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena

Asistirán más de mil familias de Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza, Salta, Formosa, Cordoba, Buenos Aires.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) nació en 1996 como articulación política en el marco de la mesa nacional de organizaciones de la agricultura familiar, fue tomando cuerpo orgánico y político a partir del año 2003, donde varias organizaciones (algunos con mucha trayectoria en el territorio provincial) fortalecimos la idea de construir un movimiento de carácter nacional y autónomo con desarrollo territorial y con la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria Integral como horizontes en el camino hacia una nueva sociedad, donde no existan explotados ni explotadores, y en la cual convivamos con la madre naturaleza sin agredirla como en la actualidad.
El MNCI se ha desarrollado en 10 provincias con una participación activa de más de 20 mil familias campesinas e indígenas (del campo y la ciudad) y una acción territorial que incide en más de 100 mil familias.
Las organizaciones provinciales que integran el MNCI, son el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE - VC), el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza y San Juan, la Red Puna de Jujuy, Encuentro Calchaquí de Salta y Mesa Campesina del Norte Neuquino, Giros (Grupo Independiente Rosarino Organizado Solidariamente), y Organizaciones Comunitarias Urbanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
Algunas organizaciones ya pertenecían a Vía Campesina internacional, sin embargo en la V Conferencia Internacional de Vía Campesina la membrecía del MNCI fue ratificada. Además integra la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).

Jueves 9

16 hs. Conferencia de prensa. Con presencia de los diputados nacionales Victoria Donda y Remo Carlotto, presidenta y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Nora Cortiñias de Madre de Playa de Mayo LF, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y los diputados Alcira Argumedo, Jorge Cardelli, Mariano West, entre otros.

Salón José Luis Cabezas, Congreso de la Nación

Viernes 10

9 a 18 hs. Diálogo Nacional por la Reforma Agraria, la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural de la FAO, Sede de la Federación gráfica bonaerense, Paseo Colon 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actividad cerrada a prensa e invitados.

22 hs. Recital de la asamblea de mujeres. Verónica Condomí, Norma Aguirre y copleras de Jujuy en el Sindicato de Pasteleros

Sabado 11

15 hs. Apertura del Congreso. Mística de apertura.

Feria desde las 15 horas.

Domingo 12 y Lunes 13

Feria de productos, charlas y proyecciones abiertas. Conocer al Movimiento, como funcionan los Dos modelos, dialogar con los protagonistas.

Desde las 10 hasta las 17 horas.

Martes 14

Caminata y Acto en la Plaza de Mayo. 15 horas aprox. Arbolito, Rubén Patagonia y Rally Barrionuevo.

El congreso se llevará a cabo en el Sindicato de Pasteleros, Ruta de la Tradición (Ex Camino de Cintura) 6455, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.

COLECTIVO 32: Once hasta Olimpo

COLECTIVO 92: Hasta Olimpo
COLECTIVO 306: Spegazzini a San Justo y Pte La Noria a Spegazzini
COLECTIVO 406: San Justo a Burzaco o a Lomas de Zamora AUTOMOTORES LA PLATA (COSTERA CRIOLLA)
COLECTIVO 92 “B” MINI BUS 7 DE AGOSTO: Cerrito y Sarmiento (Confitería Jockey Club) llamar al 4281-7300 / 4281-7227

Contacto para prensa:

congreso.mnci@gmail.com

Catalina (011) 1561211675

Diego (0261) 155615062

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