domingo, 28 de agosto de 2016

Palomitas: Bejas dictará la sentencia en la causa a Lona

por Elena Corvalan
 
El titular del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas, fue confirmado como juez de sentencia de la causa que se sigue contra el ex juez federal Ricardo Lona en relación a la matanza de once detenidos políticos, cometida el 6 de julio de 1976 cerca del paraje Palomitas, unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.
Lona era por entonces el único juez federal de Salta y como tal autorizó el “traslado” de las once personas que estaban alojadas en la cárcel de Villa Las Rosas a una prisión de mayor seguridad, algo que fue requerido por el Ejército. A Lona se le atribuye complicidad primaria en el asesinato de los once detenidos.
La causa está lista para dictar sentencia desde abril de este año, luego de que el titular del juzgado federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña, procesara al ex magistrado salteño.
Desde entonces viene demorándose el trámite central, el proceso de dictado de sentencia, que en este caso se hace mediante procedimiento escrito porque la causa se rige por el viejo código en materia criminal vigente al momento del hecho. Primero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta cometió errores al momento de designar a un juez ad hoc de Jujuy y radicar la causa en esa provincia, lo que motivó impugnaciones de la Fiscalía Federal y los querellantes.
Luego, la designación del juez Bejas, consentida por fiscales y querellas, motivó una impugnación de la defensa de Lona, a cargo del abogado Federico Rodríguez Spuch, quien consideraba que la designación del magistrado había sido arbitraria.
Ayer se supo que esta impugnación fue rechazada, por lo que Bejas quedó confirmado como juez de sentencia, y ya se le remitieron los expedientes para comience este trámite, que es esperado por los familiares de las víctimas de la Masacre de Palomitas. Esta será la tercera sentencia en relación a este hecho.

domingo, 17 de abril de 2016

Salta: Ricardo Lona: ex juez de la dictadura :Casación dejó firme el procesamiento


Salta: Ricardo Lona: ex juez de la dictadura :Casación dejó firme el procesamiento
La Cámara Federal de Casación dejó firme el procesamiento contra el ex juez federal de Salta Ricardo Lona, acusado de encubrir crimenes de lesa humanidad y de prevaricato durante la última dictadura.
Además
los camaristas de la sala II del máximo tribunal penal del país instaron a la justicia salteña a "imprimir celeridad" a la marcha de la causa "en virtud del tiempo transcurrido". Los camaristas Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Angela Ledesma declararon "inadmisible" un recurso del defensor Ricardo Gil Lavedra contra el procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Salta. Según su fallo, la sala II de Casación rechazó el recurso, confirmando el procesamiento de Lona por los delitos que habría cometido cuando era juez federal de Salta.
En la causa se investiga el rol de Lona respecto al asesinato del ex gobernador salteño Miguel Ragone y de su vecino Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita de Leal, también en aquella ocasión, el 11 de marzo de 1976.
Ese día Ragone fue secuestrado y lo ocurrido fue visto por el comerciante Arredes y su empleada Leal.
Los secuestradores asesinaron a Arredes -hermano de un policía procesado por el hecho, lo que indica que probablemente conociera a los secuestradores‑ e hirieron gravemente a Leal.
Lona era juez federal de Salta en ese momento y según la causa penal en su contra actuó contrario a derecho y encubrió al no investigar lo ocurrido y sobreseer a los sospechosos.
La causa tiene pedido fiscal para ser enviada a juicio oral en Salta.

martes, 12 de abril de 2016

el 13 Todos con Cristina!!!!!!!!!!!!!!


El 13 de Abril, estamos con vos Cristina! es increíble e imperdonable la falta de garantías en las instituciones de la justicia. La lucha de mas de 30 años por justicia, por transformaciones en las practicas  judiciales, que den cuenta de mayor accesibilidad, transparencia y legitimidad y ahora nos chicanean con interpretaciones absurdas. mientras se dilatan y encubren juicios por violencia institucional a los pives de las villas. 

jueves, 31 de marzo de 2016

Piden la detención inmediata de Levín, por peligro de fuga

 
El abogado David Leiva pidió al Tribunal Oral Federal de Salta que disponga la inmediata detención del empresario Marcos Jacobo Levín, quien fue condenado el lunes último a 12 de prisión por delitos de lesa humanidad. La solicitud se hizo por considerar que dado que existe peligro de fuga. En caso de que no se ordene la detención, se pidió que se le prohíba la salida del país.
El lunes último Levín y los policías retirados Víctor Hugo Almirón, Víctor Hugo Bocos y Enrique Cardozo fueron condenados por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos infligidos en enero de 1977 a Víctor Manuel Cobos, que era chofer y delegado gremial en La Veloz del Norte, por entonces de propiedad del empresario.
Leiva informó que hizo el pedido al día siguiente de la condena, el martes último a las 9 de la mañana, “teniendo en cuenta sobre todo que Marcos Jacobo Levín fue y sigue siendo un empresario del transporte automotor de pasajeros, y que con  sus hoteles y con el poder económico que tiene, tiene múltiples relaciones y en una frontera abierta como la salteña es posible que intente fugarse”, explicó el letrado que es querellante en este proceso en representación de Cobos y por la Asociación de Derechos Humanos Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que integra.
A pesar de que la pena que recibió el empresario, de 12 de prisión, igual que Almirón y Bocos, y los 8 años que recibió Cardozo, ameritan que sea de cumplimiento efectivo, el TOF Salta obvió pronunciarse sobre este particular porque desde 2013 existe una disposición de la Cámara Nacional de Casación Penal (el tribunal de alzada del tribunal de sentencia) que dispone que las personas condenadas deben continuar en la condición en la que se encontraban al momento de recibir la sentencia (en libertad, con prisión domiciliaria o prisión efectiva) hasta que el fallo quede firme. Esto recién ocurrirá cuando se agoten las instancias de recursos, lo que puede llevar años.
“Ese es el criterio, pero nosotros tenemos una frontera permeable, sin custodia”, sostuvo Leiva, quien razonó que en el caso de Levín, “un empresario que tiene fuertes vinculaciones nacionales e internacionales”, la fuga es una posibilidad que debe ser considerada. En tal sentido, recordó el caso del ex camarista civil Guillermo Gómez Augier, quien logró salir a Bolivia y estuvo prófugo de la justicia salteña por más de tres años hasta que fue detenido en Santa Cruz de la Sierra. Por esta razón las querellas solicitaron al TOF que, de no hacer lugar al pedido de detención, se ordene, también en carácter de urgente, la prohibición de salir de país de Levín y los policías condenados.
Se prevé que el Tribunal pida opinión a la Fiscalía, y luego se expida sobre la solicitud.
 
Precedente
Leiva contó que el juicio a Levín fue seguido con “mucha atención” por víctimas y familiares de víctimas del terrorismo estatal que trabajaban en el establecimiento yerbatero Las Marías, propiedad de Adolfo Navajas Artaza, a quien se investiga por la desaparición de dos obreros, en 1977, en Corrientes. “Delegados de FATRE en ese establecimiento también tuvieron una situación similar a la de Víctor Cobos”, explicó. Afirmó que este proceso “establece un precedente para un conjunto de juicios que se están desarrollando en el país”, y deseó por ello que los fundamentos del fallo del TOF salteño “tengan la suficiente solidez para que sirvan como un protocolo de investigación y de razonamiento” para las causas contra empresarios acusados de participar del terrorismo estatal durante la última dictadura cívico militar.

Investigan al intendente Llaya por delitos de lesa humanidad



                                                                  Silvia Sáez de Vuistaz
El intendente de Embarcación, Alfredo Llaya (PJ), está siendo investigado por su presunta participación en actos criminales cometidos en el marco del terrorismo estatal. Aunque el jefe comunal fue indagado solo en relación al secuestro y desaparición de la docente y militante peronista Silvia Sáez de Vuistaz, varios testigos que han declarado en distintas causas, sostienen que colaboró más ampliamente con la represión aportando vehículos.
La causa contra Llaya está radicada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Miguel Medina, e interviene el fiscal federal Eduardo Villalba. El proceso se inició en 2011 con copias de un expediente, ahora en juicio oral y público, en el que se investigan varias desapariciones en zona del departamento Orán.
La causa contra el intendente de Embarcación está caratulada “Arévalo, José Arturo y otro sobre privación ilegal de la agravada, artículo 142 inciso 5, víctima: Sáez de Vuistaz, Silvia Ruth”. Arévalo es un oficial retirado del Ejército que en la actualidad reside en la ciudad de Tartagal; el marido de Silvia Sáez, Carlos Vuistaz, lo reconoció como integrante del grupo de tareas que la secuestró de su casa, el 2 de septiembre de 1976, y el testigo ex detenido político Miguel Ferreyra (fallecido el año pasado) también refirió que allanó la casa de su madre varias veces.
Aunque en tribunales existe cierto hermetismo sobre este proceso, Nuevo Diario pudo establecer que ambos acusados ya fueron indagados y la causa se encuentra en condiciones de que se resuelva su situación procesal. En el caso de Llaya se supo que fue indagado “recientemente” y que su presentación dio lugar a la realización de nuevas medidas de prueba.
En el noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando a cabo ante el Tribunal Oral Federal de Salta algunos testigos vienen aportando pistas sobre la participación civil en los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y del Ejército. Uno de los mencionados ha sido Salvador Muñoz, el primer interventor tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Muñoz, fallecido hace un año, era un conocido finquero, sobre el que existen versiones acerca de que prestaba vehículos y una finca en Colonia Santa Rosa a los fines de la represión en el norte.
En cuanto a Llaya, cuñado de Muñoz, el testigo Ferreyra afirmó que su madre, Noemí Ferreyra, que era vecina del actual intendente, le contó que el día del secuestro de Sáez de Vuistaz “vio actividad y movimiento en el domicilio de la familia Llaya y que se encontraban presentes (el alférez Mario) Patané y Muñoz”. Ferreyra dijo que su madre no quiso declarar esto porque sentía temor, dado que “Muñoz es un poderoso empresario”.
 
Mención de honor
 
Ya en el Juicio por la Verdad el ex detenido político Víctor Hugo Elías (citado para el próximo lunes) había afirmado que Muñoz estaba involucrado en el secuestro de Sáez de Vuistaz. Consultado por Nuevo Diario, recordó que denunció estas sospechas “hace como diez años”, pero que nunca supo que el ex interventor fuera citado a declarar.
Y sobre Llaya, que es comerciante, aseguró que “los vehículos (en los que fue secuestrada la docente) y la gente que los utilizaba, fueron vistos antes de los mencionados secuestros (de Sáez de Vuistaz y de un matrimonio) estacionados en calle 9 de Julio Nº 627, donde vivía y vive Alfredo Miguel Llaya”. Y añadió que varios compañeros de militancia detenidos en Embarcación, le contaron que fueron trasladados hasta Gendarmería “en vehículos de propiedad de Llaya”, más concretamente un camión amarillo Mercedes Benz 608.
“La gente me cuenta que Llaya prestaba vehículos a Gendarmería y al Ejército, una camioneta Ford y un camión Mercedes Benz, que estaban al servicio de Gendarmería para detener a los compañeros”, sostuvo Elías, quien aseguró que “varios compañeros” fueron trasladados “en vehículos de Llaya”, entre ellos el ex diputado provincial Feliciano González.
Elías estaba detenido cuando fue el secuestro de Sáez de Vuistaz, sin embargo, aportó nombres de testigos, entre ellos el de Miguel Ferreyra. También pidió que se cite a dar testimonio a Oscar Andrés Salazar, quien le contó que había visto una mención de honor otorgada a Llaya por el Ejército Argentino con la firma Domingo Bussi, que el intendente exhibía debajo del vidrio de su escritorio y decía que le había sido entregada por “la inestimable colaboración en la lucha contra la subversión”.

lunes, 28 de marzo de 2016

Doce años de prisión para Levín, Bocos y Almirón

Doce años de prisión para
 Levín, Bocos y Almirón
por Elena Corvalan

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó ayer a 12 años de prisión al empresario Marcos Jacobo Levín y a los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, mientras que el policía retirado Enrique Cardozo fue condenado a ocho años de prisión. Los cuatro fueron declarados responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada, por la detención y las torturas de las que fue víctima Víctor Manuel Cobos en enero de 1977.
En una decisión por mayoría, con los votos de los jueces Federico Díaz y Carlos Jiménez Montilla, el Tribunal declaró al empresario  partícipe necesario de estos hechos. Almirón fue declarado coautor mediato y Bocos y Cardozo, coautores materiales, es decir que fueron los ejecutores de la detención y torturas. El juez Gabriel Casas no estuvo de acuerdo en la calificación de privación ilegítima de la libertad y votó por penas sensiblemente menores.
En enero de 1977 una quincena de empleados de La Veloz del Norte fueron acusados por una presunta estafa a la patronal y fueron detenidos, torturados y obligados a firmar confesiones falsas. El juicio se hizo solo por la detención de Cobos, los hechos sobre los otros empleados esperan una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en el proceso.
La sentencia fue leída por la secretaria de Derechos Humanos del TOF, Denise Blajent Bent, pasadas las 16:30, la hora que había fijado el presidente del Tribunal, Díaz, para dar a conocer el veredicto. Una sala colmada escuchó la lectura en un silencio que permitió escuchar la ovación de los militantes políticos y de derechos humanos que escuchaban desde la calle cuando se leyó el punto que daba cuenta de la condena a Levín.
Por mayoría los jueces rechazaron primero las peticiones de las defensas: “no hacer lugar a la prescripción de la acción penal y en consecuencia declarar a los hechos juzgados como pertenecientes a la categoría de delitos de lesa humanidad”, “no hacer lugar al planteo de nulidad en relación del requerimiento de elevación de la causa a juicio” y en cuanto a las acusaciones por indeterminación de la acusación.
Enseguida se enumeraron las penas: condena de 12 años de prisión para Almirón en calidad de “coautor mediato”; de 12 años para Bocos, como “coautor material”; 12 años para Levín, en calidad de “partícipe necesario”, y de 8 años para Cardozo, como “coautor material”. Los fundamentos de la decisión se conocerán el 25 de mayo, a las 12, informó la secretaria y concluyó la sesión. Entonces en la sala prorrumpió el grito: “¡30 mil compañeros desaparecidos! ¡Presentes!”.
Levín se convirtió así en el primer empresario condenado en el país por su participación en actos de terrorismo de Estado. Se lo acusó de haberse valido del aparato represivo estatal para disciplinar a los trabajadores de La Veloz del Norte, que por entonces le pertenecía, y obtener también beneficios económicos, como la explotación de más rutas comerciales.