martes, 29 de junio de 2010

CASO NOBLE

EL PAIS › LOS EXAMENES DE ADN DE MARCELA Y FELIPE NOBLE HERRERA

Las muestras no sirvieron

Los análisis de la ropa requisada a los hijos adoptivos de la dueña de Clarín estaban contaminados. La jueza Arroyo Salgado citó a los genetistas para determinar qué pudo haber sucedido. Tiene que decidir si ordena nuevos allanamientos.
Si Felipe y Marcela Noble Herrera dieran sangre, los estudios serían más seguros.
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

La jueza Sandra Arroyo Salgado llamará a declarar a todos los genetistas que participaron en los trabajos para determinar el ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera. El objetivo será esclarecer los motivos por los cuales no se pudo establecer el perfil genético de los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín. Como es obvio, existen dos hipótesis. La primera es que, por inhabilidad o circunstancias propias de estos estudios, las muestras se contaminaron y no se pudo hacer el estudio. La segunda hipótesis es que los jóvenes ya sabían que les iban a requisar la ropa, incluso en el propio juzgado, por lo cual las prendas estaban contaminadas previamente.

Todo indica que la jueza, que ya actuó en tres casos anteriores, tendrá que buscar la forma de conseguir nuevas muestras que permitan establecer el perfil genético de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Lo único que sí está claro es que en toda la historia de la búsqueda de nietos nunca se produjo un caso con semejante cantidad de dilaciones, irregularidades, idas y vueltas. Como es obvio, todo se podría evitar si Felipe y Marcela aceptaran entregar sangre –el método más seguro– y admitieran que se determinara de una vez por todas si son o no hijos de desaparecidos.

Desde hace una semana, entre los peritos oficiales y de parte viene circulando la asombrosa versión de que no se estaba pudiendo establecer el ADN de Felipe y Marcela como para compararlo con las muestras que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Los trascendidos indican que en las prendas que se le secuestraron a Marcela se encontraron perfiles genéticos de tres personas, algo totalmente inusual. En el caso de Felipe, habría perfiles de dos personas distintas en la ropa que llevaba puesta el día en que los integrantes del Cuerpo Médico Forense y los especialistas del BNDG participaron del allanamiento en la casa de su madre adoptiva.

Según genetistas consultados por este diario, obtener muestras no contaminadas es difícil. Ha ocurrido con casos en que se secuestraron cepillos de dientes o peines. Los nietos supuestamente apropiados, que en estos casos se oponen a la entrega de material genético, tienden a no decir cuál es su cepillo de dientes o su peine, de manera que hubo que repetir los procedimientos en varias oportunidades. También se dice que la contaminación de la ropa no es inhabitual porque el roce, el contacto con otras personas, puede deteriorar la muestra.

En el caso Noble Herrera los hechos llaman la atención. Los hijos de la dueña de Clarín concurrieron al juzgado de Arroyo Salgado para responderle a la magistrada si estaban dispuestos a entregar sangre para el análisis. Ambos contestaron que no. Y cuando después se quejaron por la intercepción de vehículos que se produjo minutos después y el allanamiento en la casa de Ernestina, exhibieron un argumento extraño: “Podrían habernos pedido la ropa en el juzgado, en lugar de interceptar autos o allanar la vivienda de nuestra madre”. En verdad, Arroyo Salgado había recurrido al método menos traumático, obtener la ropa en la casa de los hermanos, permitiéndoles que se la saquen en su propio baño. La frase sobre la toma de la muestra en el juzgado sugiere que, obviamente, iban preparados para eso. Y allí aparece la hipótesis de que la ropa que llevaban puesta estaba previamente contaminada, como otros nietos –en verdad, muy pocos casos– entregaron cepillos de dientes y peines que no eran de ellos. Lo que está claro es que en el momento del allanamiento a la casa de Ernestina, cuando se produjo el secuestro de las prendas, Felipe y Marcela llevaban la misma ropa que en el juzgado y una parte de las prendas requisadas fue ropa interior. Así lo declaró uno de los profesionales que participaron del procedimiento. La contaminación de ropa interior, con dos y hasta tres perfiles genéticos, es asombrosa.

Ahora le queda a la jueza Arroyo Salgado establecer qué es lo que pasó, por qué fracasó la determinación del perfil genético de Marcela y Felipe. Para ello, llamará a declarar a todos los especialistas que participaron de los trabajos. Pero, por supuesto, la magistrada enfrenta una dificultad aún mayor: conseguir las muestras que le permitan hacer la comparación con las familias que buscan a sus nietos apropiados. Nadie sabe si Arroyo Salgado ordenará nuevos allanamientos, procedimientos o cualquier otra movida. Es más, no falta quien afirma que puede volver a citar a Felipe y Marcela para convencerlos de que la forma más eficaz y seria de esclarecer el caso es que se avengan a entregar la muestra de sangre. A priori, parece misión imposible.

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EL PAIS › LA CASA DE LA MEMORIA Y LA VIDA, EN MORON, CELEBRA SUS PRIMEROS DIEZ AñOS

“Nunca más una sede del horror”

En el lugar donde durante la dictadura funcionó el centro clandestino Mansión Seré, desde 2000 funciona un espacio dedicado a ejercitar la memoria colectiva. Este jueves comienzan las celebraciones por el aniversario.

La Casa de la Memoria y la Vida fue inaugurada por el intendente Martín Sabbatella, hoy diputado nacional.

En 1978, luego de la fuga de cuatro secuestrados y en el marco de la impunidad planificada, la Fuerza Aérea Argentina incendió y dinamitó el edificio de Castelar donde funcionó el centro clandestino Mansión Seré. Ya en democracia, un intendente radical alquiló el predio como campo de deportes y otro peronista construyó una casona para reunirse con amigos. Fue Martín Sabbatella quien desde la intendencia resignificó el espacio: el 1º de julio de 2000, cuando aún reinaba la impunidad para los responsables del terrorismo de Estado, el entonces intendente de Morón inauguró la Casa de la Memoria y la Vida, actual sede de la Dirección de Derechos Humanos del municipio y primer espacio latinoamericano dedicado a ejercitar la memoria colectiva ubicado en un ex centro de detención de una dictadura militar. Este jueves celebrará sus primeros diez años de vida con espectáculos artísticos, charlas abiertas y otras actividades (ver aparte).

La Mansión Seré fue desde comienzos del siglo XX el casco de un terreno de sesenta hectáreas construido por los herederos del inmigrante francés Juan Seré, que hizo fortuna en la actividad ganadera. El municipio porteño compró la casa en 1949 y hasta los años ’70 fue utilizada por el Instituto de Previsión Social y como casino de oficiales de la Séptima Brigada Aérea de Morón. A mediados de 1977 la Fuerza Aérea, responsable de la represión ilegal en la subzona 16, en el oeste del Gran Buenos Aires, instaló en la mansión un centro de torturas por el que pasaron centenares de personas.

En el segundo aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1978, por la noche, cuatro secuestrados con esposas lograron atar varias frazadas y fugarse desde una ventana del primer piso. Bajo una lluvia torrencial, burlaron los controles y corrieron desnudos hacia la libertad. Pocos días después, la Fuerza Aérea trasladó al resto de los secuestrados a otros centros de detención e incendió la mansión para borrar los rastros del Estado terrorista. La decisión rindió frutos durante el gobierno del intendente radical Norberto García Silva, que terminó de demoler la mansión para instalar un complejo deportivo, y del peronista Juan Carlos Rousselot, que ignoró al Concejo Deliberante y construyó un chalet de lujo para reuniones privadas.

“Estamos convencidos de que el futuro habita en la memoria y que esta casa es el lugar en el que el pueblo y el gobierno de Morón dan cuenta de su enorme compromiso con la verdad y la justicia”, explicó Sabbatella el 1º de julio de 2000. “Donde ellos torturaron, acallaron y mataron, hoy hay niños, mujeres y varones, familias, trabajadores, estudiantes, deportistas, centenares de personas disfrutando, creando y compartiendo distintas vivencias”, agregó el entonces intendente, que había asumido seis meses antes. La decisión implicaba promover la memoria colectiva y generar un espacio de participación donde la dictadura había instalado el terror, el olvido y el aniquilamiento de los lazos sociales.

La lucha por la memoria incluyó desde el comienzo la recuperación del patrimonio. Los trabajos de los antropólogos a partir de 2002 permitieron recuperar objetos y descubrir los cimientos del perímetro y las divisiones internas de la casa, que los sobrevivientes sólo habían podido recorrer encapuchados y destrozados por los tormentos. Cuatro años después, el municipio techó el espacio del predio donde funcionó el centro clandestino y meses atrás se aprobó la construcción de un cerramiento vidriado y pasarelas internas para facilitar el recorrido de los visitantes.

El ex chalet de Rousselot, en tanto, fue durante la última década epicentro de eventos culturales, de debates y jornadas comunitarias, de exposiciones de pinturas, fotos y esculturas, de presentaciones de libros, obras de teatro, películas y recitales, siempre con un trasfondo común: el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Además de la biblioteca, la hemeroteca y archivos en distintos soportes funciona también en la Casa un servicio de asesoramiento legal gratuito para violaciones a los derechos humanos y un programa de salud mental para tratar las secuelas de los crímenes de lesa humanidad. El predio de once hectáreas, abierto todos los días y con entrada gratuita, cuenta además con instalaciones deportivas, gimnasio, dos piletas y un amplio sector de merenderos.

“Donde se quiso silenciar y callar, entramos y salimos tranquilos, abrimos las puertas, nos reunimos, disfrutamos”, contó el último 24 de marzo el intendente Lucas Ghi, que reemplazó a Sabbatella cuando fue electo diputado por Nuevo Encuentro. El predio y la Casa “simbolizan la memoria, la verdad y la justicia” y “nunca más este ámbito será la sede del horror ni el banquete de los impunes”.

Charlas y espectáculos

El municipio de Morón organizó diversas actividades para celebrar el 10º aniversario de la Casa de la Memoria y la Vida, en Santa María de Oro 3530 (Castelar). Este jueves, a las 18.30, habrá un acto homenaje y un concierto de Puente Celeste. El lunes, a las 19, se hará una charla con la Asociación Seré y Memoria Abierta; y el cierre artístico estará a cargo de Patricia Barone. El martes, a las 19, estará Hebe de Bonafini, y luego Tata Cedrón y Cristina Banegas. Las actividades continuarán hasta el 15 de julio, con la participación de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Horacio Verbitsky, Estela de Carlotto y Liliana Herrero, entre muchos otros. El cronograma puede consultarse en www.moron.gov.ar.

Fuente: Pagina 12

TUCUMÁN



COMUNICADO DE PRENSA

Los abajo firmantes Organismos de Derechos Humanos de Tucumán queremos manifestar nuestra posición en relación a los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en el marco del Juicio oral y público del CCD “Jefatura de Policía”, poniendo de relieve la importancia que representa para el conocimiento fehaciente de la verdad histórica buscada a través de estos 34 años, siendo este el eje central de nuestra lucha inclaudicable.

La documentación aportada por un testigo, que fuera sustraída del Departamento de Inteligencia de la Policía de Tucumán, hecho inédito en los que a juicios de lesa humanidad se refiere, ya que es la primera vez en el país que se hallan listas de desaparecidos confeccionadas por los propios genocidas. Estos documentos históricos dan cuenta del horror vivido en la sociedad durante la década del 70, y nos confirma sin apelaciones ni eufemismos, lo que hace años venimos sosteniendo en base a relatos de los sobrevivientes de aquel horror, esto es la existencia de centros clandestinos de detención donde se redujo a las personas allí alojadas a condiciones infrahumanas de cautiverio, vejámenes, torturas físicas y psicológicas, ejecuciones, apropiación de niños, y por si aún esto no fuera suficiente, la creación de la figura del DESAPARECIDO con el estigma que ello significó para los familiares.

La importancia de esta documental radica en que se rompió con el manto de silencio, significando ello el fin de la impunidad de los genocidas, con el convencimiento de que a pesar de todas las maniobras realizadas para ocultar sus delitos, no lo consiguieron.

Nos parece atinado, en este sentido citar una conclusión de la Procuración General de la Nación de Junio del 2008, en donde se advierte sobre la necesidad de analizar el contexto de acción en el que tuvieron lugar las conductas típicas imputadas a las personas que se encontraban detenidas en los centros clandestinos utilizados durante el terrorismo de estado, previstas para contextos opresivos en los que existe un riesgo cierto de pérdidas de bienes esenciales como la vida y la integridad física.

Ante ello queremos instar a los testigos a que aporten con su memoria a esta búsqueda de la verdad y justicia, principio rector de nuestras acciones, dejando de lado posiciones individualistas y con el convencimiento de que no podemos erigirnos en jueces para evaluar la conducta de quienes también fueron víctimas de este perverso plan sistemático.

En este juicio Tucumán pudo comprobar, tras el testimonio de los sobrevivientes, cómo funcionó el aparato genocida en Tucumán por lo que reivindicamos su valentía y agradecemos su memoria para dar este gran paso para el fin de la Impunidad, ya que esperamos condenas ejemplificadoras cumplidas en cárceles comunes como le corresponde a los aberrantes delitos cometidos.

Por la memoria de los 30000 compañeros detenidos desaparecidos.

CARCEL COMÚN Y EFECETIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!!!

FA.DE.TUC. (Familiares de Desaparecidos de Tucumán)

H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

ANDHES (Abogados y Abogadas del Norte Argentino por los Derechos Humanos y Estudios Sociales)

APDH Tucumán (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)

CONTACTOS:

FADETUC. RENÉE AHUALLI 0381- 154417404

APDH. ESTELA ASSAF 0381- 154136018


Caso 'La Jefatura': "La expectativa es que el Tribunal dicte prisión perpetua y cárcel común"

Expresó uno de los abogados querellantes del juicio Jefatura de Policía, Emilio Guagnini. La sentencia se conocerá la otra semana. “A estos imputados por la naturaleza aberrante de estos delitos les corresponde ir a un penal como cualquier delincuente”, sostuvo.

Emilio Guanini, abogado querellante
Emilio Guagnini, abogado querellante de HIJOS

El juicio por la megacausa Jefatura de Policía va llegando a su fin. Esta semana comienza la etapa de alegatos. Mientras que el 8 de julio está previsto conocer la sentencia. Para esto, una de los pruebas más importantes que tendrán en cuenta los jueces serán las que aportó el testigo Juan Carlos Clemente con dos biblioratos donde se detalla la sistematización de la tortura, secuestro y desaparición de personas en uno de los centros clandestinos más grandes del país.

“Todas las victimas que forman parte de este juicio están en la lista aportada por Clemente. Cada uno de ellos tiene la siglas DF, Destino Final, o sea la muerte. Además se acredita el accionar conjunto de las Fuerzas de Seguridad. Es decir, la policial provincial supervisada por un militar (González Naya). Aportes sobre el funcionamiento interno del SIC, la patota de policías. El valor probatorio es enorme”, explicó.

En este sentido el letrado indicó que “la expectativa es prisión perpetua y cárcel común” para los que están imputados por crímenes de lesa humanidad: Luciano Benjamín Menéndez, Luis De Cándido, Roberto Albornoz. “Entiendo que Justicia a medias no es Justicia. A estos imputados por la naturaleza aberrante de estos delitos les corresponde ir a un penal como cualquier delincuente”.

Y agregó que “hoy en nuestro país si uno recorre las diferentes cárceles nos encontraremos con un montón de personas mayores de 70 años, con problemas de salud y no gozan del beneficio de la prisión domiciliaria”. Porque “esto es una cuestión facultativa del Tribunal”.

Para finalizar disparó: “si otorgan la prisión domiciliaria atentarían contra las víctimas y familiares que esperan Justicia verdadera y real”, hace más de 30 años.

Sebastián Ganzburg

Fuente: Tucuman Hoy


Pedirán condena perpetua y cárcel común para los represores

Hoy comenzará los alegatos de los querellantes y se espera que pidan la máxima pena y cárcel común para Luciano Benjamín Menéndez, “El Tuerto” Albornoz y Luis De Cándido. El 1 de julio será el turno de la exposición del fiscal Alfredo Miguel Terraf y el 8 de julio será la hora del veredicto.

Condena perpetua y cárcel común para los represores de la última dictadura. Desde que se reactivaron las causas por delitos de lesa humanidad en 2003 este fue un reclamo constante por parte de los familiares, hijos y defensores de los derechos humanos y ahora los querellantes tendrán por primera vez la oportunidad de pedirlo ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán en el marco del juicio que se sigue a Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz y a los ex policías Luis y Carlos De Cándido por las 22 víctimas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía durante la última dictadura militar.

Este martes se iniciarán los alegatos de los querellantes y el primer turno, a las 9.30, será de la abogada Laura Figueroa, quien representa a los familiares de las víctimas Carlos Román Apaza, Hugo Díaz y Joaquín Fariño. Luego, seguirán los abogados Valentina García Salemi y Daniel Weisamberg (ANDHES), quienes a partir de las 12.30, expondrán en representación de la familia de la médica desaparecida Graciela Bustamante de Argañaraz.

El miércoles 30 de junio será el turno de los querellantes Emilio Guagnini y Julia Vitar (FADETUC-H.I.J.O.S), por el caso de Rolando Coronel y su hija Marta, secuestrados en mayo de 1977. Precisamente por este caso está acusado Luis De Cándido, quien está procesado por los delitos de privación ilegítima de libertad y de usurpación de la casa de las víctimas ubicada en Chacabuco al 400. En tanto, su hermano, Carlos, el imputado menos complicado en el juicio, está procesado por encubrimiento y usurpación por este hecho.

Después, a las 12.30, expondrá Daniel Mendivil, querellante de la familia de Diana Oesterheld y su esposo Carlos Araldi. A la tarde, 15.30, será el turno de Bernardo Lobo Bugeau, quien por un lado es querellante por el caso del periodista desaparecido Eduardo Ramos, junto a su esposa Alicia Cerrota, y por el otro, representa a la Secretaría de Derechos Humanos en la causa Coronel.

El 1 de julio tomará la palabra el fiscal federal general Alfredo Miguel Terraf, quien realizará su alegato por las 22 víctimas que fueron secuestradas y estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía, uno de los centros clandestinos de detención más sangrientos que funcionó durante los años negros de los ‘70.

En tanto, los abogados de los acusados, el defensor oficial público Ciro Lo Pinto (defiende a los hermanos De Cándido), Ezequiel Avila Gallo (h) (representa a Albornoz) y Horacio Guerinau (Menéndez) expondrán el 7 de julio. Se descuenta que todos pedirán la absolución para sus clientes. Y el 8 de julio los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, darán a conocer el fallo histórico que podría condenar a prisión perpetua por segunda vez en Tucumán al ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

El histórico juicio comenzó el 16 de febrero de este año y desde marzo tuvo varias suspensiones a raíz de los problemas de salud de Antonio Domingo Bussi, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo. Bussi zafó del juzgamiento y fue separado del debate, mientras que Zimmermann y Cattáneo llegaron al punto final biológico. Se trata del segundo juicio por violaciones a los derechos humanos que se realiza en Tucumán. En el primero, el 28 de agosto de 2008 Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición y asesinato del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

En esa oportunidad, los jueces del TOF mantuvieron el criterio de no establecer la modalidad del cumplimiento de la pena hasta que no esté firme el fallo condenatorio, por lo que los imputados quedaron en sus casas. En este juicio, algunos querellantes ya manifestaron que esta vez esperan que el TOF cambie su criterio y envíe a los acusados a cárcel común.

Fuente: Primera Fuente

Cuando en Tucumán El Tuerto era rey

Por:
Marcos Taire

Sus palabras destilaban odio. Primero, contra Juan Carlos Clemente, el ex detenido –luego asimilado a la Policía– que con la entrega de documentación inédita hasta ahora provocó un vuelco formidable en el juicio que se realiza en Tucumán por crímenes cometidos en la Jefatura de Policía durante la Operación Independencia y la dictadura militar. Después, contra los militares. El resentimiento pudo más que la estrategia procesal y los responsabilizó por todo lo ocurrido: “Esos coroneles y tenientes que no aparecen”.

Arriba, el plano del campo de concentración que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán. Abajo, El Tuerto Albornoz, en una foto inédita, cuando era jefe del D-2.
Sus palabras destilaban odio. Primero contra Juan Carlos Clemente, el ex detenido - luego asimilado a la Policía- que con la entrega de documentación inédita hasta ahora provocó un vuelco formidable en el juicio que se realiza en Tucumán por crímenes cometidos en la Jefatura de Policía durante la Operación Independencia y la dictadura militar. Después, contra los militares. El resentimiento pudo más que la estrategia procesal y los responsabilizó por todo lo ocurrido: “Esos coroneles y tenientes que no aparecen”. Los llamó “cabrones” y apuntó contra dos de ellos: el entonces teniente primero Arturo Félix González Naya, de quien dijo que fue “el único responsable de lo que se hizo en la Jefatura” y el capitán Mario D’Ursi, ambos supervisores militares designados por el Comando de la Quinta Brigada de Infantería en el Departamento de Inteligencia (D-2) de la policía tucumana.

Roberto Heriberto Albornoz (a) El Tuerto , fue una pieza fundamental en la represión de los militantes populares tucumanos desde comienzos de la década del ’70 y hasta el final de la dictadura. Feroz e implacable contra estudiantes y trabajadores que protagonizaron luchas memorables en la primera mitad de esa década, fue puesto en disponibilidad por el gobierno democrático en 1973.
Pero a comienzos de 1974 fue reintegrado a la policía y siguiendo instrucciones de Luciano Benjamín Menéndez, entonces comandante de la Quinta Brigada, formó un grupo ilegal y clandestino junto a los militares del Destacamento 142 de Inteligencia. Sembraron muerte y terror en el campo y las ciudades y sobre la base de su estructura, una vez lanzada la Operación Independencia, organizaron el Servicio de Información Confidencial, con campo de concentración propio en el ala sur del edificio de la Jefatura de Policía.
Albornoz, en su declaración, despegó de sus críticas a Bussi y Menéndez, de quienes dijo que “son comandantes que se hacen cargo y asumen su responsabilidad, no como los otros (militares) que huyen despavoridos”. Se ensañó particularmente con González Naya, a quien responsabilizó por los secuestros, interrogatorios y crímenes cometidos. De él dijo que, contrariamente a lo que se informó –que está muerto– “deambula por las calles de Buenos Aires” y que “habría que encontrarlo y traerlo”.
Según Albornoz, González Naya “elegía el personal que iba a acompañarlo para salir” (a secuestrar) y también que “participaba en las reuniones de la Comunidad Informativa”. Y en cuanto al funcionamiento del centro clandestino de detención de la Jefatura, señaló que “es cierto que se llevaban personas, algunas quedaban registradas y otras no”. Finalmente, dijo que en ese lugar nunca se mató, que a los secuestrados se los trasladaba a otro lugar en distintos vehículos, a algunos en automotores “operativos” y a otros en “camiones militares”.
Al ser interrogado por su propio abogado defensor sobre el destino de esos viajes a la muerte, Albornoz estimó que los llevaban al campo de concentración que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. En medio de sus críticas a Clemente, El Tuerto confirmó que en el ex ingenio Nueva Baviera, donde funcionó el Comando Táctico de la Operación Independencia una vez desactivada la sede de Famaillá, después de marzo de 1976, “había un centro de detención”.
Hasta ahora nunca una voz oficial había admitido la existencia de la Comunidad Informativa. Albornoz lo hizo y aunque no dio precisiones sobre su funcionamiento ni sus integrantes, sus palabras prueban lo que siempre se denunció: que allí se decidía la vida y la muerte de los ciudadanos. Según él, las reuniones “eran presididas por Cattáneo y el jefe de policía o el subjefe y participaban supervisores y jefes de otras fuerzas, de la Policía Federal, la Gendarmería y muchos jefes de destacamento”.
Allí “se analizaba (la situación de los prisioneros) y aconsejaban, evidentemente se decidía la disposición final”. Según Albornoz, a esa Comunidad iba la información que suministraban los supervisores militares (en el caso de la Jefatura, González Naya y D’Ursi) y después de ser estudiada allí, “volvían a manos del supervisor para ser ejecutadas las decisiones”. Cuando su abogado Avila Gallo le preguntó “y dónde ejecutaban” (los asesinatos), El Tuerto dijo: “No me consta. Pero por intuición, se resolvía de prepo, al estilo de los militares. Acá hay una orden, se cumple. La gente se trasladaba, puedo pecar, pero por intuición, presumo que podrían ser llevados a un lugar como Arsenales”.
La Comunidad de Servicios de Inteligencia, como era su verdadero nombre, funcionaba en la sede del Comando de la Quinta Brigada de Infantería. Presidía sus reuniones el coronel Alberto Cattáneo en su calidad de segundo de Bussi, pero quienes manejaban toda la información y aconsejaban las decisiones eran los oficiales del Destacamento 142 de Inteligencia, el verdadero motor de la represión ilegal. El jefe del 142 en el período más duro de la represión fue el coronel Eugenio González Breard, un egresado y profesor de la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, autor de un libro póstumo titulado La guerrilla en Tucumán, una historia no contada , obra prologada con elogios por Rosendo Fraga.
La Comunidad estaba integrada por los titulares de todos los servicios de inteligencia destacados en Tucumán, tanto de las tres Fuerzas Armadas como de las Policías Federal y Provincial, la Gendarmería y la Side. La Comunidad realizaba dos tipos de reuniones. Una para decidir a quiénes secuestrar y otra para adoptar decisiones sobre la suerte final de los que ya estaban prisioneros en los campos de concentración.
A las reuniones para elegir los blancos a ser secuestrados asistían también, además de los hombres de Inteligencia, empresarios, sacerdotes, periodistas y alcahuetes de distinta laya que señalaban a sus comprovincianos que consideraban “subversivos”. De inmediato las distintas patotas que se movían en la provincia, entre ellas la de la Jefatura, encabezada por González Naya y Albornoz, salían a la búsqueda de las víctimas.
La otra reunión de la Comunidad era para resolver el destino final de los que ya estaban en cautiverio. En esa reunión jugaban un rol central los supervisores que actuaban en los campos de concentración, quienes iban con las declaraciones arrancadas en las mesas de tortura y evaluaban si esos prisioneros debían continuar secuestrados, ser liberados o asesinados. A esto último se denominaba DF (disposición final).

LOS "INTERROGADORES DE PRISIONEROS"
La capucha fue el emblema de la Operación Independencia y su continuidad durante la dictadura militar. Con Acdel Vilas primero y con Antonio Bussi después, los militares desarrollaron la tarea represiva en forma nocturna, ilegal y clandestina. Mientras los militares ocuparon la provincia con fuerzas de tareas, destacamentos y retenes, otro ejército actuó en la oscuridad. En la primera etapa, dos fuerzas de tareas, una en San Miguel de Tucumán y otra en Concepción, dedicaron sus esfuerzos, según palabras del propio Vilas, “a la caza del subversivo urbano”. Una vez capturadas las personas y tras su paso por algún chupadero donde los secuestradores procedían a la primera tarea de “ablande”, trasladaban a los prisioneros a dos campos de concentración: la Escuelita de Famaillá y la Jefatura de Policía. Bussi, en la segunda etapa, inaugurada tras el golpe del 24 de marzo de 1976, clandestinizó aún más la represión. A la criminalidad pública de Vilas, que arrojó personas desde helicópteros y depositó cadáveres hasta en la Plaza Independencia de la capital tucumana, Bussi la reemplazó por una acción menos visible, aunque igualmente criminal. Aumentó los grupos operativos y tras cerrar la Escuelita de Famaillá y trasladar ese campo al ex ingenio Nueva Baviera, abrió otros centros de concentración y exterminio. En esos campos cumplían su macabra tarea los IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra). Eran militares, efectivos de las fuerzas de seguridad y civiles, con un denominador común: todos eran de Inteligencia y la mayoría había sido instruida en las escuelas yanquis de Panamá y Estados Unidos. Como lo confirmó esta semana El Tuerto Albornoz, rotaban cada 45 días e iban a Tucumán desde Córdoba y Buenos Aires. Los supervisores militares de los campos duraron períodos muchos más extensos. Si se tuviera la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad y se revisaran expedientes y legajos, podría conocerse la identidad de todos los torturadores y asesinos, deuda hasta ahora incumplida por la Justicia.

Fuente: Miradas al SUR



Causa Caballero: Juicio oral - Día 11

“Es un homosexual reprimido, por eso pegaba en los testículos”

Declaró este lunes Hugo Barúa, en referencia al imputado José Francisco Rodríguez Valiente. Pasaron cinco testigos de los siete citados. Para el martes, a las 8.30, fueron llamados ocho testigos por el Tribunal.

Pasaron este lunes cinco testigo en la reanudación de las audiencias en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, en el marco del juicio oral y público por la Causa Caballero, en la que hay doce imputados (dos ex militares y diez ex policías) acusados de cometer “tormentos agravados”, entre 1975 y 1979 en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco y en la alcaidía policial de Resistencia.

Historias ligadas íntimamente: todos fueron detenidos en la madrugada del 9 de septiembre, en Villa Centenario, el barrio peronista de Resistencia donde todos vivían, todos estudiaban y/o trabajaban, sin olvidar su vínculo con el club de la barriada: Juventud de Villa Centenario.

Se podría hablar del quinteto ideal de un equipo de básquet: Carlos Dante Peinó, en la base del equipo; el ayuda es Hugo Barúa (perfecto lanzador de historias tragicómicas); Néstor Silvio Navarro, por altura, es ala; y los hermanos Rubén Darío y Ricardo Alejandro Vassel pivotes de la historia.

Justificaron su ausencia Mario Mendoza y el subsecretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela, ambos ya fueron testigos en la causa por la Masacre de Margarita Belén. En tanto, no pudo ser notificado Santiago Almada, testigo que vive en Santo Domingo.

Sobreviviente del holocausto
El primero en declarar fue el bancario Barúa. Contó que ni bien lo detuvieron, en una pieza de su casa comenzaron a pegarle Gabino Manader (imputado) y José María Cardozo, que “usaba la pistola como maza”, la misma que después colocó sobre su ombligo.

Observaba la escena: Roberto Mazzoni, ex fiscal que fue sumariado por la Procuración General de la Nación: “Espero que alguna vez lo traigan acá (en referencia al banquillo de los acusados), porque la complicidad del Poder Judicial en esta provincia es increíble”.

De su casa, lo llevan a la Brigada de Investigaciones, donde lo torturan con golpes de puño y picana. Cuenta: “(José Francisco) Rodríguez Valiente –otro imputado- se ensañaba en pegar en los testículos”. Y se permitió reflexionar: “Creo que es un homosexual reprimido, por eso pegaba en los testículos”. “Sin discriminar”, aclaró.

La cara de Rodríguez Valiente era una máscara recubierta en una sonrisa irónica, pero incómoda.

Su estancia en la Brigada fue corta. Ya en la alcaidía policial, lo “acomodan” en un pabellón y 10 ó 15 días en el calabozo, con la única compañía de “la pelada” (por la cama de cemento sin colchón).

De la alcaidía al “Juzgado Federal que funcionaba en Gendarmería Nacional, donde el (Carlos) Flores Leyes -ex fiscal- me dice que ratificara lo que firmé en la Brigada, de lo contrario volvería allí o a iría a la Policía Federal. Era una parodia y firmé”, declaró Barúa.

En la alcaidía pasó los peores días de su vida: contrajo tuberculosis. Se pasó aislado dos años, con breves internaciones en el hospital Perrando, sumado a una intervención quirúrgica sin anestesia para sacarle una uña que se le había podrido.

A esta altura del relato, “tengo que pedir perdón a una enfermera del Perrando, que no sé su nombre. Un día me preguntó qué necesitaba y yo le pedí cepillo de diente y pasta dental. Me la trajo y, yo, ingenuamente, conté quién me había dado esos utensilios. A ella la echaron y fue apretada por militares”.

En resumen, de la tuberculosis, Barúa sale “como los judíos en los campos de concentración, cuando los encuentran los aliados al finalizar la guerra”. Todos estos trastornos, le dejaron secuelas en su salud.

Ya en la U7, es testigo privilegiado de otra página de la historia: “Un enviado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de El Salvador, sacó bajo su saco un escrito que le entregó Ludeña (detenido político), que era una versión de cada preso político sobre la Masacre de Margarita Belén”.

Perejiles
Luego, declararon los compañeros de departamento: Navarro y los hermanos Vassel (vivienda que compartían con Mendoza y Valenzuela, también detenidos). Como a los demás, ese fatídico día de septiembre los llevan a la Brigada y luego a la alcaidía.

A Navarro no lo torturan con picana, salvo una sesión de golpes en el abdomen.

Básicamente querían saber el nombre del líder de la banda. Primero, estuvo a disposición del Área Militar 233, luego del PEN (Poder Ejecutivo Nacional). De la alcaidía pasó a La Plata, luego a Rawson, nuevamente La Plata. Le dan libertad vigilada hasta febrero de 1982. La defensa buscó una contradicción en su declaración, pero no la halló. Mientras el ex militar imputado Luis Alberto Petetta tomaba nota.
Rubén Darío Vassel fue el que menos tiempo pasó detenido. Justo cuando le tocaba su turno en el purgatorio de la tortura, una voz paró todo: “Éste es un perejil”, dijo, abortando la sesión de castigo.

Luego, le tocó el turno a Ricardo Alejandro Vassel, detenido con sólo 18 años. No se salva de la tortura: golpes y picana. Pero sí, otra vez aparece la voz salvadora: “Dejálo, ese es un perejil”.

Mientras Ricardo avanzaba en el relato comenzó a transpirar cada vez más, hasta que, en un momento dado, ni los pañuelos descartables alcanzaban para secar el sudor ni el vaso de agua lograba mitigar el malestar. Tuvo que ser asistido por el servicio de emergencia de Salud Pública y por el equipo de psicólogas que acompaña a los testigos.

Luego, retomó su relato para dejar lugar a Carlos Dante Peinó, el último testigo.
Fuente: Chaco Dia por Dia

Losito: ¿de represor a héroe de Malvinas?

Lunes, 28 de Junio de 2010 - Publicado en la Edición Impresa

No es el único caso y el tema está en debate: ¿se puede ser represor y a la vez héroe de la guerra de Malvinas? No sólo se trata de enfoques y abordajes personales sino de la relación que la sociedad tiene con quienes protagonizaron diversos episodios que son traumas que perduran con cicatrices que no cierran.

De hechos donde parecen existir contradicciones que ocurrieron en un mismo proceso político: la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.
Uno de esos casos es el del coronel retirado Horacio Losito, quien cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del ’70 en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes y ahora es juzgado por la matanza de al menos 22 presos políticos en Margarita Belén el 13 de diciembre de 1976. De hecho Losito se presentó, arrogante, como héroe de esa contienda bélica.
Es que guste a no, la democracia también le dio esa condición militar. En su foja de servicio aparecen tres condecoraciones por su actuación en Malvinas. Una es del Congreso de la Nación, otra por haber sido Herido en Combate y al Mérito Militar. De esto se dio cuenta, recientemente, en una carta de lectores publicada en La Nación, donde según Carlos Francisco Sicardi el coronel Losito recibió palabras halagadoras del capitán de navío cirujano Richard Jolly, de la Royal Navy Británica.

Dos causas, dos actitudes

La causa Malvinas está en la génesis misma de este país, ya que ningún ciudadano duda de qué es lo que reclamamos, qué es lo está en juego, mientras que las políticas de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no son considerados de modo unívoco y provocan divisiones, enfrentamientos, actitudes presentes y tienen una larga lista de ausentes que siguen desaparecidos y sin que hasta ahora ningún imputado en ese tipo de procesos haya reconocido la tortura, la muerte de otros tantos.
Pudo haber sucedido que el represor fue represor, a secas, y después como soldado sirvió a su bandera y hasta fue condecorado como héroe. Esto último puede discutirse o no, pero lo que hoy se juzga es la conducta represiva. La síntesis histórica no es un objetivo fácil de alcanzar, siempre media la parcialidad, pero claro está que en el proceso penal que se juzgó y en el que se juzga a Losito no hay subjetividades sino que es respecto de su participación efectiva en crímenes de lesa humanidad, antes de que pudiera ser considerado un héroe de Malvinas, así de simple.
Fuente: Diario El Norte


SANTA FE › TESTIMONIO DE EX POLICIA EN EL JUICIO AL EX JEFE DE LA SECCIONAL 4ª, MARIO FACINO

"Le daba de comer a Alicia López"

Gómez estuvo arrestado en la comisaría durante cuatro meses, pero oficiaba como ayudante de cocina. "Yo la vi ahí, en malas condiciones. Muy enferma, muy deteriorada", dijo. Hoy habrá una inspección judicial en el lugar.

Facino era el responsable de la comisaría cuarta de Santa Fe.
Por Juan Carlos Tizziani

Un ex policía que declaró ayer en el juicio al ex jefe de la seccional 4ª, Mario Facino, identificó el último lugar donde vio con vida a Alicia López durante la dictadura, a fines de 1976. "Ella estaba en uno de los calabozos. Yo le daba de comer", reveló Raúl Oscar Gómez, quien estuvo arrestado en la comisaría durante cuatro meses, entre agosto y diciembre de 1976, pero oficiaba como ayudante de cocina y repartía la comida. "Yo la vi ahí, en malas condiciones. Muy enferma, muy deteriorada", dijo al señalar uno de los cuatro calabozos a los que otros presos políticos llamaban "tumbas" porque eran ciegos, no tenían luz ni ventilación, apenas una mirilla a la que los guardias solían tapar con cartones.

La semana pasada, varios testigos: Alejandro Córdoba, José Schulman y Graciela Roselló dijeron haber visto con vida a Alicia en la misma celda que señaló Gómez y uno de ellos, Raúl Pinto, aseguró que la vio inerte, bañada en sangre y tapada con una manta por lo que creyó que estaba muerta. Todos ellos, más el ex chofer de la comisaría, Dalmacio Vázquez, y el ex vicepresidente de la Conadep Santa Fe, Juan Carlos Adrover, participarán hoy, a partir de las 10, en una inspección judicial a la comisaría 4ª que convocó el Tribunal Oral Federal que juzga a Facino.

La de ayer era la última audiencia de las testimoniales, pero sólo declararon tres testigos: Gómez, Adrover y la sicóloga Fabiana Rouseaux. Los otros dos que estaban citados: la periodista y poeta Stella Calloni presentó un certificado médico y José Luis García se disculpó porque está en el exterior según informó el abogado de la querella , por lo que podrán declarar después de la feria judicial, el 23 de julio próximo. Y es probable que ese día también Facino diga sus últimas palabras ante el Tribunal. Los alegatos pasaron entonces para el 29 de julio y el veredicto se conocerá en los primeros días de agosto.

Hoy, los jueces del Tribunal: María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez realizarán una inspección judicial a la comisaría 4ª, junto con fiscales, defensores y querellantes, a la que han sido citados siete testigos que declararon en el juicio: Córdoba, Schulman, Roselló, Pinto, los ex policías Gómez y Vázquez y el doctor Adrover.

Gómez relató ayer en el juicio que estuvo arrestado en la comisaría 4¬ durante cuatro meses, entre agosto y diciembre de 1976. Pero no compartía las celdas con los detenidos políticos. El y otros ex policías estaban "alojados" según sus palabras en una oficina desocupada de la seccional, sobre la calle Tucumán y tenían ciertas libertades. "Yo salía a hacer los mandados y ayudaba en la cocina a preparar la comida, que luego repartíamos entre los presos", dijo.

¿Recuerda haber visto a detenidos políticos? le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal.

Sí, estaban en las celdas contestó Gómez. Y mencionó a Schulman. "Recuerdo también a Alicia", agregó Gómez, a quien identificó como "una mujer no muy alta y que estaba en malas condiciones" de salud.

Uno de los abogados de la querella le preguntó entonces si Alicia recibía atención médica. "No, nunca la he visto recibir atención médica", respondió el ex policía.

¿Recuerda en qué lugar estaba Alicia López?

Había cuatro calabozos juntos. Estaba en uno de ellos. Siempre estaba en el mismo lugar. La vi en malas condiciones. Estaba muy enferma, muy deteriorada explicó.

Gómez dijo que había estado bajo arresto en la comisaría 4¬ hasta fines de 1976. "¿Cuándo usted se fue, ella seguía allí?", le preguntaron.

No, ya estaba más. Yo la vi hasta unos días antes que me trasladaran a otra comisaría. Pero ella ya no estaba más. Yo le daba de comer comentó.

Otro de los testigos que dijo haber visto a Alicia en uno de los calabozos de la comisaría 4ª fue Alejandro Córdoba. "Un día taparon la mirilla de la puerta con un cartón. Pero yo pude ver que traían a una persona en brazos, tapada con una manta. La llevaba un policia, sin armas, pero que tenía un cuchillo en la cintura. La dejó a esa persona en el calabozo, pero no salió enseguida, lo que nos llamó la atención. Cuando el policía se fue, la persona que estaba en la celda se pudo incorporar, se asomó y nos dijo quién era, que se llamaba Alicia López y que había sido violada por el policía que la trajo", recordó.

Córdoba situó ese hecho entre el 22 y 23 de octubre de 1976. Alicia había sido secuestrada el 21 de octubre. Y dijo que hablaba con ella cada vez que podía asomarse a la mirilla. "Yo estaba todo el tiempo asomado. Hablaba con otros detenidos: Pablo Nuñez, Alicia, (Juan José) Dalino y con los otros (que estaban en otras celdas más lejanas), Schulman, (Alcides) Schneider y (Eduardo) Almada, a los gritos".

Fuente: Rosario 12

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EL PREDIO DEL EJÉRCITO CON PASADO OSCURO
Los caminos a San Pedro
Los restos óseos hallados en San Pedro por el Equipo de Antropología Forense podrían pertenecer a ex presos políticos asesinados en Monje antes del Mundial de 1978. El aporte del represor rosarino condenado Eduardo Costanzo. Lo que vio el ex sereno del lugar, que falleció antes de declarar en el expediente judicial.
27.06.2010 | · Autor: Héctor M. Galiano · Fuente: Notife
Si el relato de los protagonistas del horror es tan lineal como verídico, todo haría presumir que los restos óseos hallados en el campo de San Pedro, a 40 kilómetros de la capital santafesina pertenecerían a ex detenidos políticos que fueron ejecutados por militares y civiles en un chalet que el Ejército ocupó en la dictadura en el pueblo de Monje, una localidad de 2.500 habitantes a la que se accede por la ruta 65 y se puede llegar también por RN 11. Según los dichos (en sede judicial) del represor delator (y condenado a prisión perpetua) Eduardo “Tucu” Costanzo, las ejecuciones se realizaron en una vieja granja que estaba ubicada a 4 kilómetros al norte de Monje, por la ruta 11. Para el ex PCI que integró la patota del Ejército en Rosario, se fusilaron a 27 personas en Monje. La orden de exterminio la impartió el coronel Omar Pascual Guerrieri y fue antes del Mundial de Fútbol, cuando se hacía cada vez complicado para la dictadura mantener con vida a los detenidos en los chupaderos activos.

Una de las personas que integraba esa tanda de muertos por la represión –según Costanzo - era María Esther Ravelo, una mujer ciega que fue secuestrada junto a su marido de su casa en Rosario. Hoy allí funciona la Casa de la Memoria.

El año pasado, el (¿ex?) diario Crítica de la Argentina reveló en su edición santafesina que el chalet de Monje estuvo ocupado por Ricardo Rodríguez y su pareja. “Este hombre –según Costanzo, le decían Patilla y Alex Patiño- era el dueño del boliche Rilke II, en Maipú al 700, donde el 5 de diciembre de 1979 murieron 15 personas durante un incendio intencional. Por entonces, tenía unos 40 años. Se cree que hoy reside en Entre Ríos. Al parecer, Rodríguez era personal civil de Inteligencia del Ejército. Siempre según la declaración de Costanzo, el dueño de Rilke, uno de sus mozos –Ariel López, detenido en Rosario-, y el policía Francisco Scilabra participaban de los movimientos en esa pequeña vivienda semi rural, que ahora tiene por vecina la planta operativa del acueducto centro”,señaló el periodista Luis Bastús. Cuando la patota se fue de Monje – también escribió Bastús – “Rodríguez vendió la casa a dos hombres, García y Luna, de Rosario, pero éstos nunca la habitaron. En 1983, José y Agustín Garelli la compraron. Estos hermanos, agricultores ambos que al tomar posesión del inmueble encontraron papeles, fotografías y ropa. En un pequeño galponcito abovedado y contiguo había pedazos de diferentes automóviles”.

Rodriguez volvió al chalet a apretar a los nuevos dueños con que le devuelvan unos papeles viejos y unas fotos. El dueño ofuscado le mintió diciéndole que había quemado todo. Cosa que sí hizo luego de hacer la denuncia policial. Al regresar a la casita incendió todo, entre esas cosas había documentos del Ejército y fotos de asados, presumiblemente de la patota.

El 15 de febrero de 2006 Costanzo pidió ampliar la indagatoria en el marco de la causa que recién comenzaba a orientarse sobre los crímenes ocurridos en los centros clandestinos conocidos como “La Quinta de Funes”, “La intermedia” y “Fábrica Militar”. El represor señaló a un colaborador del Ejército que trabajó en el Registro Civil en los años de plomo y que era el encargado de confeccionar documentación falsa al servicio de la patota. Mencionó a un tal “Chino Martín”, que trabajó –según el ex PCI- con el entonces jefe de asesores de Carlos Reutemann en el Senado, el abogado y ex ministro de Gobierno Carlos Carranza. “El Tucu” empalmó este dato con el traslado de 27 detenidos del chupadero “La Intermedia” en un camión Mercedes Benz 1114 que tenía el Ejército, pero que no era de su propiedad, hasta el chalet de Monje. Costanzo recordó que la casita que fue un centro clandestino “la manejaba ‘Patilla’ Rodríguez, que era el dueño de una whiskería en Rosario, a la que iba toda la patota”.

El ex policía e integrante de los grupos de tareas, Hugo Cardozo, le contó a Costanzo en noviembre de 2005 (fallecería al año siguiente) que a los 27 detenidos los mataron con una inyección y se los llevaron de Monje a un campo. Costanzo le preguntó si era un campo que quedaba por Los Aromos o por Laguna Paiva. Cardozo dijo que sí y el “Tucu” respondió: “Ah, por donde tiene los campos Reutemann”. Cardozo corrigió. – No, en el campo del coronel (fallecido y ex jefe del Área 212 Juan Orlando) Rolón.

San Pedro

El campo donde fueron ubicados los restos óseos -de al menos 8 personas- por el Equipo Argentino de Antropología Forense fue durante la segunda mitad de la década del ochenta y todo los años noventa un centro de prácticas y entrenamientos de colimbas y liceístas que recuerdan las maniobras de desembarco y juegos de guerra al costado de la laguna del complejo militar. Desde hace un tiempo esta alquilado y sembrado, situación que el Ejército ordenó hacer cesar tras conocerse el resultado de las excavaciones.

El 9 de noviembre del año pasado, la ex detenida política Myriam Ramón declaró como testigo en la denominada “Causa Brusa” y en su relato, adelantó lo que este mes pudo corroborarse. Ramón integró a finales de la dictadura una estructura que luego le dio vida en democracia a la Conadep. Ya en democracia, y con la Comisión que presidió el escritor Ernesto Sábato funcionando, se acercó a la delegación Santa Fe un hombre de apellido Castellanos, acompañado de un concejal radical de Laguna Paiva. “El hombre, alto y flaco dijo que era el cuidador de un campo del Ejército que quedaba en un camino lateral entre Campo Andino y Laguna Paiva. Los denunció hechos ocurridos en ese campo y nos relató que allí se realizaban maniobras del Ejército y que varias veces lo sacaron a él a otras personas con rumbo al Regimiento de Infantería en Santa Fe, pero antes llevaban al lugar bolsas de cal. Después, nos dijo Castellanos, los hacían regresar al lugar 3 o 4 días después. “Una vez ví una gran retroexcavadora en el campo haciendo una excavación, otra vez ví sangre en un árbol, un zapato de mujer y una medallita”, dijo Castellanos, que falleció antes de declarar en el expediente judicial que tramita el juez federal Francisco Miño en Santa Fe. Sin embargo, cuando en marzo de 2007 la Casa de Derechos Humanos hizo la denuncia formal en sede judicial, se acompañó una copia de una entrevista realizada al casero del lugar, como así también la desgrabación de esa conversación.

Ramón recordó que “en ese entonces no había garantías para ir a la justicia, ni para hacer guardias en la zona. Si hacíamos la denuncia en la justicia federal lo militares se iban a dar cuenta. Decidimos entrar al campo con castellanos, que nos dijo que había una fosa común. Se sumó el abogado Juan Carlos Adrover, que también formaba parte de la Conadep”.

En el lugar, vieron una casina muy antigua, una construcción de principios de siglo XX. Había una estructura muy amplia edificada sobre una terraza a la que se accedía por medio de escalones en forma de L. Tenía dos habitaciones para el poniente y un amplio patio. Cuando Castellanos ingresó con Adrover y Ramón estaba muy asustado, buscó frenéticamente la fosa común donde creía habían fusilado a una mujer atada a un árbol. Buscó entre la maleva y la tierra y halló un dedo meñique de una mujer.

Castellanos fue entrevistado en 2005 por miembros del MEDH de Santa Fe. Entre sus dichos más importantes aportados a la causa en forma de cinta y también por escrito se puede leer:

-“Transcurría el año 1977 cuando, alrededor de la media mañana llega un grupo del Ejército. Por experiencia, yo logro distinguir que entre ellos, se hallaban algunos pertenecientes a Inteligencia. Yo ya sabía que cuando los de Inteligencia venían yo me tenía que retirar. Días atrás habían descargado gran cantidad de bolsas de cal, cosa que ya había llamado mi atención, las habían apilado en una de las habitaciones de lo que era el casco antiguo del campo”

- “Era común encontrar pozos o todo tipo de excavaciones, hay que tener en cuenta que es un campo de maniobras del Ejército, por lo que era normal que cavaran trincheras o casamatas. Pero nunca se tomaban el trabajo de taparlas, quedaban así nomás, los pozos al descubierto.” “Eso es lo que llama mi atención; esta vez los habían vuelto a tapar con la tierra.”

-“Si bien no había rastros de la cal en los alrededores de la fosa yo ya había escuchado que era una práctica común en estos casos el uso de la cal.”

-“Desde que yo llego al campo, en el vecindario se hablaba de que ocurrían estas cosas en el campo de San Pedro.”

El testimonio no difiere en mucho con el registrado por los viejos integrantes de la Conadep Santa Fe. El juez Miño está abocado ahora a la detección de dos testigos más que tuvieron una posición de observadores privilegiada en el predio del Ejército entre 1977 y 1978. Ordenó diligencias nuevas, además de la custodia permanente de efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería en San Pedro. Nuevos informes aportados al magistrado estos últimos días profundizan la hipótesis que se tratarían de ex presos políticos asesinados en el lugar o trasladados allí una vez muertos. Todos tienen signos de haber sido baleados y, según aportó una incontrastable fuente judicial, pertenecerían a hombres y mujeres jóvenes.
Fuente:Notife







lunes, 28 de junio de 2010

CAUSA RAGONE


organización civil no quiere querellar junto al Estado
La asociación civil Encuentro Memoria Verdad y Justicia se opuso a la pretensión de la Justicia Federal de unificar su querella con la que llevan adelante representantes de dependencias estatales en la causa por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.
Una parte del proceso por este hecho está ya lista para que se lleve a cabo el juicio oral y público contra ocho represores: el ex jefe del III Cuerpo del Ejército (del que dependía el área de Salta), Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil; el ex jefe de Seguridad de la Policía , Joaquín Guil; el ex vocero de la Triple A , Jorge Héctor Zanetto, y los ex policías Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.
El 2 de este mes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta decidió unificar la querella de la organización Encuentro con las de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación , la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El tribunal tomó esta determinación por considerar que existen "identidad de intereses" entre estos organismos y Encuentro.
Pero en una presentación realizada la semana antepasada el abogado David Leiva, presidente de la organización Encuentro, planteó su oposición a esta decisión por entender que se tomó "sin basamento legal, arbitrariamente", y que su "carencia de fundamentos (…) no constituye una derivación razonada del derecho vigente ni de los antecedentes jurisprudenciales vinculados con el caso (…) y en consecuencia debe ser declarada nula".
Leiva sostuvo asimismo que la aseveración del Tribunal, acerca de que existe "identidad de intereses" entre su querella y la de los organismos estatales, constituye un agravio a su parte "ya que no comprende la naturaleza (jurídica) de organismos de gobierno que integran poderes del Estado y la finalidad de organizaciones no gubernamentales", dado que los primeros se rigen por el derecho público y los segundos, por el derecho privado. Para el abogado, el Tribunal tampoco analizó lo planteado por cada una de las querellas, dado que "las estrategias a desarrollar en el tratamiento del juicio no son las mismas, y mucho menos los alegatos a desplegar al final del juicio oral y público". Incluso en el proceso previo ya se vienen dando diferencias, por caso, Encuentro se opuso a la elevación a juicio porque la instrucción (la primera parte de la investigación de un hecho criminal) no está completa. Encuentro también planteó la falta de legitimación legal de la Secretaría de Derechos Humanos de Salta y de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados para litigar en este caso.
Fuente: Nuevo Diario de Salta