martes, 29 de noviembre de 2011

Por la masacre en el paraje salteño ya fueron condenados tres militares

Etapa definitiva para la causa Palomitas II

Hoy el abogado de las víctimas hará en forma oral su alegato. Juzgan a Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil y Luciano Menéndez.


martes 29 de noviembre de 2011 Salta Jimena Granados, El Tribuno
SIGUE EL JUICIO JOAQUIN GUIL ES UNO DE LOS ACUSADOS EN LA CAUSA PALOMITAS II.
SIGUE EL JUICIO JOAQUIN GUIL ES UNO DE LOS ACUSADOS EN LA CAUSA PALOMITAS II.

El 6 de julio de 1976, 11 presos políticos fueron acribillados en el paraje Palomitas, a 50 km de Salta.

Por Palomitas recibieron cadena perpetua Mulhall, Gentil y Espeche en diciembre de 2010.

El segundo juicio por esta masacre está a cargo del juez federal número uno Julio Leonardo Bavio.

Se espera que la investigación por el asesinato de 11 presos políticos en 1976 entre en una etapa definitiva hoy con el inicio de los alegatos. Por la causa, conocida como Palomitas, ya fueron condenados tres militares retirados pero ahora se busca juzgar a otros tres responsables.

A fines de 2010 fueron condenados a cadena perpetua por el caso los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche.

En esta nueva etapa de la causa, conocida como Palomitas II, se juzga la participación de quien era por entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Menéndez. También están imputados el exdirector de inteligencia de la Policía Joaquín Guil y el exoficial de la Policía Federal, Juan Carlos Alzugaray. Para hoy a las 9 está previsto el alegato del abogado David Leiva, que representa a las víctimas de la masacre.

La abogada vinculada con las causas de derechos humanos, Tania Kiriaco, informó que los alegatos serán orales, pese a que el proceso se venía realizando por escrito.

El caso está a cargo del juez federal número uno, Julio Leonardo Bavio, y podría implicar una segunda sentencia para Joaquín Guil, recientemente condenado a cadena perpetua por la desaparición del exgobernador Miguel Ragone.

El 6 de julio de 1976, 11 presos políticos fueron acribillados a 50 kilómetros de Salta capital. Los internos supuestamente estaban siendo trasladados desde la cárcel de Villa Las Rosas a un penal de Córdoba y fueron fusilados en el paraje Palomitas.

Las víctimas fueron Benjamín Leonardo Avila, Celia Leonard de Avila, Georgina Graciela Droz, María del Carmen Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares, Roberto Luis Oglietti, Pablo Elíseo Outes, Alberto Simón Savransky, Rodolfo Pedro Usinger, María Amarú Luque de Usinger y José Víctor Povolo.

Tania Kiriaco informó que referentes de derechos humanos de la región pidieron que se aceleren los juicios por los crímenes cometidos en la década del "70 este fin de semana.

Las organizaciones expusieron su preocupación por el tema en una reunión con el titular de la unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, Jorge Auad, que se realizó el sábado en Tucumán.

La abogada consideró que en los últimos meses hubo condenas por casos emblemáticos como el del exgobernador Ragone y el escribano Melitón Bustos. Sin embargo, destacó que falta mucho para juzgar a los responsables de más de 200 desapariciones que hubo en la provincia.


Fuente: El Tribuno




Investigan las amenazas a funcionarios federales
El juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, confirmó la existencia de una serie de amenazas en contra de jueces y secretarios federales, lo que sorprendió fue que se dieran en un lapso de tiempo y en una jurisdicción en particular. La investigación está a cargo del juez Federal Nº 2, Miguel Medina.

Al respecto señaló que se pudo establecer que existe un conjunto de agresiones, lo que está en conocimiento de las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones respectivas. Se determinó una vigilancia a distancia para brindar seguridad a quienes recibieron las amenazas. El juez Federal N° 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio; el juez Federal N° 3 de Orán, Raúl Juan Reynoso; el juez Federal N° 2 de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, y los secretarios Penales Eduardo Villalba de Salta y Federico Aníbal Zurueta de Jujuy, fueron el blanco de las agresiones.

En este sentido Rabbi Baldi Cabanillas, recordó que si bien esta situación es parte de la función que cumplen los funcionarios, también periodistas se vieron amenazados, tal como ocurrió con Mirta Seco y su pareja en Orán. Si bien a nivel nacional la información dada a conocer señalaba que las amenazas se registraron en un período de pocos días contra funcionarios del fuero federal, y que no se registran antecedentes en el país, el vocal de la cámara dijo que "este tipo de situaciones siempre se dieron, lo inédito es que se produjeron en el lapso de cuatro meses en una misma jurisdicción, Salta y Jujuy". Por otra parte el funcionario dijo que esto lejos de amedrentar a la Justicia los lleva a continuar su ejercicio de la profesión, dando cuenta que si bien hay un estado de situación, no hay elementos que apunten a una causa en particular. "No hay amenazas con origen en una causa, lo que si ocurrió es que ante una medida adoptada en el tema narcotráfico, llegó la agresión", dijo. Remarcó que siempre hay amenazas, "si se ve los periódicos, siempre existe algún tipo de agresión contra cualquier funcionario público, tal vez lo novedoso es que se dio en esta jurisdicción, en un número significativo". La investigación está a cargo del juez Medina y del fiscal Federal Nº 1 Ricardo Toranzos y bajo la figura del secreto de sumario, y ya se ordenaron actuaciones al respecto. "Como cámara no conocemos nada sobre la investigación pero se puso en relieve la secuencia de hechos, ya que no fueron casos aislados, sino que eran varios, recibiendo en todos los casos, el apoyo que se tuvo desde los organismos que agrupan a magistrados, como de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional", señaló. Las amenazas llegaron a través de llamadas teléfono, sms y otros signos. En el caso de Raúl Reynoso, le pusieron azúcar en el tanque de combustible de su auto; Bavio recibió mensajes telefónicos, Zureta de Jujuy fue golpeado con la advertencia que la próxima sería más fuerte, en el caso de Villalba un desconocido se abalanzó sobre él con un machete en la mano, mientras que Olivera Pastor recibió una caja con un cráneo humano

Fuente: Nuevo Diario de Salta.

sábado, 19 de noviembre de 2011


MADRES Y FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DE JUJUY

Personería Jurídica Nº 4965

PELIGRA LA REALIZACION DE LOS JUICIOS ORALES EN JUJUY.

El pedido de Aplicación del Código Procesal viejo del Defensor Oficial ante el TOF de Jujuy Dr Alberto Oscar Aragone causa inquietud

La Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar a un pedido interpuesto por la defensa del represor Luciano Benjamín Menéndez quien pidió que la causa Álvarez de Surta, Dominga en la cual está imputado por el secuestro, torturas y su posterior desaparición y muerte, sea tramitada a través del ya derogado código de Procedimientos (ley 2372) que no prevé el juicio oral y público.-

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy denuncia la aviesa intención del Defensor Oficial Dr.Alberto Oscar Aragone de evitar la realización de los juicios orales en nuestra provincia y de esta manera favorecer a los represores que no quieren sentarse en el banquillo de los acusados. Hay que mencionar que estos genocidas tienen todas las garantías que el estado de derecho les brinda, garantías que no tuvieron nuestros familiares que fueron secuestrados, torturados y muertos en total clandestinidad, a tal punto que no sabemos actualmente donde están sus restos.

De esta manera Jujuy, a contramarcha de lo que viene sucediendo en el resto del país, en donde se están realizando numerosos juicios orales y públicos, sería la única provincia en la cual se daría esta lamentable excepción-

Creemos que la realización de los juicios orales, forman parte de un largo proceso de reparación de las víctimas, que desde hace más de 35 años esperan respuestas de la Justicia Federal sobre el destino de los desaparecidos durante el Terrorismo de Estado. Con estas medidas se está violando el derecho a la verdad y la justicia que hace tanto tiempo venimos luchando de manera pacífica.-

Impedir que los familiares y víctimas no tengamos la oportunidad de poder concurrir a audiencias públicas, constituye un grave retroceso en la lucha contra la impunidad que nuestro país ha emprendido desde la derogación de las leyes de la impunidad y atenta contra la memoria histórica, ya que las futuras generaciones de jóvenes que no vivieron esa época no podrán conocer quiénes son y que hicieron estas personas durante el terrorismo de estado.-

La sociedad jujeña merece conocer la verdad histórica. LOS JUICIOS TIENEN QUE SER ORALES Y PUBLICOS

VERDAD MEMORIA JUSTICIA

JUICIO ORAL Y PUBLICO ¡¡YA!!

CARCEL COMUN PERPETUA Y EFECTIVA A LOS GENOCIDAS Y SUS COMPLICES

Se solicita adhesiones al documento y difusión.

viernes, 18 de noviembre de 2011

PSICOLOGIA SEPARO A UN DOCENTE ACUSADO DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La suspensión de un profesor

En el juicio por la desaparición de Miguel Ragone, en Salta, se presentó un expediente que involucra al profesor de la UBA Mario Casalla. La Secretaría de Derechos Humanos lo denunció. El consejo de Psicología decidió suspenderlo.

Casalla fue secretario académico de la Universidad Nacional de Salta entre 1975 y 1976.

Denunciado por su posible participación en delitos de lesa humanidad, el profesor Mario Carlos Casalla fue suspendido de sus cargos en la Facultad de Psicología de la UBA. El próximo lunes la facultad analizará un pedido de juicio académico que debe ser elevado al Consejo Superior de la universidad. La denuncia contra Casalla fue presentada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, quien solicitó a la Justicia indagar a Casalla como presunto “autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Miguel Angel Arra”, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), secuestrado en 1975 y desaparecido desde entonces. “Durante los años ’74 a ’76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la universidad (Humanidades), di de baja a docentes directamente ligados a la subversión”, escribió Casalla, según consta en la denuncia, en una nota dirigida al destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en octubre de 1978. Consultado por Páginað12, Casalla negó haber participado en la desaparición de Arra.

Licenciado en Filosofía, Mario Casalla se desempeñó como secretario académico de la UNSA entre 1975 y 1976, año en el que las autoridades militares lo cesantearon por considerarlo “marxista”. De acuerdo con un expediente elaborado por la SIDE y ahora presentado por Avila ante la Justicia, Casalla envió en 1978 una carta a autoridades militares salteñas para que se reconsiderara su situación: “Me hiere moralmente esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes”, consignó Casalla en su descargo. Sobre su actuación en los años previos al golpe de Estado, aseguró: “Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria”, siguió.

Las declaraciones de Casalla resurgieron en la causa por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de Salta. A este debate se incorporó el informe sobre Casalla producido por la SIDE en mayo del ’80. Este documento es una respuesta al pedido de revisión de la cesantía que, según la querella, elevó Casalla. En él se reproduce la carta en la que el docente habría relatado que durante su gestión en la UNSA “depuraba ideológicamente a la universidad, daba de baja a docentes directamente ligados a la subversión, trabajando estrechamente con los organismos de seguridad de la provincia”. En palabras del querellante Martín Avila: “Casalla ‘marcaba’ y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas. Es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Angel Arra”.

Hasta la semana pasada, Casalla se desempeñaba en la Facultad de Psicología como profesor regular a cargo de la cátedra Problemas Filosóficos y como adjunto en Historia de la Psicología. Al conocerse la denuncia, el consejo directivo de la facultad decidió suspender provisoriamente a Casalla de sus cargos. Fue una propuesta de la minoría de graduados, agrupación Psicólogos en Frente, cuya consejera es Ileana Celotto: “Esta es una política incesante de la AGD-UBA en derechos humanos, al punto que es querellante en todas las causas de desaparición de docentes de la universidad”, destacó Celotto, dirigente del gremio.

La resolución que suspendió a Casalla fue aprobada por unanimidad el lunes pasado y, la semana que viene, la Comisión de Interpretación y Reglamento debatirá una nueva iniciativa que busca elevar al Consejo Superior de la UBA el pedido de juicio académico al profesor. Por su lado, AGD-UBA ya presentó un proyecto en el Consejo Superior con la misma solicitud.

“Yo no mandé ninguna carta a los servicios de inteligencia de Salta –sostuvo Casalla ante este diario–. Esa carta no está firmada ni por mí ni por nadie. A mí me echaron de la universidad (en 1976). En cuanto a la causa Arra, a quien no conocí, no era del Departamento de Humanidades (del que Casalla había sido director), sino de Ciencias Naturales, y por la propia estructura de la UNSA no se puede nombrar o cesantear personas de otros departamentos. Además, la desaparición de Arra fue en junio de 1975 y yo aún no era secretario académico, lo fui a partir de octubre.”

–¿Por qué su nombre aparece involucrado en esta causa?

–Hay dos respuestas. En Salta hay una pelea local muy grande entre el gobierno provincial y la gente que ha quedado afuera. Allí no van por mí, pero en lo nacional hay dos personas que trabajan activamente en esto, es una puja por el espacio cultural y universitario.

También en diálogo con Páginað12, el abogado Martín Avila, de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó: “Cuando la dictadura te quería echar, eras marxista. Pasabas de ser marcador a ser marcado. Es lógico que Casalla desmienta haber escrito la carta, pero todos los decretos existen, las resoluciones universitarias donde se fueron cesanteando a los docentes que luego desaparecieron están, y no sé qué podrá decir ante esto. Hay que destacar que la UNSA es querellante en las causas de profesores desaparecidos. Sería muy importante, de igual manera, que la UBA tome la misma postura”.

Informe: Agustín Saavedra.

Fuente: Pagina 12
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MARIO CASALLA FUE SUSPENDIDO DE SUS CARGOS
DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
UN TRIUNFO EN LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA DE NUESTRA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
15 DE NOVIEMBRE DE 2011
Psicólogos en Frente, se complace en comunicar a la comunidad universitaria que, el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires ha resuelto votar por unanimidad la suspensión provisoria en sus cargos vigentes, dentro de la Facultad, al Profesor Mario Carlos Casalla, de quién ha trascendido públicamente, a través de diversos medios de difusión, su vinculación con Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados en la Provincia de Salta, donde Casalla fue funcionario de la Universidad Nacional de dicha provincia.
Allí Casalla, habría confeccionado una lista de Docentes, que él consideraba ligados a la “subversión” y la habría entregado a organismos del Ejército y el aparato represivo del Estado con los fines de evitar, él, ser cesanteado e inspirar confianza a las autoridades de la Dictadura.
Concretamente hemos tomado conocimiento que existe una denuncia que pesa sobre él realizada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Martín Ávila y radicada en el Juzgado Federal nº1 de la Ciudad de Salta a cargo del Juez Julio Bavio "contra Mario Carlos Casalla como autor mediato de la privación ilegal de la libertad del Prof. Miguel Angel Arra, secuestrado el 24/6/75 y a la fecha desaparecido. Estos datos salen a la luz a raíz del juicio llevado a cabo hace poco tiempo por el crimen y la desaparición del gobernador peronista en Salta Miguel Ragone.
La iniciativa para que la separación de sus cargos en nuestra Casa de Estudios fuera posible, ha sido tomada por nuestra lista en un Proyecto de Resolución que presentamos en la última sesión plenaria de Consejo Directivo realizada el lunes 14 de noviembre.
Nuestra Consejera, Ileana Celotto, exigió, junto a los bloques de mayoría y minoría estudiantil, el tratamiento sobre tablas de dicho proyecto donde, junto a la suspensión de sus cargos, reclamamos el juicio académico y que la UBA conforme parte querellante en los juicios que se inicien contra Mario Casalla, quién reviste una larga trayectoria en esta Facultad como Prof. Adjunto Regular en ambas cátedras de Historia de la Psicología y a principios de 2011 se le otorgó el cargo de Profesor Adjunto a cargo de la Asignatura Problemas Filosóficos en Psicología, ambas asignaturas de la Licenciatura en Psicología.
Por otra parte, Mario Casalla fue protagonista como jurado de uno de los concursos más escandalosos de nuestra Facultad, en la asignatura Problemas Antropológicos, donde debió renunciar a dicho cargo, sospechado de parcialidad en el mismo.
Durante la sesión plenaria, algunos consejeros de la Mayoría de Profesores propusieron el inmediato pase a comisión de Interpretación y Reglamento de nuestro proyecto argumentando que, pese a la consternación que decían sentir por la gravedad del tema, del cual ya estaban interiorizados, aún faltaba reunir más información sobre el caso.
La Decana y la Vice- decana por distintos motivos no pudieron estar presentes en esta sesión. Por nuestra parte, y junto a los bloques estudiantiles, exigimos que Casalla no podía continuar más en funciones debido al peso que revisten los hechos denunciados y que los mismo, de comprobarse, violan claramente el Estatuto Universitario que plantea la integridad moral y la rectitud cívica como condición fundamental para los Profesores de la UBA.
Acto seguido se procedió a la votación en forma unánime de todos los bloques y se decidió que el resto de los puntos de nuestro proyecto pase a comisión de interpretación y reglamento, que debe reunirse el lunes próximo.
Allí exigiremos la aprobación de nuestros puntos restantes del proyecto: Juicio académico, Cesantía de sus cargos sin goce haberes y que la UBA tome parte querellante en los juicios.
También pediremos una sesión extraordinaria del Consejo Directivo a los fines de expedirse rápidamente al Consejo Superior de la UBA y que tome cartas en el asunto.
El gremio Docente, la AGD-UBA, diversas agrupaciones estudiantiles, así como organismos de Derechos Humanos y varias personas ligadas al ámbito universitario acompañan esta iniciativa.
Mario Casalla fue director gerente del Diario el Tribuno, en Salta, y bajo el seudónimo de Hernán Solifrano, en el año 1977.
Algunas de sus declaraciones pasadas que han salido a la luz, sencillamente dan cuenta con quién estuvimos conviviendo hace poco en los pasillos de nuestra Facultad:
“Me dirijo al señor jefe del Destacamento de Inteligencia 143 de Salta, interesándolo por estos hechos. Más que una carrera universitaria de quince años frustrada, lo que me hiere moralmente es esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes. Tal cual manifestara desde los comienzos de este caso (…), no solo no soy subversivo o disociador, sino que he luchado abiertamente contra esa forma apátrida de agresión a nuestro suelo y sus instituciones, con todas las medidas y fuerzas a mi alcance (tanto como docente, o como autoridad de la UNSa)”. Sostuvo el Doctor en Filosofía en el pedido de “revisión de informes disponibles sobre mi persona y una correcta caracterización de mi caso”.
El golpe del 24 de marzo de 1976 encontró a Casalla en el cargo de secretario académico, en el que había asumido en septiembre de 1975. Antes, desde diciembre de 1974, había sido director del Departamento de Humanidades. Había llegado al gobierno universitario de la mano del interventor Villada, dispuesta en diciembre de 1974 (mes siguiente a la intervención al gobierno de Ragone) “por las graves irregularidades de todo tipo detectadas durante el gobierno del doctor Holver Martínez Borelli”, perseguido político que estuvo exiliado.
Informó también que cuando estuvo en el gobierno universitario, entre 1974 y 1976, procedió a “depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la Universidad (Humanidades), dí de baja docentes directamente ligados a la subversión (…), revisé y promulgué nuevos planes de estudios dejando de lado los anteriores contenidos marxistas y enfrenté ante la opinión pública del momento las consecuencias de todas estas medidas. De todo ello tienen constancia los organismos de seguridad de la provincia y muy especialmente la Policía Federal (Delegación Salta) entonces comandada por el comisario (Federico) Livi y con el principal Faber al frente de Inteligencia subversiva”:
Dijo que trabajó “estrechamente con todos esos organismos procediéndose a una prolija revisión de antecedentes antes de cualquier baja o alta de personal.
Lo mismo puede decirse de la Policía Provincial, de Gendarmería, y de la Guarnición Militar Salta.”
Frente a esta situación, Psicólogos en Frente será parte de un proceso de lucha incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia y para que aquellos nefastos personajes vinculados al genocidio que azotó nuestro país con la última Dictadura Cívico-Militar sean juzgados y condenados en cárcel común, como paso indispensable hacia la construcción de una verdadera Democracia donde el pueblo argentino exprese la realización de sus más legítimas aspiraciones.
Por los 30 000 desaparecidos
Por los compañeros Docentes y Estudiantes desaparecidos de Psicología
Por la memoria, la Verdad y La Justicia
Por el crimen y castigo a los genocidas de ayer y de hoy
PEF - Psicólogos En Frente