sábado, 28 de mayo de 2011

NUNCA MAS GENERAL!!!


EL PAIS › EL MINISTERIO DE DEFENSA DISPUSO LAS BAJAS DE MENENDEZ Y BUSSI

Condenados y ahora degradados

Luego de la confirmación de la condena a prisión perpetua por el crimen de Vargas Aignasse, dos resoluciones del ministro Arturo Puricelli establecieron ayer las bajas de Menéndez y de Bussi de las filas del Ejército.



Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi no integran desde ayer las filas del Ejército Argentino. La confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a prisión perpetua que dictó en 2008 el Tribunal Oral Federal de Tucumán, por el secuestro y asesinato del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, derivó en dos resoluciones del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, por las cuales los dos mayores genocidas de la historia del norte argentino fueron degradados de la institución a la que pertenecían desde que ingresaron al Colegio Militar de la Nación, hace más de 60 años. La baja implica que los ahora ex generales dejarán de cobrar ingresos como retirados, recuperarán el estado civil del que gozaban cuando eran adolescentes y nunca más podrán volver a invocar al Ejército en primera persona. La noticia se conoció el mismo día en que el Tribunal Oral Federal de Salta, que juzga a Menéndez por secuestros y asesinatos en esa provincia, difundió un informe médico que dejaría al acusado fuera del juicio, el séptimo que afronta desde la reapertura de las causas, luego del infarto que sufrió el jueves.

La sentencia que deriva en las bajas de Menéndez & Bussi fue suscripta en agosto de 2008. El tribunal presidido por el juez Gabriel Casas e integrado por Josefina Curi y Carlos Jiménez Montilla condenó al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y al de la Quinta Brigada respectivamente a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, como caras visibles de “una asociación de jefes de distintas fuerzas militares y policiales que se reunían de manera subterránea para realizar delitos y garantizar impunidad”.

Los defensores de los genocidas apelaron el fallo que, casi dos años después, en junio pasado, fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que integran los jueces Mariano González Palazzo, Augusto Díaz Ojeda y Gustavo Hornos. La misma sala rechazó luego una nueva apelación, por lo cual los abogados de los octogenarios decidieron presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, que fue rechazado en los primeros días de 2011.

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa, tras el fallo del Tribunal Oral Federal de Tucumán la cartera dio intervención a la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, que “opinó que resultaba procedente dictar la baja de ambos individuos como consecuencia de las penas e inhabilitaciones que se les aplicara”. Puricelli firmó ayer las resoluciones 408 y 409, por las cuales dispuso “la baja de las filas del Ejército Argentino de los Generales de División (R) Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi”. “Ambas resoluciones se adoptan en virtud de las leyes y las normativas militares vigentes”, agrega el comunicado. Voceros de Defensa precisaron que la baja implica el retorno al estado civil y la desvinculación definitiva de las filas del Ejército, que ya no tendrá que volver a pagarles su haber como retirados.

El Tribunal Oral de Salta, en tanto, dio a conocer ayer un informe médico según el cual Menéndez “no se encuentra en condiciones de seguir interviniendo” en el proceso por el secuestro y homicidio del ex gobernador Miguel Ramone. “La recuperación de su cuadro de infarto de miocardio demandará, salvo complicaciones, aproximadamente cuarenta días”, sostiene, y precisa que “el compromiso de tres vasos coronarios indica, desde el punto cardiológico (que se trata de) un paciente de alto riesgo”. Menéndez fue internado de urgencia el jueves y sometido a una angioplastia en una clínica de San Miguel de Tucumán, donde permanece internado.

El ex militar, de 83 años, afrontaba desde el mes pasado su séptimo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad y se alojaba hasta el momento de la internación en la casa de uno de sus hijos, en el country del Jockey Club del selecto barrio Yerba Buena, en Tucumán. No es mejor la salud de Bussi, que el mes pasado fue internado en terapia intensiva por problemas cardíacos y que también goza de arresto domiciliario en su casa de Yerba Buena.

Fuente: Pagina 12



EL PAIS › LUIS PATTI FUE TRASLADADO AL PENAL DE EZEIZA

Preso en cárcel común


Luis Patti fue alojado en el hospital de la cárcel de Ezeiza.

La lucha que inició Diego Muniz Barreto en cautiverio y que durante 34 años impulsaron centenares de personas, finalmente rindió su fruto: Luis Abelardo Patti, condenado el mes pasado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, comenzó a cumplir su sentencia en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Luego de casi un año y medio internado en el centro de rehabilitación Fleni de Escobar, los pagos donde en tiempos de impunidad llegó a ser intendente, el torturador y asesino fue trasladado por orden de la Justicia al hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde continuará con su tratamiento de rehabilitación.

Patti estuvo detenido desde noviembre de 2007 en el penal de Marcos Paz junto con Etchecolatz, Von Wernich & Cía. En enero del año pasado sus abogados Alfredo Bisordi y Silvio Duarte consiguieron la autorización del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para que el represor se operara de una lesión en los ligamentos cervicales, maltrechos desde un accidente que sufrió en 1997 como copiloto de un auto de Turismo Carretera. Durante la intervención, en el hospital que la Universidad Austral posee en Pilar, Patti sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le permitió tomar distancia de la cárcel. La recuperación comenzó en la clínica Fleni del barrio de Belgrano y continuó en el imponente hospital de la familia Pérez Companc en Escobar, donde el torturador recibía a sus amigos a toda hora y se sacaba fotos sonriente, con cuello ortopédico y abundante cotillón.

A mediados de 2010, mientras el tribunal rechazaba los insistentes pedidos del fiscal federal Juan Patricio Murray para que el policía fuera examinado por el Cuerpo Médico Forense y no por los médicos de la clínica que había inaugurado como intendente, quienes justificaban una y otra vez su permanencia, los defensores de Patti fueron por más y pidieron el arresto domiciliario. Argumentaron que el tratamiento bajo la modalidad “hospital de día” sólo se lo podía brindar el Fleni y que los traslados desde cualquier penal serían letales para la salud del cliente. Pero una pericia realizada a pedido de las querellas frustró la maniobra. Un médico ofrecido por los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto corroboró que el torturador simulaba y que no hablaba para disimular su verdadero estado. El tratamiento indicado por el Fleni “no es imprescindible”, concluyó.

Sin devolverlo a su casa pero tampoco al Hospital de Ezeiza, el mejor equipado del Servicio Penitenciario, el tribunal que preside Lucila Larrandart inició el juicio con Patti internado. Incapaz de mirar a los ojos a los hijos de sus víctimas, el torturador enfrentó el proceso disfrazado de enfermo terminal, ingresó al auditorio sólo cuando el tribunal lo obligó y ni siquiera de pie, sino acostado en una camilla y con los ojos cerrados. Lejos de la locuacidad que lo caracterizó en tiempos de impunidad, respondió con monosílabos cuando la jueza le preguntó si iba a prestar declaración indagatoria, en las audiencias iniciales, y si iba a hacer uso de las últimas palabras, antes de recibir la sentencia.

El 14 de abril, Patti fue condenado a prisión perpetua. “El cumplimiento de la pena impuesta a los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal”, leyó Larrandart. Luego aclaró que por decisión del tribunal sería ella la responsable de controlar la ejecución de la sentencia. El jueves la jueza dio el último paso. En un documento que apenas supera la carilla, fechado en Olivos, dispuso el “traslado, reingreso y alojamiento” de Patti en una cárcel del SPF. Argumentó en base a un informe del médico Lisandro Olmos, para quien Patti “no requiere permanecer internado y se encuentra en condiciones de continuar con un programa de rehabilitación ambulatorio”.


viernes, 27 de mayo de 2011

EL PAIS › EL REPRESOR LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ FUE OPERADO Y QUEDO INTERNADO EN TUCUMAN

Seis condenas a perpetua y un infarto
El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército durante la dictadura, condenado por delitos de lesa humanidad, sufrió un infarto de miocardio y fue sometido a una angioplastia. “El cuadro era severo y puso en riesgo la vida del paciente”, informó la clínica.

El general retirado Luciano Benjamín Menéndez, quien desde el mes pasado afronta su séptimo juicio oral por delitos de lesa humanidad como ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, sufrió ayer un infarto y fue sometido a una angioplastia en una clínica de San Miguel de Tucumán, donde quedó internado. El jefe de guardia de la clínica informó que “el cuadro era severo y puso en riesgo la vida del paciente”, el más célebre genocida del norte argentino, quien ya cumple seis condenas a prisión perpetua por sus crímenes durante la última dictadura.

Menéndez fue internado de urgencia ayer a la mañana, a primera hora, en la Unidad Coronaria del Sanatorio Modelo, en la capital tucumana, luego de sufrir un “infarto agudo de miocardio”, según informó el médico Luis Oporto, jefe de guardia del centro asistencial. El militar ingresó “con un cuadro de dolor de pecho y los estudios determinaron que sufrió un infarto agudo de miocardio”, precisó. “El cuadro era severo y puso en riesgo la vida del paciente”, agregó, y aclaró que por la tarde ya se encontraba “controlado y estable”. Mariano García Zavalía, secretario de Derechos Humanos del Tribunal Oral Criminal de Tucumán, informó ayer que un médico forense de la Justicia federal concurrirá hoy a la clínica para evaluar oficialmente la condición del imputado.

El represor de 83 años afronta en estos días un juicio ante el Tribunal Oral Federal de Salta por el secuestro y asesinato del ex gobernador Miguel Angel Ragone, el homicidio de Santiago Catalino Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal, durante un operativo realizado el 11 de marzo de 1976, cuando el funcionario salía de su casa rumbo al hospital San Bernardo, donde ejercía su profesión de médico.

El juicio comenzó a principios de abril con ocho acusados. Dos siguen las audiencias por videoconferencia desde sus hogares, porque por problemas de salud cumplen arresto domiciliario. Uno es el ex jefe de policía de Salta, Miguel Raúl Gentil, radicado en la ciudad de Buenos Aires. El otro es Menéndez, que sigue el proceso desde la casa de uno de sus hijos, ubicada en el country del Jockey Club, en el selecto barrio Yerba Buena, al pie del cerro San Javier, en San Miguel de Tucumán. El juicio salteño, con audiencias que se realizan semana de por medio, había pasado a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

Menéndez sumó en los últimos tres años seis condenas a prisión perpetua, triste record que ningún otro genocida está en condiciones de alcanzar en el mediano plazo. La primera fue el 24 de julio de 2008. El Tribunal Oral Federal de Córdoba ordenó entonces el cumplimiento de la sentencia en el penal de Bouwer, pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó días después postergar el cumplimiento efectivo de la medida hasta que el fallo quedara firme, decisión que por las demoras del propio tribunal se concretó recién a fines de 2010. El represor siguió preso por decisiones de distintos jueces y tribunales que lo tuvieron como imputado y luego como condenado, hasta el 18 de agosto pasado, cuando el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena le concedió el arresto hogareño en base a un diagnóstico de neumonía bilateral.

La última condena a Menéndez fue el 23 de marzo pasado, en Tucumán, por los homicidios de cinco militantes montoneros. Ex jefe entre 1976 y 1979 del mayor comando de cuerpo de Ejército del país, con epicentro en Córdoba y jurisdicción sobre diez provincias, al militar se le superponen los juicios y, si supera el trance actual, seguirá alternando camiones celulares del Servicio Penitenciario y pasillos de tribunales durante el resto de sus días. El 4 de octubre deberá afrontar un nuevo juicio en Tucumán y desde el 26 deberá alternarse para ser juzgado en Mendoza, en un proceso que comenzó en noviembre sin el Cachorro, por entonces en el banquillo en Córdoba.

Fuente: Pagina 12

lunes, 23 de mayo de 2011

Homenajearon a los desaparecidos de la UNSa.
Organizado por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) se llevó a cabo ayer un nuevo homenaje a los docentes y estudiantes de esta casa de estudios que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
Este año se añadieron tres placas a las que estaban colocadas en distintas aulas de la Universidad en memoria de las víctimas de la represión. Se incorporaron los nombres de la profesora Silvia Blanc y del estudiante de ciencias Económicas Roberto Vega. El acto de la víspera, realizado a la tarde en el mural que evoca a los desaparecidos de la Universidad, estuvo bastante concurrido, por profesores, estudiantes, militantes de organizaciones de derechos humanos y un grupo de Proyecto Sur. Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales expuso el Tendedero de la memoria, y se extendieron carteles variados referidos a la temática. Algunos de los participantes en el juicio por el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone concluyeron su jornada en Campo Castañares, acompañando el recordatorio que recibió también, entre otros, la adhesión del Partido de la Liberación, de la Sede Tartagal de la Universidad y de la Organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de Orán. En el acto se leyeron poemas, y hablaron familiares y referentes de organizaciones de derechos humanos. Por la investigación que realizó la ADIUNSa se sabe que Silvia Blanc era una militante popular que residía en Tartagal, en cuya sede universitaria era docente. Fue compañera de Fernando "Chicho" Ochoa, que era contador público nacional y era docente en los colegios Santa Catalina de Bolinia y Escuela de Comercio Alejandro Aguado. Ochoa también trabajó en la Municipalidad de Aguaray, donde fue intendente interino. Tras ser cesanteada en la Universidad, Blanc instaló un negoció, local fue ametrallado al poco tiempo. "Tuvo que abandonar la Ciudad y deambular entre Buenos aires y Córdoba", donde fue secuestrada, junto a Ochoa, el 30 de septiembre de 1976. Ambos fueron vistos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Campo de La Rivera hasta principios de enero de 1977, con signos de torturas. Fueron fusilados el 15 de enero de 1977. Vega era estudiante de la Carrera Contador Público Nacional. Era oriundo de Tartagal, su padre era peón ferroviario. F ue compañero de militancia de Carlos Figueroa, también desaparecido de la UNSa, y fue secuestrado de Tafí del Valle, en Tucumán, en febrero de 1976, a los 21 años. Sus familiares, que participaron del acto, se mostraron esperanzados en que los anhelos de justicia que ambos profesaban, se hagan realidad en el país.

Fuente: Nuevo Diario


Entrevista a daniel hendler, autor de la guerrilla invisible

“Las acciones de las FAL eran precisas, audaces y científicas”

Publicado el 16 de Mayo de 2011
Para Tiempo Argentino.
El periodista rearma el enorme e intrincado rompecabezas que representaron las Fuerzas Argentinas de Liberación en las décadas de los ’60 y ’70. Recorre su modus operandi desde su nacimiento hasta su desaparición.

Las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL) fue una organización guerrillera que actuó en las turbulentas décadas del ’60 y ’70 en la Argentina. Realizó acciones revolucionarias inéditas para la época, pero su historia no fue conocida. Ariel Hendler, periodista y psicólogo, se interesó en ella y escribió el primer libro sobre esta fuerza que pasó desapercibida para la historia argentina: La guerrilla invisible. De acuerdo al investigador, las FAL fue vanguardista en lo que respecta a las organizaciones de su tipo: “Tiene todos los records Guinness imaginables”, aseguró en una entrevista con Tiempo Argentino. Entre aquellos “logros” se destacan: haber sido la primera guerrilla urbana en atacar de manera contundente una base militar en el país; haber tenido entre sus filas al primer militante detenido – desaparecido de la lucha armada; y haber secuestrado por primera vez a un funcionario extranjero para exigir la libertad de sus compañeros, entre otras cuestiones.

–¿Por qué cree que nunca se escribió un libro sobre esa organización vanguardista y revolucionaria?

–Hay varias respuestas posibles. Una es la dificultad que implicaba, al no existir una revista de la organización que sirviese como guía. En Montoneros, por ejemplo, está la colección de El Descamisado. De las FAL no hay nada. Pocos conocen su existencia.

–Una organización muy atomizada y con puntos por donde podía ser abordada.

–Sí. Hay un informe de inteligencia que dice: “Fue la primera organización insurreccional que protagonizó operaciones armadas de envergadura contra unidades de las Fuerzas Armadas.” Lo dice por la incursión de las FAL en Campo de Mayo, en 1969, sin saber que siete años antes había hecho el ataque al Instituto Geográfico Militar. Ese fue el primer acto de guerrilla contra una unidad militar y fue el primer acto de guerrilla urbana, un año antes que el Policlínico Bancario, que suele ser considerado el primero.

–¿Por qué la Central de Inteligencia cita sólo el de Campo de Mayo?

–Habla del que fue reivindicado. Pero fue reivindicado porque fracasó. Eso es lo curioso. Si no, probablemente la organización sin nombre hubiese seguido manteniéndose en secreto todo el tiempo que hubiese podido. Ese era su objetivo. En ese hecho no hubiera podido mantener el anonimato. Y en esa época comenzaron los contactos con otras organizaciones. Cuando asaltaron el Instituto Geográfico Militar, sus militantes tenían 21 años en promedio y se abstuvieron de reivindicar el hecho, exitoso, para poder seguir existiendo en el secreto más absoluto. Nadie se enteró de que ese hecho fue realizado por ellos hasta este libro.

–Volviendo a Campo de Mayo…

–Al fracasar el ataque, sabían que iban a llegar a ellos –por una pista que dejaron involuntariamente. En ese momento decidieron convertir un operativo de acumulación fallido en un objetivo de propaganda armada exitoso. En principio, lo reivindicaron sólo al interior de los distintos grupos armados.

–¿El primer documento que difunde la organización es el secuestro al cónsul paraguayo Waldemar Sánchez?

–Sí. Ese también fue otro “hito”, en marzo de 1970. Fue el primer secuestro de un diplomático para pedir liberar y legalizar compañeros secuestrados. Este hecho inspiró la novela El Cónsul honorario, de Graham Greene, y no, como sostiene otra versión, el secuestro de un cónsul inglés por parte del ERP. En ese documento se reivindicó públicamente el caso de Campo de Mayo. En el segundo comunicado cuentan todos los actos que hicieron. Pero la aparición pública fue forzada.

–En el caso del cónsul piden por dos compañeros…

–Sí, uno de ellos fue el primer detenido-desaparecido de la lucha armada: Felipe Vallese, que era un militante sindical.

–¿Cómo fue ese hecho?

–Las FAL estaba preparando vehículos para realizar un operativo financiero: el asalto a un vagón postal. Para eso, camuflaron dos camionetas, en Luján, como si fueran de la Aeronáutica. Eso lo hacía el militante Carlos Della Nave. Alejandro Rodolfo Baldú iba a controlar cada tanto. Pero los vecinos comenzaron a sospechar porque veían movimientos raros y alertaron a la policía. Así es como detienen en el galpón a Carlos Della Nave y lo empiezan a torturar ahí mismo con la batería de uno de los coches. Y se lo llevan detenido. Esa misma tarde llega Baldú le hacen una ratonera y cae preso. Todo indica que Della Nave murió en la tortura. Jamás hubo pistas certeras de qué pasó con él –eso fue en el ’70–. Justamente, el hecho de que Baldú y Della Nave hayan sido detenidos en forma ilegal motiva el secuestro del cónsul para exigir su liberación. Decidieron liberarlo para dejar en claro que ellos eran más humanitarios que los dictadores Juan Carlos Onganía y el paraguayo Alfredo Stroessner.

–¿Cómo caracteriza a las FAL?

–Como un mosaico de todas las tendencias revolucionarias de la época, confluyendo en una misma organización. Eso fue lo que los llevó a su atomización. Nunca lograron establecer una línea política común. Había tres líneas fuertes en su interior: la del PCR; la del grupo original, que era marxista leninista pura; y la línea de la brigada Masseti, que es la más ecuménica, en la que confluyen el peronismo de izquierda, el catolicismo y el guevarismo.

–Eran perfeccionistas en sus acciones…

–Las primeras operaciones de las FAL eran precisas, audaces y científicas, el ideal de toda organización. El tema es que no siempre lo pudieron llevar a la práctica. El caso del Banco de Liniers era una operación perfectamente planeada pero el comandante de la operación, Villa, la descarta porque tenía una personalidad cada vez más paranoica –de hecho, termina internado en un psiquiátrico. Esto entra con la manía de perfección que tenía la organización hasta que llega un punto en que se confunden la manía perfeccionista con la enfermedad paranoica de su jefe. Esto fue así hasta la rebelión interna que saca a Villa de la conducción. Recién entonces realizaron la operación en el banco. Siempre su idea fue no generar enfrentamientos para evitar bajas, tanto en sus filas como en el bando enemigo.

–¿Cuándo se puede fechar el nacimiento de las FAL?

–La organización original, a fines de 1960, pero sin ese nombre. Con el nombre FAL, cuando hacen los primeros comunicados para exigir la liberalización de un compañero a fines de marzo del ’70. En el medio, en el año 1968, ya había miles de células pequeñas que estaban en el mismo proceso, creciendo de manera silenciosa. Las FAL fue una de las organizaciones que se hicieron conocer entonces públicamente y la que, hasta 1969, tenía el crecimiento más grande y las operaciones más audaces.

–¿Cómo era su funcionamiento?

–Las FAL funcionaban como una coordinadora de organizaciones. Al mismo tiempo, intentaban elaborar una línea política en común, pero no lo consiguieron y se atomizaron. Otra característica del grupo originario era que casi todos eran visitadores médicos. En otro grupo de esta organización heterogénea, el de los Zárate, había muchos que eran médicos o estudiantes de Medicina. De hecho, el contacto entre ellos se produjo porque algunos de los visitadores médicos visitaban el Policlínico de Lanús, donde el líder de uno de estos grupos, Luis María Aguirre, trabajaba como médico. Ahí es donde se generó el contacto.

–¿Y cómo es que esta fuerza “vanguardista” termina disolviéndose?

–Lo que podría haber sido la mayor virtud de las FAL se convirtió en la causa de su disolución: su heterogeneidad, su atomización. Porque las FAL, al tener esta amplitud tan grande, podrían haber sido a lo mejor el aglutinante de todos los grupos armados. Todos los grupos armados podrían haber coincidido en un frente. En realidad, todas las organizaciones armadas se proponían una unión que nunca pudo darse ni remotamente. Por todo esto, las FAL son como un botón de muestra de todo aquello que sucedía en las organizaciones guerrilleras de la época. Por eso es tan interesante su estudio


jueves, 19 de mayo de 2011


por Elena Corvalan

Dirigente sindical opositor a Ragone dio su versión

“Algunos muchachos tenían armas,

era normal en ese momento”

Quien dirigiera uno de los gremios enfrentados al gobierno de Miguel Ragone, el sindicalista Mario Amelunge Vargas, afirmó ayer que “la clase obrera” nunca le hizo una crítica a la línea de gobierno y si bien reconoció que tomaron la casa de Gobierno en septiembre de 1994, aseguró que lo hicieron “para demostrar que también nosotros teníamos fuerza gremial”. Ante la insistencia del fiscal Horacio Azzolín terminó por reconocer que “algunos muchachos tenían armas. Alguno tenía una pistola, (…) era normal en ese momento. Parecía el Far West entonces Salta”.

Seis testigos declararon ayer. Los otros cinco, entre ellos las militantes de derechos humanos Nora Leonard, Cristina Cobos y Blanca Lezcano, se contaron entre los perseguidos en la década del 70 y confirmaron que había espionaje político y se aplicaban torturas. También señalaron al entonces director de Seguridad, Joaquín Guil, como uno de los que encabezaba estas acciones.

Amelunge se mostró fastidiado con su rol de testigo. En 1973 era el secretario general de la UOM Seccional Salta, y fue delegado regional de la CGT desde ese año y hasta el 76. Integró también las 62 Organizaciones Justicialistas. Y estaban muy vinculados al dirigente de la derecha peronista Horacio Bravo Herrera, que “era asesor de la UOM y de la mayoría de los sindicatos” y solía usar su oficina casi como una unidad básica. Entre los dirigentes que lo visitaban asiduamente recordó a Juan Carlos Villamayor.

El sindicalista dijo que al principio las relaciones con Ragone “eran normales” pero “después se fue planteando un problema político ideológico”. Amelunge dijo que les tomaban los sindicatos, había “gente de izquierda que estaba en contra de la CGT”, y que Ragone “se lavaba las manos”. Encima, añadió el testigo, “había gente armada que veíamos en la casa de gobierno” y había “problemas económicos en la provincia, (…) la gente necesitaba soluciones”, y “había represión”.

En realidad los problemas se plantearon bastante rápido, porque a solo cuatro meses de asumido el nuevo mandatario, Amelunge y otros representantes de los sectores conservadores del peronismo y el sindicalismo tomaron la casa de gobierno. Fue el 26 de septiembre de 1974, luego de la misa por el homicidio de José Ignacio Rucci.

“Desde la casa de gobierno (Mitre 23) se burlaban. Estaba el doctor (Enrique) Pfister (Frías, ministro de Gobierno entonces). Mostraba la pistola, se burlaba. Había mucha gente armada”, sostuvo Amelunge. Dijo que no fueron para tomar la casa de gobierno, sino para mostrar que “nosotros también podíamos”. Insistió en que era una simple manifestación, aunque evadía explicar de qué: “Que también nosotros ideológicamente estábamos en otra. Como el general Perón”, dijo. Aseguró también que no pretendían “matar a nadie ni amenazar a nadie”. Y afirmó que no hicieron planteos a Ragone, que no le exigieron cambios en su gabinete, a pesar de que publicaciones de la época dan cuenta de que ya en julio de 1974 los sindicatos y sectores opositores le pidieron que eliminara “la infiltración” de la izquierda de su gobierno.

En noviembre de 1974, con la intervención al gobierno de Ragone, los sindicatos tuvieron cargos en la gestión de Alejandro Mosquera.

Con el golpe de 1976 Amelunge y otros sindicalistas fueron detenidos y se los sometió a un Consejo de Guerra.

El temible Guil

Nora Leonard, quien sufrió la detención durante más de tres años y es familiar de dos víctimas de la masacre de Palomitas (Celia Leonard y Benjamín Avila), sostuvo que Guil era conocido por la persecución a los militantes y por aplicar torturas. “Era un personaje temible ya en esa época”. El comisario la detuvo el 8 de abril de 1976. La testigo recordó que la interrogó sobre su hermana, ya detenida por entonces. Cuando salió, el certificado de liberación le fue entregado por el Ejército.

Sobre las vinculaciones entre las fuerzas de seguridad, recordó que su hermana fue torturada en la Policía Federal, igual que Evangelina Bota de Nicolai, también asesinada en Palomitas. Sobre la época previa a la dictadura fue coincidente con Cristina Cobos y Blanca Lezcano al afirmar que “se vivía un clima de terror”.

Cobos, hermana y esposa de víctimas de la represión, contó la persecución que sufrió su hermano Enrique Cobos, por parte de Guil. Y acusó otra vez al abogado Jorge Skaf de haber realizado espionaje en 1979 y 1980.

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Otros secuestros

Blanca Lezcano contó del allanamiento a su casa encabezado por Joaquín Guil en septiembre de 1975 y relató el secuestro de su padre, el abogado Luis Alejandro Lezcano, cometido el 13 de marzo de 1976 en un operativo similar al de Ragone.

“Este tipo de operativos fue sistemático y bastante extendido territorialmente”, afirmó. El juicio por este hecho se llevará a cabo en breve. Están acusados miembros de la cúpula policial santiagueña, encabezados por el ex jefe de Inteligencia Musa Azar.

Lezcano señaló que los automóviles utilizados en el secuestro de Ragone, el 11 de marzo de 1976, fueron robados en Santiago del Estero y llegaron a Salta sorteando la zona militarizada de Tucumán, donde los controles eran muy frecuentes, algo que fue destacado por otros testigos.

Ambrocio López, militante peronista cercano a Ragone, contó que fue secuestrado la madrugada del 7 de marzo de 1976, cuatro días antes del operativo del que el ex gobernador fue víctima. “Eran del Ejército seguro, porque a uno le decían capitán”, “me hacían preguntas, que si el doctor Ragone era montonero”. Dijo que lo llevaron a la Central de Policía, donde fue torturado por policías durante cinco días.

por Elena Corvalan

Juicio por Ragone

Irregularidades hasta en

el club de fútbol policial

El ex jefe de la Policía Llago Luis de Grazia aportó ayer más datos sobre la corrupción imperante en la Policía de Salta en la década del 70. No respetaban la ley y habían dejado de ser auxiliares de la justicia, y no solo espiaban a militantes políticos y gremiales, sino que también recurrían a otras prácticas ilegales para beneficiar a su club de fútbol. El ex intendente Gerardo Bavio sostuvo que la persecución y represión estuvo dirigida a militantes políticos cercanos a la línea del ex gobernador Miguel Ragone.

Cuatro testigos declararon en el juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. El coronel (r) Llago Luis de Grazia llegó a Salta en 1979, designado jefe de la Policía, cargo que ocupó hasta 1981. Contó que fue enviado porque había problemas por irregularidades “con un Club Centro Policial”.

Por esto se hizo un sumario. En él se daba cuenta de las acciones de la Policía para que su equipo de fútbol fuera exitoso: “Se detenía a los jugadores del equipo contrario, a los referís”, se cambiaban sanciones por entradas. Una serie de “situaciones completamente anormales”. En estos hechos estaban implicados desde el jefe de Policía, el mayor Juan Carlos Grande (ya fallecido), hasta el resto de oficiales de la cúpula policial, entre ellos Joaquín Guil (que está siendo juzgado en este proceso), Abel Vicente Murúa, Roberto Tacacho, Roberto Arredes.

De Grazia dijo que se le ordenó enviar este sumario al Ministerio del Interior y luego ya no supo más. Los comisarios futboleros no recibieron sanciones y fueron pasados a retiro a fines de 1979, una salida política para sacarlos del medio. Estos mismso comisarios ya habían sido acusados por apremios ilegales y torturas.

El nuevo jefe policial se encontró también con que algunos oficiales habían tenido “ascensos vertiginosos” mientras que había más de 400 agentes que en 20 años nunca habían sido considerados para ascender. En el juicio por el fusilamiento de presos políticos en Palomitas mencionó a Guil, Arredes, Murúa, Enrique Trovatto y Ricardo “Sapo” Toranzos entre los que habían tenido “carreras meteóricas”.

“Evidentemente, no”, respondió cuando se le preguntó si la Policía de Salta cumplía con las leyes. Y “no era auxiliar de la Justicia”.

Por otra parte, De Grazia confirmó que existía un área de Informaciones Policiales, conocida como D2, que hacía un control ideológico, político y gremial. También recordó que existía una “comunidad informativa” entre las áreas de inteligencia de las distintas fuerzas, y que había expedientes secretos en cada una.

En otro orden sostuvo que se respetaba la línea jerárquica y “todos los operativos se informaban a los jefes”.

El apoyo del pueblo

Bavio destacó la popularidad de Ragone. Contó que sectores “de la derecha, peronista y no peronista” se oponían a su gobierno y comenzaron a tramar “algo de más de fondo” ante los frustrados intentos de derrocamiento, abortados por el respaldo popular. “Ya la figura de Ragone les molestaba. No podían sacárselo de encima”.

Sostuvo que había “mucha gente que se oponía a muerte a la figura de Ragone”. Y que por entonces, en 1974, “en algunos grupos la idea de quitarse del medio a Ragone ya estaba germinando”.

Dijo que “había un permanente contacto entre los mandos militares, la Guarnición Salta, el III Cuerpo (con asiento en Córdoba) con los dirigentes” de sectores de la derecha.

Para Bavio “es notorio” que los militantes cercanos a Ragone fueron perseguidos. Recordó en este sentido la suerte corrida por Eduardo Porcel, el ex jefe de Policía Rubén Fortuny, el propio Ragone. La lista de ex funcionarios municipales perseguidos es larga: María del Carmen Alonso, asesinada en Palomitas; Gerardo Gallardo, Segundo Alvarez, Oscar Urrutia, secuestrados y desaparecidos; Eduardo González Paz, asesinado en Tucumán. “¿Quiénes sobrevivieron además del suscripto?”, interrogó, y se respondió: Nora de González, el “Nene” Andrada.

Bavio reiteró que el Ejército “trabajaba al unísono con los sectores de la derecha” a la vez que señaló que ya estaban vigentes los decretos presidenciales que ponían a las policías provinciales bajo el mando de las Fuerzas Armadas.

Ayer concluyó su testimonio Juan Carlos Villamayor, ex secretario de Prensa de Ragone. En consonancia con la excusa de Guil, de que no tenía diferencias con Ragone, seguró que el gobernador reincorporó a este comisario a la Policía.

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Operativo

Llago Luis de Grazia ratificó ayer que cuando ya iba a ser pasado a retiro el comisario Roberto Arredes: “Me dijo que murió su hermano durante el operativo” de secuestro de Miguel Ragone.

De Grazia indicó que entendió que al usar el término “operativo” el comisario se estaba refiriendo a una “acción que se debe haber realizado ordenada por un superior”. “El me habló de operativo”, confirmó.

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Menéndez, el interrogador

El represor Luciano Benjamín Menéndez, convicto por crímenes de lesa humanidad, volvió ayer al papel de interrogador, esta vez de Gerardo Bavio.

“¿Quién y cuándo lo mataron a Aramburu?”, arremetió el acusado, al que su defensor insiste en llamar general. La reacción del fiscal Horacio Azzolín no se hizo esperar: se opuso a que se pregunte sobre cuestiones que no tienen que ver con el objeto del juicio. El defensor oficial Federico Petrina insistió, dijo que el criterio del Tribunal Oral en lo Federal había sido amplio. La presidenta, Liliana Snopek, le dio la razón y esta vez las querellas reaccionaron oponiéndose. “Esta pregunta de Menéndez no es otro que un intento de introducir la teoría de los dos demonios para tratar de justificar los crímenes cobardes que cometieron”, sostuvo Matías Duarte, abogado de la familia Ragone. Al final, el Tribunal hizo lugar a la oposición y Menéndez tuvo que prescindir de esta pregunta.

martes, 17 de mayo de 2011

En el centro, Armando Jaime, el segundo a la izquierda Juan Carlos Arroyo, la primera a la derecha Gladis Porcel

Juicio por Ragone

por Elena Corvalan


Vínculos entre policías, militares,

la derecha y la persecución política


Los integrantes de la Lista Verde, línea interna del PJ que en 1973 postuló a Miguel Ragone para la gobernación, fueron perseguidos antes y durante la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976, sostuvo ayer el testigo Armando Jaime, que por el Frente Revolucionario Peronista (FRP) integró esta Lista y sufrió esa persecución política. Sostuvo que de la represión participaron grupos como las “Tres A” (Alianza Anticomunista Argentina), grupos represivos de las fuerzas policiales y del Ejército, “participa Roberto Romero que quería sacar a Miguel Ragone para ser candidato del Partido Justicialista” y grupos de la derecha de Buenos Aires que tampoco querían a Ragone.

Jaime, que concluyó su declaración en la 14º jornada del juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Ragone, invitó a fijarse en la nómina de desaparecidos para advertir que había una persecución dirigida. “El que no era de la Lista Verde, era simpatizante”; enumeró: Felipe Burgos, Berta y Elsa Torres, Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Guillermo Alzaga. “¿Qué muertos tiene Roberto Romero? ¿Qué muertos tiene Horacio Bravo Herrera? La dictadura no les podía hacer desaparecer a nadie porque había un vínculo”, razonó antes de concluir: “La mayoría de los desaparecidos son de la Lista Verde”.

Los cinco testigos que declararon en la víspera hablaron de las vinculaciones entre el Ejército, la Policía y la persecución a militantes políticos. Y también del encubrimiento que en 1977 habrían montado el entonces jefe de la Policía, el coronel Carlos Carpani Costas; el jefe de Seguridad, Joaquín Guil, y el juez Marcelo Avrutín Suárez, de un doble homicidio, conocido como “el crimen de los arbolitos”, cometido ese año en Metán. El motivo: los sospechados, los policías Andrés del Valle Soraire y Fortunato Saravia, habían participado en el ataque a Ragone. El fiscal Horacio Azzolín pidió que se envíen los datos al Juzgado Federal Nº 1, donde está radicada la causa por el doble asesinato, para que se los investigue. Junto a otros siete acusados, Soraire está siendo juzgado ahora por el secuestro y desaparición de Ragone, el homicidio del almacenero Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal.

El testigo Damián Mendoza ratificó sus dichos acerca de que el 10 de marzo de 1976, la víspera del secuestro de Ragone, un militar le anticipó este hecho y por eso esa misma noche intentó en vano convencer al ex gobernador para que huyera. Mendoza comenzó a declarar el 20 de abril, entonces se negó a dar el nombre de su informante, respetando una promesa, pero como supo que esta persona falleció, ahora brindó su identidad: “Marcelo Rodríguez Saá. Era mayor en ese momento. Estaba en el Comando en Jefe cuando me desvinculé de él, después de lo de Ragone”, contó. Dijo que el mismo 10 de marzo, a eso de las 21, recibió una llamada del mayor advirtiéndole que iban a secuestrar a Ragone.


Relaciones peligrosas


Jaime sostuvo que Guil, uno de los ocho acusados en este juicio, hacía espionaje político desde la dictadura de Juan Carlos Onganía. Recordó que por entonces el comisario estaba a cargo del área de Contralor General. Con el gobierno de Ragone, y la jefatura de Policía de Rubén Fortuny, Guil y otros 28 policías fueron cesanteados y detenidos por apremios ilegales y torturas a militantes políticos. Posteriormente fueron sobreseídos por aplicación de una ley de amnistía y volvieron a la Policía, a la misma tarea de seguimiento. “Era el jefe principal que perseguía a los militantes políticos”, recordó Jaime. Añadió que Guil realizaba esta actividad “con rabia, con odio”.

Jaime sufrió varios allanamientos en su domicilio, en la década del 60 y en la siguiente, mientras él todavía estaba en su casa y luego los sufrió su familia, cuando él ya había pasado a la clandestinidad. De la primera época, recordó que uno lo realizó el comisario Roberto Arredes, dos fueron encabezados por Guil y uno por un tal Sayén.

El testigo sindicó al ex legislador nacional Horacio Bravo Herrera como “uno de los principales promotores” de una campaña contra el gobierno de Ragone. Dijo que había sectores de “mentalidad fascista” que acusaban a Ragone de comunista porque “para ellos todo el que no era de derecha, era comunista”. “A la vez estaban estrechamente vinculados con Buenos Aires, (…) con José López Rega (impulsor de la Triple A)”. Consideró que una prueba de esta relación son las listas que sacaban las Tres A con los sentenciadas, en las que figuraban personas vinculadas al ex gobernador.

Entre los que conspiraban también señaló a sindicalistas aliados a esa derecha, y a quien en 1983 fuera electo gobernador, el empresario Roberto Romero, “que colaboraba a través de El Tribuno”. “Roberto Romero tenía una estrecha relación con los grupos represivos de Salta. Y a la vez una estrecha relación con Horacio Bravo Herrera”.

En cuanto a la vinculación con el Ejército, recordó que cuando las fuerzas de la derecha tomaron la Casa de Gobierno el jefe de la Guarnición Salta le advirtió a Fortuny que si enviaba policías a colaborar con Ragone, él iba a poner el Ejército en la calle. Añadió que cuando los policías acusados por apremios fueron detenidos, “la primer visita que recibieron fue del jefe del Ejército”. Añadió que en la represión los militares y las policías de la provincia y Federal se intercambiaban los detenidos.


“Desapareció todo el Juzgado”


Olga Romano de Gómez Salas, Segundo Bernabé Rodríguez y Jorge Zenteno Cornejo hablaron de la relación entre la causa por el crimen de “los arbolitos” Oscar Rodríguez y José Lino Salvatierra, cometido el 10 de mayo de 1977 cerca de Metán, hecho que fue atribuido a miembros del grupo parapolicial Guardia del Monte.

Coincidieron en que un incidente producido en agosto de 1977 paralizó esta causa. Rodríguez, hermano de Oscar, y Zenteno Cornejo, abogado de los familiares de las víctimas, recordaron que cuando el juez Marcelo Avrutín Suárez iba a indagar a los policías Andrés Soraire y Fortunato Saravia (ya fallecido) se presentó el mayor Juan Carlos Grande, subjefe de la Policía, y paralizó el proceso con el argumento de que “esta gente (los policías) ha colaborado en el homicidio de Ragone”. “No puede seguir este juicio, no te arriesgués porque te van a poner un caño”, le advirtió a Zenteno Cornejo.

El abogado contó que fue llamado a hablar con Grande y cuando salió no estaban ni los acusados ni los policías que los custodiaban, ni el juez, ni la secretaria, ni el ordenanza. “Media hora (duró la conversación con Grande), en media hora despareció todo el Juzgado”, afirmó. Solo quedaba el expediente en el escritorio. Lo levantó y se fue, guardándolo “para mejores épocas”.

Rodríguez contó que ni bien ocurrió el homicidio fue convocado a la Central de Policía y que allí el jefe, Carlos Carpani Costas, y Joaquín Guil le dijeron que no denunciara el homicidio. Finalmente, después de insistir, le enviaron al comisario Roberto Arredes (integrante del grupo acusado por apremios ilegales y torturas y hermano del comerciante Santiago Arredes) para que realizara el sumario.