domingo, 5 de abril de 2015

Rago Gallo y Galvez denunciados por la fuga de represores


Rago Gallo y Galvez denunciados por la fuga de represores

El senador Ruperto Godoy, del Frente para la Victoria, pidió al Consejo de la Magistratura que investigue la responsabilidad de los magistrados federales sanjuaninos por la evasión de los condenados Olivera y De Marchi, tras un planteo hecho por el fiscal Dante Vega. Querían rechazar la presentación in límine.


Leopoldo Rago Gallo y Miguel Angel Galvez, jueces federales de San Juan.
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En su cuenta de facebook el senador del Frente para la Victoria Ruperto Godoy publicó el resumen de su participación en la reunión del Consejo de la Magistratura. Allí insistió para que se investigue la responsabilidad de jueces sanjuaninos en la evasión de los represores condenados De Marchi y Olivera. Introdujo la moción en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, pese al pedido de desestimar la denuncia.
"Tratamos la denuncia del fiscal Dante Vega acerca de lo actuado por los jueces federales de San Juan, Leopoldo Rago Gallo y Miguél Ángel Gálvez, en la causa en la que se investiga la fuga de los genocidas Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por crímenes de lesa humanidad", escribió en la red social.
"Hubo una propuesta de desestimar la denuncia ante lo cual me vi en la obligación de intervenir para que continúe su tratamiento. Hay que analizar a fondo el expediente para determinar la responsabilidad de los jueces sanjuaninos en la tramitación del traslado de los represores al Hospital Militar de donde días después se fugaron", argumentó el senador.
Por último agregó que "en la última dictadura hubo jueces y fiscales complacientes con el régimen y ya en democracia, en muchos casos obstaculizaron sistemáticamente los juicios contra los genocidas. Pudimos advertir cómo, producto de estas prácticas, el juicio contra Olivera y De Marchi fue excesivamente largo antes de alcanzar su condena. Olivera y De Marchi no son dos represores del montón, hablamos de un par de personajes siniestros de  altísima peligrosidad, cuya fuga conmocionó a la sociedad sanjuanina".
A títiulo personal, Godoy recordó que "desde un primer momento acompañé la decisión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, de terminar con la impunidad y llevar a cabo los juicios contra los delitos de lesa humanidad, en el marco de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es bajo esos principios que me resulta inadmisible archivar la denuncia sin un análisis minucioso de responsabilidades en la fuga de estos criminales".

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Fueron condenados a perpetua y a 25 años de prisión
Instan a que la investigación por la fuga de los militares Olivera y De Marchi continúe en la Capital Federal


El fiscal Leonel Gómez Barbella resaltó la conveniencia de proseguir con la pesquisa en la justicia federal porteña y el agravio que le ocasiona al MPF, luego de que el juez Claudio Bonadío resolviera que siga en San Juan. La evasión se produjo en julio de 2013 del Hospital Militar Central. 

El fiscal federal Leonel Gómez Barbella se opuso a que la investigación por la fuga de los represores condenados Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi del Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrida el 25 de julio de 2013, continúe en la jurisdicción federal de San Juan. La decisión había sido adoptada por el juez Claudio Bonadío el 20 de marzo pasado y notificada al representante del Ministerio Público el 25 de ese mes.
En su recurso de reposición con apelación en subsidio, es decir para que se conceda en caso de no compartir los argumentos, Gómez Barbella consideró que la resolución del magistrado “produce agravio” al MPF. En ese sentido, señaló que la causa debe permanecer en el ámbito de la justicia federal porteña porque la evasión se produjo en el Hospital Militar Central “Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, ubicado sobre la avenida Luis María Campos. “El artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación establece que ‘será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito”, reseñó.
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/instan-a-que-la-investigacion-por-la-fuga-de-los-militares-olivera-y-de-marchi-continue-en-la-capital-federal/




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Causa Jorge Julio Lopez


La investigación sobre los represores detenidos en el penal de Marcos Paz
Causa López: procesaron a penitenciarios por obstaculizar una línea de investigación


La investigación sobre los represores detenidos en el penal de Marcos Paz
Causa López: procesaron a penitenciarios por obstaculizar una línea de investigación

Un juez de La Plata dictó la resolución contra seis oficiales del SPF por omitir el control de los registros sobre visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Los fiscales apelaron porque consideran que la conducta fue aún más grave.
La investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por obstaculizar la pesquisa por la desaparición de Jorge Julio López avanzó en La Plata con el procesamiento de seis de los siete acusados por "omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio", el menos grave de los tres delitos -prevé una multa e inhabilitación de hasta un año- que les fueron imputados en la causa por diversas irregularidades detectadas en el registro de las visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, entre 2006 y 2007. Los fiscales de la Unidad que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en esa ciudad Rodolfo Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira formularon un recurso de apelación para que la Cámara Federal amplíe el procesamiento por tipos penales vinculados al incumplimiento de los deberes de funcionario público que alcanzan los cuatro años de prisión.

https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/causa-lopez-procesaron-a-penitenciarios-por-obstaculizar-una-linea-de-investigacion/

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Organismos van ante la Corte contra el fallo que benefició a Blaquier


Se sumaron a la apelación de los fiscales ante casación
Organismos van ante la Corte contra el fallo que benefició a Blaquier

“La falta de mérito deviene en escandalosa denegación de justicia a las víctimas del terrorismo de Estado", sostuvo la Secretaría de DD HH.

Gerardo Aranguren

Organismos de Derechos Humanos presentaron recursos extraordinarios para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la situación del empresario Carlos Blaquier, procesado por el secuestro de 23 personas en la última dictadura y luego beneficiado por la Sala IV de la Cámara de Casación con una falta de mérito.
A la par de los fiscales ante Casación, Javier De Luca y Ricardo Wechsler, las querellas que participan en la causa contra el empresario azucarero por delitos de lesa humanidad también apelaron a comienzos de esta semana la decisión de Casación y elevaron el tema a la Corte para su tratamiento.
Blaquier y el entonces administrador de la empresa, Alberto Lemos, están acusados por el secuestro de trabajadores y dirigentes sociales en la localidad de Ledesma, Jujuy. La empresa proveyó camionetas e infraestructura a las fuerzas armadas y de seguridad para realizar las tareas las tareas represivas.
Los camaristas Juan Carlos Geminiani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi dieron por probado que se utilizaron los vehículos de la empresa, pero opinaron que no se les puede imputar al empresario y a su gerente el destino o uso que se les dio a las camionetas.  
La abogada jujeña María José Castillo, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que el fallo es "absolutamente arbitrario", y "equiparable a una sentencia definitiva por el agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior".
Entre sus argumentos, señaló que "la falta de mérito deviene en una escandalosa denegación de justicia a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, habiendo transcurrido ya casi cuarenta años de los delitos inculpados", y cuestionó que la medida niega "el acceso a la verdad y a la justicia".
El abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos, Oscar Rodríguez, en representación de la familia de Luis Ramón Arédez, Omar Gainza y Carlos Melián, también se presentó en queja al máximo tribunal. El letrado consideró que "Casación ha ‘usurpado’ la jurisdicción del Tribunal Oral" ya que su fallo "tiene los efectos propios de un sobreseimiento y se torna irrevisable".
"El Tribunal ha resuelto, sin oír a los testigos, sin ponderar la prueba en su totalidad, transformándose esta resolución en francamente frustrante del procedimiento legal, en un intento de abortar el natural destino que es la sentencia dictada por los jueces naturales del proceso en audiencia oral y pública", sostuvo.  «




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jueves, 2 de abril de 2015

Gil Lavedra integra la defensa del ex juez Lona


Gil Lavedra integra la
defensa del ex juez Lona

El ex juez Ricardo Gil Lavedra aceptó integrar un equipo de tres abogados que tendrán a su cargo la defensa del ex magistrado Ricardo Lona, quien está siendo investigado por delitos de lesa humanidad.
Gil Lavedra, uno de los integrantes del tribunal que en 1985 juzgó y condenó a los jefes militares que condujeron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, se presentó ante la Justicia salteña, en la causa en la que se investiga a Lona en relación a la matanza de 11 personas que estaban detenidas en el Penal de Villa Las Rosas, el 25 de marzo pasado. Además del conocido abogado y político radical, Lona nombró a dos integrantes de la matrícula local de abogados para asistirlo en las tres causas que se le siguen por su supuesta participación en hechos de terrorismo estatal.
Se trata de los letrados Nicolás Ortiz (según una fuente judicial, sobrino del ex juez imputado) y Federico Rodríguez Spuch, ambos han sido muy renombrados últimamente debido a que representan a Jean Michel Bouvier, el padre de la joven francesa Casandre Bouvier, asesinada el 15 de julio de 2011 en la localidad de San Lorenzo, junto a su compañera de viaje, la también joven gala Houria Momni.
Desde que en 2005 la Justicia comenzó a pedirle explicaciones a Lona por su acción, o inacción, durante los años de terrorismo en la provincia, el ex juez ha cambiado varias veces de defensores. Si bien comenzó con defensores particulares, en el camino optó por lo que hacen la mayoría de los imputados por delitos de lesa humanidad: la asistencia de defensores oficiales aportados por el propio Estado. Así se mantuvo hasta que mediados de marzo, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Salta le confirmó la prisión preventiva en relación a la Masacre de Palomitas, cometida el 6 de julio de 1976, al costado de la ruta nacional 34, a unos 60 kilómetros de esta ciudad.
Aunque en la práctica su cotidianidad no cambió, dado que contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria desde pocas horas después de que se le dictara la preventiva, en noviembre de 2014, pareciera que el ex juez se decidió por volver a la defensa particular.  En opinión de la abogada Tania Kiriaco, querellante en la Causa Palomitas, "Lona ve agotado sus recursos de amistad dentro de la justicia salteña y pone a alguien como Gil Lavedra que es un símbolo de los derechos humanos como defensa". 
La letrada recordó los escollos para investigar al ex juez, un hombre fuerte en la trama del Poder Judicial Federal de Salta. Dijo en este sentido que Lona mantuvo “su impunidad dentro de la Justicia a través de sus redes familiares y políticas”, algo que en los últimos tiempos se está dificultando “y por lo tanto cambia al defensor oficial”. 
Los abogados Ortiz y Rodríguez Spuch representaron también al ex director del Hospital Militar Salta, Carlos Tozzeto Arias, que el año pasado fue juzgado y sobreseído por la tentativa de destrucción de dos libros con anotaciones de las salas de maternidad y varones desde 1975 a mediados de 1990. 

miércoles, 1 de abril de 2015

Sorpresa y dolor: Gil Lavedra se hizo cargo de la defensa del ex juez Lona


Sorpresa y dolor: Gil Lavedra se hizo cargo de la defensa del ex juez Lona



La abogada especialista en derechos humanos, Tania Kiriako informó en comunicación con FM Capital, que, “nos enteramos que Ricardo Gil Lavedra será el abogado defensor del ex juez Ricardo Lona imputado en la causa Masacre de Palomitas”.

“Lona hoy está cumpliendo prisión domiciliaria a cargo de su esposa”, recordó la letrada quien detalló que, “en principio se había dictaminado la prisión efectiva del ex juez imputado en causas por lesa humana, quien apeló adjudicando estado de salud y edad”.

“El jueves pasado Gil Lavedra realizó la presentación ante el juez correspondiente para representar a Lona, por lo que ahora hay que esperar si se le permite o no”, explicó Kiriako.

“Llama la atención que Gil Lavedra sea defensor de un represor ya que él integró la Cámara que juzgo a militares por haber participado activamente del proceso militar”, puntualizó la abogada para luego agregar que, “estimamos que desde el radicalismos, fuerza que levanta la bandera por los derechos, se manifestará al respecto en los próximos días”.