CAUSAS EN ROSARIO DE SANTA FE

centro clandestino "el pozo"

SANTA FE › Nota de tapa
34 años después
Por Juan Carlos Tizziani
El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de dos desaparecidos de la dictadura en Rosario: Roberto Enrique De Vicenzo y Rubén Juan Forteaga. Ambos estuvieron sepultados como NN durante tres décadas en el cementerio de Barrancas.


SANTA FE › IDENTIFICAN DOS DESAPARECIDOS EN ROSARIO. ESTUVIERON SEPULTADOS 32 AñOS COMO NN EN BARRANCAS. UNO PASO POR EL POZO.
La indentidad después de treinta años de angustia
Según lo pudo establecer el Equipo Argentino de Antropología forense en el documento al que accedió Rosario/12, se trata de Roberto Enrique De Vicenzo y Rubén Juan Forteaga. Avanzan las investigaciones para determinar la identidad de otro NN.


De Vicenzo fue secuestrado en setiembre de 1976 y lo vieron con vida en el centro clandestino "El Pozo".


Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de dos desaparecidos de la dictadura en Rosario: Roberto Enrique De Vicenzo y Rubén Juan Forteaga, que estuvieron sepultados como NN durante tres décadas en el cementerio de Barrancas. Y ahora avanza en los estudios genéticos para devolverle el nombre a un tercer NN localizado la semana pasada en el cementerio de Santa Fe, pero que los investigadores presumen que estaría vinculado al mismo grupo. "La verdad salió a la luz después de 34 años", dijo una fuente de la investigación que está a cargo del juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez. De Vicenzo fue secuestrado el 27 de setiembre de 1976 y lo vieron con vida en el centro clandestino "El Pozo" en el Servicio de Inteligencia de la Policía de Rosario, por lo que el hallazgo y su identificación es una prueba clave para reconstruir el circuito del terror en la zona del Segundo Cuerpo de Ejército. Los traslados hacia la muerte: el secuestro, el martirio, la ejecución a la vera de los caminos, la desaparición del cadáver y el enterramiento clandestino.
El 27 de setiembre de 1976 fue un día fatídico en Rosario. Cinco militantes del peronismo revolucionario cayeron en pocas horas en poder de los grupos de tareas que comandaba Feced: a la mañana, la esposa de De Vicenzo, Miriam Susana Moro y un compañero de ésta, Antonio Angel López. Y a la tarde, De Vicenzo, Forteaga y Oscar Alfredo Bouvier, que sigue desaparecido.
Moro y López habían salido temprano a repartir volantes por la zona sur de Rosario, se movilizaban en una moto, pero los fusilaron y los dejaron en un camino rural de la provincia. Los cuerpos aparecieron 48 horas después del secuestro, el 29 de setiembre de 1976, en una ruta que va a Armstrong, entre Chabás y Bigand y los inhumaron como NN en el cementerio de Casilda. La esposa de López recuperó el cuerpo de su esposo en 1979. Lo habían matado de un balazo en la nuca. Pero la familia de Miriam recién tuvo certeza de su destino final en el arranque de la democracia, en 1983, aunque nunca pudo recuperar sus restos. Ella tenía 24 años, dos hijos: uno de casi dos años y otro de siete meses y estaba embarazada del tercero, de cuatro meses. Le dispararon doce balazos por la espalda.
De Vicenzo fue secuestrado el 27 de setiembre a la tarde. "Lo trasladan al Servicio de Inteligencia de la Policía de Rosario, donde es visto por dos personas", según relató ante la Conadep su cuñada Ana María Moro, gemela de Miriam, que también estuvo secuestrada en "El Pozo", unos meses después, en mayo de 1977. Allí, pudo hablar con otro detenido, José "Pollo" Baravalle, a quien le preguntó por su cuñado y su hermana. Baravalle le dijo que Roberto había estado en el centro clandestino, pero Miriam no, aunque sabía que ambos habían sido asesinados. Otra detenida, Eva Esther Fernández, le dijo lo mismo que José. Baravalle estaba acusado de colaborar con la dictadura, buscó refugio en Italia, pero el cerco de Interpol para extraditarlo a la Argentina comenzó a cerrarse en setiembre de 2008, no lo resistió y se tiró desde un puente.
Veinticuatro horas después de la escalada de secuestros en Rosario, aparecieron acribillados los cuerpos de tres jóvenes en la zona rural de Barrancas. Uno, el 28 de setiembre. Y dos, el 30 de setiembre, en el camino viejo a Yrigoyen, a un kilómetro de la autopista Santa Fe Rosario. Dos de ellos fueron sepultados en el cementerio de Barrancas, donde estuvieron 32 años hasta su exhumación en 2008. Pero el tercero terminó en el cementerio de Santa Fe, donde fue localizado recién la semana pasada en el cuadro de tierra Nº 5, con las marcas del terror y el tiro de gracia.
El 30 de junio de 2008, el juez Rodríguez ordenó inhumar los restos de los dos NN enterrados en Barrancas y autorizó al Equipo Argentino de Antropología Forense a enviar las muestras a un laboratorio de Estados Unidos especializado en la extracción de ADN a restos óseos (Bode Technology Group). El primer resultado de la investigación se logró el año pasado cuando, los estudios genéticos confirmaron que uno de los cuerpos "corresponden a quien en vida fuera Rubén Juan Forteaga", según la resolución 14/09 del 3 de agosto de 2009 firmada por el doctor Rodríguez.
La fiscal Nº 2 Cintia Gómez formuló entonces el requerimiento de instrucción para investigar el crimen y la esposa de Forteaga presentó una denuncia penal por la "persecución política, homicidio y posterior desaparición del cuerpo" de su esposo y su "enterramiento en forma clandestina en el cementerio de Barrancas".
Hasta ahí la investigación se mantenía en reserva, pero esta semana trascendieron varios hechos:
* El 26 de febrero, el juez Rodríguez firmó la resolución 6/10 que declara su incompetencia para investigar el asesinato de Forteaga y derivó la causa al juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, que ya investigaba la desaparición del joven militante de la JUP, el 27 de setiembre de 1976. "El hecho delictivo se cometió en diversas jurisdicciones", dijo Rodríguez y consideró que su colega de Rosario estaba en mejores condiciones que él para investigar el caso por "economía, celeridad, inmediatez procesal y defensa en juicio", explicó. * El 8 de marzo, el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó al magistrado los resultados genéticos que acreditan la identidad del otro NN exhumado en Barrancas: "Roberto Enrique Darío De Vicenzo, nacido el 4 de febrero de 1952 y secuestrado el 27 de setiembre de 1976", dice el informe al que tuvo acceso Rosario/12. Y el estudio del Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (LIDMO) de Córdoba que comparó el ADN de la víctima con muestras de sangre de su madre y de sus hijos agregó: "La probabilidad de que la muestra 220.545 pertenezca a un hijo biológico de Noemí Olga Johnston y a su vez padre biológico de Gustavo Alberto De Vicenzo y Darío Máximo De Vicenzo es del 99,999999 por ciento".
* La semana pasada, el Equipo de Antropología Forense produjo otro hallazgo trascendente en la investigación: localizó el cuerpo del tercer joven que había aparecido acribillado en Barrancas, en setiembre de 1976, pero que fue enterrado en el cementerio de Santa Fe un mes después. "Tiene marcas de disparos de bala", dijo otra fuente consultada por este diario. La búsqueda se reactivó hace muy poco por lo que algunos podrían considerar un "hecho casi fortuito", pero que no es otra cosa que el paciente y tenaz método de cruzar datos de los expedientes judiciales. Una lectura minuciosa en el despacho del juez Rodríguez de la causa abierta en 1984 para identificar las víctimas de la dictadura sepultadas como NN, detectó el traslado de uno de los cuerpos de Barrancas a Santa Fe. En 1984, sólo se identificaron dos y entre 1998 y 1999 otros diez. Ahora, la pesquisa volvió a dar resultados: los forenses hallaron "el cadáver trasladado de la ciudad de Barrancas, provincia de Santa Fe, a la sala policial del Hospital Piloto por orden del juez de Instrucción de la 1ª nominación, doctor Juan Cantoia, el 16 de octubre de 1976" e inhumados como "NN masculino, el cuadro Nº 5, hilera H, fosa Nº 31", dos días después, el día 18 de octubre de 1976.
SANTA FE › CAMBIOS EN LA CAUSA CARATULADA DIAZ BESSONE
Asesinatos de setiembre de 1976
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Uno de los casos por los que será juzgado el general Ramón Díaz Bessone en el juicio oral que comienza el 27 de abril es la escalada de terror del 27 de setiembre de 1976. El ex jefe del Segundo Cuerpo ya está procesado en la megacausa -que se recaratuló con su apellido por el secuestro y el asesinato de Antonio Angel López y Miriam Susana Moro de De Vicenzo y la desaparición de Roberto Enrique De Vicenzo, por lo que ahora el hallazgo y la identificación del cuerpo de este último seguramente cambiará la calificación legal en el proceso.
La justicia imputó a Díaz Bessone "haber intervenido como comandante del Segundo Cuerpo del Ejército Argentino en la privación ilegítima de la libertad, mediando violencia y amenazas y posterior homicidio de Antonio Angel López" y "de Miriam Susana Moro de De Vicenzo, a unos veinte kilómetros de Casilda, sobre el camino de Armstrong y a unos mil metros de la ruta provincial 33, el 29 de septiembre de 1976", dice la resolución de la Cámara Federal de Rosario que ratificó el procesamiento de Diaz Bessone el 14 de mayo de 2009.
La madre de De Vicenzo, Noemí Olga Johnston, "declaró en la causa que su nuera Miriam Susana Moro y Antonio López fueron secuestrados en la calle en la madrugada del 27 de setiembre de 1976, cuando se dirigían en una moto al frigorífico Swift. Una versión similar de los hechos dio Ana María Moro, hermana de Miriam, en el legajo Conadep que se agregó a la investigación. Allí además se hace referencia a un encuentro que Ana Moro habría tenido en 1983 con Marta Vénnera de López viuda de Antonio López , quien le habría relatado que en 1979 reconoció el cadáver de su esposo en la fotografía de un sumario instruido en los Tribunales provinciales con motivo del hallazgo de dos cuerpos el 29 de setiembre de 1976 cerca de Casilda y que pudo recuperar el de su marido en el cementerio de esa ciudad", agregó la Cámara.
"Los cuerpos Moro y López fueron encontrados con los ojos vendados con el mismo tipo de género y presentaban heridas de armas de fuego. El cuerpo de López tenía un único orificio de entrada de un proyectil en la nuca, con trayectoria ascendente, mientras que el de Miriam presentaba varios orificios de entrada y salida de balas, hematomas en las piernas y lesiones en la vagina".
En su testimonio ante la justicia provincial, Ana María Moro dijo que ocho meses después de la desaparición de su hermana, "fue allanado su domicilio y que uno de los efectivos que participó del operativo la identificó como hermana de aquélla eran gemelas y que por eso fue detenida y alojada durante 11 días en la Sección Informaciones, donde se encontró con José Baravalle, quien le dijo que a Miriam y a su marido los habían matado".
Marta Vennera recordó ante la justicia ordinaria en diciembre de 1983 lo que había escuchado cuando cayó su marido junto con Miriam Moro. "Que en la zona sur de Rosario una pareja se trasladaba en una motoneta verde, "se les dio la voz de alto, que hubo disparos y que el hombre cayó y su cuerpo fue recogido y que la mujer fue introducida en un vehículo viva"". Marta dijo que su esposo tenía una motoneta verde.
Otro testigo, Jorge Ignacio Fontanarrosa, que declaró en 1984 dijo en la época que la desaparición de López y Moro, él trabajaba en el frigorífico Sugarosa de Villa Diego y "que allí se rumoreaba que en esa zona una pareja que se movilizaba en moto había panfleteado a las cinco de la mañana, horario de entrada del personal al frigorífico, y luego se habrían dirigido al cercano frigorífico Swift, siendo detenidos en camino al lugar".
Fuente: Rosario 12
CULMINAN LOS ALEGATOS EN LA CAUSA GUERRIERI-AMELONG
En alerta esperan el veredicto a represores
Los querellantes y la fiscalía afirman que hay pruebas suficientes para condenar a los cinco imputados a cadena perpetua en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario. Pero entre los familiares hay desconfianza sobre uno de los jueces.

Ricardo Robins, Desde Rosario
14.03.2010

Acusados. El ex teniente coronel Guerrieri toma notas en una audiencia. A su lado, Walter Pagano y el ex capitán Fariña.
Después de seis meses de confirmación de documentos y pruebas, declaraciones de testigos, víctimas y familiares, indagatorias a los acusados y hasta recorridas por centros clandestinos de detención, el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Rosario transita sus horas finales de cara a la sentencia. Las querellas y la fiscalía pidieron prisión perpetua para los cinco procesados y, según uno de los sobrevivientes, el concejal rosarino Juan Rivero, “el máximo deseo es que sea ejemplar, no para cerrar este caso sino para abrir muchos otros”.El propio Rivero aseguró que es “optimista por la calidad y la cantidad de la prueba presentada” y, aunque reconoció tener cierta incertidumbre sobre el fallo final ya que “los jueces tienen sus vericuetos”, afirmó que “el tribunal no tiene espacio para dudar”.En la semana que pasó se iniciaron los alegatos de las defensas, que continuarán desde mañana. El martes, en el primer día de esta etapa, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 tomó una decisión que molestó a víctimas y familiares. Antes de iniciar la audiencia, los presentes sacaron fotos de los desaparecidos y las pegaron en la sala de audiencias como una forma de dar testimonio. La presidente del TOF, Beatriz Caballero de Barabani, ordenó desalojar el recinto.“Ese tipo de reacciones de la jueza nos molesta. En otra ocasión, por ejemplo, echó de la sala a Carlos Novillo (hermano de Jorge, desaparecido en 1977) porque estaba tosiendo. Y a mí, que soy querellante, el martes no me dejó entrar. Nos genera desconfianza que actúe así, aunque creemos en el tribunal en general. Aun con dudas, esperamos una sentencia contundente y favorable”, anheló Rivero en diálogo con Crítica de la Argentina. “Lo cierto es que vamos a estar muy alertas en toda esta etapa final”, adelantó.Otro motivo de inquietud entre los querellantes es el rigor del tribunal para con las manifestaciones de familiares y víctimas, mientras que a los imputados les garantizó el derecho a ampliar sus declaraciones cada vez que lo pidieron, para anular cualquier tipo de reclamo posterior de las defensas y mostrarse imparcial. “A pesar de que uno ha estado preso, lo han torturado y sufrió todo tipo de violencia, ahora debemos estar tranquilos y transitar este proceso sin odio, como lo estamos haciendo, para cuidar todos los detalles”, dijo el edil del Frente Progresista, y agregó: “Nuestro caso (Rivero estuvo detenido en el centro clandestino Fábrica Militar de Armas de Rosario) tiene una segunda parte con otros siete detenidos que van a juicio. Seguiremos buscando que se juzguen a todos los responsables, que es la única forma de poder construir un futuro con democracia y sin miedos”.ABRIR PUERTAS. La abogada Daniela Asinari forma parte de uno de los grupos acusadores que pidieron cadena perpetua y cárcel común para los cinco imputados: los oficiales del Ejército Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña y Daniel Amelong, y los agentes civiles de Inteligencia Walter Pagano y Eduardo Costanzo. En su caso, pidió que se enmarcara la pena en la figura de “genocidio”. Para la profesional, este juicio está lejos de cerrar una herida abierta. “Por deficiencias en la investigación previa, la cantidad de víctimas y de imputados en este proceso es mínima. En el centro La Calamita nosotros tratamos sólo cinco casos, cuando sabemos que pasaron más de cien personas por un lugar que fue terriblemente cruel”, ejemplificó Asinari en alusión al chupadero que funcionó en Granadero Baigorria, a metros de la autopista que une Rosario con Santa Fe. Y agregó: “Si bien lograremos sentencias por 28 casos (17 de ellos son homicidios) en este proceso, no hacemos más que abrir puertas para condenar a más representantes del terrorismo de Estado”. TRAMO FINAL. La defensa de Guerrieri, a cargo de la defensora oficial Mariana Grasso, si bien reconoció la existencia de un “plan sistemático” de represión, aseguró que la prueba existente “no resultaría suficiente para acreditar la responsabilidad” del imputado en los hechos por los que se lo acusa. También pidió que, en caso de condena, se mantenga su condición de prisión domiciliaria, que ya cumple por otra causa.Tras la defensa del imputado de mayor jerarquía, el próximo martes por la mañana continuará el alegato del defensor oficial Héctor Galarza Azzoni en representación de Amelong, Fariña y Pagano. Germán Artola, representante de Constanzo, el único que declaró en contra de sus compañeros de banquillo, alegará en última instancia. Después de eso se abrirá una audiencia de réplicas, en la cual las querellas podrán responder a cualquier pedido de nulidad de prueba de las defensas. La sentencia se conocerá entre fin de mes y principios de abril. “Nadie reivindica a la dictadura”La ministra de Defensa, Nilda Garré, señaló que “nadie dentro del personal en actividad de las Fuerzas Armadas reivindica los comportamientos ejecutados durante la pasada dictadura” al evaluar la situación actual del personal a su cargo.E insistió en que “las Fuerzas Armadas tienen definitivamente claro que no deben intervenir en temas de seguridad interior”. También señaló que “los generales y coroneles del Ejército son los últimos de los oficiales que cursaron estudios militares en los años de la dictadura y eran oficiales muy jóvenes entonces”.

Fuente: Diario Critica de la Argentina. http://www.criticadigital.com/
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