Diario Uno....Santa Fe
“Es inaceptable que el PJ tenga represores afiliados”
Lo denunciaron ex detenidos políticos, respecto de Mario Facino y Eduardo Ramos. Jorge Fernández, vicepresidente del partido, dijo que serán expulsadosLa Constitución Nacional sostiene en su Artículo 38 que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Nº 23.298) les asigna el carácter de “instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional”. Pero en Santa Fe, desde hace más de una década, ex presos políticos, denuncian una contradicción “flagrante” a esa institución democrática. Es que los represores Mario Facino y Eduardo Ramos –condenados por delitos de lesa humanidad– aún hoy figuran en el padrón de afiliados del Partido Justicialista.Un reclamo que fue archivado Corrían los finales de los 90, cuando Anatilde Bugna realizó el primer pedido formal al PJ para que expulse a esos afiliados, pero nunca recibió una respuesta. “Les envié una carpeta con todas las denuncias que habíamos formulado ante la Conadep desde el retorno de la democracia sobre la participación de esta gente (Ramos y Facino) en la pirámide represiva. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina (del PJ) nunca se reunió para analizar el caso”, aseguró una de las principales testigos de la causa Brusa, el histórico juicio que condenó a cinco policías y a un ex juez federal y que dejó probado cómo funcionó el plan sistemático de persecución política en la ciudad durante los años de plomo. Pero el escenario político de aquellos años, no tenía fisuras que permitieran una oxigenación suficiente como para que se corriera lugar al pedido. Víctor Brusa contaba con el respaldo de Carlos Reutemman para ser juez federal de la Nación y el ex suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe, Nicolás Correa (procesado por delitos de lesa humanidad, falleció en el 2007, antes de llegar a juicio) era el número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia durante el primer gobierno de Jorge Obeid (1995 -1999). El deber de rendir cuentas En septiembre de 2009, volvieron a alzar la voz del reclamo. Tanto en el marco de la causa Brusa, como en la causa Facino –que actualmente se tramita en los tribunales federales de la ciudad– José Schulman, testigo, e integrante del partido comunista reiteró la denuncia en la sala de audiencias, y en Diálogo con Diario UNO explayó sus fundamentos. —¿Es una contradicción a la democracia que represores condenados por delitos de lesa humanidad estén afiliados a un partido político?—Admitir que esta gente permanezca inscripta en sus padrones es una contradicción flagrante con los principios generales de los partidos políticos, desde todos los puntos de vista. El sistema democrático da a los ciudadanos la oportunidad de ocupar cargos publicos, pero también los obliga a rendir cuentas, y ese deber, no sólo debe ser entendido desde el aspecto de la corrupción económica. Se insiste en tratar a estos imputados como delincuentes comunes y ésa es una de las razones fundamentales de que la lucha contra la impunidad sea tan lenta.—Estos casos, ¿deben debatirse en el plano de lo ético o de lo político? —Acá se cruza lo ético con lo político y lo trasciende. Cuando decimos que la impunidad genera nuevos hechos delictivos, hay una forma concreta de demostrarlo: una institucion de seguridad –como la policial– tiene reglas, normas y sistemas de conduccion y una cultura organizativa. Mario Facino conducía la seccional Cuarta con el ejemplo. Si él permitió que violaran a Alicia López en el patio de la comisaría –como lo denunció un policía que prestaba funciones en esa sede en 1976– ¿cuál es el mensaje que les daba a los subordinados? Que se podía violar. —¿Se puede trasladar ese ejemplo al partidio Justicialista?—Es que si Reutemann avala a Brusa, y Obeid avala a Correa y si nadie lo expulsa a Facino y a Ramos, ¿cuál es el mensaje del partido justicialista? Que la democracia con la impunidad son compatibles. En Santa Fe, hubo un obispo violador como Storni, un juez torturador como Brusa, un gobernador inundador como Reuteman. Todas esas impunidades, se complementan, se potencian unas a las otras. No se trata de un problema simbólico. El PJ debe expulsarlos (a Ramos y a Facino) como muestra de respeto a todos sus militantes peronistas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, y al conjunto de la sociedad. Además, hay también una arista jurídica que debe ser analizada. La ley de los partidos políticos establece como su función la defensa de derechos humanos. En este caso, podría considerarse que se está infringiendo la ley al mantener como afiliados a dos condenados por delitos de lesa humanidad.—¿Hay un mayor vínculo entre el PJ y personajes sombríos de la dictadura?—La dictadura se vinculó con muchos partidos políticos, sin embargo, a mi me parece que yo le adjudicaría mayor responsabilidad a la cúpula del PJ en no ir a fondo en cortar la continuidad de la cultura represora de la policía y en otras organizaciones. Para ser justos, ahí sí hay una responsabilidad muy contundente que la hemos denunciado en los juicios. -- Liga Argentina por los Derechos del Hombrewww.liga.org.arwww.laladh.wordpress.com
“Es inaceptable que el PJ tenga represores afiliados”
Lo denunciaron ex detenidos políticos, respecto de Mario Facino y Eduardo Ramos. Jorge Fernández, vicepresidente del partido, dijo que serán expulsadosLa Constitución Nacional sostiene en su Artículo 38 que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Nº 23.298) les asigna el carácter de “instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional”. Pero en Santa Fe, desde hace más de una década, ex presos políticos, denuncian una contradicción “flagrante” a esa institución democrática. Es que los represores Mario Facino y Eduardo Ramos –condenados por delitos de lesa humanidad– aún hoy figuran en el padrón de afiliados del Partido Justicialista.Un reclamo que fue archivado Corrían los finales de los 90, cuando Anatilde Bugna realizó el primer pedido formal al PJ para que expulse a esos afiliados, pero nunca recibió una respuesta. “Les envié una carpeta con todas las denuncias que habíamos formulado ante la Conadep desde el retorno de la democracia sobre la participación de esta gente (Ramos y Facino) en la pirámide represiva. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina (del PJ) nunca se reunió para analizar el caso”, aseguró una de las principales testigos de la causa Brusa, el histórico juicio que condenó a cinco policías y a un ex juez federal y que dejó probado cómo funcionó el plan sistemático de persecución política en la ciudad durante los años de plomo. Pero el escenario político de aquellos años, no tenía fisuras que permitieran una oxigenación suficiente como para que se corriera lugar al pedido. Víctor Brusa contaba con el respaldo de Carlos Reutemman para ser juez federal de la Nación y el ex suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe, Nicolás Correa (procesado por delitos de lesa humanidad, falleció en el 2007, antes de llegar a juicio) era el número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia durante el primer gobierno de Jorge Obeid (1995 -1999). El deber de rendir cuentas En septiembre de 2009, volvieron a alzar la voz del reclamo. Tanto en el marco de la causa Brusa, como en la causa Facino –que actualmente se tramita en los tribunales federales de la ciudad– José Schulman, testigo, e integrante del partido comunista reiteró la denuncia en la sala de audiencias, y en Diálogo con Diario UNO explayó sus fundamentos. —¿Es una contradicción a la democracia que represores condenados por delitos de lesa humanidad estén afiliados a un partido político?—Admitir que esta gente permanezca inscripta en sus padrones es una contradicción flagrante con los principios generales de los partidos políticos, desde todos los puntos de vista. El sistema democrático da a los ciudadanos la oportunidad de ocupar cargos publicos, pero también los obliga a rendir cuentas, y ese deber, no sólo debe ser entendido desde el aspecto de la corrupción económica. Se insiste en tratar a estos imputados como delincuentes comunes y ésa es una de las razones fundamentales de que la lucha contra la impunidad sea tan lenta.—Estos casos, ¿deben debatirse en el plano de lo ético o de lo político? —Acá se cruza lo ético con lo político y lo trasciende. Cuando decimos que la impunidad genera nuevos hechos delictivos, hay una forma concreta de demostrarlo: una institucion de seguridad –como la policial– tiene reglas, normas y sistemas de conduccion y una cultura organizativa. Mario Facino conducía la seccional Cuarta con el ejemplo. Si él permitió que violaran a Alicia López en el patio de la comisaría –como lo denunció un policía que prestaba funciones en esa sede en 1976– ¿cuál es el mensaje que les daba a los subordinados? Que se podía violar. —¿Se puede trasladar ese ejemplo al partidio Justicialista?—Es que si Reutemann avala a Brusa, y Obeid avala a Correa y si nadie lo expulsa a Facino y a Ramos, ¿cuál es el mensaje del partido justicialista? Que la democracia con la impunidad son compatibles. En Santa Fe, hubo un obispo violador como Storni, un juez torturador como Brusa, un gobernador inundador como Reuteman. Todas esas impunidades, se complementan, se potencian unas a las otras. No se trata de un problema simbólico. El PJ debe expulsarlos (a Ramos y a Facino) como muestra de respeto a todos sus militantes peronistas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, y al conjunto de la sociedad. Además, hay también una arista jurídica que debe ser analizada. La ley de los partidos políticos establece como su función la defensa de derechos humanos. En este caso, podría considerarse que se está infringiendo la ley al mantener como afiliados a dos condenados por delitos de lesa humanidad.—¿Hay un mayor vínculo entre el PJ y personajes sombríos de la dictadura?—La dictadura se vinculó con muchos partidos políticos, sin embargo, a mi me parece que yo le adjudicaría mayor responsabilidad a la cúpula del PJ en no ir a fondo en cortar la continuidad de la cultura represora de la policía y en otras organizaciones. Para ser justos, ahí sí hay una responsabilidad muy contundente que la hemos denunciado en los juicios. -- Liga Argentina por los Derechos del Hombrewww.liga.org.arwww.laladh.wordpress.com
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